Políticas sobre violencias y abusos sexuales en las universidades catalanas

El Código Penal (CP)[Subir]

Los protocolos universitarios se basan en los arts. 178-‍194 del CP, en los cuales se definen las diferentes formas de violencias (acoso sexual, agresión sexual...). Ahora bien, tal y como nos recuerdan Toledo et al., (2016), durante el siglo xx y, en particular, a partir de la denominada «segunda ola feminista», se ha ido cuestionado fuertemente el modelo jurídico penal basado en «los delitos contra la honestidad» y la «moral sexual», lo que ha llevado a sucesivas reformas de los códigos penales para incorporar los delitos contra la libertad sexual; por ejemplo, a través de la aprobación de la Ley Orgánica 10/1995. De este modo, las agresiones sexuales, los abusos sexuales, los delitos de exhibicionismo, de provocación sexual y los delitos relativos a la prostitución han quedado incluidos en el capítulo denominado «Delitos contra la libertad sexual». Con ello, se ampliaba el catálogo de conductas punibles relacionadas con las violencias sexuales; se endurecían las penas, principalmente, para mejorar la protección penal de las personas menores de edad, y se reconocía que el sujeto ofendido podía ser un hombre.

No obstante, dicha reforma ha sido criticada por la centralidad que mantienen todavía la penetración y el consentimiento en la distinción de los tipos delictivos ( ‍Toledo, Patsilí, Encarna Bodelón González, Neus Tur Bujos y M. Jimena Martínez Berruete. 2016. Marc jurídic internacional, estatal i autonòmic de les violències sexuals (matrimonis forcats, mutilacions genitals femenines, tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, assetjament i agressions sexuals). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Grup de Recerca Antígona. Toledo et al., 2016). De hecho, la violación continúa siendo considerada un crimen moralizador ( ‍Segato, Rita. 2003. Las estructuras elementales de la violencia. Buenos Aires: Prometeo. Segato, 2003) y los delitos sexuales se perciben de menor gravedad si no implican una penetración forzada, reforzando así la creencia de que la violencia sexual es equivalente a la violación con penetración, lo que rebaja los otros tipos de violencias a meras molestias ( ‍Fernández Díaz, Natalia. 2003. La violencia sexual y su representación en la prensa. Barcelona: Anthropos.Fernández Díaz, 2003). Por otro lado, un mal uso de la noción de consentimiento marcaría la diferencia entre una agresión, con uso de la violencia física o intimidación, y un abuso sexual. Sin embargo, tal y como afirma Montse Pineda en una entrevista, «poner el foco en el consentimiento es demostrar que no lo has dado. Esto hace que muchos abogados, y a veces los magistrados, pregunten de qué manera lo hiciste, cómo te resististe, si opusiste fuerza, si gritaste o pediste ayuda» ( ‍Borraz, Marta. 2017. «La ley no reconoce el juicio a La Manada por violación como un proceso por violencia machista», Eldiario.es. 29-11-2017. Disponible en: http://bit.ly/2NDMLHtBorraz, 2017).

La violencia de género[Subir]

Muchos protocolos analizados se basan en la Ley Orgánica 1/2004, que tiene como objetivo actuar contra la violencia de género entendida como «una manifestación de discriminación, de una situación de desigualdad y relaciones de poder del hombre sobre la mujer» (art. 1.1). Sin embargo, en sus cláusulas más prácticas limita esta comprensión de la violencia de género a aquella que es ejercida por un hombre «hacia quienes son o han sido sus cónyuges o quienes están o han sido vinculadas a ellos por relaciones similares de afecto, con o sin convivencia, incluyendo cualquier acto de violencia física y psicológica» (art. 1.3). Así, se invisibilizan otras formas de violencia y se brindan medidas de protecciones integral solo en el caso de violencias entre parejas y exparejas heterosexuales ( ‍Bonet, Jordi. 2007. «Problematizar las políticas sociales frente a la(s) violencia(s) de género», en Barbara Biglia y Concha San Martín (coords.), Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. Barcelona: Virus. Bonet, 2007;  ‍Larrauri, Elena. 2007. Criminología crítica y violencia de género. Madrid: Trotta.Larrauri, 2007;  ‍Bustelo, María y Emanuela Lombardo. 2012. «Understanding and assessing quality in gender violence policies in Italy and Spain», en Thinking Big about «Gender Equality» policy in the comparatie politics of gender. Antwerp: ECRP joint sessions.Bustelo y Lombardo, 2012). En palabras de la filósofa Celia Amorós ( ‍Amorós, Celia. 2008. «Conceptualizar es politizar», en Patricia Laurenzo Copello, María Luisa Maqueda Abreu y Ana María Rubio Castro (coords.), Género, violencia y derecho. Valencia: Tirant lo Blanch.2008), estamos ante una «chapuza conceptual» que despolitiza, confunde e impide llevar a cabo un abordaje jurídico-político adecuado. Se ha realizado una metonimia sustituyendo la violencia de género (el todo) por la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja heterosexuales (la parte) ( ‍Bustelo, María y Emanuela Lombardo. 2012. «Understanding and assessing quality in gender violence policies in Italy and Spain», en Thinking Big about «Gender Equality» policy in the comparatie politics of gender. Antwerp: ECRP joint sessions.Bustelo y Lombardo, 2012). Este reduccionismo produce desigualdad en el nivel de protección y acceso a los servicios por parte de las supervivientes. Así, por ejemplo, el juicio sobre la violación múltiple que tuvo lugar durante los Sanfermines de 2016, más conocido como el caso de La Manada, al no ser considerado como violencia de género se celebró en Pamplona, obligando a la superviviente a desplazarse para declarar, mientras que en los casos amparados por la Ley 1/2004 se prioriza el domicilio de la víctima como lugar para el juicio.

