En la última década y media se ha agudizado la urgencia para encontrar
soluciones ante un diagnóstico ampliamente compartido y poco novedoso ya: una constelación
de crisis enraizadas en la lógica cultural, política y económica del capitalismo globalizado
ha erosionado las condiciones sociales y ecológicas mínimas traspasando los límites para la
continuidad de la vida humana y no humana. Una crisis ecológica de escala planetaria, cuyas
huellas se inscriben en la alteración del clima, el agotamiento de los bienes naturales y la
pérdida irreparable de biodiversidad (Ripple et al., 2020); una crisis de
reproducción social, en tanto las condiciones materiales y afectivas que sostienen la vida
se tornan inalcanzables para muchas personas (Pérez-Orozco, 2011); y una
crisis estructural del modelo económico productivo y territorial que, bajo la apariencia de
orden y progreso, reproduce desigualdades crecientes en todos los rincones del planeta (Moore, 2016). Esta trama de crisis -que atraviesa lo productivo, lo
reproductivo y lo ambiental- ha sido nombrada crisis ecosocial y también civilizatoria,
porque interpela no solo los modos de organización material de la vida, sino las formas de
habitar, de desear, de construir presente y futuro.
La externalización de los efectos de esta crisis múltiple sobre la
población se ha visto intensificada en las últimas décadas por el desmantelamiento
progresivo del Estado de Bienestar, la mercantilización de los servicios esenciales, la
apropiación de los comunes y la especulación financiera que ahonda en la concentración
desigual de la riqueza. Momentos como la crisis financiera de 2008 o la pandemia global de
la COVID-19 amplificaron la precariedad, la incertidumbre y el malestar social, mostrando
con crudeza la externalización de sus consecuencias. Pero también impulsaron una amplia gama
de interpretaciones críticas que ya venían desarrollándose desde hacía tiempo, proponiendo
alternativas prácticas frente al papel de los mercados como mecanismo dominante de
asignación de recursos, el dogma del lucro y la acumulación ilimitada, así como interpelando
al Estado como garante de la calidad de vida y los derechos de la ciudadanía frente a los
imperativos del capital financiero.
Por todo el mundo, numerosas iniciativas y prácticas organizacionales
críticas visibilizan y alientan transformaciones profundas en los modos de pensar y
practicar lo económico desde su (re)incrustación en el tejido social, político y ecológico.
Ejemplo de ello son algunas iniciativas y proyectos que abordamos en este dosier: redes
agroecológicas de aprovisionamiento, plataformas digitales cooperativas de proyectos de
ciclologística, arreglos público-comunitarios para democratizar los cuidados y también para
el manejo de las infraestructuras urbanas verdes y de reciclaje. Estas y otros muchos casos,
componen un paisaje heterogéneo pero reconocible. En ellas, valores morales como la
“solidaridad”, la “cooperación”, la “equidad” y la “sostenibilidad” social y ambiental se
colocan en el centro, como oposición y alternativa a lo que se considera la lógica dominante
del “individualismo”, la “competitividad” y el “productivismo”.
A la par de la expansión de estas iniciativas, la noción de “economías
transformadoras” -y, más ampliamente, la idea misma de transformación- ha ido
cobrando protagonismo en los debates que buscan replantear las lógicas económicas e incidir
en las políticas sociales y medioambientales, con el horizonte de una transición ecosocial
urgente. Esta creciente visibilidad y un panorama complejo de replanteamientos en derechos
sociales y ambientales conseguidos hace necesario contribuir a un espacio de análisis sobre
su significado y sus prácticas, reconociendo su diversidad y también sus ambivalencias y
límites. Los artículos que integran este número tienen precisamente como objetivo aportar
conocimiento empírico a esta tarea desde una mirada situada en el contexto sociopolítico y
económico actual.
Todos ellos incorporan estudios de caso, centrados en el análisis de
prácticas y procesos que se engloban dentro de estas “economías transformadoras” y han sido
realizados a partir de una metodología cualitativa con perspectiva etnográfica, utilizando
distintas herramientas, principalmente la observación participante, las entrevistas en
profundidad, los grupos de discusión y etnografías digitales. Los estudios de caso
realizados atienden no solo a diversos campos de acción, sino también a varios contextos
geográficos de España, Portugal y Argentina. Estas investigaciones componen solo una muestra
de las varias realizadas en el marco del proyecto de investigación Ecoembeddedness
(“Cambiando los paradigmas: “economías transformadoras” en un contexto de urgencia
ecosocial”) desarrollado hasta 2024
1
.
Desarrollos teóricos y prácticos en torno a las “economías
transformadoras”
La noción de “economías transformadoras”
El espigamiento de iniciativas ecosociales en diversos ámbitos en los
últimos años se ha ido desarrollando al compás de una abundante producción
teórico-política que, a menudo, busca conceptualizar y analizar estas propuestas al
tiempo que contribuir a su desarrollo, visibilizarlas, difundirlas y legitimarlas. Así,
encontramos diversos paradigmas y nociones teóricas, como Economía Social y Solidaria
(Laville, 2010); Economía Feminista (Gálvez et al.,
2016); Economías de los Bienes Comunes (Ostrom, 1990; Calle y Casadevante, 2015); Agroecología (Sevilla-Guzmán y Woodgate, 2013) o la Alimentaria (Cuellar y Gallar, 2013). Entre todas ellas, la noción “economías
transformadoras” ha adquirido un papel central como categoría integradora capaz de
construir un relato compartido entre experiencias con realidades socioeconómicas,
sustentos teóricos y prácticas organizacionales diversas.
