Estudios
CIUDAD Y TERRITORIO
ESTUDIOS TERRITORIALES
ISSN(P): 1133-4762; ISSN(E): 2659-3254
Vol. LVI, Nº 222, invierno 2024
Págs. 1133-1152
https://doi.org/10.37230/CyTET.2024.222.3
CC BY-NC-ND
¿Por qué desurbanizar, desconstruir y renaturalizar?: justificaciones para iniciar la transición ecosocial en los litorales turísticos
José María Romero-Martínez (1) Yolanda Romero-Padilla (2)
(1) Profesor de Proyectos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Granada
(2) Profesora de la Facultad de Comercio y Turismo. Universidad Complutense de Madrid
Resumen: La transición ecosocial justa plantea a las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo el desafío de un cambio de paradigma: deben adaptar sus ideas, procedimientos y prácticas. La cultura de la modernidad persigue el progreso y fomenta el crecimiento para lograrlo. Sin embargo, existe una incompatibilidad manifiesta entre el crecimiento físico y económico y los objetivos ecosociales de un nuevo paradigma para el planeta. Las teorías del decrecimiento y del postcrecimiento proponen cambiar el paradigma del crecimiento mediante una transición ecosocial justa. Pero esta transición presenta el problema de representación del futuro deseable. La investigación se centra en casos de estudio en la costa -y específicamente en el ecotono litoral-, que justifican desurbanizar, desconstruir y renaturalizar, donde se evidencian problemáticas legales, económicas, culturales, sociales y ecológicas. Los resultados son primeras respuestas para iniciar la transición, donde el exceso urbano y turístico es un problema. Incluye casos que responden mediante propuestas de “no hacer”, “rehacer” y “deshacer”.
Palabras clave: Transición ecosocial; Desurbanización; Desconstrucción, Destinos costeros; Gestión del turismo sostenible.
Why deurbanise, deconstruct and renaturalise?: justifications for initiating ecosocial transition on tourist coast
Abstract: The just ecosocial transition poses the challenge of a paradigm shift for the disciplines of architecture and urbanism: they must adapt their ideas, procedures and practices. The culture of modernity pursues progress and encourages growth to achieve it. However, there is a manifest incompatibility between physical and economic growth and the ecosocial objectives of a new paradigm for the planet. Degrowth and post-growth theories propose changing the growth paradigm through a just ecosocial transition. But this transition presents the problem of representing the desirable future. The research focuses on case studies on the coast (and specifically in the coastal ecotone) that justify deurbanization, deconstruction and renaturalization, where legal, economic, cultural, social and ecological problems are evident. The results are first answers to begin the transition, where urban and tourist excess is a problem. It includes cases that respond through “don’t”, “redo”, and “undo” propositions.
Keywords: Ecosocial transition; Deurbanisation; Deconstruction, Coastal destinations; Sustainable tourism management.
Recibido: 12.09.2023; Revisado: 13.03.2024
Correo electrónico (1): jmr2@ugr.es; N.º ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7150-7250
Correo electrónico (2): yromerop@ucm.es N.º ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9753-5113
Investigación del Proyecto del Plan Nacional de I+D+i de la Universidad de Málaga titulado ‘Emergencias Crónicas y Ecosociales. Transformación en zonas costeras turistificadas’ (PID2022-137648OB-C22), del Ministerio de Ciencia e Innovación (2023-2026) España
Los/as autores/as agradecen los comentarios y sugerencias realizados por las personas evaluadoras anónimas, que han contribuido a mejorar y enriquecer el manuscrito original.
1. Introducción
La cultura de la modernidad persigue el progreso y fomenta el crecimiento para alcanzarlo. Sin embargo, existe una incompatibilidad manifiesta entre el crecimiento físico y económico y los fines ecosociales de un nuevo paradigma para el planeta (Meadows & al. 1972). La crisis sistémica global convertida en crónica es su manifestación: cambio climático, pérdida de biodiversidad, peak oil, desigualdad, democracias iliberales... Las teorías del decrecimiento y del postcrecimiento plantean el cambio del paradigma crecentista mediante una transición ecosocial justa, proponiendo una reducción del metabolismo urbano innecesario (Latouche, 2013; González & Almazán, 2023; Hickel, 2023). Pero, esta transición presenta un problema de representación del futuro deseable. Es decir, es difícil imaginar futuros compatibles con el nuevo paradigma, y más todavía imaginar este paradigma conviviendo en lugares desarrollados y construidos en exceso (Romero & al., 2024; Espín, 2022).
Los lugares sobreconstruidos, precisamente, son los más alejados de esta transición necesaria, pero presentan innumerables situaciones para la reflexión. Por este motivo, son adecuados para encontrar soluciones para contrarrestar estas situaciones, e incluso para superarlas en otros lugares, invitando a la imaginación a pensar según el nuevo paradigma (Durrant & al, 2023). Es el caso de los litorales turísticos españoles. Su urbanización está marcada por la máquina de crecimiento urbano-turística acordada y fomentada tácitamente por agentes políticos, empresariales, profesionales y de medios de comunicación (Logan & Molotch, 1987; Romero & al., 2017). Desde su origen en los años 60 se basa en un comportamiento cíclico de la actividad inmobiliario-constructiva, que provoca burbujas inmobiliarias y crisis por la sobredimensión constructiva de cada ciclo. El exceso de ocupación tiene los siguientes tres modelos de implantación: 1) El territorial, que polariza en varios tipos de espacios, principalmente con núcleos de atracción de población, recursos y capitales, y áreas de vertido y abastecimiento, donde se encuentran las redes y servidumbres; 2) El urbano, que es difuso (urban sprawl); éste aísla y expande las piezas por el territorio, lo que requiere infraestructuras potentes para conectar y asegurar el funcionamiento; y 3) El constructivo, que es el estilo universal, que separa las partes del edificio abstrayendo las condiciones del entorno. El crecimiento, además, se ha producido de forma rápida y a menudo incontrolada, e implica graves consecuencias ambientales, sociales y económicas (Fig. 1) (Naredo, 2010; Romero & al., 2015).
