En las últimas dos décadas, los programas de rentas mínimas (PRM) han
ganado una creciente
relevancia en los sistemas de protección social europeos (Cantillon et al.,
2019; Coady et al., 2021; Natili, 2019). Estos
programas cumplen, en la
actualidad, una doble función. Por un lado, fueron diseñados como última red de protección
social, con la
finalidad de evitar y reducir situaciones de pobreza monetaria, garantizando un mínimo de
ingresos para aquellas
personas y familias con carencia de recursos económicos (Immervoll,
2010). Por otro lado, y
en parte como consecuencia de lo anterior, las prestaciones monetarias se han visto
progresivamente acompañadas
por medidas de inclusión social y, más específicamente, de activación para el empleo
dirigidas a la población en
edad de trabajar, inscribiendo a estos programas en las medidas de “inclusión activa” (Marchal y
van Mechelen, 2017; Pérez Eransus y Martínez Virto, 2020).
En España, la literatura académica ha analizado ampliamente las políticas
de inclusión
social vinculadas a los programas de rentas mínimas autonómicos, identificando avances, pero
también importantes
limitaciones. Diversos estudios señalan, por ejemplo, la escasa efectividad y adecuación de
los planes de
inserción laboral asociados a estas prestaciones, tanto por la falta de recursos y
seguimiento individualizado
como por la ausencia de enfoques integrales que combinen empleo, formación y apoyo social
(Pérez
Eransus y Martínez Virto, 2020). Del mismo modo se han documentado déficits de
coordinación
interinstitucional, que dificultan la articulación entre servicios sociales, empleo y
vivienda (Laparra y Martínez, 2021), así como limitaciones en el diseño y
alcance de las políticas
activas de empleo, que reducen su impacto real en la inclusión sociolaboral de los
beneficiarios (Arriba y Pérez Eransus, 2007).
La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 no solo
reconfigura el mapa de
las prestaciones de última red, sino que plantea nuevos desafíos y oportunidades para las
políticas de inclusión
social. Este nuevo marco obliga a revisar la capacidad de estas políticas para promover una
inclusión efectiva
más allá del mero acceso a ingresos, evaluar su articulación con los sistemas autonómicos y
explorar hasta qué
punto contribuyen a superar los problemas de fragmentación, cobertura y eficacia detectados
en la etapa previa.
En los últimos años, diversas investigaciones han comenzado a indagar tanto aspectos
relacionados con su diseño
como otros vinculados a la reacción autonómica a esta prestación (Arriba
González de Durana y
Aguilar Hendrickson, 2021; Peris-Cancio, 2021; Salido Cortés, 2021;
Prieto Lobato y de la Rosa Gimeno, 2023). Sin embargo, los aspectos
vinculados a las medidas
de inclusión social de estos programas en materia de diseño y gobernanza en el nuevo
contexto institucional
permanecen aún poco estudiados.
El objetivo de este artículo es identificar y profundizar en los
principales desafíos que
enfrentan los Programas de Rentas Mínimas (PRM) en España en materia de inclusión social en
el contexto abierto
tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En este marco, se busca identificar los
principales desafíos
que enfrentan estas políticas, a partir del análisis cuantitativo y cualitativo de las
valoraciones del personal
técnico y de las respuestas institucionales ofrecidas hasta el momento. Si bien los ejes de
debate abordados no
son completamente nuevos, sí adquieren una renovada relevancia y reformulación en el actual
contexto
institucional, marcado por la coexistencia del IMV con los sistemas autonómicos y por la
necesidad de fortalecer
su capacidad de articulación y efectividad. Para ello, se utilizará información proveniente
de cinco casos de
estudio correspondientes a distintas comunidades autónomas: Navarra, Castilla y León,
Comunidad Autónoma de
Euskadi, la Comunitat Valenciana y La Rioja.
DEBATES EN TORNO A LOS PROGRAMAS DE RENTA MINIMA
La eficacia de las rentas mínimas ha sido objeto de discusión y
cuestionamiento por
distintos motivos y desde distintas posiciones ideológicas (Fernández
Ramírez, 2024). Su
condición de prestación económica dirigida a personas en edad de trabajar las sitúa en un
nivel asistencial.
Desde posiciones conservadoras, se destaca su escaso efecto en la pobreza, por no contribuir
a la creación de
empleo y por no fomentar los valores del esfuerzo (Miller, 2019). Esta
perspectiva erosiona
de manera continua la legitimidad de las prestaciones al poner el énfasis en la dependencia
de la prestación, la
cronicidad y los usos fraudulentos. Desde posturas de izquierda, el cuestionamiento se ha
construido sobre la
base de su escaso impacto en la lucha contra las desigualdades y sus limitaciones en la
generación de
transformaciones sustanciales en la situación de quiénes las reciben (Banerjee
y Duflo, 2012).
Los cuestionamientos ideológicos de las prestaciones explican que en la
mayor parte de los
programas la prestación económica vaya de la mano de programas de inserción, empleo o
acompañamiento social. El
clásico dilema vinculado a la pobreza sobre la conveniencia de dar “la caña o el pez” ha
sido superado con
diversas formulaciones de integración de ambos tipos de recursos (Aguilar et
al., 1995). Sin
embargo, resulta sustancial la diferenciación entre aquellos programas que se han decantado
por la opción del
“doble derecho” a recursos económicos y recursos de orientación o formación para el empleo,
o aquellas ocasiones
en las que se opta por el condicionamiento de la garantía de ingresos a la aceptación de
ofertas de ofertas de
empleo del mercado laboral (Martínez Virto, 2019). Como resultado de
ello, son programas que
están sometidos de manera frecuente a cambios normativos y de enfoque.
Diversos análisis han mostrado de forma convincente que en las últimas
décadas los PRM han
transformado su función y su alcance, pasando de ser transferencias residuales contra la
pobreza a programas
complejos que combinan prestaciones monetarias, acceso a servicios sociales y participación
en medidas de
reinserción social y laboral (Natili, 2019; European
Commission, 2018). La
diversidad de ámbitos, niveles y actores implicados en esta doble función da lugar a
importantes dificultades en
la gobernanza de estos programas (van Berkel, 2020). También, nuevos
retos sociales como el
empleo temporal, las trayectorias laborales irregulares, la pobreza en el empleo o el
desempleo de larga
duración, entre otras, han contribuido a esta transformación (Martínez Virto,
2019).
