Desde que Suecia se definiera como un país con política exterior feminista, en 2014, otros países han seguido esta auto-catalogación para alinearse con una voz más crítica hacia las violencias que sufrimos las mujeres y generar cambios en los programas de desarrollo social con la finalidad de notar un verdadero impacto en la igualdad de género. A Suecia, Canadá, Francia y Noruega, se sumó México en 2019, cuando su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en una sesión de las Asambleas Generales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compartió que México se asumía como un país feminista y, por lo tanto, impulsaría una política exterior feminista. Al año siguiente se presentarían las bases de dicha política en cinco pilares: una política exterior con perspectiva de género y agenda feminista exterior plus, una Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) paritaria, una SRE libre de violencia y segura para todas, igualdad visible y una SRE feminista interseccional (SRE, 2020).

Aunque México cuenta con leyes que promueven la igualdad, sea el caso de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), y también ha firmado varios tratados internacionales donde se compromete a abordar las violencias y desigualdades de género, como por ejemplo la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer (Bogotá, 1948), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres (Nueva York, 1979) o la Convención de Belem do Pará (Brasil, 1994), este anuncio daría a México la etiqueta del primer país feminista en América Latina. Esto generó interrogantes sobre qué significaría constituirse como un gobierno feminista, cómo se dibujaría el diálogo con las demandas feministas y, por tanto, cuáles serían los cambios en la política de género. Además, se mantuvo la expectativa en torno a las acciones que se impulsarían al interior del país para coincidir y triangular una política feminista tanto dentro como fuera de casa (Hernández, 2024).

El caso mexicano es relevante para América Latina por ser esta región uno de los escenarios más visibles del incremento y masificación de marchas feministas en la última década. Las denuncias de las manifestaciones en diversas partes de Latinoamérica han sido muy claras: aborto seguro y legal, seguridad ante el incremento de feminicidios y cero impunidades a violadores y feminicidas. En las grandes ciudades de México, el escenario más característico del movimiento feminista ha sido la calle, llegando a enfrentamientos con la policía y subrayándose un protagonismo estudiantil (Álvarez, 2020).

De este modo, el movimiento feminista ha sido el principal desafío desde la izquierda para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien cuando era candidato se caracterizó por la ambigüedad de sus propuestas para mejorar la situación de las mujeres. Ya como presidente, ante las olas de marchas y protestas feministas su constante ha sido criminalizarlas (Cerva-Cerna, 2021), siendo la respuesta de las colectivas feministas una mayor unidad y nuevas estrategias para visibilizar el hartazgo y la urgencia de un cambio (Sinche y Verdú, 2024). En palabras de AMLO, él considera que su gobierno “es feminista, eso ya se logró… Ya alcanzamos que sea realidad el feminismo” (Presidencia del Gobierno de México, 2023). Bajo esta lógica presidencial, las protestas no tienen razón de ser. Para AMLO su gobierno fue feminista y los movimientos feministas de su país fueron conservadores (Maldonado, 2021). Frente a eso, miles de mujeres exigieron a AMLO en una carta pública, a principios del 2021, el cese de las descalificaciones hacia sus voces y de la protección de feminicidas y acosadores, obteniendo silencio por respuesta (Moreno, 2021).

En esta investigación nos preguntamos si las acciones del gobierno de AMLO guardan correspondencia con sus palabras, para lo cual analizamos tres ámbitos de acción estatal-federal que han sido objeto constante de las demandas feministas del país: desarrollo social (igualdad de género), seguridad pública (seguridad y justicia) y salud pública (aborto libre, seguro y gratuito). Nuestro objetivo fue evaluar, con base en evidencia, qué efectos han tenido estas políticas federales (2018-2024) en el bienestar de las mujeres mexicanas.

Feminismo y gobierno

En este artículo partimos de la siguiente premisa: la política feminista debe ir de la mano de la justicia de género (Fraser, 2013) y debe elaborarse, aplicarse y evaluarse a partir de las demandas colectivas de las mujeres. Por lo tanto, si un gobierno es feminista, toda política, mirada, posicionamiento y acciones que encamine estarán aliadas a las demandas feministas de su país. Un gobierno feminista, y, por ende, su política interna y exterior, lee las desigualdades, brechas y violencias desde la justicia de género, analizando los ejes clave de necesidades sentidas y expuestas por las mujeres a partir de un diálogo constante, flexible y abierto con ellas y desde un abordaje interseccional que resalte la discriminación por género, etnia, edad, (dis)capacidades, clase social o estatus económico. Esta mirada hacia las realidades de las mujeres es respetuosa con los sentires y las denuncias de éstas y no niega el androcentrismo en la vida cotidiana, en las familias, en los espacios laborales ni en las instituciones. Busca la autonomía, la independencia, el empoderamiento y la agencia para que las relaciones entre mujeres y hombres sean igualitarias. El desarrollo integral de toda la población, bajo el acceso a oportunidades laborales, educativas, sociales, económicas, de salud y de participación política, y bajo políticas de cuidado, de seguridad y de igualdad, debe ser la meta de un gobierno feminista, pasando por elaborar diagnósticos sociales, implementar acciones, programas y planes y evaluar las políticas con perspectiva de género.

