INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el análisis de la reproducción social ha estado cada vez más presente en las Ciencias Sociales, sobre todo, en el campo teórico y político feminista. Los debates del feminismo marxista de la década de 1970, que llamaron la atención sobre la insuficiencia de la obra de Marx para pensar la continuidad del capitalismo a través de la regeneración de la fuerza de trabajo, se han actualizado. Esos esfuerzos han permitido examinar los espacios, actividades, modalidades y actores que aseguran la pervivencia diaria y generacional de los asalariados y el conjunto de la población.

Progresivamente, la literatura fue desplazándose de los aportes iniciales acerca de la reproducción biológica, el trabajo doméstico y la reproducción de la fuerza de trabajo hacia visiones más complejas sobre interdependencia, vulnerabilidad y cuidados, sostenimiento de las personas y el medio, considerando la reproducción social en su conjunto (Carrasco, 2001; Carrasco, 2016; Picchio, 2001; Pérez-Orozco, 2012). A partir de 2008, ese campo se ha ampliado en término de enfoques, categorías, debates, y ha calado con más fuerza en la conversación académica ¹ y política. El “abanico de posicionamientos” (Carrasco, 2014) sobre el análisis económico, que tiene al género como categoría central, reformula tanto las nociones de economía como de mercado a través del examen de las prácticas que reproducen el diario vivir (Agenjo-Calderón & Gálvez-Muñoz, 2019).

El estudio de cómo la sociedad se organiza para realizar estas actividades en distintos contextos y períodos alumbró relaciones diferentes entre hogares y mercado, políticas públicas y regulaciones estatales, dinámicas migratorias, asignaciones diferenciales de género, “raza” y nación o modalidades de familia y decisiones reproductivas implicadas, entre otros aspectos. En términos generales, la tensión entre acumulación y sostenimiento en igualdad ha sido cada vez más elaborada en los enfoques feministas. Algunas de las preguntas han sido: ¿cómo se sostiene la vida (en condiciones capitalistas)? ¿quiénes la garantizan y qué jerarquías producen dichas formas de sostenimiento? y ¿qué costes sociales y económicos tienen?

Otra serie de preguntas se ha dirigido a las alternativas que podrían transformar el orden social injusto en que transcurre el sostenimiento, poniendo habitualmente el foco en las políticas públicas y los reclamos de los movimientos feministas y de mujeres. Esto ha contribuido a visibilizar la magnitud del aporte de los trajines domésticos y de cuidado y ha demostrado que lo reproductivo abarca todo aquello que asegura la existencia: cuidar a los hijos, cultivar la chacra, gestionar recursos (agua, viviendas, escuelas, etc.), buscar ingresos adicionales, atender a los enfermos, preparar la comida y un largo etcétera. Todo ello se realiza, en gran medida, por fuera de las relaciones asalariadas y mercantiles, y a través de trabajos no remunerados, familiares y comunitarios, principalmente realizados por mujeres. Ese trabajo es económico en toda su extensión: implica recursos materiales e inmateriales y tiempo, supone costes directos e indirectos para quienes lo realizan y satisface necesidades básicas (Gálvez-Muñoz, 2016).

Estos análisis han verificado la existencia de crisis de reproducción social en el Sur Global, que se agudizan o atenúan según los ciclos de acumulación del capital y los (des)balances de poder político (Quiroga & Gago, 2014). Crisis aquí se refiere a la imposibilidad de garantizar la existencia (biológica y social que implica la vida de sujetos encarnados) a causa de la marginalización, exclusión y desposesión estructural. Las crisis de reproducción no se refieren a problemas coyunturales; se estabiliza en contextos altamente precarizados y escasos en infraestructuras, siendo las mujeres quienes afrontan, con y sin ingresos, la intensificación de la vulnerabilidad. Quienes realizan el trabajo reproductivo deberán emplear más tiempo y recursos en condiciones de mayor privación. El análisis de estas crisis permite observar cómo los actores intervienen de forma diferencial en el sostenimiento; la mayor participación de algunos tiende a asegurar su desventaja en la estructura económica, social y política, reproduciendo las desigualdades.

En los análisis sobre la organización social de la reproducción ha tenido prioridad la reflexión sobre las responsabilidades estatales y la estructura de los mercados laborales (Batthyany, 2015). ² El interés por espacios y actividades realizadas de forma colectiva es más reciente y escaso. La obra notable de Silvia Federici y el interés por los commons ha alimentado la pregunta sobre cómo los lazos colectivos, en y más allá de la familia nuclear, aseguran la pervivencia (Federici, 2013). Las reflexiones en ese sentido muestran que los actores e intervenciones colaborativas son centrales y operan de forma conectada y tensionada con lo estatal, mercantil o familiar. Los arreglos comunitarios tienen dinámicas particulares y responden a pugnas entre instancias y actores. Esos arreglos, por supuesto, se modifican en situaciones de cambio social o agudización de las crisis o emergencias.

En presencia de eventos sísmicos, por ejemplo, la comunidad puede emerger como un agente clave cuando todo se desmorona, cambiando sus arreglos previos o consolidando dinámicas ya existentes en el territorio. Como veremos, en estas circunstancias, no basta el apoyo familiar y, en ausencia parcial o total del Estado, la población organizada es la que provee, resguarda y demanda.

Este texto analiza el lugar de lo comunitario cuando se produce una emergencia que agrava las condiciones de reproducción. En específico, se analiza el proceso que tuvo lugar en Coaque, una pequeña comunidad próxima al epicentro del terremoto que sacudió Ecuador en 2016. La pregunta central es: ¿qué puede informar este caso sobre las dinámicas comunales de reproducción social en contextos de crisis?

El texto procede en tres secciones. Primero proponemos una reflexión sobre la reproducción social que se realiza en común en dos planos: uno teórico, anclado a los aportes feministas sobre crisis de reproducción y reinvención de lo común, y otro situado en Coaque, donde retomamos algunas claves analíticas para interrogar el escenario previo al terremoto. En la segunda sección, tras unos apuntes metodológicos, se desarrolla un abordaje sobre vulnerabilidad, desigualdad y desastres desde la ecología política para analizar, a continuación, las dinámicas de cooperación y cogestión que se suscitaron tras el terremoto en Coaque. Finalizamos retomando la pregunta acerca de los límites y potencialidades del hacer común reproductivo.

