Cada día desechamos grandes cantidades de materiales considerados
inútiles. En 2023, se generaron 2,1 billones de toneladas de residuos sólidos municipales,
con proyecciones alarmantes de un aumento del 56% para 2050 (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2024). Solo en la Ciudad de Buenos Aires,
según los datos más recientes, en 2019 se produjeron 1,6 millones de toneladas (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
2019). Pese a este escenario de crisis, el estudio sociológico de la basura ha
recibido relativa poca atención, compensándose este déficit en los últimos años con la
emergencia de los llamados “discard studies”. Para Gregson (2007), la
escasa atención a la basura desde la sociología se ha dado en parte por la tendencia de
verla como el punto final de una cadena de producción; como desechos que han dejado de ser
útiles dentro del sistema de producción-consumo. En este proceso, la basura ha salido de
nuestro campo de visión y ha quedado relegada a un mero problema de gestión.
Sin embargo, estudios recientes y críticos resaltan que la crisis de la
basura se debe, en gran medida, precisamente por el predominio de enfoques pautados por la
técnica y eficiencia, dejando en un segundo plano su trasfondo económico, político, social y
cultural. Por eso, Solíz (2017) propone una lectura del problema desde la
ecología política de la basura. Según esta visión, la basura refleja un proceso metabólico
fisurado y surge como el resultado de una relación violenta, asimétrica y de explotación
entre sociedades alrededor del globo. Más que solo un problema de gestión eficiente, la raíz
de esta crisis se ubica en nuestro modelo de extracción, transformación, consumo y
distribución. Se ubica por tanto en la sociedad del consumo, en la obsolescencia programada,
en el despilfarro y en una economía lineal basada en el descarte (Martínez
Alier, 2005). En este sentido, la basura expone los límites de nuestro modelo
productivo, exigiendo un cambio importante de paradigma.
En América Latina encontramos experiencias diversas que buscan dar
respuestas alternativas a esta problemática. La región cuenta con un número significativo de
cooperativas de recicladores de oficio que, a través de su lucha política histórica,
experimentan con formas de gestionar la basura urbana yendo más allá de su mera
mercantilización. En ella, la basura se reclama como un bien común fundamental para la
supervivencia de los sectores empobrecidos en las grandes ciudades, apostando por un sistema
popular, autogestionado y de reciclaje inclusivo. Este se caracteriza por un reparto más
justo y democrático de los beneficios de la industria, en vez de su concentración en
empresas privadas nacionales e internacionales.
Este artículo analiza el caso concreto de las cooperativas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) que hoy gestionan integralmente los residuos sólidos secos
de la ciudad. El estudio se justifica por la escala de la iniciativa que actualmente afecta
a los más de 3 millones habitantes de la metrópolis. Al contrario de otras iniciativas de
cooperativismo y gestión de lo común, esta experiencia sale de su impacto localizado - y por
veces de “nicho” o atomizado (Rendueles y del Río Casasola, 2021) -
tornándose un modelo de referencia internacional.
El análisis del artículo se centra en la relación institucionalizada de
las cooperativas de reciclaje con el gobierno local a través de un modelo de gestión
público-comunitario. En el caso de Buenos Aires, la gobernanza colaborativa ha sido un
factor clave que ha posibilitado la escalabilidad de la experiencia. A través de diferentes
convenios, las cooperativas han desarrollado una relación interdependiente que navega entre
el mantenimiento de su autonomía y la necesidad de recursos e infraestructura. Esta es una
realidad compartida con otros estudios de gestión de lo común, donde el Estado también surge
como actor clave en su reproducción y expansión -aunque no sin contradicciones o tensiones-
y que exige por tanto una mirada cada vez más cuidadosa.
El artículo propone explorar esta relación ambigua entre cooperativas y
Estado con el objetivo de comprender las nuevas formas de institucionalidad para la gestión
de los comunes urbanos. La literatura más reciente explora esta relación desde diferentes
sectores, como puede ser el espacio urbano (Bianchi, 2022), la energía (Angel, 2017), los huertos urbanos (Berná Serna et al.,
2024) o la vivienda (Ferreri y Vidal, 2022). No obstante, el
estudio de la gestión público-comunitaria en el contexto de la basura permanece residual con
escasos ejemplos en España y en América Latina (Goodwin et al., 2022).
Este artículo busca aportar a esta laguna y dialogar con el creciente debate en torno a la
basura y la gestión público-comunitaria desde las experiencias del Sur global, donde la
innovación social y política en el sector emerge como forma de hacer frente a la realidad de
los recicladores informales (Carenzo y Sorroche, 2021).
Asimismo, el artículo se suma al llamado para prestar más atención a la
basura como objeto de estudio en la sociología, proponiéndola como una estrategia para
abordar preguntas fundamentales sobre regímenes de valor, materialidad, subjetividad,
desigualdad o distinción social (Gregson, 2007).
El texto se organiza en cuatro partes. Primero, presenta el marco
conceptual y la metodología. En seguida, ofrece un recorrido histórico y social sobre los
regímenes de basura en CABA para entender los cambios y significados del modelo actual. En
la tercera parte, el artículo analiza los elementos fundacionales de las cooperativas para
enseguida comprender su relación ambigua con el Estado que, aquí, emerge como un activador y
obstaculizador a la vez.
Marco conceptual
La basura como común urbano
Mi primer día fue un día caótico. Fue muy vergonzoso
porque yo soy podóloga y soy maestra pastelera y no te imaginas revolver una bolsa
basura jamás en la vida (…). Hoy por hoy, después de 23, casi 24 años que estoy en
esto, paso por ahí, veo una bolsa y me tiro de cabeza. Siempre son una caja de
sorpresa. Te puede traer cartón, papel, o te puede traer una licuadora, un teléfono
celular que no lo usan, lo descartan, ropa... (E05)
Así relataba una entrevistada su experiencia como cartonera en Buenos
Aires: una realidad compartida por miles de otras personas que se dedican, día a día, a
encontrar valor en la basura y realizar una tarea fundamental para el reciclaje.
