INTRODUCCIÓN

Este artículo apunta a problematizar la articulación entre políticas sociales y gestión de lo común, a partir de reconstruir las prácticas de cuidado comunitario de mujeres peruanas que se desempeñan en el programa Salas Cuna, implementado por el gobierno de la provincia de Córdoba (Argentina) y destinado al cuidado de niños/as de 45 días a 3 años que viven en barrios periféricos. Nos interesa analizar específicamente dos cuestiones: a) cómo el Estado promueve activamente prácticas y procesos de cuidado comunitario en territorios relegados; y b) cómo las mujeres migrantes se insertan en esos procesos, ejerciendo formas de ciudadanía que son “toleradas” por el Estado. En otras palabras, pretendemos reflexionar sobre lo comunitario como una modalidad fomentada por (y de la cual se nutren) las políticas estatales y de gobierno, pero también como un espacio propicio para la configuración de prácticas de ciudadanía. En ese sentido, argumentamos que la gestión de lo común por parte de mujeres migrantes en contextos de relegación urbana expresa el modo en que el Estado habilita formas concretas de “inclusión diferencial” (Mezzadra & Neilson, 2016) , ancladas a un territorio y atravesadas por fuertes constreñimientos de género y de clase.

Tradicionalmente, los procesos de reproducción social fueron resueltos en el marco de los hogares. Sin embargo, en el transcurso del siglo XX, los sectores subalternos de Argentina se vieron en la necesidad de activar crecientemente diversas estrategias de subsistencia que exceden –aunque no reemplazan, sino que conviven con– el ámbito familiar, proceso que se acelera en la década del noventa en el marco de los efectos restrictivos de las políticas neoliberales. Entre los factores que impulsaron tal necesidad destacamos, en primer lugar, la profundización de las condiciones de precariedad que han afectado no solo a las familias sino también a espacios más amplios, como barrios y áreas urbanas relegadas. En segundo lugar, y en concordancia con una tendencia más bien global, el rumbo que han tomado las políticas estatales hacia la gestión de la precariedad como modo de gobierno de las poblaciones (Lorey, 2016). Desde esta perspectiva, el Estado argentino, en sus diferentes niveles, ha gestionado los umbrales de precariedad a través de la implementación de un conjunto de políticas sociales destinadas a las mujeres de los sectores populares y orientadas al desarrollo de actividades principalmente relacionadas con el cuidado en el espacio barrial. En este marco, una de las políticas sociales que más repercusión ha cobrado en nuestro caso de estudio ha sido el programa Salas Cuna, implementado desde 2016 por el gobierno de Córdoba, la segunda provincia a nivel nacional y la cuarta en cuanto al nivel de pobreza de la población de 0 a 17 años (Cippes, 2019) ¹ . Este programa está dirigido al cuidado de niños/as de 45 días a 3 años y tiene un anclaje territorial específico: se desarrolla principalmente en barrios urbanos relegados y periféricos. Para fines de 2019 había en la provincia 421 Salas Cuna ubicadas mayoritariamente en “zonas rojas”, de acuerdo a la propia división socio-espacial que establece el estado provincial ² .

Si llegamos a preguntarnos por esta política en particular es porque ella adquirió centralidad durante nuestro trabajo de campo con mujeres peruanas que viven en barrios ubicados en la periferia de la ciudad de Córdoba. En el marco de trayectorias laborales informales y precarias –y al igual que sucede en otras ciudades de Argentina– los migrantes sudamericanos se han concentrado en espacios urbanos relegados, que emergen a partir de un proceso de toma de tierras (Magliano, Perissinotti, & Zenklusen, 2014). En estos espacios, territorios de aplicación de políticas sociales por excelencia, gran parte de nuestras interlocutoras peruanas participaba activamente de alguna Sala Cuna o se encontraba trabajando en pos de que el Estado abriera una en su barrio.

En términos teóricos, entendemos lo comunitario como la disposición para poner en ejercicio “la capacidad práctica que tienen las poblaciones para cooperar entre ellas” (Gutiérrez-Aguilar, 2008) en base a “relaciones sociales de compartencia que operan coordinada y/o cooperativamente de forma más o menos estable en el tiempo con objetivos múltiples, buscando la satisfacción de necesidades básicas de la existencia social y por tanto individual” (Gutiérrez-Aguilar & Salazar-Lohman, 2015). Entre esas necesidades, se destacan la alimentación y el cuidado de los/as niños/as que residen en los barrios donde llevamos adelante nuestra investigación. En cada una de estas actividades (desde la preparación de una comida hasta la organización de un festejo puntual), las mujeres peruanas ponen en juego las habilidades y los saberes con que cuentan vinculados al cuidado familiar.

