Un creciente malestar social ha llevado la vulnerabilidad territorial a las agendas políticas europeas debido a las disparidades en el acceso a las oportunidades, servicios y recursos que forman el bienestar. El desafío de la cohesión socio-territorial se hizo más notorio tras la crisis del capitalismo financiero en 2008, cuando muchas regiones alejadas de los grandes centros urbanos a lo largo del continente profundizaron en su descapitalización juvenil, declive económico y demográfico (Danson y de Souza, 2012; Fischer-Tahir y Naumann, 2013; Kühn, 2015). La percepción de abandono y subordinación a políticas orientadas por intereses ajenos fue generalizándose en estos lugares que parecían haber dejado de importar (Rodríguez-Pose, 2017; Guilluy, 2019) y acabó a menudo proyectada en el apoyo de programas políticos populistas (Mamonova y Franquesa, 2020). Sin embargo, como descubre Walsh (2012) , en los Estados Unidos, esta concienciación rural responde a una experiencia de la desigualdad de mayor calado que su simplificación como “voto del resentimiento”.

La problemática de estas regiones, pequeñas ciudades y comarcas rurales ha sido teorizada por Kühn (2015) como un fenómeno de “periferialización”. Término con el que busca enfatizar su condición de proceso frente al estatismo que sugiere la categoría de periferia. La propuesta se interesa por la dinámica de su configuración como resultado de relaciones económicas, políticas y comunicativas que, por lo tanto, también puede modificarse por los actores sociales.

Exploramos aquí este proceso en una escala local y como producto del distanciamiento y erosión del bienestar rural. Un efecto persistente desde las políticas neoliberales de finales del siglo pasado (Cloke, 1995; Shucksmith y Chapman, 1998; Farrington y Farrington, 2005; Woods, 2005) y extendido ahora durante las crisis recientes donde se contextualiza nuestro análisis. De hecho, las políticas de la austeridad definieron para autores como Milbourne (2016) el modelo de “como serían prestados los servicios sociales y otros servicios públicos en las zonas rurales durante las décadas venideras” (p. 455).

Los criterios de ajuste tuvieron un notable impacto en la infraestructura que conforma el bienestar rural. Particularmente en las economías del sur de Europa, debido a los recortes del empleo público, las políticas sociales y los servicios, así como la reorganización de sus administraciones territoriales (Guillen y Pavolini, 2015; Döner et al., 2020). Sobre este trasfondo, el colapso pandémico posterior ha requerido desplegar una cobertura social urgente sin reducir las disparidades. Y su excepcionalidad ha reforzado además otras lógicas, como la aceleración de la digitalización y desmaterialización de la forma de provisión de los servicios, que mostraban un prematuro abandono del mundo rural (Alloza et al., 2021). La exclusión financiera, por ejemplo, afecta a más de la mitad de los municipios españoles (Posada, 2021).

Los principales desafíos que presenta la vulnerabilidad rural aparecen indisolublemente interrelacionados con el bienestar y la accesibilidad. La comunicación de la Comisión Europea A long term Vision for EU Rural Areas Report, basada en una consulta pública específica, subraya la accesibilidad como el mayor problema, mencionada por el 44% de la población entrevistada (European Commission, 2021, p. 3). Al menos 1 de cada 5 personas entrevistadas percibía el acceso a la salud, los cuidados, la formación y los servicios como la mayor desventaja de estos territorios. Es decir, las dificultades para disfrutar, como especificaba la propia Comisión en otro documento, de “todos aquellos servicios y actividades que representan equipamientos comunes para los habitantes de los centros urbanos (como escuelas, hospitales, instalaciones deportivas y culturales” (European Commission, 2008, p. 5).

Además, el distanciamiento del empleo, los servicios y las oportunidades requiere una creciente necesidad de hibridar la vida rural con los centros urbanos y se acompaña de una continua intensificación del uso del automóvil (Osti, 2010; Oliva, 2010; Milbourne y Kitchen, 2014). Los desplazamientos y las distancias recorridas se multiplican a la vez que la dependencia del coche emerge como una línea de especial interés para estudiar la desigualdad (Mattioli, 2017; Brovarone et al., 2021; Camarero y Oliva, 2021).

Sin embargo, en la mayoría de las políticas rurales, este papel que juega la movilidad en el acceso y la provisión del bienestar permanece todavía relativamente invisibilizado. Incluso para la sociología, como recordaba Urry (2007) , la movilidad ha sido tradicionalmente una suerte de “caja negra”. Una zona de sombra que el paradigma de las movilidades trata de iluminar para dar cuenta de la coerción que ejercen en la producción material de la vida social y el territorio. Esta perspectiva, “nos fuerza a prestar atención a la organización económica, social y cultural de la distancia, y no simplemente a los aspectos físicos del movimiento” (Urry, 2007, p. 54).