REPRODUCCIÓN COMÚN Y COMUNALIDAD DESDE LOS FEMINISMOS

Los debates académicos sobre reproducción social han formulado distintas entradas conceptuales y analíticas: la reproducción de la fuerza de trabajo, centrada en el aporte del trabajo doméstico a la dinámica capitalista en entornos salariales; los cuidados, focalizados en la atención a las personas y la producción de intersubjetividad generizada, habitualmente desde referentes occidentales, urbanos, blancos y de clase media; y el sostenimiento, que evoca aspectos y entornos más amplios, que incluyen la preservación de la naturaleza, el medio y las infraestructuras necesarias (agua, vivienda, etc.) allí donde no están garantizadas o son expropiadas. Estas elaboraciones conceptuales, ancladas a enfoques diferentes pero entrelazados ³ , han permitido considerar actividades complejas y encadenadas que se sitúan en los bordes del mercado, pero que son el fundamento de la preservación material de la existencia económica y del vínculo natural y social (Vega, Martínez-Buján, & Paredes, 2018). En la perspectiva del sostenimiento se han considerado temáticas menos tratadas, como la agricultura y la provisión y elaboración de alimentos o la relación entre defensa del territorio y cuidado de los seres vivos. El presente texto adopta dicha perspectiva junto con el concepto, más abarcador, de sostenimiento de la vida, manteniendo el de reproducción social, que enfatiza la inscripción estructural de las relaciones de reproducción en sociedades capitalistas. Se trata de una aproximación, la del sostenimiento, que entrelaza las dinámicas ecoterritoriales, y los recursos en los que se apoyan, con los cuidados diarios.

La problematización de los análisis sobre la reproducción social y el sostenimiento ha permitido la aproximación a uno de los polos del célebre diamante del cuidado (Razavi, 2007): el comunitario, que opera en relación a los otros tres, la familia, el mercado y el Estado. Con ello se ha llamado la atención sobre la manera en que el sostenimiento implica formas de cooperación e interdependencia que exceden el hogar y el núcleo familiar; el carácter colaborativo disrumpe el orden atomizado, “domesticado”, asistencialista o mínimo que entraña la reproducción para y en el mercado y el Estado. Lo comunitario revela las capacidades colectivas para satisfacer necesidades inmediatas y locales, así como para demandar al Estado provisión y/o decisiones políticas.

En el estudio del sostenimiento comunitario también se hacen visibles pugnas y reclamos; lo que en otro lugar hemos llamado luchas por la reproducción (Vega & Martínez-Buján, 2017). La gestión colectiva de cuidar y atender se articula políticamente con la elaboración de demandas (a otros) y la redefinición pública de atribuciones ante conjuntos sociales más amplios. Todo ello se produce de forma simultánea, como ilustran muchas luchas de los movimientos de mujeres en las últimas décadas en América Latina (Barrig, 1986; Lind, 2005).

Cuando hablamos de lo comunitario y lo común no nos referimos necesariamente a recursos específicos o a agrupaciones estables, sólidas y culturalmente uniformes. Antes bien, se hace referencia a formas de “actuar en conjunto” y apoyarse colectivamente en la vida diaria, generando responsabilidades compartidas, sentido de co-obligación política respecto a una actividad o gestión de un bien (Laval & Dardot, 2015). Junto al enfoque sobre los bienes comunes naturales (agua, bosques, parques, equipamientos, etc.), otros análisis subrayan la existencia de comunes relacionales como es el caso de los cuidados, donde lo que se preserva es el bienestar físico y emocional de los sujetos. La comunalidad, principio que matiza el de comunidad, evoca la actuación colectiva en el hacer común al tiempo que re-crea la comunidad (Gutiérrez & Salazar, 2015); como sugiere Silvia Federici, preservar lo común implica o genera alguna forma de comunidad (también a la inversa). La mirada feminista se dirige a comprender los entramados comunitarios (Gutiérrez, 2017) que posibilitan la reproducción y que, como advierten distintos estudios empíricos, tienen a las mujeres como protagonistas (Vega et al., 2018).

Las tensiones conceptuales entre lo comunitario, la comunalidad y lo común en el sostenimiento se revelan en estudios situados. El caso de la localidad de Coaque lo verifica al tiempo que permite analizar dimensiones del común reproductivo atendiendo a las actividades y terrenos en los que se recrea (o no) la comunidad, como decíamos, tomando en consideración las dinámicas ecoterritoriales. Tal y como veremos, el común reproductivo o el hacer la reproducción en común articula, en condiciones de crisis, el cuidado familiar con la gestión de elementos básicos dañados como la vivienda y el terreno, el agua o la educación.

METODOLOGÍA

Ecuador se organiza administrativamente en provincias, cantones y parroquias, que a su vez se dividen en barrios y caseríos. Coaque pertenece a la parroquia Pedernales del cantón Pedernales, provincia de Manabí. Ésta se encuentra al norte de la región costera y está afectada por la subducción ⁴ de la placa tectónica de Nazca (placa oceánica) bajo la Sudamericana (Placa continental) (-IGEPN., 2016), que ha provocado numerosos episodios sísmicos, entre ellos, el terremoto del 16 de abril de 2016. Manabí también está expuesta a diferentes amenazas climáticas que implican ciclos de inundaciones y sequías. No obstante, el riesgo de desastres en la provincia es una combinación entre estos fenómenos y la histórica inequidad en la distribución y acceso a los recursos y en las relaciones de producción. En 2014, Manabí era la sexta provincia más pobre de Ecuador por necesidades básicas insatisfechas (0.37) (Molina, Cabrera, Moreno, Sharman, & Cuevas, 2015) y, siendo una provincia de producción agrícola, demuestra una alta concentración de la tierra (Gini entre 0.74 y 0.78) (Ecuador–SIPAE, 2011), así como la preeminencia de trabajos precarizados en la industria de exportación agrícola y pesquera. Coaque, aunque es un barrio urbano, tiene características rurales, hallándose circundada por piscinas camaroneras que pertenecen a la familia que legalmente posee toda la tierra, incluso aquella donde se asienta la población. Presenta un desarrollo desordenado, producto del crecimiento poblacional por migración de trabajadores de una planta empacadora para exportación de camarón.

Los contactos para esta investigación surgieron de la colaboración con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM), que tenía proyectos de extensión en Coaque, a donde llegamos con filtros de agua potable tras el terremoto. Una líderesa comunitaria organizó la entrega y nos introdujo a otros dirigentes, así como, a tres familias con quienes acordamos varias estancias para conocer sus estrategias de reproducción antes y después del terremoto. En varias visitas posteriores realizamos entrevistas semi-estructuradas a la líderes de la comunidad y funcionarios del municipio de Pedernales con el fin de comprender sus iniciativas y relaciones con el gobierno local y el central. En Quito entrevistamos a dos miembros de organizaciones no gubernamentales y de dos universidades que trabajaban en Coaque. Adicionalmente, dos organizaciones no gubernamentales nos enviaron información sobre sus actividades en la zona de estudio. Para los actores institucionales se pactaron contactos previos al trabajo de campo. Mantuvimos contacto telefónico y por email con miembros de tres organizaciones gubernamentales vinculadas a la reconstrucción en la provincia que nos remitieron a la información institucional pública. Una de las investigadoras logró una breve entrevista informal con el dueño de la empacadora ubicada en la localidad.

A través de las estancias con las familias y las entrevistas pudimos acceder a “las dimensiones de significado que los informantes utilizan para diferenciar objetos y acontecimientos en su mundo” (Flick, 2004), así como a sus actuaciones, posicionamientos y conflictos percibidos a partir del terremoto de abril de 2016.

El análisis abordó: 1) la constitución histórica de vulnerabilidades, modeladas a través de formas de producción y reproducción, 2) las respuestas de líderes locales ante la crisis y 3) la emergencia de prácticas reproductivas en común tras el desastre.

