Consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de septiembre de 2025, Adrar, en el derecho español de extranjería y en la práctica de los juzgados de instrucción en funciones de guardia y de los juzgados de lo contencioso-administrativo
DOI:
https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.82.09Resumen
El derecho de la Unión Europea ha demostrado tener una fuerza arrolladora, susceptible de derribar institutos jurídicos de gran raigambre en los Estados miembros cuando se trata de garantizar el efecto útil de sus disposiciones.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Adrar es un ejemplo paradigmático de lo anterior, ya que afecta de lleno a la irrecurribilidad del acto administrativo firme, introduce modulaciones a la cosa juzgada negativa y a la preclusión de alegaciones y afecta a la regulación de las medidas cautelares previas del proceso contencioso-administrativo, todo en aras de una tutela judicial efectiva de derechos fundamentales reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).
El carácter vinculante de la jurisprudencia del TJUE obliga a una interpretación conforme y, allí donde no sea posible, a la inaplicación de los preceptos de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEx) que regulan la prohibición de entrada, la devolución, la expulsión y el internamiento, así como de los preceptos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) que dan cauce procesal a las peticiones de suspensión de la expulsión como medida cautelar e incluso a reconsiderar algunos aspectos de la jurisprudencia del TS.
El cumplimiento del derecho de la Unión en este ámbito afectará a la práctica diaria de los juzgados de instrucción en funciones de guardia y de los juzgados de lo contencioso-administrativo. La efectiva implementación de la sentencia comentada pasa necesariamente por la interoperabilidad entre diferentes juzgados y administraciones, así como por una especial y mayor formación de los jueces de instrucción en esta materia.
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