INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es analizar los procesos de desigualdad social y territorial existentes en España y México, que impiden a ambos países avanzar hacia sociedades más equitativas y cohesionadas. Su evolución socioeconómica durante el periodo 2008-2018 permite evidenciar tendencias sociales comunes, que explican tales desigualdades.

En las últimas décadas el debate en torno a la pobreza, y su relación con la desigualdad social, ha propiciado la consolidación de un nuevo término, que empieza a cobrar protagonismo en los años noventa: exclusión social (Arriba, 2002). Unidos a este concepto, los aspectos de estratificación y desventaja social se enfatizan frente a las cuestiones distributivas, más tradicionales y de corte economicista (Room, 1999). Al destacarse su carácter estructural, ligado a la configuración del sistema económico y social y, por tanto, no atribuible a los sujetos afectados (Fresno, 2007), se ha contribuido a la progresiva incorporación de un enfoque de derechos humanos en el diseño de las políticas sociales, a las que se les exige abandonar sus planteamientos asistencialistas.

En este trabajo se define la exclusión social como la acumulación de desventajas sociales, derivada de dinámicas de desigualdad en los ejes económico, político y social (Levitas et al., 2007; Bak, 2018), que se manifiestan en siete dimensiones vitales (ingresos, empleo, educación, vivienda, salud, relaciones sociales y participación) y relega a personas, grupos y territorios de los centros de poder, los recursos y las oportunidades (Estivill, 2003).

Debido a su relevancia e impacto sobre la movilidad social, nos centramos en las tres dimensiones principales que determinan la exclusión: ingresos, empleo y educación (Atkinson, 1998; Laparra et al., 2007; Solís, Güémez y Lorenzo, 2019). Para profundizar en los procesos de convergencia/divergencia en cada uno de los tres ámbitos estudiados se adopta una perspectiva de la desigualdad, social y territorial. En la social, se considera el género (en ambos países), junto con la nacionalidad (para España) y la etnia (para México) como ejes de desigualdad. Por su parte, la disparidad territorial se examina a nivel de comunidades autónomas (autonomías) en España y de entidades federativas (estados) en México.

La metodología se fundamenta en la selección de indicadores nacionales y autonómicos/estatales de las tres dimensiones seleccionadas, con perspectiva de género, etnia/nacionalidad y territorial. Ahora bien, la desagregación disponible de los datos no permite adoptar un enfoque interseccional, como sugieren Collins y Bilge (2019) o Solís et al. (2019), para poder visualizar la acumulación de desventajas de determinados grupos sociales (mujer indígena rural, por ejemplo). Además, las peculiaridades de los sistemas estadísticos nacionales impiden realizar una comparativa exacta. No obstante, resulta pertinente incluir ciertos indicadores diferenciados, propios de cada país, ya que estos reflejan claramente la desigualdad en uno u otro caso. Por otro lado, no siempre se dispone de información ajustada al periodo de estudio, 2008-2018, lo que introduce ciertas limitaciones en la comparativa.

Más allá de los informes internacionales realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros, no abundan los trabajos de análisis social comparativo entre México y España. La elección de ambos países, con estructuras económicas y sociales diferentes, permite contrastar la hipótesis de confluencia en los procesos de estructuración de las desigualdades entre los países del sur de Europa Occidental y los países de América Latina, planteada en este monográfico, y al que este trabajo contribuye proporcionando abundante evidencia estadística. Además, México es uno de los países con mayor desarrollo de indicadores sociales del entorno latinoamericano, lo que facilita la comparativa realizada, aunque sus líneas de medición estén algo alejadas de las españolas.

México ha sido un país tradicionalmente desigual. La desigualdad monopólica que trajo consigo la industrialización se superpone a la desigualdad heredada y contribuye a que ésta se mantenga y se reproduzca (Cordera y Tello, 1984, p. 14). La implantación del modelo neoliberal determinó grandes altibajos en su crecimiento económico (Dabat, 1994), acentuándose en los últimos años las desigualdades espaciales, sectoriales y sociales (Merchand, 2014); en gran medida debido a la escasa coordinación de las políticas de desarrollo territorial (Franco y Canela, 2016). En España, las políticas de austeridad instauradas entre 2010-2014, bajo el auspicio de la Unión Europea (UE) como respuesta a la crisis financiera y económica iniciada en 2008, han sido calificadas de regresivas, observándose mayores niveles de desigualdad social y territorial que en el periodo precedente (Rodríguez-Cabrero, 2018, p. 18). Las graves repercusiones económicas y sociales derivadas de la pandemia por coronavirus (Covid-19) apenas se empiezan a estimar, mientras se revisan estas líneas. Con previsiones que apuntan a caídas de la actividad económica sin precedentes, no cabe sino esperar un incremento de la desigualdad y el riesgo de exclusión social que este trabajo muestra para España y México.