“Hurgadores” en Uruguay, “catadores” en Brasil, “cartoneros” en Argentina. Son muchos
los términos usados para referirse a las personas que, como esta interlocutora, realizan
diariamente esta labor de buscar, clasificar y resignificar los desechos urbanos. A
través de su conocimiento, son capaces de desmontar, transformar, reevaluar y así
visibilizar el valor de la basura.
Reconociendo esta práctica, diferentes autores enmarcan la basura como
un común urbano (Carenzo et al., 2022; O’Hare,
2022; Zapata y Zapata Campos, 2015). Según esta visión, donde
los sectores más ricos de la ciudad ven mera basura, recicladores de oficio encuentran
valor de reutilización, reparación y reciclaje de materiales variados: comida, ropa,
juguetes, materiales electrónicos o de construcción. Son así capaces de apropiarse y
recrear sus propios recursos, generando beneficios individuales y colectivos. Desde este
proceso, reclaman sus derechos de control colectivo sobre estos materiales.
Esta perspectiva comparte la definición de Harvey
(2012) sobre los comunes urbanos donde no basta con simplemente reconocer el
valor de la basura para conceptualizarla como tal. Comprender estos recursos como bien
común requiere una práctica social y política continua (commoning). En otras
palabras, requiere ser reapropiado políticamente por los ciudadanos que reclaman su
derecho colectivo sobre ellos. Aquí, la labor de cartoneros y cartoneras emerge como
fundamental en la medida que no solo tienen el conocimiento para encontrar valor en
estos materiales, sino que se involucran en prácticas políticas y asociativas
(sindicatos, federaciones, cooperativas, etc.) para defender la producción,
accesibilidad y apropiación de la basura más allá de su lógica mercantilizadora o de
gestión burocrática.
En este contexto, la literatura sobre bienes comunes urbanos informa
cada vez más los estudios críticos sobre la basura en la medida que se reconoce (1) la
disputa en torno a la apropiación o desposesión de la basura como un recurso de valor y
(2) las estrategias políticas llevadas a cabo por los movimientos sociales para hacer
frente a su proceso de privatización, al tiempo que generar nuevos marcos de convivencia
desde lo colectivo.
Lo común frente al Estado
La industria del reciclaje y la mercantilización de la basura son
capaces de revelar nuevas formas contemporáneas de desposesión (O’Hare,
2022). Frente a estas ofensivas de cercamiento, la gestión de los bienes comunes
busca nuevas institucionalidades que permitan emanciparse de las lógicas más
autoritarias del Estado, sus fundaciones patriarcales y coloniales, además de la
mercantilización de bienes colectivos. Dicho de otro modo, sostenida por un horizonte de
autonomía, estas nuevas prácticas sociales abren la posibilidad de ir más allá de las
gestiones exclusivamente estatales o capitalistas de bienes comunes (de Angelis, 2017; Caffentzis y Federici, 2014; Harvey, 2012; Mattei, 2013).
Sin embargo, desde esta aproximación autonomista, surge con cada vez
más fuerza la necesidad de comprender en qué medida esta autonomía se torna posible y
los modos por los cuales estos comunes pueden producirse y expandirse en un contexto de
presión neoliberal y control estatal (Bianchi, 2022). Por eso, Silvia
Federici (2011) apunta al escaso foco que se suele dar a la
reproducción de los comunes y a sus necesidades materiales. De Angelis
(2017) también argumenta cómo los comunes no existen en un espacio abstracto de
relación, sino que actúan dentro de un campo de poder donde prevalecen dinámicas
estatales y de capital. Desde esta misma lógica, Cumbers (2015) se
centra en la crítica sobre la compleja -pero en muchos casos necesaria- relación de los
comunes con el Estado.
Atentos a esta problemática, algunos autores analizan la relación
ambigua entre las instituciones estatales y los comunes urbanos, encontrando
interacciones que oscilan entre el soporte y el antagonismo. Desde una aproximación
antagónica, se identifican dinámicas de cooptación e instrumentalización (Miessen, 2010), además de procesos de explotación, burocratización
(Rendueles y del Río Casasola, 2021), control y despolitización.
También se alerta sobre el riesgo de que la apuesta por lo comunitario sirva como excusa
para retraer la inversión pública en sectores estratégicos (Rendueles y
Subirats, 2016). En el caso de Bueno Aires, se critica además el foco exclusivo
en la formalización, asistencia y tutelaje de actores subalternos (Schamber y Tagliafico, 2021), en la tendencia estatal de
homogeneizar la realidad diversa de los cartoneros (Saidón et al.,
2022) y el riesgo de promover una forma de gobernanza neoliberal que busca
disciplinar a estos actores a través de la retórica participativa (Sternberg, 2013).
Sin embargo, aunque se reconozca la pertinencia de estas críticas,
cada vez más, se analizan experiencias donde el gobierno local también promueve y
facilita la reproducción de los comunes a través de diferentes mecanismos: proveyendo
fondos y horizontes estables, reconociendo políticamente actores subalternos (Gutberlet y Carenzo, 2020), protegiendo tierras y espacios de
procesos especulativos y de gentrificación (Cabré y Andrés, 2018),
entre otras posibilidades. En Buenos Aires, esta realidad se constata en el apoyo
institucional, financiero e infraestructural que han sido fundamentales para el
surgimiento y continuidad de las organizaciones de recuperadores (Carenzo
y Sorroche, 2021).
Sin dejar de lado las contradicciones y tensiones en juego, de modo
general, estos estudios reivindican el potencial de redistribución que el Estado ofrece
a través de sus políticas fiscales y de intervención social (Ferreri y
Vidal, 2022). En el contexto de la basura, reivindican la capacidad de soporte
material y económico del Estado, recordando cómo sus funciones se cruzan y median las
tareas de gestión de los residuos urbanos: el mantenimiento de las calles, los
contenedores, la logística de camiones, etc.