Los resultados que aquí se presentan forman parte de una investigación más amplia realizada entre mayo de 2016 y agosto de 2017. Así, recabamos información de primer orden con la que generar conocimiento acerca del territorio, su historia y el impacto generado por el terremoto, así como vínculos con investigadores, organizaciones y miembros activos de la localidad que se plasmaron en distintas iniciativas, además de en la propia investigación.

COAQUE ANTES DEL TERREMOTO. TERRITORIO PERIFÉRICO Y CRISIS REPRODUCTIVA

Manabí y Coaque: desarrollo extractivo y periférico

La localidad de Coaque, cantón Pedernales, sufría importantes carencias con anterioridad. Su población, de 2250 habitantes, se distribuye en dos núcleos: uno junto a la vía principal Pedernales-Bahía de Caráquez, y el otro en el precario asentamiento de La Playita, donde residen familias pescadoras. Ambos están separados por terrenos de propiedad privada donde se localizan piscinas de camarón pertenecientes a una hacienda.

En esta zona, desde el siglo XIX, las haciendas producían cacao y café destinados a la exportación. La colonización, herencia o adjudicación por parte del Estado de tierras baldías, remates o hipotecas, aseguraron la concentración de la tierra. La burguesía comercial exportadora se sostuvo a través de formas de explotación del trabajo, incluyendo el trabajo forzado por deudas o el pago en insumos (Hidrovo, 2013). Ese modelo convivió con la producción agrícola en pequeña y mediana escala, resultante de la reducción de las haciendas y la colonización de tierras (Guerrero, 2016) (ALOP et al., 1984; Dueñas, 1986), y con la pesca artesanal (-MAGAP., 2010).

El asentamiento de Coaque, inicialmente agrícola, es de mediados del siglo XX. En la década de 1980 adquiere protagonismo la recolección de larvas de camarón para la venta a las camaroneras, pero debido a la enfermedad de la mancha blanca en los 90, ésta fue sustituida por la cría en laboratorios. Desde entonces, la industria camaronera se ha expandido continuamente.

En el año 2000 abrió en Coaque la Empacadora del Pacífico-EDPACIF, una próspera planta de procesamiento de camarón que emplea a habitantes de la localidad y sus cercanías. Hay 926 personas afiliadas al Seguro Social en el registro patronal, pero se desconoce cuántas residen en Coaque. En los últimos años, la empresa ha permanecido entre las diez primeras exportadoras de camarón en el Ecuador (–BCE, 2017). Aunque los trabajadores declaran trabajar media jornada, los turnos son de 10 horas. La intensidad del trabajo supone riesgos para la salud y salarios inferiores a los mínimos establecidos.

Actividades de servicios, como el empleo doméstico en viviendas vacacionales o el descabezado de camarón en bodegas, constituyen fuentes de empleo ocasionales para mujeres y niños. Parte de la población de Coaque vive de la pesca artesanal y cultivos agrícolas menores. En conjunto, el modelo productivo es de extrema precariedad y explotación.

La situación social y económica de Coaque es propia de la provincia. En el año previo al terremoto, la contribución oficial de Manabí a la economía nacional fue de un 5%. El 79% de su población está en edad laboral, pero solo cerca del 36% es parte de la Población Económicamente Activa ⁵ . Hay altas tasas de subempleo (61%), de ocupación en el sector informal (59%) (Ecuador–SENPLADES, 2015), y muy baja calidad en el empleo (280.820 personas no aportan al seguro social y están al margen de los servicios que brinda) (-INEC., 2010).

En la región manabita, el empobrecimiento y la falta de servicios básicos son la norma. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la provincia asciende al 53.2%, frente al 32.9% nacional. La extrema pobreza alcanza el 25,3%, frente al 11,1% nacional (-SIISE., 2015). Manabí es la segunda provincia con el mayor número de hogares beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (74.499) ⁶ .

Entre los problemas más agudos se encuentra el acceso a agua segura; únicamente el 39% de las viviendas cuenta con suministro público y tan solo el 33% están conectadas a una red de alcantarillado (-INEC., 2010). El promedio de escolaridad provincial es de 8.4 y la tasa de analfabetismo es del 10%; la mayor parte de la población (82.7%) completó únicamente la primaria (-SIISE., 2015). En Manabí la tasa de médicos en 2016 era de 18,71 por cada 100 000 habitantes, frente a un 20,52 de promedio nacional y el 25 recomendado internacionalmente (Censos-INEC., 2016). Se reconocen como “problemas sociales” el embarazo adolescente y la alta incidencia de enfermedades tropicales en ausencia de políticas preventivas (Milenio–CISMIL & Manabí–GPM, 2006). Hasta fechas recientes, el compromiso del Estado en la reproducción social en la zona era muy limitado, al igual que los reclamos por parte de la población ante las instituciones (Ortiz, 2016). En resumen, Manabí y Coaque afrontaban una crisis de reproducción social que se refleja en la dificultad sistemática para sostener la vida debido a los altos índices de desempleo y subempleo, la escasez de servicios públicos y bienes básicos, los bajos niveles de instrucción educativa y los endebles derechos laborales.

Crisis reproductiva y acción comunitaria en Coaque

La crisis reproductiva existente en Coaque se evidencia en cuatro ámbitos clave para la reproducción que analizaremos aquí: agua, tierra/viviendas, escuela y cuidados. Tras el terremoto, la crisis reproductiva previa se agravó.

Muchos de los problemas en Coaque están asociados a la falta de acceso a tierra y la inexistencia de títulos de propiedad individuales o/y colectivos. Legalmente, toda esta área es de la familia propietaria de la hacienda: “Coaque es de ellos. Esta comunidad, este territorio, está dentro de las escrituras de ellos” (Entrevista Rosa, lideresa comunitaria, 17 -09-2016) ⁷ . Varias personas y actores institucionales ponen en duda dicha titularidad.

Esta es una historia media rara, con las escrituras aparece que es de doña Patricia, pero antes fue de unos Vilela, fue de unos Napa y no sabemos. A la Hacienda nunca perteneció este pedazo de aquí. Justamente lo que es Coaque, dicen que siempre fue de otras personas, pero aparece en la escritura de doña Patricia y no sabemos cómo pasó eso, pero desde 1949 está esa escritura y esto le pertenece a ella (Entrevista Rosa, lideresa comunitaria, 17 -09-2016).

Por años, en Coaque se intentó negociar y legalizar la tierra a favor de quienes la viven y usan, pero la gestión no ha tenido éxito. Habitantes de la comunidad refieren que la señora Patricia ha mostrado interés en donar las tierras, pero nada ha sucedido por falta de voluntad y acuerdo entre los herederos.