Para abordar los aspectos señalados, el presente estudio comienza con una aproximación a los conceptos de desigualdad, pobreza y riesgo de exclusión social. Se continúa con la fundamentación de la metodología, dando paso al análisis de los resultados. En dichos resultados se examina inicialmente el contexto demográfico y socioeconómico, así como la evolución de los niveles de bienestar y pobreza, de ambos países. Seguidamente, se analiza la situación social en las dimensiones de ingresos, empleo y educación, a través de una selección de indicadores vinculados a cada una de ellas, y teniendo en cuenta los tres ejes de desigualdad considerados (género, etnia/nacionalidad y territorio). Se finaliza destacando las principales conclusiones.

DESIGUALDAD, POBREZA Y RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

El término desigualdad refiere un proceso social holístico, por el que todos los grupos sociales, en su interacción, se dividen y separan entre sí en función de la distribución diferenciada de bienes, servicios y oportunidades (Béjar y Hernández, 1993, pp. 9-10). Como señala Anderson (2015, p. 191), se estudia la desigualdad por una diversidad de razones: identificar sus fuentes, sus consecuencias, el grado en el que la desigualdad es deseable, los vínculos dinámicos entre desigualdad y pobreza, o tratando de discernir las grandes fuerzas estructurales que la impulsan.

Desde mediados de los años setenta del siglo XX, el debilitamiento de los tres grandes mecanismos de integración (empleo, Estado de Bienestar y familia) trae consigo nuevos riesgos sociales que van más allá de la pobreza, vinculada únicamente a la insuficiencia de ingresos. Esta nueva realidad social, denominada exclusión social por René Lenoir, ha sido objeto de numerosas propuestas de conceptualización y caracterización, tanto en Europa como en América Latina (Atkinson, 1998, Laparra et al., 2007; Leyton y Muñoz, 2016). Existe un gran consenso sobre la caracterización de la exclusión social como un fenómeno estructural, dinámico, multidimensional, multifactorial, con un componente subjetivo y susceptible de ser reducida mediante la intervención pública (Subirats, 2004).

La exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y económica; por tanto, se trata de un concepto relativo, pues el significado y las consecuencias de ser/estar excluido son distintos según cada contexto específico (Silver, 2007). Es un conjunto de procesos más que una situación estable (Castel, 1995), conduciendo a los sujetos por diferentes estadios, o grados de exclusión, en función de la acumulación de desventajas sociales. Con respecto a su carácter multidimensional, se han concretado en siete las dimensiones en las que se puede materializar: Económica, Laboral, Formativa, Socio-sanitaria, Residencial, Relacional y Ciudadanía-participación (Laparra et al. 2007; Subirats, 2004). Otra característica es la heterogeneidad de los sujetos y colectivos afectados (Room, 1999). Por otra parte, también inciden ciertos factores individuales relacionados con la subjetividad y la atribución de sentido a la propia situación de precariedad, vulnerabilidad o exclusión (Estivill, 2003). Además, es un fenómeno susceptible de ser corregido a través de políticas efectivas (Moreno, Pino, Marí-Klose y Moreno-Fuentes, 2014).

El riesgo de exclusión social se relaciona con la carencia de recursos materiales o sociales y con la escasa participación en la actividad económica, social, política y cultural; identificándose, por tanto, con una deficiente calidad de vida. En palabras de Levitas et al. (2007, p. 24): “La exclusión en una o más dimensiones tiene un grave impacto negativo en la calidad de vida”.

En España, la desigualdad económica y la pobreza mantienen hondas raíces (Ayala, 2014) y, más aún, en México (Cortés, 2012). Lo mismo ocurre con la desigualdad social, destacando en España el mayor riesgo de exclusión derivado de la condición inmigrante (Mahía y Arce, 2014) y, en México, de la indígena (Flores y Telles, 2012). En este sentido, se debe tener en cuenta la superposición de múltiples identidades, origen étnico/extranjero y género, sobre la acumulación de desventajas sociales; cuestión destacada por la perspectiva interseccional, surgida del feminismo negro (Collins y Bilge, 2019). Asimismo, la desigualdad territorial convive en ambos países, con mayores distancias estructurales en México (Merchand, 2014) y una creciente disparidad regional en España (García, Faura y Lafuente, 2016).

Unos elevados niveles de exclusión social se traducen en un claro deterioro de la cohesión social (Silver, 2007); lo que, en ausencia de suficientes medidas correctoras de política social, puede derivar en graves problemas de segregación y ruptura social (Moreno et al., 2014, p. 24). Bajo esta perspectiva, el enfoque territorial debe ser incorporado, pues ignorarlo entraña serios peligros de desintegración, ya que la extensión de movimientos populistas y nacionalistas responden a un claro componente geográfico que, en parte, se alimenta de las divergencias regionales (Rodríguez-Pose, 2018).

En la UE, el concepto de exclusión social aparece ligado desde su origen con la promoción de la cohesión social y territorial (Bak, 2018); vinculándose también a otros conceptos como calidad de vida, capital social, gobernanza o desigualdad (Schiefer y Van der Noll, 2017). Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la cohesión social debe ser abordada a escala territorial, siendo el resultado de la combinación de las grandes diferencias en el bienestar, los mecanismos de integración y el sentido de pertenencia (CEPAL, 2007). Siguiendo a Schiefer y Van der Noll (2017), la cohesión social estaría conformada por tres elementos esenciales: relaciones sociales, sentido de pertenencia a una unidad geográfica y solidaridad o sentimiento de responsabilidad hacia el bien común.