La noción de cuidados ha sido ampliamente discutida en el campo de las ciencias sociales. En este estudio, definimos al cuidado como “todas aquellas tareas necesarias para el sostenimiento de la vida cotidiana y de su reproducción intergeneracional” (Aguilar, 2019) en el marco de dos dimensiones centrales: las disposiciones y motivaciones ético-afectivas y las tareas concretas de la vida diaria (Vega & Gutiérrez-Rodríguez, 2014), que pueden ser remuneradas o no. En esta ocasión, atenderemos a un fenómeno extendido en América Latina como es la participación de las mujeres en diversas actividades vinculadas con el cuidado en el ámbito comunitario –en muchos casos promovidas por el propio Estado– en contextos de pobreza (Zibecchi, 2013), pero centrándonos especialmente en el rol que las mujeres migrantes ocupan en este fenómeno.

En Argentina, el campo de estudios enfocados en el análisis del cuidado comunitario desde perspectivas de género se ha expandido en los últimos años. Entre otros, podemos mencionar el trabajo de (Pautassi & Zibecchi, 2010) que aborda las circunstancias en que algunas organizaciones sociales y comunitarias del Gran Buenos Aires enfrentan la provisión de cuidado en contextos de pobreza e indigencia. En ese mismo espacio, (Fournier, Ramognini, & Vidal, 2013) analizan experiencias de autoorganización popular e Ierullo (2013) examina las prácticas comunitarias de cuidado infantil desarrolladas por los comedores populares de los barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires.Zibecchi (2013); Zibecchi (2014), por su parte, indaga en el papel de las organizaciones comunitarias en el cuidado en la primera infancia, deteniéndose en las trayectorias, prácticas y saberes de las cuidadoras. Más recientemente, la misma autora se detiene en las relaciones que despliegan las mujeres de sectores subalternos que participan en organizaciones comunitarias con el Estado (Zibecchi, 2019). No obstante, en este campo de estudios la articulación entre migraciones y cuidado comunitario ha sido poco explorada. En pos de comenzar a saldar esa vacancia, los trabajos de (Gil-Araujo & Rosas, 2019; Magliano, 2018; Magliano, 2019), Magliano and Perissinotti (2019) yRosas (2018) han mostrado la centralidad de lo comunitario en la sostenibilidad de la vida de las familias migrantes y en la consolidación de los proyectos migratorios, así como la existencia de una división generizada de la gestión de lo común en los barrios urbanos relegados que esas familias habitan.

Esa división muestra que son las mujeres migrantes quienes se dedican con exclusividad a los cuidados en el espacio comunitario en el marco de los esfuerzos colectivos desplegados “por garantizar la reproducción material y simbólica de la vida” (Gutiérrez-Aguilar, 2018). Esos esfuerzos colectivos, auspiciados y promovidos en muchos casos por el propio Estado, habilitan el ejercicio de formas concretas de ciudadanía, entendidas como expresiones de subjetividad política (Isin, 2009) que se materializan en un conjunto de prácticas políticas participativas (Velasco, 2016) en permanente construcción y disputa. El foco puesto en las prácticas de cuidado comunitario permite reponer la dimensión activa de la ciudadanía (Isin, 2009), la cual supone el despliegue de acciones concretas de compromiso individual y colectivo que pueden llegar a desafiar el orden social y político existente y también atravesar las fronteras de los estados (Isin & Nielsen, 2008), moldeando la experiencia migratoria familiar en su conjunto. Como veremos, las formas de ejercicio de ciudadanía que las mujeres peruanas despliegan en espacios de cuidado comunitario dan cuenta de un “saber hacer” transmitido de generación en generación, que se nutre de las reglas que impone el contexto de llegada, pero también de los recorridos históricos del contexto de origen, que imprimen ciertas particularidades a las modalidades de gestión de lo común.

Bajo este marco, nuestro argumento busca mostrar que el cuidado comunitario puede conformar “un terreno de lucha para las mujeres” (Federici, 2016), entendiendo que aquello que se juega y dirime en torno a un trabajo que ha sido históricamente devaluado –el de los cuidados– va más allá de la cuestión de la subsistencia familiar para transformarse en una práctica política que apunta al sostenimiento mismo de los espacios urbanos relegados (Magliano, 2018) y, a la vez, en una forma de vinculación con el Estado no ya a partir de la cuestión migratoria, que es a través de la cual el propio Estado ha priorizado relacionarse con las poblaciones no-nacionales que habitan en su territorio, sino de la condición de género y la pertenencia de clase. En torno a las prácticas y los vínculos que la gestión de lo común activa, las mujeres migrantes tensionan la exclusión del ámbito político a la que históricamente fueron sometidas las poblaciones migrantes (Sayad, 2008), ocupando lugares “impensados” para un pensamiento de Estado que en general ha concebido como “incómodas” las presencias de los no-nacionales en los lugares de destino.

