INTRODUCCIÓN

Los estudios del cuidado han demostrado que se trata de un trabajo esencial para la vida y el bienestar, dado que todos/as lo requeriremos en algún momento, además de ser indispensable para la reproducción de la fuerza de trabajo y la economía en general. Aun cuando este campo de estudio ha alcanzado un desarrollo notable, a su interior se ha prestado menos atención a los cuidados del ámbito comunitario. En América Latina éstos adquieren una gran importancia en los sectores populares, que se apoyan en ellos ante el déficit en los servicios provistos por el Estado y la imposibilidad de contratarlos en el mercado.

Existe una multiplicidad de experiencias colectivas de cooperación que le dan forma a lo que conocemos como cuidado comunitario varios en (Godbout, 1997; Vega, Martínez-Buján, & Paredes, 2018), desplegadas en contextos culturales, políticos, sociales y económicos disímiles, que por ello son diversas en cuanto a sus objetivos, recursos, infraestructura y perfiles de actores que los motorizan: bancos de tiempo, grupos de apoyos mutuo, agrupaciones para la crianza compartida, comunidades que cuidan comunes salvaguardando saberes y memorias, comedores y merenderos, postas de salud, entre otras.

Las experiencias heterogéneas también se extienden por la Zona Metropolitana de Buenos Aires (ZMBA), donde sobresalen las iniciativas en los barrios populares relacionadas con la salud de niños, niñas y personas embarazadas, la alimentación, el saneamiento del entorno barrial, la prevención de la violencia de género y la drogodependencia, el apoyo escolar, los jardines y guarderías comunitarios, etc. entre otras, (Fournier, 2017; Rosas, 2018; Zibecchi, 2014). En general, estas iniciativas colectivas son sostenidas por un número reducido de personas, en su mayoría mujeres pobres. Pueden ser promovidas por las propias vecinas, las Organizaciones Sociales, el Estado, pero comúnmente se trata de iniciativas articuladas desde distintos ámbitos en interacción, incluso el político partidario y el religioso.

En publicaciones precedentes (Rosas, 2018) analizamos la organización general del cuidado comunitario en barrios populares de la Provincia de Buenos Aires (PBA), más específicamente en el Conurbano Bonaerense (CB), Argentina ¹ . En este artículo profundizamos en un trabajo de cuidado específico, ubicado en una zona liminal entre la comunidad y el Estado. Nos referimos al que desempeñan las “trabajadoras voluntarias vecinales” en el marco de la implementación del Plan Vida/Más Vida, promovido desde el año 1994 por el Estado de la PBA ² . Una de las características distintivas de esta política social es que involucra a miles de mujeres para que cumplan cotidianamente con numerosas tareas comunitarias sin recibir algún tipo de remuneración.

Entendemos que, desde hace varias décadas, las concepciones y prácticas en torno al cuidado comunitario alentadas por las entidades estatales condensan racionalidades políticas características del neoliberalismo, o liberalismo avanzado. Desde estas coordenadas analíticas, nos interesa reconstruir el modo en que el Estado provincial ha pensado y tratado el trabajo de estas mujeres, así como comprender las concepciones que ellas tienen sobre el carácter de las tareas que vienen realizando. Es decir, buscamos problematizar la dimensión laboral, dando cuenta de algunos cambios registrados en los últimos años en el discurso estatal, las legislaciones y en representaciones de las propias trabajadoras.

Aun reconociendo las tensiones entre las esferas público estatal y público-no estatal, y compartiendo la importancia de propender a políticas que entiendan los matices y gradientes que aparecen entre ambos, así como entre las diferentes formas de cogestión, gestión comunitaria y gestión común (Rowan, 2016; Zubero, 2017), en este artículo mantenemos que la valorización del sostenimiento comunitario no supone desestimar las responsabilidades públicas estatales, menos aun si se trata de los derechos de las trabajadoras que el mismo Estado ha reclutado. En este sentido, compartimos la perspectiva crítica de los estudios del cuidado. Entre otras, (Razavi & Staab, 2010) afirman que en muchos países los servicios públicos pasaron a depender en gran medida del trabajo comunitario o voluntario, el cual con frecuencia funciona como un eufemismo de trabajo no remunerado o infrarremunerado, y carece de los derechos que gozan los empleados públicos.

Aunque esta discusión cuenta con numerosos antecedentes, en los últimos meses del año 2019 adquirió una renovada repercusión, cuando la problemática del hambre alcanzó niveles alarmantes y se convirtió en uno de los ejes de la campaña política y de las primeras semanas del gobierno de Alberto Fernández. La sociedad argentina está confrontando una coyuntura socioeconómica dramática y los ojos del Estado han virado, una vez más, hacia el trabajo comunitario y, en particular, a las capacidades de las mujeres. En este nuevo contexto histórico, marcado además por una notable incidencia de los movimientos feminista y de la economía popular, se vuelve pertinente revisitar críticamente las bases que todavía sostienen estas políticas sociales.

