El análisis de las respuestas frente a la victimización por racismo
y/o xenofobia se inicia con la descripción de aquellas acciones de resistencia
orientadas a evitar posibles revictimizaciones y mitigar los efectos inmediatos de la
victimización directa. En nuestra muestra, la mayor parte de los casos (quince), han
planteado diferentes respuestas ante la victimización racista y xenófoba sin transitar
hacia etapas posteriores de recuperación y resiliencia. No se trata de una postura
deliberadamente adquirida, sino de un comportamiento asumido como resultado natural de
las constricciones sociales experimentadas. Su capacidad de respuesta es menor porque su
horizonte de posibles es muy reducido. Se trata de personas con un perfil altamente
vulnerabilizado, en cuyas trayectorias confluyen múltiples matrices de desigualdad y
discriminación acumulativas, padeciendo habitualmente situaciones de riesgo y exclusión
social. Esta vulnerabilidad viene motivada por los siguientes factores: irregularidad
administrativa en el caso de población migrante, precariedad económica, escasa o nula
presencia de redes familiares y sociales en España y dificultad para expresarse en la
lengua del país receptor. Además, estos sujetos suelen pertenecen a colectivos cuya
imagen social está fuertemente estereotipada en un sentido negativo (Craig-Henderson y Sloan, 2003). Habitualmente entienden su proceso
de victimización como el precio que han de pagar por trabajar y vivir en España. Por
tanto, la denuncia en estos casos no se contempla como un derecho, sino como un
privilegio.
Aunque afirman hablar con su entorno más cercano sobre este tipo de
sucesos, la verbalización de estos incidentes viene acompañada de una restricción
emocional sustantiva. Cuando se interpeló a las personas entrevistadas por si expresaron
abiertamente a su entorno las emociones que les produjo el/los incidentes/s, no solo
inmediatamente después del suceso, sino tiempo después, la respuesta fue
mayoritariamente negativa, aun percibiéndose un claro patrón de género. Las conductas
prejuiciosas y discriminatorias son tan comunes en la experiencia de estas personas que
el minimizar el impacto que les causa forma parte de la necesidad de adaptación a un
entorno hostil, donde expresar la emociones podría percibirse como una vulnerabilidad
peligrosa (Benner et al., 2018).
Búsqueda de contención emocional y asistencia psicosocial
Como parte de las estrategias desplegadas desde la lógica
individual, encontramos varias personas (cinco casos) que mencionan haber recibido
asistencia de contención emocional tras algún incidente victimizador. Asistencia que
tiene lugar en los días y semanas posteriores al incidente. Es decir, no es
sostenida en el tiempo. En todos los casos esta asistencia fue brindada por
entidades sociales, de las cuales las personas entrevistadas eran frecuentes
usuarias. Junto con la contención emocional, la escucha activa y el asesoramiento
han sido los servicios más habitualmente descritos. Debido al alto coste psicológico
que tiene para las víctimas las experiencias racistas y xenófobas (Herek et al., 1997; Craig-Henderson y Sloan,
2003; OSCE, 2021) se esperaba encontrar algún testimonio donde la ayuda
psicológica profesional estuviera presente como estrategia de afrontamiento y
tránsito hacia la desvictimización. Sin embargo, la falta de medios económicos para
costear estos servicios y la saturación de los recursos públicos de atención
psicológica aparecen como los principales escollos para acceder a este tipo de
asistencia.