El objetivo de este trabajo es analizar y comprender las relaciones socio-territoriales que emergen de esta combinación de crisis y cambios rurales acumulados durante las últimas décadas. Profundizamos para ello sobre su impacto en los entornos locales concretos que afrontan los riesgos de convertirse en periferias. La experiencia social de los grupos que conviven con este distanciamiento del bienestar es una fuente de información primordial para entender cómo se configura la vulnerabilidad rural. Nuestra aproximación busca dar cuenta además de las racionalidades con las que operan la marginación socio-territorial y la concienciación de la desigualdad a partir de los trabajos de campo desarrollados en dos comarcas navarras representativas de la ruralidad remota (Pirineo) y la ruralidad peri-urbana (Zona Media). Fundamentada en los estudios rurales, la investigación aborda esta realidad que no encaja bien en los presupuestos modernos del ciudadano medio y acaba siendo continuamente relegada a una fragilidad periférica.

En la sección siguiente discutimos las líneas de análisis que permiten examinar la brecha rural y la vulnerabilidad socio-territorial. Consideramos después la erosión sufrida por el bienestar en las áreas rurales y sus relaciones con la movilidad. A continuación, se presentan la estrategia metodológica adoptada y los contextos de observación seleccionados como casos de estudio. Los apartados siguientes muestran la batalla contra la erosión de los servicios locales y la mediación que ejerce la movilidad privada en el acceso y provisión del bienestar. Finalmente, las conclusiones reflexionan sobre los resultados y sugieren incorporar una visión más amplia del riesgo que guardan estos desequilibrios en las políticas rurales.

Periferias socio-territoriales de la brecha rural

El Estado del Bienestar constituye algo que usualmente damos por hecho, lo que nos impide apreciar el amplio despliegue que adquiere en la vida cotidiana (Milbourne, 2010). Solo cuando se presenta incierto o cuestionado, como ocurrió durante las últimas crisis, vislumbramos su importancia. Pero, más allá de los debates sobre la naturaleza (Marshall, 1965, Rawls, 1971) y peculiaridades adquiridas en los diferentes países, sus prioridades fueron considerablemente redefinidas por el neoliberalismo desde finales del siglo pasado (Peck, 1998, 2001; Esping-Anderson, 1990; Pieterson, 1998) con fórmulas que inspiran luego las políticas de la austeridad implementadas tras la crisis de 2008 (Martinelli et al., 2017).

Como advierte Milbourne (2016) , muchos países no regularon el sector financiero, pero recortaron las políticas sociales y sustituyeron los discursos sobre la culpa de las élites financieras por otros que repetían la insostenibilidad del Estado del Bienestar. Los programas se convirtieron así “en proyectos morales y políticos que reformulaban los derechos y responsabilidades” (Milbourne, 2016, p. 7). Esta presión para abaratar los costes del trabajo, el gasto social y reorganizar las administraciones territoriales (Guillén y Pavolini, 2015) tuvo una amplia repercusión sobre los poderes locales, que forman la primera línea de provisión de los servicios (Matthies et al., 2011; Clelland, 2021).

Su trascendencia en el mundo rural no puede entenderse, sin embargo, obviado las debilidades previas que ya ofrecían estas sociedades en algunos países (European Commission, 2008) y reflejaban sus envejecidas estructuras demográficas, el peso de los trabajadores descualificados y la baja calidad del empleo (European Commission, 2011b; European Observation Network for Territorial Development and Cohesion [ESPON], 2017; Congress of Local and Regional Authorities, 2017; European Commission, 2021). En el sur de Europa, esta fragilidad era aún más elocuente, con Grecia y España encabezando los índices de población rural en riesgo de pobreza de la antigua Unión de los 15 (European Commission, 2011a).

La condición periférica de muchos territorios a lo largo de toda Europa se relaciona entonces con círculos de causación acumulativa derivados de las desinversiones, las migraciones selectivas y la precarización laboral (Danson y de Souza, 2012; Fisher-Tahir y Naumann, 2013). En las áreas rurales estos procesos se asocian con el modelo neoliberal de la desagrarización y el apoyo a los programas politicos populistas (Mamonova y Franquesa, 2020), la problemática de las “periferias interiores” y el planeamiento de la accesibilidad (Brovarone, 2022), así como las desiguales estructuras regionales de oportunidades (Bernad et al., 2023).

Nos interesa destacar aquí la discusión desarrollada por Kühn (2015) sobre las categorías de periferia y periferialización, para sugerir el enfoque abierto de la segunda pues “los procesos dinámicos a través de los cuales emergen realmente las periferias se convierten en el foco de atención” (Kühn, 2015, pp. 3-4). Este planteamiento permite explorar la configuración de las periferias rurales como proceso, atendiendo a los mecanismos que concurren en su formación en una escala local y como efecto del distanciamiento del bienestar. Es decir, como resultado de la erosión de las oportunidades, recursos y servicios que precede y acompaña la despoblación. Algo que requiere reconocer, por un lado, su condición política como proceso social y, por otro lado, visualizar las dinámicas subyacentes en estas formas de exclusión y desconexión.

