INTRODUCCIÓN

El presente artículo estudia la incidencia del movimiento sindical en la llamada “Primavera chilena”1 de 2019 a través de un estudio de caso. El 18 de octubre de ese año, casi treinta años después del fin de una Dictadura Cívico-Militar, una serie de protestas protagonizadas por estudiantes secundarios contra el alza de las tarifas del transporte público se desbordaron en pocos días convirtiéndose en una enorme revuelta social. Durante varias semanas, se desplegó un amplio repertorio de acciones colectivas pacíficas y violentas, cuya masividad inédita en la postdictadura fue atizada por una intensa represión policial, y por la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de declarar Estado de Emergencia convocando a las Fuerzas Armadas en apoyo al control del orden público, con el resultado de múltiples violaciones a los Derechos Humanos (Amnistía Internacional [AI], 2019; Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2019; Human Rights Watch [HRW], 2020).

La magnitud de los acontecimientos ha suscitado la atención de diversos analistas, que han buscado explicar el fenómeno aludiendo principalmente a los malestares generados por las promesas incumplidas del modelo neoliberal, a la desafección con la política institucional y a la desigualdad social (Morales, 2020; Aste Leiva, 2020; Peña, 2020). Asimismo, se han descrito las características del ciclo de protestas enfocándose en sus hitos más relevantes, en los nuevos actores sociales emergentes, en la heterogeneidad social de los concurrentes y destacando el carácter “acéfalo” y espontáneo de la movilización (Somma et al., 2020; Sehnbruch y Donoso, 2020; Ruiz, 2020; Garcés, 2020; Arias-Loyola, 2021).

Sin embargo, al inspeccionar los hechos con mayor detalle se aprecia que el sindicalismo tuvo una participación relevante en las movilizaciones por medio de algunas de sus organizaciones agrupadas en la Mesa de Unidad Social (MUS, en adelante), una instancia coordinadora que tuvo gran protagonismo durante los acontecimientos, aspecto que ha sido omitido o apenas mencionado por la mayoría de los investigadores, que han privilegiado un enfoque alejado de las organizaciones políticas y sociales tradicionales, y más centrado en los elementos “novedosos” que trajo la coyuntura. Por esta razón, resulta de interés evaluar el alcance de los repertorios de acción que desplegaron las “viejas” organizaciones de trabajadores en el proceso.

Cabe destacar que la temática es parte de un debate mayor sobre la situación del sindicalismo respecto a las oleadas recientes de protestas a lo largo del mundo, como las ocurridas en varios países europeos contra las políticas de austeridad fiscal de fines de los 2000, o las que han formado parte de diversas luchas anti-neoliberales en América Latina en el mismo periodo. En este sentido, el caso chileno puede aportar luces considerando que se enmarca en un modelo neoliberal consolidado, y con un sindicalismo que, aunque débil, ha mostrado claros signos de revitalización durante la última década (Observatorio de Huelgas Laborales [OHL], 2020).

Concretamente, el objetivo de este trabajo es aportar a la comprensión del rol que desempeñó el sindicalismo en el escenario político de la revuelta, por medio de un análisis sociológico del despliegue de sus recursos de poder en la huelga general del 12 de noviembre, que fue el antecedente directo de la decisión del gobierno de proponer un proceso constituyente como salida institucional de la crisis que se arrastraba. Para ello, se revisaron sistemáticamente medios de prensa digitales, redes sociales de sindicatos e instituciones, y fueron entrevistados informantes claves para reconstruir los hechos de ese día.

MARCO TEÓRICO

Sindicalismo, huelgas y ciclos de protestas

Los sindicatos son organizaciones de trabajadores generalmente volcadas a la defensa de los salarios y las condiciones laborales de sus miembros, en el contexto de una relación estructurada antagónicamente con la clase capitalista (Scodeller, 2009; Edwards, 1990; Hyman, 1978). Para presionar por sus objetivos, el principal repertorio de acción con el que cuentan dada su posición en la economía es la huelga laboral (Womack, 2007), que se entenderá como una interrupción intencional, colectiva y concertada del proceso de trabajo con el objetivo de lograr determinadas reivindicaciones (Medel et al., 2017, pp. 56-58).

El alcance de las huelgas puede expandirse cuando los sindicatos adquieren una mayor participación en las estructuras nacionales de poder (Shorter y Tilly, 1974, p. 8), siendo su máxima expresión la huelga general definida como un esfuerzo de paralización del trabajo extendido en un sector, una región o un país, que cuestiona aspectos del orden social vigente y cuya realización se ve dificultada por requerir una escala de organización, coordinación y centralización complejas, pero que cuando se realiza con relativo éxito genera un impacto significativo en la economía y en los gobiernos (Hamann et al., 2013; Pérez, 2016).

Desde una perspectiva más amplia, las huelgas son una de muchas formas contenciosas posibles impulsadas por diversos actores sociales. De hecho, la vigencia de los sindicatos como actores protagónicos de los conflictos sociales ha sido cuestionada durante las últimas décadas del siglo XX en medio del debate sobre su aparente declive a nivel global (Hyman, 1996), y de la hipótesis del desplazamiento de la centralidad clasista por demandas postmateriales empujadas por nuevos movimientos sociales (Santamarina, 2008; Buechler, 1995). En cualquier caso, cuando una huelga general ocurre en un contexto que trasciende el ámbito y los repertorios sindicales, se puede analizar como parte de un ciclo contencioso en el sentido atribuido por Sidney Tarrow, es decir, integrado en un proceso de movilizaciones que comienza con una ola de protestas de rápida propagación, de duración variable y con participación tanto de organizaciones institucionalizadas como de individuos y grupos informales (Inclán, 2017).