Me gustaría que ellos sí pudieran ir al
psicólogo (se refiere a sus hijos pequeños) porque yo sé que ellos también lo
han pasado mal por esta situación (su familia tuvo que trasladarse de municipio
por el hostigamiento racista que sufrían en el pueblo donde vivían
anteriormente), pero claro, es muy caro. En el colegio Mohamed iba unas horas
con la orientadora, pero como ya va al instituto… [E-18]
No obstante, la falta o brecha de información efectiva entre las
comunidades diana también es un obstáculo, pues la mayor parte de las personas
entrevistadas negaron conocer los recursos de atención victimológica institucionales
y sociales de acceso gratuito. Son las redes sociales y comunitarias la principal
correa de trasmisión de información y asistencia frente a los agentes públicos y
privados. Si bien, también se evidencia la falta de recursos especializados en
victimización entre estas mismas entidades, las cuales ofrecen servicios orientados
a la contención y acompañamiento iniciales, en detrimento de la asistencia
psicosocial sostenida en el tiempo, el asesoramiento jurídico continuado o la
derivación hacia recursos institucionales (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, 2022). Así responde una de las entrevistadas a la pregunta de si
alguna vez la entidad de la que ella era usuaria le ofreció ayuda psicológica o
derivación a otros recursos de asistencia psicológica:
No, a mí nunca me lo ofrecieron y tampoco ir a
otras asociaciones. (…) Me desahogaba con Isabel, con Patricia (las trabajadoras
sociales), y así con otras madres también hablamos de las cosas que nos pasan,
de los niños, el colegio, la familia… Es difícil que te entienda otras personas.
[E-24]
Alteraciones en la cotidianidad y movilidad residencial
En esta subcategoría incluimos aquellas personas que, a raíz de
sufrir un incidente racista, modificaron algún aspecto de su cotidianidad,
habitualmente relacionado con cambios residenciales o evitación de zonas urbanas. Si
bien, en estos relatos se advierte que, dicha respuesta no es tanto una estrategia
para revertir el impacto de la victimización, como sí un intento de evitar posibles
revictimizaciones. La evitación de aquellos espacios en los que fueron victimizados
sea el tránsito de ciertas calles, zonas de ocio, o utilización del transporte
público, han sido las modificaciones más frecuentemente referidas. En algún caso se
ha mencionado cambios de municipio e, incluso, de país, motivados por un acuciante
miedo a sufrir nuevamente racismo. Así se expresa una entrevistada quien, tras
narrar continuas experiencias de discriminación desde muy temprana edad (comentarios
hirientes sobre su tez negra, bullying, insultos, amenazas a su familia),
decidió marcharse del país al cumplir dieciocho años.
Yo me marché de España en cuanto pude venirme a
estudiar aquí (UK). ¿Para qué iba a quedarme allí? Llevo toda la vida
esforzándome por sentirme española, incluso tuve que renunciar a mi nacionalidad
de origen para tener la española, pero es que ya sé que allí nunca me van a
aceptar. [E-14]
Las alteraciones de la cotidianidad también pueden ser resultado
de un efecto de victimización indirecta tras ataques de especial virulencia a
personas del entorno cercano:
Desde que nos pasó esto que te cuento de mi
primo (un grupo de jóvenes le insultaron y amenazaron con improperios racistas
en una parada del metro de Madrid) dije que ya yo no volvía por allá, porque
también una compañera me comentó algo de una bulla con su hijo, casi lo
agraden (…) pasé miedo, sí, intentaba ir hasta allá con alguna compañera y sola
no he vuelto. [E-21]
Aunque habitualmente el entorno urbano se presenta como un espacio
con mayor confluencia de riesgos y desigualdades (Utsey et al.,
2000; Dos Santos Marques, 2023), el entorno rural no está
exento de estos mismos incidentes, ofreciendo a las víctimas menos oportunidades
para movilizar recursos. Además, se advierte que, en estas zonas, el hostigamiento y
la fiscalización sobre los miembros de comunidades minoritarias puede llegar a ser
incluso mayor que en las áreas urbanas:
Nos pintaron la puerta y la pared, también nos
llegaron a romper un cristal con una piedra, que menos mal que no había nadie en
casa (…). A mi cuñada y a mi cuñado los dejaron una cabeza de cerdo ahí, en la
puerta de la casa y así un montón de basura (son musulmanes). Al final nos
marchamos, sí, y nos vinimos para Cartagena. Yo allí temía por mi familia.