Por lo que concierne al argumento central de esta nota de investigación, es preciso recordar que en la Ley 1/2004 se reconoce que las universidades tienen que asumir determinadas responsabilidades que «incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación» (art. 7). Sin embargo, la ley no define cómo debe ser el proceso de rendición de cuentas —en relación con estas responsabilidades— por parte de las instituciones de enseñanza superior, ni estipula los recursos humanos y económicos necesarios para su puesta en práctica. En este sentido, a pesar de que las acciones de prevención, sensibilización e intervención en violencia de género están generalmente incluidas en los planes de igualdad, muchas veces no reciben el suficiente apoyo institucional para ser implementadas, lo que acaba resultando en diferencias notorias entre las diferentes universidades, tanto en relación con el ámbito de la docencia como en el de la investigación ( ‍Verge, Tània y Teresa Cabruja. 2017. La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur. Castelló de la Plana: Xarxa Vives. Verge y Cabruja, 2017).

Igualdad[Subir]

La «Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres», que transpone la «Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo relativa a los principios de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y la promoción profesional», obliga a «la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo […] las Administraciones públicas negociarán […] un protocolo de actuación que comprenderá […] el compromiso […] de los organismos públicos […] de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo» (art. 62). La misma ley, en su título IV («El principio de igualdad en el empleo público»), se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades e incluye, entre los derechos laborales, la protección frente al acoso sexual y por razón de sexo. El límite principal de esta norma deriva de la incorrecta o parcial aplicación del principio en el que dicen basarse: el denominado principio de mainstreaming de género. En el contexto español, se ha traducido como mera transversalización, muchas veces focalizándolo simplemente en la igualdad de oportunidades en la esfera laboral ( ‍Salazar, Óscar. 2018. «Paridad y justicia de género. Algunas reflexiones críticas sobre las políticas de igualdad en España», Revista Comunicación y Género, 1 (1): 5-24. Disponible en: https://doi.org/10.5209/CGEN.60245Salazar, 2018). De acuerdo con Juana Gil ( ‍Gil Ruiz, Juana María. 2012. El convenio de Estambul. Como marco de derecho antisubordiscriminatorio. Madrid: Dykinson.2012: 17) «para conseguir los objetivos perseguidos por el gender mainstreaming requiere cambios catárticos, no conseguibles de manera inmediata, a saber: revisión profunda de la gestión de las políticas, compromiso serio con la igualdad efectiva y formación en género de todo el personal implicado en su puesta en marcha».

Violencias machistas[Subir]

La Ley catalana 5/2008 de 24 de abril utiliza una definición más amplia que la legislación estatal al definirla como violencia machista. Algunos protocolos, como el de la UPF-E, se fundamentan en esta ley para definir las dimensiones de las violencias que quieren abordar. De hecho, esta ley reconoce las diferentes manifestaciones de las violencias de género y establece medidas integrales para la prevención, la asistencia y la protección de la recuperación y reparación para todas las supervivientes. No obstante, igual que sucede con la norma estatal, acaba solo reconociendo la violencia contra las mujeres e invisibiliza otras violencias de género causadas por la sociedad heteropatriarcal ( ‍Biglia, Barbara. 2015. «Aclarando términos: el paradigma de las violencias de género», en Barbara Biglia y Edurne Jímenez (coords.), Jóvenes, género y violencias: hagamos nuestra la prevención. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Disponible en: https://doi.org/10.17345/9788484243571Biglia, 2015).