Este enfoque ha sido utilizado para abordar la emergencia de nuevas formas de protestas en Europa contra las medidas de austeridad implementadas por varios gobiernos después de la crisis financiera del año 2009, en las que los investigadores han llamado la atención sobre el “giro materialista” de sus demandas (Tejerina et. al., 2013), así como de su composición mayoritariamente ajena a la participación en organizaciones tradicionales, que atraviesan una importante crisis de legitimidad (Lobera, 2019). Pero también los estudios empíricos han destacado la inclinación política de izquierdas entre los participantes de las acciones contenciosas, y que los sindicatos tuvieron una importancia decisiva en diversas convocatorias a movilizaciones especialmente en Italia, Portugal, Grecia y España (Peterson et al., 2015; Della Porta, 2012), razón por la cual la comprensión de estos fenómenos no debería perder de vista a las organizaciones de trabajadores ni el clivaje basado en la contradicción entre capital y trabajo.

Para el caso de Latinoamérica, se han identificado tres generaciones de movi-lizaciones “anti-neoliberales”, que en su última oleada se caracterizarían por una diversificación de los actores sociales protagónicos (irrupción de movimientos indígenas, medioambientales, estudiantiles, etc.), el rol secundario de los sindicatos y demandas orientadas hacia la provisión de servicios y derechos sociales (Roberts, 2017). Para el caso chileno, esta etapa habría comenzado con las movilizaciones estudiantiles del año 2011, casi ocho años antes del ciclo de protesta abordado en este trabajo, que bien podría situarse como parte de una cuarta fase regional en pleno desarrollo que incorpora características de todas las anteriores.

Tanto en este último caso como en las protestas anti-austeridad, los sindicatos se han enfrentado en distinto grado a escenarios marcados por la crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales y dificultades para generar movilizaciones masivas, lo que ha exigido una renovación sindical que se replantee sus estructuras rígidas, la generación de alianzas con otros actores sociales y cambios en sus repertorios de acción y comunicación (Murray, 2017), especialmente ante sistemas políticos resistentes a sus demandas.

Los recursos de poder sindical

El enfoque de recursos de poder sindical tiene como premisa que los trabajadores organizados pueden defender sus intereses a través de la movilización de sus recursos para alcanzar un mayor poder de negociación (Schmalz et al., 2018). Su utilidad radica en que permite explicar las posibilidades de éxito y fracaso de una organización en la consecución de sus objetivos (McCarthy y Zald, 1977), de acuerdo con su disponibilidad y variabilidad a través de los lugares de trabajo (Miller, 2000). Como tal, es una teoría especialmente apta para analizar huelgas.

Desde este enfoque se reconocen al menos cuatro tipos de recursos. El primero es el poder asociativo, que se define como “las variadas formas de poder que son resultado de la formación de la organización colectiva de los trabajadores” (Wright, 2000: 962). Para materializarse, requieren un proceso organizacional y actores colectivos que sean capaces de producir y ejecutar estrategias (Silver, 2003). En ese sentido, un aspecto elemental es el número de socios, pero también son cruciales factores como los recursos de infraestructura, la eficiencia organizacional, la participación de los miembros, etc. (Schmalz et al., 2018). Recientes investigaciones han recalcado la función “pivote” que supone en cuanto capacidad de actuar colectivamente, mientras que las otras formas de poder refieren estrictamente a la capacidad de movilizar recursos (Brookes, 2018). Por lo tanto, la existencia de algún grado de poder asociativo es condición de posibilidad para el despliegue del resto.

En segundo lugar, el poder estructural se relaciona con la localización que tienen los trabajadores dentro del sistema económico (Wright, 2000; Silver, 2003). En función de ello, los sindicatos cuentan con un poder disruptivo que, cuando se ejerce desde posiciones estratégicas en la producción o distribución de bienes y servicios, tiene la capacidad de detener tanto el trabajo propio como el de otros trabajadores vinculados en términos de proceso de trabajo (Womack, 2007). En otras palabras, alude a la existencia de debilidades en el sistema de producción y distribución que pueden ser explotados. Para el caso de la economía chilena actual, se han señalado como sectores estratégicos principalmente las ramas de actividad minera, la industria manufacturera, el transporte portuario y los servicios básicos de agua, luz y gas (Aguiar, 2010; Quiroga, 2015).