[E-18]
También es mayor la presión social sobre las potenciales víctimas,
haciéndolas aún más susceptibles a padecer revictimizaciones. El miedo ante posibles
represalias si, por ejemplo, denunciaran, no obstaculiza únicamente la capacidad de
reparación, a un mayor nivel silencia a las víctimas y les impide visibilizar sus
experiencias:
Era un pueblo pequeño, tres mil habitantes, nos
conocíamos todos. Si yo denunciaba iban a saber que había sido yo o alguien de
la familia. Lo sabrían, lo sabrían… Dejamos las cosas estar y luego ya nos
cambiamos de pueblo. [E-16]
Estas experiencias denotan la existencia de lo que algunos autores
han acuñado como geografías del racismo, de la muerte o geografías de la injusticia
(Anderson, 2015; Schwartzman, 2019). Es decir,
la percepción de que dentro del espacio urbano (aunque también se podría extrapolar
a nivel intermunicipal) existen ciertas zonas de especial riesgo para las
comunidades minoritarias por la alta incidencia de actos prejuiciosos y
discriminatorios cometidos contra ellas. Si bien, algunos estudios acerca de la
dimensión espacial del racismo impelen a que la filiación a una comunidad étnica,
por sí misma, no es una variable que explicaría un patrón geográfico de los hechos
prejuiciosos. Habría que considerar la intersección de otras categorías sociales
tales como el género o la clase social en la jerarquización social del espacio
físico (Schwartzman, 2019; Dos Santos Marques,
2023).
La interposición de la denuncia judicial
La denuncia judicial supone un marcador diferencial en las
experiencias analizadas ya que rompe con la opacidad que acompaña a muchos de estos
incidentes (Pina, Hernández y Galián, 2022). Se han denunciado
agresiones físicas, verbales, amenazas y acciones discriminatorias por parte de
agentes y organismos públicos. Sin embargo, otro tipo de acciones susceptibles de
imputación penal o administrativa, tales como mensajes de odio en redes sociales,
bullying, daños sobre la propiedad privada, discriminaciones en el acceso a
la vivienda, trato laboral inadecuado, o problemas de convivencia vecinal, no han
sido puestos en conocimiento de los agentes competentes.
Se ha de subrayar el abultado número de personas entrevistadas
(dieciocho) que, tras vivir algún incidente de este tipo, no interpusieron denuncia
alguna. Las principales razones que alegan tienen que ver con la falta de
expectativas positivas en el proceso judicial, reconocidas en investigaciones
previas (OSCE, 2021; FRA, 2017; 2022; Pina, Hernández y Galián, 2022). Se
manifiesta un gran escepticismo en la utilidad de la denuncia. De buena cantidad de
testimonios se extrae la frase “denunciar no sirve para nada”. Esta creencia, a su
vez, está estrechamente vinculada con dos aspectos; por un lado, con la percepción
de ser un proceso largo y tedioso y, por otro, con la impunidad de los victimarios.
La percepción de que, al final del proceso las víctimas habrán gastado tiempo,
dinero y esfuerzo para que finalmente no se sancione (o de forma excesivamente laxa)
a los perpetradores de estos actos, es un importante elemento de disuasión.
Es que, aunque la policía te atienda y escuche,
aunque tengas un buen abogado, “de pasta” y todo lo demás, nunca se condena
estos actos. Te tienen que partir las piernas para que condene a alguien (…) si
no hay lesiones, no condenan a nadie, y al final pierdes el tiempo y ellos se
van de rositas. [E-4]
Aunque menos generalizado, en otros testimonios se advierte la
preocupación por posibles revictimizaciones achacada a la alta presencia (percibida)
de estereotipos y prejuicios negativos entre los agentes públicos (Craig, 2002).