En definitiva, un gobierno feminista es aquel que está sensibilizado con la justicia de género y su ambición es transformar el sistema heteropatriarcal y las relaciones de poder para que la equidad de género y el bienestar de las mujeres sea una realidad. Es complejo y tal vez imposible consensuar una sola definición de lo que es un gobierno feminista, tomando en cuenta el reciente arribo de la política exterior feminista, así como el abanico de diversos feminismos y sus luchas. Este término sigue siendo vago y polémico, además de generar confusión en la diferencia que hay entre un gobierno feminista, una política exterior feminista y la política de género de un país (Mesa, 2023). La incorporación del feminismo al lenguaje gubernamental contemporáneo ha sido ampliamente estudiada por Fraser (2013), quien observa que el “relativo éxito del movimiento para transformar la cultura está en agudo contraste con su relativo fracaso para transformar las instituciones” (p. 210). El aparato estatal, como tal, es androcéntrico, aunque haya avances en cuanto a las cuotas de género en los órganos de decisión y al liderazgo de mujeres. Su estructura lógica y de acción se fundamentan en una complejidad epistémica que aún se resiste al feminismo, construyendo barreras para las mujeres femócratas (Reyes-Householder y Roque, 2019; Rodríguez, 2024) y límites poderosos para posicionarse como un interlocutor de las demandas feministas (Anzorena, 2019).

Hay una verticalidad hiriente entre las ideas y haceres feministas desde las instituciones y los posicionamientos feministas populares, ampliando la brecha entre estas dos posturas cuando el feminismo hegemónico, que tiene el control de los recursos y las decisiones, no escucha las voces de otras mujeres (Matos y Paradis, 2013). Hablar de feminismos implica incursionar obligadamente por la diversidad de luchas de las mujeres, por lo que el diálogo se complejiza (y enriquece) desde la inclusión y las miradas interseccionales.

La experiencia encarnada de las mujeres es el motor de cualquier gobierno feminista, porque la epistemología construida a partir de las vivencias propias y las dudas críticas de las mujeres en las distintas realidades es inherente a la elaboración de políticas de género con sensibilidad a los problemas sociales (Smith, 2012). En síntesis, la política feminista la hacen las mujeres de acuerdo con sus necesidades e intereses de mejora, viene de abajo hacia arriba, y la implementa el gobierno como catalizador público de la demanda popular.

Planteamiento metodológico

A la luz de la postura conceptualizada en el apartado anterior, una pregunta clave es si el gobierno de AMLO puede definirse como feminista. Para responder, podría realizarse una evaluación idealista que toma como referencia “las características ideales sobre cómo debe organizarse una sociedad” y analice en qué medida “los cambios traídos por las políticas nos acercan a ese ideal” (Fernandes, 2023, p. 200). Sin embargo, este artículo no pretende calificar al oficialismo utilizando nuestras preferencias políticas como estándar de evaluación. Lejos de ello, aquí hacemos una evaluación pragmática, cuyo punto de partida es “el estado social prevaleciente” y analiza en qué medida “el nuevo estado social (post-implementación de políticas) es considerado mejor que el previo estado (pre-implementación)” (Fernandes, 2023, p. 200).

A fin de controlar la distorsión potencial de nuestro propio sesgo o preferencia política, aquí optamos por evaluar las políticas oficiales en sus propios términos, identificando sus programas e instituciones específicas, así como los datos (o evidencia) generados por ellas mismas. Aun así, el balance con base en evidencia que aquí presentamos no presume ni pretende ser neutral. La evaluación de políticas públicas contemporánea por fin reconoce que las arenas políticas “inherentemente incentivan usos sesgados de la evidencia” (Parkhurst, 2017, p. 79). El sesgo debe ser reconocido para poder avanzar en el conocimiento.

Dentro de la tradición cualitativa, este artículo pertenece al género de indagación crítica, cuyo fin es “analizar y revelar injusticias sociales” (Saldaña, 2011, p. 20). La persona que investiga desde un enfoque cualitativo “no es una observadora objetiva, políticamente neutral, colocada afuera y por encima del mundo social”, sino que “está histórica y localmente situada dentro de los mismos procesos bajo estudio” (Denzin, 2017, p. 12). En este sentido, no hay una sola vía exitosa para evaluar la política de género y cualquier revisión feminista debe mostrar su utilidad a las y los diferentes agentes sociales y políticos para mejorar la atención de los problemas sociales (Hay et al., 2012).