Este artículo adopta una posición que reconoce la posibilidad de una
dinámica entre comunes y el Estado que sea, a la vez, una relación de soporte y
antagónica. Esta posición requiere una aproximación a las representaciones del Estado
más procesual y relacional en lugar de entenderlo como un ente monolítico, independiente
y externo a la sociedad misma. Desde esta visión, las instituciones estatales son un
conjunto de relaciones sociales; el resultado material de fuerzas sociales, siempre en
tensión (Poulantzas, 1978).
Así, aunque la propuesta teórica y política de los comunes aspire
salir de las dualidades público/privada, estudios recientes proponen matizar este marco.
Los comunes urbanos emergen de formas prefigurativas en-contra y más allá del Estado y
del mercado (Caffentzis y Federici, 2014; Cumbers,
2015; Holloway, 2010). Desde un punto de vista práctico,
producir comunes requiere formas organizacionales e institucionales híbridas, siempre
subyugadas a la presión de mercantilización y control estatal en las ciudades
contemporáneas (Ferreri y Vidal, 2022). Esto nos lleva a la necesidad
de una doble estrategia. Por un lado, reconocer el rol de las instituciones estatales
para forzar su provisión de recursos, y, por otro, apropiarse de ellos en favor de una
gestión más justa y democrática de los bienes comunes (Harvey, 2012).
Las formas institucionalizadas de coproducción emergen por tanto como
un terreno fértil para comprender esta estrategia dual. En oposición a las
colaboraciones público-privadas, en la ecuación público-comunitaria se propone una forma
de gobernanza conjunta entre el Estado y actores no-estatales que sea más democrática y
que vaya más allá de las lógicas de privatización del bien común. Desde este prisma, el
presente texto busca analizar cómo estas alianzas se dan en el contexto concreto de la
basura, yendo más allá de una posible visión prescriptiva. Para eso, propone expandir
las visiones más dualistas de la problemática, reconociendo las dinámicas de tensión y
contradicción que coexisten en el modelo porteño. Todo ello desde las necesidades
particulares y concretas del sector del reciclaje.
Diseño metodológico
La investigación sigue una estrategia metodológica de tipo
cualitativo-interpretativo (Alonso, 1998), donde se recoge la experiencia
de cuatro cooperativas involucradas actualmente en el Sistema municipal de recogida de
basura de la Ciudad de Buenos Aires. La selección de las cooperativas ha tenido en cuenta
variables tales como el tamaño de las cooperativas, antigüedad y perfil de sus miembros:
Mi primer día fue un día caótico El análisis de casos concretos y
municipales se justifica por la necesidad de reterritorializar la problemática. Tal y como
argumenta Solíz (2017), los enfoques ecoeficientistas sobre la basura
suelen asumir que los problemas derivados de su gestión son iguales en cualquier lugar y que
pueden resolverse de forma estandarizada. En contraste, territorializar la basura implica
reconocerla como un reflejo de las relaciones entre sociedad y naturaleza, atentos a los
contextos sociohistóricos en los que se produce.
Así, la investigación ha desplegado diferentes fases de recogida de datos
llevadas a cabo entre los años 2023 y 2024. Primeramente, se han realizado visitas a la
cooperativa El Ceibo en octubre de 2023 con el objetivo de comprender las diferentes tareas
realizadas, su organización interna, la logística del sistema y la cadena de producción.
Para eso, se ha utilizado la técnica de entrevistas en movimiento (go-along), donde
diferentes cooperativistas me enseñaron y contaron sus experiencias in situ (Kusenbach, 2003). Las observaciones han sido registradas en un diario de
campo con descripción de conversaciones, prácticas, objetos y espacios, posteriormente
sistematizadas y glosadas.
Además de la observación directa, se ha realizado un trabajo documental
con el objetivo de comprender los cambios de régimen de la basura hasta la cristalización
del modelo actual (Gille, 2007). Así, se ha combinado métodos
cualitativos con la recogida de datos oficiales, incluyendo la evolución del marco
legislativo y de contratos públicos. También se ha tenido en cuenta una reconstrucción
crítica de la experiencia de gestión diferenciada en CABA a través de contenidos producidos
por la prensa local e internacional, las noticias oficiales y los contenidos generados por
las cooperativas en sus redes sociales (Instagram y Facebook). Sobre todo, para las redes,
se ha tomado como unidad de análisis los discursos que articulan demandas colectivas del
sector como, por ejemplo, el aumento de paritarias (Amanecer de los
Cartoneros, 2023) y el pago atrasado de los incentivos a los recuperadores urbanos
(Amanecer de los Cartoneros, 2024) y sus aguinaldos (El
Ceibo, 2024; Las Madreselvas, 2024).
Por último, se ha realizado a lo largo de 2023 y 2024 seis entrevistas
semiestructuradas y en profundidad a miembros de las cooperativas de una a dos horas de
duración. Todas las entrevistas fueron grabadas con consentimiento y posteriormente
transcritas como parte del proceso de análisis. El diseño metodológico buscó una muestra
equilibrada (Tabla 1) que tuviera en cuenta factores claves tales como
género, años trabajados en la cooperativa, cargos asumidos y tareas realizadas. Se ha
entrevistado por tanto a presidentes de cooperativas, personal de equipo técnico, operadores
de planta y cartoneros independientes que hayan trabajado fuera de los centros de
clasificación.
Tabla 1 Entrevistas realizadas
| N.º |
Sexo |
Cargo actual
|
| E01 |
F |
Operadora de
planta - Cooperativa El Ceibo |
| E02 |
F |
Equipo
técnico - Cooperativa Las Madreselvas |
| E03 |
M |
Equipo
técnico - Cooperativa Amanecer de los Cartoneros |
| E04 |
M |
Comisión
Directiva - Cooperativa Primavera |
| E05 |
F |
Coordinadora
de sector - Cooperativa Amanecer de los Cartoneros |
| E06 |
M |
Comisión
Directiva - Cooperativa El Ceibo |
La estructura de las entrevistas articula tres planos que se mueven desde
lo individual (historia de vida y trayectoria política del entrevistado), organizacional
(historia y organización interna de la cooperativa) e institucional (relación con el
gobierno local). A su vez, estos planos se concretan en cuatro bloques temáticos trabajados:
(1) presentación y descripción de la historia y estado actual de la cooperativa; (2)
descripción de su organización y gobernanza interna; (3) descripción del modelo actual de
gobernanza colaborativa, incluyendo los recursos proveídos por el gobierno local; (4)
evaluación del modelo, teniendo en cuenta los puntos positivos, retos, demandas y horizontes
futuros.