En consecuencia, este trabajo analiza la evolución durante la última década del riesgo de exclusión social en España y México en sus tres dimensiones vitales más importantes (Atkinson, 1998; Solís et al., 2019): ingresos, empleo y educación. Cada una de ellas se examina considerando los ejes de desigualdad social: género, nacionalidad/etnia y territorial. De este modo, se verifica la existencia de puntos de confluencia en la estructuración de tales desigualdades, cuya reducción contribuiría a lograr sociedades más cohesionadas.

METODOLOGÍA

Tanto España como México cuentan con un sistema estadístico sólido y con una amplia diversidad de fuentes. Además, su pertenencia a distintos organismos multilaterales, como la OCDE, permite realizar algunas comparaciones homogéneas. Sin embargo, abordar el estudio de las desigualdades sociales y territoriales en España y México, desde una perspectiva comparada, entraña algunas dificultades en la recopilación y el tratamiento de la información disponible (diferente año de referencia según país o criterios distintos en la recogida de datos y en la definición de variables, entre otros); cuestión que se complica aún más cuando se considera la evolución temporal, como se hace en este trabajo. Por este motivo, se ha llevado a cabo un riguroso proceso de búsqueda y catalogación de la información estadística accesible, seleccionando una batería de indicadores suficientemente amplia, que permita visualizar las desigualdades en las tres dimensiones analizadas, sin incurrir en una extensión excesiva.

Se ha tomado como referencia inicial las variables incluidas en los sistemas internacionales de indicadores sociales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2016; Comisión Europea, 2015), así como en las mediciones oficiales realizadas por los organismos nacionales competentes. La idoneidad del indicador seleccionado, por tanto, viene avalada por su adscripción a dichos sistemas de indicadores sociales y su uso convencionalmente aceptado, bien en el marco nacional, o bien en el internacional. Aun partiendo de un conjunto muy amplio de indicadores posibles, este se ve reducido al imponer los requisitos de cobertura temporal (años 2008 y 2018), de disponibilidad a nivel territorial y, también, de desagregación según sexo, nacionalidad o etnia indígena.

En función de su disponibilidad, en la dimensión ingresos se emplean medidas de desigualdad distributiva de la renta (índice de Gini o ratio S80/S20), prevalencia de bajas retribuciones salariales y, principalmente, las mediciones oficiales de pobreza y exclusión social empleadas en los dos países analizados. En España, la tasa AROPE es el indicador oficial establecido por la UE para medir el riesgo de pobreza y/o exclusión social. La información procede de la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para identificar a la población en riesgo, se combinan tres variables: pobreza monetaria, privación material severa y baja intensidad de trabajo del hogar¹.

Desde una perspectiva multidimensional más amplia, la medición oficial de la pobreza en México adopta un enfoque de derechos humanos, estando a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Dicha institución ha desarrollado un método propio para estimar la población en situación de pobreza multidimensional, que contempla un umbral de pobreza por ingreso (basado en el coste de una canasta de bienes y servicios de consumo) y seis ámbitos de derechos sociales (relacionados con la educación, el trabajo, la salud o la vivienda) en los que la población puede presentar carencias². Con estas premisas, se identifica a la persona pobre como aquella que se encuentra por debajo de la línea de pobreza de ingreso (recursos insuficientes para adquirir los bienes necesarios, alimentarios y no alimentarios) y presenta, al menos, una carencia social. La información es facilitada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), siendo su fuente principal la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

En cuanto a la dimensión laboral, se examinan las tasas de actividad y paro en ambos países³, el empleo involuntario a tiempo parcial (España) o la tasa de informalidad laboral (México). En educación se contemplan varios indicadores: abandono educativo temprano (España), rezago educativo (México), proporción de jóvenes titulados superiores o tasa de analfabetismo.

La mayoría de las variables son usuales en el análisis de la desigualdad en los ámbitos contemplados y no requieren mayor presentación, aunque siempre se puede recurrir a la fuente indicada a pie de tabla o figura para obtener un mayor detalle. Por motivos de espacio, parte de la información territorial se muestra en un Anexo⁴. Con objeto de facilitar el análisis, se han construido distintas “brechas” que expresan la distancia en el indicador estudiado entre los dos sexos, los dos orígenes de nacionalidad/etnia, o bien entre los valores regionales máximo y mínimo. El periodo de análisis es 2008-2018, aunque no siempre se dispone de datos para esos años, indicándose oportunamente mediante una nota a pie de tabla.

