El concepto de capital social ha suscitado importantes debates académicos aún irresueltos. Ha pasado de ser un concepto «sombrilla», aún emergente, a convertirse en un término cotidiano en diferentes campos del conocimiento (Woolcock, 2010). A pesar de su amplia difusión y de su éxito notable, son continuas las críticas acerca de la utilidad teórica del concepto y de su uso operativo en estudios empíricos. Para Woolcock (1998), no solo se trata de un término que ha tenido un uso indiscriminado, aplicado a diferentes problemáticas sin una adecuada rigurosidad, sino que resultado de lo anterior, se ha generado una dispersión de significados que más que contribuir a su desarrollo, ha supuesto un obstáculo para su consolidación teórica.

Haciendo una revisión de la literatura teórica sobre el tema se observa que, en general, las investigaciones han abordado tres dimensiones del capital social: las redes, la confianza y las normas sociales. Este abordaje ha sido heterogéneo, ya que algunos enfoques teóricos se han centrado en determinados aspectos específicos, como es el caso de la teoría de redes, y otros han realizado análisis más comprensivo de las tres dimensiones. De igual forma, parte de literatura sobre el tema se ha interesado más en los efectos individuales de este recurso, mientras otros, como se verá, han privilegiado sus consecuencias colectivas.

El concepto de capital social fue retomado desde la teoría de redes, desarrollada por la sociología y la economía, partiendo de la afirmación de que las redes sociales importaban. Esta cuestión llevó a acuñar la frase que será emblemática de la teoría del capital social, «no es lo que sabes o conoces sino a quién conoces» (Narayan y Woolcock, 2000: 1). Desde esta perspectiva, la relevancia del capital social, y con ello de las redes sociales, reside en su capacidad para generar recursos que pueden ser aprovechados por los individuos. Para Lin (2001) el capital social refiere a los recursos incorporados en las redes sociales, a los cuales los sujetos pueden acceder o movilizar a través de los vínculos existentes en tales redes. Este planteamiento va a constituir un primer enfoque dentro de las teorías de capital social, que destacan los efectos individuales de la pertenencia a redes sociales. Sin estar estrictamente vinculado a la teoría de redes, Bourdieu va a realizar aportaciones a la comprensión de la dimensión individual al capital social al subrayar la relevancia y los beneficios potenciales que obtienen los sujetos que participan en grupos, definiendo el capital social como: «El agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo» (1985: 248).

El planteamiento de Coleman (1990; 1988), por el contrario, busca integrar los tres aspectos centrales del capital social: las redes, la confianza y las normas. Efectúa una transición micro-macro con el objeto de articular las dimensiones individuales y colectivas de este recurso. Así, para este autor, el capital social alude a los recursos subsecuentes de las relaciones sociales, que facilitan la interacción entre actores, y de ellos con la estructura social. A diferencia de otras formas de capital, como el humano y el físico, para Coleman este recurso no pertenece a los individuos, sino a la colectividad.

Para Ostrom, el capital social no solo es un acumulado de normas, saberes compartidos y reglas de uso, sino también un medio para solucionar problemas de acción colectiva. Las normas compartidas y patrones sociales generan capital social, y este recurso permite la construcción de arreglos institucionales para resolver dilemas vinculados a recursos de acervo común, evitando la generalización de estrategias individuales (Ostrom, 1990; Ostrom, 2000).

Por su parte, la formulación de Putnam, retomando el planteamiento de Coleman y a diferencia de la teoría de redes, destaca el carácter colectivo del capital social, cuya principal propiedad es la de facilitar la cooperación social. Los desarrollos en la literatura académica posteriores han explorado los vínculos entre cooperación, reciprocidad y confianza con diferentes fenómenos sociales, a fin de identificar cómo las relaciones sociales y la pertenencia a grupos y redes actúan para beneficio no solo de los sujetos, sino de la sociedad en su conjunto. Se trata, en general, de estudiar cómo el capital social permite superar la lógica de maximización individual y, por ende, los dilemas de la acción colectiva (Ostrom y Ahn, 2003).

La cuestión anterior, acerca de qué tipo de bienes produce el capital social, si individuales o colectivos, ha sido motivo de malentendidos y aplicaciones muy diferentes del concepto. Esto, a su vez, va a estar asociado a las discusiones sobre cómo operan las relaciones causales que llevan a identificar al capital social como variable explicativa de un sinnúmero de fenómenos sociales.

Como se señaló anteriormente, uno de los aspectos problemáticos en la consolidación teórica del capital social ha sido la heterogeneidad de significados que han surgido alrededor de este concepto. Tal diversidad conceptual ha tenido dos efectos. En primer lugar, ha obstaculizado el uso sistemático del capital social en investigaciones empíricas. De manera habitual los estudios en esta materia suelen hacer énfasis en los aspectos que estos consideran relevantes del capital social, obviando los demás. Así, se centran bien en las redes, bien en la confianza, bien en las normas sociales, dejando de lado análisis más comprehensivos que integren de manera simultánea los tres aspectos (Adam y Rončević, 2003). El segundo efecto derivado de la multiplicidad de acepciones tiene que ver con que cada definición entraña unas relaciones causales específicas asociadas al capital social. De esta manera, determinado concepto de capital social lleva aparejado una explicación concreta acerca de cómo opera este recurso y su vínculo con las realidades sociales que se busca comprender.