En las próximas secciones el artículo desarrolla los resultados de esta
investigación. Empieza con una breve contextualización histórica y social de la gestión de
la basura en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de entender las condiciones de
posibilidad de esta política. Para ello, se utiliza el concepto de régimen de la basura, o
waste regime (Gille, 2007) originalmente en inglés, donde se
analizan las diferentes instituciones sociales que regulan la producción y circulación de
residuos, determinando qué residuos son valiosos para una determinada sociedad.
Régimen de la basura en Buenos Aires
De los “huecos” al reciclaje inclusivo
La basura producida en Buenos Aires ha pasado por diversas estrategias
de regulación y gestión hasta el modelo actual: los “huecos”, la “quema”, la
incineración y los rellenos sanitarios (Suárez, 1998). En sus
orígenes, en mediados de 1860, la municipalidad contrataba concesionarios privados que
separaban materiales valiosos como bronce, vidrio y huesos para luego realizar la
“quema” en parrillas de hierro al aire libre. Lo que sobraba, la escoria y la ceniza, se
utilizaba para relleno de terrenos. Ya en el siglo XX, esta práctica fue reemplazada por
la incineración total de la basura en usinas y hornos crematorios, sin cualquier
clasificación oficial de los recursos aprovechables. Finalmente, en 1977 se inaugura el
periodo de los rellenos sanitarios, sobre todo tras la creación de la empresa pública
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
De modo resumido, estas cuatro fases permiten entender los cambios en
el régimen de la basura en Buenos Aires, desnaturalizando prácticas que hoy damos por
sentadas. Se evidencian las variaciones en el valor asignado a ciertos materiales
(huesos para manufactura, animales para grasa, o cenizas para relleno), además de las
tecnologías utilizadas y sus modos de gobernanza: cremar integralmente la basura o
tratar de recuperar ciertos residuos. También revelan las transformaciones en los
actores que gestionaban oficialmente los residuos, desde los comisarios de manzana
durante el periodo de los huecos, a concesionarios privados y empresas públicas (Suárez, 1998).
A partir de la década de 2000, se produce un cambio significativo en
los actores legitimados para gestionar los residuos en la ciudad. Con la ley 992 de
2003, se incluyen las cooperativas de recicladores en la gestión, destacando a los
llamados "cirujas" como protagonistas del reciclaje en la ciudad y no más como
promotores del desorden. Hasta entonces, el Pliego 14/97 solo permitía recuperar un 10%
de los residuos en la ciudad, y en el resto del Área Metropolitana estaba totalmente
prohibido. Se exigía que todos los desechos se trataran mediante relleno sanitario. La
ley 992 impulsa por tanto un enfoque más firme en la reducción, reutilización y
reciclaje, reflejado también a nivel nacional con la “Estrategia Nacional para la
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos” (Ministerio de Salud y Ambiente, 2005) y que
culmina con la llamada Ley Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley sancionada
en 2005 establece metas para el fin del entierro de desechos y la integración de los
cartoneros al sistema de gestión.
Las formas de ver y regular la basura han cambiado drásticamente desde
los “huecos” hasta un modelo de reciclaje inclusivo. Este cambio ha sido posible gracias
a un conjunto de factores culturales, políticos y económicos, con especial relevancia al
asociativismo del movimiento de cartoneros y otros trabajadores de economía popular. En
gran medida, este cambio de régimen ha sido impulsado desde abajo, especialmente a
finales del siglo XX e inicios de 2000 (Carenzo et al., 2022).
Ley 992, Basura Cero y sus precedentes
La década de 90 en Argentina fue caracterizada por la implementación
de diferentes políticas de corte neoliberal que afectaron profundamente el Estado de
bienestar del país. Durante este período, el desempleo ha aumentado exponencialmente,
llevando a una gran parte de la población al “cartoneo”: una estrategia de supervivencia
que consiste en recoger y vender materiales reciclables encontrados en los residuos
urbanos en espacio público (Paiva, 2013). Si bien esta era una
práctica ya conocida, sobre todo desde la crisis de 2001 se observa su extensión y el
surgimiento de “nuevos cartoneros”: ex-obreros de fábrica y construcción, repositores de
supermercados, empleadas domésticas, costureras o zapateros (Paiva,
2013, p. 152).
La experiencia política de estos nuevos sujetos como líderes de
barrios y sindicalistas surge como un factor fundamental para la organización del sector
y la traducción de sus demandas al campo legislativo (Buldain, 2007).
Durante el período, su función pública también se hizo gradualmente más visible: en 2006
se calculaba que un 97% de los materiales reciclados de CABA eran recuperados por
cartoneros (Pardo et al., 2006). En términos económicos, también es
importante tener en cuenta el aumento de costo de importación debido a la devaluación de
la moneda y el fin de la paridad cambiaria, lo que intensificó la demanda por materiales
reciclados (Schamber, 2010). Por último, las intensas movilizaciones
sociales durante la crisis de 2001 permitieron la transformación de la figura del
cartonero en el campo discursivo, pasando a identificarse como un “trabajador y honrado”
(Adissi, 2004, p. 5), “pobre pero digno” (Paiva,
2013, p. 154). Todas esas condiciones favorables permitieron la incorporación de
los cartoneros - ahora denominados “recuperadores urbanos” - a la recolección
diferenciada, saliendo de una lógica represiva a una lógica inclusiva.