En esta línea, la literatura muestra que tanto en materia comparada como
para el análisis de
impacto de estos programas es necesario contextualizarlos territorialmente. En este sentido,
distintos estudios
señalan que, por un lado, los contextos con empleo temporal o de baja calidad pueden generar
las actitudes más
positivas hacia el cobro de prestaciones (Shin et al., 2021). Por otro,
que si la capacidad
de protección de las prestaciones por desempleo hacia el empleo atípico es limitada, buena
parte de las
situaciones de precariedad tendrán que ser protegidas por los programas de renta mínima (European
Comission, 2018). Por último, que el precio de la vivienda definirá la capacidad de
estos programas para
sacar de la pobreza a los hogares perceptores (Hick et al., 2022). Es
decir, que tanto la
tipología de empleo que oferta el mercado de trabajo como la capacidad de protección de las
prestaciones por
desempleo y el precio de la vivienda serán factores que influirán en el volumen y perfil de
demanda de estos
programas (Eurofound, 2024).
Los PRM en España han sido históricamente desarrollados por las
Comunidades Autónomas. Con
País Vasco como la región pionera en 1989, a lo largo de la década de 1990 todas las CCAA
implementaron
programas propios. Este desarrollo, a distintos tiempos y con diseños muy diversos, dio
lugar a un escenario con
fuertes lagunas y debilidades que han motivado distintos procesos de revisión, incorporando
y repensando sus
normativas en busca de una mayor eficiencia y adecuación (AIReF, 2019; Ayala
Cañón et al., 2021; Fernández et al., 2015).
Durante décadas, la incorporación de una última red de protección a nivel
estatal orientada
a reducir la fragmentación y la diversidad territorial de estas prestaciones fue una demanda
constante, tanto
académica y de actores sociales como por parte de las instituciones europeas. Después de
años de debate y
catalizado por el contexto de la pandemia de la Covid-19, en 2020 se aprobó el Ingreso
Mínimo Vital (IMV). Esta
prestación estatal gestionada por la Seguridad Social ha dado lugar a un escenario inédito
en este nivel de
protección social, pues añade la gestión estatal y convive con los PRM y políticas de
inclusión social de las
comunidades autónomas. Por todo ello, son programas que se enfrentan de nuevo a un escenario
de cambio que
permitirá aportar distintas claves a estos debates siempre presentes.
METODOLOGÍA
La diversidad histórica de modelos autonómicos en este ámbito de la
política social implica
dificultades para abordar de manera general y comparada estos programas. Ante esta
dificultad, la metodología de
estudios de caso permite avanzar en el análisis de estos programas mediante el estudio de
regiones concretas (Díaz de Salas et al., 2011). Es por ello que este
artículo se centrará en el análisis de cinco
estudios de caso autonómicos: Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, la Comunidad
Autónoma de Euskadi, la Comunitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de La Rioja. La
selección de los Estudios
de Caso se ha basado en características relacionadas con la tipología de prestaciones
(condicionales o de doble
derecho), niveles de gobernanza (uni-provinciales o pluri-provinciales) y modelos de gestión
de estos programas
(servicios sociales o de empleo).
Al análisis de estos cinco casos se ha aplicado una metodología
cuantitativa y cualitativa
basada en la realización de dos técnicas de investigación. A nivel cuantitativo, se ha
llevado a cabo una
encuesta realizada a personal técnico de gestión de estos programas que desarrolla tareas de
tramitación de
prestaciones económicas de renta mínima y/o que es gestor de itinerarios de inclusión de
personas perceptoras de
la prestación. Este perfil incluye a profesionales del ámbito local y autonómico de
servicios sociales y de los
servicios de empleo, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La encuesta diseñada
específicamente para
esta investigación contaba con 25 preguntas divididas en 4 bloques (diseño de la prestación,
diseño
institucional, barreras de acceso a los programas y convivencia con el IMV). La encuesta se
envió al personal
técnico de cada CCAA por mediación de los departamentos competentes en los gobiernos
autonómicos a través de un
cuestionario online entre los meses de mayo a octubre de 2024 y tiene un total de 531
respuestas
correspondientes al conjunto de los territorios, tal y cómo se muestra en la tabla 1.
Tabla 1 Muestra total cuantitativa y cualitativa por territorio
| |
Navarra |
Euskadi |
Comunidad
Valenciana |
Castilla y
León |
La Rioja |
Total |
| Encuesta |
82 |
81 |
190 |
96 |
82 |
531 |
| Entrevistas de
personal de dirección |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
13 |
| Entrevistas de
personal de gestión |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
9 |
Si bien la encuesta no constituye una muestra estadísticamente
representativa del conjunto
del personal técnico, lo cual supone una limitación que debe señalarse, el volumen de
respuestas obtenidas es
coherente con el alcanzado en otros estudios sobre colectivos profesionales similares como,
por ejemplo, el
elaborado por Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el año 2019 (AIReF, 2019).
Para el tratamiento de los datos de la encuesta se llevó a cabo, en primer
lugar, un
análisis descriptivo de las respuestas con el fin de identificar las tendencias generales en
cada una de las
dimensiones abordadas. En esta primera fase, también se ajustó la base y los valores Ns/Nc
fueron tratados como
valores perdidos. Posteriormente, se aplicó un test t de Student para comprobar si existían
diferencias
estadísticamente significativas en las medias de las respuestas según el territorio de
pertenencia. Finalmente,
se realizó un análisis de correlación de Spearman entre dos preguntas específicas
relacionadas con la adecuación
del diseño de las prestaciones, con el objetivo de explorar vínculos en la percepción
técnica sobre aspectos
vinculados a la condicionalidad laboral.
A nivel cualitativo se ha aplicado la técnica de la entrevista en
profundidad a personal de
dirección política y técnica en este ámbito. En este sentido se cuenta con un total de 22
testimonios de
personal directivo y técnico de gestión recogidos entre los años 2023 y 2024, que pueden
verse desagregados por
territorio en la tabla 1. A este análisis combinado se le suma la
revisión de fuentes
secundarias basada en documentos oficiales e informes de organismos vinculados al IMV y PRM.
El análisis cualitativo de la información se ha realizado mediante un
procedimiento de
análisis de contenido orientado a la categorización sistemática de los discursos recogidos.
Este proceso se
estructuró en torno a tres dimensiones previamente identificadas en la literatura
especializada como ejes
centrales del debate en materia de políticas de inclusión: la gobernanza y gestión de las
políticas, la
condicionalidad laboral y los estímulos al empleo. A partir de estas dimensiones se
definieron siete categorías
analíticas que permiten organizar e interpretar los testimonios de manera comparada, tal y
como se detalla en la
siguiente tabla 2.
