Estado de Bienestar familista y crisis de cuidados

En los países occidentales se responde a la demanda de cuidados a través de cuatro agentes, en una configuración que se define como “diamante de cuidados”: Estado, familia, mercado y comunidad (Razavi, 2007). Los cuidados se resuelven en dichas esferas, que no tienen límites claros y que se conjugan en el día a día articulando un “mosaico de los cuidados” (Soronellas et al., 2021). Más concretamente, en los países mediterráneos, con un modelo de Estado de Bienestar familista, la familia asume la mayor parte del trabajo de cuidados (Saraceno, 1995; 2016; Naldini y Jurado Guerrero, 2013).

El Estado de Bienestar familista se caracteriza por una fuerte solidaridad familiar estructurada en base a las relaciones intergeneracionales y de género (Saraceno, 2016), donde las mujeres se encargan mayoritariamente de la provisión de cuidados y el Estado brinda escasos servicios y bajos subsidios familiares (Naldini y Jurado Guerrero, 2013). Esta organización asume que el espacio “natural” del cuidado es el hogar (Flaquer, 2004) y convierte a las familias en unidades imprescindibles para asegurar el bienestar y a las mujeres en responsables de los trabajos de cuidado (Saraceno, 1995). El protagonismo del cuidado familiar explica la dirección que toman los programas de cuidado social desarrollados por el Estado (Saraceno, 1995).

No obstante, en las últimas décadas el modelo de provisión de cuidados familista se está reconfigurando (Saraceno, 2016; Naldini y Jurado Guerrero 2013; Comas d’Argemir, 2014). Dicha reconfiguración tiene lugar en un contexto global de crisis de cuidados (Comas d’Argemir, 2014; Ezquerra, 2011; Pérez Orozco, 2006), surgida por la conjunción de varios factores: incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral y omisión de los hombres en la asunción de cuidados, envejecimiento de la población, cambios estructurales en las familias, ruptura de redes comunitarias y recortes significativos en políticas públicas que, en el caso del Estado español, menguan un Estado de Bienestar poco desarrollado (Comas d’Argemir, 2014). Es un contexto en el que aumenta tanto la demanda de cuidados, como las dificultades para prestarlos y recibirlos (Ezquerra, 2011). Frente a ello, las familias tienden a menudo a la externalización y, en el contexto español, dado el escaso desarrollo de servicios públicos (Comas d’Argemir, 2014), se convierten en las principales gestoras de la contratación particular (Vega et al., 2018b).

En este marco, el modelo familista gira hacia el modelo de “una migrante en la familia” (Bettio et al., 2006), a través del trabajo precarizado de mujeres de países del sur global que forman parte de “cadenas globales de cuidado” (Hochschild, 2001). Lejos de trastocar los patrones de género, las cadenas globales de cuidado se sostienen sobre ellos (Comas d’Argemir, 2014). Así, como recuerda Pérez Orozco (2006, pp. 26-27), se conforman uniendo distintos puntos geográficos del planeta “por mujeres que se transfieren cuidados las unas a las otras” y están atravesadas por relaciones globales de poder de género, pero también de etnia y de clase, que reproducen la división sexual y colonial del trabajo de cuidados, de modo que se convierten en “el exponente visible de la transnacionalización de la crisis de los cuidados”.

Familiarización, mercantilización y desinstitucionalización

El Estado juega un papel fundamental en la reconfiguración del modelo de cuidados a la hora de impulsar políticas de desfamiliarización, así como desarrollar políticas para permitir que las familias cuiden (Saraceno, 2016). En el caso español, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida como Ley de Dependencia, constituye un claro cambio de rumbo en las políticas de cuidado de larga duración, al promover un sistema de provisión de cuidados de carácter universal. No obstante, en su aplicación da paso al desarrollo de un modelo más bien privativo (León y Pavolini, 2014) que impone el copago (Costa-Font, 2010), lo que, junto con los recortes en el gasto social y la puesta en marcha de medidas como la prestación económica, tienden a refamiliarizar el cuidado (Artiaga, 2015). Por ello, se considera que el desarrollo efectivo de la Ley ha sido insuficiente (Artiaga, 2021), así como desigual según el contexto territorial, ya que ha estado determinado por el reparto competencial y por la coyuntura política y económica, cuyo impacto más significativo se debe a los recortes presupuestarios derivados de la crisis económica-financiera de 2008 (Martinez-Buján, 2014; 2020).