Surgida en espacios activistas, la noción fue impulsada especialmente
a partir del Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, celebrado en
Barcelona entre 2019 y 2020, que congregó a redes e iniciativas de diversos lugares del
mundo. La Agenda Común de las Economías Transformadoras puede situarse en una genealogía
de propuestas que a lo largo de la historia han buscado reformar, suprimir o bordear el
orden capitalista, participando así de su reproducción o contestación (Spognardi, 2025). De tal modo, incorpora algunas herencias del
comunismo, el anarquismo y el socialismo utópico, visibles en apuestas como: una
educación emancipadora, la participación directa y la revalorización de saberes
alternativos, la democratización de las relaciones económicas en un contexto capitalista
y una visión pragmática del Estado como terreno de disputa. Estas herencias se
articulan, además, con perspectivas ecofeministas y decoloniales que amplían el sentido
de lo económico hacia lo reproductivo y comunitario. La novedad de la Agenda Común de
las Economías Transformadoras reside en una apuesta por una transformación situada,
escalable y plural, que combina acción institucional, redes locales y marcos normativos
alternativos.
Junto a la configuración de una agenda común, la paulatina
consolidación de la noción de “economías transformadoras” en España también ha venido de
la mano de publicaciones académicas en el ámbito sociológico, antropológico y desde de
la economía y la geografía. Diversos trabajos han contribuido a definir sus contornos y
su contenido, de forma muy somera cabe resaltar el temprano trabajo de Joana Conill et al. (2012) sobre las prácticas económicas alternativas en
Cataluña y ya más concretamente centrados en la noción de transformación, los aportes de
Calle y Casadevante (2015), la emblemática publicación de Suriñach (2017), el trabajo de Tapia (2018) y,
más recientemente, de Villalba-Eguiluz (2024), entre otros. Por
tanto, los desarrollos de esta noción -como también ha sucedido, por ejemplo, con la
Economía Social y Solidaria (Mendiguren y Exezarreta, 2015)- se sitúan en la confluencia
de tres perspectivas: 1) teórica, que busca construir un paradigma alternativo de
economía crítico con el economicismo ortodoxo; 2) política, en tanto que establece
propuestas de transformación ecosocial hacia las que transitar; y 3) práctica, al aludir
a un tipo específico de iniciativas y experiencias.
En definitiva, estamos ante un concepto aglutinador pero polisémico,
con fuerte carga político-moral (Sama y Sanz, 2025). Busca articular
crítica, propuesta y acción y se presenta incluso como una tercera vía para incidir en
políticas públicas desde lógicas económicas alternativas, frente a la tradicional
polarización entre economía de mercado y planificación estatal (Suriñach,
2017).
Grietas e intersticios desde los que activar la transformación
Dos metáforas potentes recorren la literatura militante y académica
que ha acompañado a la emergencia de las “economías transformadoras” y ayuda a situar
sus formas de acción: la grieta y el intersticio. La grieta ha sido apropiada para
indicar la potencia de prácticas sociales que, aunque modestas y fragmentadas, van
construyendo alternativas que cuestionan y reformulan las instituciones existentes.
“Agrietar el capitalismo” (Holloway, 2010) desplaza el foco de la
toma del poder revolucionario del Estado para impulsar la transformación a formas
cotidianas y prácticas que, desde lo individual y lo colectivo, tratan de dejar de
reproducir las formas sociales dominantes que sostienen el poder. Un hacer del “aquí y
ahora” que antagoniza el trabajo abstracto y la fetichización de mercancía, trabajo y
dinero. Las grietas no se ubican en márgenes aislados: atraviesan la reproducción
social, el aprovisionamiento cotidiano y las formas de convivencia, habilitando
contrainstituciones prefigurativas que ensayan otras temporalidades, formas de
valorización y gobernanzas.
En diálogo con esa imagen, la teoría sociológica reciente ha
sistematizado el lugar de los intersticios como zonas donde la lógica dominante no colma
toda la experiencia social, y se reformulan reglas e instituciones. Esta mirada a los
intersticios del sistema capitalista reconoce los legados teóricos de la antropología,
de los estudios marxistas posestructuralistas, las economías feministas y las economías
plurales, entre otros, que sitúan al capitalismo como un sistema heterogéneo y
permeable, donde coexisten y se articulan dinámicamente lógicas mercantiles y no
mercantiles en diferentes contextos y situaciones sociopolíticas (Gibson-Graham, 2006; Reygadas, 2021). En este
sentido, se visibiliza la importancia de las redes comunitarias, la economía solidaria,
las cooperativas y el trueque, por ejemplo, como prácticas que no operan simplemente
fuera o contra el Estado y el Mercado, sino que, entre medias de, interactúan con
ellos, adaptando y recreando marcos normativos y morales existentes o configurando otros
marcos. La clave está en analizar cómo las prácticas, muchas veces consideradas
híbridas, con desarrollos a menudo incoherentes y siempre en construcción, pueden
contribuir a redistribuir el poder económico, social y normativo, y generar cambios
capaces de orientar el sistema hacia configuraciones más justas, inclusivas y
sostenibles (Sama y Sanz, 2025).
Destaca en este sentido el programa de Erik Olin Wright
sobre las “utopías reales” (2010), que propone cartografiar estrategias de
transformación rupturales, simbióticas e intersticiales. Lejos de un capitalismo
monolítico, Wright también concibe las sociedades como ecosistemas socioeconómicos y
políticos híbridos, donde según su análisis las variaciones vienen marcadas por la
centralidad del poder económico (capitalista), normativo (estatalista) y social
(socialista)
2
. Para el autor, en los híbridos capitalistas actualmente existentes es posible y
necesario tanto crear como potenciar arreglos institucionales o nuevas vías que permitan
incrementar el “poder social” (social empowerment) en la forma de organizar la
asignación, el control y la utilización de los recursos económicos. La transformación
intersticial impulsa la expansión del poder social mediante arreglos institucionales -
incluyendo un amplio espacio también para potenciar el poder de la sociedad civil en el
mercado- que reconfiguren asignación y control de recursos, a menudo sin o antes de la
captura estatal, pero no necesariamente contra la vía simbiótica: esto es, valerse del
Estado para avanzar en el proceso de empoderamiento social emancipador, especialmente
necesario en fases de consolidación y escalado de las transformaciones.