LGBTIfobia[Subir]

Más reciente es la «Ley 11/2014 de 10 de octubre del Parlament de Catalunya, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia». Su objetivo es garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación de cualquier persona independientemente de su orientación sexual, opción afectivo-sexual o identidad de género. En ella se reconocen diversas formas de violencia, como la discriminación y las violencias por razón de la orientación sexual, por identidad de género o por expresión de género (art. 9.1), la homofobia (art. 26.3), la transfobia (art. 26.3) y la bifobia (art. 26.3). También se incluyen conceptos como la violencia hacia las personas LGBTI (art. 6), las agresiones y las discriminaciones contra las personas LGBTI (art. 39.2), el acoso (art. 12.6) y la exclusión (art. 12.6). Además, se establecen los medios y las medidas que se deben aplicar para la consecución de estos derechos en los ámbitos en los que las autoridades públicas de Cataluña tienen poder, ya sean estos públicos o privados. Así, en su art. 13 se obliga a las universidades catalanas a promover medidas de protección, de apoyo y de investigación para aumentar la visibilidad de las personas LGBTI, así como el desarrollo de medidas para la no discriminación y elaboración de un protocolo específico.

Estas leyes han marcado el desarrollo de los protocolos de prevención y actuación frente a las violencias sexuales en las universidades catalanas. Pero, ¿cómo se han puesto en práctica las obligaciones y las recomendaciones legales? ¿De qué manera estas políticas dan respuesta al complejo problema de las violencias y abusos sexuales en el entorno universitario? A estas y otras preguntas intentaremos contestar en el próximo apartado.

Habemus protocolo[Subir]

Como se puede ver en la tabla 1, la mayoría de las universidades catalanas (UB, UAB, UVIC-UCC, UPC, UdG) disponen de un protocolo para el acoso laboral, y otro más específico sobre las violencias de género, machistas, sexuales y/o LGTBIfóbicas, lo que otorga reconocimiento específico a estas últimas. Sin embargo, se evidencia que hay universidades (UPF-L/UPF-E) que no están todavía adaptadas a los requisitos de la Ley 11/2014, o que solo lo están parcialmente, como la UdL o UOC, tal y como se expondrá seguidamente^‍‍[4]. Por una parte, la URV y la UPF-L no disponen de protocolos específicos, por lo cual hemos examinado las medidas previstas en casos de acoso en la primera universidad, y las medidas previstas para conductas violentas, discriminatorias o de acoso en el caso de la segunda universidad, a fin de comprobar cómo se aplicarían en las circunstancias que nos incumben. Por otra parte, la UPF y la UPC poseen dos protocolos, uno orientado a la protección del estudiantado (UPF-E, UPC-E) y el otro a la protección del personal docente y administrativo (UPF-L, UPC-L). Finalmente, el resto de universidades (UAB, UVIC-UCC, UPF, UPC) han aprobado y modificado estos protocolos al menos dos veces para adaptarlos a las obligaciones legales o para aportar algunas mejoras^‍‍[5].

Tal y como se evidenció en las entrevistas realizadas, solamente en tres casos el diseño de los protocolos universitarios catalanes fue encargado a equipos o personas especializadas en género o que dispusieran de competencias específicas en el tema. En cambio, en relación con los procesos de escritura y revisión, se observa una mayor influencia de los gabinetes jurídicos de las universidades, que han imprimido su huella. Tampoco se evidencia que los protocolos hayan sido diseñados a través de procesos participativos orientados a detectar y responder a las necesidades de toda la comunidad universitaria, excepto en el caso de la UdL y de la UdG. Es más, su existencia es desconocida por la gran mayoría de la comunidad universitaria, como ya han evidenciado algunos estudios ( ‍Bodelón, Encarna, Nuria Igareda y Gloria Casas. 2012. Violencia sexual, acoso y miedo al delito: informe español. Bellaterra: Universitat Autonoma de Barcelona. Bodelón et., 2012) y como confirman nuestras informantes.

Por tanto, resulta complicado evaluar la efectividad de los protocolos, ya que la mayoría de universidades españolas, contrariamente a lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos, no sistematizan las demandas recibidas ni realizan una evolución del proceso. Así, la periodista de investigación Yuly Jara, que ha realizado la única infografía actualmente disponible al respecto^‍‍[6], explicaba en el «I Congreso Mujeres y Universidad sin Cifras. La Violencia Invisible»^‍‍[7] las reticencias de muchas universidades a compartir con ella los datos anonimizados sobre la aplicación de los protocolos. En ese mismo encuentro, las responsables de los observatorios de género de varias universidades expresaron su preocupación por difundir informaciones sobre los casos, por el peligro de generar victimización secundaria. En este sentido, previo acuerdo de confidencialidad, hemos debatido con nuestras informantes sobre las situaciones de violencia vividas en sus universidades, a fin de detectar las posibilidades y límites de los protocolos. Para salvaguardar dicha confidencialidad, solo podemos comentar que, en el momento de realización de las entrevistas, en diferentes universidades catalanas tales protocolos se habían activado muy pocas veces, y en el caso de la UAB, la UdL, la UB y la UdG, UPC nunca.