La adjudicación se ha intentado de distintos modos: gestiones individuales ante el municipio, demandas colectivas a la familia propietaria de la hacienda, gestiones del gobierno municipal, y “generosas” cesiones, propias de la cultura patriarcal. ⁸ En coyunturas específicas, algunas estrategias han dado resultados parciales. Por ello, un pequeño número de familias tienen título de propiedad, aunque no son exclusivos, sino que la misma tierra continúa siendo propiedad de los dueños de la hacienda. En otros casos, los herederos han donado instalaciones o terrenos; como la donación de terreno que Don Alberto hizo para la escuela que lleva su nombre, la iglesia, construida por Doña Patricia, o “la ciudadela de los viejitos”.

El papel del Estado frente a la desposesión ha sido, cuando más, tímido. Según un responsable del Departamento de Desarrollo Comunitario de Pedernales, “el municipio está emprendiendo un plan para la legalización de las tierras”, pero hasta la fecha no ha dado resultado. Los pobladores alegan que en el municipio “no quieren perder las relaciones buenas con los dueños de la hacienda”, motivo por el que no procede a expropiar.

Coaque no cuenta con legalización. Su gran mayoría no cuenta con títulos de propiedad de sus terrenos, de sus tierras, y eso ha creado un conflicto para que ellos puedan emprender. Tú sabes que una vez que tú tengas el título de tu tierra tú puedes hipotecar o entrar en algún proceso de financiamiento con alguna entidad bancaria (Entrevista Técnico del Departamento de Desarrollo Comunitario, GAD Pedernales, 12-05-2017).

La ausencia de terrenos propios empobrece a la comunidad, y es un elemento clave en la crisis reproductiva al ser la llave del resguardo que representa la vivienda y otros recursos asociados. Dificulta la autonomía individual y colectiva en relación a la vivienda, incluida la capacidad para emprender actividades económicas (pidiendo créditos, estableciendo hipotecas, etc.). Además, la ilegalidad ha imposibilitado el desarrollo de proyectos relevantes para el sostenimiento de la comunidad, uno de ellos relacionado con el agua.

Según informan líderes locales, se firmó una iniciativa para el acceso a agua potable y alcantarillado. Pero el lugar donde se ubicaría el reservorio está en terreno de los dueños

En efecto, el acceso al agua es un frente de vulnerabilidad local. La ausencia de acometida atraviesa la experiencia doméstica y comunitaria. Ante la desatención del Estado, la comunidad se organizó y constituyó una Junta de Agua. Martina era su presidenta al momento del terremoto y expone las dificultades previas al desastre.

Yo llego a la Junta de Agua por un inconveniente que había en Coaque. Otro señor tenía la Junta, pero él no quería entregar la Junta. Ese señor se sacó todo, tuberías, se cogió todo y no se le podía cobrar nada. Él hacía fiestas y esa plata él la cogía, nunca dio un informe a nadie, yo cogí la junta sin nada (Entrevista Martina, presidenta de la Junta de Agua, 17-09-2016).

La nueva Junta nombró un representante por cada barrio, seis en total: Empacadora, Las Tecas, 4 de Julio, Los Almendros, Los Jardines, Los Rosales. Obtuvo personalidad jurídica y fue reconocida por SENAGUA, institución estatal que regula el sector. SENAGUA otorgó el permiso para captar agua de un pozo con una bomba sumergible. El pozo, de 60 metros de profundidad, fue donado por un miembro de la familia de los dueños de

El suministro de agua era posible gracias a donaciones, tareas de la Junta, el liderazgo de la presidenta y, de forma pasiva, el reconocimiento estatal. Con frecuencia, las tensiones en la gestión eran solventadas apelando al compromiso moral de los vecinos y las buenas intenciones de la Junta. El funcionamiento era precario, siempre a la espera de la instalación de la planta de agua por parte del Estado.

La gestión del agua revela un entramado de relaciones semi-mercantiles que aseguraban el sostenimiento diario de las familias. El vínculo con el Estado resulta frágil, son las familias y la comunidad las que asumen, de forma precaria e irregular, el aseguramiento del agua apelando a compromisos morales y saberes locales.

La institucionalidad educativa es otro de los ámbitos en los que se evidencia la crisis reproductiva. Como parte de un proyecto estatal, en Coaque se iba a construir una Unidad del Milenio ⁹ . La desposesión de tierras también obstaculizó este proyecto. Algunas familias propusieron erigir la escuela en la cancha de fútbol, único espacio deportivo comunitario. La iniciativa suscitó disputas entre la asociación cultural y deportiva, encabezada por uno de los dirigentes, y las madres; conflicto que volvió a suscitarse tras el terremoto. El problema con la tierra también impidió mejorar las instalaciones educativas.

El terreno de la escuela actual fue una donación de la familia de los dueños de la hacienda. “Inicialmente la querían solo para enlucirla”, comenta Carmen, presidenta del Consejo de Padres, pero la comunidad fue apropiándose del espacio. Al inicio, la escuela era de caña, y luego se “consiguieron” dos aulas. Antes del terremoto, ya se habían habilitado doce.

La escuela ofrece hasta tercer nivel del colegio. Después, niños y niñas deben ir a Pedernales. La aspiración de Carmen es que en Coaque se abriera el bachillerato. La asistencia de niños y niñas a la escuela es uno de los más claros desafíos al interior de las dinámicas de reproducción de la comunidad. La escasez de recursos para alimentación y materiales escolares y la dificultad de quienes viven lejos, son algunas dimensiones de la crisis.

Hay niños que salen de la montaña a las 4 de la mañana para llegar acá a las 6. Vienen a pie, a caballo, aproximadamente son 120 niños. Ahora están viniendo estudiantes de la entrada del río (Cholote, Palmar), de ahí para adentro (Entrevista Carmen, presidenta del Consejo de Padres, 18-09-2016).

A ello se añade la imposibilidad de madres y padres de acompañar y supervisar el proceso educativo, especialmente cuando se insertan en la dinámica intensiva de la empacadora.

Muchas mujeres han tenido dificultades con el MIES porque dejan solos a sus hijos en casa para ir a trabajar (Entrevista Carmen, presidenta del Consejo de Padres, 18-09-2016).

Muchas cosas que ya estaban antes del terremoto. Los padres, por estar dentro del trabajo, la misma manera de trabajar, la empacadora no les permitía estar en contacto con sus hijos. A veces les perdían de año, o los deberes no los llevaban cuando iban a la escuela, o estaban bajos de notas. Usted sabe que cuando el padre está ahí la situación no es tan grave, pero cuando un padre llega de noche, el niño está dormido, ¿qué deberes revisa? Y al otro día, el niño a la escuela, el papá a la empacadora y en ese tipo de trabajo no hay ese contacto (Entrevista Rosa, lideresa comunitaria, 17-09-2016).

El Consejo de Padres, liderado por Carmen, está integrado por doce personas y se reúne una vez al mes. Intenta establecer relaciones con y plantear demandas a tres actores: el municipio en Pedernales, el Ministerio de Educación (en Portoviejo), y los propietarios de la empacadora ¹⁰ . Carmen se queja de la gestión municipal: “ellos archivan los pedidos”, “el señor alcalde nunca está presente, siempre manda delegados”. Los mejores resultados se han obtenido en negociaciones con la empacadora que, guiada por un paternalismo de nuevo cuño, asume limitadas atribuciones en lo que toca a la reproducción de la fuerza de trabajo. El Consejo se dirige a la empresa porque “está dentro del pueblo” y logran que, al menos una vez al año, colabore no con dinero, pero sí con mano de obra. Así lograron rellenar la cancha y hacer bancos para que niños y niñas pudieran sentarse.