La acelerada expansión de los análisis basados en el capital social se ha debido a la multiplicidad de cuestiones que se pretenden explicar a partir de un planteamiento básico: las relaciones sociales tienen una capacidad potencial de generar beneficios tanto individuales como colectivos. La teoría de redes, las obras de Coleman, Ostrom y Putnam, así como los desarrollos posteriores, han tenido en común el interés de explorar de qué manera las conexiones sociales tienen efectos que van desde lo individual (micro), hasta lo colectivo (macro). Las diferencias surgen a partir de las relaciones causales que establece cada enfoque teórico y los alcances atribuidos a este recurso. A juicio de Castiglione et al. (2008: 4) el intento inaugurado especialmente por Putnam, de comprender cómo ciertos macroacontecimientos sociales son causados a partir de micromecanismos, vinculando las esferas micro y macro y conciliando con ello diversas tradiciones teóricas, ha causado cierta confusión respecto a la capacidad explicativa y a la parsimonia interna de la teoría del capital social.

Esser señala que es posible identificar dos formas de capital social: una de tipo más individual y otra más colectiva (Esser, 2008: 23). El capital social de tipo más individual, al que Esser denomina capital relacional, hace referencia a los recursos que un individuo puede utilizar como resultado de sus relaciones personales, tanto directas como indirectas. Cuestiones tales como el acceso a la información, la confianza al emprender tareas con otros actores, la solidaridad y el apoyo son algunos de los recursos y beneficios del capital relacional (id.). La teoría de redes es uno de los exponentes más notables de esta corriente, cuya perspectiva micro busca identificar cómo las redes sociales entrañan recursos que pueden ser obtenidos o movilizados por actores individuales (Lin, 2001; Burt, 1992).

La relación causal que establecen los enfoques que estudian el denominado capital social relacional tiene que ver con la manera a través de la cual los individuos movilizan recursos derivados de las redes sociales con el objeto de obtener beneficios específicos, de allí que sea un capital que produzca bienes privados. Un ejemplo es el proceso de búsqueda de empleo, en el cual los individuos activan sus redes sociales, obteniendo información privilegiada a la que de otra manera no se accedería. Uno de los autores pioneros sobre esta temática es Granovetter (1974), quien analiza el papel de los lazos sociales en la búsqueda de empleo y encuentra que las redes sociales a las que pertenezcan los individuos pueden ser tan o más importantes que la formación académica. Si bien la teoría de redes, en particular las contribuciones de Granovetter, Lin y Burt, ha intentado vincular las relaciones micro con fenómenos sociales más amplios, en general este enfoque ha considerado el capital social como un recurso individual, del cual los sujetos hacen uso para su propio beneficio, y depende de la densidad de redes sociales a las que se pertenezca.

A pesar de reconocer la dimensión individual del capital social, algunos autores han coincidido en que, a diferencia de otros tipos de capital como el humano o el económico, los recursos que se movilizan en las relaciones sociales, por una parte, no son controlados completamente por los actores individuales y, por otro, sus beneficios no recaen exclusivamente en los sujetos, sino que se difunden a través de toda la red social a la que se pertenece. Estos enfoques han sido agrupados por Esser bajo la denominación de capital social sistémico (2008: 37-41). Para Esser, a diferencia del capital social relacional, el sistémico no puede ser alcanzado por los esfuerzos ni la intención individuales, ya que se trata de un fenómeno colectivo que genera beneficios o recursos sociales tales como la confianza generalizada, la cooperación social, los valores y los principios morales compartidos. Otro elemento diferenciador, a juicio de Esser, es que mientras que en el capital relacional los actores afectados o beneficiados por la red social son aquellos que específicamente pertenecen a ella, en el caso del capital social sistémico se trata de una red social más amplia —por ejemplo, una comunidad, una región, un barrio— que independiente de la inversión que hagan los actores a título individual, todos los que pertenecen de alguna u otra manera a tal red se beneficiarán de ella.

A este respecto, Portes señala que mientras que el capital económico y humano pertenece a los sujetos que lo ostentan, el individuo posee el capital social en tanto forma parte de una red, pero son los otros los que sacan provecho de su pertenencia (1998: 7). Tal dualidad, el no control del capital y los beneficios dispersos a través de la red, han sido el origen de los enfoques denominados por Ostrom y Ahn (2003) maximalistas del capital social, que reconocen los efectos de las redes sociales en múltiples fenómenos sociales.

Coleman resalta que las tres formas principales que adopta el capital social son: a) las obligaciones, expectativas y credibilidad de las estructuras; b) los canales de información y, por último, c) las normas y sanciones efectivas (Coleman, 1988: 101-105). A juicio de Ostrom y Ahn (2003: 162-163), la contribución de Coleman puede ser considerada como una visión transicional entre la perspectiva minimalista de la teoría de redes y la visión más expansionista que aborda el capital social como un recurso que hace posible resolver dilemas de acción colectiva.

Por su parte, al estudiar el cambio institucional a partir de la observación de las regiones del norte y sur de Italia, Robert Putnam y sus colegas llegan a la conclusión de que el rendimiento de las instituciones, en este caso democráticas, está condicionado por el contexto social en el que se hallen (1993). En ese orden, un mismo diseño institucional puede funcionar de forma distinta dependiendo del contexto en donde se encuentre, por lo que el éxito de las instituciones democráticas, más que del diseño en sí, obedece a las condiciones contextuales, en particular sociales, en las que opere. A juicio de los autores, gran parte de la gobernabilidad democrática y la prosperidad económica en las sociedades actuales se explica por la existencia de ciertos atributos dentro de la organización social, como la confianza, la reciprocidad, la cooperación y el acatamiento de normas y reglas, que facilitan las acciones coordinadas, es decir, por los acumulados de capital social existentes (ibid.: 198). Así, Putnam utiliza el término de capital social, empleado por Coleman y Bourdieu, dándole un nuevo significado y señalando que las redes sociales, los sistemas de reglas y normas creados a partir de acciones conjuntas, forman un recurso —capital social— que permite lograr metas que benefician a toda la comunidad. Ello redunda en un mejor desempeño democrático, reconociendo el valor para lo público de las actividades colectivas.