En la confección de este trabajo, identificamos dos factores de complejidad: a) no existe una conceptualización única feminista respecto a términos clave como desarrollo, equidad o bienestar (Espinosa, 2014) y b) hay escasez de diagnósticos que aborden el panorama multicausal de las desigualdades estructurales (Espinosa-Fajardo y Bustelo, 2019). Debido a la falta de diagnósticos en México, nos dimos a la tarea de dimensionar cómo está la situación de las mujeres en el país, a través de un ejercicio de reflexión sobre las áreas más urgentes, pues partimos de que una evaluación no se puede reducir a un chequeo de cumplimientos en términos numéricos que deje fuera la calidad y la opinión de quienes son las protagonistas de estas acciones por la igualdad de género (Espinosa y Tamargo, 2015). En México las reivindicaciones feministas se reflejan mayormente en carteles, en las marchas y en espacios de denuncia varios. Las demandas más salientes son: i) la igualdad de género, ii) el fin a la violencia misógina y iii) la despenalización del aborto. Cada demanda guarda relación directa con un ámbito de acción diferente del Estado federal mexicano: 1) desarrollo social, 2) seguridad pública y 3) salud pública. En la Tabla 1, desplegamos la operacionalización de estos ejes partiendo de las demandas feministas hasta el nivel de las fuentes de datos.

Para cada ámbito de acción federal recabamos evidencia siguiendo tres pasos: I) identificación de la/s política/s pública/s de cada eje, II) evolución del presupuesto dedicado a ellas y III) recolección de principales datos de desempeño. Esta auscultación de cifras, presupuestos, acciones y discursos oficiales nos dio pistas para entender los avances y retrocesos sobre la situación de las mujeres mexicanas y la correspondencia entre el discurso y la práctica del progresismo mexicano en materia de género.

Retroceso en política social

Con AMLO, aumentó el gasto del gobierno federal como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), pero disminuyó el gasto en programas sociales como porcentaje del gasto gubernamental. Esto puede observarse en la Tabla 2, donde también se aprecia cómo disminuyó el gasto en programas sociales para mujeres como porcentaje del total de programas sociales.

Desde 2007 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lleva a cabo un seguimiento de la política social emprendida por los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-, aunque sólo desde 2009 registra el presupuesto ejercido. Como es de esperarse, el nivel federal es el de mayor impacto, tanto por su presupuesto como por su obvio alcance geográfico. Aquí se encuentran los programas sociales insignia del gobierno de AMLO como Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida o Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Los primeros balances ya encuentran que en el sexenio no aumentó el gasto federal en política social y que, más aún, éste no ha redundado en una mayor redistribución de la riqueza hacia la población más pobre (Huesca et al., 2020). El panorama no es muy distinto en los programas sociales dirigidos a las mujeres, quienes de por sí enfrentan mayor vulnerabilidad en contextos de pobreza (ONU, 2018).

El gasto en programas y acciones de desarrollo social del Gobierno Federal dirigido específicamente a las mujeres ha disminuido con AMLO, llevándolo a la cifra más baja registrada. Los recortes sucesivos significan que entre 2015 y 2021 este indicador cayó 26%, pasando de 27,148 millones de pesos (mdp) (a precios constantes de 2024) a 20,214 mdp en ese lapso (figura 1). El gasto en el último año del sexenio de AMLO, 2024, siguió por debajo del último año del sexenio anterior, 2018.

Figura 1 Gasto federal en programas sociales para mujeres

Fuente: elaboración propia con datos de Coneval (2025). Para 2009-2023 hallamos el presupuesto efectivamente ejercido y para 2024, el originalmente asignado. Además, sumamos el presupuesto de los Refugios para Mujeres previo a 2020, recopilado por Vázquez (2021), cuando aún no era un programa centralizado monitoreado por el Coneval.

El universo de programas federales dirigidos a mujeres ha experimentado diversos cambios. Algunos han desaparecido, otros han nacido y otros más han modificado su nombre. El listado completo se presenta en la tabla 3, que agrupa los 18 programas sociales que han existido desde 2009, con su actual (o último) nombre. Hoy son 8 los que están vigentes.

La naturaleza de los programas ha variado. En el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron desmantelados los programas que podrían caracterizarse de feminismo neoliberal, en el sentido de concebir al mercado como la vía de solución a la desigualdad de género. Ese enfoque implicaba (y financiaba) a la mujer “microempresaria” o “emprendedora”. Pero también en este periodo desaparecieron los programas concebidos como acciones afirmativas orientadas a las mujeres indígenas. En consecuencia, la mitad de los programas que hoy sobreviven están dirigidos a las “madres”. Los programas restantes están orientados, en general, a la “equidad de género”. Uno más se enfoca en la “violencia de género”.