Los problemas más graves antes del terremoto eran la falta de personal docente y conserje. Los pequeños hacían el aseo de la instalación, hecho que el Consejo y las madres consideraban un problema.

De forma similar a lo mencionado con el agua, la gestión del Consejo de Padres, que es un actor fundamental en la comunidad, supone sobrecarga para su liderazgo; Carmen, al igual que Martina, lamenta que “los padres no participan”.

Dos temas adicionales evidencian la crisis reproductiva que desafía el sostenimiento familiar y comunitario. El primero tiene que ver con la percepción de la violencia en general y la violencia de género en particular. Según los pobladores, en el territorio hay consumo de drogas, cuestión que asocian a situaciones persistentes de violencia física hacia mujeres:

Sí hay problemas de violencia. Los hombres fuman marihuana. Hay una señora a la que le pega el marido con los mismos trastes. La plata que coge el señor la gasta en el vicio. La señora tiene hijos, y esta semana no se fueron ningún día a la escuela porque no había con qué darles colación ni para el café. Los hombres son machistas y las mujeres trabajan para traerles la comida a ellos. Hay mujeres que se han rebelado. Se quedan solas sin ese marido. Hay cosas que no valen, a veces ellas niegan cuando andan hinchadas de golpes (Entrevista Martina, presidenta de la Junta de Agua, 17-09-2016).

Otro problema es el embarazo adolescente, normalizado en la comunidad junto con las uniones tempranas. Muchas adolescentes son madres y se dedican a cuidar de los pequeños y al resto de la familia que trabaja por salario, dificultando así sus estudios y/o la obtención de ingresos propios y familiares. Otras mujeres de la familia, entendida ésta como una red ampliada de parentesco, asumen también los cuidados en intercambios semi-monetarizados que posibilitan la regeneración de los asalariados gracias a los trabajos de la casa (lavado de ropa, adquisición y preparación de alimentos, limpieza y cuidado).

Yadira, lideresa de La Playita, trabajó en la empacadora de forma intermitente porque su hermana y su madre quedaban al cuidado de sus hijos. Con José, su esposo, se fue un tiempo a la ciudad de Quito. Luego de cuatro años y a falta de apoyos regresó.

Ahora ya no quiero moverme a ningún lado. Aquí me regalan un pescado, un verde, me invitan a comer… En otros lados no. Luego mi hija cayó enferma y le dije [a José] que me quería venir a Manabí porque no tenía plata para hacer ver a la niña, y aquí se compuso por la abuelita que cobraba el bono y ella le compró unos remedios y le hicimos sobar del ojo (Entrevista Yadira, lideresa de La Playita, 15-08-2016).

Aleida, otra pobladora, comenta lo siguiente:

Aquí tengo una hermana que yo le doy $10 y ella me cocina y les da de comer a las niñas. Yo quiero seguir trabajando, pero en cambio mis hijas, como yo me he dedicado más al trabajo, ellas ya no me quieren obedecer. Los estudios ponen poca atención y yo me quiero retirar porque más importantes son los estudios de ellos. Pero digo, el trabajo también es importante, porque uno se les da las cosas. Pero, ¿y de qué vale que yo les esté dando si no me cumplen? (...) Lo mejor que me gustaría para mis hijos es el estudio, porque imaginarse que uno comprarle las cosas de lujo, eso se acaba ¿De qué vale? En cambio, el estudio queda para ellas, el aprendizaje. (...) Y esta semana les estuve hablando y ojalá que pongan asunto. En estas pruebas me salió bajitita, y por eso yo me quiero retirar (Entrevista Aleida, vecina, 15-08-2016).

En las redes ampliadas se gestiona el cuidado en comunidad, entre mujeres. Aracely tuvo que dejar la empacadora porque su madre migró y ya no tenía con quién dejar a los hijos. En circunstancias de crisis, esos intercambios, como otros de servicios, alimentos, etc., son vitales ya que posibilitan también el trabajo asalariado. En la empacadora, según refieren las mujeres, no permiten ausencias por enfermedad de los hijos y ponen una multa de dos días por cada día perdido. Esto produce rechazo a la disciplina fabril al subordinar persistentemente la atención a las lógicas de un modelo intensivo, hecho que se evidenció durante el terremoto.

Hasta aquí podemos advertir los terrenos “ampliados” en los que se juega la crisis reproductiva y el modo en que los entramados y liderazgos comunitarios, con un claro protagonismo femenino y basados en vínculos semi o no monetarizados, resuelven. El conflicto entre asalaramiento intensivo y cuidados aparece como una constante, que se resuelve parcialmente en lo común en femenino. La tensión se agudiza con el terremoto, que trastoca dichas tramas, deshaciendo y rehaciendo los arreglos de sostenimiento.

COAQUE TRAS EL TERREMOTO. VULNERABILIDAD Y COMÚN REPRODUCTIVO

Reproducción y sostenimiento de la vida en contextos de peligros naturales

La ecología política de los desastres ha demostrado que aunque los miembros de una sociedad pueden estar expuestos a un mismo tipo de riesgo natural, los resultados pueden ser muy diferentes; tienden a ser más perjudiciales para las poblaciones y grupos sometidos a mayores condiciones de empobrecimiento y precariedad. La vulnerabilidad, de magnitudes variables, está determinada por las características y condiciones de una persona o grupo, que influyen en su capacidad de anticipar, afrontar, resistir y recuperarse tras el impacto (Wisner, Blaikie, Cannon, & Davis, 2004). Por tanto, la vida anterior importa para el análisis de lo que ocurre después.

Los desastres ¹¹ provocan cambios en todos los ámbitos de la reproducción social: trabajo asalariado y no remunerado dentro y fuera de los hogares, acceso y provisión de recursos y servicios básicos, normas sociales, formas de cuidado, etc. El ritmo de la vida social se modifica, produciéndose transformaciones significativas (Carrión, Giunta, Mancero, & Jiménez, 2017). Estos eventos funcionan como “aceleradores” de cambios (Saitta, 2015), modificando las estructuras sociales, políticas y económicas (Fischer, 2003) y acentuando las vulnerabilidades y desigualdades existentes. El proceso subsiguiente revela así las estructuras desiguales y los desbalances de poder, así como la fragilidad o fortaleza de las tramas organizativas locales y sus lazos con instituciones y organizaciones ¹² .