En el caso español, una parte del coste de la austeridad fue trasladada a los municipios mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, que eliminaba servicios considerados “impropios” o “duplicados” según la racionalidad del ajuste económico. Se impedía además la creación de nuevas entidades municipales y la remuneración de los alcaldes en municipios menores de 1.000 habitantes. De forma paralela, los poderes regionales extendieron además los recortes a los servicios de urgencias, centros de salud y escuelas rurales. Y rebajaron las transferencias de financiación municipal aplicadas con un sentido finalista a una amplia variedad de servicios sociales (casas tuteladas de mayores, centros de día, empleo social, escuelas infantiles, taxis adaptados, autobuses oncológicos y escolares, etc.). Los servicios privados se unieron a esta retirada y desmantelamiento de la infraestructura del bienestar rural. Por ejemplo, el cierre de oficinas bancarias incrementaba los municipios rurales excluidos del servicio desde el 48% en 2008 hasta el 59% en 2020 (Banco de España, 2021, p. 285), plasmándose el distanciamiento en otros más mediante una reducción de horarios y días de apertura, la sustitución de oficinas por cajeros o por banco-buses itinerantes.

Las poblaciones rurales no fueron receptoras pasivas de los recortes y dieron lugar a continuas movilizaciones y resistencias (Farmer et al., 2011; Sanz y Oliva, 2020). Como explican Farmer et al. (2011), cuando las poblaciones rurales protestan porque pierden una enfermera lo hacen porque con ello se disuelven también todo un conjunto de recursos implícitos de acceso a la salud, capital humano y vitalidad local. El desmantelamiento y alejamiento del bienestar rural supuso, por ejemplo, la desaparición de numerosos empleos municipales (educadores, técnicos, agentes culturales, trabajadores sociales, retenes de incendios), así como de potenciales residentes locales.

Estas disparidades subyacentes en la brecha rural y que se presentan como déficits de acceso a la educación, la salud o al empleo (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2006; Committee of the Regions, 2014) pueden analizarse como una versión minorada de la ciudadanía (Camarero y Oliva, 2019). En conjunto refieren, como explican Shucksmith et al (1994) “la incapacidad de los individuos o de los hogares de participar en estilos de vida abiertos a la mayoría” (p. 345). Una condición que los autores vinculan con la exclusión porque no resulta del propio individuo, como daba a entender el replanteamiento neoliberal del bienestar, sino de las relaciones de poder estructuradas en el territorio. Es necesario por tanto examinar más detenidamente qué significa este distanciamiento del bienestar y cómo caracteriza la fragilidad actual del mundo rural.

Distanciamiento del bienestar y movilidad rural

Las diferentes configuraciones socio-técnicas del territorio y las infraestructuras tienen una función relevante en la producción de las periferias socio-territoriales. El análisis de Graham y Marvin (2002) en esta línea demuestra como la devaluación del paradigma de infraestructuras moderno, donde resonaba la idea de unos servicios extendidos como una red capilar a todo el territorio y la sociedad, ha dado paso a otro modelo fragmentado y privatizado (trenes rápidos, peajes de acceso, conexiones premium), que desconecta los grupos y espacios redundantes. Su perspectiva ofrece una óptica especial para entender la vulnerabilidad rural y la exclusión que supone la incapacidad de ciertos grupos y territorios para equipararse con las accesibilidades que predominan en el momento (Cass et al., 2005).

Poner el foco en la producción material del territorio facilita la comprensión de los riesgos de marginalización de las poblaciones rurales bajo los criterios de eficiencia del mercado. Como observan Salemink et al. (2017) en relación con las políticas implementadas para desarrollar la conectividad rural a internet, “los gobiernos solo han podido reaccionar a los desarrollos del mercado y la sociedad, en lugar de anticiparlos (…) y definir las nuevas tecnologías como servicios públicos” (p. 367). Los estudios del Banco de España revelan en este aspecto un paisaje de disparidades sin parangón en Europa (Posada, 2021; Alloza et al., 2021) y solo el 50% de los hogares rurales disfrutaba de una conectividad de banda ancha frente al 87% de la media europea (European Commission, 2021, p. 5).

El aspecto que mejor sintetiza la disparidad rural y los costes que supone el apartamiento del bienestar es la necesidad de desplazarse para acceder a los servicios básicos. Por ejemplo, en el caso de las áreas rurales españolas supone recorrer una distancia media de 12,4 kilómetros frente a los 7,6 en las francesas o los 4,7 de las italianas (Alloza et al., 2021, p. 8 ).