Más recientemente, se ha argumentado la existencia de dos tipos de recursos de poder adicionales. Uno de ellos es el poder societal, entendido como la posibilidad de actuar desde contextos de cooperación viables junto con otros grupos sociales y organizaciones, o más ampliamente, el apoyo de la sociedad a las demandas de los trabajadores (Schmalz et al., 2018), en la que se reconocen dos subdimensiones. La primera es la “coalicional”, o el poder “de interacción”, que emerge cuando los trabajadores son apoyados por otros grupos de trabajadores, pero también cuando establecen alianzas con movimientos sociales, con partidos y líderes políticos, e incluso con sus propios empleadores u organismos estatales. Al respecto, se ha destacado la importancia de estas alianzas para el fortalecimiento del poder asociativo (Fox-Hodness y Santibañez, 2020), y también para el éxito de las huelgas en la consecución de demandas por bienestar social, en contexto democráticos latinoamericanos (Kim et al., 2020). La segunda subdimensión es la “discursiva o comunicacional”, que corresponde a la legitimidad que logran obtener los sindicatos frente a la opinión pública, para lo cual necesitan ofrecer patrones de interpretación o “marcos” creíbles y soluciones a los problemas. Si estas son vistas como causas legítimas y justas, su poder aumentará.

El otro recurso se ha denominado poder institucional, cuyo despliegue está generalmente subordinado a las regulaciones institucionales de las relaciones labo-rales, que a su vez son el resultado de procesos de negociaciones y luchas previas. Su principal característica es la estabilidad en el tiempo (Schmalz et al., 2018), por lo que los sindicatos pueden continuar utilizándolo aún si su poder asociativo es débil. Entre sus formas más relevantes, el poder institucional se manifiesta como garantías legales –libertad de asociación, derecho a huelga, entre otras–, leyes sindicales, sistemas de justicia laboral y modalidades de negociación colectiva o de representación de los trabajadores.

Con estas dimensiones, se configura una matriz de análisis apta para explicar la acción sindical en huelgas laborales y su interrelación con otros movimientos sociales.

METODOLOGÍA

Este trabajo es un estudio de caso enfocado en la huelga general del 12 de noviembre de 2019 y busca analizar el despliegue de recursos de poder por parte del movimiento sindical en la coyuntura, para explicar su fuerza y aportar a la comprensión del rol que tuvo el sindicalismo en el contexto del Estallido Social.

Para el análisis, esta investigación se basó en la revisión de medios de prensa y entrevistas a informantes claves. En específico, la recopilación de datos se realizó a través de las siguientes fuentes: a) 18 medios de prensa digitales, tres de alcance nacional y uno por cada región del país, durante los días 12 y 13 de noviembre; b) entrevistas estructuradas a dirigentes de sindicatos de las 10 principales ramas de actividad económica entre los meses de noviembre y diciembre del 2019, para indagar el alcance de la paralización en su respectivo sector; c) revisión de redes sociales –principalmente Twitter y Facebook– de las principales organizaciones sociales y sindicales del país cuya participación se detectó en la huelga, así como de los sindicatos de la gran minería del cobre y de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) dependiente del Estado; y d) registro de noticias e informaciones acerca de cortes de tránsito, marchas y concentraciones protagonizadas por grupos de individuos durante esos días, asumiendo que estas acciones correspondieron a formas de apoyo y de amplificación de la huelga general, tal como fue solicitado por sus mismos convocantes al invitar a la realización de manifestaciones y acciones desobediencia civil. La información recopilada fue procesada mediante un análisis de contenido en torno a su relación con los recursos de poder utilizados por el movimiento sindical.

A partir de lo anterior se describen y analizan los despliegues de poder sindical observados, y esto se complementa con una breve caracterización del escenario político nacional de protestas antes y después de la huelga general, asumiendo que el petitorio planteado, el nivel de adhesión de la movilización y los resultados obtenidos cobran un mayor sentido al estudiarlos con la perspectiva del proceso general del que forman parte.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El escenario político y social previo a la huelga general

Con una semana de anticipación se hizo pública la convocatoria a huelga general del 12 de noviembre desde el Comité de Huelga Nacional, compuesto por un grupo de organizaciones sindicales representativas de un amplio espectro del escenario laboral chileno, entre ellas el sector portuario, el educacional, los servicios públicos, el campo y la agro-industria, el comercio y los servicios, la minería, la construcción y el montaje industrial, la salud, la banca y la manufactura. El objetivo declarado era presionar al Gobierno y al sistema político en general para aprobar un conjunto de demandas que se habían ido fraguando al amparo de grandes movilizaciones que irrumpieron con fuerza desde el 18 de octubre y que se extendieron por varios meses. Estas protestas tuvieron diversas expresiones, desde concentraciones masivas en las principales avenidas y parques de las ciudades, como la del 25 de octubre en la que participaron entre 800.000 y 1.500.000 de personas (El Desconcierto, 2019), hasta marchas de distinta masividad y acciones disruptivas con distintos grados de violencia.

Por la intensidad que tuvo especialmente durante los primeros días, uno de los fenómenos más interesantes del Estallido Social fue la paralización forzosa total o parcial de la actividad económica en muchas áreas (El Mostrador, 2019). Esto ocurrió directamente por las protestas que impedían el tránsito y amenazaban la seguridad de las empresas con saqueos, incendios y barricadas, o bien por la severa disminución del flujo del transporte público, debido a que decenas de estaciones de Metro quedaron inutilizables por incendios y por el cierre anticipado de las operaciones de la Red Transantiago ante el toque de queda decretado por el Gobierno y el riesgo de ataques a buses.