El Sistema de Buenos Aires
El modelo de gestión de residuos secos en la Ciudad de Buenos Aires
actualmente cuenta con 12 cooperativas y aproximadamente 6,500 trabajadores que se
responsabilizan exclusivamente de la recolección de estos residuos. En este modelo, las
cooperativas desarrollan la labor de recolección domiciliaria, además del procesamiento
del material en quince plantas de clasificación (Schamber y Tagliafico,
2021). Para realizar este trabajo, involucran a diferentes trabajadores: los
recuperadores urbanos; los más de 800 operadores de los “centros verdes” y los
“promotores” que se dedican a la labor de educación, puerta en puerta, sobre qué y cómo
reciclar. En la cifra de 6500 trabajadores, también se incluye al personal de logística,
como los choferes de camiones. A cambio de sus servicios, los miembros de las
cooperativas perciben un salario mensual por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, que usualmente ronda los 200 dólares estadounidenses, y pueden obtener
bonificaciones adicionales basadas en su productividad individual en la recolección,
según las definiciones de cada cooperativa. Una vez desarrollada la labor de recolección
y clasificación, las cooperativas venden los materiales con autonomía para la
negociación a clientes potenciales.
Según explican en las páginas oficiales del gobierno, desde el año
2002, la Ciudad ha llevado a cabo este programa con el objetivo principal de “integrar a
los recuperadores urbanos en el sector formal de empleo” (Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, 2021). Por eso, como parte de la iniciativa de
formalización, no solamente reconocen los derechos laborales a los recuperados,
incluyendo cobertura médica, seguro contra accidentes, inscripción en el monotributo
social y el pago de bonificaciones (Schamber y Tagliafico, 2021),
sino que también abarcan la provisión de las infraestructuras y herramientas de trabajo,
como pueden ser uniformes, los bolsones de recogida, camiones, o la provisión de
espacios acondicionados para la tarea de selección -los llamados “centros verdes”- que
anteriormente se realizaban en vía pública. Actualmente la Ciudad cuenta con 16 centros
donde realizar una clasificación de modo más seguro y eficiente y que se otorga a las
cooperativas como comodato por tiempo indeterminado. A pesar de ser considerado por
muchos como un modelo de relativo éxito -sobre todo en su política de inclusión de
recuperadores (Saidón et al., 2020)- la innovación no deja de
convivir con contradicciones, conflictos y retos importantes.
Gestión público-comunitaria: tensiones y dilemas
“La relación con el gobierno siempre es una puja o una pelea”, me cuenta
una integrante de la Cooperativa Amanecer Cartonero (E05). Con esta afirmación, la
cooperativista expresa cómo la política y el disenso son dimensiones constitutivas
fundamentales de la llamada gestión público-comunitaria. Los estudios sobre gestión
público-comunitaria, o coproducción en general, suelen centrar su análisis en el proceso
técnico, orientado a la mera eficiencia y entrega de servicios públicos (Goodwin, 2019). Asimismo, conceptos tales como “gobernanza colaborativa”
o “alianza público-comunitaria” tienden a evocar imágenes de interacciones pacíficas y
consensuadas. Sin embargo, los resultados de esta investigación revelan la coproducción como
un proceso inherentemente político (Goodwin et al., 2022), donde su
dimensión conflictiva y antagónica son claves (Mouffe, 2005).
Esta sección analiza las tensiones que rodean este modelo, explorando los
diferentes intereses y objetivos que emergen de interacciones con lo comunitario, el Estado
y el mercado. Este enfoque subraya que no existe un "bien común" predeterminado perseguido
por cooperativas y el gobierno. Las alianzas entre el Estado y las cooperativas surgen de
alineamientos políticos, sujetos a fuerzas contradictorias y constantes presiones de
mercantilización (Ferreri y Vidal, 2022). Además, reconoce que los
sectores populares no solo ven la coproducción como un acceso a servicios públicos, sino
como una herramienta para reconfigurar relaciones de poder y fortalecer sus derechos
sociales y políticos (Mitlin, 2008).
Elementos fundacionales: definiendo lo comunitario
En agosto de 2024 me reuní con el presidente de la cooperativa El
Ceibo, quién me cuenta la historia de la cooperativa:
Todo nace más o menos en 1989, con la hiperinflación
acá de Argentina. Mi mamá y mi papá, que son los fundadores de la 'cope', lo que
hacían era salir a revolver la bolsa de basura para buscar algún recurso para vender
y darnos de comer (E06).
Sin embargo, tal y como me cuenta, durante los años 2000 “se dieron
cuenta que había muchas personas en el barrio de Palermo que hacían lo mismo de manera
individual. Para sobrevivir, revolvían la bolsa basura y eran perseguidos por la
policía”. Para el entrevistado, eso fue “la clave que cambió todo”. Desde este momento,
empezaron a organizarse y a construir lo que hoy se conoce como la cooperativa El Ceibo.
El origen de El Ceibo se asemeja al de otras cooperativas que tienen
su historia marcada por la supervivencia diaria por las calles de Buenos Aires. Su
memoria colectiva, forjada desde estas experiencias, dan el tono inclusivo del modelo de
gestión porteño. Tal y como relata el presidente de la cooperativa, la clave de su
origen - así como el de otras cooperativas - está en su sensibilidad colectiva: en darse
cuenta de que la experiencia de sus fundadores era compartida por miles de otras
personas. Desde esta experiencia concreta, emerge la vocación comunitaria de la
cooperativa y su objetivo prioritario: “dar recurso a los compañeros que lo están
pasando mal” (E04). Así, de modo resumido, el presidente afirma: “El Ceibo siempre se
mantiene independiente, pero no indiferente. Siempre que hay una problemática social,
estamos” (E06).