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EN ESPAÑA Y MÉXICO

Una vez fundamentada la metodología, se desarrollan los resultados obtenidos. En primer lugar, se presenta un conjunto de indicadores básicos, de tipo demográfico, socioeconómico y de bienestar comunes en ambos países procedentes de distintas bases de datos internacionales. Asimismo, se muestra la evolución de los niveles de bienestar y pobreza durante el periodo estudiado. Esto permite realizar una primera aproximación a la realidad de cada país utilizando una misma fuente de información e indicadores homogéneos y comparables. En segundo lugar, se aborda el estudio de la desigualdad según género y etnia, o nacionalidad, para cada contexto nacional, a partir de sus propias fuentes y seleccionando un par de indicadores representativos de cada uno de los tres ámbitos analizados (ingresos, trabajo y educación). Finalmente, en tercer lugar, se ahonda en las disparidades regionales en las tres dimensiones vitales utilizando tres indicadores clave, propios también de cada ámbito nacional y disponibles a nivel territorial.

Evolución demográfica y económica en España y México

La dinámica y estructura demográfica de ambos países difiere (tabla 1). Mientras en España, la población ha crecido un 0,2% de media anual entre 2008-2018, el crecimiento demográfico de México es del 1,3%. La población mexicana es joven, tan solo un 7,2% tiene 65 años o más en 2018; en cambio, el colectivo de mayores españoles aumenta, llegando a representar casi la quinta parte de su población. Estas importantes distancias en cuanto a envejecimiento poblacional son el reflejo de dinámicas diferenciadas en términos reproductivos, con tasas de fecundidad más bajas y edad media de la maternidad más elevada para las mujeres españolas con respecto a las mexicanas. La proporción de población urbana, y su evolución, es similar en los dos países, aunque la tipificación de una zona como urbana, o rural, difiere entre España y México⁵.

Las fuentes de información son nacionales cuando se dimensiona la población de origen étnico, gitana para España e indígena para México. Esta última disminuye levemente durante el periodo hasta el 5,9%. No obstante, sus cifras fluctúan según la fuente consultada y, sobre todo, en función de cómo se determine la condición de indígena, ya sea por hablar lengua indígena (opción recogida en la tabla 1) o por autoadscripción, lo que eleva considerablemente su número e importancia relativa. Por su parte, la información sobre población gitana residente en España es muy escasa y dispersa en el tiempo, suponiendo alrededor de un 1% de la población española. En cuanto al origen extranjero, apenas llega al 1% de la población en México, mientras que en España alcanza un 13,3%.

Tabla 1. Evolución demográfica, España y México, 2008 y 2018

Indicador	España		México
	2008	2018	2008	2018
Población (miles de personas)	45.983	46.733	110.405	125.328
Población de 65 años o más (% total)	16,5	19,3	5,9	7,2
Población extranjera (% total)	12,8	13,3	0,7	0,8
Origen étnico (población gitana e indígena, % total)	1,0	1,1	6,3	5,9
Población urbana (% total)	77,4	80,1	77,8	79,9
Tasa de fecundidad (nacidos vivos por mujer)	1,4	1,3	2,4	2,1
Edad media de la maternidad (años)	30,9	32,1	26,9	26,9

Nota: En México, población extranjera para 2008 y 2016 e indígena para 2006 y 2018. En España, población gitana de 2008 y 2015. Para ambos países, el dato inicial de población urbana es de 2010 y la edad media de la maternidad corresponde a dos promedios quinquenales, 2005-10 y 2015-20.

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, Demographic references; Fundación Secretariado Gitano, Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana 2015; INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2006 y 2018; PNUD, Human Development Data (1990-2017); Naciones Unidas, World Population Prospects 2019.

Por otra parte, las distancias entre España y México en términos de renta per cápita y estructura productiva reflejan sus diferentes niveles de desarrollo (tabla 2). Sin embargo, el crecimiento medio anual del PIB per cápita ha sido muy escaso durante la década en ambos países, sobre todo en España (0,3% frente a 1% en México).

Tabla 2. Evolución socioeconómica, España y México, 2008 y 2018

Indicador	España		México
	2008	2018	2008	2018
PIB per cápita (US$, PPA y precios constantes de 2010)	33.290	34.218	15.740	17.315
Empleo sectores primario // terciario (% total)	4,0 // 68,1	4,2 // 75,5	13,7 // 60,8	12,8 // 61,1
Tasa de ocupación (% población 15 años o más)	53,3	49,7	57,6	57,6
Tasa de paro (% población activa)	11,3	15,3	3,9	3,3
Parados de larga duración (% total)	18,0	41,7	1,6	1,6
Jóvenes Nini (% población 15-29 años)	16,7	19,1	23,4	20,9

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, National Accounts Statistics y Labour Force Statistics.

En el mercado laboral, la tasa de paro española no solo es muy elevada (casi cinco veces superior a la mexicana en 2018), sino que, además, el porcentaje de desempleados de larga duración (más de un año en paro) es muy preocupante. También se incrementa la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan, acercándose la cifra española a la mexicana que, en cambio, desciende.