Sabemos de muchos casos que la gente ha acudido
a la policía y no ha hecho nada. No es un caso, ni dos. Desde el principio van a
cuestionar lo que les vas a decir, van a hacerte quedar a ti como el malo para
que la gente te trate así, que nadie se comporta así si tú no les haces nada...
que lo otro (…) claro que hay prejuicio, pero mira si es la misma policía la que
no te cree por tu color de piel o por tu acento, ¿qué podemos esperar? [E-19]
Entre la población migrante se suma, además, el miedo a las
consecuencias legales, especialmente si no se tiene una situación de regularidad
administrativa (FRA, 2022). La posibilidad de ser multados o la
apertura de un expediente de expulsión empuja a este perfil de víctimas a rehusar la
denuncia, encontrándose, paradójicamente, en una situación de mayor exposición a la
discriminación y violencia.
Ni me lo pensé. ¿Cómo yo iba a denunciar si
estaba en España sin el permiso? Según entro por la puerta de la comisaría, allá
me hubieran echado del país (carcajada). [E-9]
El desconocimiento sobre la norma y el procedimiento judicial
también desincentiva la denuncia. Se advierte una brecha de conocimiento estratégico
en los casos sobre los que se podría aplicar el agravante por delito de odio.
Insultos, amenazas, comentarios despectivos o incluso daño a pequeñas propiedades,
es decir, cualquier forma de violencia que no implique daño o amenaza sobre la
integridad física, no se entiende como susceptible de denuncia. Estas son las
palabras de un participante a la pregunta de si en alguna ocasión pensó en denunciar
a su jefe por los constantes comentarios y burlas racistas:
Me llamaba “chocolatito”, y me cantaba la
canción esta… la del “negrito del África tropical…”, me decía “venga, trabaja
como un negro para vivir como un blanco” (…) Bueno es que eso no va a ninguna
parte, ¿no?, son comentarios, por eso no meten preso a nadie. [E-23]
Esta es la declaración de otra participante sobre si pensó
denunciar comentarios y amenazas racistas que le llegaban a través de las redes
sociales:
Ay, pero tú sabes que yo tenía comentarios
racistas todo el tiempo, en redes sociales todo está permitido… ¿quién te va a
tomar enserio acaso si tú vas a la comisaría diciendo me han insultado en
Instagram? Nadie. [E-4]
Esta brecha se extiende al procedimiento de denuncia. Con
asiduidad, las personas entrevistadas afirmaban no conocer los espacios, cauces,
requerimientos y recursos de interposición de denuncia judicial, la posibilidad de
entidades mediadoras, servicios como la justicia gratuita y, como ya se ha
mencionado, los recursos gubernamentales de apoyo a las víctimas del delito. Entre
las personas que sí denunciaron judicialmente (6 casos) se cumple con al menos uno
de estos dos supuestos: 1) haber sufrido hechos de un mayor nivel de gravedad
-agresiones físicas o flagrante transgresión de derechos fundamentales. 2)
disposición de recursos que facilitaron la denuncia: situación administrativa
regular/nacionalidad española, redes sociales densas y estables y alto nivel de
cualificación y/o capital cultural.
Llama la atención, no obstante, que tres de las personas
denunciantes, y las tres procedentes de África, lo hicieran como respuesta a una
falsa acusación penal sobre ellas. Dos entrevistados fueron acusados de pertenencia
a organización criminal por parte de la policía nacional, mientras, la tercera fue
acusada junto con su cónyuge de maltrato a sus hijos menores de edad por parte de
los servicios sociales, tras la denuncia de la directora del centro educativo donde
estudiaban los menores.
Algunos que no entendíamos qué pasaba y no
queríamos ir (detenidos) sí nos pegaron y nos amenazaban (…) tiraron la puerta
abajo, era de madrugada y empezaron a pegar y a pegar, pero nadie nos decía qué
pasaba. (…) Si fuésemos una persona de aquí eso no lo habrían hecho. Han abusado
mucho de nuestro color de piel, de nuestro origen. No somos de aquí, no hay
nadie que nos pueda defender. [E-7]
La pediatra dijo en el juicio que ella puso lo
que la dijo la trabajadora social, que ella no tenía conocimiento sobre esas
cosas, pero hizo un informe como que mi hijo tenía marcas por todo el cuerpo.
