El Desarrollo Local (endógeno)

Las transformaciones del modelo de DL valenciano, pueden observarse en la siguiente tabla (Tabla 1):

Si bien a mediados del siglo pasado (1955) existía en España la figura de los Agentes de Extensión Agraria, como responsables de dinamizar el territorio desde el punto de vista sectorial, es ante la crisis económica y de reestructuración productiva de los años 70 y 80 cuando empieza a promoverse el interés por la cuestión del desarrollo socioeconómico desde lo local. En dicha época, las actuaciones de control de los desequilibrios macroeconómicos articuladas “desde arriba” (inflación, déficit público, de balanza de pagos), demuestran su ineficacia frente a los problemas de estancamiento y desempleo, y su incapacidad para lograr la equidad, al generar desigualdades territoriales por la agrupación de las inversiones públicas en los polos de desarrollo (Calvo, 2011, Calvo et al., 2017; González y Micheletti, 2021).

Esta incompetencia genera formas alternativas de entender los procesos de desarrollo. Siguiendo el referente del Reino Unido, Francia o Italia, la perspectiva “macro” deja paso a la “micro”, y los entes locales implementan actuaciones para contrarrestar los efectos de la crisis, impulsando la creación de empresas y el fomento del empleo, originando el modelo de DL actual (Pérez, 2005; Carboni y Orazi, 2020).

El concepto de “desarrollo local” puede entenderse como la “participación local en el desarrollo económico global” (p. ej. atracción de multinacionales al territorio, grandes estructuras y equipamientos, etc.) o como el “desarrollo económico local con proyección global”, fomentando la innovación y el emprendedurismo para facilitar el acceso de la producción local a los mercados globales (p. ej. turismo, denominaciones de origen, etc.), que es la tendencia predominante los últimos años (Estela, 2012). Pero también como “desarrollo endógeno”, la dimensión más sostenible en la escala local, que puede definirse como:

Estas estrategias endógenas tienen una perspectiva alternativa a la de las políticas asistenciales, constituyen una vía emergente para abordar de manera eficaz los procesos de DL (Esparcia, 2009) y para responder a los diferentes desafíos de los territorios (Pérez y Lutsak-Yaroslava, 2017). Primero, diseñando respuestas imaginativas al problema del paro, entre las que se incluyen las “iniciativas locales de empleo” y, posteriormente, elaborando estrategias de DL que ofrecen nuevos horizontes de promoción a sus comunidades (Salom et al., 1999).

Para ello, revalorizan el territorio como el principal activo, entendido como un elemento dinámico para asegurar unos sistemas productivos locales competitivos y duraderos (Pérez y Lutsak-Yaroslava, 2017; Avalem Territori, 2018; Hermosilla, 2020). Pretenden así un cambio estructural del tejido económico local, en el nivel “micro”, en un enfoque de “abajo a arriba” que devuelve el protagonismo a la ciudadanía para conducir su propio desarrollo (Alburquerque, 2002; Moltó y Hernández, 2002; Esparcia, 2009), interpretando el desarrollo de lo local como algo integral, integrado e integrador (Calvo, 2011).

Desde esa perspectiva, para comprender las tendencias del mercado de trabajo y realizar políticas coherentes con las mismas es “fundamental” considerar la dimensión territorial, para permitir el ajuste necesario entre las necesidades del territorio y la oferta de actuaciones que se planteen (Avalem Territori, 2018). Sobre esta base pueden identificarse los problemas de organización del sistema de gestión territorial e identificar herramientas innovadoras para la gestión pública del desarrollo de las comunidades locales (Mordvinov et al., 2021).

Todo este proceso da lugar a los/as ADL o AEDL, al personal técnico que se dedica a la planificación, gestión, desarrollo y estudio de iniciativas de dinamización territorial, fomentando el empleo y la promoción económica, social y ambiental en el ámbito local, de forma general o con especialización sectorial, tomando como base el potencial endógeno del propio territorio (Esparcia, 2009). En cuanto figuras profesionales que han marcado la evolución de modelo, son uno de los principales protagonistas y exponentes del mismo (Calvo et al., 2017).

