¿Qué es la democracia actualmente? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. Ni siquiera en la literatura especializada existe consenso respecto a su significado. Aún más hoy, cuando abundan diversos significantes y tipos de democracia. Por esta razón, la democracia tiende a considerarse como un concepto polisémico y controvertido. A esto se suma la continua disputa acerca del alcance y vigencia de este régimen político entre quienes asocian su funcionamiento a la prevalencia de un consenso racional de la clase dirigente (tesis elitistas) y aquellos que lo vinculan a la inclusión de los movimientos de protesta social (tesis populistas).

A pesar de las diferencia sobre el concepto, existe un amplio consenso respecto a que la democracia es un régimen que se ha extendido ampliamente por el mundo en las últimas tres décadas. Según The Economist (2016), en la actualidad 76 países, que representan el 49 % de la población mundial, pueden ser considerados democráticos en diferentes grados —full democracies and flawed democracies—. Esto es el doble de los que había en la década de los setenta, por lo que el éxito de la democracia en términos cuantitativos resulta impresionante. Un éxito que ciertamente palidece cuando se compara con la propagación del capitalismo durante el mismo período (Merkel, 2014).

La prosperidad democrática resulta paradójica debido a que ha permitido la preeminencia de los intereses de poderosos grupos económicos sobre los del conjunto de la población (Offe, 1990; Crouch, 2004). Este hecho comporta un intercambio de roles entre lo político y lo no político (Beck, 1998) que erosiona los vasos comunicantes de los dos componentes básicos de la democracia —la representación política y la soberanía popular— al tiempo que extiende «una idea de democracia a la que se despoja de su componente popular, alejándola del demos» (Mair, 2015: 21). Todo ello, por lo demás, estaría consolidando el clivaje de élites versus pueblo (Barreiro, 2015; Fundación Alternativas, 2015).

De lo anterior se desprende que la crítica a las actuales democracias radica primordialmente en el modo en que se adoptan las decisiones políticas, las cuales se adecúan a una «forma de interacción privatizada entre gobiernos elegidos y élites» (Jörke, 2008: 143). A ello se suma «la tendencia dominante en nuestros días de considerar la democracia de una forma que la identifica casi exclusivamente con el Rechtsstaat (estado de derecho) y la defensa de los derechos humanos, dejando a un lado el elemento de la soberanía popular, que es juzgado obsoleto» (Mouffe, 2012: 21).

Por estos motivos, y aunque siga siendo la forma de gobierno preferida para una amplia mayoría de la población (Norris, 2011), y considerada un valor universal (Sen, 2006) y un ideal sin rival (Rosanvallon, 2006), se ha instalado la sensación de que la democracia está inmersa en un proceso de declive que pone en cuestión su alcance real y vigencia. A dicho declive parece contribuir el cambio de reglas de juego que ha redefinido la relación entre Estado, sociedad y economía: Un cambio que desdibuja el marco de referencia de la democracia, «en cuyo interior el mercado actúa ya como el gran integrador a costa del Estado y de las instituciones sociales, y donde el Estado social, despojado de sus atributos, tiende a transformarse en última instancia en un aparato jurídico encargado, ante todo, de garantizar los derechos de la propiedad» (Hermet, 2008: 64).

Estas reglas, a su vez, reflejan la extensión estructural de un metarrelato que, fundado en las ideas neoclásicas de liberalización de los mercados, flexibilización laboral, ajuste fiscal y desregulación financiera, se ha apropiado de las instituciones políticas nacionales e internacionales (Keane, 1992; Stiglitz, 2011). Una ideologia que se despliega como hegemonía global gracias a ciertos hitos que brindan un nuevo contorno al mapa geopolítico de finales del siglo xx —Consenso de Washington, caída del Muro de Berlín, desmembramiento de la URSS y Tratado de Maastricht—. Hitos que marcan el punto de partida de profundos cambios políticos y económicos en los países de América Latina, del Este de Europa y de la Unión Europea, y que dan forma a lo que Roberts (2002) llama la era neoliberal.

A pesar de estos hechos, hay autores que rechazan cualquier visión pesimista sobre el actual estado de la democracia. Por ejemplo, Battison (2011), Schmitter (2015) y Levitsky y Way (2015) no solo matizan, sino que rechazan de plano la aseveración de que la democracia esté en declive. Comparten que esté en crisis, pero sostienen que ello representa más bien un momento de transición desde un tipo de democracia a otro aún desconocido. Como argumenta Schmitter (2015: 35) «la actual incertidumbre sobre las reglas del juego es la característica predominante en todas las situaciones de transición». Es decir, la democracia avanza pero no se tiene certeza de hacia dónde.