Además, los destinos litorales maduros son extensas zonas urbanizadas -subsidiarias de centros metropolitanos relativamente próximos-, que se encuentran infradotadas para la población que los usa en vivienda social, sanidad, educación, justicia, etc., y en los servicios públicos como el transporte y las infraestructuras urbanas. Por el contrario, los destinos se organizan mediante los múltiples equipamientos privados `innecesarios´ de los territorios sobredesarrollados, como son: autovías de peaje, puertos deportivos, campos de golf, paseos marítimos duros, grandes centros comerciales, parques temáticos, spas, grandes urbanizaciones aisladas, resorts... (Romero & al., 2015).
Fig. 1 / Excesos de urbanizaciones turísticas sobre línea de costa en Calvíá (Mallorca)
Fuente: Elaboración propia, 2022
En el escenario de agravamiento de la crisis energética, con la reducción de los viajes -y de la actividad del turismo-, y su afectación determinante en los territorios turísticos, se intuye que muchas de las infraestructuras `innecesarias´ dejarán de tener utilidad. En todo caso, éstas quedarán como `activos cautivos´ construidos; es decir, construcciones e infraestructuras difíciles de eliminar, y cuyo mantenimiento habrá que financiar por decenios, o entrarán en ruina, causando otros problemas (como se puede deducir de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética). Muchas construcciones litorales, además, se encuentran dentro de la zona de dominio marítimo-terrestre, de las nuevas delimitaciones de parques naturales, o están siendo afectadas gravemente por los temporales marítimos e inundaciones cada vez más frecuentes debidos al cambio climático. Por otro lado, demasiadas edificaciones son inadecuadas a los nuevos criterios ambientales, paisajísticos y urbanísticos, o sus permanencias suponen casos evidentes de contaminación, riesgos e injusticias sociales, espaciales o ecológicas (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico [MITECO], 2019; Greenpeace, 2018; Ecologistas en Acción, 2023; Romero & al., 2018).
La planificación española en las zonas turísticas comenzó hace tiempo a tomar medidas para iniciar la contención del crecimiento físico desaforado, con resultados desiguales. En relación con la ribera marina, la Ley de Costas de 1988 supuso un punto de inflexión y el inicio de la intención para regular el dominio marítimo-terrestre, aunque su incidencia real fue más teórica que práctica. A escala local, en concreto, se han documentado experiencias de contención del crecimiento y de protección de las zonas de alto valor ambiental como: la Agenda 21 Local de Calvià (Prats, 2001); el Plan Insular de Lanzarote; el Plan Insular de Menorca; el Parque Lineal del Turia en Valencia (Bosch & al., 2017; Portalés & al., 2020); el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) en la Comunidad Valenciana; o el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) en Mallorca (Blázquez & al. 2019). Sin embargo, a excepción del plan de Calvià (que contemplaba algunos derribos de edificios hoteleros), y los sucesivos planes de Torroella de Montgrí (que reducen suelo urbano), que son buenos precedentes de desconstrucción y/o desurbanización, los demás casos se centran en parar la extensión de la urbanización y proteger parajes naturales (Prats, 2001; Quintana, 2019). Los planes generales de Palma y Vitoria han comenzado a plantear la desclasificación de suelos para proteger suelos rústicos y densificar la ciudad existente (Górgolas, 2023; Santiago & González, 2021).
Esta investigación parte de la pregunta acerca de cómo poder iniciar la transición ecosocial en los litorales donde el exceso urbano-turístico es un problema. En la revisión de literatura académica se pueden encontrar estudios que plantean acercamientos a las teorías del decrecimiento y del postcrecimiento aplicados al territorio construido y su planificación (Durrant & al. 2023; Górgolas, 2019). En estas contribuciones las propuestas se centran en la contención (`no hacer´) y en la gestión y regeneración de espacios construidos existentes (`rehacer´), como la reciente propuesta de urbanismo regenerativo para Santander (Paisaje Transversal-Landlab, 2023). Sin embargo, se detecta una carencia de estudios centrados en planteamientos implementados de desurbanización o desconstrucción. El equipo de arquitectura n´UNDO, localizado en España -recientemente reconocido en los premios de la bienal 2023 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España por su plan para Manilva (Málaga)-, plantea la línea de trabajo de ´deshacer´ (n`UNDO, 2017). Esta última propuesta de `deshacer´, aplicada a casos concretos, se encuentra más directamente relacionada con las teorías del decrecimiento y el postcrecimiento, y la reducción del metabolismo urbano (Romero, & al., 2024).
En este contexto, la investigación tiene como objetivo estudiar las problemáticas que justifican el planteamiento de ‘deshacer’ en los espacios turísticos del litoral español; en concreto en la franja litoral marítimo-terrestre (ecotono litoral). Estos territorios permiten analizar el exceso urbano-turístico, y explorar alternativas, pudiendo convertirse en referencias y banco de pruebas de actuaciones para otros lugares, todavía no desarrollados en exceso. Para abordar este objetivo se ha realizado una revisión de literatura estructurada en cinco problemáticas principales relacionadas con: 1ª) la legalidad vigente de las edificaciones e infraestructuras; 2ª) las consecuencias económicas; 3ª) la perspectiva cultural; 4ª) la justicia social y espacial; y 5ª) la justicia ecológica (planteada desde un paradigma plenamente ecocéntrico). Posteriormente se analizan distintas problemáticas de casos asociados a edificaciones e infraestructuras del litoral español, incluyendo algunos casos que han respondido a las mismas mediante propuestas de ‘no hacer’, ‘rehacer’ y ‘deshacer’ (n`UNDO, 2017).
