Importancia de la rendición de cuentas y las transferencias de bienes privados en la decisión del voto: el caso del FONDEN en México, 2006-‍2013

INTRODUCCIÓN[Subir]

Las elecciones en los sistemas democráticos permiten reemplazar a los gobernantes con poca capacidad o mal desempeño. No obstante, recolectar y procesar la cantidad de información necesaria para realizar un voto informado puede ser un proceso muy costoso. En este trabajo se estudia si los electores son fácilmente influenciables por las transferencias privadas o si incorporan otra información en su proceso de decisión del voto.

De acuerdo con la teoría del voto retrospectivo (TVR), los resultados de las políticas públicas y el bienestar económico son utilizados por los votantes para evaluar el desempeño del partido gobernante y decidir si apoyar o no su reelección ( ‍Fiorina, Morris P. 1981. Retrospective Voting in American National Elections. New Haven, CT: Yale University Press.Fiorina, 1981). Este esquema brinda incentivos para que el gobernante actúe tácticamente y adopte políticas que beneficien a los electores y les motiven brindarles su apoyo electoral ( ‍Cox, Gary W. y M. McCubbins. 1986. «Electoral Politics as a Redistributive Game», Journal of Politics, 48 (1): 370-‍389. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2131098.Cox y McCubbins, 1986;  ‍Lindbeck, Assar y Jörgen W. Weibull. 1987. «Balanced Budget Redistribution and the Outcome of Political Competition», Public Choice, 52: 273-‍297. Disponible en: https://doi.org/10.1007/BF00116710.Lindbeck y Weibull, 1987;  ‍Persson, Torsten y Guido Tabellini. 2000. Political Economics: Explaining Economic Policy. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.Persson y Tabellini, 2000). En términos de Healy y Lenz ( ‍Healy, Andrew y Gabriel S. Lenz. 2014. «Substituting the End for the Whole: Why Voters Respond Primarily to the Election-Year Economy», American Journal of Political Science 58 (1): 31-‍47. Disponible en: https://doi.org/10.1111/ajps.12053.2014), los electores sustituyen las consecuencias de todo el desempeño del gobernante por las condiciones que imperan al final de un proceso electoral. No obstante, es posible que el electorado adquiera consciencia de esta estrategia y evite ser manipulado ( ‍Bonfiglioli, Alessandra y Gino Gancia. 2013. «Uncertainty, Electoral Incentives and Political Myopia», The Economic Journal, 123: 373-‍400. Disponible en: https://doi.org/10.1111/ecoj.12029.Bonfiglioli y Gancia, 2013).

En contraposición, la teoría del voto prospectivo (TVP) sostiene que los votantes examinan las promesas de campaña y eligen al candidato cuyo posicionamiento sea más cercano al suyo y le ofrezca una mayor utilidad esperada ( ‍Downs, Anthony. 1957. «An Economic Theory of Political Action in a Democracy», Journal of Political Economy, 65 (2): 135-‍150. Disponible en: https://doi.org/10.1086/257897.Downs 1957). Consecuentemente, el voto no promueve una rendición de cuentas. La posibilidad de reelección depende solo de las promesas del gobernante y de su opositor. En este contexto, las ofertas políticas pueden ser equiparables con la adquisición de servicios que serán realizados en el futuro ( ‍Nielsen, Sigge Winther y Martin Vinæs Larsen. 2014. «Party brands and voting», Electoral Studies, 33: 153-‍165. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.08.001.Nielsen y Larsen 2014: 154).

