La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y su incidencia en los Sistemas Locales de Bienestar

Resumen

Desde los inicios de los Ayuntamientos democráticos en abril de 1979, los
gobiernos locales han venido prestando un número creciente de servicios públicos, en
el marco de la Ley de Bases de Régimen Local y de las legislaciones autonómicas. El
ejercicio de esta actividad y su papel como agentes de bienestar han contribuido notablemente
a la consecución de las finalidades del Estado social. Después de un polémico
proceso, las Cortes aprobaron, a finales de diciembre de 2013, la Ley 27/2013, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, que responde al propósito de
adaptar el subsistema local a las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera. El artículo describe la situación económico-financiera
de los gobiernos locales evidenciando una mejor gestión de estos, en relación con el
déficit y la deuda pública, en comparación con el Gobierno Central y las Comunidades
Autónomas. Asimismo, analiza la reordenación de competencias que establece la Ley y
constata un desapoderamiento de los gobiernos locales, una reducción severa de las
competencias municipales y un debilitamiento de su posición institucional, lo que compromete
seriamente el futuro de los sistemas de bienestar, máxime si se considera la
crítica situación económico-financiera de las Comunidades Autónomas.