En ese contexto de crisis abierta, gran parte de las organizaciones que participaban del proceso se fueron sumando a la MUS, espacio de coordinación que asumió de facto la vocería de las movilizaciones. Cuando se difundió el llamado a huelga general, también se hizo público el Pliego de los Trabajadores y Trabajadoras de Chile (Colegio de Profesores, 2019), que bien puede ser tomado como una síntesis general de las demandas de los sectores involucrados en la revuelta, exigiendo desde una Asamblea Constituyente hasta la reducción de la jornada laboral y aumentos de salarios, pasando por mejores pensiones y derechos sociales, así como la renuncia, juicio y castigo a los responsables directos e indirectos de herir y asesinar a manifestantes en los días previos.

En un comienzo, la principal respuesta del Gobierno ante el conflicto fue la represión. Sin embargo, la gran cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos, la persistencia de las manifestaciones y los primeros resultados de encuestas que arrojaron una brusca caída en la aprobación de la administración de Sebastián Piñera (Pulso Ciudadano, 2019), inclinaron a este último a maniobras políticas paliativas en el Congreso (Biobiochile.cl, 2019), aunque tampoco lograron resolver la situación ni aquietar los ánimos. De hecho, en la víspera de la huelga general la presión contra el Gobierno aumentó, al conocerse que un 78% de la población estaba de acuerdo con cambiar la Constitución, y que más de un 50% se inclinaba por una Asamblea Constituyente (Cadem, 2019).

En este clima de agitación política, la huelga general tenía perspectivas de éxito que no había hallado ningún esfuerzo anterior. Para dimensionar sus resultados, a continuación se evaluará la puesta en práctica de cada uno de los recursos de poder sindical observados en el hito.

Recursos de poder institucional

La realización de una huelga general en Chile supone la superación de una serie de dificultades legales. En términos generales, el código laboral chileno que fue implementado en dictadura, se caracteriza por ser muy flexible con las relaciones individuales de trabajo, pero muy restrictivo con las relaciones colectivas, situación que se ha mantenido en las sucesivas reformas laborales hechas en democracia (Pérez, 2020). En cuanto a sus aspectos favorables para los trabajadores, asegura lo mínimo que se encuentra en la mayor parte de las democracias occidentales: derecho a formar un sindicato y a recibir cotizaciones por parte de sus afiliados para lograr estructuras organizacionales funcionales y estables, especialmente en las grandes empresas donde alcanzan mayor solidez. Chile ha ratificado el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que asegura el derecho a sindicalizarse, negociar colectivamente y realizar una huelga, pero la ley también establece una serie de procedimientos que inhiben las paralizaciones en el trabajo.

En primer lugar, la huelga es reconocida por su carácter jurídico antes que por su carácter social, ya que es admitida sólo como parte de un proceso reglado de negociación colectiva (Medel et. al., 2017; Ugarte, 2008). Esto quiere decir que toda paralización del trabajo efectuada en instancias no regladas carece de reconocimiento y protección legal, como el fuero sindical o la obligatoriedad de la contraparte a negociar. Además, existen grupos de trabajadores que están expresamente impedidos de realizar huelgas: los empleados públicos, los trabajadores que según el Gobierno de turno se desempeñan en “empresas estratégicas”, entre otros. En segundo lugar, la estructura de la negociación colectiva y la huelga es obligatoriamente descentralizada a nivel de establecimiento y sindicato, lo que difi-culta la acción coordinada de organizaciones supra-sindicales, como federaciones o confederaciones incluso en una misma rama de actividad económica o región. Por último, existen restricciones sobre las demandas que se pueden plantear, quedando expresamente prohibido negociar asuntos relativos a la gestión y dirección de la empresa, o canalizar cualquier reivindicación que exceda un nivel económico-salarial.

Como las huelgas generales en Chile sólo se pueden desarrollar por fuera de la legalidad, los recursos institucionales que pudieron movilizar los trabajadores en este contexto fueron casi nulos. Sin embargo, el sólo hecho de que los sindicatos estén consagrados y protegidos legalmente constituyó una notable ventaja respecto a otras organizaciones de la sociedad civil y movimientos que participaron de la huelga, por lo que puede ser considerado un recurso institucional relevante en esta coyuntura.

En el sector privado, la mayor parte de los sindicatos involucrados instaron a participar de la huelga mediante la inasistencia colectiva al trabajo. Para lograr buenos resultados, se hizo circular información por diferentes medios sobre algunas leyes a las que se podía apelar para evitar represalias, tales como el Artículo 160 Nº3 del Código del Trabajo, que establece que el despido por ausentismo laboral sólo procede cuando no se justifica una inasistencia por dos días consecutivos, tres días dentro del mes o dos lunes mensuales; o el Artículo 184bis del Código del Trabajo, que indica que se deben suspender las labores en cualquier caso que el lugar de trabajo reporte un riesgo grave para la vida o la salud, como podría ser una fuerte represión policial o la imposibilidad de llegar por los cortes de calles; en caso de que ocurrieran despidos, se sugería apelar al Art. 294, que permitiría acceder al reintegro al puesto de trabajo o a una indemnización importante previa demanda. También se enfatizó que la ausencia laboral en el contexto de la huelga general estaría plenamente justificada, ya que su ejercicio es un Derecho amparado en tratados internacionales, ratificados por fallos de la Corte Suprema.