La amplia y persistente brecha del PIB per cápita mexicano en relación con los países más avanzados es producto, principalmente, del bajo nivel y el escaso índice de crecimiento de la productividad laboral (OCDE, 2019). A pesar del bajo desempleo, comparado con España y el resto de países de la OCDE, existe un alto nivel de empleo informal, como se verá más adelante.

Evolución del bienestar y la pobreza en España y México

Los indicadores de bienestar seleccionados confieren a España unos logros superiores a los ostentados por México (tabla 3). Todos ellos registran una evolución favorable en ambos países, salvo la medida de desigualdad S80/S20 en España, que se eleva casi un punto durante la década.

Tabla 3. Evolución del bienestar y la desigualdad, España y México, 2008 y 2018

Indicador	España		México
	2008	2018	2008	2018
Índice de Desarrollo Humano (IDH)	0,856	0,891	0,742	0,774
Esperanza de vida al nacer	81,4	83,4	75,8	77,3
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos)	3,3	2,3	16,9	13,4
Años esperados de instrucción	16,2	17,9	12,6	14,1
Titulados superiores (% población 25-64 años)	29,5	37,3	13,7	18,0
Ratio S80/S20	5,8	6,5	12,9	10,3

Nota: Para el IDH, Esperanza de vida y Años esperados de instrucción, el año final es 2017. La ratio S80/S20 corresponde a 2008 y 2016, produciéndose una ruptura de la serie en México en 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD, Human Development Data; Naciones Unidas, World Population Prospects 2019; OCDE, Education at a glance y Social and Welfare Statistics.

En España, el incremento de la desigualdad en la distribución de la renta se traduce en una extensión del riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE), así como de todos sus componentes (figura 1). Es el indicador de baja intensidad laboral del hogar el que experimenta un mayor crecimiento, dando cuenta de la notable destrucción de empleo durante el periodo; lo que también influye en el aumento de la proporción de personas que sufren pobreza monetaria y carencia material severa.

México experimenta cierta mejoría en los niveles de pobreza (figura 2), si se tiene en cuenta que disminuye la pobreza extrema y la vulnerabilidad por carencias sociales; aumentando la proporción de personas que no enfrentan ninguna de estas situaciones (no pobres y no vulnerables). Sin embargo, el porcentaje de población vulnerable por ingresos se eleva, lo que incrementa el peso de la pobreza moderada, que supone más de un tercio de la población mexicana.

Figura 1. Evolución del riesgo de pobreza y exclusión social, España, 2008 y 2018 (% población)

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Condiciones de Vida.

Figura 2. Evolución de la pobreza multidimensional, México, 2008 y 2018 (% población)

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, Anexo estadístico 2008-2018.

Así, la reducción de la pobreza resulta claramente exigua, tan solo 2,5 puntos porcentuales en diez años. En consecuencia, México sigue siendo un país predominantemente pobre, un 41,9% de su población se encuentra en dicha situación en 2018, y con una elevada desigualdad distributiva, el 20% más rico multiplica por diez la participación en el ingreso del 20% más pobre (tabla 3). La persistencia de la desigualdad y la pobreza se atribuyen a la estructural inequidad distributiva de las políticas públicas, que han propiciado un crecimiento desigual entre regiones, en lugar de promover la igualdad de oportunidades educativas y económicas entre diversos grupos de población (Béjar y Hernández, 1993; Merchand, 2014; CONEVAL, 2019).

DESIGUALDAD SOCIAL SEGÚN GÉNERO Y NACIONALIDAD/ETNIA EN ESPAÑA Y MÉXICO

En los dos países, los avances observados en el promedio de bienestar, medido a través del IDH, esconden importantes desigualdades y elevados niveles de pobreza para distintos colectivos, como mujeres, jóvenes, población extranjera o indígena (Ayala y Pérez, 2019; CONEVAL, 2019). Este epígrafe muestra los ejes de desigualdad de género y nacionalidad/etnia.

Evolución de la desigualdad según género en España y México

En las tablas 4 y 5, referidas a España y México, respectivamente, se presentan algunos indicadores que muestran la brecha de género en cada dimensión analizada (ingresos, empleo y educación). En España, las mujeres logran mejores resultados educativos, medidos a través de un menor abandono temprano y una mayor proporción de titulados superiores (tabla 4). Sin embargo, la ventaja educativa de las mujeres no se traduce en mejores condiciones de acceso e inserción en el mercado de trabajo, manteniéndose la brecha laboral de género con un marcado signo desfavorable para el sexo femenino (menor tasa de actividad, mayor tasa de paro y una incidencia más elevada del empleo de bajos salarios), que se traduce en un riesgo más alto de pobreza y exclusión social. En 2018, la proporción de mujeres asalariadas con baja retribución (inferior a dos tercios de la mediana del salario bruto por hora) duplica la registrada por los hombres, si bien esta brecha de género se reduce durante el periodo, contribuyendo a estrechar la distancia en pobreza y exclusión social.