Esta realidad construye la singularidad de un modelo de gestión de la
basura que emerge de trayectorias personales de lucha política y supervivencia, buscando
formalizar, remunerar de forma justa y dignificar los recolectores informales. En este
sentido, el carácter popular de la experiencia se añade y se articula al objetivo de
inclusión social. Esto se ha revelado en diferentes discursos. Por ejemplo, durante una
entrevista, he preguntado a un cooperativista sobre la diferencia en los modos de
gestionar los residuos a través de una empresa y una cooperativa, a lo que me contestó
prontamente: “el reciclado con inclusión social” (E03). Para él, esto significaba el
“hecho de que las cooperativas puedan contener a una masa de trabajadores”. Es decir,
trabajadores que “si no fuese porque están organizadas en esta estructura, estarían por
fuera del sistema”. A esta idea añade:
La mayoría de la gente no tiene y no tuvo nunca las
condiciones materiales para profesionalizarse o estudiar siquiera. Hay muchos
compañeros que son analfabetos y no podrían estar trabajando en otras estructuras
económicas o sistemas de trabajo si no fuera por el cooperativismo, esta estructura
que ellos inventaron (E03).
Como se observa en este discurso, el modelo porteño se caracteriza
como un reciclaje inclusivo estrictamente asociado a la noción de economía popular.
Surge como una estrategia creativa de supervivencia capaz de denunciar las fisuras del
sistema de producción y consumo contemporáneo. La articulación entre reciclaje,
inclusión social y economía popular son por tanto claves para comprender la producción y
circulación de la basura en la ciudad: un problema que va más allá de una cuestión
meramente técnica o tecnológica y que, aquí, rearticula en su discurso la esfera
económica, política y social inherente a la crisis de la basura. Además, el reclamo de
la basura como bien común se hace ver a través de estas demandas que ponen en cuestión
la propiedad y los derechos sobre los residuos urbanos.
A este objetivo se suma una sensibilidad ambiental. Para el presidente
de la cooperativa el Ceibo, esta preocupación surge como el resultado indirecto de uno
de los principales objetivos de su cooperativa - “dar recursos a los más pobres” (E03) -
pero que enseguida es reapropiado y acogido por un movimiento que busca un
reconocimiento cada vez más amplio. Él me cuenta:
Las cooperativas organizadas empezaron a luchar con
el Gobierno para que reconozca su trabajo, que era un trabajo que además de dar
recursos a los más pobres, estaba cuidando el medio ambiente, que es algo que al
principio no se entendía bien, porque solo ellos querían buscar reciclados para
comer. Después, como te digo, tantos años del mismo trabajo, conociendo gente muy
inteligente, muy capacitada, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era un
bien por el planeta, no solamente generando recursos para ellos (E03).
Además de estos objetivos, es importante tener en cuenta la
conformación del ethos solidario que guía las prácticas de las cooperativas. Con
ethos nos referimos a un conjunto de valores y moralidades que orientan el
comportamiento económico y social de las entidades, además de organizar las emociones de
sus miembros (Bateson, 1958). Este ethos se refleja en las diferentes
acciones de barrio organizadas por las cooperativas que buscan ir más allá de la
provisión de recursos económicos a los recuperadores. Por ejemplo, una interlocutora me
cuenta cómo su cooperativa organiza “ollas populares” para “los compañeros que están en
la calle” (E05), además de realizar acciones en conjunto con otras organizaciones para
tratar cuestiones de adicción. En este sentido, esta cooperativista también resalta la
importancia de las guarderías que han construido para los hijos de sus trabajadores:
Tratamos de hacer todo lo posible para que los
chicos sigan teniendo su copa de leche, su alimentación y que cada compañero sepa
que cuando va a dejar su hijo, ahí está cuidado y va a llegar realimentado. Que el
compañero pueda trabajar tranquilo sabiendo que el chico no está solo en su casa
(E05).
Yendo más allá de una lógica empresarial, las cooperativas despliegan
un conjunto de sensibilidades hacia la situación concreta de sus miembros, trabajando
con una visión más integral de su bienestar. Esta solidaridad se concreta además en la
demanda de integración de cartoneros independientes que actualmente no están asociados a
ninguna cooperativa y se encuentran fuera del convenio con el gobierno, es decir, “fuera
del sistema”. Estos actores suelen depender del circuito de comercialización privado,
donde venden diariamente a galponeros por precios más bajos, enfrentando precariedad
laboral, largas jornadas y exclusión del sistema formal. Frente a esta vulnerabilidad,
las cooperativas buscan integrar a los cartoneros en plantas de procesamiento o en el
circuito de comercialización colectiva, sin intermediarios, además de presionar por la
ampliación del cupo de recuperadores en el convenio con el GCBA.
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Así, en contraste a una lógica competitiva, una entrevistada comparte que su modelo
ideal de cooperativa sería “la integración de todos los compañeros que tenemos sin
sueldo” (E05).
Con todo ello, se reconoce la dimensión popular, inclusiva y solidaria
como característica fundacional de las cooperativas de reciclaje en Buenos Aires. Son el
motivo para su creación y justifican su continuidad hasta la fecha; orientan en gran
medida sus prácticas y objetivos, dotando de un acento diferenciado a la gestión de los
residuos urbanos. Sin embargo, tal y como se argumenta en este artículo, la alianza
público-comunitario combina múltiples lógicas más allá de sólo este carácter social. En
concreto, la colaboración con las administraciones locales da origen a una relación
ambigua con el Estado que, por un lado, facilita su objetivo inclusivo y, por otro, pone
límites.
Mecanismos de facilitación
“Hoy por hoy hacemos toda una parte que es muy importante, pero hay
cosas que necesariamente tenemos que estar vinculados con el Estado porque representan
un costo muy alto y por supuesto que, hoy por hoy, no podemos afrontar” (E06). Así
defiende un miembro de una de las cooperativas su relación con el gobierno. Desde esta
perspectiva, se identifica la función del Estado, en este contexto, como una
infraestructura de escala fundamental que posibilita la emergencia, el sostenimiento y
la expansión de prácticas comunitarias. Sobre todo, permite a las cooperativas hacer
frente a retos importantes dentro del sector del reciclaje.
El primer gran reto es la logística. Especialmente en el sector de
limpieza urbana, existe un complejo despliegue de materiales y personas necesarias para
realizar un trabajo minucioso que empieza en recogidas puerta a puerta: cubos de basura,
camiones, plantas de clasificación, cintas y enfardadoras, entre muchos otros elementos.