2. Problemáticas legales, económicas, culturales, sociales y ecológicas que justifican desurbanizar, desconstruir y renaturalizar
La expansión de suelo urbano y de la urbanización ha estado vinculada en muchos casos a procesos de corrupción. La corrupción puede ser manifiesta por su ilegalidad, o puede ser corrupción del funcionamiento del propio sistema de planificación. Por ejemplo, Wei (2015) muestra en el caso de Nanjing (China) cómo el desarrollismo urbano produce despilfarro, corrupción y malestar social. En Europa, el sector de la construcción de infraestructuras y servicios urbanos se situó como uno de los principales sectores que producen corrupción del sistema en distintos grados y excesos de gasto público (Comisión Europea, 2013). En concreto, el turismo mundial -concentrado mayoritariamente en las costas-, ha producido un desarrollo urbano expansivo con instalaciones hoteleras y residencias turísticas (Holleran, 2020), con rentabilidades muy altas (Bisaro, 2019), donde Jiménez & al. (2017) vinculan de manera específica turismo y corrupción política local.
Una de las preocupaciones actuales es cómo adaptar el patrimonio construido que está sometido a los riesgos del cambio climático. Sin embargo, esto también puede ser objeto de procesos de corrupción. Por ejemplo, el estudio de Rangel-Buitrago & al. (2023) muestra cómo la extracción de arena destinada a reconstruir playas -principal recurso turístico de las zonas costeras- y a proteger las propiedades privadas construidas se realiza en contra de la opinión pública y de las leyes locales, favoreciendo un clima de corrupción. También Bisaro (2019) muestra en su análisis cómo determinados proyectos de reurbanización costera destinados a reducir el riesgo de inundaciones pueden terminar favoreciendo la corrupción y generando desigualdad (gentrificación y transferencia de riesgos a otros lugares).
En España, la corrupción está arraigada en el urbanismo y la ordenación del territorio de competencia local y regional. Y más todavía en las zonas turísticas. Además, el sistema de captura de las instituciones públicas se ha sofisticado, y una minoría las ha saqueado de forma organizada con adjudicaciones amañadas y sobrecostes injustificados: existe un `problema muy serio de corrupción casi sistémica, estructural y que viene de lejos´ (Romero & al., 2018, p.6). Los casos de edificaciones y urbanizaciones realizados mediante corrupción manifiesta son ampliamente conocidos (Díez-Ripollés & al, 2009; 2011; Jerez & al., 2012). También se incluyen prácticas de corrupción del sistema de planificación, con consecuencias de despilfarro público -y del despilfarro privado que afecta a lo público-, como son la falta de eficacia por sobrecostes de proyectos y obras, o la ejecución de proyectos e infraestructuras innecesarias (como ampliaciones de aeropuertos, autovías de peaje, grandes infraestructuras para macro-urbanizaciones y rascacielos, etc.), aunque no se realicen fuera de la ley. Estas actuaciones a menudo quedan como proyectos zombie (Romero & al., 2017; Romero & al., 2018), construcciones inacabadas o edificios terminados con funcionamiento inadecuado. Aunque los casos llegan a los tribunales muy pocos terminan deshaciendo lo construido que es ilegal o inadecuado. En este contexto, la restitución de la legalidad tiene la componente añadida de ejemplaridad, tan necesaria en el maltratado urbanismo español, reclamada de manera bien argumentada e insistente en el libro “España fea” (Rubio, 2022; Górgolas, 2018).
La evolución legislativa ha dejado espacios construidos fuera de la ordenación vigente. Además, hay zonas que no deberían tener presupuestos públicos para inversiones en obras ni reparaciones que no se alineen con el criterio del Nuevo Pacto Verde Europeo, y menos todavía para actividades que no se adapten a las leyes y directivas europeas. Por ejemplo, el Reglamento de taxonomía de la Unión Europea sobre inversiones sostenibles (Parlamento Europeo y Consejo, 2020), establece las condiciones que deben cumplir las actividades económicas para ser calificadas ambientalmente sostenibles: “a) mitigación del cambio climático; b) adaptación al cambio climático; c) uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; d) transición hacia una economía circular; e) prevención y control de la contaminación; f) protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas” (capítulo 9). Por otra parte, se ha aprobado en el Parlamento Europeo el reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, que pretende conseguir objetivos jurídicamente vinculantes de los países europeos para la restauración de los ecosistemas en la Unión Europea (COM/2022/304 final). Este reglamento propone recuperar el 100% de la biodiversidad y la conectividad biológica en todo el territorio europeo en 2050. Por todo ello, las grandes instalaciones industriales que habitualmente son fuentes importantes de contaminación, peligrosidad y riesgos manifiestos deberán ser replanteadas en un futuro. Más si cabe les ocurre a aquellas que, además, han quedado próximas a zonas urbanas por la propia extensión de la urbanización turística litoral. También se encuentran en situación similar aquellas urbanizaciones y construcciones que, en una situación legal fuera de ordenación, han quedado en zonas de dominio marítimo-terrestre o, en todo caso, dentro de las nuevas delimitaciones de espacios naturales protegidos.
Otra problemática es la transición de la economía lineal en el contexto del cambio climático. Se pueden justificar desurbanizaciones y renaturalizaciones basadas en una socioeconomía circular y de proximidad para la recuperación del territorio. También sería un ahorro de coste económico y energético futuro la eliminación de los `activos cautivos` construidos (Ley de cambio climático, BOE-A-2021-8447): estos activos cautivos son las infraestructuras de espigones, dársenas, puertos deportivos, paseos marítimos duros, etc., que se deben reconstruir o proteger una y otra vez debido a las inundaciones y temporales marítimos que se reproducen cada vez con más frecuencia y violencia. Se incluyen también en el apartado económico las instalaciones turísticas e infraestructuras anticuadas ya amortizadas hace tiempo, como son numerosos casos de paseos marítimos y hoteles (Quero, 2022). En la justificación económica habrá que tener en cuenta la ley de Restauración de la Naturaleza citada, que contará con unos muy importantes fondos aportados por el Nuevo Pacto Europeo.