Las administraciones públicas y los métodos y técnicas de investigación social

La pandemia de la COVID-19 ha originado una crisis sistémica sin precedentes que ha afectado a todos los rincones del planeta y a todos los actores. Igualmente, ha evidenciado una multitud de vulnerabilidades, fragilidades y brechas en ámbitos estratégicos como el sistema de salud, la paralización de sectores económicos, la reducción de la demanda de bienes y Servicios, y ha originado una sensación generalizada de incertidumbre e inseguridad vital y social en los ámbitos no sólo sanitario sino económico, personal, laboral, etc. (Badré y Jean, 2020). Como consecuencia, los fenómenos socio-territoriales se muestran extraordinariamente dinámicos, tanto en el tiempo como en el espacio. Por ello, para ajustar las políticas a las necesidades de la ciudadanía, su comprensión reclama un seguimiento constante. En este sentido, adquiere gran importancia la capacitación de las AAPP para reducir la confusión y el ruido (Alonso-Domínguez et al., 2016) y apuntalar el conocimiento -la certidumbre- para congelar el azar, dando forma al -construyendo un mapa del- medio en el que se actúa, transformando la mera información conocimiento para la acción (Ibáñez, 1994, 1997).

Las instituciones de una sociedad reflexiva como la actual precisan la producción, difusión y consumo (uso) de ciencia social para analizar, sintetizar y simplificar la complejidad y así comprender la realidad social. Para analizar(se) y diagnosticar(se) sistemáticamente, para conocer(se), gestionar(se), evaluar(se), modificar(se) e incluso prever problemáticas sociales rutinariamente como parte del proceso mismo de toma de decisiones, de gestión y reproducción social (Lamo de Espinosa, 2005; Pérez Yruela, 2011; Alonso-Domínguez et al., 2016; Domínguez y Gómez, 2016; Muñoz y López, 2016).

En consecuencia, en todo el proceso de las políticas públicas (Stanganelli et al., 2020) se precisan iniciativas que aporten información contrastada y conocimiento experto de manera actualizada y permanente para estudiar y sintetizar la complejidad de la realidad social en términos fácilmente comprensibles (Sanchís et al., 2001; Alonso-Domínguez et al., 2016). Y ello, tanto para informar más y mejor sobre los servicios que se ofrecen y los entornos dónde se actúa (García Rodríguez, 2009), como para conocer las valoraciones que las personas usuarias tienen sobre sus relaciones con la Administración (Pérez Yruela, 2011; Domínguez y Gómez, 2016; Alonso-Domínguez et al., 2016). Para ello, se posiciona como imprescindible el conocimiento continuo del territorio y de sus necesidades. En esta líniea, es destacable en los últimos años, la elaboración de documentos de planificación estratégica capaces de ser aplicados a diversas escalas territoriales, desde un enfoque integral y global, cuya finalidad tentativa es la adecuación de estrategias a las singularidades de cada territorio, buscando potenciar las sinergias entre los actores del terrritorio y las diversas políticas sectoriales (Avalem Territori, 2018; Carratalá et al., 2019; Hermosilla, 2020; Fernández-García y Olay-Varillas, 2021).

El híbrido de formas institucionales y prácticas estándar abarcadas por la categoría de métodos para conocer la realidad social y de enfoques participativos en el territorio se ha demostrado que propician las condiciones para que las personas y las organizaciones de diversos setores del territorio hagan llegar sus voces y propuestas a todos los niveles de gobierno en aquellos asuntos que les competen (Williams, 2004; Hart, 2010; Carratalá et al., 2019; Sigalat et al., 2019).

Todo lo expuesto, por una parte, populariza la perspectiva sociológica, aunque no necesariamente a los/as sociólogos/as (Guilló, 2007), pues según diferentes autores se trataría de una “sociología sin sociólogos” (Pérez Yruela, 2007, 2011; Díaz et al., 2016; Domínguez y Gómez, 2016). Pero, por otra parte, convierte a las ciencias sociales en un elemento común de nuestra época (Mills, 1974; Blois, 2014). Ello es fruto de la adhesión de los conceptos de la sociología a la cultura general y a la sociedad, a través de los procesos de “incorporación cultural” (difundidos a través del lenguaje cotidiano) y, paralelamente, de “incorporación social” (las instituciones y otros elementos de la estructura social se apoyan en los métodos y descubrimiento de la sociología) (Lamo de Espinosa, 2005).