Tabla 2 Dimensiones y categorías de análisis del material cualitativo recogido
| Dimensión |
Categoría |
| Gobernanza y gestión de las
políticas |
Coordinación
administrativa |
| Interacción
entre programas |
| Innovación en
modelos de gestión y
gobernanza |
| Condicionalidad laboral |
Diseño normativo
|
| Adecuación al
mercado de trabajo |
| Estímulos al empleo |
Incentivo al
empleo |
| Aplicación del
estímulo |
La identificación de los fragmentos más representativos se llevó a cabo
mediante un proceso
de codificación temática. En una primera fase, se realizó una lectura exhaustiva de todas
las transcripciones
con el fin de detectar unidades de significado vinculadas a las tres dimensiones analíticas
establecidas.
Posteriormente, estos fragmentos fueron codificados y agrupados en las siete categorías
definidas, priorizando
aquellos que ilustraban de forma más clara los patrones discursivos presentes en el conjunto
del material. La
selección final respondió tanto a la frecuencia de aparición de determinados argumentos como
a su capacidad para
sintetizar las categorías indicadas.
A través de este análisis, los testimonios del personal técnico de gestión
y dirección de
estos programas permiten recorrer los tres ejes de discusión identificados. Como se verá en
el siguiente
apartado, el análisis combinado cuantitativo y cualitativo muestra la valoración técnica de
estos debates en un
escenario nuevo en materia de ingresos mínimos.
RESULTADOS
La gobernanza y gestión de las políticas de inclusión en el marco
de los PRM
Desde el reparto de competencias entre el Estado central y las
Comunidades Autónomas en
materia de asistencia social, las políticas de inclusión se desarrollaron a distintos
tiempos y con modelos
diferentes, pero siempre enmarcados en un contexto territorial autonómico, provincial y
local (Laparra, 2009). El escenario abierto con la implementación del
IMV implica una nueva
realidad en materia de gobernanza al sumar al estado central en esta ecuación. No
obstante, lo cierto es que
las políticas de inclusión, y más concretamente los programas de Renta Mínima, ya
encontraban previamente
fuertes desafíos en su gobernanza (Laparra y Martínez, 2021). Por un
lado, la definición de
la inclusión social como una realidad multidimensional es ya común en todas las
normativas autonómicas e
implica la necesidad de trabajar conjuntamente con otros sistemas de protección social
como servicios
sociales, empleo, salud, educación y vivienda, además de garantía de rentas. Por otro
lado, el proceso de
implementación de estos programas recayó en los gobiernos autonómicos que a su vez
delegaron competencias de
inclusión en las entidades locales. Como resultado, este ámbito de intervención pública
cuenta con la
participación de distintos sistemas de protección social y con la intervención de
diversos niveles
administrativos. La interacción y necesaria colaboración entre estos agentes ha sido
denominada gobernanza
horizontal y gobernanza vertical, respectivamente (Champion y Bonoli,
2011). Las
dificultades de coordinación entre distintas agencias es un problema común en distintos
modelos de bienestar,
como lo muestran distintos estudios a nivel europeo (Minas, 2009).
La encuesta realizada a personal técnico de tramitación de
prestaciones en cinco CCAA ha
tratado de dimensionar la valoración sobre el grado de coordinación en el desarrollo de
los itinerarios de
inclusión a partir de 4 posibles respuestas (alto, medio, bajo o inexistente). Los
resultados pueden
observarse en la tabla 3. Según esta encuesta, el 65,2% del personal
técnico encuestado
considera que la coordinación en materia de empleo es baja o inexistente (38,9% y 26,3%
respectivamente). En
esta línea, el 54,1% opina lo mismo en materia de salud, concretamente el 29,5% lo
considera bajo y el 24,6%
inexistente. En materia de vivienda esta opinión asciende al 81,4% de las personas
encuestadas (40,7% tanto en
bajo como inexistente). En educación, sin embargo, el 34,8% considera que la
coordinación es media. Este es el
ámbito con mayor coordinación manifestada de los analizados, si bien también en este
ámbito el 27,4% u el
21,5% la consideran baja o inexistente, es decir, casi la mitad de la muestra.
Tabla 3 Valoración del grado de coordinación con otros ámbitos o actores en el
desarrollo de los
itinerarios de inclusión de las personas perceptoras de la prestación
| |
Empleo
|
Vivienda
|
Salud |
Educación
|
Seguridad
Social |
| Alto |
12,3 |
3,6 |
12,6 |
16,3 |
2,9 |
| Medio |
22,5 |
15,0 |
33,3 |
34,8 |
13,8 |
| Bajo |
38,9 |
40,7 |
29,5 |
27,4 |
35,2 |
| Inexistente
|
26,3 |
40,7 |
24,6 |
21,5 |
48,1 |
| Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
La opinión recogida del personal técnico de tramitación de las CCAA
analizadas pone de
manifiesto en general una baja coordinación entre sistemas. Esta cuestión ha sido
señalada en 6 de las 9
entrevistas analizadas.
"Creo que ha habido un
avance [en la
coordinación entre sistemas], y empezamos a entender que las personas son las mismas
y que no podemos estar
mareándolas de unos servicios a otros, pero queda mucho camino por recorrer”
(Personal técnico de gestión,
Navarra).
Los avances en este campo, en la línea de buena parte de los debates
en torno a la
gobernanza en materia de rentas mínimas, manejan la hipótesis de que una buena
coordinación entre sistemas
contribuiría a un mejor apoyo a la inclusión. Para comprobar este aspecto se han puesto
en relación dos
preguntas: ¿Cómo valora el grado de coordinación de su servicio con las siguientes
áreas o servicios a la
hora de abordar los itinerarios de inclusión de las personas perceptoras de la
prestación? y ¿Durante
la percepción de la prestación la persona beneficiaria recibe apoyo adecuado para su
incorporación
laboral?
Se realizó un análisis de correlación de Spearman para evaluar la
relación entre el grado
de coordinación del servicio y la percepción de apoyo recibido para la incorporación
laboral. Los resultados
indican una correlación positiva estadísticamente significativa y de intensidad moderada
(𝝆 = .348; p
< .001). Este resultado refleja que existe una correspondencia entre la valoración de
la coordinación con
los servicios de Empleo y la existencia de apoyos adecuados para la incorporación
laboral de las personas
beneficiarias.