Este artículo abreva del trabajo de campo de tipo cualitativo sostenido a lo largo del tiempo ³ sobre acción colectiva y cuidados comunitarios en territorios urbanos de pobreza de la PBA, donde hemos entrevistado a distintas referentes sociales y agentes territoriales del Estado; entre ellos, a nueve “trabajadoras voluntarias vecinales” ⁴ y a la directora del Plan Más Vida durante el Gobierno de la Alianza Cambiemos (2015-2019). Asimismo, realizamos análisis documental de las principales normativas vinculadas al Plan ⁵ . Nuestro análisis también se nutre de investigaciones precedentes dedicadas al estudio de las políticas públicas desde la perspectiva de la gubernamentalidad.

El artículo se organiza en tres secciones. En la primera repasamos la reconfiguración de las relaciones entre el Estado, la comunidad y las mujeres, en el marco del tránsito desde racionalidades políticas “welfaristas” hacia racionalidades políticas neoliberales. En la segunda, a partir del análisis documental se revisan tanto los presupuestos neoliberales de la Gerencia Social Eficiente que dieron forma al Plan Vida/Más Vida, como los posteriores reconocimientos parlamentarios y relativos avances previsionales relacionados con la red de trabajadoras. La tercera sección, basada en entrevistas a profundidad, se detiene en las obligaciones de estas mujeres para con el despliegue de la política social, en el trabajo concreto que han realizado en los últimos 25 años, así como en sus percepciones respecto del tratamiento que el Estado provincial les ha brindado. Finalmente, se presentan las conclusiones donde se incluye una serie de interrogantes sobre el futuro de las políticas sociales y su comprensión del cuidado comunitario y del rol de las mujeres.

RACIONALIDADES POLÍTICAS Y GOBIERNO DE LO SOCIAL: IMAGINARIOS EN TORNO A LA COMUNIDAD Y LAS MUJERES.

En esta sección nos remontamos, al menos, a los años ochenta del siglo XX con el fin de mostrar los vínculos entre las racionalidades neoliberales que reconfiguraron el pensamiento del Estado y los supuestos que todavía subyacen sobre la comunidad y las mujeres en las políticas de lucha contra la pobreza impulsadas en América Latina en general, y en particular en el contexto argentino.

Atentos a cómo el pensamiento opera en la forma de hacer las cosas, los estudios sobre la gubernamentalidad (Dean, 1999; Rose, 1999) permiten rastrear y entender la emergencia y transformaciones de la cuestión social a la luz de los cambiantes modelos de gobierno, desde el liberalismo y hacia el liberalismo avanzado, así como explorar los paralelismos y divergencias entre las nuevas formas de gobernar lo social y el modo de pensar el trabajo comunitario y a las mujeres que lo realizan. Cada modalidad de gobierno engloba racionalidades políticas que se definen como campos discursivos a través de los cuales el ejercicio del poder es conceptualizado, y tecnologías de gobierno que son los mecanismos prácticos de ejercicio del poder.

(Feijoo, 2018) indica que los llamados programas de “desarrollo de la comunidad” impulsados por los organismos internacionales durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado constituyen un antecedente central del contenido de las políticas sociales impulsadas en el contexto latinoamericano. Según el autor, el desarrollo de la comunidad comparte con las racionalidades políticas emparentadas con el keynesianismo el énfasis de la planificación centralizada y la intervención estatal. Es decir, cuando el Estado fue asociado con el deber de planificar centralizadamente el desarrollo social y económico, la comunidad fue pensada como contribuyente de la sustentabilidad y la viabilidad de los planes de desarrollo.

En cambio, las racionalidades neoliberales visualizaron a la comunidad como un medio para economizar la actividad estatal. Estas racionalidades fueron diseminadas por organismos internacionales, desde los que se brindaron discursos con matiz progresista para justificar y legitimar el proceso de individualización de las responsabilidades sociales (Anzorena, 2013). Detrás de los organismos de crédito, como el Banco Mundial, se esconde el poder político de las empresas trasnacionales, los grupos económicos y el sector financiero. Son estos los que, mediante reformas tributarias regresivas y políticas de flexibilización laboral, entre otras, ahorran y concentran riqueza, a la vez que desfinancian al Estado.

En efecto, para Foucault (1985) uno de los rasgos distintivos del orden post keynesiano es el proceso de desinversión estatal; el Estado se fue desentendiendo de una serie de problemas, que fueron transferidos a otros agentes políticos, sociales y empresariales. El nodo de esta rearticulación está en la economización que el Estado realiza de sus propios medios de gobierno, lo que no significa que gobierne menos, sino que lo hace de otra manera. Este desentendimiento estatal con la cuestión social se vio acompañado por el incentivo de la iniciativa privada, la exaltación de los méritos del asociacionismo y de la participación desde abajo, el trabajo voluntario, la autogestión y el activismo comunitarista, que se transformaron en herramientas para el gobierno de la pobreza.

En el contexto argentino, en el marco de la crisis del Estado de Bienestar y de la hegemonía lograda por el neoliberalismo, se comenzó a hacer hincapié en los procesos de descentralización, privatización y focalización de las prestaciones (Vinocur & Halperin, 2004). Se verificó un tránsito desde políticas públicas que aspiraban a alcanzar el mayor grado de universalidad posible, hacia intervenciones enfocadas en los sectores pobres. Así, con el impulso de la descentralización adquirió importancia el ámbito local.