Usualmente, se argumenta que los electores son miopes y deciden su voto solo con base en la situación económica, general o personal que impera en el momento de tomar su decisión, ignorando la información previa. Los estudios empíricos a favor de la TVR suelen utilizar información acerca de la reacción electoral a ciertas políticas o a la transferencia de recursos gubernamentales ( ‍De Mesquita, Ethan Bueno y Amanda Friedenberg. 2006. Optimal Retrospective Voting. Chicago: MIMEO.De Mesquita y Friedenberg, 2006;  ‍Pop-Eleches, Cristian, y Grigore Pop-Eleches. 2009. Government Spending and Pocketbook Voting: Quasi-Experimental Evidence from Romania. Columbia University Working Paper. New York: Columbia University.Disponible en: https://bit.ly/2tzLq7U.Pop-Eleches y Pop-Eleches, 2009;  ‍Elinder, Mikael, Henrik Jordahl y Panu Poutvaara. 2015. Promises, Policies and Pocketbook Voting», European Economic Review 75: 177-‍194. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2015.01.010.Elinder et al., 2015).

Gran parte de los estudios empíricos respecto a este tema en países en vías de desarrollo suelen analizar el impacto electoral de los programas de transferencias condicionadas (PTC). No obstante, este tipo de información presenta algunas limitantes. En primer lugar, las conclusiones obtenidas carecen de validez externa, pues los PTC se suelen entregar a personas con características específicas que no son observables en toda la población, como estar en condición de pobreza. En segundo lugar, y más importante aún, en la mayoría de estos estudios no se descarta que los beneficiarios no sean seleccionados con criterios electorales, como niveles de votación en una zona, por lo que es posible que los resultados obtenidos tengan un sesgo implícito.

En este trabajo se utiliza información acerca del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para la Atención de Emergencias en México, para explorar si los ciudadanos incorporan la recepción de transferencias gubernamentales en su proceso de toma de decisión del voto. El FONDEN es un instrumento financiero interinstitucional del Gobierno mexicano que, mediante una declaración de emergencia (DE), brinda recursos a gobiernos subnacionales con el fin de mitigar los efectos perturbadores de fenómenos naturales ( ‍SEGOB. 2010. «Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Generales del Fondo de Desastres Naturales», Diario Oficial de la Federación, 3-12-2010. Disponible en: https://bit.ly/2N0LsOx.SEGOB, 2010: art. 1). Dado que los fenómenos naturales se producen aleatoriamente, las DE y las transferencias realizadas por el FONDEN tienen esta misma característica. Por lo tanto, los datos estudiados son tan buenos como si hubieran sido generados experimentalmente.

A pesar de que los recursos transferidos por el FONDEN pueden llegar a equiparar el presupuesto anual de un municipio, las consecuencias de las DE y las transferencias realizadas por el FONDEN no han sido exploradas. Este es el primer trabajo en el que se estudian las implicaciones de las DE y las transferencias realizadas. Si los votantes son retrospectivos, pueden interpretar la existencia de una DE, o de las transferencias, como una señal de la capacidad y el desempeño del gobernante, por lo que debería observarse alguna incidencia sobre los resultados electorales. En contraste, si los votantes son prospectivos, no debería observarse ninguna consecuencia de la existencia de una DE o sus transferencias.

Este trabajo contribuye a la literatura en tres vertientes. Por una parte, utilizando información novedosa, se presenta evidencia que apoya la TVR y que, además, sugiere que los votantes no son cortoplacistas, como usualmente se argumenta, sino que incorporan información adicional. En segundo lugar, las características de la información permiten proveer estimaciones libres de sesgos implícitos atribuibles a los intereses políticos con los que se pueden repartir otros recursos. Finalmente, a diferencia de otros estudios que carecen de validez externa, pues solo hacen referencia a una población específica, los resultados de esta investigación sí son generalizables pues se emplean datos de población con diversas características socioeconómicas.

Este artículo se divide en cinco secciones, además de la presente. En la siguiente sección se discuten algunos trabajos sobre la influencia de las transferencias gubernamentales en las evaluaciones retrospectivas que hacen los votantes. La tercera sección explica brevemente que es el FONDEN. La cuarta sección presenta las fuentes, los datos y la estrategia empírica que se utilizan en este trabajo. En la quinta sección se discuten los resultados. La última sección está dedicada a conclusiones.

TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES Y VOTO RETROSPECTIVO[Subir]

De acuerdo con la TVR, obtener toda la información necesaria para evaluar el desempeño de un gobernante es muy costoso y prácticamente imposible para los ciudadanos. Debido a ello, los votantes emplean su propio bienestar económico para evaluar el desempeño del gobernante ( ‍Fiorina, Morris P. 1981. Retrospective Voting in American National Elections. New Haven, CT: Yale University Press.Fiorina, 1981). Por lo tanto, la probabilidad de que un gobernante (o su partido) sea reelegido será mayor si los votantes consideran que su situación económica es buena ( ‍Hellwig, Timothy. 2010. «Elections and the Economy», en Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi y Pippa Norris (eds.), Comparing Democracies: Elections and Voting in the 21st Century. Thousand Oaks, California: SAGE. Disponible en: https://doi.org/10.4135/9781446288740.n9.Hellwig, 2010;  ‍Lewis-Beck, Michael. S. y Mary Stegmaier. 2007. «Economic Models of Voting», en Russell Dalton y Hans-Dieter Klingemann (eds.), The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press.Lewis-Beck y Stegmaier, 2007;  ‍Labonne, Julien. 2013. «The Local Electoral Impacts of Conditional Cash Transfers. Evidence from a Field Experiment», Journal of Development Economics, 104: 73-‍88. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.04.006.Labonne, 2013).

La evaluación retrospectiva del desempeño del gobernante no implica que los votantes analicen todo el período gubernamental. De hecho, la evidencia empírica sugiere que los votantes actúan con miopía electoral y solo se centran en los últimos seis o doce meses ( ‍Achen, Christopher H. y Larry M. Bartels. 2004. «Musical Chairs. Pocketbook Voting and the Limits of Democratic Accountability», en Annual Meeting of the American Political Science Association. Disponible en: https://bit.ly/2tOfmgb.Achen y Bartels, 2004;  ‍Lenz, Gabriel S. 2011. «Understanding and Curing Myopic Voting.» Massachusetts Institute of Technology: MIMEO.Lenz, 2011;  ‍Healy, Andrew y Gabriel S. Lenz. 2014. «Substituting the End for the Whole: Why Voters Respond Primarily to the Election-Year Economy», American Journal of Political Science 58 (1): 31-‍47. Disponible en: https://doi.org/10.1111/ajps.12053.Healy y Lenz, 2014). Dado que los votantes tratan de elegir a los mejores candidatos, los gobernantes tienen incentivos para implementar políticas que beneficien a sus electores, como las políticas de control de precios, transferencias, subsidios o exenciones fiscales ( ‍Rogoff, Kenneth S. 1990. «Equilibrium Political Budget Cycles», The American Economic Review, 80 (1): 21-‍36.Rogoff, 1990;  ‍Brender, Adi y Allan Drazen. 2005. «Political Budget Cycles in New versus Established Democracies», Journal of Monetary Economics, 52 (7): 1271-‍1295. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2005.04.004.Brender y Drazen, 2005;  ‍Shia, Min y Jakob Svensson. 2006. «Political Budget Cycles: Do They Differ Across Countries and Why?», Journal of Public Economics, 90 (8-‍9): 1367-‍1389. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.09.009.Shia y Svensson, 2006;  ‍Drazen, Allan y Marcela Eslava. 2010. «Electoral Manipulation Via Voter-Friendly Spending: Theory and Evidence». Journal of Development Economics, 92 (1): 39-‍52. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.01.001.Drazen y Eslava, 2010), aunque dichas políticas sean perjudiciales a largo plazo ( ‍Ladd, Jonathan McDonald. 2010. «Is Presidential Approval Myopic?». Disponibel en: https://bit.ly/2yJRTCv.Ladd, 2010: 3). Independientemente de la forma que adopten, la TVR sostiene que si los votantes consideran que su situación económica es mejor, premiarán al gobernante.