Tabla 4. Desigualdad social según género, España, 2008 y 2018

Indicador	2008		Brecha género	2018		Brecha género
	Hombre	Mujer	(H-M)	Hombre	Mujer	(H-M)
Tasa AROPE (% población)	22,4	25,1	-2,7	25,1	27,0	-1,9
Bajos salarios (% asalariados)	11,3	25,7	-14,4	11,1	21,8	-10,7
Tasa de actividad (% población 16 años o más)	69,5	50,9	18,6	64,6	53,1	11,5
Tasa de paro (% activos)	10,1	12,8	-2,8	13,7	17,0	-3,3
Abandono educativo (% población 18-24 años)	38,0	25,1	12,9	21,7	14,0	7,7
Titulados superiores (% población 30-34 años)	36,5	46,5	-10,0	36,1	48,6	-12,5

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta de Población Activa; Ministerio de educación y formación profesional (MEyFP), EDUCAbase.

Contrariamente, entre 2008-2018, en México se amplían las brechas de género en pobreza y salarios bajos -un salario mínimo o menos- (tabla 5). En cambio, mejoran los niveles de rezago educativo más rápidamente para las mujeres que para los hombres, disminuyendo la brecha de género desfavorable al sexo femenino. A su vez, la proporción de mujeres con licenciatura no ha dejado de crecer, superando a la de los hombres en 2018, siendo del todo probable que continúe esta tendencia. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2019), estudiar una licenciatura aumenta considerablemente el salario de una persona (un 72% más que en el nivel educativo anterior), reduciendo un 51% el riesgo de estar empleado en el sector informal con respecto a los egresados de bachillerato.

Por otra parte, las tasas de paro masculina y femenina son bastante próximas; en cambio, la distancia en participación en el mercado laboral es muy importante. Aunque se observa cierta reducción, la diferencia entre las tasas de actividad de hombres y mujeres es de casi 34 puntos porcentuales en 2018. La mayor incidencia de la informalidad laboral y una elevada carga de trabajo doméstico no remunerado y de cuidado en los hogares explican la baja participación femenina en el mercado laboral mexicano (INEGI, 2018).

Tabla 5. Desigualdad social según género, México, 2008 y 2018

Indicador	2008		Brecha género	2018		Brecha género
	Hombre	Mujer	(H-M)	Hombre	Mujer	(H-M)
Pobreza multidimensional (% población)	44,0	44,6	-0,6	41,4	42,4	-1,0
Un salario mínimo o menos (% ocupados)	9,2	16,8	-7,7	12,3	22,3	-10,0
Tasa de actividad (% población 15 años o más)	80,0	42,3	37,7	77,4	43,5	33,9
Tasa de paro (% activos)	3,8	4,1	-0,3	3,2	3,4	-0,2
Rezago educativo (% población 3 años o más)	11,2	23,1	-11,9	9,9	17,4	-7,5
Licenciados (% población 30-34 años)	17,5	17,5	0,0	18,5	19,7	-1,2

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, Anexo estadístico 2008-2018; INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2008 y 2018; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Banco de Indicadores Educativos.

Evolución de la desigualdad según nacionalidad/etnia en España y México

En las últimas décadas, el crecimiento demográfico español se nutre de la inmigración que, además, aporta mano de obra al segmento más precario del mercado laboral, registrando las tasas AROPE más elevadas. En un porcentaje creciente durante el periodo analizado, más de la mitad del colectivo extranjero, con origen en países no pertenecientes a la UE, se encuentra en situación de pobreza o exclusión social (tabla 6). La distancia en pobreza y exclusión social con respecto a la población autóctona apenas se reduce, manteniéndose alrededor de los 33 puntos porcentuales.

Tabla 6. Desigualdad social según nacionalidad, España, 2008 y 2018

Indicador	2008		Brecha nacionalidad	2018		Brecha nacionalidad
	Español	Extranj.	(Esp-Ext)	Español	Extranj.	(Esp-Ext)
Tasa AROPE (% población)	19,4	52,9	-33,5	23,1	56,0	-32,9
Bajos salarios (% asalariados)	16,0	39,1	-23,1	15,3	34,1	-18,8
Tasa de actividad (% población 16 años o más)	57,8	79,5	-21,7	57,2	72,8	-15,6
Tasa de paro (% población activa)	10,2	18,0	-7,8	14,3	24,4	-10,1
Abandono educativo (% población 18-24 años)	28,6	49,9	-21,3	15,3	35,4	-20,1
Titulados superiores (% población 30-34 años)	46,3	22,0	24,3	46,3	26,8	19,5

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta de Población Activa; MEyFP, EDUCAbase.

El motivo económico/laboral explica la mayor parte de la inmigración recibida en España, superando la tasa de actividad de los extranjeros ampliamente la de los autóctonos (tabla 6). Salvo en la tasa de paro, donde la brecha de nacionalidad se amplía durante el periodo, en el resto de indicadores contemplados las distancias entre los dos orígenes, español y extranjero, se reducen. No obstante, en 2018, estas diferencias siguen siendo desfavorables a la población extranjera y bastante elevadas, alrededor de los 20 puntos porcentuales, tanto en los indicadores de resultados educativos, como en la precariedad retributiva (bajos salarios). Según recogen Izquierdo y Martínez (2019, p. 177), la población procedente de Latinoamérica y África percibe una retribución salarial un 30-40% inferior a la recibida por la población de origen español.