De esta manera, en Argentina, al igual que en otros países (Gil-Araujo, 2010), las políticas sociales comenzaron a ser comandadas por el dogma del emprendedurismo y la tercerización, como herramientas para la construcción de comunidades e individuos participativos, activos y responsables. Desde esta racionalidad, las redes y los lazos de proximidad se volvieron centrales, mientras que el arte de gobernar asumió un nuevo lenguaje, al pensarse y expresarse, ya no en términos sociales, sino comunitarios. En pocas palabras, las nuevas estrategias gubernamentales tendieron, en lo subsiguiente, a gobernar a través de la comunidad (Feijoo, 2018).

Así, los individuos desfavorecidos pasaron a ser pensados como agentes activos en la construcción de su propia existencia. A eso apuntan las intervenciones sociales focalizadas como es el caso del Plan Vida/Más Vida (Schuttenberg, 2008), que se sostiene con la responsabilización, calificada como voluntaria, de miles de mujeres que batallan por el bienestar de familias y comunidades. En la región hay varios programas diseñados con criterios similares, por ejemplo, el de las Madres Comunitarias colombianas (Arango & Molinier, 2011). Se trata de alrededor de setenta mil mujeres que durante tres décadas han cuidado niñas y niños de sectores vulnerados ⁶ .

ExplicaAnzorena (2013) que ya a fines de los años sesenta los organismos internacionales habían identificado a las mujeres como actoras relevantes del desarrollo. La centralidad otorgada al papel de las mujeres también debe comprenderse por el acercamiento que se produjo entre las posiciones liberales y una restauración conservadora que impulsó un retorno a los valores tradicionales, para disciplinar a la sociedad mediante el estrechamiento de los derechos sociales y económicos, lo cual en América Latina fue llevado adelante por las dictaduras militares. Este nuevo tipo de políticas sociales se erigió sobre las concepciones de una familia universal con una supuesta natural división sexual del trabajo, y de la complementariedad entre varones y mujeres.

Las mujeres han experimentado efectos perversos en el marco de estos procesos, en especial las pobres y racializadas, las migrantes, las precarizadas. ApuntaMolyneux (2003) que, partiendo de la premisa de que las mujeres están naturalmente dispuestas al cuidado de sus familias y comunidades, todo lo relacionado con los proyectos comunitarios, la salud familiar o la protección del medio ambiente, pasó a ser concebido como territorio femenino, lo cual resultó en una sobrecarga sin remuneración ni apoyos. Por otra parte, señala la autora, si bien las redes y actividades asociativas llevadas adelante por mujeres son un recurso importante para enfrentar la pobreza y contribuir al bienestar social, estas no pueden suplir la responsabilidad del Estado sobre el diseño e implementación de medidas redistributivas y otras políticas económicas.

EL TRABAJO GRATUITO DE LAS MUJERES EN EL “PLAN VIDA/MÁS VIDA”: DE LA GERENCIA SOCIAL EFICIENTE A LOS RECONOCIMIENTOS NOMINALES

En diciembre de 2019, el nuevo ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, convocó a Hilda González, la promotora de la red de trabajadoras voluntarias vecinales que analizamos en este artículo, a formar parte del Consejo de Lucha contra el Hambre. Al mismo tiempo, en distintas entrevistas mediáticas González recordaba la importancia de esa red que, trabajando gratuita y proactivamente allí donde el Estado no llegaba, había logrado disminuir la mortalidad infantil en los años noventa y ocuparse de otras problemáticas sociales (Página-12, 2019). Estos sucesos cercanos sirven para mostrar la vigencia que esta política pública todavía tiene en Argentina.

La red se destaca por la cantidad de mujeres que ha involucrado y el tiempo de vigencia. Como ya se dijo, se configuró en 1994 en el marco del Plan Vida, actualmente llamado Plan Más Vida, el cual ha representado un esfuerzo compartido entre el Estado de la PBA, los gobiernos municipales, las instituciones intermedias de la comunidad y la red de vecinas.

El Plan fue obra del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano (CPFDH) presidido por Hilda González, la esposa del entonces gobernador Eduardo Duhalde. Este Consejo reemplazó el anterior Consejo Provincial de la Mujer (CPM). Puede notarse el cambio de denominación, donde la mujer es reemplazada por la familia y el desarrollo humano, a la vez que se establece la relación entre familia y desarrollo, en concordancia con las racionalidades que hemos descripto en la sección anterior. Las mujeres directivas del CPFDH construyeron un modo de acción y una retórica que se oponía no sólo al clientelismo político, sino también a las mujeres que las precedieron en el CPM, a quienes consideraban “muy feministas” y egoístas. Se definían a sí mismas como mujeres interesadas por el bienestar de las personas, solidarias y sin intereses personales (Masson, 2004).

El Plan estuvo inspirado en la propuesta de la Gerencia Social Eficiente (GSE) para América Latina, promovida por organismos internacionales, en particular el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En palabras de su principal promotor, la GSF convocaba a “optimizar el rendimiento de los esfuerzos del Estado y los actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, y el mejoramiento del funcionamiento y resultados de la inversión en capital humano y capital social” (Kliksberg, 1999). La revisión de sus lineamientos permite observar que ésta impulsaba, entre otras cuestiones, el abordaje integral, entendiendo que cada una de las problemáticas sociales tiene raíces múltiples y están interrelacionadas; el desarrollo de capacidades para la gerencia interorganizacional, es decir, la integración intensa de organizaciones de la sociedad civil. También se alienta la implementación de modelos participativos que hacen crecer las posibilidades de autosustentación de los programas públicos. Finalmente, se promueve el diseño de meta redes en las cuales participen el Estado, las ONGs, los sectores empresariales y laborales, las iglesias, las organizaciones de interés público no estatales, las organizaciones voluntarias y comunidades asistidas.