Las poblaciones afectadas necesitan actuar en la inmediatez para asegurar, lo más rápido posible, arreglos que sostengan la existencia. El mayor desafío de las intervenciones públicas, privadas, no gubernamentales y comunitarias es “reconstruir mejor que antes” (las tres BBB: build back better), tanto en términos de infraestructura como de acceso general a derechos y justicia (Kennedy, Ashmore, Babister, & Kelman, 2008); (Mannakkara & Wilkinson, 2014). El resultado ideal es el de la reducción de riesgos futuros y la protección de derechos de los más vulnerables. Pero no es esa la tendencia. Las poblaciones previamente vulnerabilizadas –atravesadas por el género, la edad y la etnicidad–, con poca capacidad de negociación, con frecuencia resultan desplazadas y privadas de fuentes de vida, muchas veces por las propias agencias estatales, mientras a aquellos con mayores capacidades de negociación y privilegios consolidados puede facilitársele el acceso a espacios declarados peligrosos, pero protegidos por seguros privados o políticas estatales.

Las apuestas políticas más democratizadoras defienden que, frente al desastre, las acciones de coyuntura son imprescindibles, pero no suficientes. Son necesarios planes de mediano y largo alcance. La provisión de infraestructuras para el sostenimiento (agua, saneamientos y vivienda) resulta fundamental y se conectan con ámbitos como la propiedad de la tierra, las fuentes de trabajo, las condiciones ambientales y la distribución de tareas. Lo principal es no reproducir vulnerabilidades preexistentes y evitar lo que Klein (2007) definió como “economía del shock”, esto es, impedir que el momento se convierta en una oportunidad de negocio para actores específicos en detrimento del interés colectivo. En ese registro, la participación de las poblaciones locales es crucial. No obstante, algunas investigaciones situadas revelan que ésta resulta marginal y que la gestión del desastre habitualmente presenta un carácter vertical y centralizado que apenas considera las capacidades, conocimientos y estructuras comunitarias existentes (Fernández, Waldmüller, & Vega, 2019) .

Para el caso de estudio, y a pesar del enfoque del gobierno ecuatoriano del “Buen Vivir”, la literatura ha subrayado la centralización y verticalidad de la respuesta por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Comité de Reconstrucción del gobierno nacional, los beneficios para las élites económicas y políticas regionales y nacionales, el escaso énfasis en la recuperación como prevención y el papel marginal de las comunidades (Bravo, 2016; Waldmueller, Nogales, & Cobey, 2019).

Prácticas comunitarias de sostenimiento tras el terremoto en Coaque

El terremoto de abril de 2016 provocó 671 víctimas mortales, 28.678 personas albergadas, 80.000 desplazadas, 120.000 niños con limitado acceso a la educación y grandes pérdidas materiales (74.000 viviendas inhabitables, 875 escuelas afectadas y 44 unidades de salud de la red pública y privada con daños graves (Riesgos., 2016; –SENPLADES, 2016). 85.532 personas se vieron afectadas y 385.000 sufrieron daños indirectos. Las pérdidas económicas se midieron en millones de dólares: 92 en el sector de la manufactura, 285.3 en el comercio, 19.5 en el turismo y otros 102.1 en los sectores de agricultura, ganadería y pesca. Específicamente la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas se estimó en 3.344 millones (–SENPLADES, 2016).

Tras el desastre, y hasta pasado un año, se realizaron evaluaciones de lo sucedido y de la gestión de las distintas entidades. La cooperación internacional tuvo un rol crucial; las instancias estatales solicitaron que fuera planificada en coordinación con los sistemas nacionales y locales, si bien no siempre sucedió así. La respuesta internacional fue ágil y se tradujo en donaciones de medicinas, alimentos y bienes básicos y en el trabajo de equipos rescatistas. Durante los primeros seis meses después del terremoto, 43 países ofrecieron su colaboración (Velalcázar & Tamayo, 2016).

Por otra parte, algunos análisis registraron “escasez de mecanismos y políticas de coordinación de acuerdo con sus competencias, entre los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local” (Carrión et al., 2017). En consecuencia, hubo ausencia de gestión planificada e integrada, competencia entre actores, duplicidad de acciones y recursos y conflictividad al no establecerse con claridad los roles y responsabilidades de las distintas instituciones en el territorio (Carrión et al., 2017). Las entrevistas realizadas con pobladores y organizaciones afines y otros análisis (Bellettini, 2016; Waldmueller, Nogales, Cobey, & Urigüen, 2018) destacaron la escasa participación y excesiva focalización en la reconstrucción de infraestructuras frente a otras necesidades inmediatas. Los responsables municipales advirtieron exceso de centralización de las instancias estatales en detrimento de las administraciones locales. Al final, las comunidades y poblaciones se convirtieron, como suele suceder, en beneficiarios pasivos.

Coaque tuvo dos particularidades al momento de afrontar la situación. La primera es que, a diferencia de otras localidades aledañas, no se instaló ningún albergue; esto impulsó la organización comunitaria. La segunda es que los líderes locales ya contaban con apoyos por fuera del cantón; tal es el caso de la Fundación Avanti, dedicada a proyectos comunitarios contra la pobreza, que venía apoyando en emprendimientos y otros proyectos de desarrollo, los arqueólogos de la Universidad de San Francisco, con los que se trabajaba en la revalorización del patrimonio o la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y el Grupo FARO, que colaboraban en iniciativas de turismo comunitario. Tras el desastre, estos actores resultaron claves para articular, más adelante, el Plan estratégico en Coaque. Construyendo ciudades resilientes a través del diseño participativo, que reunió a la comunidad en talleres que culminaron en la propuesta que se entregó al municipio y que, después de muchos esfuerzos, fue aprobada en 2018.

En ese escenario, el hacer común cambió. ¿Cómo cambió y qué arreglos se generaron? Proponemos, primero, algunas reflexiones generales sobre cómo se manejó el proceso y se desplegaron los liderazgos comunitarios para, a continuación, poner la lupa sobre los ámbitos que consideramos en la sección anterior.

El terremoto transformó el panorama físico y social de Coaque. En las entrevistas se evidencia la percepción de vulnerabilidad, desamparo y pérdida de referentes. El sostenimiento de la vida, ya precarizada, se descubrió casi imposible. Aunque fueron pocas las personas fallecidas, viviendas y otras instalaciones quedaron dañadas, generando, además de consecuencias materiales, un fuerte impacto emocional.

Hubo dos tipos de estrategias en las horas inmediatamente posteriores a los 65 segundos que duró el sismo: de un lado, acciones de solidaridad, colaboración y apoyo mutuo; de otro, respuestas individuales que revelaron la fragilidad de las tramas colectivas, acentuada por la monetarización y proletarización que trae la industria camaronera y que desarticula en parte otros modelos que, como la pesca artesanal o la agricultura, se apoyan en una economía moral de intercambios diversificados en los que se juegan vínculos y normas locales.

Dentro del primer grupo de estrategias pueden mencionarse varios ejemplos. Ante la amenaza de tsunami, la comunidad gestionó el desalojo colectivo hacia zonas altas. Se recogieron colchones para que los niños pudieran dormir en el monte y se rescataron personas atrapadas entre los escombros. “Como era tanto edificio caído, no se sabía por dónde empezar. Las unidades militares de rescate llegaron al otro día en la tarde, pero las primeras personas fueron sacadas por los mismos habitantes”, comenta un vecino (Entrevista vecino, 15-08-2016).