Los argumentos para deshacer y renaturalizar desde la perspectiva cultural se vinculan con los nuevos paradigmas del paisaje (Convenio Europeo del Paisaje, 2000), del urbanismo y de la arquitectura, más cuidadosos con el medio en el que se actúa, a diferencia de épocas pasadas (Nueva Bauhaus Europea)1. En el caso del paisaje, el tratamiento institucional en Francia es un ejemplo de buenas prácticas de la Administración, porque tiene encomendada la recuperación de paisajes de valor, con presupuestos específicos para ello (Rubio, 2022). En el caso español, un primer cambio de rumbo fue el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, 2011), que reconoce su origen en el Convenio Europeo del Paisaje, y describe su fundamento -en lugar de planificar un territorio según un ordenamiento jurídico-, en acercarse al conocimiento profundo del territorio. Para ello, describe los procesos y las dinámicas de “cohabitación” y las “inteligencias compartidas” que se generan entre presencias físicas, faunísticas, vegetales y humanas (Jaque, 2013; Borobio & García, 2012; García, 2022). La plataforma Custodia del territorio pretende contribuir a la divulgación del conocimiento cultural del territorio y a la conservación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos de alto valor, promover la creación de espacios de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias, recopilar y actualizar bases de datos especializadas sobre la actividad concreta, fomentar la cooperación y difundir documentos de referencia en relación con el territorio. De nuevo, como se ha comentado, la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo del Reglamento de restauración de los ecosistemas de la Unión Europea (2022), es también un marco que profundiza en el ámbito cultural. En este apartado se incluyen los excesos ya injustificables de calificaciones de suelos urbanos en zonas de acantilados, humedales, riberas, sistemas dunares y las playas de las poblaciones costeras, que van en contra de los legados históricos e identitarios de los lugares afectados (International Council on Monuments and Sites [Icomos], 2018).
Los conceptos de justicia social y espacial son útiles para justificar la eliminación de las instalaciones que están en riesgo en lugares muy expuestos. A consecuencia del cambio climático, los riesgos se acrecientan por la mayor frecuencia de las situaciones de exposición, y de la extensión y aumento de los daños a las personas, a los bienes (especialmente a los públicos y bienes comunes), y a los ecosistemas tal como se extrae del IPCC 2022 (Pörtner & al., 2022; Ley Bosch & De Castro & García, 2023; González-Alemán & al., 2023). Los riesgos suponen corrimientos de tierras y derrumbes por inundaciones y desbordamientos de ríos, ya sea en riberas y desembocaduras de ríos, como del mar por temporales marítimos, y a otras causas meteorológicas extremas, e incendios y terremotos. El concepto de justicia espacial desarrollado por Soja (2014) pretende equilibrar las desigualdades producidas por el exceso de desarrollo urbano. La atención a los movimientos sociales y ONG que defienden su propio espacio habitable (Lefebvre, 2013; Ecologistas en Acción, 2023; Greenpeace, 2018), es cada vez más necesaria. En especial, porque, en muchos casos, estos movimientos sociales son los únicos que se implican en la defensa local del territorio, y suelen ser grupos presionados y/o amenazados, no muy organizados y carentes de asesoramiento técnico y jurídico (Castells, 2012; Soja, 2014). También encontramos la idea de `revolución conservacionista´ mediante la `conservación convivencial´, propuesta por Büscher & Fletcher ([2022] en Müller, 2023), que propone el ámbito social compuesto con el natural como un nuevo `común`, gobernado comunalmente. Las teorías del decrecimiento y postcrecimiento, que acogen en un sentido amplio las cuestiones anteriores, son fundamentales en este apartado (Latouche, 2013; Hickel, 2023). En el ámbito académico, y a una escala global, las consecuencias del cambio climático se empiezan a tener en cuenta en los socioecosistemas costeros, con propuestas de alternativas sistémicas (García, 2022). Estos conceptos justificarían las desurbanizaciones cuando lo natural sea tratado en un sentido amplio como común, para ser cuidado mediante una gestión comunitaria y financiación pública.
El paradigma ecocéntrico de principios del S.XXI fundamenta un nuevo tipo de justificación para el concepto de ´deshacer´, y la posterior recuperación de la funcionalidad ecológica. Está basado en las nuevas teorías de la justicia y la ética ecológicas, que relacionan justicia y ecología (Vicente-Giménez, 2020; 2023; Carvalho-Dantas & al., 2019; Vicente-Giménez & Salazar-Ortuño, 2022; Valdivielso, 2023). La ética ecológica reconoce los derechos a la Naturaleza, y el derecho de los ecosistemas a tener autonomía no humana, a regenerarse y a evolucionar. Y por ello, a éstos se les reconocen las relaciones de sus componentes entre sí y con su medio, y cada uno de ellos como un todo con vida propia. Las teorías de los experimentos colectivos de Bruno Latour (2006, 2023), sobre cómo habitar la tierra y `aterrizar´ de nuevo en ella, apuntan en la misma dirección. El primer planteamiento institucional sobre el paradigma ecocéntrico es el Programa de la ONU Armonía con la Naturaleza (Naciones Unidas, 2011), que conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra (20/04/2011), para promover el pensamiento holístico que debe sustentar cualquier desarrollo sostenible. En él se expresa la profunda preocupación por el deterioro ambiental y los impactos negativos de la actividad humana en la naturaleza, reconociendo la necesidad de reforzar los conocimientos científicos sobre sus efectos en los ecosistemas. El programa reconoce que la especie humana es parte de la Naturaleza, y que la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales, que son fuente de energía y materia nutritiva. Desde el momento en que un ecosistema es reconocido como sujeto de derecho, cualquier acción, modificación o construcción que atente con su autonomía no humana deberá ser suspendida o eliminada, y recuperada su funcionalidad.
El conjunto de las problemáticas analizadas, con las justificaciones correspondientes que permiten argumentar la desurbanización, la desconstrucción y la recuperación de la funcionalidad ecológica del litoral, y su estado de la cuestión, puede organizarse en cinco categorías, aunque las diversas justificaciones en bastantes casos se complementan y suman, añadiendo argumentos a favor. Los niveles van aumentando en cualidad y valor de la justificación (Fig.2): restitución de la legalidad vigente, justificación económica, justificación cultural, justicia social y espacial y justicia ecológica.
