INTRODUCCIÓN

El libro de Ignacio González Sánchez aborda una de las paradojas más sangrantes de la política criminal en España. ¿Cómo explicar que un país con una tasa de criminalidad descendiente en las últimas décadas exhiba una tasa de encarcelamiento en tendencia ascendente (al menos hasta fechas muy recientes) y que se sitúa entre los niveles más elevados entre los países de nuestro entorno? ¿No tendría sentido asumir que crimen y castigo deberían ir en perfecta sintonía? En este interesantísimo trabajo, González Sánchez se sumerge en un asunto relevante para los estudios en sociología, pero también para la investigación en criminología y derecho penal, un tema extraordinariamente importante en un contexto de crecientes pánicos morales y reforzadas tendencias hacia la utilización del miedo como una herramienta política y electoral. ‘Neoliberalismo y castigo’ es un libro sobre el delito, el castigo y la cárcel, y también sobre los cambios en nuestro modelo económico y político que afectan a las relaciones entre esos conceptos. Es un trabajo que analiza elementos claves para la comprensión de la penalidad, es decir, la naturaleza, alcance y discursos auto justificativos asociados con la capacidad del Estado para castigar. El libro no se limita a revelar las profundas conexiones entre fenómenos tales como la hiperencarcelación, el reforzamiento de las políticas de seguridad o la expansión de la legislación punitiva. El trabajo de González Sánchez ofrece, además, una explicación plausible sobre el impacto de las transformaciones en la economía y la estructura social que dan sentido a las nuevas formas de penalidad.

¿Por qué hay más castigo que crimen? Como explica el autor, las elevadas tasas de encarcelamiento en tantos países del mundo, y desde luego en España, están asociadas a un progresivo endurecimiento y expansión de la ley penal, un fenómeno que además convive con altísimas inversiones estatales en seguridad y, también, con transformaciones en las actitudes de la ciudadanía, cada vez más anclada en discursos populistas sobre la inseguridad. No vivimos una crisis de inseguridad; vivimos, sin embargo, en un contexto de transformación económica y política que ofrece oportunidades para el desarrollo de discursos asociados al miedo y la inseguridad.

Como se puede ya adivinar a partir del título del libro, González Sánchez sitúa el análisis en el nivel de las grandes preguntas macro; presenta el castigo como una institución social con capacidad reguladora y productiva, cuya expresión está relacionada con las articulaciones de las relaciones de poder en varias esferas. El castigo, así, es mucho más que una herramienta para combatir el crimen; el sistema de justicia penal es un espacio para la expresión de un variado conjunto de tecnologías para la regulación, el control y la categorización social que ganan carta de naturaleza en un mundo individualizado, precarizado y expuesto a una nueva mercantilización de las políticas sociales. En la formulación de este argumento, el autor reconoce su deuda con autores como David Garland o Loïc Wacquant (quien, además, prologa el libro), referencias internacionales para la comprensión de las expresiones contemporáneas de castigo como dispositivos socialmente reguladores que expresan importantes transformaciones en las esferas del mercado y el Estado. Las influencias teóricas, sin embargo, miran más allá, y abrazan desde las propuestas clásicas de Durkheim a los trabajos sobre disciplina y organización social de Foucault o Bourdieu.