En este escenario, el Estado juega un rol logístico clave con su presencia capilar en
diferentes contextos (municipal, estatal, nacional y global), junto a una
infraestructura extendida por el territorio.
Además, el reciclaje de residuos sólidos suele necesitar una inversión
de capital inicial bastante elevada para la adquisición de, por ejemplo, cintas y
prensas. Las maquinarias y tecnologías necesarias - así como su mantenimiento,
conocimiento técnico y manejo seguro - suelen ser por tanto un importante obstáculo que
se ve facilitado por la capacidad de inversión del Estado. En el caso de un modelo de
reciclaje inclusivo, hay que tener en cuenta cómo esa dificultad se ve aumentada al
lidiar con trabajadores que buscan en el reciclaje sobre todo un modo de subsistencia.
En este sentido, también es importante considerar la estabilidad salarial que provee la
administración. Por último, el requerimiento de amplios espacios para el desarrollo de
una extensa cadena también pone la cuestión de la propiedad y el terreno como un
importante desafío que, además, en este sector, afronta altas exigencias sanitarias.
Estas necesidades materiales, económicas, logísticas e
infraestructurales del sector se imponen como condición de posibilidad clave para la
escalabilidad de las cooperativas. En el modelo de gestión público-comunitaria de Buenos
Aires, estas cuestiones consiguen ser resueltas - aunque de modo frágil y provisorio -
por la infraestructura estatal que, aquí, emerge como un facilitador crucial. Sin
embargo, recibir estas aportaciones conlleva una relación de dependencia y pérdida de
control de los medios de producción con importantes impactos políticos. El Estado es
capaz de lanzar mano de instrumentos legales y burocráticos - como por ejemplo nuevas
licitaciones - para renovar y actualizar las herramientas de trabajo, o bien agilizar o
retrasar su mantenimiento. En la siguiente sección discutimos la política de
mantenimiento como uno de los principales impactos de esta relación que pasa de la
facilitación y conveniencia a la obstrucción y el antagonismo.
Políticas de mantenimiento
Durante la noche del día 3 de febrero de 2024, el centro de reciclaje
de Barracas, en Buenos Aires, prendió fuego. La planta era gestionada por la cooperativa
Amanecer de los Cartoneros, nucleaba alrededor de 2000 trabajadores y procesaba cerca de
1500 toneladas de materiales por mes. Después del incendio, la planta se perdió por
completo. Aunque las investigaciones siguen en curso, se denuncia la existencia de
informes de más de dos años remitidos al gobierno local donde se demuestran deficiencias
en la red de incendio que podrían haber evitado la dimensión de la tragedia.
Este triste episodio pone de relieve la importancia de las
infraestructuras para la producción y reproducción de las cooperativas. Es cierto que la
vida urbana moderna a menudo ignora las redes que sostienen la ciudad, como tuberías y
cables. Sin embargo, en momentos de crisis, estas infraestructuras muchas veces
subterráneas se hacen visibles, mostrando las desigualdades y la política detrás de los
flujos y conexiones urbanas (Graham, 2010). Al final, ¿por qué
algunas infraestructuras logran mantenerse intactas, mientras que otras colapsan?
En esta sección se argumenta cómo la política de mantenimiento y
reparación de infraestructura es un punto de fricción constante de la gestión
público-comunitaria de Buenos Aires y uno de los retos principales para su reproducción.
Como parte del convenio firmado, el municipio es responsable no solo de proveer, sino de
mantener en condiciones las maquinarias, vestimentas y edificios para el trabajo
de clasificación. Sin embargo, desde la perspectiva del trabajo diario de sus
operadores, sobre todo en los últimos años, este acuerdo no viene siendo cumplido. En
este sentido, una cooperativista nos cuenta:
Los camiones son del Gobierno de la ciudad. El
centro de reciclado y las maquinarias que hay en el centro de reciclado, y el
mantenimiento de esas maquinarias, y de toda la infraestructura del centro, es del
Gobierno de la Ciudad. Entonces, qué pasa…Por ejemplo, en este momento la
enfardadora principal de la cooperativa está rota y necesita un mantenimiento serio
porque tiene mucho uso (…). El mantenimiento de esa maquinaria no es bueno. No tuvo
una puesta a punto de la máquina en más de 9 años (E02).
Aunque este problema se pueda leer como una cuestión meramente técnica
(una máquina rota o un cambio de aceite atrasado), no es una cuestión menor,
principalmente al tratarse de un modelo inclusivo y popular de reciclaje. Como denuncia
la nota de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, tras el incendio de la planta de
Barracas, sus recuperadores se han quedado “sin su fuente de laburo” (Revista Cítrica, 2024). En este contexto, la ruptura de las
infraestructuras tiene un doble impacto que no solo afecta al servicio de recogida de
basura y reciclaje. Afecta, además, sobre todo al ingreso económico de trabajadores de
economía popular, generando inestabilidad laboral y las referencias necesarias para
desarrollar sus vidas.
Como resultado, el desprecio al mantenimiento y el incumplimiento del
acuerdo revela un desfase en los modos de interpretar los arreglos y tareas de
mantenimiento. Si para el Estado esto puede ser percibido como una simple cuestión de
reparación técnica, para los cooperativistas tiene una dimensión de insulto moral en la
medida que no se reconoce su labor y dignidad como ciudadanos (Cardoso de
Oliveira, 2011). Una conversación que mantuve con una cooperativista refleja
esta dimensión. Cuando empecé a hablar con ella sobre el incendio, al instante empezó a
toser y se disculpó: “Perdón, me ataca la tos. Cuando me pongo nerviosa me pasa eso.” En
seguida, me explicó la emocionalidad que invierte en el proyecto:
Es algo que me duele en lo personal porque todo lo
que nos costó conseguir eso ¿me entendés? y porque un tipo no pone la firma, o
porque no hace las cosas que tiene que hacer, hoy por hoy nosotros estamos sufriendo
un montón de consecuencias.
