El Reglamento (UE) 2016/1191: hasta dónde (no) alcanza la libre circulación de documentos públicos en la UE y en España

Resumen

El Reglamento 2016/1191, que tiene como objetivo eliminar el trámite de la legalización o análogo y la traducción de algunos documentos públicos que circulen en ámbito intraeuropeo, se está aplicando a distintas velocidades en los Estados miembros. Ello se evidencia en las pocas resoluciones judiciales españolas en que aplican el Reglamento de forma incipiente en ámbito de la cooperación judicial civil y extranjería. Efectivamente, no tiene el éxito deseado, a pesar de que es de aplicación preferente frente a otros instrumentos normativos que no han dejado de ser utilizados (Convenio de La Haya de la apostilla). Ello puede darse por la desconfianza o el desconocimiento de la posibilidad de utilizar el Reglamento, pero también, por la facilidad de utilizar otros instrumentos en algunos Estados miembros (Convenios CIEC). El asunto Pancharevo (C–490/20) es un ejemplo de la “opción” del ciudadano de no aplicar el Reglamento 2016/1191 a pesar de que le ahorraba la legalización y la traducción jurada. Además, la Sentencia del TJUE se utiliza para evidenciar el desajuste jurídico que provoca la falta de regulación del reconocimiento de los efectos jurídicos de los documentos públicos y sus traducciones cuando son recibidos por autoridades de otro Estado miembro, más allá de los términos utilizados.