Por otro lado, las relaciones laborales de los funcionarios públicos están reguladas por un Estatuto Administrativo que nominalmente prohíbe las huelgas, pero dificulta los despidos a tal punto que se ha formado entre los trabajadores del Estado una confianza y tradición de realizar paralizaciones masivas por la fuerza de los hechos sin que las autoridades puedan tomar represalias graves contra ellos, como ocurrió en esta ocasión.

Recursos de poder asociativo

El análisis de los recursos asociativos requiere considerar algunos antece-dentes de la estructura sindical en Chile. En términos generales y con la excepción del periodo de gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973, Chile se caracteriza por un sindicalismo fragmentado y de pocas organizaciones grandes en relación con el resto de América Latina (Angell, 1974; Zapata, 1993; Osorio, 2015), lo cual se ha reforzado con el modelo de negociación colectiva que ata legalmente la acción sindical a nivel de empresa, resultando en una cobertura de contratos colectivos históricamente baja, y en los últimos años muy inferior al promedio de la OCDE, al mismo tiempo que el país exhibe una conflictividad muy alta al compararse con otros países (OHL, 2020).

La creación del Bloque Sindical de la MUS fue parte de un esfuerzo por superar esta situación al aglutinar a varias de las organizaciones sindicales más importantes, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación de Empleados Fisca-les (ANEF), el Colegio de Profesores, la Unión Portuaria y diversos representantes de gremios del sector privado y público. Aunque las movilizaciones de octubre comenzaron con iniciativas estudiantiles de evasión masiva contra el alza del pasaje del Metro, y que una proporción mayoritaria de los participantes del Estallido Social fueron individuos sin afiliación a organizaciones sociales, el rol destacado que jugaron los sindicatos se aprecia en el hecho de que, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre, nueve de las diez organizaciones con mayor cantidad de menciones en los registros de las movilizaciones eran laborales (Observatorio de Conflictos Sociales [OCS], 2020). Además, específicamente la convocatoria del 12 de noviembre que apuntaba a un “Nuevo Pacto Social” para Chile expresado en una Asamblea Constituyente, provino principalmente del Bloque Sindical (El Desconcierto, 2019; CUT, 2019).

Sin embargo, al observar la participación de los sindicatos ese día, la mayor parte exhibió un poder asociativo más bien exiguo a tal punto que, como se señaló en el apartado anterior, la adhesión se limitó a instigar el ausentismo laboral de sus socios. Las únicas organizaciones cuyo poder asociativo tuvo un peso categórico y realizaron efectivamente una huelga fueron, en primer lugar, los grandes sindicatos del sector público. Allí destacó el sector salud, cuya adhesión al paro alcanzó alrededor de un 95% en cada nivel de atención exceptuando los turnos éticos según sus protagonistas, y fue complementado principalmente con marchas, actividades recreativas y, a nivel nacional, la disposición de personal de ayuda y socorro itine-rantes para quienes se vieran afectados por la violencia policial. Similarmente, la ANEF estimó la adhesión de la Administración Central del Estado y los municipios en un 90% de los 358.000 empleados en todo Chile. Por su frágil régimen laboral, no pudieron sumarse los trabajadores del Estado bajo la modalidad de “honorarios”. A su vez, del área educacional participó el Colegio de Profesores, que con presencia en prácticamente todas las escuelas públicas del país alcanzó un 80% de adhesión, y las diversas asociaciones de funcionarios de Universidades del Estado. En todos estos casos, debe tomarse en cuenta que las paralizaciones se venían realizando de forma parcial e intermitente desde el comienzo de las protestas, aunque por razones más bien gremiales que se fueron acumulando, lo cual favoreció su efectividad durante esta jornada.

Por otro lado, destacó el poder asociativo de los sindicatos de la banca, la construcción y el comercio. En el primero, según su propia estimación alcanzó una adhesión del 40% de los trabajadores, lo cual constituye una cifra nunca antes vista en el sector que rara vez se involucra masivamente en convocatorias que excedan la negociación colectiva reglada. Las fuentes consultadas indican que se logró paralizar total o parcialmente 25 de las megaobras de infraestructura más grandes del país a lo largo de seis regiones, mediante cierres forzados, tomas de establecimientos y el retiro masivo de las obras, lo cual fue impulsado por el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción y el Montaje Industrial (SINTEC Chile), que con cerca de 8.000 afiliados arrastraron a la huelga a entre 15.000 y 20.000 obreros forzando el cierre de faenas, con quienes se realiza-ron marchas espontáneas en ciudades como Alto Hospicio, Villarrica y Santiago; adicionalmente, otros sindicatos lograron la paralización de obras aisladas, entre las que llama la atención la construcción del Puente Chacao, detenida durante va-rias horas por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores Asalariados (SINTRASAR). En el caso del comercio, las fuentes indican que participaron directamente en la huelga unos 60.000 trabajadores que, aunque representan aproximadamente un 7% de la fuerza de trabajo ocupada en el sector, se encuentran principalmente en las grandes empresas que concentran la mayor cantidad de ventas, y por ende el impacto de su acción fue mucho mayor.