Son muchas las virtudes de un libro que se puede leer como la síntesis y actualización de una línea de trabajo que este autor lleva destilando, de manera bien reconocida, durante la última década. González Sánchez es editor de influyentes colecciones donde se revisan los legados de pensadores tales como Wacquant (González Sánchez, 2012) o Durkheim (González Sánchez y Serrano Maillo, 2018), y ha publicado extensamente sobre la gestión neoliberal del castigo en revistas nacionales e internacionales de prestigio. Entre las aportaciones de ‘Neoliberalismo y castigo’ se puede mencionar el comentario certero sobre la evolución y naturaleza del sistema de justicia penal en España. Aunque sorprende la tardía ubicación de este análisis (perfectamente se podría haber comenzando el libro con el análisis de lo que la investigación cuantitativa presentaría como la variable dependiente), el capítulo 5 aborda con suma precisión un conjunto de preguntas que son también terreno natural para la investigación científica en derecho penal y criminología. En ese capítulo se comenta la evolución de la legislación penal y penitenciaria en España durante las últimas décadas, destacándose la democratización de estas leyes. Es ese también el lugar para insistir en el progresivo endurecimiento y expansión de la legislación sancionadora en España. El acercamiento de González Sánchez no se limita, sin embargo, al análisis de la legislación penal. El estudio del castigo como institución social invita a una reflexión que relacione la legislación punitiva con transformaciones en las políticas de seguridad, otros espacios de regulación y la propia experiencia carcelaria. En este sentido, el capítulo 5 discute también el papel de la policía, una institución que en buena medida permanece blindada a la investigación social en España. Vivimos en un país con una altísima tasa de policías per capita, en un contexto en el que la policía, además, se ha convertido en un poderoso grupo de presión. Y se discute también el nuevo alcance de las ordenanzas municipales, y en particular su mutación en un instrumento de exclusión y castigo social; las ordenanzas municipales sobre convivencia y civismo se han erigido en una pieza central en el desarrollo de nuevas estrategias de burorepresión y buroexclusión (Oliver & Urda, 2015), poderosos mecanismos de represión y control que despiertan preguntas urgentes sobre la disposición de los regímenes democráticos para desarrollar estrategias desmovilizadoras.

Este libro incorpora la preocupación de la criminología crítica sobre el hiperencarcelamiento para insistir en la transformación de la cárcel en una institución donde ‘se castiga a los pobres’. Los pasajes del libro sobre el encarcelamiento son particularmente interesantes; abren reflexiones necesarias sobre aspectos ligados a las condiciones de vida en prisión, las implicaciones de la regulación penitenciaria, el perfil de las personas presas o las consecuencias de las políticas contemporáneas de lucha contra las drogas. González Sánchez aprovecha la ocasión para reactivar la conversación sobre los impactos de la transformación de la drogodependencia en una cuestión de seguridad y castigo. Como bien se reconoce en el libro, las políticas públicas contemporáneas en relación con la drogadicción juegan un papel fundamental en la reorientación de la penalidad hacia la hipervigilancia y disciplina de los grupos sociales más vulnerables. La criminalización de la drogodependencia redibuja los contornos entre lo aceptable y lo condenable, reforzando discursos moralizantes que contribuyen a la continua estigmatización de determinados grupos sociales.

En mi opinión, sin embargo, la verdadera contribución de este libro radica en su aportación al entendimiento sobre las causas estructurales de la nueva penalidad. González Sánchez defiende con acierto la necesidad de leer la expansión del castigo como un fenómeno causado por las transformaciones en el trabajo, el papel del Estado y los valores sociales. El autor encuentra motivos para relacionar la expansión del castigo con cambios en la estructura social y el mercado; la paulatina consolidación de un nuevo contrato social centrado en la desregulación y la individualización provoca conflictos sociales que deberían ser resueltos bajo el amparo de las políticas sociales, pero que en su ausencia acaban siendo gestionados como objeto de castigo. González Sánchez es cuidadoso, y quizás podría decirse hasta temeroso, a la hora de reconocer algunas limitaciones del relato que conecta neoliberalismo y castigo. Reconoce, por ejemplo, la dificultad de perfilar la naturaleza de las conexiones entre ambas variables: ¿es la nueva penalidad una consecuencia de las políticas neoliberales, o es, por el contrario, un rasgo consustancial al propio neoliberalismo? Admite también la dificultad de formular hipótesis que puedan ser sostenidas a partir de análisis cuantitativos robustos. ¿Cómo medimos el neoliberalismo? La literatura ha postulado ya poderosas asociaciones entre gasto social y población carcelaria: son los países que más invierten en políticas sociales los que cuentan con prisiones menos pobladas. Un argumento centrado en el neoliberalismo, sin embargo, es necesariamente más ambicioso en la medida que ha de incluir no solamente consideraciones sobre gasto social, sino también otros aspectos ligados a valores sociales y transformaciones en la economía y el trabajo que no son siempre fáciles de medir. Finalmente, el autor es consciente que la explicación neoliberal no agota otras vías para dar sentido a la nueva penalidad. Este libro, por ejemplo, presta poca atención a explicaciones de corte más político que exploran las dinámicas institucionales y electorales detrás de las formas contemporáneas de populismo penal.

