El triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, ha sido señalado como un hito que marca un fin de ciclo en América Latina. Empezando en 1999 con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela, durante la década sucesiva países como Ecuador, Bolivia y Argentina eligieron líderes que simbolizaban una ruptura con las políticas de desregulación y privatizaciones implementadas en los 1990s, conocidas como el Consenso de Washington. Sin embargo, en la década de 2010 se percibe un cambio de tendencia. Varios países, incluyendo Argentina (2015), Chile (2009 y 2017), Paraguay (2013) y Perú (2016) eligieron gobernantes de derecha, mientras que mediante sendos juicios parlamentarios eran destituidos los progresistas Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016). ¿Cómo se explican estos desarrollos políticos recientes? ¿Cuáles son las características del nuevo periodo? ¿Qué implicancias tiene este aparente cambio de tendencia en las políticas sociales, la competencia política y el conflicto social?

Una de las interpretaciones más difundidas, tanto en ambientes académicos como no académicos, observaba la emergencia de líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales a través de los lentes del populismo. Demostrando su maleabilidad, el concepto también ha sido empleado para entender fenómenos recientes en la derecha como el del propio Bolsonaro en Brasil, Keiko Fujimori en Perú o José Antonio Kast en Chile. Otras interpretaciones han puesto el acento en las articulaciones entre el sistema político y los electores, en particular en las fracturas de representación que han perjudicado especialmente a los sectores populares. Ejemplos de dicha fractura se observan en el colapso de los viejos sistemas de partidos del siglo XX que, en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, ocurrieron simultáneamente al ascenso de nuevas formaciones de izquierda al poder en los inicios del siglo XXI. Más recientemente, la victoria del outsider Nayib Bukele en El Salvador, podría ser interpretada como otro ejemplo de un proceso de reajuste de los clivajes políticos precedentes, incluso si estos se originaron en traumáticos episodios históricos (décadas de enfrentamiento armado entre el Estado y la guerrilla).

En el ámbito de las políticas sociales, los gobiernos del giro a la izquierda se propusieron incorporar amplias capas sociales golpeadas por los ajustes neoliberales de fines del siglo pasado. Pero la evidencia muestra que el mejoramiento de los indicadores sociales no fue exclusivo de dichos gobiernos. En efecto, entre 2002 y 2014, todos los países (con excepción de México, que se mantuvo estancado) experimentaron significativas reducciones de la desigualdad de ingresos, y la pobreza cayó en todos los países de la región (exceptuando a México) en el mismo período, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. Los nuevos gobiernos de derechas no han abolido las políticas sociales impulsadas por sus predecesores, a pesar de emplear una beligerante retórica anti-izquierdista de la que obtuvieron amplios réditos electorales, pero sí se han propuesto ‘corregir’ sus supuestos excesos a través de ajustes presupuestarios, liberalización de precios y la promoción de la inversión privada.

Los artículos incluidos en este Debate de la RES, se interesan por los procesos recientes de cambio sociopolítico en Latinoamérica. Dos de los artículos de este número especial analizan las implicancias de la movilización popular para el cambio político reciente, en países que experimentaron el giro a la izquierda (Bolivia y Argentina) y en otro que no lo hizo (Colombia). Aunque las diferencias entre estos países son notorias, los autores de estos artículos coinciden en que la relación entre partidos políticos y movimientos sociales (y más generalmente, la protesta) configura un nodo clave para entender el proceso político de la región en las primeras décadas de este siglo. Por su parte, los otros dos artículos ponen el foco en el desarrollo de políticas sociales durante este período, proponiendo explicaciones originales para dicha expansión que añaden (y complementan) a la literatura existente.

Enrico Padoan distingue entre los modos de incorporación de los sectores populares al proceso político en Bolivia y Argentina durante la década de 2000. El autor asume que los gobiernos de Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner pueden ser entendidos como ejemplos de la segunda oleada histórica de incorporación de los sectores populares (siendo la primera oleada la de los gobiernos populistas de mediados del siglo XX). Aunque en ambos países la modalidad de incorporación fue principalmente corporatista, pues organizaciones representativas de “excluidos” (indígenas, campesinos pobres y cultivadores de coca en Bolivia, trabajadores y desempleados en Argentina) tuvieron roles centrales como mediadores entre sus bases y los partidos en el poder, el proceso tuvo tintes más personalistas en Argentina. En general, Padoan sugiere que para entender el debilitamiento de las alianzas sociales y políticas que sostuvieron a dichos gobiernos, tenemos que prestar atención a las características específicas de dicho proceso de incorporación. Fabio Andrés Díaz, en tanto, sostiene que en Colombia, un país tradicionalmente gobernado por mandatarios de derecha durante su historia, los gobiernos han condenado a la protesta social por considerarla un rasgo disfuncional. La presencia de fuertes guerrillas rurales de izquierda desde los años 1960 contribuyó a la condena y represión de la movilización social en el contexto urbano, incluso si ésta era protagonizada por actores sociales que nada tenían que ver con la guerrilla. Esto comenzó a cambiar durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), en la medida que todos los partidos, incluyendo a los de derecha, comenzaron a ver la protesta en modo instrumental a sus intereses. Díaz sostiene que el inicio de las negociaciones que llevaron al proceso de paz entre gobierno y las FARC (2011) consolidó este proceso, al dividir a la derecha colombiana. Así, la última década asiste a la normalización de la política contenciosa en este país, siendo las masivas protestas de noviembre de 2019 un claro indicador de este proceso.

Rossana Castiglioni se propone explicar por qué algunos gobiernos de derecha, a los que tradicionalmente se considera reacios a las políticas de protección social, han adoptado políticas expansivas a partir de inicios de este siglo. En efecto, como destaca la autora, todos los gobiernos de derecha y centro-derecha de la región adoptaron alguna medida de transferencia no contributiva, y varios gobiernos de este sector político ampliaron medidas de carácter contributivo. Castiglioni sugiere que para entender estos cambios debemos prestar atención a los patrones de competencia electoral. En particular, la autora argumenta que cuando los costos de mantener las cosas tal como están son superiores al costo de una reforma, los partidos de derecha se mostrarán más proclives a adoptar políticas expansivas incluso si éstas contradicen su ideario. Por su parte, César Guzmán-Concha y Rossella Ciccia se preguntan si el incremento de la movilización social que se verificó durante los años 1990s y principios de 2000s tuvo efectos en el desarrollo de políticas expansivas de principios de este siglo. Usando datos agregados a nivel de países, los autores encuentran una asociación positiva entre niveles de protesta más altos y la expansión de la cobertura de las transferencias condicionadas y las pensiones no contributivas. Los autores lo atribuyen al hecho que los movimientos sociales pueden alterar los patrones de competición política, modificando consensos establecidos y las prioridades de la acción pública. En el mediano y largo plazo, estos movimientos pueden transformarse a sí mismos en actores con acceso al sistema decisional, como ejemplifican los nuevos partidos de base popular surgidos en Bolivia, Brasil o Ecuador en los tempranos 2000s.