El poder político subnacional en Argentina (1983-‍2019): trayectorias políticas previas y atributos personales en clave de género

INTRODUCCIÓN[Subir]

En 2021 se cumplieron treinta años de la sanción de la pionera Ley de Cupo Femenino en Argentina, que en 1991 inauguró una nueva etapa a escala global en relación con los derechos políticos de las mujeres. A partir de la primera década del siglo xxi, se produjo un incremento sin precedentes históricos del acceso de las mujeres a espacios de decisión política, especialmente a los cargos legislativos. Desde que en el año 2000 algunas provincias argentinas comenzaran a aprobar leyes de paridad para las listas de candidaturas a las elecciones legislativas subestatales, veintiuno de los veinticuatro estados subnacionales ya disponían de este tipo de legislación en julio de 2022. Mientras tanto, a nivel nacional la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política se aprobó en 2017.

Así las cosas, a pesar de haber logrado que el 39 % de bancas sean ocupadas por mujeres en la Cámara de Diputados nacional, derribando así el techo de cristal del 30 % en gran parte de las legislaturas de las provincias argentinas, las mujeres continúan siendo excluidas de los espacios de poder más relevantes, como son las autoridades de los bloques y comisiones legislativas (‍Schwindt-Bayer, 2010; ‍Barnes, 2014; ‍Atenea, 2017, ‍2021), de los cargos políticos y/o ejecutivos más poderosos, de los espacios de liderazgo y decisión de los partidos políticos (‍Atenea, 2021) y también de los espacios de poder informales.

En el ámbito ejecutivo, el acceso de las mujeres ha sido sustancialmente menor. Desde la transición a la democracia en 1983, la primera y única mujer electa presidenta fue Cristina Fernández en 2007, reelecta en 2011 hasta 2015. En el cargo de vicepresidenta, la primera mujer fue Gabriela Michetti entre 2015-‍2019, y Cristina Fernández para el período 2019-‍2023. A nivel provincial, desde 1983, tan solo siete mujeres fueron electas gobernadoras: la primera fue Fabiana Ríos en Tierra del Fuego (2007-‍2015), y le siguen Lucía Corpacci en Catamarca (2011-‍2019), Claudia Ledesma Abdala en Santiago del Estero (2013-‍2017), María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires (2015-‍2019), Rosana Bertone en Tierra del Fuego (2015-‍2019), Alicia Kirchner en Santa Cruz (2015-‍2019 y 2019-‍2023) y Arabella Carreras en la provincia de Río Negro^[1]. A nivel local, solo el 12,25 % de los cargos ejecutivos municipales de todo el país son ocupados por mujeres (‍Atenea, 2021).

La agenda y literatura académica sobre el acceso y participación política de las mujeres se ha concentrado especialmente en los estudios sobre los poderes legislativos, por un lado, con mayor desarrollo en el ámbito nacional y en menor medida sobre las legislaturas subnacionales y locales, por el otro. Por el contrario, los estudios sobre el acceso de las mujeres a los cargos en el poder ejecutivo (electivos o no) son más escasos y recientes (‍Lodola, 2017; ‍Barnes et al., 2019), a pesar de que estos cargos (gobernaciones, intendencias y algunos ministerios provinciales) son mucho más codiciados que las bancas en los Parlamentos nacionales (‍Micozzi, 2013). En un país federal como Argentina, el cargo de gobernador o gobernadora es muy poderoso por varias razones: el acceso al control de recursos fiscales, la descentralización administrativa y de las principales políticas sociales como salud y educación, la cercanía e influencia en la vida cotidiana de la ciudadanía, así como también el poder de designación de las personas candidatas a otros cargos electivos, la capacidad de los gobernadores y/o gobernadoras de influir en el comportamiento de los legisladores nacionales de su partido en el Congreso Nacional (‍Kikuchi y Lodola, 2014) y su influencia en las políticas nacionales y en el balance de poder político entre gobernadores/as y presidente/a (‍Bonvecchi y Lodola, 2011), entre otras. Sin embargo, a pesar de la importancia del cargo, los estudios sobre las características sociales, reclutamiento político y carreras políticas de las personas que han accedido al máximo cargo ejecutivo provincial no se han realizado desde una perspectiva de género, es decir, incluyendo en el análisis a las mujeres que han ocupado el cargo.