En consecuencia, Martínez-Buján (2014) señala dos cambios de los últimos años en el contexto español, que afectan al cuidado de larga duración: la nueva legislación y su implementación en cada territorio, y la mercantilización del cuidado mediante la contratación de trabajadoras de hogar. Según la autora, no se trata de fenómenos aislados, sino que las prestaciones económicas para el cuidado familiar han podido promover, en parte, la mercantilización, al ser utilizadas para la contratación de trabajadoras de hogar. Así, atendiendo al reparto entre los agentes que conforman el “diamante de cuidados” (Razavi, 2007), Martínez-Buján (2014) argumenta que, en el contexto español, “las tendencias hacia el familismo y la mercantilización coexisten con distintos niveles de servicios públicos de atención” (p. 108). Concretamente, la Comunidad Autónoma del País Vasco se define como una región familista, pero con una situación más equilibrada de provisión diferenciándose del contexto general. Es decir, en comparación con el resto del Estado, en el territorio vasco en la provisión de cuidados de larga duración existe “una elevada participación de los servicios sociales, un alto desarrollo de las prestaciones económicas y una relevante presencia de cuidadoras no profesionales contratadas” (Martínez-Buján, 2014, p. 115).

Junto a ello, algunos trabajos mencionan la expansión en el contexto europeo de discursos sobre la desinstitucionalización. Así, el estudio llevado a cabo por Yeandle et al. (2012) , muestra que, en países como Finlandia, Reino Unido y Australia, donde se implantan políticas de desinstitucionalización a finales de 1990 e inicio de 2000, se observa un incremento de personas dependientes viviendo en sus hogares, cuyas necesidades se satisfacen mediante el cuidado familiar. Además, estas autoras advierten que, en dichos países, la desinstitucionalización implica la creación de una economía mixta en el sector de cuidados que deja cada vez más espacio al ánimo de lucro. De forma general, la desinstitucionalización se acompaña también por una llamada a lo comunitario, a través de programas conocidos como community care, implantados por primera vez en Reino Unido bajo el gobierno de Cameron, que definen la comunidad como espacio de provisión de cuidados (Bacon et al, 2013). No obstante, en base a otros trabajos, Vega et al. (2018a) advierten que en dichos programas los cuidados acaban recayendo principalmente sobre las mujeres, por lo que se acentúa la dependencia, el aislamiento y la sobrecarga femenina, al tiempo que lo comunitario se convierte en una suerte de extensión de lo doméstico, sin promover la socialización del trabajo de cuidado.

Cuidados, comunidad y Estado

En la década de los 80 y principios de los 90 del siglo XX, las investigaciones feministas desechan lo comunitario “como un espacio común, horizontal y transformador en términos de género” (Vega et al., 2018b, p. 26). No obstante, más recientemente, se puede identificar una tendencia a poner el foco en esta esfera a la hora de plantear una nueva organización social del cuidado. Así, como señala Federici (2013) , a partir de 1990, y de forma exponencial a partir de 2010, surgen en todo el mundo respuestas a las distintas crisis provocadas por el neoliberalismo, que proponen la construcción de lo común. Emergen “manifestaciones masivas, ocupaciones de tierras, construcción de economías solidarias y de otros métodos de desarrollo de los comunes” (Federici, 2013, p. 173), son momentos en los que lo comunitario resurge como nodo de utopías (Draper, 2018). La “cuestión social” vuelve, pero no lo hace en términos clásicos (Mezzadra y Neumann, 2019) sino a través de la proliferación de modelos abiertos y difusos (en lugar de rígidos y coherentes) y el cambio en la forma de entender tanto la acción política como los sujetos políticos (Esteban, 2015) remite a un nuevo horizonte donde lo comunitario ocupa un espacio propio.