Cabe aclarar, además, que Wright, al hablar de transformación, lo hace
en términos de “metamorfosis”, poniendo el acento en aquellas “estrategias” que permitan
introducir y ampliar progresivamente los espacios sociales de empoderamiento social
produciendo, así, “modificaciones incrementales” y acumulativas de las “estructuras
subyacentes” del sistema social y sus mecanismos de reproducción social, de modo que se
vayan modificando también los centros de poder del sistema en su conjunto. En este
sentido el autor considera central comprender cómo y bajo qué circunstancias las
prácticas que se imaginan y desarrollan pueden llegar a tener posibilidades razonables
de contribuir a una trayectoria de transformación social emancipadora y con un mayor
bienestar para las personas.
Para evaluar las posibilidades reales que los proyectos e iniciativas
emancipadores tienen en el rediseño institucional, Wright propone tres criterios: 1) la
deseabilidad, referida a los valores y marcos normativos en juego y cómo se propone su
realización, frente a potenciales dilemas en la arena económico-política e institucional
en la que se sitúan; 2) la viabilidad, referida a las dificultades técnicas y
socio-materiales que enfrentan los proyectos para sostenerse en el tiempo y 3) la
factibilidad política, relativa a los equilibrios de poder que las permiten o bloquean.
Con ello advierte de que no toda alternativa deseable será necesariamente viable, ni
toda alternativa viable será siempre factible, sino que los resultados dependen del
propio desarrollo de las iniciativas en sus contextos sociopolíticos y económicos
concretos.
La noción de intersticio y la propuesta de Wright han sido centrales
en las investigaciones recogidas en este número monográfico y otras realizadas en el
marco de nuestro proyecto de investigación. Nos ha servido tanto para poner el foco en
las prácticas y relaciones concretas desarrolladas por los proyectos e iniciativas
transformadoras estudiadas, como para comprender los contextos relacionales e
institucionales donde participan. Además, ha resultado especialmente útil para
comprender cómo en sus contextos de acción y relación las iniciativas encuentran
desafíos que tensionan sus horizontes transformadores. Así, hemos concedido especial
atención a las tensiones y desafíos que atraviesan las “economías transformadoras”
cuando incorporan, o bien tratan de confrontar, las lógicas y valores mercantiles
capitalistas; cuando dialogan, o entran en conflicto, con las agendas políticas de las
instituciones públicas y cuando, entre todo ello, intentan sostenerse social y
económicamente, amplificar sus propuestas y proyectar temporalmente sus proyectos, sin
perder coherencia práctica e ideológica (Sama y Sanz, 2025).
Otras propuestas en y más allá de un capitalismo plural: empresa social,
innovación social, emprendimiento social
La protesta y resistencia política que venía fraguando desde los 2000
y eclosionó desde 2008 a 2012 en España, así como en otros países de Europa, incluía un
amplio movimiento cívico que reclamaba la necesidad de supeditar el beneficio económico
al interés social (Hart, 2015). En este escenario, como hemos
apuntado antes, emergieron multitud de prácticas socioeconómicas heterogéneas, producto
tanto de la necesidad de aprovisionamiento económico y consolidación profesional por
vías alternativas, como del desencanto por los excesos de la economía de mercado
(desigualdad, contaminación medioambiental, etc.) Se crean, por ejemplo, muchas de las
iniciativas de las que Wright se sirvió para su análisis y diseño de las estrategias
intersticiales de transformación: bancos del tiempo (comunidades de intercambio de
servicios donde la unidad de valor e intercambio es el tiempo de trabajo o servicio
prestado), redes de trueque local (intercambios de bienes y servicios), pequeñas
cooperativas de consumo ecológico (sostenible, solidario, de proximidad), huertos
comunitarios y mercados de autoproducción y monedas sociales.
Este movimiento también abría para el Estado y los principales poderes
económicos y financieros la oportunidad de impulsar y liderar una selección de
iniciativas bajo el paraguas del llamado “emprendimiento social”. Florecen desde
entonces varios programas de promoción del emprendimiento social en los que participan
importantes bancos y escuelas de negocios que ofrecen financiación, asesoría y
oportunidades crediticias. Además la recepción política fue igualmente entusiasta,
contribuyendo con formas de financiación pública del emprendizaje y otorgando mayor
centralidad a leyes y regulaciones que impulsan su potencial para ahorrar costes, crear
empleo y estabilizarlo. En definitiva, se va creando un campo institucional de actividad
empresarial y autoempleo que se ampara en los valores de la Economía Social y Solidaria
y ocupa el espacio del tradicional Tercer Sector, como las cooperativas y los ONGs (Moulaert y Ailenei, 2005; Valenzuela-García et al.,
2019).
Frente a las “alternativas al capitalismo” que describe Wright, el
emprendimiento social es quizás uno de los conceptos más populares para promover e
implementar el activismo social dentro del sistema económico vigente. Sanz Abad (2019) recoge algunos debates en antropología en torno al
concepto (pp. 210-211). Uno es la diferencia entre la economía social y solidaria y el
emprendimiento social. Algunos entienden que la primera se plantea desde la acción
colectiva de los afectados por situaciones injustas mientras la segunda tiende a
soluciones individualizantes implementadas por agentes externos paternalistas. Por
ejemplo Dees (1998), uno de los autores pioneros sobre emprendimiento
social, contempla las oportunidades, inconvenientes y condiciones de la comercialización
de servicios sociales desde la perspectiva de los líderes de organizaciones sin ánimo de
lucro. Por su parte Valenzuela-García y Molina, en su investigación sobre el
emprendimiento social en Cataluña en el periodo post crisis, sitúa a los emprendedores
sociales como “agentes de cambio” que tienden a responder a un tipo de agente individual
“creativo”, “implicado”, que, frente a las adversidades, es capaz de aplicar “soluciones
sostenibles y rentables independientemente del Estado, simbolizando así las aspiraciones
de la clase media (reputación, prestigio y respetabilidad)” (Valenzuela-García et al., 2019, pp. 377-378). Estos individuos
“internalizan procesos de autogestión, autoexplotación y responsabilidad que se perciben
como deseables” (p. 378).