Una manera frecuente de estudiar el impacto electoral del gasto gubernamental en los países en desarrollo es a través de los PTC para combatir la pobreza, como el programa Progresa-Oportunidades-Prospera (POP) en México o el programa Bolsa Familia (BF) en Brasil. La entrega de beneficios privados, principalmente a las personas en condición de pobreza, tiene una incidencia directa sobre su bienestar económico, por lo que, de acuerdo con la TVR, este cambio debería implicar un mayor apoyo electoral al partido en el Gobierno.

La evidencia empírica sugiere que los beneficiarios de los PTC sí recompensan electoralmente al gobernante por las transferencias. Baez ( ‍Baez, Javier E., Adriana Camacho, Emily Conover y Román A. Zárate. 2012. Conditional Cash Transfers, Political Participation, and Voting Behavior. IZA Discussion Paper No. 6870. Bonn: IZA. Disponible en: http://ftp.iza.org/dp6870.pdf.2012), por ejemplo, concluye que los beneficiarios del programa Familias en Acción (FA) en Colombia tienen una probabilidad de votarle entre 1,6 y 2,5 puntos porcentuales más, y su apoyo al gobernante es entre el 1,6 y el 1,8 % superior. En el mismo sentido, Zucco ( ‍Zucco, Cesar Jr. 2013. «When Payouts Pay Off: Conditional Cash Transfers and Voting Behavior in Brazil 2002-‍10», American Journal of Political Science, 57 (4): 810-‍822. Disponible en: https://doi.org/10.1111/ajps.12026.2013) encuentra que los recursos entregados por el BF incrementan hasta un 45 % la probabilidad de votar a favor del gobernante. Por su parte, Manacorda et al. ( ‍Manacorda, Marco, Edward M. y Andrea Vigorito. 2011. «Government Transfers and Political Support», American Economic Journal: Applied Economics, 3 (3): 1-‍28. Disponible en: https://doi.org/10.1257/app.3.3.1.2011) sostienen que los beneficiarios del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) en Uruguay son entre 11 y 13 puntos porcentuales más propensos a apoyar al partido en el poder, y que el efecto de las transferencias puede durar hasta un año después de que se efectuaron.

Para el caso de México, Rodríguez-Chamussy ( ‍Rodriguez-Chamussy, Lourdes. 2009. Local Electoral Rewards from Centralized Social Programs: Are Mayors Successful at Credit Claiming? Berkeley: University of California at Berkeley.2009) concluye que entre 1997 y 2007 las transferencias del POP representaron en promedio 2,8 puntos porcentuales más de votos para el partido gobernante en el municipio. En tanto que, Díaz-Cayeros et al.( ‍Díaz-Cayeros, Alberto, Federico Estévez y Beatriz Magaloni. 2009. «Welfare Benefits, Canvassing, and Campaign Handouts», en Jorge I. Domínguez, Chappell H. Lawson y Alejandro Moreno (eds.), Consilidating Mexico’s Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.2009) hallan que los beneficiarios fueron un 11 % más propensos a votar por el partido gobernante a nivel nacional que los no beneficiarios durante las elecciones presidenciales de 2006. Por otro lado, De la O ( ‍De la O, Ana. 2013. «Do Conditional Cash Transfers Affect Electoral Behavior? Evidence from a Randomized Experiment in Mexico»American Journal of Political Science, 57 (1): 1-‍14.2013) sostiene que las transferencias del POP aumentan hasta 7 % la participación electoral y 3,7 puntos porcentuales la votación a favor del partido gobernante.