Como enfatiza Cresswell (2014) , en el mundo supuestamente uniforme de la interacción espacial nos encontramos, con “la fricción de la distancia” (p. 109) y las políticas que regulan selectivamente sus efectos. Estas relaciones desiguales con la distancia han llevado a considerarla un actor determinante de los escenarios rurales (Young, 2006), donde a menudo coexisten las conexiones globales de las cadenas productivas con las desconexiones locales de grupos y lugares secundarios.

Pero estos efectos del distanciamiento del bienestar y la fricción de la distancia necesitan visibilizarse. Por ejemplo, afloran con nitidez en los trabajos que descubren fenómenos como la “pobreza de salud” característica de las áreas rurales debido a las limitaciones del transporte público, la escasez de servicios y personal sanitario, así como la brecha digital (Manthorpe y Livsey, 2009; Douthit et al., 2015). Y también se ilustran por el efecto denominado como “declive de la distancia”, por el que disminuye la búsqueda de ayuda cuando se perciben alejados los servicios (Manthorpe y Livsey, 2009, p. 17). Como consecuencia, en las áreas rurales, “los problemas de transporte, el acceso a los servicios y el aislamiento social se consideran más importantes en la experiencia de la marginalidad que en las zonas urbanas” (Clelland, 2021, p. 162 ).

Los estudios rurales identifican esta pobreza que no cuadra con las políticas diseñadas desde los criterios generalistas urbanos (Cloke, 1995; Farrington y Farrington, 2005) y que resulta más vulnerable frente a los procesos que analizamos. Al contrario que en las ciudades aquí la pobreza, como resume Milbourne (2016) , “permanece en gran medida oculta en el tejido físico, político y sociocultural del espacio rural“ (p. 452). En estos territorios se presenta dispersa, aislada y sus perfiles sociológicos se asocian no tanto con el desempleo como con la precariedad laboral, las personas mayores viviendo solas y la pobreza de accesibilidad.

La pobreza rural aparece así ligada de manera estratégica con la movilidad, en cuanto capital social (Kaufmann et al., 2004) que permite hibridar la residencia local con las oportunidades y servicios distanciados. Pero este capital también acaba erosionándose, como ocurre cuando las personas mayores que dejan de conducir, pierden autonomía y pasan de constituir un activo de movilidad familiar a convertirse en demandantes de cuidados y desplazamientos (Ahern y Hine, 2015; Sanz y Oliva, 2021).

En el mismo sentido, la relevancia que adquiere la movilidad para la inserción profesional de los jóvenes rurales ha sido destacada por Binder y Matern (2020) como “una importante piedra angular del daseinsvorsorge (aseguramiento de la existencia)” para estos grupos en Alemania. Y Black et al. (2019) descubren la fragilidad de sus proyectos vitales bajo el deterioro del transporte público rural con los recortes en el Reino Unido, que remiten finalmente a los recursos familiares y suponen así un “impacto secundario de la austeridad” (p. 273) derivado de la clase social.

La dependencia del automóvil que presenta la población rural (Mattioli, 2017; Brovarone et al., 2021) condensa de manera paradigmática su separación periférica del bienestar. Y como recurso predominantemente privado, añade una exclusión y desventaja definidas por la “pobreza de movilidad”. Una cuestión que suscita un interés especial en las instituciones comunitarias europeas, donde se reclama más investigación sobre las interrelaciones entre pobreza, desigualdad y movilidad rural para diseñar políticas realmente efectivas (Kiss, 2022).

Unas políticas de cohesión socio-territorial eficaces requieren estudiar estos procesos en los escenarios concretos de riesgo, perfilando mediante trabajos de campo los grupos vulnerables y cómo se articulan las dinámicas que dan forma a la periferia como proceso de marginalización. Como sugería Bertaux (2005) en sus recomendaciones para el análisis etno-metodológico, cuando uno de estos patrones aparece de manera recurrente en la investigación, llegamos a la necesidad de nombrarlo y así “se le distingue del segundo plano donde se entremezclan demasiados procesos, se le hace nacer y aparecer en el discurso sociológico, se le transforma en objeto de pensamiento” (Bertaux, 2005, p. 111).

Aproximación metodológica

La información analizada ha sido producida con dos proyectos del Plan Estatal de I+D+i que combinan el estudio de las políticas rurales con trabajos de campo en las dos comarcas que forman nuestros casos de estudio en Navarra (Figura 1). Por un lado, el proyecto MOVIDIVERSOS (CSO2012-37540) exploraba el papel de la movilidad en la resiliencia de las áreas rurales durante las políticas de austeridad. Por otro lado, el proyecto RURAL ACCESS (PID2019-111201RB-I00) examina la brecha rural en el acceso al bienestar durante los años de la pandemia.