La crítica a este “emprendedor social héroe” forma parte de la
literatura académica sobre el tema desde sus inicios en los años 90 (Teasdale et al., 2022). Incluye debates necesarios sobre la
mercantilización o terciarización de servicios sociales (Pfeilstetter,
2021), las micro resistencias por parte de las organizaciones afectadas que sólo
aparentemente se someten al dogma empresarial (Dey y Teasdale, 2016)
o los efectos adversos y no intencionadas de procesos de mercantilización de servicios
sociales (Bellazzecca y Biosca, 2022). Estas resistencias también se
articulan en el mundo activista. Muchas iniciativas que aparecen en este número especial
evitan proclamarse “emprendedoras”, algo que parece común en España (Escribano et al., 2020) pero no es representativo desde una
perspectiva global (Pfeilstetter, 2021). Lo que se considera como
economía o emprendimiento social últimamente cambia según el contexto socioeconómico,
histórico y cultural (Pfeilstetter y Gómez-Carrasco, 2020). Nociones
como emprendimiento colectivo, comunidades o ecosistemas emprendedores pretenden buscar
alternativas conceptuales al exceso de individualizador de la idea del emprendedor
social (Bryant, 1989; Pfeilstetter, 2020).
Un segundo debate en torno al emprendimiento social que menciona Abad
es la ambigüedad del término. Algunos dicen que esto permite su empleo estratégico por
actores y para motivos muy variados y que esto es parte de su éxito (Teasdale et al., 2022). El potencial de confusión del término
resulta de una posición que reclama la complementariedad de valores inconmensurables,
como el beneficio y la redistribución o el individualismo y la solidaridad, por ejemplo.
Esta tensión entre los objetivos sociales y las consideraciones financieras en los
estudios empresariales a menudo se conceptualizan como “hibridez” (Battilana y Lee, 2014; Doherty et al., 2014).
Wright, en referencia a Gibson-Graham (1996), se refiere no solo a la
hibridez del sistema capitalista sino también de las propias organizaciones
anticapitalistas: siempre contienen elementos capitalistas (2010, p. 236, nota 13). La
incrustación de lo económico en lo social y lo político ya anunciado por Polanyi en su
influyente obra La Gran Transformación ([1944] 2016) plantea este mismo problema
(Fraser, 2012). Pero también el debate sobre la acción individual
versus la colectiva impide establecer diferencias claras. En las entidades de la
Economía Social y Solidaria igualmente existen liderazgos, protagonismos, formas de
competencia y jerarquías a pesar de las intenciones igualitarias, horizontales y
democráticas. Quizás las ambivalencias entre la mirada más militante de las grietas e
intersticios y la visión más conformista del emprendimiento social también simplifican
excesivamente prácticas diversas, no siempre coherentes entre sí. Es más compatible con
una mirada etnográfica situada y procesual evitar clasificaciones excesivas a priori.
Una propuesta etnográfica, procesual y situada para abordar
las
“economías transformadoras”
Desde que iniciamos nuestras andaduras de investigación sobre las
“economías transformadoras” las urgencias ecosociales existentes se han hecho acuciantes
y visibles -una pandemia mundial, nuevos conflictos bélicos, crisis en el suministro
alimentario y energético, inflación y más inseguridad habitacional-, al compás,
advertimos ciertos avances y también importantes retrocesos en las agendas políticas
vinculadas a la transición ecosocial, propias de un momento político convulso. Mientras
es apreciable el uso de la propia noción de “transformación” en medios de comunicación y
políticas socioambientales, se cuestionan y erosionan derechos ya adquiridos y se
estrecha el margen de desarrollo de las propuestas ecosociales “transformadoras”. Este
escenario invita a recuperar el estudio de un campo heterogéneo, fragmentado y con
contradicciones en su seno pero con una evidente centralidad social, económica y
política. Nuestra propuesta pretende aportar conocimiento empírico y situado en
contextos específicos y actuales en los que se activan y desarrollan estas iniciativas
colectivas, que den cuenta de las formas prácticas de transformación que desarrollan,
así como de las relaciones que establecen en esos procesos con diversos agentes y las
tensiones/dilemas que enfrentan en su devenir cotidiano
Los trabajos que componen este dosier y se integran en el marco más
amplio del proyecto de investigación antes citado, comparten una concepción sustantiva e
integradora de la economía, que incorpora la reproducción social y ecológica. De este
modo se sitúa más allá de miradas excesivamente economicistas o funcionalistas que,
centradas en la lógica del sistema -la lógica propia del capitalismo- suelen dar por
supuestos y sobredimensionar criterios como eficiencia, productividad, viabilidad o
sostenibilidad de las transformaciones ecosociales, al pensar el mercado capitalista
como un todo compacto y homogéneo (Caillé, 2009, p. 22; Narotzky y Besnier, 2014; Reygadas, 2014; 2021).
Desde esta perspectiva se siguen, al menos, dos implicaciones.