En sentido contrario, “otra gente se preocupó por robar y no por la gente que estaba debajo de escombros, mucha gente murió por asfixia” (Entrevista Rosa, lideresa comunitaria, 13-07-2016) . La idea de que “cada uno se preocupaba de los suyos” y de que “no hubo organización comunitaria”, apareció en algunos testimonios.

Sin embargo, los dirigentes comunitarios, que antes operaban de forma independiente se articularon de forma inmediata y fueron fundamentales. “Existió coordinación”, mencionan algunos; “Luis se encargó de la cancha, ella [Rosa] de acá, arriba Carmen, y así” (Entrevista vecina, 17-09-2016).

Antes del terremoto había diferencias (…). Hemos discrepado… Diferencias políticas. Hemos discrepado, quizás porque ella ha tenido su manera de pensar y querer hacer las cosas a manera de ver de nosotros. Lo hemos visto de una manera diferente. Pero hoy estamos conversando las cosas y trabajando por el bienestar de la población. Hemos analizado las cosas para procurar un bienestar común y poder seguir en el camino (Entrevista Luis, líder comunitario, 17-09-2016).

Cada líder activó sus redes de trabajo con instituciones y actores fuera de la comunidad. Luis, por ejemplo, fue al municipio de Pedernales a solicitar agua para Coaque y participó de la coordinación de un camión-cocina que llegó a Coaque desde la Universidad de San Francisco de Quito, con quienes tenía colaboración previa. Como resultado, y aunque no llegó el chef al inicio, con la ayuda del chofer cocinaron para 200 personas el primer día y para más en los posteriores.

Luis también funcionó como enlace con la Fundación Avanti que, en coordinación con la mencionada universidad, organizó donaciones.

La gente no estaba organizada, pero la doctora me dijo, ‘Luis vamos con los niños’, y en ese momento habían bastantes moscos, pero volvimos a la cancha. Esa noche entregamos 60 campings y la fundación vino con dos generadores eléctricos y se dio colchonetas y llovió en la noche, pero la gente pudo descansar (…) Cuando llegaron las ayudas fue terrible. Se empezó a hacer saqueo a la gente que llegaba con la ayuda, no había presencia policial ni militar. Hicimos lo mejor que pudimos con la gente que comenzaba a colaborar (…). Yo conozco a la población y sabía cómo distribuir por cada jefe de familia. (…) Se hizo un centro de acopio para almacenar cosas para servir a la comunidad, ese cuarto lo puso José Chávez (Entrevista Luis, líder comunitario, 17-09-2016).

A Rosa la llamaron del MIES para hacer el registro de comunidades afectadas, necesario para la planificación y distribución de apoyo. Todos los entrevistados comentan el coste emocional, la sobrecarga y el cansancio en esos días.

La presencia directa de actores estatales fue más bien escasa e irregular durante el primer mes en relación a la coordinación con actores informales locales, organizaciones no gubernamentales, grupos organizados espontáneamente y la propia empacadora, que optó por no cerrar sus instalaciones y canalizar apoyos propios y de otras instancias.

Llegó la ayuda de un grupo de arquitectos que quisieron construir un campamento y llegaron a través del Ingeniero [propietario de la empacadora]. Tenían una buena relación y comenzaron a trabajar y construyeron eso que tenemos ahora como sala comunitaria. Llegaron a los seis, ocho días; hicieron letrinas, los baños secos y no solo eso, incentivaron a la comunidad. Este grupo de arquitectos ha sido un puntal fundamental para que una población como Coaque se esté levantando. Han traído distintas clases de ayuda. Fue con Avanti, y luego de dar alimentos, vinieron muchas personas a través de Avanti. Empresas y universidades que sabían de Coaque y han ayudado al poblado, porque decir del gobierno nacional, nosotros no teníamos ayuda. Un médico voluntario que llegó con medicinas e hizo un trabajo muy importante para el sector. Son días que quedarán grabados para toda la vida en mi persona (Entrevista Luis, líder comunitario, 17-09-2016).

No hubo consenso en la evaluación del papel de la empacadora que, como se ha visto, es un actor relevante. De un lado, contribuyó con depósitos de agua. De otro, no detuvo la producción y reclutó fuerza de trabajo a cambio de mejores pagas. Eso último fue interpretado de forma negativa (a pesar de garantizar ingresos) por algunas personas que, frente a las réplicas, temían por su vida y la de los suyos. Además, la ayuda de la empresa fue selectiva; por ejemplo, distribuyeron carpas entre sus trabajadores, lo cual fue cuestionado por los dirigentes comunales. Rosa lo expresó con las siguientes palabras: “perdón ingeniero, lo que se cayó fue Coaque, no la empacadora” (Entrevista Rosa, lideresa comunitaria, 17-09-2016). Se reprodujo, en definitiva, la mezcla de gratitud y resentimiento que caracteriza las relaciones entre empresa y comunidad. La gestión de la empacadora reprodujo el repertorio habitual: supeditar el sostenimiento a las lógicas mercantiles, aún en condiciones extremas. Lo mismo ha sido verificado por otros análisis del terremoto en distintos territorios de las provincias de Manabí y Esmeraldas (Waldmueller et al., 2019).

Por otra parte, la actuación estatal es descrita negativamente por los actores locales: “desprotección de la comunidad”, “nunca llegó ayuda”, “la ayuda comenzó a llegar al mes del terremoto”. La descoordinación entre la actuación del Estado y los líderes es un argumento recurrente, así como la ausencia de planes de gestión de riesgos. Otras observaciones frecuentes se refieren a la centralización, en Pedernales, de los apoyos estatales, la burocratización y la descoordinación entre instancias, conclusión a la que llegan otras investigaciones (Waldmueller et al., 2018).

En ese escenario, las tramas comunales cobraron presencia. Veamos lo que ello significó en los cinco ámbitos referidos.

El problema de la titularidad de la tierra adquirió aún más preeminencia luego del terremoto, pues fue la llave para el despliegue de ayudas y evitar desplazamientos. En Coaque, después del sismo se asignaron viviendas a través de dos proveedores: el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y la Cruz Roja. Las del MIDUVI fueron de un modelo único, bastante pequeño, de una sola planta y poco adaptado a las familias extensas propias de la costa.

Los del MIDUVI se molestan cuando oyen decir que la gente prefiere las casas de la Cruz Roja. Se han molestado. No es que no valen, pero son demasiado pequeñas para las familias (…). Yo pregunté si el arquitecto que hizo el diseño de las casas sería de Manabí, yo creo que no, porque los manabitas somos productivos en todos los sentidos y las mujeres manabitas son muy fértiles, tienen cinco, seis hijos. Hay familias de 14. Mis padres tuvieron 17 hijos. Es un modelo de familia china [la del MIDUVI] (…) A mí me dijeron que derrumbar mi casa para construir una de esas, nosotros somos ocho, en esa casa no entramos. Unos tendrán que dormir afuera. Esa casita no me vale a mí (Entrevista Martina, presidenta de la Junta de Agua, 17-09-2016).

Ante esta situación, los líderes retomaron la disputa por la propiedad con el fin de buscar soluciones familiares de mediano y largo plazo.