Otro nivel de análisis clave en materia de gobernanza sería la
coordinación entre niveles
administrativos, concretamente, la coordinación entre el nivel autonómico y el Instituto
Nacional de la
Seguridad Social, encargado de la gestión del IMV. Esta coordinación multinivel entre
las CCAA y el Estado ha
sido calificada por casi 8 de cada 10 personas técnicas como baja o inexistente (33,6%
lo considera bajo y el
46% inexistente). De todos los ámbitos consultados es el que menos coordinación
presenta. Esta baja gobernanza
vertical ha sido manifestada también en los testimonios analizados. La aparición del IMV
implicó un escenario
muy complejo para la gestión de ambas prestaciones. Esta cuestión ha sido señalada en
todos los territorios
analizados y apareció en 9 de las 13 entrevistas de realizadas a personal de dirección.
Ha sido muy complejo (…)
son prestaciones que
están configuradas estructuralmente de manera tan distinta que la gestión se
complejiza un montón (Dirección
de prestaciones e inclusión, Comunidad Autónoma de Euskadi).
Esta realidad incrementó el número de niveles de administración a
coordinar e
interaccionar en este ámbito. La baja gobernanza previa, por tanto, afloró estas
brechas, convirtiendo esa
cuestión en uno de los principales desafíos. Esta cuestión también fue reiterada por 14
de las 22 entrevistas
realizadas a personal de dirección y gestión.
Tenemos a la Seguridad
Social, por un lado, que
es la Administración General del Estado. En el Ámbito de la Comunidad Autónoma,
empleo y servicios sociales
por otro lado. Luego el ámbito local, 25 entidades locales y todo interaccionando
entre sí. Ya sabéis que
los problemas de comunicación son los que generan los mayores problemas y los más
difíciles de resolver
(Técnica del servicio de Planificación y de Acción Social, La Rioja).
Otro resultado de este proceso fue el impacto que este escenario tuvo
en los servicios de
tramitación de las distintas CCAA. Para ello se ha preguntado la valoración de algunos
procesos y cambios en
torno a cuatro opciones de respuesta (mucho, bastante, poco o nada), los resultados
pueden verse en la tabla 4. Concretamente, la aprobación del IMV,
incrementó la carga de trabajo para 8 de cada
10 personas entrevistadas (82,1%) debido a la petición de información sobre el IMV que
solicitaba la
ciudadanía (40% lo califican como mucho y el 42,1% como bastante). Del mismo modo, el
45,9% señalan que en
bastantes ocasiones esta prestación estatal era complementada con otras ayudas
autonómicas o locales, lo que
necesariamente implicaba la interacción entre ambas prestaciones.
Tabla 4 Cambios en los servicios y procedimientos de gestión de los PRM
autonómicos con la entrada
en vigor del IMV
| |
Incremento
de carga de trabajo por la
solicitud de información |
Complementada con otras
prestaciones
autonómicas/locales |
Nuevas
estrategias de coordinación
|
Nuevas
directrices de gestión |
| Mucho |
40,0 |
20,2 |
4,4 |
15,9 |
| Bastante
|
42,1 |
45,9 |
10,5 |
29,6 |
| Poco |
15,2 |
28,1 |
37,5 |
37,3 |
| Nada |
2,7 |
5,8 |
47,6 |
17,2 |
| Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
Estos cambios han sido también manifestados en los testimonios
recogidos. Una de las
cuestiones más señaladas ha sido la relativa a las incidencias en materia de cobros
indebidos, resultado de
esa baja coordinación y no alineación en los procesos de tramitación y resolución de las
distintas
prestaciones. Esta cuestión ha sido señalada en 9 de las 13 entrevistas realizadas a
personal de dirección.
Ha obligado también que
la plantilla (...) se
dedicara a analizar (...) los expedientes de IMV y RVI y detectar las incidencias
fruto de esos cruces todos
los meses (Dirección de gestión de la RVI, Comunitat Valenciana).
En términos de gestión,
se ha más que duplicado
el trabajo, ha habido un montón de cambios que no pueden hacerse automáticamente.
Todos los cambios han ido
expediente a expediente (volumen de gestión altísimo) (Dirección de prestaciones,
Navarra).
Esta nueva realidad, sin duda, requirió de nuevas estrategias de
coordinación y
directrices de gestión. En este sentido, como se observa en la tabla 4, el 45,5% de las
personas técnicas
señalan en la encuesta cambios en las directrices de gestión y el 47,6% indican que no
hubo nuevas estrategias
de coordinación tras la aparición del IMV. Estos resultados se alinean con los señalados
por otros análisis
que abordan el impacto de IMV en el sistema de garantía de ingresos (Puyuelo-Estrada y Gentile,
2025; Ayala et al., 2022).
En definitiva, como se ha visto, el campo realizado ha constatado que
la gobernanza de
estos programas es un elemento clave de análisis desde sus primeros desarrollos, pero su
discusión se ha visto
renovada por dos procesos recientes: (1) el diseño de nuevos modelos y programas
orientados a mejorar la
coordinación entre sistemas y (2) por la aprobación de IMV. Por ello la gobernanza en
este ámbito continúa
siendo un elemento cardinal en el desarrollo de las políticas de inclusión y en la
gestión de los programas de
Renta Mínima. El nuevo escenario del IMV ha aflorado así históricas brechas que reducen
el impacto de estos
programas, renovando este debate de la gobernanza y sumándolo a distintos procesos ya
iniciados algunos años
antes en algunas CCAA.
Condicionalidad laboral
Otro de los núcleos de debate en estos programas gira en torno a la
condicionalidad de
conducta o laboral. Este tipo de condicionalidad, plasmada en la obligación de
participar en itinerarios de
inserción o inclusión, ha sido un eje central y controvertido en el diseño e
implementación de las Rentas
Mínimas en España tanto en sus inicios y desarrollo posterior (Aguilar et
al., 1995; Noguera, 2019; Sanzo, 2017),
como en el contexto previo a la aprobación
del Ingreso Mínimo Vital (Noguera, 2019), permeando tanto la esfera
política como la de la
opinión pública.
Desde finales de los años ochenta, tanto en España como en Europa, ha
predominado un
enfoque basado en la contraprestación y la activación laboral (Dwyer,
2019; Sanzo, 2017; Watts y Fitzpatrick,
2018). Esta visión ha permeado el
discurso político más allá de las diferencias ideológicas. Desde el ámbito político, la
condicionalidad
laboral no es un criterio exclusivo de sectores conservadores, sino que también la
izquierda socialdemócrata
ha abrazado la activación como forma de racionalizar las ayudas, mientras que otros
actores defienden enfoques
más incondicionales, aunque son minoritarios (Noguera, 2019).