APUNTES METODOLÓGICOS

La migración peruana en Córdoba registra una larga historia, sin embargo, no fue sino hasta mediados de la década del noventa del siglo pasado que se intensificó hasta convertirse en uno de los dos orígenes principales de la población migrante en la ciudad y la provincia junto con la boliviana ³ . Entre sus características más salientes se destaca su concentración en ámbitos urbanos y su feminización. El proceso conocido como feminización de las migraciones no refiere simplemente a un aumento cuantitativo del número de mujeres migrantes, sino también –y de modo principal– a un reconocimiento de su existencia. La creciente visibilidad de las mujeres en las migraciones internacionales desafió al campo de los estudios migratorios, en tanto sus movilidades fueron recurrentemente silenciadas en base a una construcción política –y académica– del migrante como sujeto neutral en términos de género. Así pues, la mirada puesta en las migraciones femeninas vino a disputar ese silencio a partir de mostrar a mujeres migrando, trabajando y ejerciendo ciudadanías y maternidades transnacionales; y de redefinir las categorías clásicas para el análisis de la migración y los/as migrantes (Herrera, 2012; Mallimaci, 2012).

Cecilia, Amalia y Tamara ⁴ son algunas de las mujeres peruanas protagonistas de nuestra investigación. Al igual que lo sucedido en otros destinos de Argentina, estas mujeres han sido pioneras de la migración hacia Córdoba, ya sea migrando solas o en contextos familiares, a partir de una demanda constante para trabajar como empleadas domésticas. En los inicios de la migración, y como muchas de las mujeres peruanas que llegaron a la Argentina durante la década del noventa y principios del 2000, Cecilia y Tamara dejaron a sus hijos/as en Perú a la espera de una rápida reunificación, que el paso del tiempo concretó. En la educación de sus hijos/as, ellas depositan las expectativas de movilidad social ascendente, aun cuando en la práctica esto sea difícil de concretar debido a las condiciones de precariedad de sus trayectorias laborales y de vida. Tal como advierten (Arranz, Carrasco, & Massó, 2007) para el caso español, el trabajo doméstico y de cuidados aparece como el precario “salvavidas” en el que las mujeres migrantes configuran su experiencia laboral. Luego de varios años circulando por estos trabajos, la formalización de los espacios de cuidado comunitario emergió como una alternativa laboral tanto para Cecilia, Amalia y Tamara, como para otras migrantes peruanas.

En términos metodológicos, el artículo recupera un trabajo etnográfico longitudinal (desde el 2012 hasta el 2019 inclusive) en distintos barrios urbanos relegados ubicados en la periferia de la ciudad de Córdoba, habitados principalmente por población migrante de origen peruana. Es en estos espacios –zonas rojas de acuerdo a la propia clasificación que establece el Estado provincial– donde las Salas Cuna proliferan. Y es hacia esos espacios donde se han dirigido especialmente los migrantes peruanos, sobre todo en los últimos dos decenios, debido a las imposibilidades de hacer frente a los requerimientos que impone el mercado inmobiliario formal. En esos derroteros por la ciudad, llegan a terrenos baldíos, en general fiscales, donde a través de las tomas de tierras comienzan un proceso de autoconstrucción del espacio (Magliano & Perissinotti, 2020). De allí que, al igual que sucede en otros lugares del país, la población migrante se concentra en (Vaccotti, 2017).

Entendemos por etnografía, siguiendo a Rockwell (2009), a aquellas investigaciones que se nutren de la experiencia prolongada del investigador en una localidad y de su interacción relacional con quienes la habitan. Durante los casi 7 años que duró esta investigación, hemos podido reconstruir las trayectorias de las mujeres y varones peruanos que llegaron y construyeron los barrios en donde viven, sus trayectorias familiares y laborales, sus motivaciones, expectativas y frustraciones. Acompañamos a las mujeres, con quienes mantuvimos contactos más prolongados, en sus recorridos por la ciudad para ir a trabajar, al hospital, a cumplimentar trámites en agencias estatales y a las movilizaciones políticas en las que participaron. Las vimos negociar, demandar y vincularse con los agentes del Estado y, a la par, construir y organizar redes comunitarias para mitigar las carencias presentes en sus vidas cotidianas. Con vistas a construir un tipo de conocimiento que nos permitiera acceder a esta información, nos valimos principalmente de dos técnicas de recolección de datos: la observación participante y las entrevistas en profundidad. Para esta investigación, nos centramos con mayor detalle en nuestro trabajo de campo en un barrio concreto: Sabattini. Se trata de un barrio ubicado en la periferia este de la ciudad, construido casi en su totalidad por migrantes peruanos a partir del año 2009 y en donde residen actualmente unas 1100 personas. Para este artículo en particular, realizamos allí diez entrevistas tanto con mujeres que trabajan en la Sala Cuna, como con algunas madres de niños/as que allí ⁵ . La cantidad de personas involucradas en las Salas Cuna depende directamente del número de alumnos que asisten. En el caso de Sabattini aproximadamente unos 45 niños, trabajan una maestra jardinera (que vive fuera del barrio y es argentina) y ocho auxiliares (que viven en el barrio, de las cuales seis son peruanas). Además, incluimos en el análisis documentos públicos vinculados con la conformación y funcionamiento de la Red Salas Cuna de la provincia de Córdoba y una entrevista semi-estructurada con una funcionaria del gobierno provincial. Al confrontar los registros etnográficos y orales con los documentos públicos pudimos construir un panorama más amplio y complejo sobre el rol que tiene el Estado, a través de sus programas y políticas, en la gestión de la precariedad a partir de la promoción del cuidado comunitario en contextos sociales atravesados por fuertes desigualdades.