Con respecto a la población indígena mexicana, esta acumula importantes desventajas sociales y niveles de pobreza multidimensional muy superiores a los registrados por la población no indígena (tabla 7). Persiste una elevada brecha desfavorable al origen étnico, que se ha mantenido durante estos años en torno a los 30 puntos porcentuales. A esta, se debe añadir la existente en el ingreso insuficiente para obtener una canasta básica alimentaria (pobreza extrema por ingresos), que se acrecienta durante estos años, suponiendo que el 40% de la población indígena en 2018 no obtiene los nutrientes necesarios para una vida sana.

Tabla 7. Desigualdad social según etnia, México, 2008 y 2018

Indicador	2008		Brecha étnica	2018		Brecha étnica
	No indíg.	Indígena	(NI-I)	No indíg.	Indígena	(NI-I)
Pobreza multidimensional (% población)	41,2	71,1	-29,9	39,0	69,5	-30,6
Ingreso insuficiente (% población)	14,2	38,3	-24,1	14,3	40,0	-25,7
Tasa de actividad (% población 12 años o más)	52,6	47,6	5,0	50,3	43,9	6,4
Tasa de paro (% población activa)	4,5	3,7	0,8	4,1	4,0	0,1
Rezago educativo (% población 3 años o más)	20,1	37,6	-17,5	15,4	31,1	-15,7
Analfabetismo (% población 15 años o más)	5,9	22,0	-16,1	4,8	17,8	-13,0

Nota: Las tasas de actividad y paro están referidas a 2010 y 2015, los datos para No indígena corresponden a la población total. Las tasas de analfabetismo finales son de 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, Anexo estadístico 2008-2018; CDI, Estadísticas e indicadores vinculados a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 2016; INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; INEE, Banco de Indicadores Educativos.

La menor participación e inserción laboral de la población indígena se explica, en cierto modo, por la mayor discriminación de la mujer indígena (Solís et al., 2019). Por su parte, los indicadores educativos experimentan una evolución favorable para ambos grupos poblacionales, sin embargo, las distancias siguen siendo muy elevadas y adversas para el colectivo étnico, culturalmente muy heterogéneo.

DESIGUALDAD TERRITORIAL EN ESPAÑA Y MÉXICO

A continuación, se analizan las disparidades territoriales en las dimensiones de rentas, laboral y educativa, utilizando dos indicadores clave en cada una de ellas. Por motivos de espacio, parte de la información examinada se muestra en el anexo.

Dinámicas demográficas

Cerca del 60% de la población española reside en cuatro autonomías (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana), mientras que otras tres aportan porcentajes inferiores al 1,5% (la Rioja, Cantabria y Navarra). La tabla A1 del anexo incorpora a las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que quedan fuera de este estudio debido a su escaso peso demográfico y sus peculiaridades con respecto del resto de autonomías. La población extranjera residente en España se concentra en el arco mediterráneo (Baleares, Valencia, Murcia y Cataluña), junto con Canarias y Madrid. Estas comunidades también están entre las menos envejecidas, mientras que Asturias, Galicia y Castilla y León registran los porcentajes más elevados de población mayor (65 años o más). Las disparidades regionales en la importancia relativa del hábitat rural son notables, desde Extremadura con un 50% hasta Murcia donde apenas supone un 4%.

El estado de México y la Ciudad de México concentran el 21% de la población (tabla A3, anexo). En cambio, hay tres entidades federativas con un escaso peso poblacional, pues no alcanzan el millón de habitantes (Baja California Sur, Campeche y Colima). En conjunto, la población mexicana es eminentemente urbana (casi el 80%). Sin embargo, en tres estados la mitad de la población vive en zonas rurales (Chiapas, Oaxaca e Hidalgo). Las diferencias también son importantes en relación al grado de envejecimiento, encontrando estados que superan el 14% de población de 60 años o más (Ciudad de México, Morelos y Veracruz) y otros donde este grupo no llega al 10% (Quintana Roo, Chiapas y Baja California Sur). Asimismo, la población indígena se distribuye de forma desigual en el territorio, apenas llega a suponer un 1% de la población en siete estados (Aguascalientes, Coahuila o Zacatecas, entre los que cuentan con menor representación), suponiendo más del 25% en Yucatán, Oaxaca y Chiapas.

Ámbito de rentas y pobreza

Un primer examen territorial de la dimensión económica consiste en analizar la convergencia de las rentas per cápita regionales, midiendo su grado de dispersión por medio de la evolución de su desviación típica. Considerando la información de la base de datos regional de la OCDE⁶, se comprueba que no ha habido convergencia regional de la renta per cápita en España y en México durante el periodo estudiado (figura 3). En España, la dispersión de los PIB per cápita regionales se incrementa ligeramente, mientras que en México se mantiene.

