El negacionismo climático, una ideología que se extiende cada vez con más fuerza por la economía, la política y la sociedad, agrava los riesgos medioambientales. Instituciones ineficientes e irresponsables amplifican los efectos potencialmente trágicos y devastadores de este fenómeno. A la luz de esta realidad, es necesario reflexionar desde la academia en torno al drama humano, la destrucción de infraestructuras, la interrupción de servicios básicos y la ruina de los medios de vida que ha afectado a una importante zona de Valencia tras las recientes inundaciones.

Las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales son episodios conocidos en la Comunidad Valenciana. Ya en el siglo XVIII, Antonio José de Cavanilles, científico y botánico, hacía alusión a las inundaciones en su escrito Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia. La riada del Turia de 1957 arrasó gran parte de Valencia capital, forzando la posterior construcción del Plan Sur para desviar el río. En octubre de 1982, la rotura de la presa de Tous desencadenó una catastrófica inundación que devastó las comarcas de la Ribera Alta y Baja. En las últimas décadas, las inundaciones pluviales se han vuelto más frecuentes y graves debido al calentamiento global afectando tanto a entornos costeros como interiores, urbanos y rurales.

El papel de la sociedad en estos eventos ha sido objeto de atención de la sociología, examinando distintos aspectos como la percepción social del riesgo, la comunicación del riesgo, la actuación ciudadana durante la crisis desencadenada, la presión y protesta social en la gestión de la crisis, y los efectos que han tenido las catástrofes en grupos y clases sociales. La sociología también ha examinado la gestión del riesgo, tanto la prevención previa como la gestión de la crisis una vez que el riesgo no ha podido ser contenido por las instituciones. Estos análisis se han centrado en las normas que, en distintos ámbitos de la vida social y natural, protegen los ecosistemas, ordenan el territorio, atienden a los grupos vulnerables, organizan la sociedad civil y regulan los protocolos de actuación en situaciones de emergencia. En este contexto, se ha estudiado el papel de las instituciones y la ciudadanía en el cumplimiento de dichas normas, incluyendo la comunicación de la emergencia y el comportamiento durante la crisis.

Los análisis sociológicos ponen de manifiesto las dimensiones sociales de estos acontecimientos, que no pueden considerarse únicamente como catástrofes naturales. Una sociedad con una estructura institucional sólida puede llevar a cabo una labor eficiente y responsable en la prevención del riesgo, reduciendo la vulnerabilidad de la población. Asimismo, una ciudadanía con conciencia social y medioambiental puede impulsar la inclusión de temas ambientales y sociales en la agenda pública, aunque su participación directa en la toma de decisiones políticas sea más compleja.

La magnitud de la tragedia humana y de la catástrofe desbocada tras la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024 en el área metropolitana de Valencia constituye un buen momento para examinar los riesgos que corren las sociedades, reflexionar sobre los efectos, y sugerir advertencias y recomendaciones desde la sociología. Con este motivo, este editorial invita a revisitar y actualizar el conocimiento sociológico, así como analizar los primeros datos del desastre a la luz de los planteamientos de la sociedad del riesgo.

Unas primeras cifras de la devastación

La devastación tras las inundaciones pluviales del 29 de octubre de 2024 ha afectado a casi 70 municipios de la Comunidad Valenciana en los que viven casi 900.000 personas. En lo que se ha calificado como zona cero, se localizan 15 municipios (12 del área metropolitana del sur de la ciudad de Valencia y 3 de otras comarcas) y 1 pedanía de la ciudad de Valencia. En esta zona viven 270.365 personas. Se trata de municipios que se expandieron urbanísticamente de manera extraordinaria en la década de los sesenta del siglo XX, a veces, cerca de zonas inundables, con pocos espacios verdes. Los barrios configurados eran y son, por tanto, vulnerables. Además, las densidades poblaciones de los municipios del área sur de la ciudad de Valencia y de sus pedanías son muy elevadas, de modo que el número de habitantes en riesgo es elevado.

El 14 de noviembre de 2024 se habían contabilizado 216 muertos, una cifra considerablemente superior al de otras tragedias relacionadas con inundaciones pluviales anteriores de la zona. En las inundaciones de 1957, hubo 81 muertos, tal vez porque la movilidad vial y el número de coches eran muy inferiores. De los 216 muertos, 131 son hombres y 85 mujeres. A falta de datos precisos sobre la ubicación de las víctimas, resulta difícil explicar el mayor número de víctimas varones. En cuanto a su procedencia, 190 eran autóctonas y 26 extranjeras. Casi la mitad de los fallecidos, 104, tenían 70 años o más, aunque esos grupos solo representan el 15 % del total de los habitantes de los municipios en los que se ha encontrado. Las víctimas fueron mayoritariamente gente de edad avanzada, lo que constata la existencia de grupos sociales más vulnerables que otros a este tipo de eventos.

Las inundaciones torrenciales han afectado especialmente al colectivo de personas mayores, 72.424 de las cuales vivían en los municipios de la zona cero. Las personas mayores representan un porcentaje entre la población total de cada municipio que oscila entre el 19,9 % de Albal y el 39,1 % de Utiel. Una parte de ellos han podido ver sus casas anegadas y perdido sus enseres. Se trata de un colectivo en el que predominan los ingresos medios y bajos, y previsiblemente con una frecuencia de enfermedades y discapacidades mayor que la de otros grupos de edad. La DANA ha afectado especialmente al colectivo de personas mayores, y al encontrase buena parte en situación de precariedad, afronta grandes dificultades en la recuperación de la vida cotidiana.

