El conflicto jurídico-constitucional de la lengua española

Resumen

En tiempos convulsos la protección de la lengua se hace necesaria y obligatoria, y cuando el Estado no implementa, por desidia o por no ser políticamente correcto, el mandato constitucional y moral, los problemas surgen y muchas veces el remedio no permite enmendar el daño ocasionado a la sociedad. La Constitución española de 1978 mejoró el texto constitucional de la Segunda República en materia lingüística, pero no fue lo suficientemente valiente para tratar el asunto con la identidad y rigor que se esperaba a largo plazo. Ahora, más que nunca, debido a las corrientes nacionalistas e independentistas, y a la vista de la jurisprudencia más reciente y de los hechos políticos, se observa que la lengua española está siendo atacada con manifiesto odio y rencor por algunos Gobiernos autonómicos, con el fin de disminuir la carga lectiva en español y sancionar el uso legítimo de la lengua española por parte de las instituciones públicas. Este no es el espíritu de la Constitución, ni el civismo democrático que deben desplegar los políticos y legisladores, por ello, el estudio de la materia se hace más que necesario en estos momentos para incentivar la promulgación de una ley que permita proteger la lengua española en todos los niveles y que respete desde la reciprocidad la variedad lingüística, para vivir en convivencia bajo el marco constitucional de 1978.