Fig.2 / Estado de la cuestión de justificaciones para desurbanizar, desconstruir y renaturalizar
Fuente: Elaboración propia
3. Casos para desurbanizar, desconstruir y renaturalizar en los litorales turísticos españoles
Los casos para la reflexión se han elegido en función de los antecedentes de la investigación y de la experiencia del equipo investigador autor del artículo. La diversidad de los casos es un factor determinante, así como su relación inmediata con la ribera marítima: el ecotono litoral, donde las problemáticas y las controversias ambientales, sociales y económicas se hacen muy evidentes. El análisis incluye casos en destinos turísticos de la costa mediterránea, más tres casos en las costas atlánticas andaluzas, dos en las costas de Canarias, uno en la de Galicia y otro en el pantano de Valdecañas en Cáceres, que son ilustrativos para la investigación y la caracterización que se desarrolla (Fig.3). No pretenden formar una muestra exhaustiva ni significativa, pero el conjunto aportado fundamenta las justificaciones propuestas. La investigación ha utilizado diversas fuentes y herramientas: análisis de documentos primarios y secundarios, observación de campo y consulta a informantes cualificados.
El análisis de la literatura gris revela la creciente importancia pública que se está dando a las problemáticas descritas. Por ello, el conjunto de las imágenes y los vídeos que acompañan el texto es una parte importante de la investigación. La cuestión visual es fundamental para mostrar las consecuencias de las problemáticas existentes, e imaginar otras posibilidades de intervención. Además, la presente investigación pretende convertirse en una transferencia pedagógica y divulgativa útil en los territorios litorales.
3.1. Restitución de la legalidad vigente
En reparación de la legalidad y justificación de desconstrucción de edificaciones realizadas mediante corrupción manifiesta, están los relevantes casos del hotel El Algarrobico en Almería (dentro del domino marítimo-terrestre y en el Parque Natural de Cabo de Gata) (Fig. 4); y la macrourbanización del pantano de Valdecañas en Cáceres (dentro de un Espacio Red Natura 2000 del sistema de áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea, y en una Zona de Especial Protección de Aves, ZEPA) (Fig.5). Uno y otra tienen dictadas sentencias judiciales de demolición desde hace tiempo (Cenizo, 2023; Pozas, 2023)
Dos casos relacionados con los anteriores, de menor escala, son el del hotel Sidi Saler –`el algarrobico valenciano-2, que se ubica actualmente en los terrenos del Parque Natural de la Albufera (Valencia), y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de la Generalitat Valenciana; y las obras inacabadas del hotel en Almuñécar -´el algarrobico granadino´–3, en unos acantilados sobre el mar (Fig.6).
Fig 3 / Casos citados y sus situaciones
Fuente: Elaboración propia
Fig.4 / Hotel El Algarrobico, Carboneras (Almería)
Fuente: Elaboración sobre Datadista. 2022
Fig.5 / Macrourbanización en la isla del pantano de Valdecañas (Cáceres)
Fuente: Elaboración sobre ElDiario.es, 2023
Unos buenos precedentes para estos casos son las demoliciones del hotel Atlanterra, en Zahara de los Atunes (Cádiz) (2002)4 (Fig.7), y del hotel Monnàber (Fornalutx) (2000)5, tras los trámites judiciales oportunos, y la voluntad política correspondiente.
Fig. 6 / Obras inacabadas del hotel ´el algarrobico granadino´ en Almuñécar
Fuente: (Ecologistas en Acción, 2023)
En este apartado se incluyen las grandes instalaciones industriales que ocupan extensas superficies litorales, muchas de ellas urbanas. La mayoría son extremadamente peligrosas y contaminantes del aire, de los suelos o de las aguas (nivel freático, riberas marítimas, marismas, desembocaduras de ríos, etc.). Son los casos de la central nuclear de Valdellós (Tarragona) (Fig.8), la central térmica de Carboneras (Almería), las cementeras incineradoras de residuos sólidos urbanos –como la de Cosmos en La Araña, en Málaga (Fig.9)–, o las balsas de fosfoyesos y el polígono químico-industrial junto a la ciudad de Huelva. Tarde o temprano, se deberá replantear la situación de la mayoría de las instalaciones contaminantes y peligrosas, especialmente cuando éstas quedan al margen de las directivas ambientales europeas.
En el apartado de instalaciones industriales que modifican las dinámicas de los sedimentos marinos, alterando los ecotonos litorales y los servicios ecológicos, se encuentran los grandes puertos (como el de Valencia y su grave afectación al Saler, al sur, o el de Motril, que afecta a las playas de Salobreña). En situación parecida está la mayoría de los puertos deportivos, aunque sean de menor tamaño (a modo de ejemplos: los de Cabo Pino, Estepona, y El Candado, en la Costa del Sol, o de Sotogrande en Cádiz, alterando gravemente la desembocadura del río Guadiaro, Fig.10). De la misma manera, deberán replantease estas infraestructuras y concesiones turísticas, porque se han quedado sin presupuestos de la Administración para su mantenimiento, o su renovación no será posible.
Se añaden a este apartado de restitución de la legalidad la desaparición de aquellas urbanizaciones y construcciones que en una situación legal fuera de ordenación han quedado en zonas de dominio marítimo-terrestre, o dentro de las nuevas delimitaciones de espacios naturales protegidos. Son los casos, llevados a cabo con éxito, de las desconstrucciones y posteriores renaturalizaciones de la playa de A Lanzada en Pontevedra, del Parc Natural del Cap Creus (Fig. 14), y de la La Pletera-Estartit en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, en Girona (Fig. 22) (Romero, 2022; Romero & al., 2024), y del cordón dunar y playa de la Devesa del Saler, en Valencia (Romero & Romero & Blázquez, 2023).