Según nuestro análisis, el desempeño de las trabajadoras comunitarias del Plan Vida/Más Vida cumple con los lineamientos de la GSE: ellas han hecho posible el estilo “adaptativo” de la política ya que poseen un gran conocimiento de la realidad comunitaria; facilitan el “abordaje integral” al oficiar de articuladoras entre distintas áreas, actores sociales y religiosos, y niveles de gobierno; han participado de distintas capacitaciones en materia alimentaria y de salud; promovieron la “participación” de las comunidades asistidas, contribuyendo así a la autosustentación de programas y planes públicos. Lo hicieron, además, asumiendo distintos estilos de intermediación entre sociedad y Estado (Zaremberg, 2003).

La forma en que se concibió a la red de trabajadoras fue sintetizada por su mentora, González (2002), en un libro publicado a diez años de la activación del Plan. Nos interesa detenernos en el apartado titulado “El papel de la mujer”, donde se explica por qué esta tendría características apropiadas para el trabajo comunitario. Por un lado, se concibió una relación directa, naturalizada, entre la mujer, la familia y la comunidad. El texto comienza diciendo que “la responsabilidad del cuidado de la casa y de los niños descansa en un personaje central: la mujer”, lo que se fundamenta sin más en “su condición de género”. Asimismo, recuerda que históricamente las mujeres pobres han asumido las actividades barriales asociadas a las estrategias de supervivencia. Al respecto, es sugerente la asociación que la autora elabora entre “actividades de la casa” y “actividades colaterales”, donde estas últimas refieren a las comunitarias y son entendidas como una derivación o extensión de las primeras. Por otro lado, se justificó la participación de la mujer en la política social por sus conocimientos sobre las problemáticas barriales y una supuesta moral superior, de modo que esta sería “el actor social más capacitado para el desempeño de la función” que “garantiza la distribución eficaz y el control eficiente de los recursos, asegurando la cobertura real y efectiva de todos los beneficiarios contemplados” (González, 2002).

En el libro también se insiste en los beneficios a la autoestima que traerían aparejadas las actividades comunitarias. Según González (2002), se esperaba que al participar en las “redes barriales solidarias”, y en particular en las tareas de organización y capacitación, las mujeres se motiven “para proyectarse en una realidad más abarcadora que las cuatro paredes de su casa” (González, 2002). De hecho, la autora resalta que en los primeros años del Plan las mujeres trabajadoras vecinales experimentaron un “cambio radical de perfil” al incrementar sus capacidades para intervenir a favor de las familias con necesidades, “abandonando el discurso que las sitúa dentro de la imagen de ama de casa, restringida radicalmente a la sumisión del ámbito privado” (González, 2002) ⁷ .

Como claro indicador de la influencia de la GSE, el prólogo de ese libro fue escrito por Kliksberg (2002), quien destaca que en tan solo diez años se logró brindar cobertura a casi la totalidad de los niños y niñas menores de seis años con necesidades nutricionales. La clave para lograrlo, según expresa (Kliksberg, 2002), fue la red de manzaneras y comadres: “amas de casa pobres que asumieron las tareas básicas (…) sin recompensas materiales, movilizadas por el deseo de servir”. En la misma sintonía, en los últimos años Hilda González ha reiterado que una de las claves del éxito del Plan ha radicado en la solidaridad de estas mujeres, que “le donaban horas al Estado para ocuparse de la desnutrición infantil” (Télam, 2016), y “que lo hacían voluntariamente, porque no cobraban un peso” Página-12 (2019).

No obstante, también se han levantado voces críticas entre los legisladores provinciales hacia esa manera de involucrar a las mujeres en la política social, a la vez que desde el Poder Ejecutivo de la PBA se realizaron algunos reconocimientos. El análisis documental de los debates parlamentarios nos permitió conocer que ciertos sectores políticos, en particular los asociados con los movimientos sociales, comenzaron a asumir públicamente que el Estado provincial tenía una deuda para con estas mujeres. Oficialmente, su condición de trabajadoras y su derecho a recibir un salario fueron defendidos el 3 octubre del año 2007 por iniciativa del Diputado (Navarro, 2007) :

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires DECLARA Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del área correspondiente, disponga las medidas necesarias para que se otorgue un salario mínimo y cobertura social a las personas que se desarrollan como manzaneras en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y no cobran ningún beneficio. Asimismo, que prevea también se otorgue una bonificación económica a aquellas manzaneras que tienen algún tipo de ingreso proveniente del Estado. Esta iniciativa legislativa tiene como finalidad cumplir con una deuda que el Estado provincial tiene con estas personas que en forma desinteresada ayudan a toda la comunidad cumpliendo un rol preponderante para el gobierno. (Proyecto de Declaración D/1.876/07-08)

Si bien esa propuesta no prosperó, la discusión no se detuvo. En los años siguientes, en el debate público nacional se vitalizó la discusión acerca del trabajo invisibilizado y no valorado de las mujeres, a la par del fortalecimiento del movimiento feminista, lo cual daría lugar en Argentina a la aprobación de leyes que buscarían resarcir derechos laborales largamente vedados, como la Ley nacional 26.844/2013 para las trabajadoras de casas particulares.