En síntesis, pese a la debilidad estructural del sindicalismo chileno, se puede aseverar que la jornada tuvo una adhesión histórica, tanto en los sindicatos que tradicionalmente logran movilizar sus propias bases, como en sectores que presentan mayores dificultades o que solo recientemente han consolidado su fuerza. Un factor determinante en este éxito relativo fue la existencia del Bloque Sindical de la MUS como plataforma de coordinación con alta legitimidad, y el contexto político y social que le daba un sentido inmediato y concreto a la convocatoria.

Recursos de poder estructural

Como se ha explicado, el recurso de poder estructural remite principalmente a ciertos sectores de trabajadores que cuentan con un gran poder disruptivo en caso de paralizar su actividad laboral en virtud de su posición en la economía, por lo que suelen ser denominados como “estratégicos”.

Uno de los sectores más importantes a nivel económico es la minería del cobre, que tuvo una participación escasa y concentrada principalmente en los trabajadores subcontratados. Dada su situación contractual precaria y su tradición de lucha, las protestas de este segmento de trabajadores fueron realizadas desde fuera de las faenas mineras, apuntando a la paralización de la extracción de cobre de los lugares de trabajo durante algunas horas de la mañana mediante cortes de rutas para bloquear la entrada de los empleados directos y subcontratados. Sin embargo, no se reportó la paralización directa de los sindicatos de planta de la estatal CODELCO agrupados en la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), ni tampoco de los sindicatos de la gran minería del cobre privada (por ejemplo Minera Escondida, Collahuasi, entre otras), aunque varios de ellos llamaron a adherir al paro y convocaron a marchas con poco impacto sobre la producción de sus empresas.

En el sector industrial la participación también fue reducida, en línea con el debilitamiento del sindicalismo que este sector tiene desde hace décadas (Osorio, 2017). Uno de los centros de trabajo que destacaron en la jornada fue la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) de la región de Valparaíso, en la que los trabajadores de planta y los contratistas suspendieron las faenas para salir a marchar junto a otras organizaciones. También paralizaron y se sumaron a las marchas de ese día varios sindicatos pequeños pertenecientes a la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos (CONSTRAMET, también conocida como Industrial Chile) en tres regiones. En el caso de los trabajadores de la industria salmonera, las rutas de acceso amanecieron cortadas y se mantuvieron así por algunas horas por lo que muchos empresarios optaron por interrumpir voluntariamente los turnos para res-guardar la seguridad del personal y sus instalaciones. También se suspendieron turnos en plantas procesadoras por los desórdenes y por la convocatoria a una marcha ese mismo día. No se registraron paralizaciones en otras industrias manufactureras.

El sector que tuvo una participación más significativa fue el transporte, donde destacan tres tipos de actores. En primer lugar los trabajadores portuarios, quienes fueron unos de los principales promotores de la huelga general, y que lograron detener la actividad de estiba en 25 de los 27 puertos de Chile, recurriendo tanto a huelgas directas como a cortes de tránsito en los accesos. En segundo lugar, los trabajadores del transporte público que participaron de forma desigual: en varias capitales regionales la locomoción colectiva y los buses interurbanos se vieron disminuidos o no funcionaron; en algunos casos la paralización fue por la voluntad de sus trabajadores, como en el terminal rodoviario de Arica o en los autobuses urbanos en Copiapó, Antofagasta y Coquimbo, o en el Metro de Valparaíso; aunque en otras ciudades se debió a formas de presión de otros sectores adheridos al paro, como ocurrió en Concepción, y Valparaíso, donde las máquinas que salieron a la calle fueron apedreadas, obligando a suspender el servicio. También se registraron situaciones en las que la inexistencia de condiciones de seguridad mínimas para los trabajadores ante las protestas llevó a suspender las labores, como en los buses interurbanos de Vallenar, Caldera y Chañaral, o en Santiago, donde la prensa indicó que se operó con el 49% de la flota habitual de transporte colectivo. En cualquier caso, destacaron por su ausencia los sindicatos de la Red Transantiago y del Metro de Santiago, que pese a su intención de apoyar la huelga no lo consiguieron.

Por último, en el sector agrícola no hubo una manifestación extendida y sólo se registró la participación de trabajadores organizados en la Unión Nacional de la Agroindustria en la Región Metropolitana, que representan un pequeño sector dentro del rubro que se caracteriza por una baja sindicalización (Baeza et al., 2017) y la inexistencia de grandes referentes.

Considerando lo anterior, se estima que los recursos estructurales del sindicalismo fueron subutilizados en la huelga general, con una demostración centrada principalmente en el sector portuario y de transporte en las ciudades, aun-que en este último caso no siempre fue empujado por los trabajadores directos. Prácticamente no hubo paralizaciones en áreas que podrían generar un serio menos-cabo económico, a pesar de que existen sindicatos con larga trayectoria en esos rubros. Con esto se reafirma la prolongada debilidad del sindicalismo chileno en la postdictadura a la hora de movilizar a grupos de trabajadores que ocupan las posiciones denominadas estratégicas.