La perspectiva expansionista del capital social parte del planteamiento de que las conductas y actitudes generadas en el desarrollo de las relaciones sociales van estableciendo progresivamente un sistema de valores, normas y reglas compartidas, que a su vez generan sanciones sociales a aquellos que las incumplan, limitando así el comportamiento oportunista. Tales sanciones, así como la reciprocidad repetida, incrementan la confianza social y hacen posible la cooperación en gran escala. Por ello se destaca que el capital social está compuesto por redes, confianza y normas sociales. La tabla 1 resume los enfoques de capital social antes enunciados.

Conforme han aumentado las iniciativas de participación ciudadana local en diversos lugares del mundo, han ido creciendo los intentos por examinar dichos procesos. Recientemente, el interés por identificar las variables que explican los desiguales rendimientos de los procesos participativos en los lugares que se ponen en marcha ha llevado a explorar cómo influyen las variables contextuales en el desarrollo y aportación a la democracia local de las experiencias participativas. Para autores como Lowndes y Pratchett (2009: 101), los instrumentos de participación que funcionan bien en un lugar no necesariamente funcionan bien en otro, lo que lleva a preguntarse sobre los factores de contexto que inciden en los procesos participativos y hacen que estos funcionen en términos de su eficacia en la contribución a la democracia.

Sobre esta cuestión existen numerosas propuestas referentes a variables de contexto, que resultan claves para explicar los rendimientos de los procesos participativos. Una de las variables que más ha sido retomada por diferentes estudios es el capital social (Vásquez, 2013; Baiocchi et al., 2011; Avrtizer, 2010; Velásquez y González, 2004; Walliser, 2003). La disposición de la comunidad a formar parte de los procesos participativos se traduce en la pluralidad del proceso, un mayor número de personas participando en él, mayor interés hacia lo público, calidad en las discusiones y articulación de visiones. La existencia de acumulados de capital social facilita la acción colectiva, permitiendo la movilización, la articulación de intereses y la deliberación.

Las aportaciones de Putnam, en particular su concepto de comunidad cívica, van a ser centrales para los estudios de participación ciudadana. La comunidad cívica es entendida como «aquella integrada por ciudadanos virtuosos que participan activamente en asuntos públicos, bajo condiciones de igualdad política, socializados en valores y actitudes cívicas» (Putnam, 1993:88). Se trata de comunidades cuyos ciudadanos cuentan con actitudes orientadas hacia lo público, que tienen la capacidad de articular intereses individuales en torno a un objetivo social y configuran lo que posteriormente Putnam denominará virtud cívica. Para este autor «en la comunidad cívica, los ciudadanos persiguen lo que Tocqueville llama ‘interés individual debidamente entendido’ [...] definido en un contexto de necesidades públicas más amplias [...] donde el interés personal está en función de los intereses de otros» (id.).

A juicio de Putnam, la existencia de una comunidad cívica activa se traduce en un mayor control de las acciones de gobierno (accountability). El autor parte del supuesto de que un buen gobierno será aquel que es más receptivo a las demandas ciudadanas (responsiveness), a la vez que opera con eficacia para atenderlas. Si este es el parámetro, ¿qué hace que una Administración sea más sensible a las necesidades de sus habitantes? La respuesta de este autor se centra en la capacidad de la ciudadanía en manifestar sus demandas y articularlas, lo que se logra a través de acción colectiva coordinada, es decir, capital social, cuya base será una comunidad cívica.

Las investigaciones de participación ciudadana que emplean la variable de capital social, retomando los conceptos de comunidad cívica y de virtud cívica, señalan que aquellas comunidades que cuenten con estas características y, en general, logren superar los dilemas de la acción colectiva, serán más proclives a participar de lo público, presionar por mayor accountability y responsiveness por parte de las autoridades de los gobiernos locales, dando como resultado procesos participativos más exitosos. De igual manera, es probable que las mismas comunidades presionen por gobiernos participativos o que en una vez puestos en marcha los procesos de participación los ciudadanos se involucren de manera activa en ellos.

En su estudio sobre casos exitosos de participación ciudadana, Fung y Wright (2003) destacan que uno de los elementos claves de las experiencias exitosas estudiadas tiene que ver con la capacidad de la ciudadanía para coordinarse y cooperar, así como con la práctica deliberativa. La deliberación, a juicio de estos autores, a su vez estará asociada con la existencia de una vida cívica y con organizaciones no gubernamentales que favorezcan una democracia vigorosa (ibid.: 40). Para ambos autores, una vida cívica activa permite la articulación de intereses y pasar del «yo» al «nosotros». En ese caso, las comunidades orientadas hacia el interés general, que conocen sus problemáticas, son funcionales a los procesos participativos, potenciando los resultados exitosos.

Parte de las críticas a la teoría del capital social han estado orientadas a la debilidad de sus planteamientos teóricos, bien por el carácter tautológico de parte de sus explicaciones o por la inconsistencia al vincular los micromecanismos bajo los que opera el capital social con los macrofenómenos sociales que busca analizar. En términos de Van Deth (2003: 80) la teoría en este campo parte de suponer que los recursos de capital social tendrán como resultado una disminución de los costos de transacción de todos los participantes en una determinada red debido a que las relaciones de confianza generan que se necesiten menos recursos para garantizar cumplimiento. Sin embargo, no queda claro cómo conectar de manera convincente la manera en la que la confianza interpersonal impacta en el funcionamiento de la democracia o en la pobreza. En ese sentido, hay claridad sobre cómo las redes individuales producen bienes y beneficios a los individuos que pertenecen a dicha red; sin embargo, tal claridad pierde consistencia cuando se intenta conectar el funcionamiento de tales redes individuales con fenómenos macrosociales.