De esta forma, el debate sobre el estado de la democracia deviene inexorablemente en el choque de dos enfoques de análisis: los sustanciales y los formales. Para los primeros, la democracia muestra graves problemas para armonizar representación política y soberanía popular, como resultado de la prevalencia de los intereses de las élites económicas en el proceso de toma de decisiones. En cambio, para los segundos, que los gobernantes sean seleccionados mediante elecciones periódicas, libres y justas, que exista una competencia regular por el poder entre dos o más partidos, y que las resoluciones políticas del Estado sean acatadas, es suficiente para afirmar la total vigencia de la democracia.

Aunque este debate no es nuevo, aquí se parte de la premisa de que los problemas para conseguir que la democracia sea el reflejo de lo que Kelsen (1980) llamó «la identidad de dirigentes y dirigidos», no habían sido tan evidentes ni tan desconcertantes como lo son ahora, en la sociedad del capitalismo de mercado (Streeck, 2011).

Partiendo de esta premisa, este artículo desarrolla un enfoque crítico-contextual de la democracia, con el fin de reinterpretar su crisis en la era neoliberal a través de dos dimensiones contextuales, la ideológica y la estructural. Para ello, en el primer apartado se exponen y discuten las dos principales teorías de la democracia, la liberal y la postmarxista. En el segundo, y a partir de esta discusión téorica, se fija un marco conceptual que da cobertura epistémica al análisis, mediante una definición sustancial y sistémica de la democracia. En el tercero, se aplica el marco conceptual atribuyendo al contexto —ideología y estructura social— un papel central para entender el declive de la democracia tal cual la conocemos. Por último, en el cuarto apartado se ofrecen algunas conclusiones y se plantean algunos desafíos respecto a la democracia.

En términos etimológicos la democracia es el gobierno del pueblo. Esta simple y popular definición domicilia la fuente de legitimidad del poder político en la soberanía popular, en el demos. De acuerdo con esto, «el poder solo es legítimo cuando su investidura viene de abajo, solo si emana de la voluntad popular […] libremente consentida» (Sartori, 2003: 87). Una legitimidad que es posteriormente revolucionada por el Estado de derecho. Con la incorporación de este artefacto jurídico, el poder obtenido por medio de la fuerza bruta o basado en el dominio de una clase social queda deslegitimado (Habermas, 1999). En otras palabras, el Estado de derecho hace de la democracia un juego reglado donde quienes compiten por el poder político deben persuadir a los ciudadanos para conseguir un siempre eventual consentimiento mayoritario. En términos formales, el Estado de derecho es la base de legitimidad del poder en una democracia, la razón por la cual los representantes políticos gozan, en su forma moderna, de la auctoritas para gobernar.

Sin embargo, la democracia, aparte de ser el gobierno del pueblo, se caracteriza, como régimen e ideal político, por unos procesos, contenidos y objetivos que desbordan el estrecho margen de su etimología y legalidad. A causa de ello, esta se ha analizado, descrito e idealizado recurriendo a diversas metodologías y puntos de vista, desde modelos comparados a estudios de caso; desde enfoques descriptivos a prescriptivos. También se le ha tratado indistintamente como método, estrategia, proyecto o fin, y construido una variada tipología para explicar tanto sus peculiaridades nacionales, como la cultura democrática de diferentes zonas geográficas.

En una primera aproximación a estas cuestiones, se exponen y discuten los principales postulados de dos teorías aparentemente contrapuestas, la liberal (económica y pluralista) y la postmarxista (radical-agonista). La principal distinción entre ellas es que los liberales circunscriben la democracia a la composición y funcionamiento de las instituciones de representación y gobierno —la política—, mientras que los postmarxistas la amplían al ejercicio inclusivo de la soberanía popular —lo político— sin esencialismos.

Estas teorías también elaboran definiciones que guardan coherencia con la interpretación que se hace de la política, así como del comportamiento político promovido en la sociedad. De este modo, se pueden encontrar variadas definiciones de democracia. Eso sí, la mayor parte de ellas son escuetas descripciones procesales que facilitan su descomposición en requisitos o condiciones formales distinguibles para su observación.

