VOX y la Democracia Liberal: una genealogía intelectual de la crítica nacionalpopulista a los partidos políticos

3.1. Un antecedente de la crítica de Vox a los partidos políticos: Gonzalo Fernández de la Mora[Subir]

Abascal ha denunciado en repetidas ocasiones la «partitocracia» (o «partidocracia») en tanto que forma contemporánea de articulación del «establishment político» (‍2015: 53 y 147). El recurso al término de «partitocracia» resulta revelador por cuanto presenta una línea de continuidad con Gonzalo Fernández de la Mora, representante del autoritarismo conservador español que introdujo, teorizó y popularizó el concepto en España. Tan es así, que hablar hoy de partitocracia en España supone engarzar con una tradición crítica de la democracia liberal que tiene al dirigente franquista como su referente inmediato, y en última instancia (por vía interpuesta, según veremos), a Carl Schmitt como referente doctrinal de cabecera. El pensador alemán, el político y ensayista español, y el dirigente de Vox forman parte de una amplia corriente intelectual de largo recorrido en la historia del pensamiento político que sospecha de la democracia representativa y contempla a los partidos como «grupos de poder sin escrúpulos», y a los políticos como «poco menos que conspiradores egoístas» (‍Rosenblum, 2008: 5). Aunque ni Vox ni sus dirigentes se remitan expresamente a Fernández de la Mora, como comprobaremos su crítica de los partidos políticos y de la democracia liberal muestra claros paralelismos con el diplomático, político y ensayista franquista.

Fernández de la Mora y de Vox presentan varios hilos de continuidad. Por un lado, en el plano filosófico-político en ambos subyace una crítica a la democracia liberal articulada por los partidos. Por otro lado, y ahora desde el punto de vista de la praxis política, los aspectos de la Constitución de 1978 que indujeron al político franquista y postfranquista a pronunciarse en su contra durante la Transición son, a grandes líneas, los mismos que articulan al nacionalpopulismo español del siglo xxi, salvando el feminismo y la inmigración, no-problemas en aquellos momentos. Repasamos a continuación estas concomitancias.

Fernández de la Mora fue Subsecretario de Asuntos Exteriores entre noviembre de 1969 y abril de 1970 y, acto seguido, Ministro de Obras Públicas hasta 1974. Su ánimo en esa coyuntura fue más el de un teórico partisano que el de un analista especulativo preocupado por disquisiciones abstractas y despegadas de la realidad. No le interesaba tanto la explicación y la comprensión cuanto el diagnóstico y la prescripción. Su anclaje en el régimen partía de la convicción y lealtad al proyecto franquista. Dio sobradas pruebas de ello hasta el final de su vida. El 1 de octubre de 1975, un dictador visiblemente enfermo se dirigió a sus incondicionales desde el balcón del Palacio Real en la Plaza de Oriente. El contexto nacional e internacional para el régimen era en extremo delicado tras la condena a muerte de once miembros de ETA y del FRAP, cinco de los cuales habían sido ejecutados el 27 de septiembre anterior. Fernández de la Mora asistió a esta última comparecencia pública acompañando a Franco en su intervención desde el balcón del Palacio. El intelectual orgánico franquista respaldó la sentencia como una medida «legítima», «moral» y «necesaria» ejercida por el Estado en aplicación del derecho vigente frente a las amenazas procedentes de «sujetos antisociales»^[14].

En la fase liminal abierta tras la desaparición del dictador, cuando la pervivencia del orden autoritario se antojaba insostenible y el nuevo orden político estaba aún por configurar, Fernández de la Mora se empeñó en la misión de coescribir el guion que habría de marcar el paso político del país. Un guion que tenía como horizonte mantener las estructuras fundamentales del «Estado del 18 de julio»^[15], bien que atendiendo a las reformas necesarias para garantizar su viabilidad. Esta actitud de asumir retoques en lo coyuntural aferrándose a lo fundamental del orden heredado forma parte del legado conservador desde que Edmund Burke sentase los principios de dicha corriente ideológica al calor de la Revolución francesa. En una formulación que desarbola las críticas simplistas que todavía hoy consideran al conservadurismo como una ideología inmovilista y refractaria al cambio, para el político y ensayista británico «un estado que carece de los medios para cambiar carece de los medios para su conservación» (‍1968: 106). Para Burke los experimentos puestos en marcha por los revolucionarios franceses sobrecargaban «el edificio de la sociedad poniendo en el aire lo que la solidez de la construcción requiere que esté en la base» (Ibíd.: 138). Es el mismo espíritu conservador que atraviesa a Vox. Para su líder «No se puede someter al plebiscito de un domingo cualquiera, para que en unas horas tresgeneraciones vengan a tirar por tierra lo que han deliberado las épocas y las generaciones a través de los siglos […] La nación está formada por los muertos, por los vivos (el pueblo) y por los que van a nacer. Nos ha sido dada en usufructo, y se la debemos entregar mejorada a los hombres y mujeres de la España por venir» (‍Abascal, 2015: 100).