En los últimos años, además, se construye un espacio de “nuevos comunes” en el que se incluyen dimensiones como bienestar, educación, sanidad o cuidados (Martínez-Buján, 2020). Ante las limitaciones que muestra el Estado (Arin et al., 2021), la comunidad emerge como un lugar para el desarrollo de una amplia variedad de experiencias colectivas englobadas bajo el paraguas de lo que se conoce como “cuidado comunitario” (Vega et al., 2018b). Se trata de una multitud de experiencias situadas, vinculadas a los contextos en los que se crean (Rosas y Gil Araujo, 2021). En este marco, hoy por hoy, el cuidado comunitario se identifica como elemento “poco definido y delimitado”, no conformado como un terreno de investigación consolidado (Martinez-Buján, 2020). No obstante, los estudios en torno a él, vislumbran en el desarrollo de las experiencias comunitarias oportunidades para una reconfiguración de la organización social de los cuidados, al subrayar el desplazamiento de la responsabilidad del cuidado desde el entorno familiar hacia la esfera de lo público-comunitario o de lo comunitario. Así, se pone de manifiesto que en las iniciativas público-comunitarias promovidas por las administraciones (top-down) el cuidado se considera una responsabilidad pública y un compromiso social (Moreno-Colom, 2018, 2021; Ezquerra y Keller, 2022) y en las que emergen desde la sociedad civil (botton-up) se articula en base al principio de reciprocidad (Artiaga, 2021; Bodoque y Sanz, 2022). En ambos casos, se advierte que no se supera la división sexual del trabajo ni la feminización del cuidado (Vega et al., 2018b; Moreno-Colom, 2018, 2021; Artiaga, 2021; Keller y Ezquerra, 2021; Bodoque y Sanz, 2022).

Asimismo, poniendo el foco en el papel del Estado, algunos trabajos indican que muestra dificultades para adaptarse con rapidez a nuevas situaciones, pero que, a su vez, es el agente que cuenta con recursos y capacidad de gestión suficiente para hacerlo (Martínez-Virto y Hermoso-Humbert, 2021). Otros análisis advierten del riesgo que supone la aparición de lo comunitario como antesala para que la inversión pública se detraiga (Zubero, 2017). Paralelamente, se genera cierto consenso a la hora de señalar que el ámbito de la participación y gestión institucional experimenta transformaciones hacia formas de gobernanza colaborativa que promueven la participación de la ciudadanía (Ormazabal et al., 2019; Zúñiga y Arrieta, 2021; Barandiaran, 2021).

Al tiempo de los procesos citados, acontecen otras transformaciones a nivel local. Junto a las llamadas “candidaturas del cambio” y la toma de distintos gobiernos de grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, a partir de 2015 (Blanco et al., 2019), lo municipal se convierte en “punto de entrada estratégico” y las administraciones gubernamentales en herramientas a las que acceder y utilizar (Russell, 2019). Tal giro implica una comprensión del Estado y sus administraciones como una relación, como la condensación material de relaciones sociales de fuerzas (Poulantzas, 1979). En este contexto, es la administración local, como nivel administrativo que más incide en la cotidianeidad de la ciudadanía (Moreno Colom, 2018) y donde se extienden mecanismos institucionales de democracia participativa (Janoschka y Consejero, 2018), la que puede facilitar el acercamiento de la ciudadanía a los espacios de decisión y poder. Entendiendo la democratización como un proceso dinámico e incompleto (Tilly, 2007), el desarrollo de nuevas formas de participación y de toma de decisiones puede resultar positivo para trasformar el modelo de cuidados. Se trata de nuevas formas que van más allá de las tradicionales y que construyen relaciones entre instituciones, movimientos sociales y sociedad civil (Büllesbach et al., 2017).

Organización social del cuidado en Zestoa

La provisión de cuidados se resuelve en el municipio a través del Estado, la familia, el mercado y la comunidad, con diferentes niveles de intensidad, y a menudo con fronteras difusas, dando forma al “diamante de cuidados” (Razavi, 2007). El protagonismo de cada agente es diferente, así como los servicios prestados y la responsabilidad de cuidado asumida, de modo que se da respuesta a las necesidades de cuidado gracias a un “mosaico de cuidados” (Soronellas et al., 2021) que combina de forma complementaria actores y servicios.

La familia es clave en la provisión de cuidados. Su presencia en el discurso de los agentes ha sido escasa, pero importante. Juega un papel ambivalente, pues se sitúa, paralelamente, como el lugar convencional de los cuidados prestados por mujeres y en un ámbito atravesado por las transformaciones sociales en curso, que los agentes interpretan de forma diferencial cuando imaginan y proyectan quién debe cuidar y cómo debería ser dicho cuidado. Por un lado, la Directora de la Residencia B remarca el protagonismo de las mujeres en el cuidado familiar: “Si hay padres que tienen una hija saben que toda la carga va sobre ellas, que la hija tiene que hacerse cargo del cuidado de forma automática […] Y si es hijo, la esposa del hijo” (E2). Por otro lado, el Alcalde y el Personal Técnico del Área de Deporte manifiestan que la capacidad de proveer cuidados por parte de las familias es cada vez menor, debido a los cambios en las formas de convivencia y las estructuras familiares:

Por último, la Trabajadora de Servicios Sociales admite que, a menudo, el cuidado familiar es la única opción, aunque no la más adecuada. Señala que no todas las personas que precisan atención pueden acceder a servicios: “no todas tienen la posibilidad de llevarlo al centro de día o asumir una residencia.” (E4). Por tanto, el cuidado recae sobre la familia, lo que, muchas veces, provoca malestar: “hay muchos/as familiares cansados/as, quemados/as, […] de estar cuidando, pero… si no estás bien, no es lo más adecuado… ¿no?” (E4). En la misma línea, las y los habitantes mayores de Zestoa que participan en las dos asociaciones de carácter popular nombran el cuidado familiar al proyectar sus propias necesidades futuras. Identifican el “cuidado perfecto” con la “autonomía” (GD1. Asociación A) y advierten de forma unánime que no quieren suponer una “carga” para sus familias: “antes de ser una carga, prefiero ir a una residencia” (GD2. Asociación B)

Se alude también a la externalización mediante la contratación de trabajadoras de hogar, lo que implica una tercera esfera en la provisión de cuidados, el mercado: “Hay otras personas que resuelven ese cuidado de forma… contratan a una persona de forma privada” (E5: Agente Externo). Según las personas mayores participantes en una de las asociaciones, la contratación de trabajadoras de hogar es un recurso recurrente en el municipio, por lo que resulta ineludible su consideración en el mapa de provisión de cuidados: “Si no se presta atención al trabajo de hogar, no se presta atención a 2 de cada 10 [personas mayores que precisan cuidados]” (Asociación A, Cuaderno de campo, 09/05/2021). Además, se alude a que es un trabajo desempeñado principalmente por mujeres migrantes y se muestra preocupación por sus condiciones laborales, por considerarlo un trabajo “irregular, sucio, en negro” (GD1. Asociación A). No obstante, la externalización no excluye a la familia y, en ella las mujeres siguen responsabilizándose del cuidado: “[La hija] tiene que organizar la coordinación en todas las necesidades de sus padres mayores, aunque sea sólo mental” (E2: Directora de Residencia B)

Asimismo, la participación del Estado se desarrolla, principalmente, a través de dos vías: oferta directa de servicios por parte del Ayuntamiento y concertación de plazas por parte del Ayuntamiento y de la Diputación Foral. La mayor parte de servicios “son compatibles entre sí” (E4: Trabajadora de Servicios Sociales).

El Ayuntamiento ofrece el Servicio de Atención Domiciliaria, a través de las Trabajadoras Sociales. Se presta de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas. Para decidir su naturaleza y duración se consideran la necesidad de la persona atendida y la demanda general. Así, aunque la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia permite un máximo de 4 horas diarias, en Zestoa hay cinco trabajadoras contratadas y entre 36 y 40 personas usuarias, por lo que sólo es posible garantizar un máximo de 2 horas diarias. No obstante, sus responsables afirman que intentan adaptarse a cada caso: “No vas a dejar un caso grave sin servicio porque necesita tres horas” (E4: Trabajadora de Servicios Sociales). Además, señalan que la carga de trabajo asumida por los Servicios Sociales dificulta el trabajo conjunto con otros agentes (E4), lo que es corroborado por la directora de la Residencia B (E2), así como una participación más activa en la comunidad.

Dos entidades que se identifican a sí mismas como privadas ofrecen servicios concertados: una fundación sin ánimo de lucro y una entidad con ánimo de lucro no perteneciente a ningún grupo empresarial grande ni a fondos de inversión. La primera gestiona la Residencia A para personas mayores de 65 años, los pisos tutelados y el centro de día, todos situados en un mismo edificio, propiedad de una Fundación y bajo la misma dirección. La Dirección señala que ha sido precisamente su “carácter privado” lo que les ha permitido desvincularse del funcionamiento marcado por la Diputación Foral a las residencias públicas y les ha brindado “muchísima libertad” para “autogestionarse” y organizarse de forma horizontal (Cuaderno de campo, 09/05/2021), así como para mantener una fuerte vinculación con la comunidad:

La relación con el Ayuntamiento también es estrecha: el Alcalde es el presidente de la Fundación y el órgano de decisión está conformado por agentes de referencia para el municipio (médico/a, cura, trabajadora social…): “nacimos del pueblo y nos debemos al pueblo” aseguran desde la dirección (Cuaderno de campo, 09/05/2021).