El cuidado comunitario y la gestión de la precariedad como políticas de Estado

Lo comunitario, conjuntamente con el Estado y el mercado, ha ganado centralidad en las últimas décadas en los procesos de sostenibilidad de la vida de los sectores subalternos de Argentina, tanto nativos como migrantes. En particular, el cuidado comunitario irrumpió en los barrios populares hacia mediados del siglo XX (e incluso desde antes) y, hacia fines de la década del noventa, en el contexto de la creciente crisis económica y social en la que se vio sumido el país, emergió entre las mujeres de sectores subalternos como una de las formas más aceptadas para ejercer la “contraprestación” a la que las políticas de empleo activo (“workfare”) obligaban a sus beneficiarios (Manzano, 2013). Copas de leche, merenderos, espacios de recreación, salas de salud y roperos comunitarios se multiplicaron a lo largo del país, y consolidaron al trabajo comunitario como un trabajo “útil” y “necesario” frente a la des-responsabilización estatal. Dos décadas después, y en el marco de una nueva crisis económica, las políticas estatales han vuelto a retomar el cuidado comunitario entre sus principales programas focalizados en la pobreza, pero esta vez desde una perspectiva explícita de fomento activo ⁶ .

En este marco, en 2016 el gobierno de la provincia de Córdoba creó la Red Salas Cuna ⁷ , cuya justificación recae en la premisa de que la mujer es el “sostén moral principal” de la familia y que es necesario “proteger” y “fortalecer” dicha institución. En abril de 2018 el programa se convirtió en ley, explicitando un doble objetivo:

a) Contribuir al desarrollo biopsicosocial de las niñas y niños desde los 45 días a los 3 años de edad inclusive, promoviendo su estimulación temprana para garantizar el desarrollo de todo su potencial durante su primera infancia;

b) Brindar a la madre o adulto responsable de la crianza de niñas y niños, un ámbito para su cuidado y contención mientras trabaja o estudia, contribuyendo así a su inserción social y laboral. (Artículo 2, (Ley-10.533, 2018) )

Asimismo, las acciones del programa están orientadas a facilitar los controles de salud a las madres y a los/as niños/as que asisten a esos espacios, que actúan como núcleo de encuentro desde donde los trasladan para realizarles chequeos médicos en los hospitales públicos provinciales. El sentido principal del programa reside en colaborar con la organización familiar del cuidado, pensado como competencia exclusiva de las mujeres, a partir de “liberarlas” por algunas horas de ese rol, reforzando un modelo tradicional de cuidado infantil basado en una mirada familiarista y feminizada (Ierullo, 2013).

Para la apertura de la Sala Cuna, además de la decisión estatal, se requiere la obtención de una personería jurídica que habilite el manejo de un monto de dinero mensual reservado a su funcionamiento (salarios informales de quienes trabajan, comida para los/as niños/as, leche, infraestructura). El Estado le otorga una suma mensual a una Organización No Gubernamental (ONG) formalmente constituida, cuyo monto depende del número de alumnos que figura en el padrón que mensualmente se debe confeccionar y presentar al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar (antigua Secretaría de Equidad y Empleo), organismo del que dependen las Salas Cuna provinciales. La obtención de la personería jurídica, en un contexto de profunda informalidad, no resulta una tarea sencilla para las mujeres migrantes que habitan las periferias urbanas argentinas y que actúan muchas veces como “referentes” barriales. Tal es así que es común que alguna ONG, en general externa a los barrios, “preste” la personería para poder abrir y gestionar estos espacios. Esto sucede en Sabattini, donde existe una suerte de triangulación, no exenta de conflictos, entre el Estado, una ONG externa al barrio y las mujeres destinatarias de este programa social. En esta triangulación, la apuesta del Estado es poder “correrse” del lugar de prestador del subsidio y que las ONG obtengan otras fuentes de financiamientos para poder sostener los programas.

Las mujeres que residen en esos barrios –relegados y periféricos– resultarían, de acuerdo a la visión del Estado, las principales “beneficiarias” de estos programas, tanto si trabajan en la Sala Cuna como si envían allí a sus hijos para que sean cuidados. El programa Sala Cuna no es una política de empleo, sino que apunta principalmente a resolver la problemática del cuidado de aquellas familias que viven en los márgenes de la ciudad, y que deben desplazarse hacia otros lugares de la ciudad para trabajar. Sin embargo, en la práctica funciona también como una forma de empleo, informal y precaria, en tanto hay un conjunto de mujeres jóvenes que viven en esos barrios para quienes la Sala Cuna resulta su primer trabajo remunerado. Además, no es menor el número de mujeres adultas que reorientaron sus trayectorias laborales previas hacia el trabajo comunitario desarrollado en esos espacios, en gran parte por las ventajas que supone trabajar dentro del barrio y no tener que afrontar los altos costos que implica el desplazamiento por la ciudad.