De este modo, con el objetivo de realizar una aportación en el vacío en las investigaciones sobre la participación política de las mujeres y sin buscar explicar la infrarrepresentación de las mujeres en estos cargos, este artículo ofrece un estudio estadístico (descriptivo e inferencial) sobre los atributos personales y sociales (edad, sexo, nivel educativo), su pertenencia político-partidaria y de sus trayectorias políticas previas de las personas que accedieron al poder ejecutivo subnacional en Argentina entre 1983 y 2019.

El artículo está organizado en cinco secciones, siendo la primera esta introducción. En la segunda, se presenta el estado del arte sobre los estudios de participación política de las mujeres y la importancia de realizar estudios sobre la participación política de las mujeres a escala subnacional, especialmente sobre el cargo ejecutivo máximo. En la tercera sección, se describe la estrategia metodológica del estudio. En la cuarta, se presenta el análisis y los principales hallazgos en dos grandes subsecciones: una en la que se presenta el análisis de los resultados sobre los atributos personales, los atributos sociales y la pertenencia político-partidaria de las personas que alcanzaron el cargo ejecutivo máximo a nivel provincial teniendo en cuenta el sexo; otra en la que se presenta el análisis de los resultados respecto de la trayectoria previa (inmediatamente anterior a asumir la jefatura de Gobierno subnacional y las trayectorias en el poder ejecutivo y legislativo en todos los niveles del Estado). Finalmente, en las conclusiones se resumen los principales hallazgos y se proponen líneas de investigación para futuros estudios.

LOS ESTUDIOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES[Subir]

La literatura académica sobre las desigualdades de género en la participación política se ha concentrado, especialmente, en el estudio de los poderes legislativos y, en su mayoría, a nivel nacional. Algunos estudios analizan las diferencias e impactos de las leyes de cupo y paridad en relación con las características de los sistemas electorales (‍Archenti, 2002; ‍Archenti y Tula, 2013, ‍2017; ‍Franceschet y Piscopo, 2008; ‍Hernández Monzoy, 2011; ‍Jones et al., 2012); otros sobre cuáles han sido los factores y condiciones que propiciaron los orígenes de las reformas electorales inclusivas y/o que promueven la igualdad (‍Caminotti y Del Cogliano, 2019); otros sobre cómo las élites de los partidos políticos han realizado un «cumplimiento minimalista» de las leyes de cuotas, incluyendo estrictamente el porcentaje mínimo de mujeres en las listas (‍Archenti y Tula, 2017, ‍Franceschet y Piscopo, 2014), y otros más que han analizado la representación política de las mujeres en los ámbitos subnacionales a partir de los diferentes impactos de las leyes inclusivas de género debido a la diversidad del federalismo electoral (‍Caminotti y Freindenberg, 2016). También hay estudios que se han dedicado a indagar cómo el incremento del acceso de las mujeres (representación descriptiva), especialmente en los poderes legislativos, ha permitido que los intereses de estas se encuentren representados o si favorece el tratamiento de temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres (representación sustantiva) (‍Perkins y Fowlkes, 1980; ‍Philips, 1995; ‍Pitkin, 1967).

Algunas investigaciones han estudiado las características socioeconómicas, trayectorias y carreras políticas de las mujeres que han logrado ingresar en los Parlamentos desde una perspectiva regional y comparada a nivel nacional (‍Schwindt-Bayer, 2011), así como a escala subnacional (‍Caminotti et al., 2014; ‍Caminotti y Freindenberg, 2016; ‍Canelo, 2011; ‍Granara, 2014; ‍Lodola, 2009) y local (‍Archenti y Albaine, 2012; ‍Barrera Bassols y Massolo, 1998; ‍Massolo, 2007). También hay estudios que analizan cómo influyen los lazos familiares en legisladores/as para el ingreso en los Parlamentos latinoamericanos y su relación con las leyes de cuotas. Más escasos son los estudios sobre la participación de las mujeres en los cargos ejecutivos de alto nivel jerárquico a escala nacional (‍Escobar-Lemmon y Taylor Robinson, 2005, ‍2016; ‍Barnes y Jones, 2018), y más recientes —y en crecimiento— aquellos que se dedican a estudiar el acceso y las características de las mujeres que acceden a cargos ministeriales en los gabinetes subnacionales (‍Barnes et al., 2019). Y, a pesar de que el cargo de gobernador o gobernadora es uno de los más poderosos y codiciados en el federalismo argentino (‍Micozzi, 2013), la mayoría de los estudios han sido realizados sin incluir en el análisis de las mujeres que llegaron a serlo. Mucho más escasas son las investigaciones sobre el acceso de las mujeres al poder judicial (‍Bergallo, 2010).