En ese marco, durante la gobernación de Daniel Scioli se aprobó la Ley provincial 14.245/2011 que creó “un régimen especial de subsidio” vitalicio para las trabajadoras voluntarias vecinales de la PBA que tuvieran al menos 60 años y acreditaran haber prestado servicios, efectivos y voluntarios, durante quince (15) años en forma continuada o alternada ⁸ . Esa Ley fue parcialmente reglamentada en el año 2012 (Decreto 600/2012) y comenzó a implementarse a fines del año siguiente. Fue estipulado un monto mensual equivalente al haber mínimo de las jubilaciones que otorga el Instituto de Previsión Social (IPS). Cabe acotar que ese monto, de alrededor de U$S165 (en diciembre de 2019), es evidentemente escaso para hacer frente a las necesidades de mujeres ancianas.

Es importante reparar en el carácter “especial” de la ley 14.245. Esa especialidad implica que no otorga los mismos derechos que otros programas previsionales. Tampoco, claro está, supone el reconocimiento de una relación laboral formal. Cabe señalar que ese mismo carácter “especial” es compartido por la Ley N° 26.844/2013 que fijó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. No desmerecemos los avances relativos que estas normativas significan, ni ignoramos las diferencias que hay entre ellas, pero tampoco podemos desconocer que ambas contribuyen a legalizar desigualdades que afectan especialmente a las mujeres pobres.

En la práctica, muy pocas mujeres han podido acceder al subsidio vitalicio. Según expresó la directora del Plan Más Vida, durante el Gobierno de María Eugenia Vidal de la Alianza Cambiemos solamente se efectivizaron aquellos expedientes que habían sido iniciados en la gestión anterior, la de Scioli. Ella indicó, además, que en los últimos años fue débil el diálogo entre el IPS y el Ministerio de Desarrollo de la PBA, lo cual impidió motorizar el subsidio, a pesar de que, en sus palabras “tenemos el dinero para hacerlo; en realidad es una partida presupuestaria del IPS”. Es decir, esa partida se sub-ejecutó o destinó a otro rubro, lo que es indicativo del escaso esfuerzo que realizó el gobierno de Cambiemos para divulgar y efectivizar ese derecho. Lo anterior nos permite explicar por qué solamente una de nuestras entrevistadas conocía dicha Ley, mientras que ninguna conocía a alguien que percibiera el subsidio.

Asimismo, la directora del Plan indicó que en los años de su gestión pocas trabajadoras vecinales se interesaron por conseguir ese subsidio. En su opinión, eso se debe a la existencia de la Jubilación para Amas de Casa (JAC), un sistema nacional de pensión no contributivo, que ofrece ventajas respecto del subsidio para trabajadoras vecinales, como una obra social con mayores prestaciones.

En pocas palabras, en la práctica el subsidio no ha sido más que un reconocimiento meramente nominal. Así, a veinticinco años de la puesta en vigencia del Plan, constatamos algo similar a lo queFournier (2007) encontró durante su primera década: falta de promoción y problematización de los derechos de esta red de mujeres.

No obstante, como apuntamos en la introducción, el cuidado comunitario ha adquirido un claro protagonismo en el discurso del nuevo gobierno nacional de Alberto Fernández. En una entrevista del 22 de diciembre de 2019, el ministro de Desarrollo Social de la Nación resaltó la importancia que en su gestión tendrá la economía del cuidado, y en concreto planteó propuestas para un Sistema de Cuidados Comunitarios. Entre otras cosas, asume el carácter feminizado de estas tareas y la necesidad del reconocimiento de esta actividad por parte del Estado (Pozo, 2019). Si bien en esa entrevista no se aclara cómo se concretará ese reconocimiento, las palabras del ministro expresan un cambio en la manera de tematizar el cuidado comunitario. Por otro lado, al menos desde lo nominativo, en la nueva administración provincial se realzó la dimensión comunitaria por encima de la social. Ello se evidencia en el cambio de denominación del anterior Ministerio de Desarrollo Social por la de Desarrollo de la Comunidad, y en que su organigrama ha sumado importancia a la economía popular y al hábitat comunitario. Al momento de escribir este texto no es posible establecer las implicancias de estos discursos y decisiones recientes. Con el tiempo sabremos si se tiende a una reconfiguración de las racionalidades y prácticas asociadas a las políticas sociales, así como de las condiciones de las trabajadoras.

EL TRABAJO VECINAL ES UN DURO TRABAJO: LAS VOCES DE LAS MUJERES

Para implementar el Plan Vida fueron convocadas las mujeres habitantes de los barrios donde este se ejecutaba, y se seleccionaron quienes contaban con experiencia organizativa, es decir aquellas ligadas a comedores, instituciones barriales o entidades de bien público. Para formar parte de la red, se debía cumplir algunos requisitos, como disponer de tiempo libre para llevar a cabo las actividades previstas; ofrecer su domicilio como “boca de expendio” de los alimentos, y disponer de espacio para ubicarlos hasta su retiro; ser respetadas y reconocidas por su solidaridad; aceptar realizar el trabajo en forma voluntaria, es decir, sin percibir remuneración alguna.