La importancia de investigación social en el desarrollo local

En este entorno de incerteza por la crisis sanitaria y económica, en el cual, para sobrevivir, las economías han de apuntalarse en el conocimiento -en la certidumbre-, es una tendencia común, desde hace décadas, resaltar la importancia fundamental de la elaboración de un diagnóstico previo del territorio como punto de partida para cualquier estrategia de desarrollo (Calvo et al., 2020), de evaluación de las políticas y de planificación estratégica, mediante información contrastada, actualizada, precisa y con el método, rigor y objetividad científicos. Coinciden con esta afirmación, a grandes rasgos, tanto organismos internacionales, como la OCDE (1984), la Carta de Leipzig (2007), la Unión Europea (CCE, 2001), su Estrategia Territorial (CE, 1999) y su Agenda Territorial 2020 (CE, 2011), como asociaciones profesionales (ADLYPSE, 2015) y estudiosos de la materia (Alburquerque, 2002; Sanchís et al., 2001; Moltó y Hernández, 2002; Pérez, 2005; Ioppolo et al., 2012; Chemezova, 2013; López Jiménez, 2016; Glinskiy et al., 2016; Pérez y Lutsak-Yaroslava, 2017; Ramírez y Lorente, 2019).

En esta línea apuntan también, desde hace más de dos décadas, las tesis sobre los programas, servicios, características y funciones de las agencias y del personal técnico que implementan las políticas de desarrollo socioeconómico destacadas en diferentes estudios (APPEDL, 1997; FOREM, 2000; Sanchís et al., 2001; Alburquerque, 2002; Esparcia, 2009; Noguera, 2016; Raszkowski y Bartniczak, 2018; Martínez Puche, 2019). De forma breve, afirman que entre sus funciones están las de investigación para determinar el potencial endógeno de la zona con la finalidad de determinar una planificación estratégica local, la participación en el diagnóstico del territorio, a través de la identificación de problemas, la prospección del potencial de los recursos ociosos o infrautilizados y el conocimiento de las problemáticas, los recursos y las demandas económicas y sociales de cada demarcación, realización de estudios del mercado de trabajo local y de necesidades formativas para diseñar iniciativas de intervención.

También se manifiestan en la misma dirección, desde prácticamente sus inicios, la normativa reguladora española, estatal y autonómica, sobre desarrollo territorial. En la actualidad, en el art. 3 de la Orden 18/2016, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que regula el proceso de selección estudiado, entre las funciones de los ADL se destacan, entre otras, la prospección de recursos ociosos o infrautilizados de proyectos empresariales e iniciativas innovadoras para la generación de empleo, la difusión y estímulo de las potenciales oportunidades de creación de actividad y el asesoramiento e información sobre la viabilidad técnica, económica y financiera de los mismos.

Por tal razón, en el ámbito del desarrollo territorial son necesarias metodologías facilitadoras y dispositivos que estén integradas por indicadores cercanos y prácticos, como herramientas que valoren y analicen la información de forma rigurosa y objetiva. Sólo de esta forma pueden aprehenderse las tendencias existentes e identificar las oportunidades de intervención gubernamental y privada para retroalimentar el proceso de elaboración de las políticas de desarrollo. Y, por consiguiente, para dotar de recursos adecuados las líneas más eficientes (Gómez, 2011; Alonso-Domínguez et al., 2016; Huber y Mungaray, 2017; Morel et al., 2020; Marks-Bielska et al., 2020).

En este sentido, en la actualidad existen diferentes metodologías que intentan paliar estas carencias. Entre ellas, instrumentos y guías para la planificación estratégica de gobernanza territorial participativa. Sin embargo, éstas desatienden muchos otros ámbitos para la gestión del DL como el aprovechamiento de los recursos específicos y potenciales del territorio (Cheshire et al., 2015; Morel et al., 2020), la consideración del desarrollo de las capacidades institucionales (Marks-Bielska et al., 2020), la existencia de redes sociales de diversa índole que robustecen el capital social (Shabunova & Leonidova, 2011; Esparcia, 2017; Vaňová et al., 2019) y sus posibles implicaciones e interdependencias como factores esenciales para el desarrollo territorial (Esparcia, 2017; Calvo et al., 2021).

Asimismo, en un repaso a la literatura académica existente también pueden encontrarse modelos que basan sus análisis en el desarrollo de matrices en base al atractivo de una región y su competitividad (Chemezova, 2013), modelos basados en el desarrollo sostenible de los sistemas socioeconómicos y la identificación de herramientas e indicadores de gestión a nivel de regiones (Popkova et al., 2013; Pires et al., 2014; Gabdrakhmanov et al., 2014; Glinskiy et al., 2016; Reznichenko et al., 2018; Rizzi et al., 2018), otros que se fundamentan en la competitividad regional a partir de la agrupación de indicadores mediante comparaciones multicriterio (Florea y Florea, 2019), índices parciales e integrales del desarrollo socioecológico-económico (Matvieieva et al., 2019; Barile et al., 2018), o modelos centrados en estudios de casos (Boggia y Cortina, 2010; Cárdenas y Nieto 2017; Raszkowski & Bartniczak, 2018).