Fernández de la Mora y Burke parten de la premisa de que existe un orden natural de las cosas, como si, por decirlo con John Stuart Mill, alguna vez en la historia de la humanidad hubiese existido una forma de dominio que no se lo pareciera a quienes lo detentaban (‍2010: 49). El orden político natural que reivindica Fernández de la Mora es el representado por el «Estado del 18 de julio». Se trataría del Estado «más eficaz y vanguardista que hemos tenido», «uno de los modelos constitucionales más avanzados del derecho público actual»^[16]. Cierto que el Estado franquista precisaba de algunas reformas con el fin de acomodarlo a los nuevos tiempos, pero en cualquier caso vindicando su herencia. En julio de 1976 Fernández de la Mora se alzó a la presidencia de la Unión Nacional Española (UNE), una formación política recién reconocida como partido político en virtud de la nueva Ley de Asociaciones. El germen de la UNE se remonta a un acto homenaje a Víctor Pradera y Ramiro de Maeztu celebrado en junio de 1973. En aquella ocasión Fernández de la Mora pronunció un discurso que, ya desde su título, dejaba bien a las claras las coordenadas continuistas con el régimen dictatorial que iban a guiar a la nueva formación nada más ver la luz oficialmente tres años más tarde: «Bandera que se mantiene» (‍Del Río Morillas, 2013: 2, nota 1). No encontró el eco pretendido su propuesta de orquestar un Frente Nacional (FN) que agrupase a «todos los que quieren la continuidad perfectiva del Estado que ha dado a España la paz más dilatada, la justicia distributiva más avanzada y el mayor desarrollo económico de toda nuestra historia. El Frente Nacional […] es la continuidad perfectiva del Estado vigente»^[17]. El FN francés había visto la luz en 1972.

La UNE, el abortado FN y, en tercer lugar y en orden cronológico, la Derecha Democrática Española (DDE), partido que ayudó a fundar Fernández de la Mora en 1979: las tres plataformas aspiraban a dar continuidad al franquismo. En lo organizativo, las formaciones promovidas sucesivamente por el político postfranquista coincidían en una particularidad que muestra un recelo obvio frente a los actores que articulan la democracia liberal: todas renunciaban a incorporar la rúbrica de «partido» en su denominación. En el caso de la UNE, consta expresamente que sus fundadores se resistieron a la etiqueta de partido desde sus inicios (‍Del Río Morillas, 2013: 16, 17).

Asumiendo la necesidad de acometer reformas encaminadas a garantizar la supervivencia del régimen, la UNE consideraba inviolables e irrenunciables los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional. Sus estatutos recogían propuestas tales como «la solidaridad moral de la Iglesia católica con el Estado» (cerrando pues las puertas al estado laico y abriéndoselas al nacionalcatolicismo), la «intangibilidad» de la unidad nacional o la representación según los órganos naturales de asociación o cuerpos intermedios, cifrados en la familia (donde se nace), el municipio (donde se vive), y el sindicato (donde se trabaja) (‍Fernández de la Mora, 1996: 133; ‍González Cuevas, 2015: 335-‍336).