¿Cuál ha sido la contribución del obradorismo a este panorama? Lejos de crear nuevos programas sociales dirigidos a mujeres, sólo ha reformado algunos de los ya existentes en función de un recorte presupuestario. En la figura 2 se observa el desglose del gasto en estos programas, excluyendo las guarderías para derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), a las que se destina la mayor parte del presupuesto de género. Hasta 2016, el resto de los programas de igualdad de género para la población no asegurada (sin IMSS ni ISSSTE) representaron entre el 33% y el 38% del gasto total en este rubro. En el sexenio de AMLO este porcentaje rondó entre el 18 y el 21%.

Figura 2 Gasto federal en programas sociales para mujeres (sin guarderías del IMSS e ISSSTE)

Fuente: elaboración propia con datos del Coneval (2025). A diferencia de la Figura 1, aquí excluimos los programas de guarderías infantiles del IMSS e ISSSTE. Nomenclatura: (E) emprendedoras, (G) equidad de género, (I) mujeres indígenas, (M) madres, (V) violencia de género.

Aparte del recorte presupuestario generalizado, son tres los cambios que exponemos en orden cronológico. Primero, el programa de “Estancias Infantiles” fue rebautizado en 2019 como “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”. Esta modificación respondió a un recorte presupuestario en el que se dejó de ofrecer el servicio de guardería a las madres que no tienen esta prestación por carecer de afiliación al IMSS o ISSSTE. En vez de ello, el gobierno ofreció una transferencia directa de $1,600 pesos mexicanos bimensual para costear el servicio directamente. Al respecto, el gobierno mexicano declararía que este apoyo podría ser usado para que las madres pagaran a la “abuelita” o a familiares por el cuidado de sus hijos/as (Reporte Índigo, 2019).

Segundo, el “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos” fue transferido a la Secretaría del Bienestar en 2019 y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en 2022. Este programa estuvo antes en manos de la Secretaría de Salud, pero no aparecía en el Inventario Coneval antes de 2020 por carecer de lineamientos operativos. Aquí yace la única innovación.

Tercero, en 2020 fue eliminado el “Seguro de vida para jefas de familia” aduciendo que sus funciones habrían sido sumadas al ya citado “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”. Sin embargo, tal y como ha sido constante bajo el obradorismo, detrás de estos cambios había un recorte. En 2016 el presupuesto combinado de ambos programas alcanzó un pico de 7,140 mdp (a precios constantes de 2024) y durante el gobierno de AMLO, entre 2019 y 2024, se desplomó entre 2,600 y 3,000 mdp.

Aumento de violencias y feminicidios

México es un país donde la violencia en general y la dirigida a las mujeres en particular ha aumentado especialmente a partir de la llamada “guerra contra el narco” declarada en 2006. Este recrudecimiento ha ocurrido a pesar de un aumento al presupuesto de una partida federal específicamente concebida para enfrentar la violencia contra las mujeres (figura 3). Creada en 2011, dicha partida es ejercida por la SEGOB a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Figura 3 Presupuesto para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

Fuente: SHCP (2025b). Ramo 4, partida E015.

Los principales programas y acciones de la Conavim son cuatro: (1) Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, (2) Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), (3) Apoyo para la construcción, equipamiento y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres y (4) Declaratorias de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres. Los primeros dos están dentro de la política social para mujeres bajo el radar del Coneval (discutida en la sección anterior) y tienen su propio presupuesto. Los otros dos, en cambio, están incluidos dentro del presupuesto asignado a la Conavim, que en 2024 (363.6 mdp) fue equivalente a menos de la mitad (44%) del presupuesto combinado del programa de Apoyo a Refugios (485.7 mdp) y del PAIMEF (334 mdp) (CONEVAL, 2023).

Por todo lo anterior, resulta sorprendente que el presupuesto asignado al programa de Alerta por Violencia de Género hacia las Mujeres (AVGM) pasara de 121 mdp en 2021 (SEGOB, 2020) a 105 mdp en 2022 (SEGOB, 2021), cuando este último año registró nueve AVGM más que el año anterior. ¹ De 2019 a 2024 se admitieron 11 solicitudes, las cuales están aún en proceso de resolución, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024a). Además, cabe señalar que en 2021 se denegó la declaratoria de AVGM a una solicitud para todo el territorio nacional.