A lo largo de los años el Plan experimentó varios cambios que no podemos detallar aquí. Al menos, hasta 2014 la red se mantuvo nutrida, con alrededor de cuarenta mil integrantes para ese año. En términos generales, entre 1994 y 2014 las funciones de las manzaneras fueron: a) confeccionar listados de beneficiarios/as, incluyendo a embarazadas, nodrizas hasta el sexto mes de lactancia, y niños y niñas de entre 6 meses a 5 años, b) recibir leche y otros alimentos en su domicilio, para luego entregarlos a las personas beneficiarias ⁹ ; d) rendir cuentas ante las autoridades, para lo cual debían trasladarse con frecuencia hasta el centro del municipio por sus propios medios; c) participar en programas de capacitación sobre salud, nutrición y otros temas de interés comunitario; d) articular con otros programas sociales. Por su parte, las comadres debían: a) detectar a las embarazadas; b) confeccionar listas de beneficiarias; c) informar a las autoridades sobre la salud durante la gestación y el primer año de vida; d) contactar a las beneficiarias con los centros de salud locales; e) acompañar a las mujeres en los controles durante el embarazo y el puerperio; f) participar en las capacitaciones. La enumeración anterior no es exhaustiva, y a su vez cada actividad supone otras que quedan invisibilizadas.

Queremos enfatizar la carga horaria soportada diariamente por estas mujeres para poder cumplir con las tareas y responsabilidades transferidas por el Estado. Si bien en general fueron convocadas para colaborar dos horas por día, explica Libertad que “en realidad no eran dos horas, era más (…). Uno dejaba sus cosas que hacer porque tenía que estar. Por ejemplo, hay veces que yo me perdía de ir al médico” (Entrevista a Libertad, 10 de julio de 2018). También veían afectado su descanso nocturno ya que recibían de madrugada los camiones que transportaban los alimentos y la leche dos o tres veces por semana, según el caso; a veces esposos o hijos/as debían ayudar a descargar y controlar la mercadería, ya que si había faltantes ellas eran las responsables, y a la mañana siguiente las personas beneficiarias se lo reclamarían. Por otra parte, el horario de trabajo también se extendía porque ellas trataban de maximizar los recursos disponibles. Muchas, al ver la necesidad alimentaria de las familias que las rodeaban, y para aprovechar la leche y alimentos de quienes no se acercaban a recogerlos, elaboraban por su cuenta listados de suplentes, y así ampliaban el horario de entrega. Lucía relata “nosotras poníamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 para las titulares; y de 10 a 11hs las suplentes. Porque había gente que nosotros sabíamos que necesitaba, y que no había salido beneficiada todavía” (Entrevista a Lucía, 3 de mayo de 2018).

Más allá de las tareas asociadas a la alimentación, desde los inicios del Plan las mujeres han dedicado mucho tiempo al trabajo de articulación con otros sectores del Estado; a colaborar en la capacitación de las mujeres del barrio y en la ejecución de otros programas sociales; a detectar, orientar y contener a las familias frente a distintas problemáticas sociales. En muchos barrios hay salas de atención primaria de la salud, en donde las trabajadoras vecinales se han vinculado con médicos y otros agentes estatales para desplegar estrategias de trabajo que incluyen recorridos barriales en los que atienden diversas problemáticas. Ello les ha permitido intervenir en una multiplicidad de intereses públicos, como salud, educación y el registro documentario de niños y niñas.

Y nosotros nos encargábamos de ir con la gente del centro de salud (…) Nos encontramos con que había muchas familias que no tenían documento, por ejemplo, o chicos que desde que nacieron y con cuatro o cinco años nunca habían sido vacunados, no iban a la escuela o jardín, bueno encontramos un montón de cosas. Tratamos dentro de nuestros medios (…) [de] conseguirles un turno rápido para que los pudieran atender, sobre todo los que no habían tenido atención. (…) Es más, hasta he ido a ayudar a algunas de las mamás con el baño y en el cambio de los nenes para poder traerlos. (Entrevista a Olga, 16 de junio de 2018)

Además del cuidado de la salud, esta red de trabajadoras vecinales colabora cuando los barrios experimentan inundaciones, una situación que ocurre con frecuencia dado que muchos están asentados en terrenos anegadizos. Habitualmente son ellas las primeras en socorrer a las familias y articular con el sector estatal de Defensa Civil. En sentido estricto, la presencia de estas trabajadoras comunitarias es requerida constantemente por las y los vecinos. Incluso con posterioridad al año 2014, cuando la red comenzó a debilitarse relativamente ¹⁰ , su intervención ha seguido siendo clave para detectar situaciones de violencia de género y alentar la realización de denuncias.

Por ahí la vecina de enfrente discute con el marido. Vos capaz que escuchas un gritito y es que el marido le está pegando (…) podés charlar un poquito; y la mamá ahí es como que se abre un poquito más, y vos podés ayudar [y decirle] ´ándate a la Comisaría de la mujer y para el nene tenés el Consejo del Menor y la Familia´. (Entrevista a Alicia, 2 de agosto de 2019)

La red también participa de la implementación de las transferencias condicionadas de dinero, que reemplazaron oportunamente la entrega de alimentos y de leche, mediante una tarjeta bancaria. La responsabilidad de asegurar el acceso de las familias a la tarjeta recae, hasta la actualidad, en las trabajadoras vecinales, quienes se ocupan de distintas tareas de índole administrativo, como registrar a las beneficiarias y completar formularios con sus datos, brindar información en distintas instancias del proceso, recibir las quejas por fallas en la gestión bancaria, elevar los registros y demandas a las municipalidades, etc.