En términos de las barreras invisibles, menos prolíferos han sido los estudios sobre los estereotipos culturales y las severas limitaciones y pobreza de tiempos debido a las desiguales responsabilidades de cuidados que obstaculizan la presencia y participación de las mujeres en el espacio público. Es decir, estudios que profundicen e indaguen sobre las barreras vinculadas a la desigual distribución entre géneros de los trabajos domésticos y de cuidados —desde un enfoque de derechos humanos (‍Pautassi, 2007) y la perspectiva de la economía feminista (‍Rodríguez Enríquez, 2015)— que obstaculizan el acceso, la permanencia y la participación efectiva de las mujeres en los espacios de poder, desde sus propias voces y experiencias, son escasos y recientes (‍Rulli, 2022). Por último, otras líneas de investigaciones se han dedicado a estudiar, en nuestra región, el acoso y la violencia política por razones de género y cómo inciden en las oportunidades y actividad política de las mujeres (‍Albaine, 2014; ‍Archenti y Albaine, 2013; ‍Martelotte, 2018).

Como se ha mencionado, a pesar de que Argentina haya sido uno de los estados federales más descentralizados del mundo (‍Smith y Revell, 2016) y que la diversidad del federalismo electoral argentino (‍Caminotti y Freidenberg, 2016) ofrece un laboratorio fértil para analizar las condiciones de acceso de las mujeres en todos sus poderes y niveles, la agenda académica —y también política— se ha demorado en estudiar el acceso de las mujeres a puestos ejecutivos, especialmente, a nivel subnacional (‍Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson 2005, ‍2016; ‍Arriola y Johnson, 2014; ‍Atenea, 2021). Los estudios que analizan las características de las personas que alcanzan el mayor cargo ejecutivo subnacional no estudiaron a las mujeres por ser pocos casos. Según Lodola (‍2017), los gobernadores varones argentinos comparten ciertas credenciales sociales o características deseables con las élites legislativas, pero, a su vez, presentan ciertas características particulares en las que difieren, especialmente respecto de las modalidades de las carreras políticas previas antes de acceder al cargo. Sin embargo, las mujeres que han accedido al cargo han sido insuficientemente estudiadas.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA[Subir]

El diseño metodológico se basa en una estrategia cuantitativa —descriptiva e inferencial— para el estudio del universo, esto es: todas las personas que resultaron electas por medio del voto popular para ocupar el máximo cargo ejecutivo provincial entre 1983 y 2019 en las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires (a partir de 1996). En primer lugar, se realizó una descripción exhaustiva de las características de la población (incluyendo proporciones, promedios y medias) a partir de las siguientes dimensiones y variables:

En segundo lugar, se realizaron una serie de test de estadística inferencial con el objetivo de identificar asociaciones, dirección e intensidad. En todos los casos se ha buscado, especialmente, establecer y describir relaciones entre las distintas variables y el sexo de la persona que ocupa el cargo.

La información empírica para el estudio realizado proviene de una base de datos inédita que contiene datos biográficos y sobre las carreras políticas y que incluye en todos los mandatos al mayor cargo del ejecutivo subnacional y todas las personas que ocuparon alguna vez ese cargo entre 1983 y 2019. Para la realización del estudio y el análisis se han considerado a las gobernadoras y los gobernadores en activo (‍Lodola, 2017), que se corresponden con todos los individuos que fueron electos para el cargo de gobernador o gobernadora durante el período 1983-‍2019. Asimismo, se toma como unidad de análisis el mandato; esto significa que aquellas personas que fueron reelectas son consideradas cada uno de los mandatos en los que ocuparon el cargo.

La hipótesis que ha guiado nuestro estudio ha sido que los atributos personales, sociales y políticos de las mujeres y los varones que lograron ser gobernadores y/o gobernadoras son diferentes, así como las trayectorias políticas previas (niveles y poderes del Estado) que desarrollan antes de acceder al cargo.

