Arbitraje y jurisdicción: una interacción necesaria para la realización de la justicia

Resumen

La labor de los árbitros no pretende suplantar el ámbito de actuación de
de la justicia estatal. El Estado confiere un amplio margen de libertad para
el funcionamiento del arbitraje, pero impone unas exigencias que aseguren
unas mínimas garantías a los particulares que eligen esta vía en el sentido
de que están amparados por los principios de igualdad, audiencia y contradicción y que las actuaciones arbitrales están sometidas a una estricta confidencialidad. El arbitraje no vulnera los postulados de unidad jurisdiccional
y del monopolio estatal de la jurisdicción pues el árbitro no posee una posición jerárquica por encima de las partes, su función es ocasional, su poder
decisorio se mueve únicamente en los términos fijados por el compromiso y,
además, los laudos precisan para su ejecución el concurso de la potestad jurisdiccional. La fuerza del laudo no deriva de una delegación estatal, sino
que se trata de una facultad que proviene directamente de la ley y que emana directamente de la autonomía de la voluntad de las partes, que constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial. Sin embargo, la mera existencia del convenio arbitral no elimina por completo el deber de abstención de
los órganos jurisdiccionales del Estado