A fin de verificar las hipótesis derivadas de la teoría, en este caso del capital social, es preciso operacionalizar los conceptos. Sin embargo, como se apreció en el apartado anterior, existe una amplia diversidad de acepciones, y ello conduce necesariamente a que la operacionalización del capital social sea igualmente heterogénea. Como ya se ha señalado en el apartado anterior, tres han sido las propiedades básicas que tradicionalmente se han atribuido al capital social y sobre lo cual hay un consenso relativo: redes, confianza y normas. Cada una de estas propiedades, a fin de ser operacionalizadas, puede ser observada tanto en una dimensión individual como colectiva.

En el plano individual la manera de medir las redes sociales suele ser a través de encuestas o polling methods que indagan sobre el grado de membresía a asociaciones civiles, la pertenencia a redes y el grado de contacto social. En la dimensión colectiva se suelen observar estos mismos indicadores pero a nivel agregado (ibid.: 160). A pesar de que estos métodos han sido tradicionalmente aceptados, algunos autores son críticos con los datos existentes y señalan que el diseño adecuado de las encuestas es crucial para medir de manera apropiada la participación en asociaciones a fin de lograr afirmaciones teóricas más sólidas.

Al tratar de medir aspectos como la confianza y las normas sociales los investigadores se enfrentan a un terreno mucho más difícil, en particular cuando el reto consiste en encontrar indicadores para la dimensión colectiva de tales aspectos (Inkeles, 2000). Para la medición de la confianza y las normas a nivel individual se utilizan frecuentemente encuestas o polling methods, mientras que en el plano colectivo se incorporan indicadores agregados. Sin embargo, algunos autores han cuestionado esta práctica porque se cae en el riesgo de utilizar datos del nivel micro, derivados de encuestas, para comprender fenómenos macro sin que haya claridad en esta conexión. A este respecto, Van Deth se pregunta: «¿Los datos agregados de la encuesta sobre confianza individual miden realmente la cantidad de confianza disponible como un bien colectivo para todos los ciudadanos? ¿Qué se mide si simplemente contamos el número de asociaciones voluntarias de cada encuestado y calculamos el promedio de membresía en asociaciones voluntarias en una sociedad?» (2008: 161-162).

Si bien la información que ofrecen las encuestas para identificar los diferentes aspectos del capital social —redes, confianza y normas— resulta valiosa, especialmente en el plano individual, algunos autores reclaman la necesidad de ampliar las estrategias de investigación. En particular, aspectos como la confianza y las normas sociales en la dimensión colectiva, cuya medición resulta más compleja, pueden ser abordados haciendo uso de observaciones directas o estudios en profundidad de las comunidades (ibid., 2008: 160).

A este respecto, Van Deth (2003; 2008) hace algunas precisiones y propuestas relevantes para los estudios que utilizan como variable el capital social. En primer lugar, señala que siguiendo el enfoque establecido por Coleman y Putnam, el capital social ha sido usualmente definido por sus funciones, por lo que la manera en que se manifiesta y los indicadores utilizados en cada caso serán diferentes. Así, teniendo en cuenta que las funciones del capital social cambian dependiendo de los diferentes contextos y fenómenos que buscan ser analizados, la definición que utilizar en cada caso derivará de la situación específica en la que se halle.

La plasticidad del concepto de capital social, a juicio de Van Deth puede dar lugar a diseños de investigación más robustos en este ámbito, pero conlleva romper esquemas ortodoxos (2003: 80-84). Esto es así debido a que, en vez de continuar con el debate respecto a hallar una definición categórica del concepto siguiendo una estrategia top-down, se precisa de una aproximación bottom-up que reconozca que el capital social es un término vinculado a la función que desempeña. Dado que su significado dependerá de la situación específica que se busca estudiar y del contexto en el que se enmarque, Van Deth sugiere, cuando se emprende una investigación sobre este tema, empezar por revisar las acepciones existentes de capital social y determinar sus rasgos comunes a fin de definir los aspectos necesarios para describir las características básicas que entrañan los diferentes conceptos de capital social. Una vez se establecen los rasgos fundamentales del capital social que se encuentran asociados al fenómeno concreto para analizar, se procede a definir la correspondiente estrategia de investigación (2008: 154).

La mayoría de las investigaciones sobre participación ciudadana local que hacen uso de la variable capital social, operacionalizan este concepto a través de indicadores que miden el grado de membresía en asociaciones voluntarias. Esto se puede explicar debido a la utilización del enfoque de Putnam en muchas de las investigaciones y de su concepto de comunidad cívica. Putnam señala que las asociaciones civiles serán fundamentales en la reproducción y potenciación de los acumulados de capital social de una sociedad, tanto a nivel interno, en los individuos, como externo, en los procesos de gobierno. En el plano individual, las asociaciones internalizarán en el comportamiento de los ciudadanos hábitos de cooperación, solidaridad y espíritu cívico (Putnam, 1993: 86-91). Respecto a su efecto externo, las asociaciones facilitarán la articulación de intereses, o que posibilitará una colaboración social efectiva, confianza social y normas de reciprocidad generalizadas (ibid.: 163-170). En ese caso, se puede suponer que si existen ciudadanos cívicos y comunidades en donde prevalezca el interés por lo público, la cooperación y la confianza generalizada es probable que los procesos participativos sean más exitosos. Y ¿cómo medir la existencia comunidad cívica y virtud cívica? La respuesta de Putnam es que a través de asociaciones civiles. Debido a este planteamiento, buena parte de los estudios sobre participación, que emplean como variable el capital social, operacionalizan dicho concepto mediante indicadores de membresía y actividad en asociaciones civiles.