LOS/AS GOBERNADORES/AS ARGENTINOS/AS ENTRE 1983 Y 2019[Subir]

Entre 1983 y 2019, un total de 261 personas electas ocuparon el máximo cargo ejecutivo electivo subnacional; de estas, únicamente 11 fueron mujeres —el 4,2 %— y 250 hombres —el 95,8 %^[2]—. Esta abismal diferencia entre la cantidad de casos por género dificulta la posibilidad de realizar pruebas de asociación, típicas de la estadística inferencial. Sin embargo, los resultados de esta investigación continúan siendo pertinentes dado que se trabaja con la totalidad de la población en lugar de trabajar con una muestra a partir de la cual se realizan inferencias sobre los parámetros de la población. Al mismo tiempo, de los 261 mandatos, 165 alcanzaron el cargo bajo el sello del Partido Justicialista (PJ) —el 63,5 %—, 44 casos con la Unión Cívica Radical (UCR) —el 17 %—, un único caso con el partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI), 5 casos con Propuesta Republicana (PRO) —el 2 %—, y 46 casos perteneccientes a partidos políticos provinciales —el 17,6 %—.

Sin embargo, entre los 261 mandatarios la distribución de estas características no fue completamente aleatoria o equitativa durante los 36 años objeto de estudio. En cuanto a la identidad partidaria, el sistema de partidos argentino estuvo caracterizado hasta 2001 por la presencia de dos grandes partidos políticos tradicionales y de alcance nacional que lograron reponerse y presentarse a los comicios después de la violenta dictadura cívico-militar (1976-‍1983): el PJ y la UCR. Durante todos esos años, estos dos partidos políticos (solos o en coalición), pero especialmente el PJ, concentraron los cargos políticos electorales más importantes: presidencia, bancas en el Congreso Nacional, gobernaciones y la jefatura de la CABA (‍Tula y De Luca, 2011).

En diciembre de 2001 se desató una crisis económica, política y social en el país, que implicó la renuncia anticipada del presidente y varios meses de inestabilidad institucional. La crisis política se manifestó en una profunda crisis institucional y de representación y en reclamos por reformas políticas tanto a nivel nacional como en las provincias. El impacto de la crisis en términos políticos se refleja en los cambios en el sistema de partidos a partir de 2001 y en los Ejecutivos provinciales a partir del 2003 al calor de las consignas populares del «que se vayan todos». En las elecciones legislativas nacionales de 2001, la mitad del electorado no cumplió con la obligación de votar o votó en blanco. En 2003, cinco provincias cambiaron de color partidario en sus gobernaciones y seis cambiaron en 2007. Asimismo, se implementaron varias reformas políticas y en los sistemas electorales con un fuerte impacto en los partidos políticos como la aprobación de las internas abiertas y simultáneas en junio de 2002 (íd.).

De esta manera, a partir de las elecciones nacionales y provinciales de 2003 aparece un sistema de partidos en transformación con desprendimientos de los dos partidos políticos tradicionales y creación y surgimiento de nuevos partidos políticos como el ARI y el PRO, que alcanzaron bancas en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales y locales.

Análogamente, en lo que respecta al género de los/as mandatarias, a partir de las elecciones de 2007 comienza la muy lenta irrupción de las mujeres en los poderes ejecutivos, con el triunfo de Fabiana Ríos en Tierra del Fuego.

Es en este contexto de evolución y cambio de las características que encarnan los gobernadores en el que se enmarca nuestro estudio sobre las cualidades que distinguen a las mujeres gobernadoras de sus contrapartes varones.

¿QUIÉNES Y CÓMO SON LOS/AS GOBERNADORES/AS ARGENTINOS/AS?[Subir]

Los atributos personales[Subir]

Edad[Subir]

Las personas que por medio de elecciones directas han accedido al cargo de gobernador o gobernadora entre 1983 y 2019, tienen en promedio casi 53 años (52,64) al asumir el mandato. Los varones un poco más, con 53 años (52,72), mientras que las mujeres quedan por debajo, con 51 años (50,91)^[3]. Sin embargo, estas diferencias en los promedios de edad según sexo no son significativas estadísticamente^[4]. Al analizar por franjas etarias se observa que la franja entre 29 y 49 años es la que concentra la mayor proporción en ambos sexos (43,8 %): en varones es el 43 % de los casos y en las mujeres el 63 %. La franja que va de 50 a 59 años representa alrededor del 34,2 % y en aquellas personas mayores de 60 años el 21,9 %. Estos resultados respecto de la variable edad no son diferentes de lo que nos indican los estudios sobre las mujeres en los poderes legislativos en América Latina. Según Schwindt-Bayer (‍2011:12-13), la edad de los legisladores y las legisladoras en Argentina no difiere: el promedio es alrededor de los 50 (el promedio de las mujeres es 51 años y en varones es 52 años) y las diferencias tampoco son significativas estadísticamente.

