Utilidad pública y «democracia de proximidad»

Resumen

El recurso al procedimiento de expropiación está subordinado a la existencia de una causa de utilidad
pública, condición tradicionalmente considerada como la única con naturaleza para autorizar a los poderes
públicos a atentar contra la propiedad privada inmobiliaria, dado el carácter «inviolable y sagrado» de
este derecho. Consideramos, tradicionalmente también, que es a las autoridades del Estado, y sólo a ellas, a
las que compete establecer y, cuando proceda, justificar ante el juez administrativo el fundamento de esta causa.
Las disposiciones de la ley «Democracia de proximidad» [Démocratie de proximité] de 27 de febrero de 2002
no ponen, en ningún caso, en entredicho estos datos. Contribuyen no obstante a modificar las modalidades de
definición de la noción de utilidad pública. Por una parte, la potenciación de los imperativos de defensa del medio
ambiente ha llevado a un reconocimiento explícito del principio de participación pública y a una ampliación
de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional del Debate Público, que van, sin duda alguna, en el
sentido de una mayor transparencia del debate democrático, esto es de las decisiones que haya que adoptar
en materia de ordenación. Por otra parte, la voluntad de los cargos electos locales de controlar un procedimiento
que continúa escapándoseles de las manos, en gran medida, consiguió la instauración del nuevo procedimiento
de la declaración de proyecto así como una serie de modificaciones que afectan a la declaración de
utilidad pública, cuyo alcance tanto en un caso como en el otro, continúa, no obstante, limitado.