Contrariamente a lo que se supone, estos requisitos tienden a estirarse excesivamente, perdiendo precisión y dando la impresión de que casi cualquier régimen que celebre elecciones periódicas y cuente con un sistema de partidos plural es, indefectiblemente, una democracia. En algunos casos, el problema de la elasticidad conceptual se ha soslayado incluyendo adjetivos descriptivos para hablar de tipos de democracia, como delegativa, limitada, tutelada, plebiscitaria, electoral o formal. También se ha recurrido, tras la democratización de dictaduras militares, a calificaciones como autoritaria, neopatrimonial, militarmente dominada y protodemocracia (Collier y Levitsky, 1997).

Siguiendo un hilo argumental estándar, las definiciones procesales de democracia se han centrado en la forma en que se selecciona el Gobierno —elecciones libres—, la competencia electoral entre dos o más partidos y las garantías para el ejercicio de la ciudadanía política —derechos políticos y libertades civiles—. Unos elementos que pueden considerarse condiciones o exigencias mínimas para todo aquel régimen que pretenda erigirse como democrático. Este tipo de definiciones son las que abundan en una diversidad de trabajos y estudios sobre la democracia, como en los de Downs (1973), Diamond et al. (1990), Huntington (1991b) y Przeworski et al. (1996). O, más recientemente, en algunos estudios acerca de la calidad de la democracia, como el de Mainwaring y Pérez-Liñán (2015).

Un punto aparte merece la clásica descripción de poliarquía o gobierno de muchos —sinonimia de democracia representativa— de Robert Dahl (1997). En ella, Dahl atribuye ocho requisitos formales a la democracia. Con esta caracterización se impuso una idea más bien descriptiva y cuantificable de este régimen político. Es decir, hay democracia —o poliarquía— cuando se cumple con un listado de condiciones formales verificables. Factores sustanciales y cualitativos, como la igualdad social o la capacidad efectiva de la ciudadanía para controlar a los políticos, quedan fuera de esta caracterización.

Ahora bien, el propio Dahl (2002: 77) en un posterior trabajo parece intentar reparar este déficit interpretativo, al señalar que «el orden económico óptimo debería contribuir, entre otras cosas, a generar una distribución de los recursos políticos favorables a los objetivos de igualdad de voto, participación efectiva, comprensión informada y control final de la agenda política por todos los adultos sujetos a las leyes».

También existen otras acepciones que apelan a una idea más sustancial de la democracia. Entre ellas destacan las planteadas por Tilly, Mouffe y Morlino.

Si bien Tilly (2007) no desarrolla una definición como tal, sí describe cuatro componentes copulativos de la democracia: a) amplitud en la inclusión política de la gente bajo la jurisdicción del Estado —ciudadanía inclusiva—; b) igualdad dentro de y entre las categorías de ciudadanos —igualdad de derechos y deberes políticos y de derechos y libertades sin importar el origen de cada individuo—; c) protección frente a la arbitrariedad del Estado —debido proceso para todos los ciudadanos—, y d) consulta mutuamente vinculante —los agentes estatales disponen de obligaciones claras y responsabilidades ejecutables—. Por tanto, para Tilly «un régimen es democrático en la medida en que las relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos se demuestran con consultas mutuamete vinculantes, amplias, iguales y protegidas» (2007: 45).

Mouffe define la democracia como un régimen político al que «le concierne el ordenamiento simbólico de las relaciones sociales […] una forma específica de organizar políticamente la coexistencia humana» (2012: 36). Esto implica que la democracia es mucho más que una mera forma de gobierno (Mouffe, 2012). En tal sentido, hay que atribuirle la defensa del pluralismo, a partir del reconocimiento institucional de los antagonismos, y la garantía de igualdad de todos los ciudadanos antes, durante y después de los procesos de toma de decisión.

Por último, está la descripción de buena democracia de Morlino (2015). Una buena democracia es aquella donde los ciudadanos a) tienen satisfechas plenamente sus demandas; b) están dotados de una libertad e igualdad por encima de los mínimos, y c) gozan del poder de controlar y evaluar que los gobernantes cumplan con los compromisos adquiridos respecto a las demandas de la sociedad civil.