Por otra parte, también se ha encontrado que un buen desempeño del gobernante puede ser ocultado por sucesos negativos. De hecho, algunos autores sugieren que los votantes incluso pueden castigar al gobernante por fenómenos fuera de su control, como el aumento de ataques de tiburones o las lluvias monzónicas ( ‍Achen, Christopher H. y Larry M. Bartels. 2012. Blind Retrospection: Why Shark Attacks Are Bad For Democracy. Working Paper 5-‍2013. Center for the Study of Democratic Institutions. Nashville: Vanderbilt University. Disponible en: https://bit.ly/2MqjKte.Achen y Bartels, 2012;  ‍Cole, Shawn, Andrew Healy y Eric Werker. 2012. «Do Voters Demand Responsive Governments? Evidence from Indian Disaster Relief», Journal of Development Economics, 97 (2): 167-‍181. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2011.05.005.Cole et al., 2012). La penalización por acontecimientos no atribuibles al desempeño del gobernante podría ser interpretada como un acto irracional de los votantes. Sin embargo, de acuerdo con Ashworth y de Mesquita ( ‍Ashworth, Scott y Ethan Bueno de Mesquita. 2013. Disasters and Incumbent Electoral Fortunes: No Implications for Democratic Competence. Chicago: Harris School of Public Policy Studies, University of Chicago. Disponible en: https://bit.ly/2ItkP1d.2013), estos sucesos también brindan información acerca del desempeño del gobernante. Por ejemplo, el aparente voto de castigo que se observa tras la ocurrencia de un desastre natural, en realidad puede estar capturando la evaluación de la respuesta gubernamental a los choques externos o de la implementación de medidas preventivas.

El planteamiento de Ashworth y de Mesquita ( ‍Ashworth, Scott y Ethan Bueno de Mesquita. 2013. Disasters and Incumbent Electoral Fortunes: No Implications for Democratic Competence. Chicago: Harris School of Public Policy Studies, University of Chicago. Disponible en: https://bit.ly/2ItkP1d.2013) es persuasivo, pues sugiere que los individuos no solo se concentran en su bienestar inmediato, sino que también incluyen las acciones gubernamentales en su proceso de toma de decisión. En este contexto, Chen y Healy ( ‍Chen, Jowei y Andrew Healy. 2015. How Do Voters Retrospectively Evaluate Wasteful Government Spending? Evidence from Individual-Level Disaster Relief. Disponible en: https://bit.ly/2tOjpsT.2015) estudian el impacto electoral de la ayuda entregada por FEMA en Florida después de la ocurrencia de cuatro huracanes en 2004. Concluyen que, mientras los damnificados son altamente sensibles a las transferencias gubernamentales, quienes reciben recursos sin haber sido dañados severamente, no recompensan al gobernante.

Para contribuir a la literatura, en este trabajo se explora la importancia relativa de la ocurrencia de las DE y las transferencias de bienes privados hechas tras ellas en el proceso de toma de decisión de los votantes. Una DE puede ser interpretada por los votantes como una señal negativa respecto al grado de vulnerabilidad en el que se encuentran y culpabilizar de ello a su gobernante. No obstante, también es posible que las transferencias gubernamentales ayuden a soslayar dicha responsabilidad e incluso a obtener una recompensa electoral.

Es posible que las diferentes conclusiones en la literatura se deban a las características de la información analizada. En esta investigación se emplea información de todas las DE realizadas por el FONDEN entre 2006 y 2013. El uso de información referente a las transferencias realizadas después de que un fenómeno natural afecte a la población tiene varias ventajas. Las transferencias del FONDEN permiten identificar los cambios en el comportamiento electoral debido a transferencias únicas y extraordinarias, y sobre las cuales los receptores no tienen titularidad, como las que suceden en un contexto de patronazgo electoral. En contraste, los PTC implican transferencias continuas y periódicas, de tal forma que el mayor apoyo electoral puede deberse a la transferencia per se o bien al miedo de que desaparezca ante un cambio de Gobierno.