Primero, evitamos tratar “la economía” como un dominio reificado y aislado del
resto de instituciones que organizan la existencia humana, o como una forma naturalizada
de acción social basada exclusivamente en los principios del intercambio mercantil y el
cálculo racional (Polanyi, [1944] 2016; Waller y
Jennings, 1991; Dale, 2010). Sin restar su importancia
consideramos que estos no son los únicos que estructuran los procesos de valoración (Narotzky y Besnier, 2014; Palomera y Vetta, 2016;
Pfeilstetter y Sama, 2025). Segundo, conceptualizamos la
economía en sentido amplio y diverso (Gibson-Graham, 2002; 2008), a partir de los procesos, actividades y relaciones
-mercantiles o no- que aseguran las condiciones de vida humanas y no humanas y su
reproducción (Narotzky, 2007). Esto exige resaltar la dimensión
reproductiva (Harris y Young, 1981; Federici,
2014; Carrasco, 2017) de la economía y de la biosfera,
abordando las continuidades y transformaciones de los sistemas colectivos que sustentan
la vida (Carrasco, 2001; Pérez Orozco, 2011), e
incluir en el análisis del hecho económico el cuidado, la cooperación, la solidaridad y
la reciprocidad como componentes indispensables e inseparables de las esferas productiva
y reproductiva (Gibson-Graham, 2002; Hillenkamp,
2013; Lucas dos Santos, 2018, 2022; Barça, 2022).
Desde esta mirada sobre lo económico consideramos importante poner el
foco en la lógica de la acción social y las prácticas desarrolladas por distintos
agentes: acciones concretas (rutinarias, pero también improvisadas) mediante las cuales
se (re)producen, disputan, negocian, los valores, actitudes, estrategias, marcos
normativos y objetivos de los agentes económicos, sean individuales (trabajadoras/es,
consumidoras/es, cuidadoras/es) o colectivos (empresas, asociaciones comunitarias,
mercados profesiones, plataformas). A través de las prácticas, las personas y
organizaciones interactúan con su entorno y asignan sentido a sus acciones cotidianas
(Velasco y Rada, 1997; Díaz de Rada, 2013). Este
enfoque es necesariamente relacional, ya que reconoce que las prácticas socioeconómicas
“transformadoras” cobran sentido y a la vez están significadas como tales desde su la
experiencia subjetiva de las personas y su existencia en una densa red de relaciones que
se suceden en distintos niveles y escalas de acción: entre agentes humanos y no humanos,
instituciones burocráticas y no-burocráticas, estatales, mercantiles, asociativas. Ello
implica identificar las diversas configuraciones de poder y ámbitos de resistencia y
conflicto, así como de negociación, proposición y posible cooperación, prestando
atención a los sentidos que las personas atribuyen a sus prácticas en esos ámbitos (Weber, 1984; p. 5, en Díaz de Rada, 2013). Es
necesario en este sentido tomar como parte del análisis tanto situaciones específicas de
acción y relación como el contexto sociocultural, político y material más amplio en el
que desarrollan las prácticas y las relaciones.
Finalmente los investigadores e investigadoras que participan de este
dosier comparten una mirada procesual sobre las transformaciones en las que se ven
implicados e impulsan estos proyectos actualmente. Lejos de ser analizadas desde
objetivos predefinidos o resultados acabados y replicables de agentes específicos que
actúan aisladamente y cuyos resultados pueden medirse desde indicadores predefinidos,
las investigaciones atienden a la trayectoria de los proyectos, sus desarrollos en el
pasado, así como a los desafíos, tensiones y dificultades que enfrentan cotidianamente
para sostener sus prácticas y orientar sus logros y expectativas sobre el futuro.
Implica, además, enfocar a los procesos imbricados de construcción (making) y
deconstrucción (unmaking), desarrollados por las personas en relación con normas,
valores e imaginarios que les atraviesan (Feola et al., 2021).
Tensiones transversales y respuestas de las “economías
transformadoras” desde cuatro estudios de caso
Las cuatro contribuciones reunidas en este dossier ofrecen un prisma
relevante para leer la promesa -y las fricciones- de las “economías transformadoras” cuando
aterrizan en campos tan dispares como la logística urbana de mercancías, las cadenas cortas
de aprovisionamiento agroecológico - ambas atravesadas por plataformas digitales- la gestión
de residuos con inclusión social y las iniciativas comunitarias de cuidados. A estos casos
el lector/a podrá sumar dos artículos más publicados en esta revista: “Iniciativas
público-comunitarias de cuidado a personas mayores. Oportunidades y retos para la
transformación en el Ecosistema Local de Cuidado de Zestoa” de Barañano-Uribarri et al. (2024)
3
y “Habitar, consumir y cultivar. Procesos e iniciativas para la transición ecosocial”
de Berná et al. (2024)
4
.
Las investigaciones realizadas permiten una mirada amplia a lo económico y
ayudan a pensar en “lo transformador” de estas iniciativas desde prácticas situadas, hechas
de negociaciones, ensamblajes sociotécnicos, y disputas por la propiedad y diseño de los
medios de producción, el manejo y distribución de los recursos y los modos de entender y
practicar la provisión social de cuidados. La narración que despliegan los autores y las
autoras de los artículos no enumera “lecciones aprendidas”; reconstruye, más bien, cómo cada
caso trabaja sus dilemas constitutivos y cuáles son los desplazamientos que, pese a las
inercias y tensiones, consigue producir.