Para estas mujeres, la jornada laboral involucra cuatro horas diarias de lunes a viernes ⁸ . Algunos de los niños concurren solo un turno de cuatro horas mientras que otros lo hacen en doble turno, es decir, ocho horas. El tiempo de permanencia de los niños en la Sala Cuna depende fundamentalmente del trabajo de las madres, quienes son las máximas responsables del cuidado familiar. Identificamos dos condiciones principales para poder entrar a trabajar en las Salas Cuna: haber participado previamente en redes comunitarias barriales y haber realizado una capacitación obligatoria a cargo del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar. No solo las auxiliares docentes reciben capacitación, también lo hacen aquellas mujeres que se desempeñan como cocineras ⁹ . Ahora bien, estas mujeres no reciben aportes jubilatorios por la tarea que realizan, así como tampoco tienen asegurada la estabilidad, pues ello dependerá fundamentalmente de la continuidad de los programas sociales.

Atendiendo a estas características (que, cabe resaltar, son comunes a variantes similares a este programa que han sido implementadas en otras provincias de Argentina), consideramos que el cuidado comunitario no surge solamente como una respuesta colectiva de los sectores subalternos a las des-responsabilización del Estado. En efecto, es impulsado también por las propias agencias gubernamentales como una forma de gestionar la precariedad de la vida cotidiana de estas poblaciones, tanto migrantes como nativas. Estas políticas se nutren de las redes comunitarias que, previo a su implementación, habían surgido como una forma de mitigar esa des-responsabilización. En el caso de las Salas Cuna con las cuales trabajamos, y como veremos en el apartado siguiente, la estructura necesaria para su funcionamiento se montó a partir de las relaciones y experiencias previas que las mujeres habían forjado en el marco de comedores comunitarios que funcionaban con anterioridad y con independencia de esta política. En este sentido, el impulso del Estado a los espacios de cuidado comunitario en las periferias urbanas argentinas a través de la aplicación de políticas sociales, no debe invisibilizar el protagonismo que tienen las mujeres, migrantes en nuestro caso de análisis, en la creación, sostenimiento y formalización de estos espacios. Desde nuestra perspectiva, el rol que tienen las mujeres peruanas en estos procesos puede leerse como un “acto de ciudadanía” (Isin et al., 2008)–entendido en clave de subjetividad política– apoyado en un conjunto de acciones individuales y colectivas territorializadas que apuntan a transformar una cotidianeidad marcada por la vulnerabilidad y la precariedad.

Así, indagar en estos programas destinados a mujeres de sectores populares es, de alguna manera, reflexionar sobre las formas en que el Estado fomenta el despliegue de modalidades comunitarias de cuidado y se sostiene de las redes sociales tejidas alrededor de ellas. En diálogo con (Narotzky, 2015), argumentamos que el Estado, desde una lógica neoliberal, “enfatiza la importancia de la comunidad” y estimula los vínculos comunitarios como otro de los modos de tornar responsables a los individuos de su propio bienestar. Es decir, a través de políticas públicas como la que analizamos en este artículo, el Estado usufructúa y se nutre de los vínculos comunitarios en la medida en que resultan valiosos para proveer cuidados que, de otra manera, debiera garantizar. Por eso, acordamos con (Narotzky, 2015) cuando señala que la revitalización de lo comunitario desde una lógica neoliberal “apunta a erradicar la ‘dependencia’ del estado por parte de los ciudadanos necesitados (ancianos, desempleados, enfermos, etcétera)”.

En torno a ello es que sostenemos que la gestión de lo común por parte de mujeres migrantes en contextos de relegación urbana expresa la manera en que el Estado habilita formas concretas de “inclusión diferencial” (Mezzadra et al., 2016). Esta idea supone que las fronteras entre la inclusión y la exclusión son porosas, en tanto la inclusión en una esfera, una sociedad o un ámbito puede estar sujeta a variantes grados de subordinación, reglas, discriminación y segmentación en otros ámbitos o esferas (Mezzadra et al., 2016). En este caso, la inclusión como “beneficiarias” de esta política provincial, no excluye el hecho de que son las mismas políticas las que encasillan a las mujeres de los sectores populares en el lugar del cuidado, a la vez que las confinan al espacio barrial.

Este estudio de caso permite dialogar entonces con aquellas investigaciones que analizan la gestión de la precariedad, a partir del reconocimiento de que “las condiciones de vida y de trabajo precarias están normalizándose en un plano estructural y se han convertido por ende en un instrumento fundamental de gobierno” (Lorey, 2016). En ese sentido, nos preguntamos si el modo en que están formulados estos programas estatales no contribuye, tal vez como un efecto no deseado, a la reproducción de la precariedad y la desigualdad. Ahora bien, y continuando con nuestra trama argumentativa, en el marco de una presencia “economizada” y “adelgazada” del Estado (De-Marinis, 2011) en estos territorios y orientada a controlar a las poblaciones que allí viven a partir de instrumentos –como las políticas sociales– que permitan gestionar la precariedad; las formas de involucramiento de las mujeres migrantes en el cuidado comunitario y los roles que asumen pueden pensarse como prácticas de ciudadanía que, por momentos, tensionan esa mirada.