Dentro de la literatura de capital social no solo se ha constatado los efectos positivos de las asociaciones en los individuos, por ejemplo, al promover la participación y discusión políticas (Verba et al., 1995); también se ha considerado los beneficios de las asociaciones a nivel más macro, entre otras, como escuelas de democracia (Cohen y Rogers, 1995). Las asociaciones civiles ejemplifican la superación de dilemas de acción colectiva al promover la cooperación y la coordinación social. Como consecuencia, sus potenciales efectos pueden ser la confianza interpersonal, la solidaridad y el apoyo mutuo, además de servir como canalizadores de intereses y demandas sociales. Por ello han sido elementos centrales en investigaciones sobre democracia y, este caso, participación ciudadana en gobiernos locales.

Son diversos los estudios que establecen la relación positiva entre asociacionismo y rendimiento de prácticas participativas en gobiernos locales. Un ejemplo es la investigación de Wampler y Avritzer (2004), quienes ponen de relieve cómo las estrategias adoptadas por organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de transición en Brasil promovieron la creación de instituciones participativas locales, entre ellas el presupuesto participativo. Los autores señalan que los resultados de los presupuestos participativos, en términos de implementación de proyectos seleccionados así como capacidad de deliberación y negociación de los asistentes a estos espacios, dependen en buena medida de la tradición asociativa (ibid.: 308-309). En aquellas ciudades o barrios dentro de la ciudad con mayor número de organizaciones de la sociedad civil se aprecia una participación basada en lo que denominan deliberación «cara a cara», en la capacidad de movilización y presión para implementar los proyectos acordados y evitar la intermediación clientelar.

En relación con la pregunta sobre cuáles son las condiciones adecuadas para que las instituciones participativas locales tengan éxito, y a partir de un estudio comparado en diversas ciudades de Brasil, Avritzer (2010) señala que las características organizativas de la sociedad civil serán esenciales para garantizar el éxito de los procesos participativos. Más que centrarse en el capital social en su conjunto, nuevamente recurre a las asociaciones y los patrones asociativos para explicar los rendimientos de los procesos participativos. A partir del porcentaje de población afiliada a asociaciones o el número de asociaciones vecinales explora las características asociativas en los distintos lugares analizados.

En la misma línea de identificar factores que desempeñan un papel central en el rendimiento de espacios de democracia participativa local, Font y Galais (2011) destacan que variables como la ideología política de los partidos que llevan a cabo el proceso participativo, el apoyo externo y la sociedad civil resultan claves para comprender los resultados en términos de calidad democrática de estos procesos. A juicio de estos autores, en caso de que la sociedad civil, en su dimensión organizativa, esté presente en la iniciativa o promoción del proceso participativo (bottom-up) hará que éste sea más inclusivo y deliberativo (ibid.: 12).

Haciendo una lectura crítica de la literatura que aborda la relación positiva entre sociedad civil y democracia, Baiocchi et al. (2011) proponen una tipología para comprender la relación entre sociedad civil y Estado para explicar los rendimientos de los procesos participativos locales. A juicio de los autores, es preciso identificar las características de la sociedad civil en términos de su capacidad de autoorganización y la manera cómo los actores sociales se vinculan con el Estado a fin de hacer efectivas sus demandas. Así, una sociedad civil autónoma, que es capaz de generar procesos autoorganizativos de manera independiente, así como de determinar de forma propia sus demandas y que se vinculen con el Estado en el marco de reglas claras —institucionalizadas—, es probable que genere una democracia movilizada y prácticas participativas que fortalezcan la deliberación y la participación plural, evitando patrones clientelares (ibid.: 33-38).

Las investigaciones de Wampler y Avritzer (2004), Avritzer (2010), Font y Galais (2011) así como Baiocchi et al. (2011), reflejan la tendencia en los estudios de participación ciudadana local de insertar el término sociedad civil para hacer alusión, de manera amplia, a las características asociativas de la sociedad analizada, dejando de lado el probablemente problemático concepto de capital social. Estos estudios se basan, en general, en encuestas o entrevistas a líderes asociativos o miembros de asociaciones. Así, dichas investigaciones evidencian el énfasis en el nivel individual de la dimensión relativa a las redes del capital social, eludiendo aspectos como la confianza y las normas tanto en su nivel individual como colectivo.