Si bien desde 2015 se ha apreciado cierta relajación de la
condicionalidad conductual de
los PRM, la defensa política del principio de contraprestación se ha consolidado como
una posición social y
políticamente dominante en el ámbito de las rentas mínimas. Este enfoque se extiende
también a muchos sectores
profesionales y técnicos sociales (AIReF, 2019; Sanzo,
2017).
En esa línea, según los datos recogidos en la encuesta, el personal
técnico se muestra
favorable a los criterios de condicionalidad laboral. Esta valoración se ha preguntado
en torno a 4 opciones
de respuesta (nada adecuado, poco adecuado, bastante adecuado o totalmente adecuado). En
concreto, en todos
los territorios entre el 94% y el 99% de la muestra consideran que es adecuado el
requisito de demandante de
empleo y el de estar disponible para la formación y el empleo, como puede verse en las
tablas
5 y 6.
Tabla 5 Valoración sobre la adecuación del requisito de estar inscrito como
demandante de empleo
| |
Total
|
Navarra
|
Euskadi
|
Comunidad
Valenciana |
Castilla y
León |
La Rioja
|
| Nada
adecuado |
1,9 |
0,0 |
3,7 |
2,1 |
1,1 |
2,5 |
| Poco
adecuado |
2,1 |
6,3 |
1,2 |
2,1 |
0,0 |
1,2 |
| Bastante
adecuado |
18,6 |
18,8 |
16,0 |
16,0 |
16,8 |
29,6 |
| Totalmente
adecuado |
77,4 |
75,0 |
79,0 |
79,7 |
82,1 |
66,7 |
| Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Media * |
3,71 |
3,69 |
3,7 |
3,74 |
3,8 |
3,62 |
| Desv. Tip.
|
0,58 |
0,59 |
0,63 |
0,57 |
0,45 |
0,6 |
Estar inscrito como demandante de empleo, al igual que estar
disponible para el empleo o
la formación, emerge como un criterio ampliamente aceptado y considerado legítimo por el
personal técnico en
todos los territorios analizados. La aplicación del test t- Student para muestras
independientes para ver las
diferencias en la valoración de ambos requisitos entre cada uno de los territorios y
entre cada territorio con
el resto de la muestra (excluyéndose) señala que, por un lado, en el requisito de estar
inscrito como
demandante de empleo no hay diferencias significativas entre CCAA con respecto al
criterio de la adecuación,
salvo en el caso de Castilla y León respecto de La Rioja, pero en la misma dirección,
con algo más de acuerdo
con el requisito en la primera comunidad que en la segunda, tal y cómo se observa en la
tabla
6.
Tabla 6 Test t- Student para valoración del requisito de estar inscrito como
demandante de empleo
| Comparación |
t |
p |
| Navarra -
País Vasco |
-0.10 |
0.920 |
| Navarra - C.
Valenciana |
-0.46 |
0.648 |
| Navarra -
Castilla y León |
-1.38 |
0.170 |
| Navarra - La
Rioja |
0.95 |
0.345 |
| País Vasco -
C. Valenciana |
-0.33 |
0.740 |
| País Vasco -
Castilla y León |
-1.15 |
0.252 |
| País Vasco -
La Rioja |
1.07 |
0.288 |
| C.
Valenciana - Castilla y León |
-0.98 |
0.329 |
| C.
Valenciana - La Rioja |
1.66 |
0.098†
|
| Castilla y
León - La Rioja |
2.40 |
0.018*
|
| Navarra -
resto |
-0.49 |
0.625 |
| País Vasco -
resto |
-0.34 |
0.736 |
| C.
Valenciana - resto |
0.45 |
0.653 |
| Castilla y
León - resto |
1.41 |
0.161 |
| La Rioja -
resto |
-1.61 |
0.110 |
En el caso de la adecuación al requisito de disponibilidad para la
formación o empleo
también los resultados son homogéneos, con un alto consenso de acuerdo con el requisito,
como se observa en la
tabla 7.
Tabla 7 Valoración sobre la adecuación del requisito disponibilidad para la
formación y el empleo
| |
Total |
Navarra
|
Euskadi
|
Comunidad
Valenciana |
Castilla y
León |
La Rioja
|
| Nada
adecuado |
3,4 |
1,3 |
8,6 |
3,2 |
2,1 |
2,5 |
| Poco
adecuado |
6,1 |
6,3 |
7,4 |
7,4 |
3,2 |
5,0 |
| Bastante
adecuado |
21,1 |
25,0 |
21,0 |
19,6 |
12,8 |
31,3 |
| Totalmente
adecuado |
69,4 |
67,5 |
63,0 |
69,8 |
81,9 |
61,3 |
| Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Media * |
3,56 |
3,59 |
3,38 |
3,56 |
3,75 |
3,51 |
| Desv. Tip.
|
0,70 |
0,66 |
0,87 |
0,69 |
0,59 |
0,71 |
En el caso de Castilla y León esta adecuación es ligeramente superior
a otros territorios,
indicando un mayor apoyo a la condicionalidad que otros territorios analizados, como
muestra la tabla 8. Esta condición se percibe no solo como un
requisito administrativo, sino también
como una señal de disposición activa hacia la inserción laboral y “merecimiento” de las
prestaciones.
Tabla 8 Test t- Student para valoración del requisito de disponibilidad para
la formación y el
empleo
| Comparación |
t |
p
|
| Navarra -
País Vasco |
1.52 |
.131 |
| Navarra - C.
Valenciana |
0.24 |
.809 |
| Navarra -
Castilla y León |
-1.63 |
.105 |
| Navarra - La
Rioja |
0.67 |
.504 |
| País Vasco -
C. Valenciana |
1.48 |
.142 |
| País Vasco -
Castilla y León |
-2.64 |
.009**
|
| País Vasco -
La Rioja |
-0.98 |
.329 |
| C.
Valenciana - Castilla y León |
-2.18 |
.031* |
| C.
Valenciana - La Rioja |
-1.05 |
.296 |
| Castilla y
León - La Rioja |
1.87 |
.064·†
|
| Navarra -
resto |
0.31 |
.757 |
| País Vasco -
resto |
-1.79 |
.075 |
| C.