A juzgar por los propios datos oficiales, estas políticas no han logrado reducir la violencia contra las mujeres, la cual empeoró durante el sexenio obradorista. En la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2021 (ENDIREH), realizada por el INEGI (2022), destacan dos aspectos: a) aumentó la violencia física, psicológica y sexual hacia las mujeres en comparación con los datos de la encuesta anterior (2016), específicamente en los ámbitos escolar, laboral y comunitario, y b) el 78.3% de las mujeres violentadas no denunció ni solicitó ayuda.

En sintonía con estos datos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2025), los casos de violencia familiar han crecido cada año: desde 180,185 casos en 2018 hasta 259,204 en 2024. Aunque el año más violento fue 2023, con 284,203 casos, el pico de violencia lo encontramos en el mes de mayo de 2024 con 27,499 casos. Si nos remitimos a los delitos de violencia de género en todas sus modalidades, encontramos la misma dinámica de aumento constante cada año: de 2,255 casos en 2018 a 6,117 en 2024. Hay un incremento de más del doble de casos al término del sexenio. Asimismo, las cifras de violaciones también fueron en aumento: de 15,322 en 2018 a 19,980 en 2024, destacando un máximo de 23,101 casos y un pico en el mes de mayo de 2,313 mujeres violadas en 2022, en un contexto de impunidad, donde sólo 4 de cada 100 casos de violación es resuelto (México evalúa, 2022). Las llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia se multiplicaron poco más de 3.5 veces entre 2016 y 2024, alcanzando el récord en 2022 (Tabla 4).

También el ciberacoso (violencia digital) fue a más, como puede observarse en la tabla 5, donde también vemos la cifra in crescendo de adolescentes y jóvenes acosadas sexualmente en internet, de las cuales sólo el 11% denuncia (INMUJERES, 2022).

En 2021 el INEGI registró 4,002 asesinatos de mujeres; es decir, 11 en promedio diariamente. Como puede verse en la figura 4, en el sexenio 2018-2024 ocurrió por primera vez que el homicidio de hombres registró un decrecimiento mientras el asesinato de mujeres permaneció casi constante. En 2018, por cada cien mil hombres, fueron asesinados 53.9; para 2023, la tasa se redujo a 42.4. En ese mismo periodo, la tasa de asesinatos por cada cien mil mujeres se mantuvo por arriba de 6 y solo en 2023 disminuyó ligeramente a 5.6.

Figura 4 Tasa de asesinatos por cada cien mil mujeres y hombres

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2023) y CONAPO (2025).

Así, durante el gobierno de AMLO se registró un promedio de 6.1 asesinatos por cada 100,000 mujeres al año, cuando en el sexenio de Peña Nieto (2012-2018) ese indicador dejó un saldo de 4.8 y, antes, en el del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), de 3.7. El feminicidio, la forma más extrema de violencia contra las mujeres, también ha aumentado, como se aprecia en la figura 5 ² , donde se desglosan los tipos de muerte violenta a partir de su registro y clasificación por parte de las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

Figura 5 Muertes violentas registradas de mujeres

Fuente: SESNSP (2025). Esta fuente, a diferencia del INEGI (2023), también registra el homicidio culposo. Sin embargo, el INEGI reporta una cifra de homicidios superior a la suma de feminicidios y homicidios dolosos del SESNSP. Esta discrepancia se explica porque el INEGI, a diferencia del SESNSP, no sólo se alimenta de reportes del sistema de justicia, sino también de las actas de defunción en el sistema de salud y los ministerios públicos.

A lo largo del sexenio de AMLO ocurrió un aumento de los feminicidios en particular y de las muertes violentas en general. Sin embargo, estas cifras oficiales deben valorarse con cautela, pues se detecta una inclinación en dicho sexenio a maquillar la cifra de feminicidios reclasificándolos como homicidios dolosos (Navarrete y Arista, 2022). Paralelamente se ha detectado otra inclinación a reducir la cifra de homicidios dolosos reclasificándolos como culposos (Arista, 2022). En este sentido, véase en la figura 5 el atípico aumento de los homicidios culposos de mujeres en 2022 en relación con los otros dos tipos de muerte violenta. Extrañamente, uno de los años más violentos registrados contra las mujeres, 2022, también vio una reducción de los feminicidios, según los datos oficiales.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM, 2023), de enero de 2019 a enero de 2023 se reconocieron 1,154 asesinatos de mujeres de 0 a 17 años, siendo catalogados como feminicidios 423. El promedio mensual de este indicador sube de 5.3 (durante Peña Nieto) a 8.6 (durante AMLO).

En resumen, las políticas del gobierno de AMLO contra las violencias hacia las mujeres no son nuevas y provienen de sexenios anteriores. El presupuesto no es sustancialmente distinto del pasado y, sin embargo, ha dado peores resultados. La violencia se ha disparado a sus máximos niveles registrados.