La segunda entidad que ofrece servicios concertados gestiona la Residencia B, de titularidad privada, un centro para personas mayores de 65 años y personas con diversidad funcional. La presencia de personas menores de 65 años condiciona el carácter de la residencia, así como su vínculo con la comunidad, pues algunas salen del centro de forma asidua, compran en comercios locales…, lo que les permite desarrollar relaciones sociales en el municipio, como relata la directora: “nosotros siempre hemos tenido una relación muy fuerte con los y las habitantes de Zestoa, sobre todo las personas jóvenes […] son las que tienen mayor relación con el pueblo” (E2: Directora de Residencia B).

La comunidad es otro agente encargado de la provisión de cuidados. Brinda cuidado desde una perspectiva diferente al “especializado”, identificado con el cuidado residencial (GD2. Asociación B). Las dos asociaciones de carácter popular, integradas por personas mayores reconocen en la vejez una fase de prevención y/o acompañamiento:

Desde esta mirada, la Asociación B organiza paseos por el municipio con el apoyo del Personal Técnico del Área de Deporte en los que participan las personas residentes en los centros A y B. Entienden “los paseos como un tipo de cuidado” (GD2. Asociación B) que promueve la prevención del deterioro físico de la soledad: “Comer algo, hablar…se combinan las dos cosas, que son la actividad física y las relaciones sociales. Es muy importante” (E6: Técnica del Área de Deporte). De este modo, acercan a las personas residentes a la vida cotidiana del municipio y promueven la desinstitucionalización del cuidado residencial.

Con todo, en tanto que agentes comunitarios, las dos asociaciones de carácter popular integradas por personas mayores actúan en la organización social del cuidado del municipio en tres sentidos: 1) como comunidad afectada y, por tanto, demandante, que precisará cuidados en un futuro cercano, 2) como comunidad proveedora de cuidados no especializados con una perspectiva preventiva, y 3) como comunidad potencialmente gestora de los cuidados que desean y promueven, ocupando nichos de oportunidad que abre el Ayuntamiento, como se muestra a continuación.

Gestación del Ecosistema Local de Cuidado

El proyecto de creación de un Ecosistema Local de Cuidado comienza en 2019 (Cuaderno de campo, 09/05/2021 y 09/03/2023; Danbolin, 2023), cuando la Residencia A desarrolla una reflexión interna sobre el modelo de atención y nace la Asociación A, con la finalidad de trabajar de forma crítica en torno al cuidado de larga duración. Al compartir inquietudes, comienza la colaboración entre ambos. El Ayuntamiento muestra interés por su trabajo conjunto y en 2020, en un contexto de impulso de estudios y de proyectos piloto en torno al cuidado de personas mayores por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, crea la Mesa de Mayores, quien toma la decisión de encargar un estudio sobre la proyección demográfica y la evolución del envejecimiento en Zestoa. Así, a partir de los resultados de dicho estudio, y cofinanciado por la Diputación Foral y el Ayuntamiento, en enero de 2022 se encarga al Agente Externo la investigación, intervención y desarrollo de un sistema informático para la detección precoz de la fragilidad y de la soledad no deseada. Todo ello responde al objetivo más amplio de “crear un sistema comunitario global para el cuidado de las personas que precisan atención” (Alcalde en Danbolin, 2023), es decir, un Ecosistema Local de Cuidado.

Durante el trabajo de campo, los agentes que forman parte de la Mesa de Mayores no ofrecen una definición clara y unívoca del Ecosistema Local de Cuidado. Al ser preguntados directamente se obtienen el siguiente tipo de respuestas:

Las experiencias cotidianas de cada agente en la provisión de cuidados ayudan a aterrizar el proyecto y concretar sus objetivos. En opinión de la Directora de la Residencia B (E2) el Ecosistema Local de Cuidado debería poner el foco en la identificación precoz de personas con dependencia. El Agente Externo (E5) pone el acento en espacios de socialización abiertos en los barrios. La Técnica del Área de Deporte (E6) habla de viviendas comunitarias intergeneracionales. La Asociación B alude a “la posibilidad de tener una vejez mejor. La oportunidad para crear una red para quien no la tenga” (GD2). No obstante, si bien falta una visión general y una definición concreta, se identifican elementos comunes:

Lo comunitario emerge como elemento vertebrador del proyecto, aunque tampoco haya consenso en su definición. Por un lado, se alude a un pasado en el que todo el municipio se implicaba en la toma de decisiones: “Antes bueno, tenían otra ilusión… Ahora es verdad que la sociedad se ha individualizado, y ha ocurrido algo parecido a un divorcio, un alejamiento [entre la sociedad y las instituciones].” (E3: Alcalde). Por otro lado, se menciona que el reducido número de habitantes del municipio constituye una fortaleza para el desarrollo de un proyecto común:

No obstante, en una comunidad reducida, el contacto mutuo dificulta la posibilidad de alejarse de conflictos: “En los pueblos pequeños ya se sabe…” (E6: Técnica del Área de Deporte). Por tanto, la comunidad no aparece como algo estanco. Así, la dirección de la Residencia A (E1) y la Asociación A (GD1) consideran que es algo que se debe “crear”, para la Trabajadora de Servicios Sociales (E4), el Agente Externo (E5), el Alcalde (E3) y la Asociación B (GD1) es algo que hay que “activar” y en palabras del Personal Técnico del Área de Deporte (E6) se deben “promover situaciones” que conduzcan a ello.

La implicación de cada agente en la comunidad y en el Ecosistema Local de Cuidado también es diferente y está determinada por la posición atribuida en la organización social de los cuidados del municipio. Algunos apuestan por una implicación total y activa: entienden la Mesa de Mayores como un espacio de decisión e incidencia. Es el caso de la Asociación A, de carácter popular, que se crea precisamente con el afán de intervenir desde lo comunitario en la organización social de los cuidados de Zestoa: “Nosotros/as no nos posicionamos en el voluntariado. Queremos organizarnos bien, que cada uno haga su parte.” (GD1: Asociación A). La implicación de la Residencia A, gestionada por una fundación sin ánimo de lucro, es también total, pues junto al Ayuntamiento, impulsa el surgimiento de la iniciativa con el objetivo de crear “una comunidad fuerte para satisfacer las necesidades de cuidado” (Dirección Residencia A, Cuaderno de campo, 21/05/19). El Alcalde, como representante de la Administración Pública, subraya su obligación de promover y liderar el proyecto: “El Ayuntamiento está para eso [liderar el proyecto], nos toca a la administración pública.” (E3: Alcalde). En cambio, la otra asociación de carácter popular, con una larga trayectoria en el municipio vinculada a la organización y promoción de actividades lúdicas destinadas a la población mayor, así como la Residencia B, gestionada por una entidad privada con ánimo de lucro, apuestan por participar en la organización de labores concretas y ofrecerse como voluntariado para llevarlas a cabo:

Las diferencias observadas en la implicación se disipan a la hora de identificar al agente que debe liderar el proyecto, el Ayuntamiento:

Las direcciones de las dos residencias, además, apuntan al Área de Servicios Sociales:

No obstante, la asunción del liderazgo por parte del Ayuntamiento, no está exenta de problemas. La Trabajadora de Servicios Sociales advierte que la carga de trabajo impide su participación intensa en el Ecosistema Local de Cuidado: “Lo que pasa aquí es que nuestro trabajo en el día a día… y al final la dedicación a los proyectos es mínima” (E4) Asimismo, tanto la Asociación A como el Alcalde, apelan a las diferentes lógicas y ritmos del movimiento asociativo y de la Administración Pública:

Desde el ámbito comunitario, las dos asociaciones de carácter popular conformadas por personas mayores, recalcan la inseguridad y el desconocimiento que crean los ciclos políticos derivados de las elecciones municipales (previstas a menos de un año de la realización de los grupos de discusión), ya que en Zestoa la alternancia política ha sido protagonista en el Ayuntamiento en los últimos años (Ayuntamiento de Zestoa, s.f.):

En la reunión de devolución de resultados de la investigación (Cuaderno de Campo 07/11/2022) se manifiesta de forma unánime la necesidad de un liderazgo claro, dada la alternancia política en el Ayuntamiento. Por ello, se propone consolidar jurídicamente la Mesa de Mayores, lo que más tarde, se materializa mediante un convenio entre la Fundación sin ánimo de lucro que gestiona la Residencia A y el Ayuntamiento, que deja el liderazgo de la coordinación del proyecto en manos del primero. El convenio se da a conocer en la presentación pública del Ecosistema Local de Cuidado llevada a cabo en el municipio, donde la dirección de la Residencia A explica sus objetivos para los próximos meses, entre los que destacan: posibilitar la viabilidad del proyecto; definir el modelo de cuidados; y combinar el cuidado comunitario y profesional (Danbolin, 2023). Por su parte, el Alcalde destaca la importancia de “una estrategia local” pues señala que: