Oportunidad legal y necesidad democrática de crear una Autoridad Administrativa Independiente de lucha contra la Corrupción y Protección del Denunciante

Resumen

Se hace necesario aprovechar la gran oportunidad que brinda la necesaria transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión para incorporar a nuestro aparato institucional una Autoridad Administrativa Independiente de Lucha contra la Corrupción y Protección del Denunciante que, entre otras funciones, tenga encomendada la llevanza centralizada de un canal externo de denuncias y que funcione como una institución de cierre de la red de seguridad del sistema administrativo de prevención y lucha contra la corrupción y las prácticas irregulares, ya participen en dichas actuaciones agentes públicos aisladamente o bien de acuerdo con agentes privados. El presente trabajo, en su primera parte, analiza alguna de las resistencias que habitualmente se plantean para oponerse a la constitución de una autoridad como la que se propone y concluye la inconsistencia de tal oposición. Muy en particular, se justifica que su posición institucional y su función legal no se solaparía ni privaría de sentido al resto de instituciones administrativas y judiciales que en la actualidad ya luchan activamente contra la corrupción, sino que reforzaría su eficacia y permitiría una función coordinada de un sistema articulado reticularmente para actuar contra esta lacra en España. Asimismo, se justifica desde un punto de vista institucional (nacional e internacional), económico y de salud democrática la necesidad de su creación. En una segunda  parte, aborda una descripción de lo que podría ser la configuración paradigmática de esta Autoridad Administrativa Independiente de Lucha contra la Corrupción y Protección del Denunciante, tanto por lo que se refiere a su estatuto institucional como a sus funciones y competencias.