Este énfasis hacia el carácter organizativo y formal de las redes si bien permite hacer un acercamiento a las características del capital social de determinada comunidad, es limitado por varias razones. En primer lugar, las investigaciones sobre participación política han expuesto el estrecho vínculo entre recursos individuales y probabilidad de pertenencia a asociaciones civiles (Verba et al., 1995); por ejemplo, las personas con mayores recursos socioeconómicos tendrán una probabilidad más alta de asociarse. Las diferencias de pertenencia no son solo socioeconómicas, también la raza y el género inciden en la participación en asociaciones. En el caso de las mujeres, si bien las cifras varían de país a país, en general se encuentra que el nivel de pertenencia a asociaciones es menor comparativamente al caso de los hombres, diferencias que se agudizan en el caso de que las mujeres tengan hijos pequeños (Norris y Inglehart, 2006). En el caso de la raza (Lin, 2000), algunos estudios han demostrado que la pertenencia a determinado grupo étnico o racial minoritario puede tener consecuencias negativas en formar parte activa de asociaciones civiles. Si estas diferencias son veraces, ¿qué pasa con aquellos individuos que por su raza, género o recursos socioeconómicos tienen una baja probabilidad de pertenencia a asociaciones? ¿Se puede llegar a la conclusión, en caso de que se trate del único indicador de capital social utilizado, de que estos grupos sociales no cuentan con capital social? Como críticos del capital social han destacado, este planteamiento teórico ha subestimado la existencia de relaciones de sociales y de poder desiguales que, entre otras, se manifiestan en la pertenencia a asociaciones, desatendiendo, por otra parte, la manera en que los grupos en desventaja generan relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación.

En segundo lugar, como ya lo señalaba Putnam en su estudio sobre el asociacionismo en Estados Unidos (2000), el nivel de pertenencia a asociaciones ha bajado en las últimas décadas. Por otro lado, la pertenencia a asociaciones presenta una distribución desigual en las diferentes regiones del mundo, pero aún en regiones cuyo asociacionismo parece ser relativamente alto no se aprecia necesariamente un vínculo positivo entre este indicador de capital social y el fortalecimiento democrático (Roßteutscher, 2008). Probablemente como respuesta a esto o debido al interés de explorar nuevos indicadores que den cuenta del capital social en diferentes sociedades sin reducir este recurso al asociacionismo, se han hecho esfuerzos por recolectar información sobre diferentes aspectos de la sociabilidad tanto formal como informal. Como señalaba el apéndice metodológico de la plataforma CIVICUS «existe un acuerdo general de que las organizaciones voluntarias son solo un pequeño grupo dentro de un entorno mucho más amplio, ya no pueden ser tratadas como representantes claves para todo el universo de la sociedad civil […]. Esto ha hecho que muchas metodologías convencionales de simple reconocimiento del sector voluntario sean obsoletas para quienes realmente están interesados ​​en capturar la diversidad de la sociedad civil y cómo en última instancia contribuye a la democracia y el desarrollo» (Fioramonti y Kononykhina, 2013: 1).

En tercer lugar, la existencia de asociaciones civiles no supone necesariamente la presencia de una comunidad cívica en los términos presentados por Putnam. Estudios como el de Molenaers (2005) muestran que en países en vías de desarrollo los patrones asociativos no responden a las características mayoritariamente expuestas en la literatura sobre capital social. Es decir, no hay relación automática entre asociacionismo y confianza, reciprocidad y cooperación horizontal (ibid.: 164). Por el contrario, en muchos casos lo que se observa es que la vida asociativa está relacionada con patrones de interacción clientelista en donde los individuos buscan conseguir recursos sociales a través de líderes locales, quienes juegan un rol de intermediación entre los habitantes y los gobiernos locales, perpetuando el clientelismo. Sin embargo, es a través de redes informales en donde se pueden encontrar procesos de cooperación horizontal, confianza y reciprocidad.

Por último, existen nuevas formas de acción colectiva o nuevos activismos urbanos, como los denomina Walliser (2013). Estos grupos orientados hacia la producción de espacio urbano y la promoción de modos innovadores de participación ciudadana se caracterizan por su bajo nivel organizacional —a diferencia de formas tradicionales como las asociaciones de vecinos—, inteligencia colaborativa a través de redes sociales, y grupos más abiertos, flexibles y descentralizados. En definitiva, las tecnologías de la información y las comunicaciones (ICT en inglés) contribuyen a generar nuevos patrones de movilización y redes sociales entre ciudadanos (ibid.: 329), lo cual se escapa a la lógica de las redes formales, asociaciones y al ámbito tradicional de los estudios de participación. En esta misma línea, Savage et al., (2005) señalan que las nuevas formas urbanas desalientan el asociacionismo tradicional, y en ese nuevo marco espacial la organización social no requiere interacción social cara a cara.

Partiendo de las limitaciones antes señaladas, el próximo apartado buscará proporcionar herramientas analíticas alternativas para medir el capital social, especialmente en estudios de participación ciudadana en gobiernos locales.

Si se considera que el capital social alude a los patrones de sociabilidad, tanto formal como informal —en términos de redes, confianza y normas—, que facilitan la acción colectiva y la resolución de problemas comunes, al elegirla como variable dentro de un diseño de investigación sería adecuado incluir indicadores que no solo hagan énfasis en una de sus dimensiones, sino que aborden este recurso de manera comprehensiva y, asimismo, tengan en cuenta sus aspectos formales e informales. Siguiendo a Van Deth (2008), la gran heterogeneidad conceptual del capital social no se refleja cablamente en su uso en términos empíricos.

En general, la manera de abordar el capital social desde la ciencia política ha estado centrada en las asociaciones y la confianza individual. Por ello, es preciso aludir a nuevas aproximaciones teóricas que desde otras disciplinas puedan favorecer la producción de un conocimiento más robusto sobre el capital social y la cuestión participativa. Existen tres cuerpos de literatura que pueden contribuir al debate para pensar en diseños de investigación alternativos, bajo nuevas propuestas de operacionalización. Los denominados community studies, así como los estudios urbanos y el análisis de redes tienen una larga tradición de análisis del capital social que, sin embargo, ha sido retomada de manera muy tangencial por las investigaciones de participación local.