El itinerario de la ciclologística cooperativa analizado por Raquel
Alquézar ilumina con nitidez esa trama. Som Ecologística nace del cruce entre una
constatación material -el crecimiento del comercio electrónico y la presión de la
distribución de última milla- y un horizonte político reivindicativo -hacer de esa necesidad
una propuesta mejorada de las condiciones de trabajo desde el cooperativismo de plataforma y
avanzar en la responsabilidad medioambiental desde la descarbonización de la actividad
logística-. La principal aportación de este estudio se sustenta en los datos de campo, cuyo
análisis permite comprender cómo el escalado y la adopción de lógicas de plataformización
(Srnicek, 2018) no habían sido suficientemente discutidos en la teoría
sobre cooperativismo de plataforma, más centrada en la problemática de los falsos autónomos
(Scholz, 2016) que en el papel limitado las cooperativas de forma aislada
para convertirse en alternativas reales a las grandes corporaciones. Concretamente Alquézar
muestra que, si bien Som Ecologística avanza hacia la lógica de plataformización, la fórmula
que desarrolla rechaza los procesos de acumulación propios de la misma, y se asienta, en
cambio, en un uso intercooperativo de la tecnología como herramienta de centralización de
gestiones mancomunadas. La tecnología adquiere un papel central no solo para mejorar la
logística de reparto, sino para reivindicar también delante de las administraciones públicas
un modelo público-comunitario de la misma y confrontar así las relaciones de poder
desiguales existentes entre pequeñas entidades locales y grandes corporaciones como DHL,
Seur o Amazon. No obstante, la búsqueda de crecimiento en escala, como medio para incidir en
las políticas municipales de distribución urbana, introduce nuevas tensiones. La necesidad
de subvenciones y de interlocución con la administración convive con el cuidado de la
autonomía cooperativa y con un compromiso explícito de feminizar un sector altamente
masculinizado. Estos desafíos no se resuelven de manera inmediata; se sostienen en prácticas
de intercooperación, en equilibrios frágiles y en decisiones creativas y también
pragmáticas.
En este sentido, el “cómo” es inseparable del “qué”: una aplicación
cooperativa sin compraventa de datos, de gobernanza compartida entre sus trabajadores y un
registro de tiempos de trabajo que no se convierte en vigilancia, no constituyen simples
elecciones instrumentales, sino decisiones políticas sobre qué economías son deseables y
posibles (Alquézar, 2025). No obstante, el proceso de mancomunar recursos
entre múltiples entidades, forjar una identidad compartida y apropiarse de herramientas
digitales como medios de producción sin resultar extractivistas no resulta lineal ni exento
de conflictos. Requiere traducir en principios el gesto de “no jugar” al perfilado de
clientes ni a la vigilancia algorítmica -tan rentables para las plataformas hegemónicas-, lo
que se convierte a la vez en afirmación ética y restricción competitiva.
El estudio de Isabel Dinis y Eber Quiñonez, también indaga en los desafíos
teóricos y operativos de la mediación de plataformas digitales, en este caso, sitúan el foco
en iniciativas de circuitos cortos agroalimentarios (CCA/SFSC) en Portugal. En los
últimos años, particularmente durante y después de la pandemia de COVID-19, estas
plataformas han reemplazado cada vez más los sistemas tradicionales de entrega de alimentos
y las ventas directas de productos frescos y agroecológicos. La investigación se encuadra en
el desarrollo de una plataforma Marketplace orientada a abrir nuevos canales
online de comercialización, muestra como la digitalización del sector, introduce
nuevas tensiones y desafíos que pueden colocar en pausa los principios fundacionales de los
CCA. A partir de grupos de discusión con productores, consumidores e intermediarios en cinco
regiones (Norte, Centro, Sul, Lisboa y Algarve) y de la exploración de 17 plataformas de
venta de alimentos frescos locales, la noción de proximidad es analizada críticamente desde
tres dimensiones: geográfica, organizativa y social. En la proximidad geográfica, la
ambigüedad que contiene “lo local” referida a productos frescos y agroecológicos se agrava
cuando la producción y oferta de estos es limitada y, sin embargo, la plataforma tiende a
expandir la demanda más allá del entorno inmediato. En la organizativa, la propia plataforma
puede convertirse en nuevo intermediario cuyo back office (pagos, logística,
integración tecnológica) puede capturar valor y opacar la redistribución. En la social, el
reto que subyace a estas maneras de operar es replicar confianza y densidad relacional en
interacciones online. A ello se suman fricciones prácticas analizadas por Dinis y Quiñonez,
que median en el avance de la plataformización de los CCA: desde comportamientos
cinestésicos en los consumidores/as que privilegian el contacto sensorial en compras de
productos frescos, pasando por expectativas divergentes sobre estacionalidad y calidad de
los alimentos, hasta la exigencia de certificaciones costosas para pequeños productores y un
trasfondo regulatorio que choca con la informalidad extendida en la pequeña agricultura. No
menos importante son en este escenario, las formas de acceso a Internet y una alfabetización
digital desigual que se abordan en el análisis. El artículo deja como conclusión abierta,
que la sostenibilidad de los CCA digitalizados depende, también aquí, de que usuarias y
usuarios se apropien de la herramienta tecnológica y compartan reglas claras de confianza,
precio justo y trazabilidad, sin renunciar a la especificidad local ni a la cooperación
entre productores/as. Ello exige gobierno participativo de la infraestructura, transparencia
en los procesos de back office y salvaguardas para no perder la especificidad local
ni la cooperación y confianza entre productores/as y consumidoras/es que dan sentido a los
CCA.
La experiencia reciclaje que plantea el modelo porteño de gestión de los
residuos secos en Buenos Aires (Argentina) analizada por Mayane Doré nos introduce en la
cuestión de los comunes urbanos y la relación público-comunitaria para su gestión. Desde la
economía y la ecología políticas, el artículo propone una lectura relacional del residuo en
sintonía con las aportaciones recientes de los llamados discard studies: la basura no
es un “resto” neutral, sino un síntoma del metabolismo social fisurado -resultado de
extracción intensiva, transformación acelerada y obsolescencia- que expone los límites
ecológicos y sociales del desarrollo (Solíz, 2017). Entendida así, deja
de ser un problema técnico para convertirse en prisma analítico desde el que interrogar
narrativas de modernización y hacer visibles las desigualdades y dependencias entre
territorios, clases y escalas de gobierno. En este ámbito de estudio, la transformación toma
la forma de una reconfiguración del régimen de residuos: recicladores/as de oficio impulsan
desde una conflictividad organizada -informes, movilizaciones, campañas, negociaciones-
formas de gestionar la basura urbana más allá de su mera mercantilización. La reclaman como
un bien común fundamental para la supervivencia de sectores empobrecidos, apostando por un
sistema popular, autogestionado e inclusivo. Ello conlleva un reparto más justo y
democrático de los beneficios de la industria del reciclaje, frente a su concentración en
grandes empresas. En esa clave, el artículo desplaza visiones despolitizadas de lo
comunitario y propone una lectura público-popular, subrayando la dimensión de clase del
reciclaje inclusivo y su capacidad para reordenar relaciones de poder en la ciudad. Ahora
bien, la escalabilidad del modelo porteño no se explica sin la mediación estatal: el
gobierno local aporta centros verdes, equipamiento, insumos, estabilidad de ingresos y
dispositivos de cuidado que sostienen la reproducción cotidiana del trabajo cooperativo.