De acuerdo con estas tres últimas formulaciones, la esencia de la democracia viene conferida por su centralidad en la interacción entre política y sociedad. Desde esta centralidad, le corresponde la construcción continua de una ciudadanía inclusiva, mediante herramientas de receptividad que den respuesta efectiva a las demandas de los ciudadanos (O’Donnell et al., 2003). Por lo demás, si la democracia es por antonomasia un régimen político inclusivo (Offe, 1990; O’Donnell et al., 2003; Dahl, 2012), entonces no se pueden establecer diferencias en el tratamiento de la opinión, ni en los intereses de los ciudadanos. Tampoco distorsionar las preferencias políticas de individuos, grupos y colectivos sociales.

Para armonizar la interacción entre política y sociedad y propiciar la acción inclusiva, la democracia ha de articularse en torno a tres principios o ejes normativos: igualdad política, pluralismo político y rendición de cuentas.

La igualdad política es un medio de autoprotección de la democracia. Esto se debe a que es una «condición necesaria de muchos otros valores importantes, incluida una de las libertades humanas más fundamentales: la de contribuir a determinar, en cooperación con otros, las leyes y normas que uno deberá obedecer» (Dahl, 2002: 7). También es una forma de evitar que los gobernados estén a merced de los poderosos (Vargas-Cullell, 2012). Es lo que democratiza la naturaleza elitista de la representación al hacer efectivo el derecho a sufragio activo y pasivo de todos los ciudadanos por igual. Por lo tanto, la igualdad política es a la vez componente y objetivo consustancial de la democracia (Dahl, 2008).

Respecto al pluralismo político, este no se limita a describir la composición del sistema de partidos, como proponen Sartori (1987) o Lijphart (1995), ni si acaso existe competencia electoral y alternancia en el Gobierno entre dos o más partidos políticos (Downs, 1973; Huntington, 1991a; Dahl, 1997). Si bien la presencia de una multiplicidad de partidos que representen la división de intereses, valores y opiniones de la sociedad (Przeworski, 1991) es primordial, el pluralismo político también implica reconocer la alteridad, al otro antagónico, que es de donde emanan esos intereses, valores e ideas diferentes. Lo que está inexorablemente vinculado al reconocimiento del disenso político que existe más allá de los muros institucionales. De esta forma, el pluralismo político fomenta un sistema de controles que pone trabas a la dominación social e ideológica. Como argumentan Dahl (1992) y Mouffe (1999), desde perspectivas distintas, muchas veces son las nociones de diferenciación y autonomía las que definen las relaciones entre los seres humanos.

Por último, puede decirse que la rendición de cuentas o accountability alude a un régimen de instituciones capaces de controlar a las élites y hacerlas más diversas (Dahl et al., 1999). En este sentido, Diamond (2003) —citando a O’Donnell— señala que para que un sistema político efectivamente rinda cuentas, requiere de tres componentes, el democrático, el liberal y el republicano. Esto significa que a) el sistema permite a los ciudadanos elegir a sus gobernantes, además de capacitarles para expresarse y participar en los procesos políticos; b) el Estado está impedido de invadir los derechos básicos de la personas, y c) existe una separación y equilibrio de poderes que proporciona un Estado de derecho y un buen gobierno a través de las instituciones de accountability horizontal, manteniendo la igualdad ante la ley de todos los actores, públicos y privados.

Sin embargo, para que ese control sea real, el Estado tiene que ser capaz de garantizar la capacidad de agencia de los ciudadanos de manera autónoma, plural, igualitaria y universal. En otros términos, para garantizar una rendición de cuentas se requiere de «un contexto social que incluya fuentes de información variadas, no monopolizadas o censuradas por el Estado. Esta posibilidad, que es un componente de un contexto socialmente diverso y plural, es un bien público respaldado por un sistema legal democrático y por el adecuado desempeño de las instituciones estatales» (O’Donnell et al., 2003: 84).

A tenor de lo hasta aquí expuesto y en función a los principios de igualdad política, pluralismo político y rendición de cuentas, en términos normativos la democracia se puede entender como un régimen político donde los representantes políticos son elegidos a través de elecciones libres, justas, periódicas y regladas; el Estado y el Gobierno garantizan el disfrute de los derechos políticos y sociales y las libertades civiles; el pluralismo político y social está representado en las instituciones; los procesos políticos son socialmente inclusivos; la relación entre el sistema político y la ciudadanía se basa en consultas permanentes y mutuamente vinculantes, y la toma de decisiones no está condicionada por el interés de grupo privilegiado alguno. Esta definición acoge tanto los aspectos formales de la democracia (elecciones, derechos, libertades) como sus aspectos sustanciales (pluralismo, igualdad política, accountability).