En 1976 la UNE fue una de las formaciones políticas que confluyeron en la fundación de Alianza Popular (AP), con la que Fernández de la Mora obtuvo acta de diputado en las elecciones constituyentes de 1977 por la circunscripción de Pontevedra. Con todo, abandonó ambas formaciones el 6 de noviembre de 1978 por su discrepancia en torno a la postura a adoptar en el referéndum constitucional. Fernández de la Mora fue uno de los seis diputados que se pronunció en contra del texto constitucional: cinco de ellos militaban en las filas de AP, el sexto fue el representante del partido nacionalista vasco Euskadiko Ezkerra. Antes de la votación, en una carta remitida a Manuel Fraga el 17 de julio anterior ya había adelantado las razones de su rechazo: «incluye [la Constitución. Nota: J. C.] artículos que expresamente contradicen puntos esenciales de nuestro programa, entre los que citaré las nacionalidades, la familia, la educación y la economía de mercado». Nótese que, junto con la inmigración y la soberanía nacional, son los temas centrales de Vox. El modelo de Estado social incorporado en el proyecto de Carta Magna y luego aprobado en referéndum, por ejemplo, tenía a su juicio tintes socializantes y amenazaba con estrangular la iniciativa privada y el crecimiento económico. Para quien apostaba por «menos Estado y más sociedad», se trataba de un argumento decisivo de rechazo^[18]. Sus reservas con respecto al modeloeconómico no fueron, con todo, la principal razón para abjurar del texto constitucional llamado a articular el nuevo estado democrático. Hubo una discrepancia que pesó sobremanera en su decisión: la Constitución de 1978 reconocía y sancionaba la pluralidad de España, lo cual ponía «en entredicho la unidad de la Patria» (en ‍González Cuevas, 2015: 363, 365). Y es que Fernández de la Mora fue un defensor inquebrantable de la «unidad nacional con regionalización administrativa»^[19], igual que Vox es un decidido enemigo del Estado de las autonomías.

Burke contrapuso lo etéreo y evanescente del proyecto revolucionario francés, vale decir, el juego de dados inscrito en su filosofía y praxis políticas, con las estructuras ancladas al suelo, esto es, con la tradición y la historia. En el marco de esa misma corriente recelosa del aventurerismo especulativo que descoyunta de la noche a la mañana el orden político y social acrisolado y destilado a lo largo de los siglos, durante la Transición Fernández de la Mora abogó por reformar España para hacerla «más ordenada, justa y próspera». De lo que se trataba era de evitar «saltar en el vacío» sucumbiendo a la «manía constitutoria» o a la «epilepsia constituyente» que reclamaban numerosas voces que buscaban trascender el «Estado del 18 de julio»^[20].

En plena vorágine transicional desde un orden autoritario a otro democrático, y con el proyecto constitucional en el epicentro del debate político, a principios de 1977 Fernández de la Mora publicó un libro con el título de La partitocracia^[21]. Fuertemente inspirado en la crítica a los partidos políticos en tanto que oligarquías guiadas por el interés particular y volcadas en su propia perpetuación, el libro abundaba en la línea de denuncia a las democracias liberales en la que el autor venía insistiendo en diferentes foros y publicaciones^[22].

Esta obra supuso la introducción en España de la denuncia al «gobierno de los partidos», que no otra cosa significa etimológicamente el término de «partitocracia». Engarzaba así con una corriente europea que, bajo diferentes denominaciones (Parteienstaat, Party Government o Stato di partiti), venía abundando desde décadas atrás en las transformaciones que atravesaban las democracias occidentales. Fue en Italia donde vio la luz el neologismo de partitocrazia para denunciar las imposturas que rodeaban a los órdenes democráticos. Desde esta perspectiva, si por algo se caracterizaban las democracias representativas era porque las cúpulas de los partidos habían reemplazado a los parlamentos como el eje articulador de la vida política y, en el camino, habían dejado de ser expresivos de la voluntad de la ciudadanía: «La hipótesis demoliberal —sostiene Fernández de la Mora— supone que el sufragio universal, canalizado por los partidos políticos, permite obtener en el Parlamento una fiel microimagen de la voluntad popular. Los hechos no confirman esta presunción» (‍1977: 111). Para Fernández de la Mora, «los diputados no representan a los electores […]; se representan, pues, a sí mismos y, eventualmente, a unos intereses de clase o grupo» (‍1977: 144). La realidad, se reafirmará en otro escrito al cabo de los años, «es que casi todos los diputadosno son los que el pueblo considera los mejores, sino como los pertenecientes a una clase poco prestigiosa, la de los ‘políticos’» (‍1996: 118). Es más: «El diputado ya no es propiamente un ‘parlamentario’, sino, a lo más, un ‘portavoz’; es un hombre que abdica de su razón y se alinea con el partido. Deja de ser una cabeza pensante para convertirse en un dato contable a la hora de los escrutinios» (‍1977: 158). En realidad, y este es el núcleo central de su crítica, el control de la vida política en las democracias liberales no radica tanto en el parlamento en tanto que depositario de una supuesta voluntad popular como en la cúpula de los partidos, erigida en una auténtica oligarquía que suplanta la voluntad popular y sucumbe a la «digitocracia» o «designación por el dedo»^[23]. La función atribuida en la teoría democrática liberal al parlamento como foro en el que discurre el debate, se despliega la razón y fluye el libre intercambio de argumentos habría devenido una quimera. El diálogo está abortado, y en todo caso resulta ficticio, desde el momento en que los responsables de los grupos parlamentarios han tomado una decisión que antecede a los debates. El parlamento no es, entonces, un foro para la confrontación de la razón, sino un espacio para la teatralización de decisiones tomadas por las cúpulas de los partidos antes del debate. Lapublicidad y la transparencia de las deliberaciones de la teoría parlamentaria son un mito, puesto que «lo público no es tanto el proceso, cuanto, como ya acontecía en los absolutismos, el resultado» (‍1996: 119).