En España también existen iniciativas recientes, como el Plan de Acción de evaluación de las políticas activas de empleo tanto estatales como autonómicas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF, 2017) o el diagnóstico Avalem Territori (2018), elaborado por tres universidades valencianas sobre el escenario actual del desarrollo territorial en relación con el mercado laboral, con la idea de implementar un nuevo modelo de gestión, que adapte la ejecución de las políticas al territorio. Asimismo, recientemente se ha confeccionado un instrumento metodológico (matriz READI de indicadores) y un aplicativo informático para la (auto)evaluación del grado competencial para el desarrollo local por parte de los territorios (Calvo et al., 2021).

Pese a todas estas iniciativas y a la importancia mostrada de las MTIS en el DL, en la realidad aplicada del DL, puede afirmarse que, aunque la Administración local conoce a los agentes socioeconómicos, sus necesidades, virtudes y defectos y la evolución económica de su territorio, en general, se trata de mera opinión conjetural (dóxa), de sentido común (Lamo de Espinosa, 2005), basada en realidades empíricamente fundadas, a-científicas, basadas en la creación de modelos para llenar los vacíos de información. Por ello, resulta parcial, incompleta y sesgada, mediada por valores, emociones, juicios y prejuicios y por afinidades culturales. Además, cuando existen datos, estos son poco fiables, parciales o incompletos, o aplicables a escalas agregadas superiores estatales, autonómicas o provinciales, inadecuados para la medición del desarrollo en el ámbito local (García Rodríguez, 2009; Alonso-Domínguez et al., 2016).

Por consiguiente, es significativa la ausencia de una cultura y una metodología de investigación en las políticas públicas para desarrollar buenos sistemas de observación e información sistematizada y no se sabe cómo hacerlo ni se plantea su puesta en valor. Esto se traduce en la pérdida de datos importantes para responder a las cuestiones fundamentales a las cuales se enfrentan estas AAPP y definir las políticas más adecuadas para cada objetivo (Sanchís et al., 2001; Bourdieu, 2013).

En este sentido, puede sostenerse que, transcurridos cuarenta años desde sus inicios, el modelo de DL español, y el valenciano en particular, se caracterizan por: mayor énfasis en la ejecución que en la articulación de un sistema de control, seguimiento y evaluación de la misma; la formalización de lo informal como metodología de actuación; la inexistencia de unos indicadores de gestión válidos y validados, y su no concreción en unos mecanismos e instrumentos de generación de información técnico-científica actualizados y continuos para la toma de decisiones y el aprovechamiento correcto y útil del conocimiento generado en sus actuaciones. Todo ello conlleva la ausencia de una planificación estratégica adecuada, que dificulta la aplicación de una visión integral y ajustada a las prioridades o necesidades básicas de la población (Sanchís et al., 2001; Calvo, 2011; Gómez 2011; Calvo et al., 2021).

Pero, precisamente, se trata de un ámbito en el que la sociología se puede utilizar con intensidad (Beltrán et al., 2016) y convertir estas carencias en MTIS en una oportunidad profesional para los futuros sociólogos y sociólogas (Pérez Yruela, 2011; Domínguez y Gómez, 2016). En esta línea, Gómez Yáñez (2021) advierte de la significativa falta de profesionales de la Sociología en las Administraciones cuando éstas últimas son clientes habituales de investigación sociológica en lo referente a programas, proyectos y evaluación de políticas públicas y cuestiones sectoriales asentadas en el territorio. Este mismo autor destaca la prolífica aparición de trabajos de campo online mediante el uso de encuestas minusvalorándose todo conocimiento sobre el muestreo y tratamiento de datos estadísticos para conferir calidad y viabilidad a los mismos, banalizando en definitiva la realización de encuestas y el rigor de los propios análisis por la ausencia de sociólogos y sociólogas. Esta es una cuestión que debería ser tenida en cuenta, pues no solamente se utilizan tales estudios para definir políticas públicas, sino que también, se menoscaba la imagen de las técnicas de investigación social y agrava más si cabe los difusos límites de la profesión del sociólogo/a. De hecho, un amplio abanico de sectores (urbanismo, el transporte, la energía, la innovación, los recursos humanos, la investigación de mercado, entre otros), han sido ocupados progresivamente por otras disciplinas con una estrategia profesional más proactiva y con mayor capacidad de adaptación en los mercados laborales públicos y privados (Sigalat, 2016).