La gente necesita su escritura. Imagínese, ahorita, algunos no quieren casa del MIDUVI por lo feíta que está, bueno así sea fea, pero lo chiquita que es, y si tuvieran su escritura podrían ir a mutualista Pichincha y adquirir una casa con estudio técnico pagando a 15 años. Pero sin escritura no pueden hacer eso, ni meterla al banco, ni ponerse un negocito, nada. Eso me desespera. No por mí, sino por la gente… Y si se muere doña Patricia, otro resto de problemas (Entrevista Rosa, lideresa comunitaria, 17-09-2016).

Movidos por los debates comunales, Rosa, Luis y Don Aldo, presidente de la comunidad, intentaron presionar a las instituciones estatales para negociar con los Dueñas y, eventualmente, proceder por fin a la expropiación.

Ya le propusimos al MIDUVI, y si hay el dinero, es el Municipio el que tiene que hacer un proceso para expropiar los terrenos y vienen a negociar. Pero el alcalde no quiere entrar en conflicto con la familia Dueñas. Yo veo aquí que hay unos intereses que no nos dicen cuáles son, dígame que yo veo la forma de arreglarlo. Si a mí me dicen un día que no, yo voy al siguiente día con 30 personas y digo díganle que no a esas 30 (Entrevista Rosa, lideresa comunitaria, 17-09-2016).

A pesar de lo dicho, la capacidad para negociar y movilizarse se frenaba ante el temor a perder oportunidades con la administración y otros agentes privados.

Después del sismo, la zona de La Playita fue declarada por las autoridades como “zona de riesgo”, lo cual imposibilitaba la reconstrucción de viviendas, dejando a la intemperie a estos habitantes, dependientes de la proximidad de sus embarcaciones y del mar, a pesar de las inundaciones y lo insalubre del emplazamiento. Los pescadores se negaron a abandonar los barracones instalados tras el sismo. Una de las dirigentes, Yadira, junto con Rosa, reclamaron un acuerdo entre el MIDUVI, el alcalde, la Secretaría de Gestión de Riesgos y César (la única persona de la familia de los dueños de la hacienda a la que la comunidad tiene acceso).

Que les donen un terreno cerca de donde están ellos (…). Pero hay que hacer un relleno increíble y dicen los del Estado que más gastan en el relleno que en la construcción de las viviendas. (…) En la reunión dijeron, primero, que no les van a dar casas, segundo que no les permiten quedarse en la Playa. Pero entonces, ¿dónde está el terreno para ellos? Los únicos que tienen terreno son los dueños de la hacienda y no ha llegado el momento que negocien con ellos (Entrevista Rosa, lideresa comunitaria, 17-09-2016).

El terremoto catalizó un conflicto específico sobre la desposesión en La Playita. El liderazgo comunitario intermedió e intentó presionar para su resolución, pendiente al terminar el trabajo de campo. Finalmente, la resistencia y falta de recursos institucionales desvaneció el des/realojo. En ese tiempo, La Playita se mantuvo activa, se instaló un centro comunitario para los pequeños con apoyos externos y se realizaron reuniones y eventos.

El hacer común también fue evidente en la escuela, que se derrumbó durante el sismo. El día que el gobierno declaró el reinicio de clases, los niños asistieron a clase entre escombros y con escasos cuatro docentes. El Consejo de Padres y la comunidad se organizaron frente a la emergencia. El entonces presidente de la República, Rafael Correa, iba a visitar a los afectados en Jama. Encabezados por Carmen, madres y padres acudieron a informar y reclamar al presidente por la situación. La prensa local dio cuenta del gesto, y antes de que regresaran a Coaque, funcionarios del Ministerio de Educación habían llegado a valorar el caso. La escuela continuó siendo un lugar para tramar la comunidad, más aún después del sismo. Allí se hizo efectivo el principio de comunalidad y se puso a prueba la capacidad de hacer común en la autogestión del espacio.

Ahora bien, el entramado comunitario también evidenció situaciones de fragmentación e inoperancia. En algunos ámbitos, el tejido previo se deshizo o sufrió serios embates. Este fue el caso de la gestión del agua.

El sismo interrumpió el servicio de bombeo del agua desde el pozo, que no se pudo activar hasta comprobar que funcionaba adecuadamente; la propia Martina comprobó la mecánica de la bomba. Otras instancias entraron en acción. En esta ocasión, la empacadora y las organizaciones internacionales (Cruz Roja) aseguraron el suministro a través de un tanque desde el que se bombeaba. Entonces se puso de manifiesto la fragilidad de la Junta de Agua y el débil respaldo de la comunidad ante un elemento cuya monetarización parcial y oscilante ya venía generando problemas. Luego del terremoto, las personas dejaron de pagar, y esto dificultó aún más el funcionamiento del servicio y la legitimidad de la organización comunal.

El terreno de los cuidados, sobre todos de menores, también quedó seriamente afectado. La atención a niñas y niños entre mujeres, vinculada a la sobrecarga producto de los horarios y periodos intensivos en la industria, se tensionó a causa de la inestabilidad de las redes ampliadas. En algunos casos, se produjeron desplazamientos, en otros se renunció al empleo y se optó por trabajos más autónomos si bien inestables como la pesca. Atemorizadas por las réplicas, mujeres y hombres optaron por otras fuentes para asegurar el ingreso. Éstas implicaron proximidad con la familia a costa de fragilizar el ingreso.

Él trabajaba en la empacadora, pero ahorita le dio miedo porque dice que cuando hubo el terremoto estaba en la empacadora y ahí mismo decían que ya iban a pasar otros temblores. Pasó uno que fue a las 11h46 y le tocó trabajar. Trabaja un aguaje de día, otro aguaje la noche, y le dio miedo, y dijo ‘yo no voy a peligrar mi muerte por una empresa’. A la empresa no le importa haya lo que haya. Si hay temblor ellos siguen, no paran. Mi esposo tuvo miedo. Fue donde la familia y ellos, todos, siempre han sido pescadores y él teniendo su lancha para pescar y se va a estar peligrando. Si alguna cosa pasa, él está por allá y uno por acá. Los hijos y la esposa le dijeron ‘es la familia’, y él escuchó, y ya se quedó pescando camarón en la panga (Entrevista Yadira, lideresa de La Playita, 15-08-2016).

Esto, junto a la percepción previa de desatención de niños y adolescentes, contribuyó a que algunos dejaran la empacadora (Vega, Paredes, & Almeida, 2019).

El papel de organizaciones, tales como Plan Internacional, contribuyó a paliar la desatención y afectaciones que sufrieron los menores en el momento en que no funcionaba la escuela. Se organizaron actividades y se habilitó un espacio común para poder desarrollarlas con el acompañamiento de los habitantes, principalmente mujeres, de La Playita.

Como revelan los testimonios, los lazos de vecindario fueron vitales para el sostenimiento de la comunidad en temas como alimentación, cobijo, atención a los niños o acompañamiento y apoyo emocional a quienes estaban en peores condiciones después del terremoto.