La aproximación metodológica adoptada integra varios momentos. Primero, fueron identificadas unas tipologías de escenarios (ruralidad remota, ruralidad peri-urbana) como contextos de observación de la vulnerabilidad socio-territorial. Sus características fueron contrastadas en sesiones especiales de congresos internacionales y seminarios con agentes sociales e institucionales durante el primer proyecto que, junto al Pirineo, desarrollaba trabajos de campo también en la Gran Vega del área metropolitana de Sevilla y la freguesía de Sao Jacinto en la conurbación de Aveiro (Portugal). Estos análisis facilitaron la selección del escenario de la “ruralidad peri-urbana” en Navarra, concretado en la comarca de la Zona Media, al sureste de la capital regional. Los contextos de observación fueron por tanto intencionalmente elegidos por su significación para analizar la vulnerabilidad socio-territorial. La Tabla 2 en la sección siguiente presenta algunos indicadores elaborados para esta investigación que resumen su adecuación a este objetivo.

En segundo lugar, los trabajos de campo se desarrollaron a partir de entrevistas semi-estructuradas presenciales y buscando completar muestreos cualitativos de forma iterativa hasta lograr la saturación estratégica, alcanzada en cada caso después de una veintena de entrevistas. La Tabla 1 resume las características generales de los trabajos de campo y el Anexo final las relaciones de personas entrevistadas. Los guiones fueron aplicados mediante preguntas abiertas y una actitud de escucha que ha facilitado entrevistas con una duración de entre 50 y 90 minutos, realizadas en los hogares y lugares de trabajo de las personas seleccionadas, espacios cedidos por los ayuntamientos y la Universidad Pública de Navarra.

El examen del corpus de entrevistas se inspira en el análisis sociológico del discurso (Ibañez, 1985; Alonso, 1998) habitualmente empleado en los estudios rurales (González et al., 1985; Gray et al., 2006; Walsh, 2012) y los criterios etnometodológicos sugeridos por Bertaux (2005) , donde la investigación de campo construye un modelo interpretativo de los fenómenos observados en una elaboración conjunta de hipótesis y conceptos.

Las entrevistas a personas expertas e informantes clave (alcaldes, técnicas de los servicios sociales de base, maestras y profesoras, agentes de desarrollo, personal de los servicios de salud, trabajadoras familiares, etc.) recaban visiones especializadas, verifican observaciones del análisis y aquellas procedentes de las visitas de campo. También identifican grupos vulnerables, los efectos del impacto de las crisis, y el desempeño profesional en los servicios del bienestar (disfunciones, limitaciones, improvisaciones necesarias en el día a día). Por su parte, los perfiles sociológicos elegidos según las características familiares, condiciones generacionales y de género (hogares con dependientes, mayores, trabajadoras pendulares, personas migradas), revelan en sus narrativas la experiencia del distanciamiento del bienestar, las percepciones sociales de la marginalización y de los derechos al bienestar.

El muestreo estratégico considera intencionalmente criterios de hábitat para garantizar suficientes entrevistas en municipios pequeños (menores de 200 habitantes en el Pirineo y de 500 habitantes en la Zona Media). La contactación fue realizada a través de las redes sociales del equipo de investigación en las zonas de estudio, la metodología de bola de nieve y cartas presentando del proyecto. Se realizaron entrevistas en un total de 22 municipios: Abaurrea Alta, Urzainki, Aria, Vidangoz, Burgui, Esparza, Jaurrieta, Izal, Ochagavía, Roncal, Isaba y Espinal para el caso de estudio del Pirineo y Artariain, Amatriain, Caparroso, Carcastillo, Leoz, Olite, Miranda, Pitillas, Tafalla y Ujué para el caso de estudio de la Zona Media.

El tratamiento de la información cualitativa se inspira en la sistemática procedimental de la investigación fundamentada (Glaser y Strauss, 1967) (codificación, análisis comparativo recurrente), pero sin asumir necesariamente los presupuestos de una realidad objetiva externa. El procedimiento de codificación incluye una combinación de operaciones inductivas y deductivas. El primer trabajo de campo había identificado previamente procesos que buscaron verificarse en el segundo (perfiles vulnerables, estrategias familiares, usos de la movilidad cotidiana, etc.). Y cuestiones emergentes en este último trabajo de campo sobre la experiencia de la brecha rural y el acceso al bienestar fueron rastreadas y recodificadas en las entrevistas del primero. Para asegurar la fidelidad de los verbatims se realizaron transcripciones literales, revisadas con la escucha del audio. El etiquetado de códigos fue aplicado prestando especial atención a los fragmentos significativos de la conversación, expresiones y conceptualizaciones ‘emic’, anécdotas que podían estudiarse como analizadores y explicaciones con especial poder ilustrativo. Mediante sucesivas lecturas fue organizada una recodificación posterior más selectiva, orientada a visibilizar patrones de procesos y categorías interpretativas (Figura 1).

Figura 1 Procedimiento de codificación, ejemplos y categorías interpretativas

Contextos de observación (casos de estudio)

Los contextos de observación responden unas tipologías de escenarios vulnerables que pueden sintetizarse como ejemplos de la “ruralidad remota” y la “ruralidad periurbana”. Su contrastación con otras experiencias internacionales fundamenta la consistencia de una casuística del riesgo y la fragilidad que resumen los indicadores elaborados para la Tabla 2 siguiendo la delimitación comarcal que establece la Ley de Reforma de la Administración Local de Navarra de 2019.