Como se observa en la figura 4 -donde los datos corresponden al año 2018 y se han redondeado a una cifra entera por motivos de espacio-⁷, a las divergentes rentas per cápita regionales se unen importantes distancias entre autonomías en el riesgo de pobreza y exclusión social, de más de 30 puntos porcentuales entre el máximo valor de Extremadura y el mínimo del País Vasco. La desigualdad dentro de cada región también es importante (tabla A2). Mientras en Canarias el 20% más rico multiplica por siete la participación en la renta del 20% más pobre, en Navarra este indicador (S80/S20) se reduce a cuatro.

La brecha territorial en la pobreza multidimensional es más elevada, si cabe, entre las entidades federativas mexicanas de Chiapas y Nuevo León, algo más de 60 puntos en 2018 (figura 5). Esta brecha se amplía durante la década, pese a que en la mayoría de entidades la pobreza multidimensional desciende. Los estados más pobres son, precisamente, aquellos con una mayor concentración de población indígena que, como se ha visto, registra una gran prevalencia de situaciones de pobreza.

Figura 3. Evolución del grado de dispersión (desviación típica) de la renta per cápita regional, México y España, 2007-2017

Nota: PIB per cápita regionales expresados en términos del promedio nacional (España=1 o México=1). No incluye Campeche por suponer un dato atípico con respecto al resto de estados.

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, Regional Economy database.

Figura 4. Riesgo de pobreza y exclusión social según autonomía, España, 2008 y 2018 (% población)

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Condiciones de Vida.

Figura 5. Pobreza multidimensional según estado, México, 2008 y 2018 (% población)

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, Anexo estadístico 2008-2018.

La distancia entre estados en los niveles de desigualdad distributiva internos, medidos por el índice de Gini, se ha incrementado durante estos años (tabla A4). Frente a Chiapas, que ostenta el índice de Gini más alto (0,487) se sitúa Tlaxcala, con el más bajo (0,373). Como señala Merchand (2014, p. 415), la heterogeneidad estructural, rasgo característico de la economía mexicana, en lugar de atenuarse se ha acrecentado entre un sector moderno y otro atrasado. Asimismo, en España, la dispar distribución regional de los factores socioeconómicos o demográficos contribuye de forma significativa al riesgo de pobreza y exclusión social (García et al., 2016).

Ámbito de empleo y formación

Las figuras 6 (España) y 7 (México) muestran que la precariedad laboral se abre paso en ambos países, con una incidencia desigual desde el punto de vista territorial. En el caso español, en todas las regiones se incrementa notablemente la proporción de empleo involuntario a tiempo parcial, con respecto a los valores mantenidos en 2008 (figura 6), extendiéndose en mayor medida en aquellas comunidades donde el desempleo tiene una mayor incidencia (tabla A2). Se podría decir que se trata de un reparto territorial del empleo “vía cantidad”.

Figura 6. Empleo involuntario a tiempo parcial según autonomía, España, 2008 y 2018 (% población ocupada)

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de población Activa 2008 y 2018.

Alternativamente, en México, el ajuste es “vía calidad”, pues las tasas de informalidad regionales vienen acompañadas de porcentajes de desempleo relativamente bajos, presentando una menor distancia, aunque creciente (tabla A4). En cambio, la brecha territorial en informalidad laboral es creciente, duplicando el estado con mayor informalidad la tasa del que tiene menor incidencia (figura 7), de nuevo Chiapas y Nuevo León, respectivamente.

Las bajas expectativas de encontrar empleo, sobre todo entre 2008-2014, han propiciado una mejora de los resultados educativos tanto en España (figura 8), como en México (figura 9).

Así, la tasa de abandono temprano de la educación se ha reducido en todas las autonomías españolas, sin embargo, sigue siendo bastante elevada (por encima del 20%) en muchas regiones (figura 8). Además, pese al acercamiento experimentado en la tasa de abandono educativo, la distancia territorial se mantiene alta; también, en el porcentaje de adultos con secundaria incompleta, cuya brecha apenas mejora (tabla A2).

Figura 7. Tasa de informalidad laboral según estado, México, 2008 y 2018 (% población ocupada)

Nota: La tasa de informalidad laboral (TIL1) es la proporción que representa la suma, sin duplicar, de los ocupados vulnerables debido a la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan y de aquellos cuyo vínculo no es reconocido por su fuente de trabajo.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de población Activa 2008 y 2018.

Figura 8. Abandono educativo temprano según autonomía, España, 2008 y 2018 (% población 18-24 años)

Fuente: Elaboración propia a partir de MEyFP, EDUCAbase.

Figura 9. Rezago educativo según estado, México, 2008 y 2018 (% población 3 años o más)

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, Anexo estadístico 2008-2018.

Análogamente, el rezago educativo en México mejora en estos años (figura 9), disminuyendo la brecha territorial que, no obstante, es importante (alrededor de 20 puntos). Por su parte, el indicador de deserción en educación secundaria evoluciona también de forma favorable, mejorando en todos los estados, salvo en Campeche y Colima donde aumenta ligeramente (tabla A4).