Claroscuros en política materna, sexual y reproductiva

En el sexenio 2018-2024 disminuyó el dinero público destinado a la política de salud sexual y reproductiva. La principal institución dedicada al tema, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), tuvo en 2016 (3,981 mdp) un gasto casi 40% mayor que el de 2018 (2,879 mdp) y, a su vez, el gasto de 2018 fue más del doble que en 2022 (1,395 mdp) (véase la figura 6). Todo esto, como preámbulo de un desplome en 2023, cuando los recursos que el CNEGSR pudo ejercer (226 mdp) fueron menos de la sexta parte del año anterior.

Figura 6 Presupuesto para salud reproductiva y gasto del CNEGSR

Fuente: SHCP (2025a) para el gasto del CNEGSR y SHCP (2025b) para el dinero público que, desde 2016, se destina en el Ramo 12 a la partida P020 - Salud materna, sexual y reproductiva.

El programa Salud materna, sexual y reproductiva, orientado al “acceso a la atención oportuna, integral y segura de la salud materna, desde la etapa pregestacional hasta el puerperio”, está asignado al CNEGSR. De modo que la diferencia entre el presupuesto destinado a salud materna, sexual y reproductiva y el gasto del CNESGR es directamente un recorte al dinero congresalmente aprobado para este renglón de la salud pública.

Ante este panorama de recortes, no sorprende la falta de atención a aspectos cruciales de la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres, entre los que destacamos los siguientes: a) la cifra de embarazos adolescentes y de jóvenes (de 15 a 19 años) subió un 30% en México desde 2020 (CONAPO, 2021), ostentando, junto a Colombia, la tasa más alta en América Latina (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2022); b) en 2022 se registró la cifra más alta desde hacía una década de nacimientos (9,185) en menores de 10 a 14 años (CONAPO, 2023); c) en el periodo de 2018-2021 se incrementaron las muertes maternas un 16.7% (CNEGSR, 2021); d) de 2017 a 2021 más del 30% de las mujeres (entre 15 y 49 años) en el país sufrió violencia durante el parto o la cesárea -violencia obstétrica ³ - (INEGI, 2022); e) en la mayoría de las entidades de la república la práctica de los “vientres de alquiler”, también conocida formalmente como maternidad subrogada en un intento por normalizarla, sigue vigente e invisibiliza la vulnerabilidad económica de las mujeres y la desprotección del gobierno a sus ciudadanas.

Además de estos aspectos referentes a la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres, en este artículo nos centramos en la penalización del aborto, objeto de la crítica de las luchas feministas en el país y en la región de América Latina. Contextualizando el tema, en el mundo seis de cada diez embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente y el 45% de estos procedimientos se practican en condiciones no seguras, dejando a cinco millones de mujeres con discapacidades (Organización Mundial de la Salud, 2021). Cada año mueren más de 22,000 mujeres y niñas como consecuencia de abortos inseguros en el mundo (Médicos sin fronteras, 2023) y en México el aborto es considerado una de las cinco causas de muerte materna en el país (Ipas México, 2021).

Ante este panorama, sin duda, el único avance real desde 2018 ha sido la despenalización del aborto. Antes de ese año, sólo la Ciudad de México lo había despenalizado hasta las doce semanas de gestación. De 2019 a 2024 se sumaron otras 19 entidades federativas de las 32 del territorio mexicano (tabla 6) ⁴ , teniendo en cuenta que las 6 últimas (desde octubre de 2024) se enmarcan en el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien da continuidad a la política de Morena (Partido Movimiento de Regeneración Nacional). Al momento de cerrar este artículo, ya en 2025, se habían incorporado a esta lista otros 3 estados: Chihuahua, Campeche y Yucatán.

Los pañuelos verdes y el grito de “¡aborto legal, seguro y gratuito!” han sido la consigna de miles de mujeres que han marchado, y siguen haciéndolo, por las calles de México para exigir el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sexualidades y (no) maternidades. Este avance en la libertad sexual y reproductiva de las mujeres en México no ha sido gracias a AMLO: a finales del 2020 declaró que el tema era polémico y consideró pertinente no posicionarse en torno a la despenalización del aborto, dejándolo en manos de una consulta ciudadana que nunca llegó. Lo cierto es que pudo y no quiso impulsar una reforma constitucional que explícitamente despenalizara el aborto en todo el país, pues su coalición tuvo los votos suficientes para impulsar esta clase de reformas entre 2018 y 2021.

El derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo sólo se ha logrado en los estados donde los amparos interpuestos por las asociaciones feministas han ganado o donde las legisladoras locales escaparon a la lógica del presidente y obtuvieron los votos necesarios en sus Congresos estatales. En el resto de los estados, la criminalización por abortar implica penas de prisión que van desde los 3 meses a los 6 años (excepto Chiapas y Yucatán, que no contemplan medidas carcelarias). La despenalización pudo ser más amplia pero la obstrucción (u omisión) presidencial fue notable, así como de su partido, Morena, que al cierre de su sexenio siguió creciendo hasta sumar 23 de los 32 gobernadores.

Previsiblemente, frente a la despenalización, hubo intentos de blindar jurídicamente al resto de los estados contra este tipo de reformas. Se modificaron constituciones estatales que explícitamente castigaban el aborto. Otra vez, la Presidencia de la República se mantuvo omisa al respecto. Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que, en septiembre de 2021, resolvió que las penas de prisión para las mujeres que interrumpen sus embarazos contradecían la Constitución del país, invalidando así las leyes punitivas del resto de los estados mexicanos. Más aún, la misma SCJN resolvió en septiembre de 2022 que “el derecho a la vida desde la concepción” también es inconstitucional, determinando que los estados no tienen facultad para definir cuándo un feto es persona.

A pesar de que existen 155 centros de aborto seguro en los Servicios Estatales de Salud en todo el país, según el CNEGSR (2024), de acuerdo con las leyes vigentes estatales y con la norma 046 de salud (NOM046) ⁶ , la realidad es que la despenalización del aborto no ha estado acompañada de la creación de espacios seguros para todas las mujeres mexicanas que necesiten interrumpir un embarazo no deseado. Resultado de ello es que en el país hay un movimiento de redes y colectivas feministas independientes que brindan información, apoyo económico y logístico y acompañamiento físico y emocional ante estos procesos.

Progresismo y feminismo: balance provisorio

Atendiendo a que una evaluación pretende ver cómo y dónde se ha perdido el enfoque de género en una política o en las directrices de las acciones por la igualdad de género para mejorar y encaminar las acciones (Bustelo, 2017), este apartado discute cuáles son los déficits y las áreas de oportunidad para articular otra mirada feminista a algunos retos que México enfrenta.

Respecto al primer eje sobre la desigualdad de género, decíamos que entre 2015 y 2021 el presupuesto de los programas sociales dirigidos a mujeres se contrajo en un 26%, decisión muy alejada de los estudios que revelan la relación directa entre financiación e igualdad de género (García et al., 2024). Como parte de ese recorte, el obradorismo desapareció algunos programas y fusionó otros. Tomando en cuenta este panorama, sólo se puede calificar como propaganda la afirmación por parte de la responsable del INMUJERES de que las mujeres indígenas, afrodescendientes y de zonas rurales “son una prioridad en el gobierno de AMLO” (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2020). El Inventario del Coneval no recoge acciones dirigidas a esta población, lo cual se lee como una considerable pérdida de poder e ingresos para las mujeres (Rinaldy, 2021).

La política social hacia la igualdad de género del actual gobierno está marcada por la desaparición de programas, por un subrayado recorte presupuestal y por la falta de tino en los puntos estratégicos donde incidir para brindar bienestar y desarrollo a las mujeres. Hay una alarmante ausencia de acciones específicas para mujeres de comunidades originarias y de zonas rurales, para la sensibilización de los hombres sobre las violencias y para discutir los cuidados como punto relevante en la desigualdad entre mujeres y hombres.

De acuerdo con el eje de las violencias hacia las mujeres, se subraya el subregistro de feminicidios que conduce a interpretar las cifras oficiales apenas como la punta de un iceberg de dimensiones inciertas. Esta afirmación no es un mero recurso retórico de quienes escribimos, sino que debe leerse a contraluz del incremento en la cantidad de personas desaparecidas, otro aspecto del aumento de la violencia en el México de este siglo.

Según datos oficiales, desde 1962 (cuando comienza el registro de personas desaparecidas) hasta 2024 el total de personas desaparecidas y no localizadas asciende a más de 120,374, siendo mujeres el 23% (SEGOB, 2023). Tan solo en el sexenio 2018-2024, desde su inicio (1 de diciembre de 2018) hasta su fin (30 de septiembre de 2024), se registraron 53,662 del total de desapariciones de personas sin localizar. De ellas, 12,605 son mujeres, de las cuales la quinta parte corresponde a la franja etaria entre los 15 y 19 años. Por supuesto, junto a este subregistro de feminicidios hay que contemplar la impunidad: sólo el 25% de los asesinatos de mujeres es investigado como feminicidio y sólo el 20% obtiene una sentencia (Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios de México, 2023).