Valenciana - resto |
-0.12 |
.905 |
| Castilla y
León - resto |
2.57 |
.011* |
| La Rioja -
resto |
-0.73 |
.468 |
Esta inclinación por parte del personal de atención hacia la
condicionalidad laboral suele
estar fuertemente determinada por el contexto institucional (van Berkel,
2020). La primacía
de los criterios de condicionalidad conductual se basa, entre otros aspectos, en el
“temor a la cronificación”
de las personas beneficiarias en los programas, llevando a la imposición de criterios
restrictivos y generando
altas expectativas sobre la inserción laboral que a menudo no se corresponden con la
realidad del mercado de
trabajo (Fernández et al., 2015). Esto refleja una “omnipresencia del
imaginario laboral
como base de la ciudadanía” (Moreno y Aierdi, 2019) que se ha
intensificado en épocas de
crisis. También los aspectos vinculados al presupuesto destinado a las ayudas juegan un
rol fundamental a la
hora de establecer criterios restrictivos. A la vez, persiste una percepción de fraude,
lo que refuerza la
exigencia de controles estrictos.
Sin embargo, la priorización de la inserción laboral (work
first) presenta
múltiples desafíos. Uno de los más relevantes es la “trampa de la pobreza”: un fenómeno
en el que la
percepción de una prestación económica desincentiva la búsqueda o aceptación de un
empleo al reducir la
cuantía de la ayuda de forma proporcional a los ingresos laborales (Zalakain, 2021).
También son frecuentes las críticas a la complejidad administrativa, los controles
invasivos, la
estigmatización de los beneficiarios y la falta de adaptación a la realidad de los
empleos actuales, marcados
por la temporalidad y los bajos salarios. La fragmentación territorial del sistema, la
heterogeneidad
normativa y la discrecionalidad en la aplicación también generan desigualdades y
desprotección (Fernández et al., 2015; Muñoz Higueras
et al., 2025).
Las limitaciones del empleo que alientan esta trampa pueden
observarse, al menos, a través
de tres indicadores. Por un lado, casi dos de cada diez personas trabajadoras en España
son pobres (19,2%)
según Silc-Eurostat (2024), una de las tasas más altas de la UE. Por
otro lado, según las
estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (junio 2025), el
39% de los contratos
eventuales en España tiene menos de 7 días de duración y 6 de cada 10 menos de un mes.
En tercer lugar,
siguiendo a Schneider y Enste (2002), puede señalarse que la
diferencia entre la afiliación
de la seguridad social y los datos de ocupación de la EPA (T1, 2025) arrojan una
diferencia de 284.421
personas
1
, lo que permite aproximarse al volumen de personas trabajadoras no declaradas en
España en este año. Este
escenario laboral es el mercado de trabajo al que se enfrentan buena parte de las
personas perceptoras de
programas de ingreso mínimo. Esta realidad queda reflejada en el trabajo de campo
realizado en 7 de las 9
entrevistas realizadas a personal de gestión de las prestaciones.
Hay muchos miedos por las
personas (…) no se
sabe cuánto tiempo van a estar trabajando, porque los trabajos son bastante
precarios, muy temporales, y
deben estar constantemente avisando de estos cambios. Eso genera mucha inseguridad a
los hogares (Técnica de
inclusión, Navarra).
Pero además de ello, la condicionalidad presenta otro desafío
relacionado con la propia
controversia técnica que en ocasiones genera el desarrollo de itinerarios bajo mandatos
condicionales. Es
decir, como señala este testimonio, ejemplo de lo reiterado por 6 de las 9 entrevistas
realizadas a personal
de gestión e inclusión, la condicionalidad presenta un problema para el trabajo con las
personas perceptoras
al vincular este tránsito a la contraprestación y no a la confianza y deseo de
desarrollar estos procesos.
Esto son itinerarios
sociales de intervención,
y se basan en la confianza, la capacidad de intervención del profesional. Por eso se
intentaría que no ate a
la condicionalidad más allá de las condiciones que la prestación tiene (Dirección de
prestaciones, Navarra).
Algunas comunidades autónomas como Navarra y País Vasco han sido
pioneras en avanzar hacia
modelos que relajan la condición de conducta laboral. Estos modelos, por ejemplo,
regulan un “doble derecho” a
la inclusión social y a unos ingresos mínimos, lo que implica que el acceso a la
prestación económica no está
estrictamente supeditada al compromiso a la inserción laboral como contraprestación,
sino que se configura
como un derecho a recibir apoyo a la inserción (Sanzo, 2017). Esta
perspectiva busca que
las necesidades básicas estén cubiertas independientemente del cumplimiento de
actividades de inserción,
aunque se reconoce que ambos derechos se potencian mutuamente.
Los casos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y La Rioja
permiten observar la
persistencia de modelos de condicionalidad laboral asociados a itinerarios de inserción
sociolaboral. Si bien
la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) presenta distintas modalidades prestacionales
desde la Ley 19/2017
2
, la aprobación en mayo de 2025 de un anteproyecto de ley donde se unifican las
diferentes modalidades en
una prestación única condicionada a la firma de un acuerdo volvería a asimilar esta
prestación a modelos como
el de La Rioja o Castilla y León, cuyas normativas quedan condicionadas a la firma de un
proyecto
individualizado de inserción. En ambas comunidades autónomas, el acceso y mantenimiento
de la prestación está
condicionado al cumplimiento de compromisos de activación definidos en planes
personalizados.
En Castilla y León, el artículo 11 del Decreto 20/2023, de 4 de mayo,
por el que se regula
el Ingreso Mínimo Vital Complementario, establece que las personas beneficiarias deberán
participar en un
Itinerario de Inclusión como requisito para el reconocimiento y mantenimiento de la
ayuda. Este itinerario
incluye actuaciones orientadas al empleo, la formación o la mejora de la empleabilidad,
cuya suscripción es
obligatoria, y su incumplimiento puede conllevar la suspensión o extinción de la
prestación (Junta de Castilla
y León, 2023).
De forma similar, en La Rioja, el artículo 22 de la Ley 7/2023, de
Renta de Ciudadanía,
contempla la elaboración de un plan de inclusión individualizado como condición para
percibir la prestación.