Las personas ocupadas en empresas con sede en la zona cero que están afiliadas a la Seguridad Social asciende a 111.658. El número de empresas registradas en la zona es de 14.538 con predominio claro de las que tienen 10 o menos trabajadores. Más del 70% realizan actividades del sector servicios (casi la mitad con licencia de comercio, transporte y hostelería) cuyos emplazamientos e instalaciones se han visto afectadas. La inmensa mayoría de las personas ocupadas lo son por cuenta ajena, por tanto, con riesgo de perder su empleo en caso de que la actividad empresarial cese o se traslade de municipio. Dado que mayoritariamente están ocupadas en actividades de comercio, transporte y hostelería e intensivas en mano de obra es previsible que la mayor parte mantengan su actividad. Aun así, una parte no despreciable de las personas pueden quedar desempleadas, un riesgo tanto mayor cuanto más inestable y atípico es su estatus contractual. Un estatus que se refleja no solo en su mayor precariedad en la situación laboral sino también en su posición en la relación de empleo.

Aunque no se ha hecho alusión a los efectos sobre las infraestructuras, a modo de apunte, la DANA ha afectado a centros sanitarios, educativos y de servicios diversos, entre otros, de residencias de mayores, con su correspondiente interrupción de los servicios prestados. Casi dos semanas después de la gran inundación, quedaban todavía 4 centros sanitarios por abrir, y 21 centros educativos y 2 residencias de mayores permanecían cerrados. Todo esto más allá de las infraestructuras ferroviarias y carreteras devastadas, así como de viviendas habituales de las personas.

Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes, tanto en el presente como en el futuro. Las inundaciones pluviales han causado estragos devastadores en el tejido social y en la vida personal de los afectados, golpeando con especial dureza a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Este escenario crítico exige un análisis exhaustivo en múltiples niveles: desde el impacto diferencial en distintos grupos sociales hasta la evaluación del papel de las instituciones antes y durante la emergencia. Es crucial examinar cómo la sociedad está procesando esta realidad ambiental, especialmente en un contexto donde el negacionismo climático gana presencia en el debate público. Asimismo, resulta fundamental estudiar el surgimiento y la actuación de nuevos actores sociales que han emergido como respuesta a esta crisis. En el plano teórico, esta situación nos obliga a repensar el concepto de desarrollo sostenible. Debemos reevaluar la validez de las nociones ya establecidas, incorporar nuevos marcos conceptuales y examinar la capacidad explicativa de los paradigmas teóricos actuales frente a esta nueva realidad climática.

Una perspectiva más sociológica del desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible en tanto que pretensión de ordenar de manera equilibrada las relaciones entre el entorno natural y la sociedad ha constituido una doctrina que ha inspirado nominalmente el funcionamiento de las sociedades occidentales. En el núcleo de esta pretensión se encuentra el reconocimiento de que la acción antrópica afecta al medio natural en una doble vertiente: por un lado, agotando sus recursos y, por otro, alterando los ecosistemas existentes, lo que puede desencadenar situaciones catastróficas.

Durante las últimas décadas, la cuestión ambiental ha ganado protagonismo en la vida cotidiana, generando múltiples propuestas políticas, económicas y sociales a escala tanto local como global. Diversos actores, desde organismos internacionales hasta ciudadanos particulares, han participado en este debate. Destaca especialmente el Marco de Sendai de Naciones Unidas, que establece objetivos y prioridades para reducir el impacto de los desastres naturales entre 2015 y 2030, acompañado de directrices específicas para su implementación. Este desarrollo sostenible se ha visto respaldado por discursos que enfatizan la necesidad de incorporar la voz de la sociedad civil.

El ámbito académico también ha abordado esta cuestión desde diferentes perspectivas. Inicialmente, se centró en elaborar protocolos de actuación para garantizar la seguridad de las poblaciones potencialmente afectadas, incluyendo medidas correctoras para proporcionar certidumbre. Sin embargo, la experiencia ha demostrado las limitaciones de estos protocolos ante accidentes y desastres imprevistos. Esta realidad ha provocado un giro significativo: del principio de corrección se ha pasado al principio de precaución, y las sociedades han dejado de considerarse seguras para reconocerse como sociedades del riesgo. El optimismo inicial sobre el control de las fuerzas naturales ha dado paso a una visión más pesimista y escéptica.

En este contexto, las ciencias han profundizado en la comprensión del desarrollo sostenible, aportando nuevos conceptos y alternativas para abordar los desafíos emergentes. Desde la sociología, se ha prestado especial atención a los valores y hábitos sociales, revelando que la crisis ambiental es percibida y valorada de manera desigual según la clase social y la comunidad. Es frecuente observar cómo los grupos más desfavorecidos o las sociedades menos desarrolladas priorizan la estabilidad laboral y el crecimiento económico sobre la protección ambiental, lo que plantea un dilema fundamental para el desarrollo sostenible.

Esta realidad ha llevado a incorporar el concepto de vulnerabilidad social en el análisis del riesgo, buscando proteger a los grupos más desamparados mediante medidas compensatorias que no solo mejoren sus condiciones materiales, sino que también les otorguen voz y capacidad de decisión. En este sentido, la consecución de sociedades más sostenibles requiere la participación, acción y reflexión colectiva pero igualmente con más democracia y menos desigualdades.

La terrible devastación que ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana es una oportunidad para seguir examinando de manera pormenorizada los efectos de las inundaciones pluviales, el papel de las instituciones, y seguir reflexionando sobre cómo conseguir sociedades más seguras y sostenibles. Este editorial introduce la sección de debate sobre el tema que la Revista Española de Sociología (RES) publicará en su próximo número.