LA GESTIÓN DE LO COMÚN COMO PRÁCTICAS DE CIUDADANÍA

En los barrios en donde trabajamos, las Salas Cuna son espacios fundados, representados y gestionados mayoritariamente por mujeres peruanas que viven en la ciudad de Córdoba desde hace aproximadamente dos décadas. Aunque esta particularidad no es común a todas las salas creadas por este programa provincial (por el contrario, la mayoría de ellas fueron fundadas y son gestionadas por mujeres argentinas), es importante señalar que los casos como los que registramos en Sabattini han ido creciendo en los últimos años. Para 2019 tenemos registro de siete Salas Cuna similares a las que acompañamos en este barrio, en donde las mujeres migrantes cumplen un rol protagónico en su creación y en su desarrollo cotidiano. Asimismo, otras mujeres peruanas que conocimos a lo largo de nuestro trabajo de campo y que todavía no cuentan con una Sala Cuna funcionando en sus barrios, se encuentran trabajando activamente para que el Estado provincial les “baje” este programa a sus propios territorios. Este trabajo involucra, como nos explicaba Cecilia, un ir y venir cotidiano entre reparticiones estatales:

C: Cuando [en 2016] empezaron a salir las primeras Salas Cunas, yo me enteré por el noticiero. Entonces empecé a entrar a internet para averiguar de qué se trataba, porque acá la mayoría de las madres trabaja. Y cuando vi de qué se trataba, le dije a mi marido que iba a intentar conseguir una. Ahí nomás me fui a la Secretaría [de Equidad y Empleo] y me inscribí. Pero pasó mucho tiempo y no salía, entonces empecé a pedir ayuda. ¡He tocado tantas puertas! (…) Después la empecé a seguir a la directora [de la Secretaría de Equidad y Empleo]… la seguía a todos lados: donde iba ella, ahí estaba yo. Le escribí cartas, le mandé el listado de niños que querían inscribirse en la Sala Cuna, de todo. Y al final, fui a la Secretaría y me quedé ahí para que me atiendan. (Cecilia, migrante peruana, Córdoba, 19 de diciembre de 2018)

Esta movilización cotidiana que, siguiendo a (Schijman & Laé, 2011), podemos entender como “un trabajo invisible pero imprescindible para reclamar derechos”, es la que llevan adelante las mujeres peruanas con quienes trabajamos. Podemos decir entonces que, en muchos barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, son las mujeres migrantes quienes gestionan el derecho de acceso a esta política pública: ellas son quienes se presentan en las oficinas provinciales para solicitar la inscripción, son quienes siguen de cerca los trámites una vez iniciados, son quienes demuestran –yendo una y otra vez a las reparticiones estatales– que su necesidad es genuina, y son también quienes se relacionan cotidianamente con las funcionarias encargadas de gestionar estos programas una vez que se efectivizan. En este sentido, una de las cuestiones que esta investigación nos permite afirmar es que el involucramiento de mujeres peruanas en el cuidado comunitario habilita y configura formas concretas de ciudadanía.

Inspiradas en la propuesta que realizan (Gil-Araujo et al., 2019) para el caso de mujeres peruanas que integran organizaciones colectivas en el conurbano bonaerense, entendemos que estas experiencias de gestión de lo común pueden pensarse entonces como prácticas de ciudadanía en el sentido que les asigna (Balibar, 2004; Balibar, 2013): como una manera de poner en acto derechos (y de luchar por su reconocimiento e institucionalización) más allá de la nacionalidad y el estatus jurídico/legal de quienes las llevan adelante. De hecho, para acceder a esta política pública, las mujeres peruanas buscan vincularse con el Estado desde su condición de “mujeres de sectores subalternos” y no de “migrantes”, sorteando el modo de exclusión por excelencia al que históricamente fueron sometidas las poblaciones no-nacionales. Así, por ejemplo, cada vez que se presentan en alguna repartición estatal, Cecilia, Amalia y Tamara hacen hincapié en su condición de “vecinas” de distintos barrios de la ciudad, como un modo de enfatizar una pertenencia usualmente cuestionada. Esta estrategia, que con el tiempo pareció ir “invisibilizando” el origen nacional de nuestras interlocutoras, se hace no obstante consciente y reflexiva en momentos de conflicto. Por ejemplo, en una de las Salas Cuna en la que realizamos observación participante, una vecina argentina cuestionó la preponderancia de niños/as y mujeres peruanas que asistían y trabajaban allí. “Tú no tienes ningún derecho de criticar eso”, le contestó Amalia, la referente territorial peruana encargada del espacio. “Tú te crees distinta porque eres argentina, pero acá somos todos vecinos por igual: vivimos en el mismo barrio, nos tragamos la tierra y la lluvia de este lugar por igual”, agregó, aludiendo a dos de las problemáticas que más sufren los habitantes de estos barrios.