Fuente: Mapa_físico_de_Navarra CC WIKI. Gobierno de Navarra. Elaboración propia.

Figura 2 Localización de los casos de estudio: comarcas de Pirineo y Zona Media

Las batallas cotidianas contra la marginalidad

La fragilidad socio-territorial exige librar una contienda permanente contra los criterios de eficiencia del mercado y las racionalidades del planeamiento en los procesos de producción del espacio (Lefebvre, 2013). Sus definiciones de la periféria, sustentadas por lógicas económicas y el peso demográfico, son confrontadas con una resistencia local habitual. En nuestro ámbito de análisis, los propios documentos regionales de diagnóstico, como las Observaciones Territoriales de Navarra, reconocen la problemática cuando se cuestionan, “¿Cómo reaccionaría la población ante una posible fusión o absorción de municipios? ¿cómo se debería transmitir esa necesidad?” (Gobierno de Navarra, 2011, p. 29).

El riesgo de profundizar en una condición periférica es la principal amenaza que encaran los territorios que ya vislumbran su despoblación. Las narrativas recabadas en el Pirineo, por ejemplo, advierten del peligro de convertirse en una ruralidad fantasmal, con pocos residentes permanentes y cada vez más monitorizada a distancia debido a la privatización y recentralización de servicios. En la Zona Media, se destacan procesos que configuran reiteradamente las zonas alejadas de la autopista como intersticios redundantes donde declina el interés por cubrir el último tramo de las infraestructuras: “estamos metidos como en una especie de agujero, entonces, muy mal, no hay nada de cobertura en el pueblo” (ZME09). Como explicaba el alcalde de un municipio excluido de la red de gas y del cableado de banda ancha de internet, estas áreas forman “lo que llamo yo el ‘codo’ [menciona tres municipios]” (ZME19). Los mismos donde una nueva remodelación de las urgencias médicas fuerza a sus vecinos a desplazarse hasta otro, en dirección opuesta a la autopista que lleva finalmente a los hospitales y especialidades en la capital: “es ilógico (…) lo único que haces es descorrer kilómetros” (ZME19). La escasez de empleos y vivienda se complementa con la retirada de los servicios y las desconexiones, reduciendo dramáticamente su capacidad de retener a la población joven y los empleados públicos en la comarca. El director de un instituto, con más de una treintena de docentes, confirmaba: “todos los años se cambia el 70% de los profesores” (ZME12).

Estas batallas cotidianas contra la marginalidad se presentan como una lucha abundante en fracasos. Como recordaba el anterior entrevistado: “hay una figura de Educación que es “centro de difícil provisión”. Entonces, los profesores [interinos] firman para tres años (…) lo hemos solicitado varias veces y nos lo han negado” (ZME12). En el Pirineo fueron concentradas en un solo centro la educación infantil, primaria y secundaria de cada valle. En las subáreas mencionadas de la Zona Media se cerraron escuelas en tres municipios y otros dos consiguieron mantenerlas con la llegada en el último momento de familias migradas de otros países.

Pero la contienda también se ilustra con toda una variedad de situaciones, donde las personas empleadas en los servicios públicos recurren a los medios de comunicación para visibilizar las deficiencias y disfunciones del bienestar en su zona. Para que se dote con un espacio propio al consultorio médico (entonces compartido con la sociedad recreativa) (PNE10), incorporar una cuidadora al autobús de la concentración escolar en la montaña (PNE17) o reclamar la construcción del nuevo edificio prometido de la escuela (PNE06).

Los trabajos de campo revelan, por otro lado, dinámicas de causación acumulativa que concentran la vulnerabilidad en ciertos grupos sociales y territorios. Como descubren las investigaciones en otras partes de Europa, la cualificación profesional de los grupos juveniles en estos entornos supone una transición condicionada por la falta de opciones locales y la ausencia de un transporte público efectivo, lo que requiere asumirla desde las desiguales oportunidades que brinda la clase social. Aquellas personas sin recursos familiares, resume una trabajadora social, “se quedan en tierra de nadie (…) si no tienen un poder adquisitivo, eh, no tienen opción” (ZME22). En estas zonas arrinconadas, convertidas en intersticios, “codos” y “tierras de nadie” el bienestar se devalúa como un cierre de horizontes. Como ilustraba el Director del instituto mencionado respecto a estas limitadas opciones de formación postobligatoria en la zona, “ahí ha estado sentada una niña, por ejemplo, que quiere hacer cuestiones artísticas, y es absolutamente imposible. Porque claro, o te vas a vivir a Pamplona (…) pero necesita…, vale mucho dinero” (ZME12).

