1.2. La regulación normativa como instrumento de apoyo al control de la pandemia

Resumen

Una de las herramientas esenciales para combatir la pandemia ha sido la aprobación de normativa para dictar medidas sanitarias específicas de prevención, de carácter extraordinario, como consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19.
Algunas de estas medidas tuvieron rango de ley, otras eran reglamentos de carácter ejecutivo y otras actos administrativos de carácter organizativo. Estaban dirigidas fundamentalmente a evitar tanto la movilidad de las personas como las aglomeraciones, para reducir los contagios y contener las atenciones médicas y hospitalizaciones, las cuales amenazaban con colapsar el sistema sanitario y comprometer la salud pública de la población. Eran normas de una extraordinaria complejidad por la cantidad de ámbitos sociales y económicos en los que incidían y, sobre todo, por los derechos que limitaban: derechos fundamentales como la libertad de circulación de las personas o la libertad religiosa, derecho de reunión y de manifestación o derecho a la intimidad familiar.
El objeto de este artículo es realizar un breve análisis de la actividad normativa llevada a cabo en Navarra para dictar medidas sanitarias de carácter extraordinario entre marzo de 2020 e inicios de 2022, recorriendo las distintas etapas con declaración de estado de alarma y aquellas en las que las comunidades autónomas ostentaban competencias para dictar normas.
Se reflexiona sobre cómo la urgencia con la que hubo que dictarlas, su extrema complejidad técnica, la falta de experiencias previas, las dispares interpretaciones jurídicas sobre si el marco normativo existente avalaba su adopción, y la falta de referencias jurisprudenciales dificultaron su aprobación. Y, por el contrario, cómo la coordinación entre los órganos gestores y el aval judicial fueron las fortalezas que permitieron aprender paulatinamente a aprobar medidas que trataran de respetar la proporcionalidad entre la limitación de algunos derechos fundamentales, la protección de los intereses económicos y sociales, y la protección de la salud pública.