Demoliciones urbanísticas y la necesaria e inaplazable protección de los terceros de buena fe
DOI:
https://doi.org/10.18042/cepc/rap.226.09Resumen
En España aproximadamente existen en la actualidad 500.000 viviendas ilegales sobre las que 50.000 pesa una orden de derribo. Ante esta situación, el ordenamiento jurídico debe garantizar la adecuada protección a los legítimos titulares de los inmuebles afectados que ninguna participación tuvieron en el proceso constructivo, resultando totalmente ajenos a las irregularidades cometidas. Recientemente, el Tribunal Supremo ha reforzado notablemente las garantías dispensadas a los terceros de buena fe ampliando considerablemente su protección en línea con la jurisprudencia del TEDH. El presente trabajo pretende sistematizar los avances jurisprudenciales en la materia que refuerzan el principio de seguridad jurídica y el derecho de propiedad con la adecuada salvaguarda del principio de legalidad y de ejecución de las sentencias.
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