Este dato no resulta sorprendente, teniendo en cuenta que si bien la mayoría de protocolos hace referencia a quién hay que contactar para recibir asesoría sobre el procedimiento, en ninguno de ellos se especifica la presencia de servicios para las personas que se sienten acosadas. En palabra de una de nuestras entrevistadas “no siempre queda demasiado claro quién puede atender casos de violencias”. El único asesoramiento que explícitamente se ofrece es para la apertura de un expediente, y con frecuencia las personas necesitan dar sentido a sus propias vivencias antes de decidir si empezar un proceso de este tipo. Además, si bien la mayoría de documentos —excepto en los casos de la UdL, la UdG y la UOC— establecen un tiempo máximo para resolver los procedimientos, las entrevistadas apuntan a que en las pocas ocasiones que se han activado, las actuaciones institucionales han sido lentas, opacas y escasamente empáticas con las persones denunciantes.

¿Cómo es posible que políticas diseñadas ad hoc se hayan activado solo muy de vez en cuando? En opinión de las entrevistadas, una de las razones residiría en que la red entre las personas/oficinas involucradas es menos efectiva y eficaz de lo que se necesitaría. Sin embargo, tal y como mostraremos más adelante, estos límites se refieren también a la naturaleza de las políticas y la forma de abordar las violencias sexuales que plantean. En este sentido, es preciso recordar que no estamos ante políticas públicas de amplio alcance, sino ante documentos rígidos y procedimentales que no solo reproducen sino también impactan en la lectura e interpretación de las violencias sexuales de la comunidad universitaria.

Si analizamos el objetivo general (véase la primera columna de la tabla 5) podemos confirmar tres enfoques diferentes:

Esta disimilitud de enfoques se refuerza a través de la legislación (internacional, comunitaria, estatal o autonómica) en que se basan los diferentes documentos. El hecho de que la mayoría adopte una visión amplia es motivo de esperanza para el desarrollo de abordajes más integrales en torno a la violencia de género; sin embargo, de acuerdo con el análisis lingüístico efectuado, evidenciamos que existen otros elementos que limitan esta lectura optimista

En primer lugar, y en contraste con la legislación española y la catalana, todos los sujetos mencionados en estas normativas están descritos con un lenguaje neutral respecto al género, utilizando sustantivos colectivos no sexuados (por ejemplo, comunidad universitaria) o nombres abstractos a la hora de ser descritos (la persona agresora, la persona acosada etc.). Esta supuesta neutralidad, que también encontramos, por ejemplo, en la legislación del Reino Unido ( ‍Alldred, Pam y Barbara Biglia. 2015. «Gender-Related Violence and Young People: An Overview of Italian, Irish, Spanish, UK and EU Legislation», Children and Society, 29 (6): 662-675. Disponible en: https://doi.org/10.1111/chso.12141Alldred y Biglia, 2015), puede ser interpretada como la voluntad de adoptar un enfoque no discriminador. Sin embargo, esta forma de describir los sujetos conlleva el posible sobreentendido que hombres y mujeres pueden sufrir violencia sexual por igual, sin tener en cuenta las asimetrías estructurales de las relaciones de género ( ‍Jimenez, Edurne, Barbara Biglia y Sara Cagliero. 2016. «Apunts per millorar les formacions sobre violències de gènere. L’Experiecia de la investigació-acciò feminista GAPWork», Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, 5 (1): 79-104. Cagliero y Biglia, 2016) ni las relaciones de poder jerárquicas intrínsecas a los entornos académicos.

En nuestra opinión, este uso de un lenguaje supuestamente neutral es una muestra de la resistencia por parte de las instituciones a reconocer la jerarquización y el reparto de poderes presentes en su seno. Tal y como sugieren Igareda y Cruells ( ‍Igareda, Noelia y Marta Cruells. 2014. «Críticas al derecho y el sujeto «mujeres» y propuestas desde la jurisprudencia feminista», Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 30, 1-11. 2014: 9), sería conveniente «poner énfasis en las definiciones y conceptos de género para legislar en función de la categoría género, [...] utilizar nuevos conceptos jurídicos para traducir la situación de opresión que sufren las mujeres en función de diversas desigualdades, y seguir haciendo ciertos reclamos jurídicos cuando fuera necesario en base a un sujeto específico como el de “mujeres”». En cambio, esta negación (por omisión) del género, tal y como hemos analizado en los materiales creados para nuestra formación ( ‍Luxán, Marta, Barbara Biglia y Jokin Azpiazu (eds.). 2018. Violencias sexuales: una asignatura pendiente. Guía para afrontar las violencias sexuales en las universidades. Leioa: UPV/EHU.Luxán et al., 2018), impide ofrecer respuestas adecuadas frente a situaciones de desamparo en las que las violencias sexuales están marcadas por unas fuertes disimetrías de poder.