Ante el aumento de los feminicidios (incluyendo el de niñas y adolescentes), de las desapariciones y de los casos de violencia física, sexual y psicológica hacia las mujeres, el presupuesto disminuye. Las AVGM siguen creciendo y las recomendaciones internacionales exigen mayores medidas de seguridad para las mujeres mexicanas (ONU, 2022).

En el tercer eje, encontramos que, ante el panorama de los embarazos adolescentes, la violencia obstétrica y las muertes de las mujeres que abortan clandestinamente, los organismos internacionales aconsejan medidas específicas para la mejora de la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres y, sin embargo, el gobierno reduce el presupuesto al máximo alcanzado. Las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos son parte de la realidad mexicana y el Estado debe proteger su derecho a decidir sobre sus cuerpos, a garantizar su salud y a respetar su desarrollo íntegro (Rodríguez, 2021). En este sentido es relevante discutir el aborto cuidado en clave feminista como la forma de pensar la atención ante la interrupción de un embarazo no deseado, las necesidades que surgen y, por ende, el mandato de la maternidad en los cuerpos de las mujeres (Burton y Peralta, 2021).

No posicionarse, dejar a consulta popular el derecho al aborto y no incluir en la agenda de gobierno un tema prioritario para las mujeres es una irresponsabilidad. Que el derecho al aborto sea una realidad requiere no sólo despenalizar el acto, sino descriminalizarlo socialmente y brindar seguridad, acompañamiento y cuidados.

Estos resultados los interpretamos como una expresión de los límites del progresismo mexicano, el cual demuestra más continuidad que ruptura con las políticas precedentes. Las expectativas feministas reales se encaminan a que la práctica política de los gobiernos cumpla con la justicia de género, a pesar de que el cambio estructural del sistema se vea lejano. En este sentido, Fraser (2013) propone la recuperación de un radicalismo que retome las demandas redistributivas, colocándolas a la par de las demandas por reconocimiento y sin que éstas sustituyan a aquellas, de tal forma que el resultado de esta (re)radicalización lleve a “reconectar la crítica feminista con la crítica del capitalismo” (p. 225), una reconexión incompatible con la práctica gubernamental prevaleciente en México.

La agenda redistributiva es, al menos en teoría, el terreno de la izquierda en sus diferentes acepciones conceptuales e históricas: desde las expresiones revolucionarias hasta las reformistas. Lo que hoy llamamos progresismo en América Latina se inscribe en las tradiciones del reformismo. Sin embargo, comparado con otros gobiernos del tipo, el de AMLO ha estado menos a la izquierda y más al centro (Centeno, 2023).

En esta tesitura, no parece descabellado prever un ensanchamiento en la brecha entre las posturas del gobierno que se rigen por los lineamientos de un feminismo institucional o “feminismo estatal” y las posiciones feministas no hegemónicas (Matos y Paradis, 2013), o sea, entre una rama institucional ligada al progresismo (más hacia el centro) y una rama independiente ligada a los movimientos sociales (más a la izquierda) que subraya las diferencias como eje de visibilidad de las violencias hacia todas las mujeres.

Entendemos que las movilizaciones, los gritos y las expresiones de rabia de los movimientos feministas son fruto de la distancia entre el discurso institucional por la igualdad de género, incluso con los avances que las entidades han incorporado en su quehacer, y la práctica frente a los problemas que directamente nos afectan a las mujeres (Schild y Follegati, 2018). De aquí nace la relevancia de un diálogo abierto y fluido entre las demandas feministas y las líneas de acción de las instituciones públicas.

Las demandas feministas se mueven desde la realidad situada de las mujeres y a la par de los cambios que buscan la justicia social y la ruptura de la visión androcéntrica del desarrollo (Jiménez, 2016). Los recortes, modificaciones y restricciones del Gobierno de AMLO no son congruentes con las necesidades de la agenda feminista en México, ya que no sólo no escuchan las voces de las mujeres, sino que descalifican sus denuncias, criminalizan la lucha por sus derechos y proponen soluciones dentro de la misma dinámica estructural desigual existente. Los movimientos feministas en México están cuestionando no sólo el sistema heteropatriarcal y capitalista, sino también el estatismo y la invisibilidad de resultados por parte del gobierno de AMLO.

Frente a este cuadro, donde el progresismo en México dejó de ser una posibilidad teórica y ya ha constituido un gobierno con resultados concretos, la importancia y la utilidad de los movimientos feministas independientes no se puede subestimar. El avance de la agenda feminista en México depende del impulso de las ciudadanas, las colectivas y los movimientos sociales de mujeres que insisten en la justicia de género, en contra de la coalición política que ha llegado al poder con AMLO y que subraya (y esto es una novedad) el papel negativo del progresismo al declarar resueltos muchos problemas que, bajo este gobierno, han empeorado.