Gráfico 1.

Edad al asumir el mandato de gobernador/a según sexo (1983-‍2019)

Fuente: elaboración propia.

Al analizar la variable edad según partido político al que pertenecen los gobernadores y las gobernadoras, se observa que en todos los partidos políticos, menos en el caso del PJ, las mujeres son notablemente más jóvenes que los varones al acceder al cargo. El PJ, que concentra el 62,5 % de los/as gobernadores/as (el 63 % de los varones y el 50 % de las mujeres), presenta variaciones en la edad de acceso al cargo: los varones peronistas alcanzan el mayor cargo del Ejecutivo provincial a los 52,4 años, mientras que las mujeres lo hacen 6 años más tarde, a los 58,6. Respecto de los otros partidos políticos (ARI, PRO y partidos políticos provinciales) los varones acceden al cargo con 54,5 años y las mujeres más jóvenes. Tanto en el caso del ARI como del PRO, que solo han tenido una mujer gobernadora, la edad de las mujeres al asumir en el cargo es de 43 años y 42 años, y en el caso de Juntos Somos Río Negro 49 años.

Hijos e hijas[Subir]

En los últimos años, los estudios sobre los obstáculos y barreras que enfrentan las mujeres a la hora de acceder y ejercer cargos de poder han comenzado a indagar cómo la desigual y asimétrica distribución sexual de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados afectan negativamente las oportunidades y la actividad política de las mujeres (‍Rulli, 2022).

Según nuestro estudio, las mujeres que han alcanzado la gobernación de un estado subnacional tienen, en promedio, un hijo o hija menos que sus pares varones, siendo esta diferencia estadísticamente significativa^[5]: las mujeres tienen dos hijos y los varones tres. Más aún, en el caso de los gobernadores varones, la cantidad de hijos cuenta con una mayor dispersión, la cual va de 0 a 10, mientras que en las gobernadoras aquel rango se reduce a 0 a 3 hijos.

Comparando con las élites legislativas nacionales, entre las/os legisladores en el Congreso Nacional, el promedio de hijos e hijas en las mujeres es 2 y en varones es 3,4 (‍Schwindt-Bayer, 2011). Sin embargo, el promedio de hijo e hijas de las mujeres políticas (tanto de las gobernadoras como de las legisladoras nacionales) es más bajo que la media nacional: la tasa de fecundidad global en 1991 era de 2,9, es decir, de casi tres hijos y/o hijas por mujer (INDEC, 2020). Por tanto, las mujeres que accedieron al cargo máximo ejecutivo provincial tenían menos hijos y/o hijas que sus pares varones y una tasa de fecundidad menor a la de las mujeres en general y a nivel nacional, aún cuando se podría considerar que las mujeres con mayor nivel educativo, como es el caso de las gobernadoras electas, suelen tener menos hijos y/o hijas que las mujeres de menor instrucción.

¿TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A ROMA?[Subir]

Trayectoria previa[Subir]

Antes de llegar a la jefatura subnacional, los gobernadores/as tienen una experiencia media de casi tres años en cargos electivos y no electivos. En la comparación entre varones y mujeres, la diferencia es mínima y no es estadísticamente significativa.

Al analizar las trayectorias de los gobernadores y las gobernadoras entre 1983-‍2021 nos encontramos con que el 90 % de las gobernadoras tuvo algún cargo legislativo previo al ejecutivo provincial —teniendo en cuenta los tres niveles—, mientras que solo el 67 % de los varones tiene una trayectoria que implica algún nivel de los poderes legislativos. Esto no solo da cuenta de la importancia de las leyes de cupo primero y de paridad después a la hora de promover el acceso de las mujeres en el poder legislativo (en todos sus niveles), sino que también refleja la diferencia entre los patrones de acceso al poder según el sexo. 