En la misma línea, la mayoría de textos utilizan reiteradamente la expresión «víctima» (URV, UB, UdL, UPF-L, UPF-E, UPC-E, UOC, UdG) para describir a la persona acosada. El uso de esta expresión ofrece una interpretación pasiva de los sujetos que sufren violencia, y por lo tanto justifica la suplantación de su opinión y de su agencia a la hora de tomar decisiones procedimentales. De hecho, la rigidez de los protocolos analizados ofrece poco espacio al diseño de un camino personalizado por parte de las supervivientes, término que preferimos, en tanto permite resaltar la capacidad de superación y evitar construir identidades de pasividad, sometimiento o poca capacidad de defensa ( ‍Velázquez, Susana. 2003. Violencias cotidianas, violencia de género. Escuchar, comprender, ayudar. Buenos Aires: Paidós.Velázquez, 2003).

Finalmente, aunque en muchos de los objetivos que se plantean en los protocolos (como por ejemplo en la UdG, UPC-L, UPF-E) se reconoce la importancia de la prevención, es justamente en las medidas educativas de carácter integral ( ‍Bustelo, María y Emanuela Lombardo. 2007. «¿Qué hay debajo de la alfombra de las políticas de igualdad? Un análisis de marcos interpretativos en España y en Europa», en María Bustelo y Emanuela Lombardo (eds.), Políticas de igualdad en España y en Europa. Valencia: Cátedra.Bustelo y Lombardo, 2007) donde más se evidencia su ausencia. A pesar de que todos los documentos prevén realizar tanto acciones de difusión de los protocolos como campañas de sensibilización sobre acoso y violencias, con frecuencia, se trata únicamente de referencias abstractas, como por ejemplo “la difusión del protocolo a toda la comunidad universitaria, que será accesible en cualquier momento” (art. 8, pag.10 UVIC-UCC), sin detallar cuáles serán las intervenciones que realizar, los recursos que se destinarían a ellas y los mecanismos de evaluación concernidos. Únicamente en los casos de la UdG y la UPF-L se explicitan determinadas acciones preventivas y formativas. La UdG, por ejemplo, determina tres ejes alrededor de los cuales se desarrollará la prevención (art. 4):

A estas circunstancias cabe añadir que con frecuencia las medidas no especifican quiénes tienen la responsabilidad de implementarlas (UPC-L/UPC-E, URV, UAB). En este sentido, es relevante el caso de la UOC, que explicita que todas las personas trabajadoras, sin formación previa ni recursos de tiempo dedicado a ello, son igualmente responsables de la prevención y de garantizar un entorno laboral en el que se respete la dignidad de toda la comunidad universitaria. En otros casos, como en la UdL, existen centros específicos, como el Dolors Piera, encargados de las acciones de prevención, sensibilización y las investigaciones sobre el tema. Finalmente, únicamente tres protocolos reconocen la importancia de efectuar estudios y publicaciones alrededor de las violencias sexuales y de género (UPF-T, UPC-T, UB). También en este caso es frecuente que este tema no esté muy desarrollado. Así, la UPF-T y la UPC-T solo mencionan la importancia de realizar investigaciones para conocer la incidencia de estas conductas, sin ofrecer detalles sobre cómo ni quién se encargará de llevarlos a cabo. Solo la UB explica que las oficinas encargadas son la Unidad de Igualdad, el Servicio de Atención al Estudiante (SAE) y la Oficina de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (OSSMA), y que el objetivo general de “indagar sobre la posible percepción o conocimiento de conductas constitutivas de acoso sexual o de acoso por razón de sexo en el ámbito de la Universidad, y sobre las medidas formativas y preventivas que se hayan implantado” (X.3.d) se tendrán que realizar como mínimo cada tres años.

Por otra parte, es innegable que existen medidas preventivas previstas en los planes de igualdad universitarios. De acuerdo con la ley estos constituyen un «conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa (universidad) la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo» (art. 46 de la Ley Orgánica 3/2007), y fijan los objetivos concretos que deben alcanzarse, así como las estrategias y prácticas que hay que adoptar. Si bien, en algunos casos, se contemplan acciones contra el acoso y las violencias sexuales, tan solo algunas universidades catalanas (UAB, UPF, UB, URV, UdL) han desarrollado jornadas, formación no reglada o campañas de sensibilización. Además, antes de las formaciones específicas sobre violencias sexuales y de género desarrolladas en el marco de nuestro proyecto (USVReact), solo se habían realizado cursos reconocidos de forma puntual en la UAB y en la UdL orientados al personal y los estudiantes. Así, de acuerdo con lo expresado por nuestras informantes, la necesidad de formaciones obligatorias para el personal docente y los cargos de responsabilidad administrativos no se han considerado prioritaria por falta de voluntad política.