Recursos de poder societal

El recurso societal se analizará en sus dos subdimensiones. El poder “coalicional”, entendido como los repertorios de acción coordinados con otros actores sociales, destacó notoriamente la participación de organizaciones no sindicales que adhi-rieron a la huelga y extendieron el llamado a participar en sus respectivos ámbitos, en algunos casos mediante la formación de comités territoriales de huelga encar-gados de elaborar e implementar acciones de apoyo durante el día, principalmente orientadas a impedir o entorpecer el flujo de personas hacia los centros de trabajo, por medio de cortes de ruta y marchas en calles importantes que fueron sus tácticas principales. También fue relevante en estas acciones el apoyo concreto de una masa de personas no afiliadas a organizaciones sindicales ni sociales, quienes se sumaron sin necesariamente ser convocadas y potenciaron su impacto.

La participación de organizaciones “territoriales” o no estrictamente sindicales en una convocatoria a huelga general no es algo nuevo, y se puede rastrear en paros nacionales anteriores como el convocado por la CUT el 2003, o los convocados por No+AFPs entre 2016 y 2018. Sin embargo, en esta ocasión se estaba ante un escenario con niveles de politización inéditos, con una actividad ininterrumpida de marchas y asambleas, de modo tal que ya se registraban tres semanas de agudas perturbaciones en el transporte público que afectaban el tránsito de los traba-jadores y, en consecuencia, las jornadas laborales en el país llevaban más de 20 días funcionando de manera reducida, al verse las empresas obligadas a cerrar más temprano para que los empleados pudieran volver a sus hogares. Todos estos elementos tuvieron una mayor intensidad el 12 de noviembre.

Desde la mañana, los medios de prensa nacional y regional dieron cuenta de la huelga principalmente en torno a los cortes de tránsito, las concentraciones y las marchas que alteraron el funcionamiento del transporte. En ellas participaron activamente estudiantes y organizaciones de pobladores vinculados a la demanda de la vivienda. Como lo consignaron diversos medios de comunicación y la UOCT, los cortes de tránsito ocurrieron por lo menos en 24 ciudades, en avenidas estratégicas para la circulación de vehículos y en las horas punta, principalmente en Santiago y en las capitales regionales. Además, en las ciudades intermedias y pequeñas los cortes se produjeron en las carreteras de acceso y de conexión con las ciudades más grandes de cada región, así como también en las rutas hacia los lugares de producción, como puertos y centrales de generación eléctrica.

Junto con las barricadas, se constataron ocupaciones de sitios por copamiento mediante actividades pacíficas, como concentraciones o desayunos comunitarios, donde los medios registraron la participación de familias. Se efectuaron reuniones masivas y marchas en 35 ciudades distribuidas por todo el territorio nacional, correspondiendo principalmente a las capitales regionales y provinciales. También participaron ciudades pequeñas como Diego de Almagro, Quellón o Niebla. Natural-mente, la mayor cantidad de reportes se concentró en Santiago, Valparaíso y Concepción que son las tres metrópolis principales, aunque también sobresalieron otras como Valdivia (25 mil), Chillán (20 mil) y Arica (10 mil). En un rango menor, llamó la atención las ciudades de Quillota (6 mil manifestantes), Puerto Natales (3 mil) y Castro (2 mil).

Sobre estos repertorios de acción, cabe precisar que si bien fueron convocados por el mundo sindical en el marco de la huelga general, no se puede aseverar que respondieran mecánica ni dócilmente a su llamado, sino que más bien se trató de organizaciones, grupos de afinidad y sectores de la población previamente movi-lizados que hallaron en la coyuntura un momento en el cual concentrar fuerzas que hasta entonces carecían de mayor coordinación espacio-temporal.

Un sector relevante en el que se hicieron sentir los estragos de esta coordinación fue el comercio, que concentra cerca del 20% del empleo en Chile. Aquí, aparte de las grandes cadenas de retail cuyos sindicatos paralizaron directamente o finalizaron la jornada más temprano, muchos de los pequeños y medianos establecimientos op-taron por no abrir para no exponer a riesgos a sus trabajadores y sus instalaciones (Centro de Investigación Político Social del Trabajo [CIPSTRA], 2019a).

Respecto a la subdimensión comunicacional o discursiva, se puede decir que la huelga contó con un apoyo generalizado, con una cobertura y adhesión extraordinaria en el Chile post-dictadura, lo que quedó plasmado en varias encuestas de opinión (Cadem, 2019; Fundación Instituto de Estudios Laborales / Market Opinion Research International [FIEL/MORI], 2019). Según las estimaciones realizadas por Unidad Social, se movilizaron en total más de dos millones de personas en Chile.

En resumen, la participación masiva de la población desbordó la acción propia-mente sindical en un esfuerzo coordinado, más no directamente comandado por el sindicalismo, potenciando los efectos de la huelga general al interrumpir el flujo de la fuerza de trabajo y las mercancías en las principales ciudades del país.

El impacto de la huelga general del 12 N y sus consecuencias

Tomando en consideración el despliegue de recursos de poder sindical empleados en la huelga general, se puede hacer una estimación de su fuerza, y desde allí aquilatar el impacto que tuvo en el marco del Estallido Social.