Fig. 7 / Estado anterior y demolición del hotel en Zahara de los Atunes (Cádiz)
Fig. 8 / Central nuclear de Valdellós (Tarragona)
Fuente: Elaboración sobre Wikipedia, 2013
Fig. 9 / Cementera-incineradora residuos urbanos Cosmos en La Araña (Málaga)
Fuente: Elaboración propia, 2023
Fig. 10 / Pérdida de la línea de costa (más de 150m), en playa y desembocadura del río Guadiaro entre 1956 (arriba) y 2020 (abajo), por la construcción del puerto deportivo de Sotogrande (Cádiz)
Fuente: Noemi Pozo, 2020
3.2. Justificación económica
A la justificación de una socioeconomía circular para la recuperación del territorio, se añade la del ahorro del coste económico futuro que supondrá la eliminación de los `activos cautivos` construidos. Como ejemplos a considerar se muestran, entre muchos otros: el paseo marítimo en ruinas de la urbanización en zona marítimo-terrestre de Estartit, en Torroella de Montgrí (Girona) (Fig.11); el de Bellreguard (Valencia), tras el temporal Gloria (2020)6; el de las playas de Badalona (Barcelona)7; o el de la playa urbana de El Dedo en El Palo (Málaga) (Fig.16).
Se incluyen en esta justificación las infraestructuras ya amortizadas cuyo mantenimiento en servicio suponen sobrecostes desproporcionados. Como casos tenemos, entre los innumerables que se pueden destacar, los chiringuitos en semirruinas tras cada temporal (como el de la playa de Cabopino, Málaga, 2014)8, el del puerto deportivo El Candado (Málaga) (Fig.12), con aterramiento recurrente de su bocana (Romero & Mora, 2023), o los graves problemas de las infraestructuras marítimas de la macro-urbanización y puerto deportivo de Sotogrande (Cádiz)9 (Fig. 10).
Fig. 11 / Paseo marítimo en ruinas de urbanización situada en zona marítimo-terrestre, Torroella de Montgrí (Girona), 2015
Fuente: Xavier Quintana, 2019
Fig. 12 / Bocana aterrada del puerto deportivo El Candado por temporales, Málaga
Fuente: Club El Candado, 2022
Fig. 13 / Hotel Atlantic demolido para espacio público, años 90 del siglo XX, Calviá, Mallorca
Fuente:Prats, 2001
Los casos de hoteles con instalaciones anticuadas y fuera de normativa, amortizados hace tiempo, son motivo también para su desaparición. En esta situación se encontraban, y han sido demolidos, los hoteles en Calviá (Mallorca) (Fig.13), en los noventa del siglo pasado (Quero, 2022; Prats, 2001), y de Arenales del Sol, Elche (Alicante)10, en 2021.
3.3. Justificación cultural
Los argumentos de los nuevos paradigmas del paisaje, del urbanismo y de la arquitectura, hacen replantear obras que antiguamente fueron consideradas adecuadas (carreteras, paseos marítimos duros, espigones, edificaciones...), pero que ahora son una reducción evidente de la calidad paisajística, urbana o arquitectónica. En este punto se encuentran los ejemplos antes citados de la playa de A Lanzada en O Grove (Pontevedra) (con una carretera que anulaba el paisaje del sistema dunar); de la urbanización de El Saler (Valencia)11, y de las edificaciones del Club Med en Cap Creus (realizadas años antes de ser declarado parque natural) (Romero & al., 2022).
A modo de ejemplo más detallado, se puede decir que la desconstrucción del Club Med en el Parque Natural del Cap de Creus (Girona) (1998-2010), nace de la Administración. Ha consistido en desconstruir infraestructuras situadas en dominio público marítimo-terrestre, como helipuerto, solárium, pontones, muelles y plataformas. El proceso de desconstrucción del Club Med fue muy cuidadoso, y se completó en 2010 con la eliminación completa (incluso de la cimentación) de: 440 edificaciones de uso turístico, pistas de tenis, piscinas, anfiteatro, comedores y baños, recepción y dispensario, y carreteras. Las obras también incluyeron: a) intervenciones mínimas de accesibilidad; b) eliminación de la vegetación no autóctona; d) restauración de la funcionalidad ecológica, y d) recuperación ecosistémica (flora y fauna) (RTVE, 2010) (Fig.14).
En este apartado se incluyen las reducciones de las calificaciones injustificables de suelos urbanos en zonas de acantilados y en las playas de las poblaciones costeras de Torroella de Montgrí (Girona), y de Calviá (Mallorca) (Fig.15). Aunque en estos dos últimos casos, las argumentaciones además incluían la reducción del suelo urbano por motivos económicos, porque se pensó que se aumentarían los ingresos gracias a la mejora de la calidad del destino turístico, al disminuir la masificación turística.
3.4. Justicia social y espacial
En este apartado de justicia social se encuentran múltiples casos que coinciden con los apartados anteriores, pero ahora las situaciones son más expuestas, y con consecuencias sociales relevantes, por los efectos del cambio climático. Según la justicia espacial (Soja, 2014), deben replantearse las desigualdades que se han producido, o que se pueden producir en el territorio. Y en el sentido de la presente investigación, la reducción y eliminación de situaciones de privilegios para equilibrar el territorio y el espacio son opciones necesarias para el futuro. Sucede con miles de viviendas y negocios que dan a paseos marítimos urbanos, como los de las playas urbanas de la Carihuela (Torremolinos), de El Dedo (Málaga) (Fig.16), de Badalona y Malgrat del Mar (Barcelona) (sumados a los graves problemas del paso del tren de cercanías), de Portixol (Mallorca), etc., o del borde marítimo de Los Alcáceres, en el Mar Menor (Murcia), (Fig.17), entre cientos de otros casos en toda la costa urbana mediterránea.