¿Cuál era la alternativa de Fernández de la Mora a la democracia de partidos en un país que intentaba dejar atrás las estructuras heredadas de la dictadura y sentar las bases de un nuevo orden político? El pensador conservador y franquista se destacó tras la muerte del dictador como un defensor del régimen frente, por un lado, a los «desertores» pasados al aperturismo y, por otro lado, a los inmovilistas de el «bunker» (en ‍González Cuevas, 2015: 302 y 329). Su proyecto para la nueva fase que se abría después del dictador lo resumió así el propio interesado: «Aspiro a la victoria: en este caso, a que no se malogre la Victoria, con mayúscula, que ganaron nuestros padres».

Este es el marco histórico-político en el que se enmarca su defensa de una «democracia orgánica o corporativa», su alternativa a una democracia liberal articulada por los partidos. El caso español demuestra su viabilidad práctica «para análogos supuestos estructurales»; si otros países de nuestro entorno geopolítico no abundaron en esa vía habría sido por «prejuicios ideológicos o por una pretensión de proselitismo planetario» (‍1977: 220). Según Fernández de la Mora, las ventajas de la democracia orgánica frente a la democracia de partidos serían de varios órdenes. La representación orgánica «suele ser más eficaz que la inorgánica, porque representa mejor los intereses sociales y, además, carece de casi todas las características negativas de la partitocracia». Fernández de la Mora se ocupa de especificar sus virtudes: «permite el acceso de los independientes al poder, favorece la renovación de la clase política, flexibiliza la presentación de candidatos, otorga más autonomía a los elegidos, pragmatiza las Cámaras, posibilita la división y el equilibrio de poderes y desaliena la vida sindical, profesional y local, a la par que objetiva los problemas políticos». En fin, resume Fernández de la Mora, que «la democracia orgánica o corporativa es mucho más genuina que la inorgánica o partitocrática».

Por si no fueran suficientes esos méritos, el político conservador español añade uno más al listado: la democracia orgánica resulta «perfectamente compatible con la democracia directa, que apela directamente al pueblo, sin la manipuladora mediación de los partidos» (‍1977: 216-‍217). La vindicación de este modelo de democracia engarza con la propuesta nacionalpopulista actual. Los programas del Frente Nacional/Rassemblement national francés, el FPÖ austriaco, AfD y Vox recogen la aplicación de mecanismos de democracia directa como los referéndums^[24]. Vox ha sido el último partido de la constelación soberanista de derechas en asumir esta propuesta. Coincidiendo con la celebración los días 8 y 9 de octubre de 2022 en Madrid del acto público Viva 22. La historia que hicimos juntos, una particular lectura de las contribuciones de España a la historia universal (‍Casquete, 2023), Vox presentó el manifiesto España decide^[25]. Con el nuevo giro se trata, sostienen, de «recuperar nuestra democracia de mano de la partitocracia […] que ha traicionado al pueblo y también al parlamentarismo». Aunque en su documento no emplean el término «referéndum», no de otra cosa hablan cuando exigen preguntar a la ciudadanía apelando al artículo 92 de la Constitución, que contempla la posibilidad decelebrar consultas sobre políticas públicas de especial trascendencia.