Por lo tanto, la democracia condensa la lucha entre fuerzas políticas, sociales y económicas antagónicas, promoviendo mecanismos para la resolución pacífica de los conflictos que derivan de esas contradicciones. Un espacio en el que se organizan los medios, contenidos y resultados de la disputa política, rebasando en muchas ocasiones los marcos institucionales fijados por el Estado. En otras palabras, la democracia tiene como misión articular la vida política, que no es otra cosa que «un sistema de conducta incorporado a un ambiente a cuyas influencias está expuesto el sistema político mismo, que a su turno reacciona frente a ellas» (Easton, 1965: 17).

La democracia, al ser un sistema que articula la vida política (O’Donnell, 1989), está estrechamente ligada a otros sistemas sociales, por lo que las dinámicas y paradigmas de estos necesariamente contaminan y condicionan su funcionamiento. Dicho de otro modo, la democracia es la expresión política de una determinada construcción social (clases), económica (recursos materiales) y cultural (recursos cognitivos). Por tal razón, no puede concebirse como un mero compartimento estanco de la política o, como promueve el dogma liberal, una especie de liturgia institucional en la que se participa a intervalos (períodos electorales) y circunscrita a un concepto instrumental y atemporal concordado al margen de toda conflictividad social (consenso de élites).

Conforme al marco conceptual popuesto, la democracia representa un objeto y sujeto social que debe ser analizado e interpretado, tal y como propone la teoría crítica, dentro de su contexto-social e histórico (Frankenberg, 2011). Es decir, atendiendo a que este es un sistema afectado por las contradicciones de intereses, valores e ideas provenientes de la estructura social y la división idelógica de cada época. Una premisa que se corrobora al contextualizar las diferentes interpretaciones que ha tenido este régimen político a lo largo del siglo xx.

Así, la teoría económica o elitista de la democracia fue la respuesta liberal a la política de movilización de masas que proliferó en Europa y Estados Unidos después de la gran depresión económica de 1929. Por su parte, el enfoque pluralista, que surge entre las décadas de los cincuenta y sesenta, fue una exaltación de las bondades del régimen político de Estados Unidos frente al modelo de democracia popular propugnado por el comunismo durante la Guerra Fría. Por último, las interpretaciones postmarxistas de la democracia representan la reinvención del socialismo democrático, el cual bebe de dos fuentes: los valores de autoexpresión y el antagonismo social, ambas identificadas con los nuevos movimientos sociales que emergen tras la revolución de mayo de 1968.

Entonces, si para interpretar la democracia hay que atender a la influencia que ejercen el contexto y la estructura de las relaciones sociales, en su análisis hay que contemplar tres supuestos que la explican como constructo político, social y cultural.

En primer lugar, la democracia supone reconocer que el conflicto social, aún más en momentos de extrema politización, es lo que fija las divisiones expresivas y proyectivas de sus instituciones políticas. Este es el acto político puro, que de acuerdo a Zizek «es aquello que modifica el contexto en que el funcionan las cosas» (2009a: 32). Este acto no sucede al margen de la acción de la política y la economía —y viceversa—. Ejemplos de ello pueden ser la defensa de las libertades civiles o la lucha a favor de la equiparación de salarios entre hombres y mujeres. En ambos casos se expresa la tensión entre política y sociedad mediante un acto político que interpela a la acción del sistema político y económico. Así, acto y acción están correlacionados en sus consecuencias, provocando determinadas actitudes y reacciones respecto al funcionamiento de los dos sistemas. Una relación que es determinante para la proliferación de los valores democráticos.

Segundo, la democracia implica gobernar la inestabilidad. Al contrario de lo que opinan Rawls (1996) o Habermas (1992), la democracia se legitima cuando consigue dar continuidad a la lucha política por causes pacíficos en un océano de antagonismos. Este es el espacio de lo político, que es donde se aloja la soberanía popular. El lugar en el que fluyen las particularidades, que son las que otorgan el carácter democrático a toda sociedad. De esta forma, la negación de la lucha hegemónica como aspecto constitutivo de la política, supone una paulatina pérdida de legitimidad de las instituciones y valores democráticos para aquellos que son invalidados a priori en esa lucha.

