La vinculación de la Administración sancionadora a la apreciación penal de los hechos

Resumen

El principio ne bis in idem, en su vertiente de proscripción del doble enjuiciamiento, tiene tras de sí una esforzada construcción que ha dado pie a diferentes reglas de articulación operativa entre los dos planos secuenciales, penal y administrativo-sancionador, de nuestro sistema. Una de esas reglas, positivizada en el art. 77.4 de la LPAC, enseña que los hechos declarados probados en resoluciones penales firmes vincularán a la Administración sancionadora. Vinculación que, vista con las
lentes del particular, se convierte en un arma de doble filo: puede bloquear definitivamente el curso del procedimiento administrativo si se produce, paradigmáticamente, una declaración de inexistencia, pero cabe también, por el contrario, que facilite a la Administración la imposición de la sanción por haber quedado acreditados en sede penal los hechos esenciales de la infracción. El objeto de este trabajo es profundizar
en la explicación y encaje dogmático de este singular registro de fuerza positiva de los hechos penales, analizando qué cariz le imprime la práctica, y ello con el propósito último de tratar de fortalecer la manera de concebir su función garantista, señaladamente en lo que hace a la virtualidad de la sentencia absolutoria por falta de prueba.