A pesar de estas reservas, este libro presenta un argumento muy plausible que encuentra además sustento en décadas de investigación previa en los campos de la teoría social y criminológica críticas. Entendido de forma laxa como un paradigma de políticas públicas, González Sánchez postula que el neoliberalismo promueve el castigo a través de una triple transformación. En primer lugar, los procesos de individualización que refuerzan las expectativas puestas en el mercado como verdadero espacio para la organización de las relaciones sociales. La entronización del mercado y la paulatina glorificación del individualismo y la idea de la elección individual afectan poderosamente a la penalidad. Por un lado, el Estado pierde capacidad para proteger a los individuos de los excesos del mercado. Por el otro, el Estado paradójicamente encuentra una nueva legitimidad para la intervención en materia de seguridad y protección, espoleado por discursos moralizantes que redefinen el crimen como un mero producto de la decisión individual. En segundo lugar, los procesos de transformación del trabajo que abocan a la desregulación y la precarización. El capítulo 3 del libro permite al lector rememorar las vidas de Frank y Nick Sobotka, padre e hijo en la ficción durante la segunda temporada de la ficción televisiva The wire (Simon, 2002; citado por González Sánchez, 2021), testigos rabiosos de la transformación dramática de sus vidas al calor de la desregulación y la flexibilización en el empleo; el drama de los trabajadores portuarios retratado en esta serie televisiva, (serie que también ha sido objeto de atención académica por el autor de este libro), asediados por la progresiva robotización y deslocalización en un mundo globalizado y cambiante, aparece como la representación perfecta del nuevo tipo de tensiones asociadas a la nueva economía neoliberal; el descenso a la criminalidad de Nick Sobotka es la antesala de una nueva generación de tensiones que parecen únicamente encontrar solución en el progresivo aumento de la vigilancia policial y el castigo penal.

La transformación en las políticas sociales es el tercer y quizás más decisivo elemento que permite entender el papel del neoliberalismo en el diseño de una nueva penalidad. De nuevo aquí se aprecia la influencia de las ideas de Wacquant, Bourdieu y Foucault sobre las posibilidades abiertas al poder político y económico al diseñar diferentes políticas sociales. La nueva economía digital, financiera, flexible y precarizada genera tensiones que deberían ser resueltas por los escudos sociales generados por el Estado. Contrariamente a esto, las progresivas rebajas de impuestos y la consolidación de una nueva ideología contraria a la intervención del Estado en los excesos del mercado (ideología que, sin embargo, coexiste tranquilamente con una creciente intervención en seguridad) genera una nueva situación que Wacquant ya describió como de ‘inseguridad social’, potenciando nuevas formas de marginalidad y exponiendo a los grupos sociales menos favorecidos a conductas (como la adición a determinados estupefacientes) que son objeto de nuevas prácticas de criminalización. El problema, desafortunadamente, no se agota en la constatación de la reducción del gasto social; se dirige la atención hacia la transformación de los programas sociales en programas reorientados hacia la disciplina y el control, dispositivos reguladores y mercantilizados que relocalización la atribución de responsabilidad en el sujeto vulnerable.

‘Neoliberalismo y castigo’ es un libro fascinante, bien escrito y argumentado, que conecta con problemas que ganan en vigencia en la medida que las políticas neoliberales ganan terreno en todos los órdenes de la vida. La excelencia en el comentario y discusión de las ideas teóricas convive con la presentación ordenada de información empírica de diferente naturaleza. El lector no solamente aprenderá sobre el sistema de justicia penal en España; contará también con una propuesta original y relevante sobre la dimensión social y política del castigo, una realidad que está sorprendentemente desconectada de la cruda expresión de la criminalidad. ‘Neoliberalismo y castigo’ será de utilidad para la comunidad investigadora pero también para quienes estén matriculados en Grados en ciencias sociales o criminología: todas estas personas encontrarán una lectura estimulante y apasionada, rica en asociaciones muchas de ellas sorprendentes, que servirá de acicate para la necesaria agenda de investigación y docencia en España sobre las complejas circunstancias que están convirtiendo a nuestro país en una verdadera democracia penal.