Por otra parte, al emplear información sobre las transferencias realizadas después de la ocurrencia de un fenómeno natural, se evitan los sesgos inducidos por la selección de beneficiarios que está presente en casi todos los estudios que emplean información sobre PTC. En la mayoría de dichas investigaciones se asume que, como los recursos de los PTC son entregados de acuerdo con criterios objetivos (como tener ingresos por debajo de un umbral), no existe una relación clientelar. No obstante, los intereses electorales pueden estar presentes en otras formas. De la O ( ‍De la O, Ana. 2013. «Do Conditional Cash Transfers Affect Electoral Behavior? Evidence from a Randomized Experiment in Mexico»American Journal of Political Science, 57 (1): 1-‍14.2013), por ejemplo, encuentra que las primeras comunidades atendidas por el POP tenían, antes de su implementación, una participación electoral de 5 puntos porcentuales superior y una votación de 3,7 puntos porcentuales mayor por el partido que gobernaba respecto de los municipios atendidos en etapas posteriores. Dado que el uso de información sobre los PTC no descarta que los beneficiarios fueran seleccionados ex ante de acuerdo con criterios electorales, todos los resultados obtenidos presentan un sesgo por variable omitida que sesga los resultados.

Aunado a esto, las conclusiones obtenidas empleando información sobre los PTC carecen de validez externa, pues solo proporcionan evidencia del efecto de las transferencias sobre una población que tiene características específicas (como encontrarse en situación de pobreza). Dado que las conclusiones no provienen de una población aleatoria, se desconoce cómo reaccionan las personas con características distintas. En contraste, al utilizar los desastres naturales como estrategia de identificación se tiene validez externa, pues su ocurrencia afecta a personas con distintas características sociales.

FONDO DE DESASTRES NATURALES, FONDEN[Subir]

El FONDEN fue creado en 1996 como parte de la línea presupuestaria federal Ramo 23, para asegurar el financiamiento de las actividades postdesastre. Es un instrumento financiero interinstitucional que brinda recursos a gobiernos subnacionales con el fin de mitigar los efectos perturbadores de fenómenos naturales ( ‍SEGOB. 2010. «Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Generales del Fondo de Desastres Naturales», Diario Oficial de la Federación, 3-12-2010. Disponible en: https://bit.ly/2N0LsOx.SEGOB, 2010: art. 1). Antes de su creación, no existía ningún mecanismo a través del cual se pudieran proporcionar fondos extraordinarios para los procesos de restauración, reconstrucción y recuperación, por lo que atender tales necesidades implicaba el desvío presupuestario de otras áreas y actividades.

Cuando un fenómeno natural pone en riesgo o daña a la población, se publica una DE, la cual garantiza el acceso a recursos para proveer bienes privados^‍‍[1]. Una DE puede solicitarse antes de que un fenómeno natural tenga consecuencias perturbadoras. Basta con que exista «la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un fenómeno natural perturbador, que puede propiciar un riesgo excesivo» ( ‍SEGOB. 2012. «Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN», Diario Oficial de la Federación. 3-‍7-2012.SEGOB 2012: art. 8). Es decir, las DE pueden tener un carácter preventivo, no solo correctivo. Los recursos solo son transferidos a las entidades federativas y municipios si el fenómeno natural afecta el bienestar de la población^‍‍[2].

Entre 2006 y 2013, 1475 municipios en México tuvieron 4605 DE^‍‍[3]. El 79,8 % de los municipios tuvieron como máximo tres declaraciones durante ese período. El 30,9 % de las DE no recibió recursos, mientras que el 69,1 % recibieron al menos una transferencia (tabla 1).

Es importante resaltar que la distribución de las DE por grado de marginación es muy similar a la proporción de municipios que existen en cada categoría del grado de marginación (tabla 2). Esto sugiere que, al igual que los fenómenos naturales, las DE ocurren de manera aleatoria, lo que descarta la existencia de sesgos en la decisión de promover una DE y transferir recursos.

Una posible preocupación es que las variables políticas determinen las DE o la entrega de recursos. En particular, preocupa que los municipios con gobierno yuxtapuesto, es decir aquellos gobernados por partidos distintos al que rige en el nivel estatal, tengan un menor acceso a recursos que los municipios con gobiernos alineados. No obstante, los datos sugieren que la existencia de un gobierno yuxtapuesto no causa ningún sesgo político en las DE (tabla 3). Los municipios con gobiernos yuxtapuestos o alineados reciben recursos con frecuencia similar. Si hubiera un sesgo partidista, debería haber una diferencia en esta.