Además, los recursos económicos destinados a las unidades u observatorios de igualdad y a las otras unidades responsables de estos planes, son en general escasos ( ‍Elizondo Lopetegui, Arantxa, Ainhoa Novo Arbona y María Silvestre Cabrera. 2010. Igualdad de mujeres y hombres en las universidades españolas. Madrid: Instituto de la Mujer. Disponible en: http://bit.ly/2JmwrXrElizondo Lopetegui et al., 2010), hecho que dificulta el desarrollo tanto de actividades de sensibilización como de formación para personal específico y/o de toda la comunidad universitaria. Como consecuencia, frecuentemente las personas encargadas de la atención directa no suelen disponer de una formación específica y se encuentran con dificultades a la hora de dar respuesta a consultas o a peticiones de apoyo y asesoramiento.

En este sentido, consideramos que el problema principal del que adolecen las políticas universitarias para hacer frente a las violencias sexuales y de género es la falta de recursos humanos y económicos que se destinan a la implementación de los protocolos y la ausencia de dialogo e interrelaciones de estos últimos con otras políticas universitarias, tal y como quedó expuesto a lo largo del X Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas, celebrado en Córdoba en junio 2017 ( ‍Unidad de Igualdad de Género UMA. 2017. Conclusiones finales del X Encuentro de Unidades de Igualdad Españolas. Disponible en: http://bit.ly/2xyS7ZLUnidad de Igualdad de Género UMA, 2017)^‍‍[8].

Con todo lo explicado hasta ahora, podemos concluir que, si bien los documentos analizados son presentados como una herramienta disuasoria y al mismo tiempo preventiva y de respuesta ante posibles casos de abusos o violencias (sexuales o de género), en la práctica, tal y como evidencian las entrevistadas, constituyen sobretodo documentos ejecutivos que, si bien tienen por objetivo intervenir y dar respuestas a situaciones traumáticas, son escasamente efectivos a la hora de promover el cambio cultural institucional y colectivo que sería deseable en las políticas universitarias para hacerlas más sensibles a la perspectiva de género. En el próximo apartado analizamos las posibilidades y limitaciones de intervención de estos protocolos frente a casos específicos.

Activando y actuando, que son gerundios[Subir]

Si consideramos los protocolos como documentos ejecutivos, es sumamente importante fijarnos en quién puede activarlos, ante qué situaciones y cómo, y a quién se tiene que elevar la queja/denuncia, a fin de comprobar hasta qué punto estos protocolos son útiles para dar respuesta a toda la comunidad universitaria o bien terminan por reproducir discriminaciones en su interior.

Como se muestra en la tabla 6, los protocolos de la URV y de la UOC son los únicos que excluyen las situaciones de violencia cuando estas se desarrollan entre estudiantes, si bien, en el caso de la URV puede activarse si hay, por lo menos, una persona contratada implicada en la situación de violencia. La UdL sí que prevé poder activar el protocolo en caso de violencias entre estudiantes. En los otros casos analizados, queda también incluido el personal externo que trabaja en las universidades. En los casos de la UAB y de la UdG, estos amplían aún más su espectro: en la UAB al incluir los casos en que estén involucradas usuarias puntuales de servicios/actividades de la Universidad; y en la UdG «en los casos de personas no relacionadas contractualmente o que sean invitadas a participar en algún acto de la Universidad, se activará igualmente el protocolo a los efectos relacionados con la protección de la víctima» (Protocolo de la UdG, p. 5).

En la mayoría de protocolos analizados (UPC-E/UPC-L, UPF-E/UPF-L, UB, UOC, UdG, URV) se otorga la posibilidad de presentar una queja o denuncia por parte de terceros. Los órganos competentes de recibir estas reclamaciones son, en la mayoría de protocolos (URV, UVIC-UCC, UPC-E/UPC-L, UOC, UAB, UPF-L), contadas personas de referencia seleccionadas entre el PAS o el PDI. En opinión de nuestras entrevistadas, su rol académico y la distancia en relación con la mayoría de la comunidad universitaria podrían dificultar la presentación de quejas o denuncias, en particular de las estudiantes. Aún es más complejo cuando estos nombramientos se efectúan de forma discrecional y/o sin considerar los conocimientos y las competencias específicas en atención a supervivientes y la inclusión de la perspectiva de género, ya que la comunidad universitaria puede llegar a identificar estas figuras como representantes de la autoridad en lugar que verlas como consejeras neutrales.