Pero esa co-gestión no es un pacto armónico, sino un ensamblaje conflictivo. El Estado actúa
a la vez como facilitador y como instancia que impone ritmos, burocracias y prioridades
técnicas -políticas de mantenimiento, criterios de renovación, estándares de higiene y
seguridad- capaces de potenciar o erosionar la autonomía cooperativa. De hecho, el
mantenimiento se revela núcleo de la sostenibilidad de los comunes: la vida útil de
maquinarias, la reposición de insumos y la actualización tecnológica condicionan la
capacidad de escala y autonomía. Cuando se externaliza o posterga, no es una mera
contingencia: compromete ingresos, reconocimiento y modos de vida y abre la puerta a
cercamientos privatizadores. Por eso, nombrar lo común exige blindajes institucionales de
los circuitos redistributivos y espacios de co-decisión donde las cooperativas no sean
simples ejecutoras subcontratadas sino parte de la definición de fines, medios y métricas
del sistema. De forma concreta, el texto señala al menos dos estrategias para avanzar en una
relación menos interdependiente según las cooperativas. La primera seria sustituir la
adquisición directa de materiales por parte de la administración por un pago único por el
servicio, con plena capacidad para gestionar el gasto. La segunda sería agregar valor al
material reciclado y cerrar ciclos hacia una economía más circular, disminuyendo la
subordinación a precios e intermediación privadas.
Finalmente, desde el campo de los cuidados la investigación de Isabel de
Blas-Buruaga, Lucía del Moral-Espín y Sofía Ugena-Sancho evidencia la necesidad de reordenar
la economía en torno a la Democratización del cuidado (Ezquerra y Mansilla,
2018; Keller-Garganté, 2023) y la configuración de una Democracia
Cuidadora (Tronto, 2013). En este sentido su investigación se inscribe en
la corriente de estudios sobre la reciente proliferación de iniciativas comunitarias que,
frente a la “crisis de los cuidados” (Pérez-Orozco, 2006), proyectan
horizontes en los que los cuidados adquieren el debido reconocimiento social y político, y
se estructuran mediante relaciones horizontales y democráticas. Desde un estudio etnográfico
multicaso y utilizando técnicas cualitativas -entrevistas, observación participante y
e-research- las autoras exploran la complejidad de tres iniciativas comunitarias de
cuidados en diversas fases del ciclo vital, de carácter autogestionado, asambleario y afines
a la Economía Social y Solidaria. El análisis se centra en cómo se configuran los cauces de
participación con la voluntad de generalizar las propuestas y alcanzar a sectores más
amplios, incluidas personas en precariedad e indefensión administrativa. A la vez, indaga
hasta qué punto esos cauces siguen siendo condicionados (Di Masso et al.,
2021; Berná et al., 2024). Los hallazgos, en este caso, muestran
que, en las entradas graduales y acompañadas, predominan al inicio vías excluyentes ancladas
en relaciones preexistentes de parentesco y amistad; con el tiempo, estas se ensanchan hacia
relaciones de barrio y militancia también preexistentes. Tales recorridos -que no son ajenos
a las reflexiones de las iniciativas y proyectos-, pueden reproducir una homogeneización
endógena por efecto del “cierre” del colectivo y de identidades fuertes (Díaz
Gorfinkiel y Elizade-san Miguel, 2021). A medida que los proyectos se consolidan,
amplían su presencia en Internet, la difusión callejera y el engarce con servicios públicos,
se suman vías más abiertas de acceso y participación. Junto a las dinámicas de acceso, el
artículo identifica también costes de participación que operan como barreras: económicos y
de tiempo, pero también legales y etarios. Frente a ello, las iniciativas despliegan
estrategias de inclusión que combinan medidas socializadoras, contraprestativas y
politizadoras: cuotas flexibles, trabajos de contraprestación, amadrinamientos, asesorías,
formación y, especialmente, el reconocimiento del tiempo de cuidado como tiempo socialmente
valioso. El estudio ilumina así el potencial democratizador de estas iniciativas, expresado
en su vocación inclusiva y generalizadora, orientada a ampliar su alcance más allá de
intereses propios o experiencias locales. Ante ello, no obstante, las autoras lanzan una
cuestión fundamental: ¿pueden estas fórmulas resultar atractivas y accesibles para sectores
menos politizados? En este sentido proponen retomar el debate político sobre la ampliación e
incluso la universalización del acceso a cuidados mediante redes público-comunitarias sin
que estas sustituyan la redistribución pública (Comas-D’Argemir, 2019; Martínez-Virto y Hermoso-Humbert, 2021; de Blas et al,.
2025).