3.2. La crítica de Carl Schmitt a la democracia parlamentaria[Subir]

La crítica que formula Fernández de la Mora a esa forma degenerativa de la democracia que sería la partitocracia no era original. En sus líneas maestras estaba inspirada por Carl Schmitt y su crítica al Parteienstaat o «Estado de partidos». Sin embargo, conviene adelantar, en La partitocracia no se encuentra ni una sola referencia al constitucionalista alemán.

Schmitt se destacó como el principal teórico de la política y del derecho del momento en su país, y como uno de los críticos de la teoría política liberal más perspicaces e influyentes del siglo pasado. El hilo conductor de su prolífica, polifacética y transdisciplinar obra política, jurídica y cultural (su «trinidad de pensamiento»; ‍Meierhenrich y Simons, 2016) es el problema del orden social. A lo largo de su dilatada vida y obra nunca abandonará esa preocupación. Sus trabajos más emblemáticos de teoría del derecho y de pensamiento político vieron la luz durante la turbulenta República de Weimar, que adquirió carta de naturaleza con una Constitución que sustituyó la monarquía por un sistema político basado en los partidos políticos y el parlamentarismo (‍Casquete y Tajadura, 2020; ‍Álvarez, 2021). Entre 1919 y 1933 la República asistió a la sucesión de 20 gabinetes, 16 de ellos parlamentarios y cuatro presidenciales, todos ellos incapaces de salvaguardar el orden en una sociedad profundamente polarizada. La Constitución de 1919, columna vertebral de la república, recogió por vez primera en la historia de Alemania una declaración de derechos y un marco normativo relativo a la familia, la educación, la religión y las relaciones económicas en una economía capitalista (‍Preuss, 2016: 471).

Hasta hoy, y en una suerte de coincidentia oppositorum, Schmitt constituye una fuente de inspiración de la crítica a las democracias liberales, tanto si proceden del campo de las derechas como si lo hace desde las izquierdas (‍Velasco, 2020). Su despliegue conceptual, se le ha criticado, resulta a menudo más efectista que preciso, razón por la cual adquiere diferentes interpretaciones para demócratas (de izquierdas o conservadores) y autócratas (‍Meierhenrich y Simons, 2016: 17). Por un lado, están aquellos pensadores de lo político que reconocen en Schmitt un interlocutor a la par que adversario con quien el diálogo resulta inexcusable cuando de lo que se trata es de repensar la democracia liberal y de reforzar sus principios. Estos autores aspiran a dialogar con y contra Schmitt, no para socavar los cimientos de la democracia liberal cuanto para identificar las deficiencias del marco liberal dominante y dar con posibles remedios (‍Mouffe, 1999). En el otro extremo están quienes hacen suya la crítica de Schmitt al parlamentarismo. Fernández de la Mora con su denuncia de la partitocracia y, en la medida que asume la terminología y el marco de crítica, también Abascal, se encuadran en este segundo grupo. Ninguno de los dos aspira a mejorar el funcionamiento de la democracia liberal y de la representaciónimpulsando reformas en la naturaleza y funciones de los partidos políticos; lo hacen con un ánimo de sospecha y recelo hacia ellos en tanto que canales para canalizar la voluntad popular.

Sorprende la ausencia de reconocimiento expreso al jurista alemán en el despliegue argumentativo de Fernández de la Mora en La partitocracia. El pensador español hace suyas las ideas de Schmitt sin confesar la fuente, y ello pese a que conocía tanto al autor como su obra. En efecto, Fernández de la Mora disfrutó del «amistoso magisterio»^[26] de Schmitt desde que coincidieran en Colonia a finales de 1949, justo después de la llegada a su destino en Fráncfort como representante del cuerpo diplomático español. En 1950 asistió a los seminarios privados que impartía Schmitt (‍Fernández de la Mora, 1996: 114). En España, donde cultivó una densa y variopinta red de amistades y admiradores de su obra, Schmitt contempló con benevolencia y simpatía el régimen franquista por haber sido capaz de frenar al comunismo internacional (‍Saralegui, 2016: 135-‍136, 161 y 168). En realidad, la simpatía hacia regímenes autoritarios fue una constante en Schmitt. A mediados de la década de 1920 apoyó el régimen fascista italiano (‍Schwab, 1970: 147; ‍Müller, 2003: 28), y en mayo de 1933 se afilió al partido nazi. Pronto fue acusado de fungir como «el jurista de cabecera del Tercer Reich»^[27]. Fuese por convicción o por oportunismo, su militancia en el partido nazi fue una sombra que lepersiguió el resto de sus días. En los años iniciales del Tercer Reich sostuvo, por ejemplo, que «El Führer protege el derecho de los peores abusos cuando en el momento del peligro y en virtud de su liderazgo (Führertum) funda la justicia de forma inmediata como máxima instancia judicial»^[28].