En otros casos, son las unidades/observatorios/comisiones de igualdad (UB, UdL, UdG, UOC, UPF-E) aquellas que se encargan de recabar la denuncia. Aunque este procedimiento parece más coherente con las pautas que debe seguir una atención cuidadosa con las supervivientes, con frecuencia estas unidades no disponen de personal especializado en la atención directa y no se ofrece una supervisión a quienes están encargadas de llevar a cabo esta tarea, lo que conlleva que se centralizen las respuestas, lo que dificulta el acceso y crea malestar en las personas que han de asumir estas tareas sin la consiguiente preparación ni el necesario respaldo.

En general, incluso en las definiciones de las personas y unidades encargadas de acoger las quejas, no se prevé un cuidado específico hacia la persona que sufre. Consideramos que sería necesario incorporar la figura de las «agentes de proximidad», incluyendo a los estudiantes, como figuras cercanas y fácilmente asequibles, capaces de detectar y responder a estas situaciones, y de acompañar a las personas en su proceso.

En algunos casos, además, se evidencia la distancia entre lo enunciado por el documento y aquello que se aconseja hacer en la práctica diaria. Por ejemplo, en el protocolo de la UAB se especifica que para presentar la denuncia se tiene que enviar en un sobre cerrado a través del Registro General a la atención del Rectorado, cuando en la práctica es el Observatorio de Igualdad quien se encarga de la acogida y asesoramiento a las personas que lo necesitan. Este cambio, implementado a partir de decisiones políticas para la mejora de la intervención, no ha quedado de momento registrado en el documento. Esto se debe a que estas normativas, con frecuencia, son el resultado de profundas y largas negociaciones que, como nos comentaba una de las expertas entrevistadas, pueden incluir “cambios de gobierno a mitad del proceso”. En opinión de muchas de las expertas, esta circunstancia ha provocado que con demasiada frecuencia sus aprobaciones y modificaciones sean complejas y agotadoras. A su vez, la rigidez documental repercute en la poca adaptabilidad de estos documentos para dar respuesta a situaciones específicas e incorporar los efectos de la interseccionalidad en las vivencias de los abusos y las violencias.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta son los espacios en los cuales la Universidad quiere asumir responsabilidades. Algunos protocolos (excluyendo los de la URV, la UB y la UOC) se pueden activar también en determinados espacios externos a la universidad siempre y cuando se desarrolle una actividad académica, laboral o profesional. En el caso de la UPC-E se contempla también su activación cuando la Universidad es responsable de la organización de otras actividades (deportivas, festivas, etc.) y en aquellos casos en que los y las estudiantes realizan prácticas en empresas externas. En el caso de la UdL se puede activar cuando «aprovechando la relación especial de sujeción que pueda generar la actividad laboral o educativa entre la persona transgresora y la persona ofendida, asediada o agredida, al margen del lugar donde se hayan acontecido estos comportamientos» (p. 9). Mientras, los de la UPF-E/UPF-L y la UOC permiten iniciarlos en casos de violencia a través de internet y en las redes sociales. Por último, la UdG reconoce la posibilidad de activar su protocolo si los hechos tienen lugar fuera de sus instalaciones y están relacionados con los desplazamientos (de acceso o salida).

Suma y sigue[Subir]

Aun analizando estos documentos y teniendo en cuenta que se centran en la intervención ante casos concretos, detectamos que una de las causas de la ineficiencia de dichas políticas es la ausencia de medidas cautelares —en algunos casos ni son nombradas (UAB, UPC-L)—. Tal y como evidencian la mayoría de las personas entrevistadas, cuando se activan estas disposiciones normalmente son las personas acosadas la que van a sufrir repercusiones ulteriores en su vida cotidiana. Por ejemplo, al ser separadas del resto de su clase para hacer un examen otro día u «ofreciéndoles» el traslado a otra oficina o centro. Quizás por esta razón, el 9 de mayo de 2017 las juntas y los comités de los trabajadores de la URV (tanto PDI como PAS) emitieron un comunicado en el cual evidenciaban cómo la falta de medidas cautelares ha comportado perjuicios para quienes realizaron una denuncia en 2014. El mal funcionamiento de tales medidas —que genera una victimización secundaria y que puede provocar nuevos daños o perjuicios psicológicos, sociales o económicos a las personas acosadas ( ‍Beristain, Antonio. 1996. Criminología, victimología y cárceles. Bogotá: Javegraf.Beristain, 1996)— es particularmente perjudicial cuando la persona decide activar vías externas y denunciar penalmente los hechos, ya que en estos casos los procedimientos internos se bloquean hasta la resolución judicial, dejando desamparada a la persona denunciante. Lo mismo sucede con las medidas correctivas y sancionadoras, escasamente detalladas en casi todos los documentos analizados.