Fig. 14 / Estado previo (derecha) y posterior (izquierda) de la desconstrucción y desurbanización del Club Med con recuperación ecosistémica en el Parc Natural del Cap Creus (Girona)
Fuente: Elaboración sobre Radio Televisión Española, RTVE, 2010
Fig. 15 / Escenario tendencial 2025 sin la revisión del PGOU 1999 (izda.) y situación prevista en PGOU 1999, con reducción del suelo urbano (dcha.) Calviá (Mallorca)
Fuente: Prats, 2001
Fig. 16 / Imagen tomada de vídeo (16”) de inundaciones por temporal recurrente en paseo marítimo de la playa urbana de El Dedo, El Palo (Málaga)
Fuente: Esther Yanke, 2022
Fig. 17 / Desbordamientos de la rambla del Albujón en Los Alcáceres y el Mar Menor (Murcia)
Fuente: El Diario, 2020
Involucrados en graves riesgos evidentes tenemos los hoteles e infraestructuras turísticas que están en primera línea de mar, como los de Mesa del Mar, en Tacoronte (Tenerife), de Calpe (Alicante), y de Portocolom (Mallorca), donde las grandes olas de los temporales chocan violentamente, o saltan por encima de ellos, con imágenes que se explican por sí solas (Figs. 18, 19 y 20). Por otra parte, hay múltiples urbanizaciones en acantilados y en zonas muy expuestas en barrancos que, en caso de lluvias torrenciales o eventos extremos, pueden sufrir corrimientos de tierras y laderas, dificultando la evacuación de amplias zonas urbanas, como en los complejos turísticos junto al Barranco y Playa Besudo, en San Agustín (Gran Canaria) (Ferrera, 2023).
Fig. 18 / (arriba Izda) Imagen tomada de vídeo (36”) destrozos en edificio turístico por oleaje, MESA DEL MAR (Tenerife)
Fuente: Canarias Diario-La Vanguardia, 2018
Fig. 19 / (arriba dcha) Imagen tomada de vídeo del Oceana Club con embates del temporal Gloria, Calpe (Alicante) (primeros 10”)
Fuente: Luis H.Villaplana – Petreraldia, 2020
Fig. 20 / (abajo Izda) Imagen tomada de vídeo (38”) de las olas gigantes del temporal Gloria sobre edificios en Portocolom (Mallorca)
Fuente: Diario de Mallorca, 2021
Fig. 21 / (abajo dcha) Imagen tomada de vídeo (1´51”) delta del Ebro anegada 3 km tierra a dentro por temporal Gloria
Fuente: Bombers -La Vanguardia, 2020
Con la crisis climática, también aumentan los riesgos sociales debidos a la reducción de los deltas fluviales por falta de aportes de sedimentos de sus ríos, al haber sido represados. Es otra problemática recurrente de numerosos ríos –como los casos del Ebro (Fig. 21), el Guadiaro (Cádiz) (Fig.10), el Vélez (Málaga), o el Guadalfeo (Granada), entre muchos-, que contienen infraestructuras inadecuadas de contención de aguas que no previeron externalidades cuando se diseñaron. Las retiradas de los deltas crean problemas en las tierras agrícolas y en otras infraestructuras de protección próximas. Sus presas y desembocaduras deberán ser replanteadas en un futuro no tan lejano, cuando se adopte una visión territorial más amplia y ecosistémica.
3.5. Justicia ecológica
De la teoría ecocéntrica surgen los reconocimientos de personalidad jurídica a ecosistemas completos, como los de las cuencas de los ríos Atrato en Colombia y Whanganui en Nueva Zelanda. En el caso español, ya existe el reconocimiento de personalidad jurídica a la cuenca del Mar Menor (Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca), gracias a una iniciativa legislativa popular (Vicente-Giménez & Salazar-Ortuño, 2022). En este sentido, por justicia ecológica, estarían justificadas para la renaturalización, las desconstrucciones de instalaciones que vayan en contra de los propios ecosistemas reconocidos. Además del ecosistema del Mar Menor, se han planteado otras iniciativas de reconocimiento como sujetos de derecho: por ejemplo, a los ecosistemas de Doñana en Huelva, del delta del Ebro en Tarragona (Fig. 21), y de la laguna de la Albufera en Valencia.
Como ejemplo más detallado, se aporta a continuación el caso de la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor (2019-2022). La Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia estudió dotar al Mar Menor de personalidad jurídica, por sus problemáticas ambientales. El resultado fue publicado en mayo de 2020, y recogido por el alcalde de Los Alcázares. A partir de entonces, se forma la Plataforma para la Iniciativa Legislativa Popular, para el otorgamiento de derechos al ecosistema de la cuenca del Mar Menor. La propuesta se ganó en julio de 2020 en el Ayuntamiento de Los Alcázares. En septiembre de 2022, el Congreso de Diputados español aprobó la ley nacional, según la iniciativa popular (BOE-A-2022-16019).
Casos llevados a cabo con éxito, con un planteamiento ecocéntrico, son las desconstrucciones y posteriores renaturalizaciones antes citadas de la playa de A Lanzada en Pontevedra, del Parc Natural del Cap Creus (Fig.14), y de la La Pletera-Estartit en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, en Girona (Fig.22) (Romero & al., 2024), y del cordón dunar y playa de la Devesa del Saler, en Valencia.
Como ejemplo detallado que se ha justificado de manera amplia se aporta la desurbanización y recuperación de la funcionalidad ecológica de La Pletera-Estartit, en Torroella de Montgrí (Girona), que además de justificarse según la justicia ecológica (es el hábitat de una especie endémica: el farfet, un pez de poco más de 1 cm), se complementó con otras justificaciones: 1. A partir de una fecha concreta, la urbanización quedó ocupando el dominio marítimo-terrestre de Costas (restitución legalidad); 2. La promoción de viviendas turísticas proyectada no era rentable para la promotora (justificación económica); 3. El ayuntamiento quería mejorar la calidad ambiental y turística del municipio reduciendo suelo urbano (justificación cultural); 4. Los temporales inundaban cada vez más las zonas urbanizadas (justicia social y espacial); y 5. Los humedales son el hábitat de la especie endémica citada (justicia ecológica). En la actualidad, estos humedales, marismas -con el farfet-, y cordón dunar, ocupan sus lugares, y se comportan de nuevo como un ecotono litoral en toda su potencia, como se puede observar en la imagen siguiente en su respuesta al temporal Gloria de 2020 (Quintana, 2019) (Fig. 22):
Fig. 22 / Inundaciones por la borrasca Gloria (enero 2020) en la zona de la antigua urbanización de La Pletera, donde marismas y cordón dunar han recuperado su funcionalidad ecológica. Torroella de Montgrí, Girona
Fuente: Xavier Quintana, 2021
4. Síntesis de justificaciones, problemáticas, casos de estudio y propuestas de actuación
Los resultados se acompañan a continuación resumidos en la Fig.23, en donde la caracterización de las dimensiones que justifican las prácticas de desurbanización, desconstrucción y renaturalización (Fig.2), asocian los casos de estudio detectados en la investigación con las problemáticas legales, económicas, culturales, sociales y ambientales. Además, se aportan soluciones generales a dichas problemáticas.