Es decir, que dentro del grupo de gobernadoras, aquellas que tienen una trayectoria vinculada al poder legislativo se encuentran sobrerrepresentadas. Especialmente si tenemos en cuenta que las mujeres no ocupan el 63,3 % de las bancas del Congreso Nacional y que difícilmente llegan a ocupar —solo en algunas provincias— números cercanos al 45,5 % de las bancas del legislativo provincial. Nuevamente se refuerza la importancia de las leyes de acción afirmativa y paridad que permitieron que las mujeres accedieran al poder legislativo, y una vez que lo han alcanzado puedan acceder a los cargos en Ejecutivos subnacionales.

Al desagregar la trayectoria legislativa según niveles (nacional, provincial y municipal), se evidencia que las mujeres que lograron ser gobernadoras acumulan un mayor porcentaje de cargos en cada uno de los niveles. Sin embargo, esta diferencia de trayectorias no es estadísticamente significativa^[11]. Por ejemplo, mientras las mujeres representan solo el 5,1 % del total de los casos de quienes fueron parlamentarios/as nacionales antes de ser gobernadores/as, de todas las gobernadoras el 63,3 % pasó por el legislativo nacional. En cambio, de todos los gobernadores, solo el 51,6 % pasó por el legislativo nacional —a pesar de representar el 94,9 % de los casos de gobernadores/as que previamente habían sido diputados/as o senadores/as.

Gráfico 2.

Trayectoria en los poderes legislativos según sexo

Fuente: elaboración propia.

En el legislativo provincial la situación es similar. Las mujeres representan solo el 6,9 % del total de quienes fueron legisladores/as provinciales antes de ser gobernadores/as, pero de todas las gobernadoras el 45,5 % pasó por el legislativo provincial. En cambio, de todos los gobernadores, solo el 26,8 % paso por el legislativo provincial —a pesar de representar el 93,1 % de los casos de gobernadores/as que previamente habían tenido una banca en el Parlamento provincial—. En el legislativo municipal la tendencia es similar.

Las proporciones se invierten cuando se analiza el poder ejecutivo: el 54,5 % de las gobernadoras acredita algún cargo ejecutivo electivo —contemplando los tres niveles—, mientras que el 70,4 % de los hombres ocupó algún cargo ejecutivo electivo. Esta diferencia entre proporciones no es estadísticamente significativa^[12], pero en términos descriptivos la situación es similar: cuando se incorporan los cargos ejecutivos no electivos, se observa que el 81,8 % de las gobernadoras y el 84,8 % de los varones tiene alguna trayectoria por el ejecutivo.

Al desagregar los datos por niveles del poder ejecutivo, las mujeres representan el 8,7 % del total de los casos que pasaron por el Ejecutivo nacional antes de ser gobernadores o gobernadoras, pero de todas las gobernadoras el 36,4 % pasó por el Ejecutivo nacional, mientras que de todos los gobernadores, el 16,8 % paso por el legislativo nacional —a pesar de representar el 91,3 % de los casos de gobernadores que previamente habían participado del Ejecutivo nacional—.

En el caso del Ejecutivo provincial la situación es similar: las mujeres representan solo el 4,5 % del total de los casos que fueron gobernadores/as o vicegobernadores/as provinciales antes de ser (nuevamente) electas gobernadoras, pero de todas las mujeres que fueron gobernadoras, el 72,7 % ya había ocupado algún cargo en el Ejecutivo provincial (electivo o no). En cambio, de todos los hombres que fueron gobernadores, solo el 68,4 % pasó por el Ejecutivo provincial —a pesar de representar el 95,5 % de los casos de gobernadores/as que previamente habían sido parte del poder legislativo provincial—. En el nivel municipal las proporciones se invierten. De las gobernadoras solo el 27,3 % accedió al Ejecutivo provincial (no electivo), mientras que el 32,4 % de los gobernadores accedió al Ejecutivo electivo o no.

CONCLUSIONES[Subir]