Paradójicamente, en los protocolos se enfatiza el hecho que las quejas o las denuncias puedan ser falsas (URV, UB, UdL, UPF 2016, UdG). Por ejemplo, en el protocolo de la UdG se menciona la posibilidad de “denuncias falsas que se hayan presentado en mala fe” (p. 14), y en el de la UPF 2016 se explicita que hay que dejar claras las consecuencias en caso de denuncia (p. 9). Sin embargo, estas prevenciones contrastan con la realidad, ya que, de acuerdo con la Fiscalía del Estado (2016), las cifras de denuncias falsas en caso de violencias de género —la otra área en la que continuamente entra esta retórica en los debates— son especialmente bajas en relación con otros tipos de delito.

Estamos así frente a un mito ( ‍Bodelón, Encarna. 2014. «Violencia institucional y violencia de género», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 48: 131-155.Bodelón, 2014) o un neomito ( ‍Lorente, Miguel. 2009. Los nuevos hombres nuevos. Barcelona: Destino.Lorente, 2009) que sirve para minimizar, naturalizar o negar las mismas violencias. El hecho de que esta posibilidad aparezca siempre mencionada en dichos documentos universitarios constituye, en nuestra opinión, una demostración de las resistencias a reconocer directamente el problema por parte de la institución y, probablemente, también sean el resultado de las negociaciones desarrolladas durante su elaboración entre personas que tienen diferentes sensibilidades al respecto. Esta idea se refuerza si consideramos que algunos documentos tampoco reconocen el riesgo en que incurren las personas que denuncian sufrir represalias (URV, UdG, UAB), aunque la mayoría de universidades explican claramente que no se aceptarán estos tipos de conductas, sin detallar medidas específicas para el caso. Un caso excepcional es el de la UdL, que en su anexo 1 reconoce la “no indemnidad” en los casos de represalias como una forma de discriminación por razón de género, punible según estas características.

Esta postura de no responsabilizarse de la protección de la persona superviviente se alinea perfectamente con una cultura institucional y organizativa de las instituciones académicas ( ‍Handy, Charles. 1993. Understanding organizations. Londres: Penguin Books.Handy, 1993) conservadora y defensora del statu quo, y a una visión no compartida sobre sus obligaciones y responsabilidades frente a los posibles casos de violencias sexuales en su comunidad. Así, el simple hecho de disponer de políticas y procedimientos no parece suficiente para determinar el compromiso efectivo de las instituciones de enseñanza superior a la hora de abordar este problema.

En resumen, consideramos que los protocolos constituyen disposiciones necesarias, pero no suficientes para luchar contra las violencias sexuales en los contextos institucionales analizados. En primer lugar, porque ponen demasiado énfasis en las medidas sancionadoras y procedimentales sin contemplar, simultáneamente, la necesidad de cuidado, apoyo y atención que necesitan las supervivientes; carencia que podría cubrirse a través de una mayor formación/sensibilización de la comunidad universitaria y con la creación de servicios específicos. En segundo lugar, porque no tienen en cuenta de manera explícita cómo intervienen las jerarquías ni las relaciones de poder generizadas presentes en la institución. Omitir esta realidad implica acentuarla y perpetuarla en el tiempo y en el espacio con el propósito de mantener el orden establecido ( ‍Cantillo, Ligia y Delma Rocha. 2007. «Las relaciones de género y la educación superior en Colombia», en Rafaela Vos Obeso (coord.), Sociología e historia: un diálogo interdisciplinario con el feminismo y el género. Puerto Colombia: Universidad del Atlántico. Cantillo y Rocha, 2007). Esta omisión tiene como consecuencia que no se realice un abordaje integral del problema en tanto que se invisibilizan sus raíces.

Finalmente, el no reconocimiento del poder de agencia a las personas agredidas y acosadas, que no pueden intervenir en las decisiones sobre los pasos que se deben realizar una vez activado el protocolo, juntamente con las malas e inadecuadas prácticas que pueden llegar a producirse, pueden generar ulteriormente situaciones de victimización secundaria que pueden convertirse, a su vez, en otra forma de violencia en los casos en que aquellas acciones u omisiones de las universidades provoquen nuevos casos de violencias, así como por parte de aquellas acciones que muestren una discriminación u obstaculización para que las personas acosadas puedan ejercer sus derechos ( ‍Bodelón, Encarna. 2014. «Violencia institucional y violencia de género», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 48: 131-155.Bodelón, 2014). Estos elementos, en un contexto cargado de mitos y estereotipos alrededor de las violencias sexuales y de la sexualidad generizada, tienden a enmascarar las experiencias de abusos y violencias, e implican que muchas veces estos procesos conlleven la descalificación, el descrédito, la falta de empatía, así como la imposición de ritmos y/o actuaciones que favorecen nuevamente la revictimización de las supervivientes ( ‍Calle, Soledad. 2004. Consideraciones sobre la victimización secundaria en la atención social a las víctimas de la violencia de género. Hospitalet de Llobregat: Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat.Calle, 2004).