El artículo subraya que la inclusión sigue siendo una tensión central en
la mayoría de las propuestas e iniciativas “transformadoras”. El reto no es fácil de
enfrentar, abrir puertas para facilitar la ampliación social de las iniciativas y alcanzar
públicos más heterogéneos exige rebajar costes de entrada -económicos, burocráticos,
simbólicos-, lo que a su vez demanda inventar y poner en práctica mecanismos de solidaridad
y de reconocimiento que no estigmaticen a los/as más vulnerables ni terminen precarizando a
quienes cargan con su puesta en marcha. En este sentido, las iniciativas tratan de
densificar las redes de intercooperación -entre cooperativas, con movimientos y sindicatos,
con servicios sociales, con áreas técnicas y administrativas locales-así como ampliar el
perímetro de quienes consideran estos proyectos “suyos”. La inclusión, así entendida, no es
un gesto caritativo, sino una política de ampliación y democratización de base social que da
músculo político a las iniciativas y, de paso, vuelve más legítimas y sostenibles las
decisiones difíciles. No obstante, esta opción también entraña otros dilemas. Por ejemplo,
el hecho de que buena parte de las iniciativas muevan volúmenes reducidos de beneficio
genera dificultades logísticas y económicas que entorpecen la intercooperación, aun sabiendo
que esta reforzaría la viabilidad económica (Berná et al., 2024). Además,
aunque traten de mitigar las lógicas competitivas entre las distintas entidades del sector,
es difícil confrontar el impulso de fortalecimiento de cada entidad en relación con el
objeto de que persigue (Sama y Alcañiz, 2024). Finalmente, incorporar
limitaciones a los sobreesfuerzos de los agentes es complicado, en tanto que intercooperar
implica un aumento de tareas y dedicación no retribuido en la mayoría de los casos.
En el trasfondo de los cuatro artículos que componen este dosier arriba
enunciados y los dos publicados anteriormente se repiten, con variaciones, otras cuantas
tensiones que vale la pena presentar como nudos y no como fallos de las iniciativas y
proyectos “transformadores”.
Una de ellas y sin duda central es la dificultad que implica para los
proyectos garantizar su sostenibilidad económica, social y ecológica, en un entorno donde
dominan la rentabilidad, la productividad y la competitividad como formas de valorar la
eficiencia y proyección de los proyectos e iniciativas económicas (Sanz et
al., 2024; Sama y Sanz, 2025). Además, la cuestión se complica
porque en este contexto las iniciativas internalizan los costes sociales y ambientales de su
producción y de los servicios medioambientales que aportan mientras que las empresas
convencionales (y el Estado) sistemáticamente externalizan. En este contexto, las
iniciativas deben tomar decisiones estratégicas complejas: ¿con qué actores económicos y
sociales cooperar y como para suavizar esta tensión?; ¿qué formas de autoorganización
adoptar para no desvirtuar los principios redistributivos, las lógicas de reciprocidad y
solidaridad, así como de justicia ambiental que defienden?
Estrechamente relacionada con lo anterior esta la cuestión de la escala.
Para incidir en la movilidad urbana sostenible, en el aprovisionamiento alimentario
agroecológico o en el metabolismo de residuos de una metrópoli, también para que el derecho
al cuidado y a habitar un entorno saludable y verde sea realmente de “todo el mundo”,
parece necesario lograr el reconocimiento social y sobre todo del ámbito
político-institucional, donde se definen recursos y políticas. Ello implica, a la vez
conseguir y demostrar la viabilidad económica y sostenimiento temporal de las iniciativas.
De este modo “crecer” y “durar” se convierten en pulsiones que atraviesan muchas
experiencias (Sama y Alcañiz, 2024). Pero ¿cuánto, cómo y a costa de qué
es preciso crecer? Escalar puede suponer desingularizar los proyectos al adoptar estructuras
legales formales que los encorsetan o tensan. Protocolizar acciones para replicarlas y
adaptarlas a las exigencias de contabilización de resultados puede, si no se cuidan,
convertirlas en rutinas despolitizadas. También fijar objetivos para recabar apoyo económico
público y establecer alianzas con actores privados no siempre del todo afines, puede
entrañar riesgos de cooptación, despolitización y dinámicas de competencia. Y, casi siempre,
crecer en escala implica formalización, ampliar y complejizar tiempo organizativo y de
formación lo que repercute en mantener el espacio participativo, democrático y vivible para
sus integrantes. La sostenibilidad y escalabilidad de las iniciativas que tratan de evitar
estrategias que el sistema de mercado ya tiene y que son insostenibles social y
medioambientalmente, precisa de transformaciones en el marco estructural de posibilidades.
Ante ello el papel del Estado resulta central -más allá del reconocimiento discursivo las
iniciativas- como agente regulador de las presiones del mercado y habilitador efectivo de
transformaciones ecosociales urgentes.
La tensión entre autonomía y dependencia es igualmente central y está
vinculada a lo anterior: las iniciativas nacen de la voluntad de gobernar recursos y tiempos
en clave cooperativa y comunitaria, amplificando sus propuestas intercooperativamente desde
ahí, pero su propia posibilidad material-una nave, una flota, una cinta de clasificación, un
local para cuidados, suelo para un huerto comunitario, una asesoría jurídica o una
app- está entrelazada con marcos normativos, presupuestos y decisiones
administrativas y económicas en las que también están presentes lógicas de competencia y
eficiencia. Convertir la dependencia que generan los marcos habilitadores de recursos y de
reconocimiento de las políticas e instituciones públicas en una relación de alianza y
co-gobernanza es un trabajo político continuo no exento de conflicto: negociar cláusulas
sociales y técnicas, inventar instrumentos contractuales, diseñar indicadores que midan lo
que importa y que no homogenicen y tensen los proyectos bajo la lógica de la eficiencia,
abrir y mantener espacios de diálogo/conflicto donde se discuten fallas y mejoras y se hacen
propuestas sin amenazar la existencia misma de los proyectos. Todo ello evidencia algunos
aspectos que interpelan al Estado y a su rol de agente habilitador para una transición
verdaderamente ecosocial y por tanto necesariamente política y económica.