Los estudios sobre la participación política de las mujeres se han concentrado principalmente en analizar el acceso de las mujeres, especialmente en el poder legislativo a partir de la aprobación de leyes de cupo, primero, y de paridad, después. Si bien, en principio se concentraron a nivel nacional, lentamente comenzaron a avanzar investigaciones sobre la participación en los estados provinciales y más escasos a nivel municipal. Respecto de las trayectorias y las carreras políticas, los estudios se han focalizado en aquellas personas, mujeres y varones, que han accedido también a los Parlamentos y, en menor cantidad, a los poderes ejecutivos, tanto para los cargos electivos como para la conformación de los gabinetes de gobierno. Esta investigación, entonces, propone tres contribuciones: primero, realiza un aporte al conocimiento a través de la incorporación de la perspectiva de género al estudio sobre los atributos personales, sociales y pertenencia político-partidaria de las personas que ocuparon el máximo cargo ejecutivo provincial en la Argentina, como así también sobre sus trayectorias públicas previas. Segundo, a partir de la implementación de una estrategia metodológica cuantitativa no solo descriptiva, sino también inferencial, se ha procurado demostrar asociaciones y relaciones entre variables con significancia estadística. Y tercero, ofrece datos inéditos recolectados y sistematizados en una base de datos actualizada que unifica todos los casos de las personas que accedieron al cargo de la gobernación provincial entre 1983 y 2019 y que puede seguir explotándose para futuras investigaciones.

Sobre los atributos personales de las personas que accedieron a las gobernaciones provinciales hallamos que las diferencias de edad entre varones y mujeres no son significativas estadísticamente, aunque existen variaciones entre las personas mandatarias de los distintos partidos políticos. Más estudios que indaguen sobre otros factores, como la reelección, y que contribuyan a la explicación de estas diferencias son necesarios. Respecto de la cantidad de hijos e hijas, el principal resultado es que existe una diferencia estadística significativa según sexo. Esto es, las mujeres que llegan a ser gobernadoras tienen, en promedio, un descendiente menos que los varones. Estudios más profundos que indaguen sobre cómo las desigualdades de género existentes en la distribución de los trabajos domésticos y de cuidados impactan en perjuicio de las mujeres en su actividad y sus carreras políticas son necesarios.

Sobre el nivel educativo, al igual que el promedio general de país, encontramos que las mujeres gobernadoras poseen mayor nivel educativo que los varones: todas las mujeres gobernadoras tienen título universitario, mientras que los gobernadores varones universitarios son el 80,7 % del total. Asimismo, los gobernadores/as del país han sido en su mayoría profesionales del derecho, las ciencias económicas y de las ciencias médicas, en ese orden. Sin embargo, el estudio del campo disciplinar de las personas que alcanzaron el máximo cargo ejecutivo provincial refleja el mismo fenómeno de segregación horizontal según sexo que existe en las trayectorias educativas a nivel general: los varones se concentran en las áreas estereotipadas como masculinas (derecho, ingeniería, contabilidad y medicina), mientras que las mujeres en aquellas vinculadas a las ciencias sociales, humanidades y medicina (solo dos de ellas son abogadas).

En relación con la pertenencia político-partidaria de las gobernadoras/es en Argentina, podemos afirmar que gran parte de las mujeres que alcanzaron alguna gobernación provincial pertenecen al PJ, que representa el 63 % de los casos totales. Pero al analizar dentro de cada partido, encontramos que las mujeres son menos en el PJ que en los otros partidos que tuvieron mujeres gobernadoras.

La puerta de acceso, es decir, el cargo inmediatamente anterior que ocuparon las personas que alcanzaron la gobernación provincial, presenta diferencias considerables según sexo. En el caso de las mujeres se observan tres puertas de acceso: la primera de ellas es el Congreso Nacional; la segunda el Ejecutivo provincial, y la tercera las consideradas outliers, que incluyen los ministerios nacionales o sin cargos previos. Mientras, en el caso de los varones las principales puertas de acceso al cargo son el Ejecutivo provincial y municipal, es decir, el poder territorial; el Congreso Nacional y, por último, aquellos que no poseían cargos antes de alcanzar la máxima posición electiva en el poder ejecutivo subnacional. Por otra parte, respecto de la trayectoria pública previa (es decir, todos los cargos públicos ocupados alguna vez antes de llegar a ser gobernador/a, electivos o no) nos encontramos que en las mujeres predominan los cargos legislativos (en todos los niveles), mientras que en los varones los ejecutivos (también en todos sus niveles).

Estos hallazgos nos permiten demostrar dos cuestiones relevantes: en primer lugar, que las leyes de cupo y de paridad han permitido que mayor cantidad de mujeres ocuparan bancas en los Parlamentos y, a su vez, esa puerta de acceso les permitió después alcanzar un sillón en los Ejecutivos provinciales, aunque en escasas oportunidades. Los varones construyen su poder y sus carreras políticas en el territorio, con el control de los recursos fiscales y la cercanía e influencia directa en la vida cotidiana de la ciudadanía.