A pesar de la heterogeneidad que podemos encontrar en estos campos disciplinares, es posible identificar una preocupación común al estudiar el capital social, en particular en los community studies y en los estudios urbanos, y es la necesidad de considerar los contextos espaciales en los cuales se enmarca y se reproduce este recurso. En efecto, autores como Blokland y Savage (2008) señalan que muy a menudo las formas de medir el capital social se abstraen del lugar en donde este se enmarca, proponiendo indicadores abstractos que dan lugar a interpretaciones descontextualizadas que no comprenden cómo se forma y cómo está cambiado este recurso. Siguiendo a autores como Lefebvre, subrayan que las relaciones sociales son producidas a través de la organización del espacio. Así, será este el que permitirá comprender las dinámicas interrelaciones que generan el capital social de una determinada comunidad (ibid.: 7-8).

A partir de análisis históricos y etnográficos en dos ciudades, Blokland y Rae (2008) exploran el cambio que se está produciendo en las relaciones urbanas y cómo afecta esto a la naturaleza del capital social, entre esto a las redes sociales. A su juicio, las ciudades han cambiado y con ello la forma de crear capital social. Del localismo más amplio, que promovía la creación de asociaciones, se ha dado paso a formas más excluyentes, ejemplificadas en barrios aburguesados cerrados, pero no solo, ya que también hay guetos que han generado lo que los autores llaman la privatización de la comunidad, caracterizada por redes, pero también confianza y normas, más individualizadas y fragmentadas. Sin embargo, también han surgido relaciones en red donde el entorno local no es el enclave central de la socialización y donde las tecnologías de comunicación modernas pueden facilitar este proceso, generando comunidades y formas de socialización diferentes a las tradicionales

Un segundo punto que destaca en las áreas disciplinares antes mencionadas es su interés por las redes informales y su contribución para comprender procesos de coordinación social, confianza y configuración de normas sociales. A fin de explicar cómo influyen las características al interior de las redes individuales en la creación de capital social que facilita el compromiso político, Lake y Huckfeldt (1998) hacen un estudio de redes egocéntricas a partir de datos de los individuos y sus redes. Para los autores, el tamaño de la red, la frecuencia en la interacción y el conocimiento político de los participantes de la red determinan el nivel de compromiso político individual. No obstante, a su juicio el capital social no lo poseen los individuos, sino que se produce a través de patrones estructurados de interacción social, que la pertenencia a asociaciones por sí sola no consigue predecir. Es el funcionamiento de las redes informales lo que permite comprender tal proceso.

Por otra parte, en su estudio del papel del capital social en la participación democrática en el norte de la India, Krishna (2002) reconoce la limitación del asociacionismo como indicador de capital social en los casos de estudio, toda vez que el porcentaje de pertenencia en la zona es realmente bajo, del 5 %. Sin embargo, para el autor, no por esto se puede llegar a la conclusión de que no existe este recurso (ibid.: 446). A su juicio, los habitantes de los casos de estudio efectivamente cooperan entre sí en diferentes tareas, pero lo hacen a través de redes informales. Por lo anterior Krishna elaboró indicadores, para ser empleados en un análisis cuantitativo de encuestas, que consideran el tipo de actividades en las cuales los individuos en estas áreas cooperan. El autor identificó seis actividades que permitieron medir el funcionamiento y fortaleza de las redes locales, las normas relacionadas con la solidaridad, la reciprocidad y la confianza. Redes de trabajo colectivo y compartido, redes de ayuda en caso de contingencias, compromiso de los líderes con la comunidad, incluso el corregir conductas de niños que no pertenecen a la propia familia a fin de que cumplan las normas sociales. Estos indicadores propuestos son interesantes, ya que tienen en cuenta las particularidades de patrones de sociabilidad y cooperación en las zonas estudiadas.

se refiere a cómo las desigualdades estructurales se reflejan en la configuración del capital social. Como se adelantaba en el apartado anterior, algunos autores han hecho una lectura crítica del capital social, en particular sobre la falta de atención prestada a las desigualdades estructurales que pueden persistir en las redes sociales. Si bien Bourdieu en sus planteamientos sobre capital social ya había destacado este asunto, pronto fue dejado de lado por la perspectiva de Coleman y Putnam. Autores como Haynes y Hernandez (2008) retoman el enfoque de Bourdieu para analizar cómo la raza y la existencia de un contexto históricamente segregado determinan las características del capital social. Asimismo, indagan la manera en que se afirman intereses colectivos de estos grupos para incidir en las decisiones de los gobiernos locales. A través de un análisis histórico, apoyado en entrevistas y revisión de archivo, los autores identifican que la comunidad negra en Runyon Heights (Estados Unidos) contaba en la primera mitad del siglo xx tanto con redes formales como informales de socialización muy importantes para mantener la cohesión social de su comunidad. Sin embargo, esto nos les aseguró que sus demandas fueran escuchadas por el gobierno local que para ese entonces estaba monopolizado por representantes de raza blanca, evidenciando una segregación y una exclusión institucional. Para estos autores, la manera que encontraron de influir en el gobierno fue a través de redes informales, contactos claves que trabajaban en el gobierno, no mediante sus asociaciones.