Lo primero a destacar es la masividad extraordinaria que tuvo este hito. De acuerdo con los antecedentes recabados, no solo se puede aseverar que fue el acontecimiento más participativo de la revuelta después de la concentración del 25 de octubre, sino que también fue el más disruptivo al registrarse 189 “Eventos graves” –entendidos como una significativa y persistente alteración del orden público– a lo largo del país durante ese día. Si esto se compara con los 50 “Eventos graves” de la jornada previa, y otras cifras que muestran que la intensidad diaria de las protestas había descendido desde noviembre (Emol, 2019b; Infogate, 2019), toma mayor fuerza la tesis de que el sindicalismo logró convocar y concentrar fuerzas que se mantenían activas pero dispersas. En el mismo sentido pueden interpretarse los 783 detenidos de la jornada, la cifra más alta desde el 23 de octubre (Desclasificación Popular, 2020, p. 22).

En segundo lugar, se puede afirmar que se trató de la huelga general más exitosa de las dieciocho registradas desde el fin de la Dictadura (CIPSTRA, 2019a; OHL, 2020). Esto fue así por la cantidad de trabajadores que adhirieron a la jornada, por la incorporación de sindicatos que hasta entonces no habían participado de una huelga de esta naturaleza y por la variedad de ramas de actividad involucradas, todo lo cual se sumó a la interrupción parcial o total de jornadas laborales en amplios sectores producto de las acciones disruptivas callejeras, el funcionamiento incompleto del transporte público y el contexto de la crisis social aún en marcha.

Una tercera consideración es el alcance económico de la huelga. En este ámbito, al no existir un indicador que dé cuenta de los vaivenes diarios de la producción, la aproximación debe ser indirecta. En general, el impacto de la revuelta se hizo palpable en el Índice Mensual de Actividad Económica (Banco Central de Chile [BC], 2020), que pasó de una tendencia positiva hasta septiembre a una brusca caída de -3,4% en octubre, y de -4% en noviembre (BC, 2020), ambas cifras atribuidas a la crisis por los expertos. Que la caída de noviembre estuvo fuertemente coadyuvada por la huelga analizada, se colige al observar otros indicadores como por ejemplo el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), que expresa la rentabilidad de las 30 acciones con mayor presencia bursátil en Chile, y que el 12 de noviembre llegó al punto más bajo de la caída que venía experimentando desde el inicio de las movilizaciones (BC, 2019: 25), lo que sugiere que la coyuntura generó desconfianza en los mercados financieros, especialmente sensibles en un país cuya economía se apoya en la exportación de recursos naturales de alta volatilidad como el cobre. Asimismo, el precio del dólar alcanzó lo que hasta entonces fue su máximo histórico, devaluando fuertemente la moneda local.

En cuarto lugar, en cuanto a la dimensión política de la huelga general hay dos aspectos de relevancia. Por un lado, durante la tarde y en vistas de que la fuerza de las manifestaciones no menguaba, el errático manejo del Ejecutivo llevó a los partidos de oposición desde el centro político hasta la centro izquierda, emitieron una declaración pública en la que respaldaban la realización de una Asamblea Constituyente para salir de la crisis política (Emol, 2019a), tal como lo exigía el pliego de demandas.

Por otro lado, ese día se produjo una escalada de violencia sin parangón en las décadas recientes, que se expresó incluso en una serie de ataques –sin poder de fuego– a comisarías y cuarteles por parte de los manifestantes (El Desconcierto, 2019). En este escenario cercano a la ingobernabilidad, el poder Ejecutivo sondeó directamente la opción de declarar un nuevo Estado de Sitio con el jefe del Ejército, lo que finalmente no ocurrió por el riesgo de agudizar la crisis, la falta de consenso al interior del comité de ministros a responder con mayor coerción, y una disposición dudosa por parte de las Fuerzas Armadas (La Tercera, 2020; Ex-Ante, 2020).

En este contexto, y al descartarse el apoyo de los militares en labores de orden público, el Presidente se vio forzado a un cambio de discurso y a una negociación con la oposición que se plasmó en una transmisión por cadena nacional durante la noche, en la que llamó a la creación de un Gran Acuerdo por la Paz, la Justicia y una Nueva Constitución (Navarro y Trombén, 2019). Como corolario, durante la madrugada del 15 de noviembre la gran mayoría de partidos con representación en el Congreso firmaron el denominado “Acuerdo por la Paz”, donde se definió la realización de un plebiscito para dirimir si habría un cambio constitucional, y mediante qué mecanismo.

Una última consideración amerita el devenir posterior de la revuelta. Después de la huelga general tanto la intensidad como la frecuencia de las protestas disminuyeron, y aunque es difícil determinar qué factores fueron decisivos en ello, lo más probable es que tanto el desgaste propio de varias semanas de movilización, como el acuerdo político alcanzado hayan tenido un efecto importante. Además, en cuanto el sin-dicalismo fue el principal convocante de la huelga, demostrando capacidad de coor-dinar en una coyuntura las acciones contenciosas de las diversas organizaciones e individuos que protagonizaron la revuelta, al mostrarse varios de sus dirigentes proclives a la firma del “Acuerdo por la Paz” en un primer momento, y luego abiertos a dialogar con el Gobierno sin la consulta con el resto de la MUS, se generaron una serie de fricciones y quiebres en su interior que acabaron debilitando al Bloque Sindical. Así, aunque pronto fueron cambiando de parecer al respecto al discutirse en mayor detalle el contenido del acuerdo, y apostaron por mantener la presión convocando a una nueva jornada de paro nacional para el 25 y el 26 del mismo mes, esta tuvo menor éxito (CIPSTRA, 2019b).