La digitalización de la cooperación judicial transnacional en la Unión Europea: el Reglamento (UE) 2023/2844 del Parlamento Europeo y del Consejo

Resumen

La digitalización de la cooperación judicial en la Unión Europea responde a la necesidad de modernizar los sistemas judiciales y garantizar procedimientos más eficientes, accesibles y seguros en un entorno transfronterizo, por lo que el Reglamento (UE) 2023/2844 establece un marco normativo que permite la implementación de herramientas digitales en la justicia civil, mercantil y penal, fomentando la comunicación electrónica entre autoridades, el uso de sistemas descentralizados y la regulación de la videoconferencia en los procedimientos. Con base en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, el Reglamento prioriza la interoperabilidad, seguridad y protección de datos, con especial atención a la inclusión de personas con discapacidad y la formación de los operadores jurídicos. Entre sus disposiciones principales, establece el uso obligatorio de un sistema informático descentralizado para la transmisión de información entre Estados miembros, el cual garantizará altos estándares de seguridad y confidencialidad, así como la creación de un Punto de acceso electrónico europeo alojado en el portal de e-Justicia, permitiendo la presentación electrónica de demandas, pagos de tasas y la gestión de documentos judiciales. Además, se establecen medidas para regular la videoconferencia en procedimientos judiciales, asegurando su viabilidad técnica y protegiendo los derechos procesales de las partes involucradas. Se promueve también la implementación de servicios de confianza electrónica, como firmas y sellos digitales cualificados, para garantizar la validez y autenticidad de los documentos electrónicos. En el ámbito penal, se introduce el uso de medios digitales para la comunicación entre autoridades en procedimientos de embargo y decomiso, asegurando rapidez y transparencia en la ejecución de resoluciones. La normativa también impone obligaciones a los Estados miembros en cuanto a la supervisión de la aplicación del Reglamento, estableciendo que la Comisión Europea será responsable de su evaluación periódica, promoviendo la recopilación de datos estadísticos sobre su impacto y permitiendo ajustes para mejorar su eficiencia. Por último, el Reglamento prevé la capacitación de jueces, fiscales y otros profesionales del derecho en el uso de herramientas digitales, asegurando una transición homogénea en todos los Estados miembros. La normativa se aplicará a partir de mayo de 2025, con plazos escalonados para la implementación de ciertos requisitos técnicos y ajustes en los sistemas nacionales.