Una doctora no puede preguntar a una trabajadora social lo que tiene que poner
en el papel. [E-5]
Finalmente, estas tres personas fueron absueltas sin cargos, ni
antecedentes, ni penalización económica alguna. Posteriormente, y asesoradas por
diferentes entidades, decidieron emprender acciones legales contra los organismos
responsables cuyo litigio aún no se ha resuelto. Aunque son solo tres los
testimonios, en todos ellos es fácilmente identificable la confluencia de diversos
marcadores sociales que atraviesan tanto sus experiencias de victimización como las
estrategias de afrontamiento posteriores. Se trata de personas de escasos recursos
económicos y con exiguas redes sociales en España por tratarse de migrantes de
primera generación. Todas ellas pertenecen a grupos alta y negativamente
estereotipados en España, personas procedentes de África Subsahariana, mujeres
musulmanas y el colectivo de manteros, lo que las hace más susceptibles a ser
revictimizadas dentro del sistema judicial (Fussell, 2014; Hall, 2014; FRA, 2017). Así mismo,
presentaban en el momento de su acusación (y posterior denuncia) dificultades para
expresarse fluidamente en castellano, lo que limita abruptamente la comunicación
efectiva y la adecuada trasmisión de sus experiencias y derechos (OSCE, 2020; FRA, 2017).
Las otras tres personas que decidieron interponer una denuncia
relataron diversos hechos relacionados con agresiones verbales, amenazas y
discriminaciones por perfil étnico en zonas de ocio. Se destacan tres rasgos en el
perfil sociodemográfico de estos sujetos: su juventud (menores de 35 años), su
capital cultural (estudios superiores) y su pertenencia a colectivos, redes,
asociaciones o plataformas enfocadas en la lucha antirracista. Es curioso comprobar
cómo en estos casos la interposición de la denuncia ilustra una forma de vindicación
personal ante sucesos recurrentes en su vida cotidiana. La siguiente cita pertenece
a un entrevistado que decidió denunciar a una famosa discoteca de Barcelona por no
permitirle la entrada en reiteradas ocasiones a él y a sus amigos, todas personas
afrodescendientes:
Me han pasado cosas mucho peores que esto, pero
mucho peores, ¿eh? (…) decidí denunciar porque me cansé, no podemos seguir
tolerando que pasen estas cosas y no hacer nada. Hay que responder de alguna
forma. Aunque no sirva para nada, si todos denunciáramos sería otra historia…
[E-20]
De hecho, y a pesar de haber interpuesto denuncia, ninguna de
estas personas manifestó expectativas positivas sobre el proceso judicial. Al
contrario, en todos los testimonios se advierte una notable desidia y falta de
confianza en el sistema de justicia. La denuncia llega por una situación de
hartazgo, sin valorar tanto el resultado final del proceso. Así se expresa una de
las mujeres entrevistadas sobre el proceso de denuncia tras haber interpuesto una
por amenazas e insultos continuos en redes sociales.
A ver, te soy muy clara, yo sabía que esto no
iba a llegar a nada, como te decía, que se iban a ir de rositas, pero hay un
momento que tienes que decidir, y si no eres parte de la solución, lo eres del
problema. (…) por lo menos, hemos obligado a esas personas a pasar por un
procedimiento judicial y vernos allí delante. [E-1]
Implícitamente se persigue movilizar a los órganos competentes y a
las personas victimarias para acabar con la percepción de impunidad de estas, tanto
de cara a las comunidades vulnerabilizadas, como a los grupos dominantes y
visibilizar la experiencia de sus comunidades. Por tanto, la interposición de la
denuncia obedece, de una parte, a un procedimiento acusatorio previo con la
consiguiente trasgresión de derechos civiles fundamentales y, por otra, a una
estrategia de lucha social y política por visibilizar la realidad de las minorías
étnicas y migrantes.