Donde la indignación proactiva evidencia una concienciación rural más arraigada de los derechos y desigualdades territoriales, y por tanto se hace más visible el malestar, es en relación con la atención sanitaria y la escuela. Ambos servicios funcionan como catalizadores y referentes que movilizan contra la erosión del bienestar local. El ejemplo más significativo en los casos de estudio fue sin duda la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada desde la comarca del Pirineo contra la reforma regional de las urgencias sanitarias rurales en 2013. Un decreto del Gobierno de Navarra que reducía de 40 a 17 los centros de atención regionales manteniendo en los valles pirenaicos orientales un solo equipo localizado. Los ayuntamientos y profesionales sanitarios en la zona promovieron entonces una proposición de ley de mínimos que recibió el apoyo de 170 municipios navarros. Y aunque no fue aprobada por el Parlamento autonómico, sí consiguió derogar la reforma, cambiando también la percepción social e institucional de la problemática sobre el bienestar rural.

Los criterios y discursos técnicos del decreto eran confrontados con los condicionantes comprobados en el desempeño profesional de los servicios de salud y las singularidades del territorio: “particularidades de una zona del Pirineo, donde tenemos una carretera, pues eso, de montaña, donde la climatología muchas veces nos impide hacer lo que queremos, donde los estándares, no vale decir 15 kilómetros, me cuesta llegar 5 minutos” (PNE10). Los promotores de la ILP contextualizaban además los riesgos de la vulnerabilidad socio-territorial en la imporante casuística de patologías crónicas y tiempo-dependientes (ictus, infartos), que se combina con un hábitat disperso y la mayor tasa de sobre-envejecimiento regional. Como explicaba un médico local: “decían, no, como son poblaciones muy pequeñas y la probabilidad y las estadísticas están ahí (…) pues volvemos a la guardia localizada. Y dices ¿y dónde está la equidad?” (PNE15).

Más tarde, la pandemia acabó evidenciando las debilidades estructurales consolidadas en estas periferias rurales por las bajas tasas de reposición en los servicios públicos durante las políticas de austeridad. Y con el nuevo escenario sobrevenido de crisis sanitaria, la prolongada sustitución de la presencialidad en los servicios de salud por una atención telefónica y telemática, llevó a la movilización de los municipios de la Zona Media. Se reclamaba en esta ocasión recuperar los horarios, la prestación en los consultorios locales y mantener las urgencias nocturnas en la cabecera comarcal: “ese fue el motivo de la protesta (…) les quitan días y a nosotros nos quitaban horas, [pero] tenemos una población envejecida que tienen que ir mucho al médico” (ZME19).

De forma paralela, la digitalización de numerosos servicios (banca, atención sanitaria, tramitación de ayudas…), acelerada durante los años de la pandemia, venía a reforzar la percepción de una progresiva desmaterialización y distanciamiento del bienestar rural. Y su impacto hizo aflorar también entonces la pobreza aislada y dispersa en el territorio, ahora visibilizada por estos procesos de exclusión. Como resumía una trabajadora social en relación con la multiplicación de las tareas de atención y mediación que supuso este doble impacto de la brecha digital: “el trabajo que estamos teniendo en Servicios Sociales es este: atender a personas que tienen dificultades para acceder a servicios” (ZME08).

La movilidad como mediadora del bienestar rural

En los paisajes de servicios y oportunidades distanciadas como los que analizamos, la participación del bienestar aparece sustancialmente condicionada por la movilidad. Las limitaciones del transporte público reducen además esas posibilidades a la disponibilidad de un automóvil personal o familiar. De hecho, sin esta consideración, los programas sociales adquieren fácilmente una deriva excluyente. Una trabajadora social advertía sobre este aspecto en relación con la necesidad de centros para personas mayores y dependientes que suelen localizarse en las cabeceras comarcales, “centro de día, pero con transporte (…) porque si tiene que haber un familiar específicamente para llevarlo y traerlo, pues muchas veces, eso es inviable” (ZME05).

Las personas expertas entrevistadas identifican repetidamente aquellos perfiles inmovilizados, con una movilidad dependiente o que sufren una pobreza de movilidad en las personas mayores, las mujeres que no conducen, jóvenes sin recursos y familias migradas. Unos colectivos que no participan de oportunidades equiparables con el resto: “Igual tienen una combinación de ida a las 7 de la mañana y para volver tienen otra a las 8 de la tarde. Entonces, una persona, por ejemplo, que tenga aquí una cita médica, pierde todo el día (…) con el desgaste físico que eso conlleva” (ZME22). No disponer de un coche puede limitar, por ejemplo, las posibilidades de beneficiarse de algunos programas sociales, como ilustraba una trabajadora social en relación con una bolsa de empleo protegido: “tenemos una bolsa de servicio doméstico y lo tenemos muy complicado para cubrir (…) en las zonas más rurales (…) tiene que tener una disponibilidad muy, muy, muy abierta, (…) coche, carné de conducir” (ZME05). En un sentido similar, una trabajadora familiar contratada por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que se desplaza a distintos municipios, explicaba las dificultades para prestar un servicio condicionado por la dispersión poblacional, la orografía y el uso obligado del propio coche: “según que dependencia están marcadas unas horas de cuidados (…) para acceder a todos los pueblos, perdemos un tiempo en desplazamientos (…) Y luego, las carreteras no son muy [buenas]” (ZME08).