5. Conclusiones
La investigación aborda el vacío existente en la literatura académica sobre los planteamientos de desurbanización y desconstrucción, y posterior renaturalización, enfocados en su vertiente aplicada al ecotono litoral marítimo-terrestre (donde las problemáticas y las controversias ambientales, sociales y económicas son muy evidentes). Los casos de estudio muestran una diversidad importante, aunque no pretenden ser exhaustivos: pero sí permiten plantear un principio de sistematización de problemas y soluciones. Los resultados alcanzados relacionan las dimensiones que justifican las prácticas de des-urbanización y desconstrucción en las que se ha vertebrado la revisión de literatura (de restitución de la legalidad, y justificaciones económica, cultural, social y ecológica, Fig.2), con soluciones a las problemáticas detectadas (Fig.23).
Fig.23 / Casos de estudio de justificaciones para desurbanizar, desconstruir y renaturalizar, recuperando la funcionalidad ecológica
Fuente: Elaboración propia
A escala global, el conjunto de las propuestas de desurbanización y renaturalización inciden en la mitigación y adaptación al cambio climático, la recuperación de los litorales degradados (recuperación de la funcionalidad ecológica terrestre y marítima), y facilitan la mejora de su biodiversidad. A escala local, las propuestas pueden aportar los beneficios que se obtienen de la naturaleza y los ecosistemas: servicios de abastecimiento de los bienes tangibles y productos (alimentación, minerales, suelo litoral y diversidad genética); servicios regulatorios de ciclos y procesos naturales (generación de lluvias, conservación de especies, control de la erosión y amortiguación de inundaciones); y servicios culturales (de conocimiento y disfrute humano y social) (Greenpeace, 2018). También, a escala local, se puede iniciar una parte de la recuperación de los territorios que presentan problemáticas con actividades para la transición ecosocial. En este sentido, podría fomentarse una socioeconomía circular y de proximidad alrededor de la especialización en conocimiento y obras de cuidado y reparación del territorio, de lo urbano y de la arquitectura. Englobaría actividades comunes, colectivas y trabajos diversos -prácticos y técnicos-, relacionados con la evaluación y la gestión, el seguimiento, la planificación, la redacción de proyectos y la implementación de obras específicas de demoliciones selectivas, tratamientos de residuos y su reutilización, procesos de renaturalización, recuperación de la funcionalidad ecológica, y de las especies de los ecosistemas propios tanto terrestres como marinos, etc.
Un signo de la actualidad de la investigación es que durante el periodo de revisión del presente artículo han salido a la luz –al menos–, tres noticias de casos con problemáticas y controversias muy relevantes que han alcanzado difusión nacional, a los que habrá que hacer seguimiento futuro (unas en contra de la transición ecosocial y otra a favor): el caso de las 3600 viviendas de la playa de Denia que quedan dentro del dominio marítimo terrestre12; el de la suspensión del Reglamento de la Ley de Costas en Formentera13; y los desmontajes de los paseos marítimos de los términos municipales catalanes de Calafell, Vila-Seca, L`Ampolla, Roda de Berá y Tarragona14.
Una vía de investigación práctica abierta es la caracterización de toda la costa entendiendo las problemáticas existentes como controversias ambientales, sociales y económicas, con múltiples agentes humanos y no humanos implicados colectivamente en procesos complejos que se extienden en el tiempo (Latour, 2006; 2023). En esta dirección, y ante los nuevos retos ambientales a los que se enfrenta el planeta -y muchos territorios en concreto-, seguramente hay que replantearse hasta qué punto la planificación actual es útil o no, y permite adoptar planteamientos sistémicos. Ya no basta con planificar para proteger territorios y zonas de alto valor ambiental, o parar el crecimiento, sino que hay que actuar proactivamente en muchos lugares de forma sistémica, y reducir el metabolismo urbano.
Uno de estos casos a tener en cuenta es el de la Ley de Costas: la protección de la ribera marítima no es suficiente, y debiera reflexionarse e investigarse en cuanto a la necesidad de disponer de procedimientos y herramientas proactivas de sanado y recuperación de sus funciones ecosistémicas; apropiadas, por ejemplo, para los casos de estudio que se plantean en el presente artículo. La teoría del decrecimiento y las prácticas postcrecentistas pueden orientar la reducción del metabolismo urbano para recuperar territorios que nunca debieron ser urbanizados.
La investigación, por tanto, abre nuevas vías para profundizar en las justificaciones y propuestas que facilitan la transición ecosocial justa en los territorios turísticos litorales, así como en otros lugares que se encuentran próximos a la saturación por sobreconstrucción. Por todo lo expuesto, la profundización en la categorización de las problemáticas y en sus propuestas de actuación de resolución se hace necesaria en las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo; además de plantearse ya como una cuestión necesaria de ética ecológica.
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Padilla
8. Listado de Acrónimos/Siglas
ICOMOS International Council on Monuments and Sites
MITECO Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
PATIVEL Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral
PIAT Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos
PRUG Planes Rectores de Uso y Gestión
ZEPA Zona de Especial Protección de Aves