Otra de las cuestiones que esta investigación permite apuntar es que estas prácticas de ciudadanía ligadas al cuidado comunitario hunden sus raíces en territorios específicos: barrios de relegación urbana que surgen de procesos históricos de desposesión. En relación con este punto, es preciso señalar que el involucramiento de las mujeres peruanas en el cuidado comunitario es anterior al lanzamiento del programa Salas Cuna: quienes hoy participan en esos espacios, habían formado parte previamente de una amplia variedad de actividades ligadas al cuidado comunitario como merenderos, copas de leche y actividades de apoyo escolar y recreación para los/as niños/as del barrio. Estos espacios y redes barriales de cuidado surgieron alrededor del 2014, dos años antes de la implementación de esta política provincial, como un modo de enfrentar colectivamente las diversas necesidades que atraviesan las poblaciones de estos territorios históricamente sometidos a procesos de desposesión. Ensayando una genealogía, podríamos decir que la existencia de estas redes colectivas para la satisfacción de necesidades de cuidado se remonta a los procesos de conformación de los territorios donde viven nuestras interlocutoras. Tanto Sabattini como los demás barrios que conocimos durante nuestro trabajo de campo son espacios construidos por sus propios habitantes, migrantes sudamericanos (peruanos, bolivianos y paraguayos) que arribaron a la ciudad de Córdoba durante la primera década del 2000 y que, frente a constricciones estructurales que dificultaban seriamente sus posibilidades de acceder a una vivienda, protagonizaron procesos de tomas de tierra y construcción social del hábitat en zonas periféricas de la ciudad. Como hemos analizado en otra oportunidad (Magliano et al., 2020), lejos de ser excepcional, la construcción de estos territorios forma parte de un proceso que, desde las últimas décadas, se ha extendido a lo largo de las principales ciudades de Argentina y otros países latinoamericanos: la construcción de barrios y asentamientos protagonizada por migrantes regionales ¹⁰ .

En este contexto, las mujeres peruanas que conocimos a lo largo de nuestro trabajo de campo generaron distintos dispositivos de organización (asambleas, comisiones directivas, juntas barriales) con el fin de garantizar tanto la ocupación de los terrenos como las gestiones necesarias para su urbanización (trazado de calles, loteo, obtención de servicios básicos, reconocimiento estatal). Ya en esos dispositivos de organización anidaban ciertas formas, prácticas y aprendizajes que después resultaron fundamentales para el desarrollo de espacios de cuidado comunitario como las copas de leche y merenderos e, inclusive, para la institucionalización de las Salas Cuna.

Este recorrido se puede ver claramente en el caso de Cecilia, una de las referentes peruanas que actualmente es responsable de la Sala Cuna de su barrio, inaugurada en agosto de 2017. Cecilia llegó a la ciudad de Córdoba en una primera migración en el 2002, dejando a su hija en Perú. Al año de permanecer en Córdoba, retorna a Lima para volver a migrar en el 2007 junto con su esposo y su hija. Durante algunos años alquilaron una vivienda en la zona céntrica de la ciudad, pero como el dinero no alcanzaba, terminaron tomando un terreno en un predio baldío del que les había comentado un “compatriota”. Allí, mientras su marido trabajaba en la construcción, Cecilia participó junto con otras vecinas peruanas de las asambleas y las juntas vecinales que se organizaron para acceder a los servicios básicos. Con el tiempo, su participación la fue instalando como “referente”, hasta que terminó convirtiéndose en la presidenta de la Comisión Vecinal. En el 2016, con el apoyo de una organización social local, Cecilia abrió una copa de leche junto a una decena de vecinas, la mayoría peruanas, en donde tres veces por semana preparan la merienda para más de 50 niños del barrio. Ese mismo grupo de mujeres (que al día de hoy suman 22, 16 peruanas y seis argentinas), se organizó también para dar talleres de recreación infantil, clases de danzas y apoyo escolar.

A las ayudas de las organizaciones locales, se sumaban también las experiencias que las mujeres peruanas traían de los famosos “clubes de madres”, “vasos de leche” y “comedores populares” de Perú. Y es que, a nivel latinoamericano, Perú resultó uno de los países pioneros, allá por los años ochenta, en promover la apertura de comedores comunitarios conducidos por mujeres en barrios populares, como una manera de resolver las necesidades alimentarias de sus poblaciones. Según un estudio realizado por (Blondet & Montero, 1995), para 1983 había en la ciudad de Lima más de 300 comedores comunitarios, una realidad todavía inédita para otros países del continente. Las mujeres que conocimos durante nuestra investigación tenían experiencias de primera mano con estos comedores, de los que habían participado de distintas maneras durante su infancia y adolescencia en los “pueblos jóvenes” de Lima. De esos espacios y experiencias de participación comunitaria trajeron una variedad de conocimientos, saberes y modos prácticos de hacer que resultaron imprescindibles para la consolidación de los nuevos espacios en destino.