Esta “pobreza de movilidad” también abre las puertas a la “pobreza de salud” (Douthit et al., 2015) y los efectos del “declive de la distancia” (Manthorpe y Livsey, 2009). Dependiendo de las cargas y composición del grupo familiar, el acceso a los servicios puede requerir incluso la participación de varios equipos y conductores. Como apuntaba la entrevistada de la asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (ANFAS), respecto a las dificultades de las familias rurales para acceder a los cursos y actividades en la cabecera comarcal, requiere: “estar todo el día en la carretera, con lo que supone para el niño, con lo que supone para los padres, porque es, es agotador (…) muchas veces tienen que dejar el trabajo, lo tienen que traer los abuelos” (ZME23). En este sentido, el envejecimiento demográfico constituye un notable desafío a medio plazo para el bienestar rural. La creciente necesidad de desplazarse por unos grupos que pierden progresivamente su autonomía (cuidados, revisiones médicas, compra de medicamentos) conlleva, cuando la red familiar no existe o no está presente, un impacto importante como “declive de la distancia”.

El personal de los servicios públicos en estos territorios aparece frecuentemente forzado a una relación especial con la movilidad. Debe aprender, por un lado, a resolver en el día a día la variedad de imprevistos en los que se manifiesta la pobreza de movilidad. Se describen, por ejemplo, llevando medicinas desde la farmacia en otro municipio para las familias asistidas, transportando en su coche cursillistas de programas sociales o pacientes al centro de salud en la cabecera comarcal. Una enfermera expresaba la necesidad de planificar cuidadosamente las citas de especialidades médicas en la capital para aquellos perfiles vulnerables que solo disponen de la frecuencia del autobús de línea: “tenemos que manejar mucho las horas (…) los mismos profesionales ya lo hemos asumido, ya sabemos qué persona no va a poder ir con su coche porque no lo tiene” (PNE10). Por otro lado, esta mediación que establece la automovilidad condiciona considerablemente la provisión de los servicios en entornos dispersos e incluso el propio desempeño profesional puede requerir su intensificación. Como enfatizaba una entrevistada en la montaña pirenaica: “en un estudio que se hizo, soy la segunda (…) enfermera que más desplazamientos hago de Navarra” (PNE10).

Para los grupos juveniles que viven en estas periferias socio-territoriales el acceso al automóvil conlleva un cambio radical en su horizonte de oportunidades y posibilidades de arraigo. Los perfiles entrevistados subrayan esta transformación que supone manejar la distancia, hibridando la vida local con las oportunidades y recursos urbanos (PNE07, ZME09, ZME10, ZME15). Una transición desde la experiencia del adolescente atrapado en pequeños entornos sin conexión considerados como “prisiones” en algunas de sus narrativas, a la nueva accesibilidad e independencia ganadas con el coche personal. Se supera entonces una movilidad dependiente que debe adaptarse al transporte público saliendo de casa con mucha antelación, esperando transbordos de autobuses en las cabeceras o el único servicio para regresar de la ciudad, así como la disponibilidad de padres o familiares para participar en actividades extraescolares y de ocio. Como recordaba una entrevistada sobre su etapa formativa que requería desplazamientos continuos a la capital: “Cansa, y dices, (….) podría dar mucho mas de mí, pero no tengo tiempo físico” (ZME09). Otra joven graduada reiteraba sobre su etapa tras acabar la universidad: “todas las entrevistas de trabajo (…) siempre están, está todo en Pamplona y me tengo que mover todo el rato. Entonces, cuando no tenía el coche era todo bastante, (…) tienes que salir de casa, pues seis horas antes [para llegar en transporte público]” (ZME15).

Solo recientemente, se ha desarrollado un plan en la Zona Media para atender con un servicio de mínimos a más de una docena de localidades que carecían de transporte público (líneas troncales, radiales, a demanda) (ZNE07) pues, las empresas contratistas del transporte regular en la región habían mantenido un derecho preferente sobre las nuevas líneas (PN19). Pero también las autoridades municipales ensayan fórmulas no convencionales como la subvención de taxis a demanda o el Servicio de Atención a Domicilio en la Valdorba (ZME08). En el Pirineo algunos servicios itinerantes privados (peluquería, podología, o fisioterapia) adquieren protagonismo, como la cooperativa Eutsi, que proporciona servicios para la población mayor con talleres en los pueblos y la disponibilidad de traslados en coche para quienes presentan dificultades.