Por su parte, Lowndes (2003) explora cómo las características del capital social pueden ser útiles para explicar las diferencias en los patrones de participación política entre hombres y mujeres, particularmente en la política local. A partir de datos de la Encuesta General de Hogares británica (GHS), 2000-2001, que presenta cinco aspectos diferentes del capital social, la autora observó cómo los perfiles de capital social difieren para los grupos de encuestados en relación con el género. Estos datos, más otros obtenidos de investigación cualitativa, le permiten concluir que las mujeres tienen tanto capital social como los hombres, pero que es ligeramente diferente: su perfil de capital social está más orientado a redes de sociabilidad informal, especialmente en el contexto del vecindario. Algunos de los indicadores de la GHS, por ejemplo respecto a confianza y reciprocidad, indagan sobre el grado de cercanía, frecuencia en el contacto y ayuda a vecinos. Igualmente, preguntan sobre las redes de apoyo social, pedir un favor en caso de estar enfermo o pedir dinero en calidad de préstamo. Por último, la encuesta planea preguntas acerca de la participación cívica, si los individuos están informados sobre asuntos locales, si están involucrados en alguna organización local, o si se ha formado parte de tomar una acción concreta para resolver un problema local. De esta manera, la operacionalización del capital social contempla indicadores sobre redes, tanto formales como informales, pero también sobre confianza, reciprocidad y participación cívica.

Un último aspecto atiende la naturaleza conflictiva y tensa de las relaciones sociales que se refleja tanto en el funcionamiento de las redes como en la existencia o no de la confianza personal y social, así como en la manera en la que operan las normas sociales. Un estudio interesante, si bien no centrado directamente en el capital social, es el de Martínez y Lorenzi (2012), quienes a través de la investigación-acción participativa, en particular desde un proceso de investigación activista, estudian la experiencia del movimiento de ocupaciones en Madrid. Ya algunos autores han destacado la existencia de capital social en grupos que buscan dar solución a problemas habitacionales vía ocupación —squatters— (Sengupta y Sharma, 2012). Lo interesante del estudio de Martínez y Lorenzi es la utilización de metodologías novedosas a fin de comprender cómo opera el movimiento de ocupación desde dentro, su organización interna, pero también sus conflictos, lo que contribuye a ofrecer una visión múltiple de este proceso. De igual forma, también pone en cuestión la manera a través de la cual, de manera convencional, se ponen en marcha mecanismos de participación ciudadana local, en su gran mayoría espacios institucionalizados que reproducen estructuras jerárquicas de poder, donde las autoridades locales y las élites condicionan en gran medida el proceso.

Por su parte, en su estudio comparado de participación ciudadana en dos ciudades con contextos sociales y políticos diferentes Vásquez (2013) analiza cómo los habitantes de zonas periféricas de las ciudades estudiadas se organizaron para dar respuesta a problemas habitacionales y de sus barrios, generando patrones diferentes de asociacionismo, pero también de la manera cómo se relacionan con el gobierno local. A partir de una revisión histórica y haciendo uso de entrevistas a informantes claves, identificó que la manera en la que se fue generando la acción colectiva, en términos de su autonomía y capacidad de auto-organización respecto a los gobiernos locales, generó patrones asociativos diferentes. En algunos casos más tendientes al conflicto, en otros a la cooperación y en otros al clientelismo.

Woolcock y Nyham (2009) resaltan la necesidad de apostar por estrategias metodológicas mixtas al emprender investigaciones que incorporen como variable el capital social. A su juicio, buena parte de los estudios en este campo tienden a usar un único instrumento metodológico, bien sea de carácter cualitativo o cuantitativo. Por ello, los autores proponen instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos que permitan operacionalizar esta variable. Respecto a los instrumentos cualitativos para medir redes sugieren hacerlo a través de preguntas tales como: cómo funcionan los grupos formales o informales, qué frecuencia de intercambio tienen, qué recursos se intercambian en dichas redes. En alusión a la confianza, las preguntas quieren averiguar a qué redes, grupos o instituciones formales o informales acuden los individuos para resolver problemas, cómo se distribuye la confianza en la comunidad (a través de la familia, a través de redes específicas o en las localidades en general). En referencia a la acción colectiva y la cooperación, plantean cuestiones sobre los ejemplos de acción colectiva llevados a cabo por la comunidad, cómo se inició, quiénes se movilizaron, cuáles son las sanciones sociales para quienes contravengan las normas sociales previstas. Los instrumentos cuantitativos que refieren a redes, además de las preguntas convencionales sobre membresía (pertenencia, número de personas que forman parte de la organización, frecuencia de interacción, características socioeconómicas, étnicas, religiosas de género de las personas que integran el grupo), también inquieren sobre si se acude a redes informales para pedir ayuda. Respecto a la acción colectiva y la cooperación, se pregunta si se ha participado en actividades para beneficio de la comunidad.

Finalmente, es de destacar la investigación de Lowndes et al. (2006) acerca de los factores que explican el funcionamiento de la participación local. A partir de una herramienta denominada CLEAR los autores establecen los aspectos que a su juicio son fundamentales para lograr una participación local exitosa. Una de las variables es capital social. A través de preguntas sobre el sentido de pertenencia a una comunidad, con las redes de confianza interpersonal existentes y la capacidad de cooperar de manera efectiva de los ciudadanos (lo que los autores denominaron like to), así como sobre las características y estructura asociativa de una comunidad, las redes y grupos sociales, en términos de asociaciones y capacidad de movilización (enabled to), los autos buscaron determinar el nivel de capital social en las distintas ciudades analizadas. Los métodos sugeridos fueron, además de estadísticas oficiales, información cuantitativa como encuestas. De técnicas cuantitativas se contempló el uso de instrumentos más cualitativos, como entrevistas (a políticos locales, a funcionarios que desempeñan tareas en áreas vinculadas a la participación ciudadana y a líderes sociales) y focus groups. Lo anterior da cuenta del diseño de métodos mixtos para estudiar el capital social. La tabla 2 ilustra las anteriores operacionalizaciones, efectuadas por los estudios expuestos, que abordan las redes, la confianza y las normas tanto desde el nivel de análisis individual como colectivo.