Cuando viene una mamá a anotarse, le indico qué documentación precisa, (…) [Debo] tomarle los datos, censarla con la planilla (…) [Luego] lo llevamos a [la oficina de] Desarrollo Social; (…) [Después] la coordinadora se conecta con la manzanera y le dice: ´mira que te va a llegar la tarjeta de fulanita de tal, para tal fecha. Andá preparándola y decile que tal día tiene que venir.´ Entonces nosotros más o menos le indicamos [a la mamá] cuándo llega la tarjeta (…) porque muchas veces las mamás van directo al banco y ahí las rebotan y les dicen ´no estás anotada´. Y la mamá viene, y se queja con la manzanera… (Entrevista a Lucía, 3 de mayo de 2018)

En la actualidad, el dinamismo de la red es mayor en algunos Municipios, entre ellos los más extensos y con altos niveles de pobreza, como La Matanza, Florencio Varela y Morón. En este último, según nos informa la Directora del Plan, las trabajadoras vecinales permitieron concretar capacitaciones vinculadas al proyecto Crianza sin Violencia. Además, participaron en la implementación de otros dos programas de asistencia alimentaria en distintos Municipios -uno para pacientes con patología celíaca y otro para inmunodeprimidos porque, en palabras de la Directora, las trabajadoras vecinales son “el anclaje más perfecto en el barrio” (Entrevista a la Directora del Plan Más Vida, 6 de noviembre de 2019).

Como se pudo observar a lo largo de este apartado, el trabajo de cuidado que realizan las trabajadoras vecinales involucra aspectos materiales, psicológicos y afectivos, y en él pueden visibilizarse las distintas fases apuntadas por Paperman (2011), como notar la existencia de una necesidad, tomar medidas para encontrar una respuesta, dar directamente la respuesta o el cuidado. Por otra parte, las múltiples tareas que ha desempeñado esta red a lo largo de los 25 años de vigencia del Plan son coherentes con las expectativas de las racionalidades neoliberales reseñadas en apartados anteriores, en especial con las de la GSE. No hace falta decir que el Estado de la PBA se ha beneficiado enormemente con su trabajo, ahorrando ingentes cantidades de dinero. En este tipo de políticas, las trabajadoras “voluntarias” absorben los costos (Razavi et al., 2010) mediante la autoexplotación, su implicación corporal y emocional, exponiendo su salud, su bienestar y el de su familia. Como expresa Esquivel (2011), los cuidados no remunerados tienen características de “bien público”, es decir, la sociedad se beneficia de los mismos y, por eso, los beneficios superan a los costos y constituyen un subsidio hacia la esfera pública y el mercado.

El cuidado comunitario: entre el trabajo y el don

Como hemos indicado, las trabajadoras vecinales del Plan Vida/Más Vida no han recibido una remuneración por su trabajo. Las entrevistadas explicaron que han recibido lo mismo que cualquier otra persona beneficiaria: alimentos, leche o una transferencia monetaria, según la etapa del Plan. Sin embargo, cuando preguntamos si el Estado provincial les había brindado algún reconocimiento material, ellas señalaron los regalos que eventualmente les daba el gobernador Felipe Solá, entre 2002 y 2007. Alicia ejemplifica que, en ocasiones, para el día de la madre recibían “platos o una cadenita”; para el día de la mujer “te mandaban carteras, pulóveres, relojes”; y para Navidad “mandaban la caja navideña” (Entrevista a Alicia, 2 de agosto de 2019). Olga agrega que una vez “incluso Solá nos dejó ese fin de año $400” (Entrevista a Olga, 16 de junio de 2018). Algunas entrevistadas también mencionan haberse sentido gratificadas en una ocasión en que el gobernador Daniel Scioli las llevó a una reunión en Mar del Plata, dado que muchas pudieron así conocer el mar. Sin embargo, si bien Alicia menciona que disfrutaba de esos gestos (porque “era la atención que tenían con esa manzanera que no recibía ningún sueldo”), también admite que eran limitados: “no te traían gran cosa”, afirma (Entrevista a Alicia, 2 de agosto de 2019). Asimismo, Jorgelina indica que “regalaban boludeces” (Entrevista a Alicia, 2 de agosto de 2019).

Por otro lado, consideramos oportuno reparar en las expresiones que utilizaron los agentes del Estado y referentes barriales que las convocaron a trabajar en el Plan Vida/Más Vida. Según las entrevistadas, se les solicitó: colaborar por el barrio, ayudar, trabajar por solidaridad, regalar su tiempo, trabajar por el honor o ad honorem. También hubo apelaciones al patriotismo, explica Florencia, ya que a algunas les pidieron que trabajaran “para sacar el país adelante” (Entrevista a Florencia, 23 de junio de 2018). Lucía indica que al convocarlas no se les decía explícitamente que trabajarían gratuitamente: “Ellos no dijeron ´gratis´ (…) no te dicen ´vas a trabajar gratis´ (…) esa palabra como que no la usan; te embrollan con otra” (Entrevista a Lucía, 3 de junio de 2018). Podría decirse que a través de estos discursos “embrolladores”, el Estado activó eficazmente una moral que favoreció el don del tiempo de las mujeres pobres.

