Urbanismo y «Estado de la Cultura»: Un programa práctico y alternativo de rehabilitación

Resumen

El presente trabajo parte del convencimiento de la posibilidad y necesidad de reformar y mejorar el sistema jurídico de la rehabilitación urbanística, conforme a los principios de legalidad y de oportunidad o eficacia administrativas. La rehabilitación tiene que hacerse de forma integrada. Acciones públicas y privadas deben en todo momento coordinarse y ejecutarse simultáneamente. La rehabilitación es una función pública. No debería aquélla depender de que el ciudadano quiera rehabilitar su edificio. La rehabilitación debería desarrollarse sobre todas las zonas de la ciudad, paulatinamente, determinando la Administración -en dichas zonas- el destino que procede dar a cada uno de los edificios presentes en dichas zonas. En todo caso, las ayudas económicas deben concentrarse en proyectos de edificación conformes con los fines que el municipio ha fijado para los edificios. Parece lógico que el dinero público que se invierte en la rehabilitación, si bien tiene como fin motivar la iniciativa particular, debe servir indirectamente para que se realicen los intereses públicos. Se trata así de evitar la contradicción y mala gestión que supone emplear dinero público en la ejecución de un proyecto (por ejemplo de conservación de un edificio) cuando lo que realmente es conforme con los intereses públicos es otro proyecto (por ejemplo de demolición o adecuación del edificio en cuestión a las alturas o estilos de la zona).