Y, por último, finaliza: “la verdad es que no le estamos haciendo un
perjuicio, le estamos dando un beneficio a la ciudad, al medio ambiente, que creamos
algo de la nada, un ingreso de la nada ¿me entendés?” (E05).
El incendio de Barracas no es nada más que el resultado de una cadena
de reclamos respecto al mantenimiento de las plantas de reciclaje, averías y
deficiencias. Tal y como argumenta esta cooperativista, si para el gobierno el
mantenimiento puede ser visto como un gasto, un “perjuicio”, para ellas es la condición
material de su trabajo, además de un beneficio para la ciudad. Para otro miembro, “si
eso funcionara como debería funcionar, las condiciones de trabajo serían otras. Sería
más productivo el trabajo y habría más ingresos” (E02).
Con la misma indignación, otro entrevistado también percibe el
deterioro de las instalaciones y lo interpreta, no como un descuido arbitrario, sino más
bien como una falta de apoyo e interés estratégico: “Es un deterioro que se da ahora más
que antes. Antes funcionaba bastante mejor, había mayor armonía con el Gobierno de la
Ciudad. Ahora no, no están muy interesados en que funcione, me parece” (E06). Y en esta
misma lógica, opina: “Evidentemente las decisiones las toman las personas y por ahí sí,
si a un gobierno no le interesa mucho el reciclado, las copes, nos va a perjudicar, eso
es evidente...” (E06).
Todo ello supone una tensión estructural en el modelo de gestión
público-comunitario, donde el Estado surge como un proveedor fundamental, al tiempo que
reproductor de una relación interdependiente desigual. En este sentido, la política de
mantenimiento juega un papel central en las dinámicas asimétricas entre cooperativa y
Estado en la medida que genera dependencias a largo plazo y retira el control de las
cooperativas sobre sus medios de producción. En otras palabras, aunque exista un
inversión y soporte inicial por parte del Estado, si el mantenimiento de las
infraestructuras no es garantizado, el modelo abre espacio para arbitrariedades
políticas y cambios de apoyo a las iniciativas. A su vez, esta inconstancia en las
políticas de infraestructura y mantenimiento urbano se ve además afectada por la
reconfiguración del Estado neoliberal que incluye nuevos actores, intereses y lógicas a
la ecuación público-comunitaria.
La persistencia de lo mercantil
Como destacan diferentes autores, en los modos de gobernanza
neoliberal el Estado no debilita su "voluntad de gobernar". En su lugar, permite la
gobernanza a través de una red extensa y descentralizada de actores que exceden el
aparato estatal formal (Rose y Miller, 1992). Lo hace promoviendo la
autorregulación individualizada y vinculando a expertos dispersos en diferentes sitios
mediante técnicas de cálculo, estandarización y objetivación de los sujetos. A su vez,
este modo de gobernanza en el contexto urbano se ve caracterizado, no por la retirada
del Estado frente al capital, sino como un inductor y facilitador de su acumulación a
través de diferentes herramientas legales tales como la flexibilización de regulaciones,
inversiones localizadas, entre otras medidas. La externalización de servicios centrales
a iniciativas privadas caracteriza esta forma de gobierno cada vez más fragmentada y
descentralizada.
El impacto de esta lógica se hace presente en la desconstrucción de la
visión singular de “Estado” al referirse a la gestión público-comunitaria. Cada vez más,
el Estado orquestra diferentes entidades privadas que llevan a cabo gran parte de sus
funciones. En la práctica, en Buenos Aires identificamos la externalización de las
funciones de mantenimiento a través de diferentes licitaciones que dotan el proceso de
una alta complejidad y una creciente dificultad de seguimiento. Por ejemplo, al
solicitar a una interlocutora las licitaciones de mantenimiento, me remite a tres
ejemplos y seguidamente deja de enviarme la documentación: “es así hasta el infinito…
con los privados hay por cada tema una licitación distinta” (E02). Durante una
entrevista también me cuenta:
Si buscas lo que son las licitaciones públicas del Gobierno de la
Ciudad vas a encontrar una licitación para los bolsones, otra licitación para los
uniformes que usan los cartoneros en la calle, otra licitación para mantenimiento de
centro verde, otra para mantenimiento de la enfardadora, otra para mantenimiento de la
cinta… (E02).
Desde cerca, es posible identificar que las empresas privadas siguen
estando presentes en la gestión de la basura, aunque de forma más invisibilizada. Se
encargan de actividades aparentemente “menores”, pero que son, sin embargo,
imprescindibles para que la cadena de reciclaje funcione efectivamente. Además, las
dinámicas mercantiles globales y nacionales también afectan al sector. En concreto, las
políticas de precios del material reciclado e importaciones son definidas a partir de
relaciones nacionales y globales. En este sentido, interlocutores denuncian que las
recientes aperturas a la importación del gobierno de Javier Milei están generando una
auténtica crisis por la bajada de precio de material. Según una entrevistada, “nos están
matando” (E05). Para tener una idea, en julio de 2024 se pagaba solamente 60 pesos por
el kilo de cartón, mientras que en los meses anteriores se pagaba 200. Sumada a esta
política de precios, se observa cómo las dinámicas geopolíticas también dictan el costo
y la disponibilidad restricta de tecnologías cruciales para el reciclaje en el Sur
global.
Todos estos límites evidencian la persistencia de lógicas neoliberales
y mercantiles en las formas de gestión público-comunitarias. Nos recuerdan que la
emergencia de estos modelos no está exenta de estas ideologías, sino que se desarrollan
dentro de un campo de poder. Así, esta ideología mercantil compone, junto los demás
objetivos y valores discutidos en el artículo, el conjunto de lógicas y fricciones que
coexisten en el modelo porteño de reciclaje. Tal y como resalta el artículo, estas
fricciones surgen a raíz de un modo de gobernanza que articula interacciones
comunitarias y estatales - pero también de mercado -, dentro de una estructura de poder
desigual.