Así pues, Fernández de la Mora conoció personalmente a Schmitt, y era además un buen conocedor de su crítica a las democracias liberales. Así se revela en un artículo periodístico suyo con motivo del noventa aniversario del pensador alemán. En él Fernández de la Mora destaca un trabajo de Schmitt titulado Los fundamentos histórico-espirituales del parlamentarismo en su situación actual (orig. 1923)^[29]. En esta obra hay que rastrear la fuente de inspiración de la crítica al Estado de partidos que despliega Fernández de la Mora en La partitocracia. La crítica de Schmitt a las democracias liberales representaba, en el contexto histórico-político del momento, una crítica interpuesta a la República de Weimar, un sistema lastrado por su debilidad e incapacidad para tomar decisiones, ni siquiera en defensa propia frente a sus enemigos comunistas y nazis. En los últimos años de la República, Schmitt defendió que el Estado no podía mantenerse neutral frente a quienes abogaban por el arrumbamiento del orden constitucional. Se trataba de negar una igual oportunidad de acceso al poder a los partidos políticos de esa vocación, es decir, a nazis (a quienes, en cambio, no tardaría en vincularse) y comunistas. Y es que Schmitt siempre se mostró preocupado por la preservación del orden político, también durante Weimar, frente a las fuerzas que socavaban el orden republicano (‍Schwab, 1970; ‍Bendersky, 1983).

Weimar vivió sumida en debates interminables para alcanzar compromisos entre intereses heterogéneos e irreconciliables. Uno de esos debates tuvo que ver con la forma de articulación del Estado, en el que Schmitt se posicionó (como después harán Fernández de la Mora y Vox) por un estado central fuerte, descentralizado administrativa pero no políticamente, que pusiese fin a las pulsiones centrífugas del orden federal incorporado en la Constitución (‍Bendersky, 1983: 200; ‍De Miguel y Tajadura, 2018: 163-‍164).

Durante el periodo republicano Schmitt se preocupó por el hecho de que las divisiones políticas internas bloqueasen el ejercicio del gobierno y franqueasen el paso a los extremistas de derecha e izquierda. Un sistema político articulado por los partidos políticos estaba condenado de antemano a la parálisis e indecisión permanentes. Solo podía ser rescatado de sí mismo otorgando poderes extraordinarios a la única figura que, en virtud de la Constitución de 1919, emanaba directamente del voto ciudadano, esto es, el presidente del Reich. Según un intérprete suyo, Schmitt estaba convencido de que el presidente «ha de ser incuestionablemente leal a la constitución y representar al conjunto de la nación en lugar de a los intereses de un partido concreto […] El presidente debía ser un pouvoir neutre, una institución neutral por encima de los partidos que preservase la constitución y fuese capaz de mantener en funcionamiento la complicada maquinaria de un estado moderno en el caso de que el Reichstag se viese paralizado por una falta de mayoría, o por extremistas» (‍Bendersky, 1983: 79). La incapacidad de Schmitt para discernir entre una dictadura limitada y encabezada por el presidente elegido por sufragio popular y la posterior deriva totalitaria del régimen encabezado por Hitler constituye una prueba de los riesgos de su filosofía política. Para Schmitt la alternativa al parlamentarismo era un dictador democrático (oun «dictador populista», según Ulrich Preuss —‍2016: 481—), la única figura capacitada para actuar como el auténtico delegado de una voluntad popular unificada. Con notable sofisticación jurídica, durante la República de Weimar Schmitt no cejó de defender la superioridad de la dictadura «democrática» encarnada por el presidente por encima de la democracia parlamentaria (Ibíd.). Schmitt entiende por dictadura «la dominación personal de un individuo, si bien ligada necesariamente a otras dos representaciones: la una, que esta dominación se apoya en un asentimiento del pueblo, que tanto da que sea impuesto o imputado, y, por tanto, en un fundamento democrático, y la otra, que el dictador se sirve de un aparato de gobierno fuertemente centralizado, apropiado para el gobierno y la administración de un Estado moderno» (‍2013 [1921]: 20). La idea clave de su teoría de la dictadura es la de excepción: una situación como la que vivía Alemania después de la I Guerra Mundial reclamaba medios excepcionales. El «dictador comisarial», el soberano, sería el encargado de decidir sobre la normalidad y la excepción (‍Preuss, 2016: 474, 475). Al final, su teoría del «decisionismo», según la cual la acción política era un valor en sí mismo con independencia de su justificación normativa, sirvió para legitimar el acceso y ejercicio dictatorial del poder por Hitler durante el Tercer Reich.