Este plan, concertado entre la persona titular y los servicios sociales y de empleo,
establece objetivos
concretos de inserción laboral o social, y su cumplimiento es objeto de seguimiento. La
normativa prevé
sanciones por incumplimiento injustificado, que pueden implicar la pérdida temporal o
definitiva de la ayuda y
atribuye esta función a los servicios públicos de empleo, lo que condiciona todavía más
la intervención a la
inserción laboral (Gobierno de La Rioja, 2023). Por ello, estos
marcos normativos reflejan
un enfoque de condicionalidad reforzada que vincula la protección social al compromiso
activo con la
inserción, reforzando la dimensión laboral de las rentas mínimas.
En el diseño del Ingreso Mínimo Vital se observa una condicionalidad
flexible respecto de
los planes de inclusión social (de Val Tena, 2021). A diferencia de
la mayoría de los
programas de rentas autonómicos, no es necesario estar de alta como demandante de
empleo, aunque sí menciona
entre las obligaciones de las personas beneficiarias la de participar en las estrategias
de inclusión que
promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta obligación
recae sobre las CCAA y
puede presentar una interpretación dispar en cuanto al modo de hacerse efectiva, ya que,
a pesar de la
orientación de las normativas, la realidad en los servicios sociales municipales,
encargados de los
itinerarios de inclusión, es que trabajan o bien con aquellas personas que además de IMV
tienen un complemento
autonómico que les exige la contraprestación o porque las personas acuden a los
servicios para pedir apoyos a
la inclusión u otros tipos de ayudas. Esta cuestión ha sido reiterada en los distintos
territorios por 5 de
las 9 personas técnicas entrevistadas.
Sabemos que es diferente
lo que se pide para la
renta garantizada y para IMV (..) a veces en el sistema nos aparece como que la
familia tiene IMV, pero
igual es solo complemento por hijo. […] además, con el ingreso mínimo vital no le
piden ningún tipo de
contraprestación, ningún derecho a la inclusión. (…) Entonces, bueno, eso también,
¿no? Claro, no sabemos
tampoco (Técnica de intervención social, Navarra).
Por tanto, la ambigüedad de la condicionalidad entre el IMV y las
prestaciones autonómicas
reside en que el organismo que ofrece la prestación no es el responsable de la
inclusión, lo que deja a la
propia capacidad del servicio o el territorio el desarrollo de los itinerarios de
inclusión en el caso de
personas perceptoras de IMV. Esto puede conducir a perpetrar las diferencias
territoriales a la hora de
implementar las políticas de inclusión social.
Estímulos al empleo y la lucha contra la trampa de la pobreza
Como se señalaba, el acceso al empleo sigue siendo uno de los debates
cardinales en torno
a estos programas. Si bien la inserción laboral sigue siendo el objetivo principal de
estos programas, las
oportunidades de inclusión en el mercado de trabajo pasan en buena parte de las
ocasiones por el empleo de
bajos salarios, temporal o no declarado, por lo que ello presenta dificultades
importantes para que la
incorporación permita emancipar a estos hogares de la precepción de prestaciones.
Los estímulos al empleo, en el marco de los sistemas de rentas
mínimas, operan como
mecanismos de complementos salariales diseñados para incentivar la incorporación o
permanencia en el mercado
laboral de personas beneficiarias de estas prestaciones. Su finalidad principal es
evitar lo que se conoce
como “trampa de la pobreza”. En otras palabras, buscan que trabajar “salga a cuenta”
(make work pay)
facilitando una transición gradual entre la protección social y la inserción laboral (Zalakain,
2021).
Tanto el País Vasco, de manera pionera, como Navarra, posteriormente,
han incorporado este
tipo de estímulos dentro de sus respectivos sistemas de garantía de ingresos, aunque con
diferencias en su
diseño y aplicación. En enero de 2023, se puso en marcha un mecanismo de “incentivo al
empleo” en el Ingreso
Mínimo Vital (IMV) con características similares.
Según han señalado Zalakain y Domínguez (2023), en
los tres modelos, el
cálculo de la cuantía de la prestación para las unidades de convivencia con ingresos
laborales no se basa en
la aplicación estricta del principio diferencial puro -según el cual cada euro ingresado
por salario reduciría
en un euro la prestación percibida-, sino que se aplica un criterio más flexible.
Concretamente, solo se
descuenta una fracción del salario a efectos del cálculo. Esta modalidad permite
mantener parcialmente la
ayuda económica a pesar de la percepción de ingresos laborales, atenuando así el impacto
de la transición
hacia el empleo en el nivel de protección económica.
La Comunidad Valenciana cuenta con un mecanismo similar, por el que
los ingresos derivados
del trabajo de cualquier integrante de la unidad de convivencia no se contabilizan como
recursos durante los
primeros tres meses, siempre que su cuantía mensual sea inferior al Salario Mínimo
Interprofesional vigente,
calculado en doce pagas. En el caso de La Rioja y Castilla y León, si bien no han
desarrollado mecanismos
específicos, también han adaptado su normativa de modo de no tener en cuenta en
determinados casos los
ingresos laborales para establecer el acceso a la prestación, la permanencia en la misma
y su cuantía (Zalakain, 2021).
Las evaluaciones realizadas en País Vasco y Navarra apuntan a efectos
positivos en la
activación laboral, aunque con matices relevantes. En Navarra, el sistema de estímulos
implementado entre 2018
y 2021 alcanzó a 8.248 personas, el 15,6 % del total de perceptores de la RG y el 28 %
de las personas
empleables. La evaluación muestra que los estímulos produjeron una reducción en la
cuantía de la prestación
percibida: el 64 % de los beneficiarios redujeron su prestación en los tres meses
posteriores a la
finalización del incentivo, y el 40,5 % mantiene esa reducción durante un año. Además,
estas personas
presentan 2,5 veces más probabilidad de reducir la cuantía a los seis meses y casi el
doble a los doce meses
respecto a un grupo de control (Gobierno de Navarra, 2023).
No obstante, el efecto sobre la salida definitiva del sistema es más
limitado. Si bien
casi el 50 % deja de percibir la RG durante tres meses y cerca del 30 % durante doce
meses, la diferencia con
respecto al grupo de control en términos de abandono definitivo de la prestación se
sitúa entre dos y cuatro
puntos porcentuales. Más relevante parece el "efecto palanca" de los estímulos: el 35,7
% de quienes acceden a
ellos firman un nuevo contrato sin estímulo en los seis meses posteriores, y existe una
mejora sostenida en la
permanencia fuera del sistema en el medio plazo.
En el caso vasco, si bien los datos disponibles corresponden al
periodo de crisis
económica, el sistema demostraba una eficacia significativa en la reducción de la
pobreza laboral. En 2014, la
RGI lograba reducir la tasa de pobreza en hogares con personas ocupadas del 4,39 % al
2,54 %, beneficiando a
cerca de 30.000 personas. El impacto redistributivo era notable: el 71 % de las personas
ocupadas que acceden
a la RGI superaban el umbral de pobreza, frente al 53 % en el conjunto de la población
perceptora. Además, los
resultados disponibles indican que la implantación del sistema de bonificación del
empleo no ha generado una
reducción de la remuneración media. Por el contrario, durante el periodo de crecimiento
económico, este
mecanismo ha sido compatible con un incremento significativo de la remuneración horaria,
tanto en términos
nominales como reales. Este resultado cuestiona la hipótesis de que los sistemas de
estímulos al empleo
(in-work benefits) conlleven necesariamente efectos de contención salarial y
sugiere que, bajo
determinadas condiciones institucionales y macroeconómicas, pueden coexistir con
dinámicas salariales
expansivas (Zalakain, 2014).
En términos de cobertura, entre el 2,5 % y el 3 % de la población
vasca accedía a la RGI
estando ocupada, una proporción notable si se considera que la comunidad representaba
menos del 5 % de la
población española, pero concentra más del 20 % de los perceptores de rentas mínimas.
Esta densidad de
cobertura, junto con su impacto redistributivo, refuerza el valor del sistema como
política estructural (Moreno y Aierdi, 2019; Sanzo,
2017).
Los resultados de la encuesta para Navarra y País Vasco muestran una
valoración diversa de
los estímulos al empleo por parte del personal técnico. Esta valoración se ha realizado
en torno a cuatro
opciones de respuesta (fomenta mucho, fomenta algo, fomenta poco o no fomenta). En ambos
territorios las
opiniones sobre si son instrumentos que fomentan la incorporación laboral están
divididas, tal y como muestra
la tabla 9. En Navarra, el 53,1% de la muestra considera que fomenta
mucho (17,1%) o algo
(44,3%). En la C.A. de Euskadi esta opinión la tiene el 50,6% de las personas
encuestadas (8,6% considera que
fomenta mucho y el 42% que algo). Por otro lado, casi una de cada tres en Navarra (30%)
y tres de cada diez en
la C.A. de Euskadi (29,6%) consideran que fomenta poco y el 8,6% de la muestra navarra y
el 19,8% de la
Euskadi señalan que son instrumentos que no fomentan la incorporación al empleo.
Tabla 9 Valoración sobre los estímulos al empleo como instrumento que fomenta
la incorporación
laboral de las personas beneficiarias.
| Opción de
respuesta |
Comunidad
Foral de Navarra |
Comunidad
Autónoma de Euskadi |
| Fomenta
mucho |
17,1 |
8,6 |
| Fomenta algo
|
44,3 |
42,0 |
| Fomenta poco
|
30,0 |
29,6 |
| No fomenta
|
8,6 |
19,8 |
| Total |
100 |
100 |
A pesar de sus resultados positivos de los informes antes citados,
ambos modelos presentan
limitaciones que explican, en parte, las valoraciones anteriores. Ello ha sido señalado
por los 4 testimonios
recabados de personal técnico de gestión de prestaciones en ambos territorios. En
Navarra se ha señalado la
complejidad administrativa del sistema, que genera retrasos en los pagos y dificulta la
comprensión por parte
de los beneficiarios.
La compatibilidad con el
empleo no es ágil, el
sistema no está preparado para responder de manera ágil a cómo está hoy en día el
mercado laboral. Hay gente
que trabaja dos días, tres, a lo largo de un mes (Técnica de gestión de
prestaciones, Navarra).
Algo similar ocurre en Euskadi, pues la actualización de la cuantía no
se produce al mismo
tiempo que se empieza a trabajar, lo que dificulta a los hogares contar a tiempo real
con la cantidad de
prestación, salario y estímulo actualizado.
El problema que yo le veo
no es tanto en la
aplicación del estímulo como en que no puede ser que tú trabajes y que cuando dejas
de trabajar tengas que
esperar al siguiente PAC para que te actualicen la cantidad (…) Imagínate que uno de
nosotros estuviera sin
nómina actualizada tres meses (Técnica de gestión de prestaciones, C. A. de Euskadi)
Igualmente, la duración limitada de los estímulos en ambos territorios
puede reducir los
incentivos a la búsqueda de empleo si los beneficios son percibidos como inestables o de
corta duración.
En lo que respecta a los incentivos al empleo implementados en el IMV,
la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF, 2025) ha realizado una
evaluación detallada
de la eficacia de los estímulos laborales implementados. La valoración general de los
estímulos al empleo en
el marco del IMV se puede resumir de la siguiente manera. La AIReF concluye que el
diseño del IMV,
transcurridos más de cuatro años desde su puesta en funcionamiento, revela efectos
estadísticamente
significativos de desincentivo sobre la participación laboral de sus beneficiarios, y
que el incentivo al
empleo actualmente existente ha mostrado una "reducida eficacia" para mitigar estos
efectos. Sin embargo, cabe
destacar que según las evidencias recogidas en Navarra (Gobierno de
Navarra, 2023) y País
Vasco (Zalakain, 2014), este tipo de mecanismos aún requiere más
recorrido para tener una
valoración más robusta de su eficacia.
La AIReF (2025) propone una reformulación del diseño
del incentivo al
empleo que atienda a varios principios orientados a mejorar su eficacia y operatividad.
En primer lugar, se
subraya la necesidad de que el incentivo sea claramente visible para los potenciales
beneficiarios, lo cual
implica no solo una mayor difusión, sino también una comprensión accesible de sus
condiciones y efectos. En
segundo lugar, se recomienda que el mecanismo cuente con una duración definida y
transparente, de modo que los
destinatarios puedan anticipar con certeza el horizonte temporal de los beneficios
asociados a su
incorporación laboral.
Asimismo, se plantea que el incentivo sea modulable, permitiendo
ajustes en función tanto
del momento en que se produce la incorporación al empleo como de la intensidad de la
jornada laboral,
favoreciendo así respuestas adaptadas a trayectorias laborales diversas. Finalmente, se
aboga por basar el
cálculo de la prestación en una definición de renta más actualizada, que refleje con
mayor precisión la
situación económica presente de la persona o unidad de convivencia. Para ello, se
sugiere utilizar indicadores
como las bases de cotización correspondientes al trimestre anterior, en lugar de datos
fiscales anuales que
presentan un desfase temporal considerable.