Muestra

En la convocatoria de diciembre de 2019 se concede la subvención para la contratación de ADL a 25 entidades (que incluyen ayuntamientos y mancomunidades intermunicipales), que solicitan 34 plazas en total. Tras una búsqueda exhaustiva y el contacto con alguna de dichas entidades, se ha encontrado la documentación del proceso en las páginas Web de 16 de ellas (con 1.533 candidaturas en total), de las cuales se han estudiado en profundidad 8, con 916 candidaturas (la presentación como persona preseleccionada por el Espai LABORA en diferentes entidades simultáneamente), en las que se ha podido tener constancia de la formación universitaria de 488 candidaturas, correspondientes a 164 personas candidatas (116 mujeres, 63,7%, 47 hombres, 25,8% y una persona sin determinar) debido a que son las que podían ser contrastadas e identificadas, por carecer de las informaciones indicadas más abajo en el procedimiento de extracción de información (partes del DNI, puntuación de los/as candidatos/as) o por no haberse indicado formación universitaria concreta de las personas participantes (Tabla 2 ).

Las candidaturas analizadas equivalen a una muestra con un nivel de significación del 95% (z = 1,96), con una frecuencia esperada del parámetro de 0,5 (50/50) y un error muestral del 3,67% sobre el total de candidaturas.

Asimismo, el promedio de candidaturas analizadas por entidad (101,8) es superior a la media del total de las entidades (95,8) y significativamente mayor que el de las corporaciones sin información (88,1), por lo que incluyen a las personas más interesadas en participar en el proceso, lo que confiere mayor fiabilidad al estudio.

Las 25 entidades y las candidaturas se detallan en la Tabla I del Anexo, siempre teniendo en cuenta que las mancomunidades pueden abarcar un número significativo de municipios. Por ejemplo, la de la Ribera Alta incluye 35 localidades, la de La Safor 30 y La Serranía 12.

Más concretamente, para conocer la formación universitaria de las personas candidatas se ha solicitado la base de datos a 4 entidades que no se indican en cumplimiento de lo recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos. El procedimiento de extracción de información se ha realizado considerando las partes del DNI (inicio, centro o final de la cifra) de las diferentes actas y la puntuación de los/as candidatos/as. Posteriormente, se han unificado las bases de datos completas y se han contrastado las actas del resto de entidades con éstas para conocer no sólo los/as candidatos/as sino las candidaturas.

Baremo del proceso de selección y Planes de estudios

Por otra parte, del Baremo del procedimiento para la selección de los ADL marcado en la normativa indicada, se ha considerado la titulación académica universitaria.

Asimismo, se ha recopilado la información académica de 157 personas candidatas, el 95,73% de la muestra. Para ello, se han considerado las asignaturas relacionadas directamente con los MTIS, contabilizando los créditos que se imparten en cada uno de los grados estudiados por las personas candidatas. Se han examinado los de la Universitat de València (UV) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), puesto que no se ha podido comprobar dónde han estudiado efectivamente su carrera y la mayoría de las candidaturas son de la provincia de Valencia, por lo que se parte del supuesto que han estudiado en la misma. Por otra parte, para ajustar la puntuación, se han considerado los créditos totales de las asignaturas de Formación Básica y la Obligatoria, valorando los créditos de las Optativas en un 50%, pues pueden haberse estudiado o no.

Además, para hacer más comprensibles los resultados, ciertos grados se han unificado por materias afines. Por ejemplo, uniendo los resultados de Sociología, CC Políticas y Sociología y Antropología; los de CC. del Trabajo, Graduado Social, Relaciones Laborales y RRLL y RRHH; o los de Filosofía y CC. Educación y Pedagogía. El resultado por grados unificados y la valoración de las asignaturas consideradas en cada uno de ellos, con la puntuación detallada se exponen en las Tablas II y III del Anexo, respectivamente.

Hay que aclarar que en la investigación no se ha considerado la especialización en MTIS que se imparte en los estudios de postgrado especializados, pues al coincidir en gran medida con las candidaturas con formación en la materia, no aporta una información significativamente diferenciada.