Tercero, los procesos del sistema democrático están estrechamente vinculados a la convención ética y el sentido común o ideología dominante de cada época. Por tanto, «los procedimientos siempre implican compromisos éticos sustanciales, y nunca puede existir nada que se parezca a unos procedimientos puramente neutrales» (Mouffe, 2012: 110). De este modo, cuestiones prescriptivas, como la igualdad política, la justicia social o los derechos sociales no son ajenas a las formas que adoptan aquellas más descriptivas, como el pluralismo político, el sufragio universal o la libertad de expresión. Unas y otras interactúan de modo que los instrumentos vienen a ser el reflejo de los diferentes tipos de conflictos que dinamizan la sociedad. Esto no solo confiere a la democracia la capacidad de albergar, sino que también de fomentar la impugnación del propio orden social que gobierna.

A partir de estos tres supuestos se podría explicar el declive de la democracia en muchos países occidentales. Esto implica sumergirse en un lugar abstracto, pero al mismo tiempo factual, en el que se articula representación política y soberanía popular, y que es donde «cabría esperar que la interacción ciudadana con los representantes políticos fuera más estrecha y activa» (Mair, 2015: 35).

Como se expone a continuación, este declive puede estar provocado tanto por la superestructura (ideología) como por la estructura social (desigualdad). Dos dimensiones contextuales que dan sentido, en téminos lacananianos, a la realidad y a lo real en la sociedad capitalista desde finales del siglo xx.

En la era neoliberal las élites corporativistas se han servido de la economía de mercado y el relato pospolítico para difundir la idea de que vivimos en una sociedad que no está estructurada por la división social o de clases (Mouffe, 2012). Su triunfo ideológico ha sido vital para ampliar el dominio del capital en las demás esferas de la distribución social, gracias a que su base contrafactual —el mercado como actividad natural de las relaciones humanas— apenas ha sido contestada por las élites políticas en las democracias consolidadas (Przeworski, 2010). Con ello, exclusión, elitismo y desigualdad se han erigido en señas de identidad de la forma en que se estructuran las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas, vaciando de contenido a la democracia.

En este contexto, la democracia contemporánea se ha reducido a una mínima expresión de sus aspectos formales, consolidando su versión procedimental y elitista gracias a la privatización de las relaciones entre política y sociedad. Es lo que autores como Crouch (2004) han identificado como un retroceso a la etapa predemocrática. Así, su infraestructura se ha vuelto contradictoria con los dictámenes que fijan la realidad concreta de los individuos, siendo totalmente servil a lo real, que no es otra cosa que la práxis capitalista que construye la realidad social (Zizek, 2009b).

Por otra parte, la sociedad que prodiga el neoliberalismo no resulta compatible con los aspectos conformantes y sustantivos de la democracia por tres grandes motivos: a) la libertad económica neoliberal elitiza el proceso de toma de decisiones, haciéndolo cada vez más antidemocrático; b) el Estado neoliberal promueve un desarraigo de la economía de los ámbitos social y político, creando sensaciones de desasosiego e impotencia en los ciudadanos respecto a sus efectos materiales —el debate económico se aparta del conflicto político al cual pertenece—, y c) la economía neoliberal acrecienta todas las brechas de desigualdad (política, social, cognitiva, de ingresos, de género, de patrimonio), lo que a su vez (auto) excluye del sistema político a los individuos de menores recursos materiales. Este conjunto de motivos explicaría, entre otras cosas, la falta de conexión entre élites políticas y ciudadanía (espacio politizado) y de estos con los individuos desafectos (espacio despolitizado). Un fenómeno que incide en lo que Norris (2011) denomina déficit democrático, que es la tensión entre el ideal democrático y el juicio negativo sobre su desempeño.

Se puede afirmar, entonces, que el neoliberalismo es disfuncional a la democracia, en tanto que estructura la sociedad según una rígida jerarquía social que promueve tanto la violencia subjetiva como objetiva entre individuos y grupos. Una violencia que es subproducto de la desigualdad económica, social, política y cultural que fomenta su matriz ideológica, la cual no precisa de ningún principio democrático para funcionar ni legitimarse. De hecho, como advierte Klein (2007), a la economía neoliberal solo le basta un trauma o desastre —político, social, económico, natural— para imponer su lógica.

En definitiva, teniendo en cuenta el contexto estructural —ideología y desigualdad— que reproduce el neoliberalismo, la democracia se enfrenta a un doble desafío, si acaso se quiere evitar que su declive dé paso a regímenes residuales e ingobernables: por un lado, conseguir que estén debidamente representados todos los intereses, valores e ideas en las instituciones políticas y, por otro, que los resultados de sus procesos respondan efectivamente a las demandas mayoritarias de la sociedad.