En consecuencia, la mayor parte de las entrevistadas asegura que nunca esperó una remuneración. Algunas, como Alicia, piensan que si ellas aceptaron trabajar sin remuneración, es comprensible que no se les pagara: “yo interpreto que si a mí me están diciendo que no me van a dar nada, es nada”. También explica que no lo hizo por un beneficio material para sí misma: “mi beneficio es saber que esa mamá, o que ese chiquito mejor dicho, va a recibir la tarjeta” (Entrevista a Alicia, 2 de agosto de 2019). Olga por su parte insiste con que estaban “muy comprometidas con el tema solidario. No es que estábamos por un dinero, porque nunca nos habían prometido eso.” Agrega, además, que “de haberse pagado, hubiese perdido el espíritu que le poníamos” (Entrevista a Olga, 16 de junio de 2018). Las palabras de Alicia y Olga rememoran a la visión configurada desde el CPFDH, que exaltaba a las mujeres solidarias y sin intereses personales. Es decir, esas racionalidades se verifican en el modo en que aún hoy algunas trabajadoras conciben la naturaleza de su trabajo.

Sin embargo, no todas las entrevistadas comparten esas visiones. Las más jóvenes y las que participan de movimientos sociales, se mostraron más críticas. Estas no pertenecen a la primera generación de trabajadoras y, por lo tanto, no estuvieron expuestas a la carga discursiva original. Por ejemplo, Lucía narra situaciones en las que las trabajadoras plantearon la demanda de una contraprestación por su trabajo: “en las reuniones lo han planteado, alguna vez. Pero como que ellos siempre evadían eso, o nos daban una explicación tonta, nos decían ´Bueno, chicas ya lo estamos peleando, estamos viendo´, pero nunca nada” (Entrevista a Lucía, 3 de mayo de 2018). Por su parte, Florencia sostiene que en ocasiones se les dijo que “nos iban a dar material para arreglar nuestras casas. Muchas manzaneras no recibieron nada; se llevaron una desilusión total; porque había muchas mujeres que necesitaban” (Entrevista a Florencia, 23 de junio de 2018). Mientras que Jorgelina agrega que a veces les prometían un pago por presentismo en las reuniones: “te decían ‘si vos no faltás a la reunión, va a haber un plus de 200 pesos’. (…) Llegaba el momento de cobrar y no te daban la plata” (Entrevista a Jorgelina, 27 de marzo de 2015). Estos ejemplos permiten constatar que, a pesar de no haber prometido una remuneración, a veces el Estado puso en juego los deseos y necesidades de estas mujeres.

En cuanto a las expectativas monetarias, Jorgelina expresa su molestia por la falta de reconocimiento al señalar: “uno se dedica a eso, hace bien su trabajo y ellos parece que no tienen en cuenta. Uno siente así” (Entrevista a Jorgelina, 27 de marzo de 2015). Para Lucía, el Estado debería haber otorgado a la trabajadora vecinal un monto mayor al resto: “si a la beneficiaria le dan $500, a nosotros que estamos trabajando, tendrían que habernos dado, qué se yo, $700 (…) No te digo un sueldo, pero un poco más que a las beneficiarias, sí” (Entrevista a Lucía, 3 de mayo de 2018). Por otro lado, Florencia no tiene dudas de que su trabajo debió haber sido remunerado, más allá del afecto incorporado en su labor: “uno lo hace por amor a los chicos, por amor a lo que tiene el ser humano, pero sí, nos hubiese gustado que nos paguen bien” (Entrevista a Florencia, 23 de junio de 2018). Las molestias por no percibir un pago por su trabajo también fueron registradas en charlas informales con otras tres trabajadoras que no pudieron ser entrevistadas.

De esta manera, las representaciones de las trabajadoras parecen oscilar entre una concepción apegada a la GSE, que entiende su desempeño como un don, y otra que comprende como injusta la falta de remuneración. Por eso, para terminar este apartado nos parece apropiado recordar el señalamiento de Godbout, según el cual “[l]a intervención del Estado tenderá siempre a transformar el acto gratuito de alguien en trabajo no pagado, a cambiar así el sentido, y a llevar a cabo la desconstrucción social del don insertándolo en un modelo de equivalencia monetaria” (1997, p. 80). En efecto, un don impuesto no es un don, es trabajo no pagado. Existe una gran diferencia entre aceptar y elegir. Si bien estas mujeres respondieron al llamado del Estado, no significa que hayan elegido voluntariamente realizar estas tareas de forma gratuita. ¿Qué poder de negociación han tenido? ¿Podían elegir no “donarle” horas al Estado para combatir la desnutrición infantil, cuando a su alrededor muchos niños y niñas, incluidos sus propios hijos, estaban desnutridos? A nuestro juicio, se trata de una imposición encubierta, antes que de una elección en libertad. En otras palabras, coincidimos con (Razavi et al., 2010) en que no está claro el significado que obtiene la idea de “labor voluntaria” en un contexto de pobreza difundida y de desempleo elevado, y que tampoco está demostrado que sirva de trampolín para escapar de la pobreza.