La crítica de Fernández de la Mora a la partitocracia se inspira, ya lo hemos adelantado, en un libro de Schmitt de 1923. En esa obra Schmitt sostiene que los representantes electos hacen las veces de un «decorado superfluo, inútil e incluso lamentable» (‍2008: 16). El curso político se dirime en las discusiones de los comités de partidos celebradas a puerta cerrada, a espaldas de la opinión pública y guiadas por lo que deciden «los representantes de los intereses del gran capital en un reducido comité» (Ibíd.: 105). La dialéctica argumento/contraargumento de los partidos no respondería al interés general, sino a un mandato imperativo impuesto por los partidos que lastra cualquier ejercicio deliberativo libre; los partidos «ya no se enfrentan entre sí confrontando opiniones en la discusión, sino como grupos de poder social o económico, sopesando los respectivos intereses y oportunidades de poder y llevando a cabo, sobre esta base fáctica, compromisos y coaliciones» (Ibíd.: 16-‍17). La transparencia y deliberación, claves de bóveda del diseño parlamentario, se convierten en una «huera formalidad». (Ibíd.: 16). A la salida del régimen imperial tras la derrota en la I Guerra Mundial, los defensores del liberalismo y la democracia cifraron sus esperanzas en el parlamento y los partidos políticos para seleccionar a los líderes políticos más capaces. Hoy, hacía balance Schmitt, «Resulta bastante dudoso que el Parlamento posea realmente facultad para formar una élite depolíticos […] el Parlamento sólo será ‘verdadero’ cuando la discusión pública sea tomada en serio y llevada a efecto» (Ibíd.: 12 y 13). El parlamento es el foro «donde se juntan y se convierten en poder público […] las partículas de razón» (Ibíd.: 73). En cambio, cuando se convierte en un foro de intereses pierde su carácter como lugar donde prima la razón. Los partidos no discuten entre sí en el parlamento, sino que juegan estratégicamente guiados por sus ansias para alcanzar el poder. Para lograr el voto ciudadano los partidos despliegan un «aparato de propaganda» encaminado a apelar a sus intereses y pasiones más inmediatas. Siendo así, la «idea de argumentar en el sentido propio de la palabra, característica de una verdadera discusión, desaparece. Es reemplazada, en los debates de los partidos, por un cálculo consciente de los intereses y las oportunidades de poder» (Ibíd.: 17). El juego político en el parlamentarismo no pasa por la persuasión del mejor argumento, promesa del parlamentarismo, sino por la conquista de la mayoría. Para que se entable una discusión hacen falta unas premisas que no concurren en las democracias liberales: «unas convicciones comunes, la disposición a dejarse convencer, la independencia respecto a ataduras de partido, la imparcialidad frente a intereses egoístas» (Ibíd.: 14). Establecido a modo de axioma, los partidos en órdenes políticos pluralistas anteponen los intereses de sus electores y su clientela al interés colectivo. Sedebaten entre «colaborar en este continuo tráfico de compromisos o a permanecer apartados y sin importancia» (Ibíd.: 150-‍151). Su tesitura semeja a la del perro de la fábula de Lafontaine, sostiene Schmitt, que guardaba celosa y fielmente el asado de su señor hasta que acudieron otros perros; entonces se avino también él a participar en el banquete. El parlamento, en lugar de servir para alcanzar una voluntad política común que esté por encima de los partidos, «se convierte en teatro de la distribución pluralista de las potencias sociales organizadas» (Ibíd.: 151). Se sustancia así el triunfo del espíritu de facción sobre el interés nacional, la misma crítica que efectúan Fernández de la Mora y Vox frente a quienes priorizan sus intereses particulares sobre los intereses de España. Los partidos son, en suma, fines en sí mismos, más que medios al servicio de un bien superior: la patria.