Uno de esos saberes se relaciona con las prácticas de nutrición y alimentación: en virtud de sus experiencias previas, nuestras interlocutoras tenían nociones precisas acerca de qué alimentos debían consumir los niños con mayor asiduidad (leche, frutas, vegetales y carnes) y cuáles con menor frecuencia (azúcares, arroz, fideos). Apoyándose en esas nociones, solían cuestionar el tipo de alimentos que el Estado y las organizaciones sociales distribuían entre los comedores comunitarios pues, en general, abundaban los “secos” y escaseaban los “frescos”. “No nos llegan casi frutas para los niños, las naranjas que nos mandaron esta semana no duraron más que un día”, se quejó en una oportunidad Tamara, migrante peruana que había llegado a Córdoba a comienzos de este siglo. “Yo no me canso de decirles a los referentes del Evita [una organización social que distribuía en el barrio los alimentos que proveía el Estado] que es necesario que nos traigan más frutas y verduras y no tanto arroz”, agregó. También Cecilia se quejaba frecuentemente de esta situación: “De las organizaciones nos dan solo los secos, pero qué clase de comida sería solo con eso. Por ejemplo, nos dan latas de puré de tomate, pero eso no es alimento, eso es aderezo. Y no le vas a dar solo aderezo, tienes que darles alimento”. Frente a este diagnóstico (compartido también por mujeres argentinas que participaban en otros comedores), estas mujeres activaron un mecanismo usual en Perú: las encargadas de estos espacios les requieren a las madres de los niños anotados una pequeña suma de dinero mensual (en el 2018 era de 50 pesos argentinos -un dólar americano-, equivalente a cuatro kilos de papa o un kilo de pollo) para poder solventar los gastos de frutas, verduras y carne. Y si bien al principio esta dinámica generó controversias al interior de las organizaciones sociales de las que participaban algunas mujeres (había muchos que consideraban ilegítimo el cobro de una cuota mensual), con el tiempo varios espacios locales comenzaron a implementar también esta práctica típica de los vasos de leche limeños.

Fue a estos espacios comunitarios barriales promovidos y organizados por las propias vecinas que, en 2017, estas mujeres lograron sumar un espacio estatal vinculado a una política pública: la Sala Cuna. Cuando le pedimos a Cecilia que nos cuente cómo consiguió que el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar abriera una Sala Cuna en su barrio en un contexto de tanta demanda (para el 2017, un año después del lanzamiento de esta política, los pedidos se habían multiplicado por toda la provincia), ella nos explicó:

C: Porque no me moví hasta que no me atendieron. Yo cuando voy a alguna oficina de la provincia, no me muevo. Ahora aprendí que es así, cuando te ven que tú te sientas, ahí dicen: “Ah, ésta no se va a mover, entonces hay que atenderla”, si no, no te atienden. Prefiero quedarme medio día y que me atiendan, hasta que me den una respuesta.

E: ¿A eso lo aprendiste sola o alguien te sugirió que lo hicieras?

C: No, eso me lo enseñó una señora boliviana de otro barrio que es así como este. Con ella nos encontrábamos [en las reparticiones estatales] cuando estábamos luchando para que nos pusieran los servicios en nuestros barrios. Y una vez ella me dijo: “No te muevas, tú te vas ¿Por qué te vas? Si tú te vas, entonces como que a ellos no le importas. Quédate hasta el último, no te muevas. Si tú has venido a reclamar algo siéntate ahí, dile que no te vas a mover y vas a ver cómo te atienden”. Y así tanto insistí, que la secretaria me recibió en su despacho y me prometió que íbamos a tener nuestra Sala Cuna. ¡Y ahora la tenemos!

La reflexión de Cecilia condensa años de movilización personal y colectiva que, como señalábamos, hemos podido acompañar tanto en su caso como en el de otras mujeres peruanas que viven en barrios periféricos de la ciudad de Córdoba. A lo largo de su proceso migratorio y de su habitar cotidiano en esta ciudad, las mujeres peruanas han ido aprendiendo también las formas de hacer que son necesarias para negociar y demandar al Estado en el contexto local. Así pues, los saberes prácticos que traían con ellas y aquellos que aprendieron en virtud de su experiencia migratoria se tornaron en un acervo experiencial que resulta fundamental para asegurar la permanencia en los lugares de destino. Ese acervo se va construyendo en el tiempo y se va consolidando a través de redes de contacto e información entre las propias mujeres migrantes que transitan por situaciones semejantes. Se trata de un “saber-hacer” (Tarrius, 2000) que hunde sus raíces en experiencias previas y que garantiza el sostenimiento cotidiano de espacios de cuidado comunitario, incluso aquellos vinculados a políticas públicas. Tal como sugiere (Gago, 2019), son precisamente estos espacios los que hoy están “construyendo infraestructura popular concreta en el barrio, produciendo servicios comunes que tienen un evidente valor político”.

Nuestra propuesta entonces es que estas prácticas y experiencias de gestión de lo común permiten pensar en términos de cierta “territorialización” de la ciudadanía: el involucramiento de las mujeres peruanas en el cuidado comunitario habilita y configura formas concretas de ciudadanía ancladas en territorios urbanos marcados por la desposesión. Es el territorio el que le da a estas mujeres la posibilidad (y la necesidad) de llevar adelante estas prácticas. Y es a partir y en virtud de ellas que esos territorios se tornan habitables en su cotidianidad.