Por otra parte, la distribución de recursos desagregada por partido político en el gobierno municipal y estatal tampoco sugiere ningún sesgo partidista. De acuerdo con la tabla 4, todos los municipios, independientemente del partido que los gobierne, reciben recursos más del 60 % de las veces.

METODOLOGÍA[Subir]

Se emplea una metodología cuasi-experimental utilizando datos del FONDEN para la Atención de Emergencia. La estrategia econométrica requiere identificar cómo varía el comportamiento electoral entre tres diferentes tipos de municipios: (1) los que tuvieron una DE y recibieron recursos del FONDEN; (2) los que tuvieron una DE preventiva, pero no recibieron recursos del FONDEN; y (3) los que no tuvieron ningún tipo de Declaratoria. Se emplean todas las DE ocurridas durante el período 2006-‍2013, por fenómenos hidrometeorológicos,^‍‍[4] que son los más comunes.^‍‍[5]

RESULTADOS[Subir]

El objetivo de este estudio es discernir si las transferencias gubernamentales de bienes privados inciden sobre el comportamiento electoral. Se estudian tres tipos de municipios: aquellos que tuvieron una DE y recibieron recursos; los que tuvieron una DE, y no recibieron ninguna transferencia, y los que no tuvieron ningún tipo de declaración. La comparación de los tres grupos permite identificar si los votantes premian o castigan al partido gobernante por la intervención realizada cuando un fenómeno natural amenaza o afecta las condiciones de vida de la población.

Se estiman cinco distintas especificaciones con base en el modelo (1)^‍‍[8]. En la tabla 6 se presentan los resultados utilizando como variable dependiente la proporción de votos que el partido que gobernaba el municipio obtuvo en las elecciones municipales. Los resultados de la tabla 7 se obtienen utilizando como variable dependiente la proporción de votos en las elecciones municipales que obtuvo el partido que gobernaba la entidad federativa.

CONSIDERACIONES FINALES[Subir]

De acuerdo con la TVP, los votantes están bien informados y eligen a aquel candidato cuya posición política se asemeje más a la suya y que, por lo tanto, les brinde una mayor utilidad en el futuro. En contraste, la TVR sostiene que la toma de decisiones informadas es un proceso costoso y que las personas emiten su voto utilizando la información disponible o la que pueden obtener con un coste mínimo. En este contexto, los electores tienen la opción de acudir a información privada y a la heurística para decidir el sentido de su voto.

En este trabajo se emplea información inédita del FONDEN para estudiar el comportamiento electoral de los votantes. Una de las ventajas de usar los datos del FONDEN es que tanto las DE como las transferencias son aleatorias. Esto permite corregir por posibles sesgos de endogeneidad atribuibles a la selección de beneficiarios por criterios electorales. Además, en contraste con otras investigaciones, las conclusiones son generalizables pues el análisis incluye personas con diversas características.

La estrategia empírica en esta investigación utiliza tres grupos que surgen después de que una emergencia se declara: (1) municipios con DE que recibieron transferencias privadas; (2) municipios con DE, que no recibieron recursos del FONDEN, y (3) municipios que no tuvieron ningún tipo de declaración. El supuesto de identificación yace en que los fenómenos naturales y, consecuentemente las DE, ocurren de manera aleatoria, por lo que sin estos fenómenos los tres grupos de municipios tendrían un comportamiento electoral similar. Cualquier diferencia en el comportamiento electoral entre los tres grupos es atribuible a la existencia de una DE o a la recepción de transferencias gubernamentales de bienes privados.

El primer hallazgo de esta investigación es que en los municipios que tuvieron una DE, independientemente de si recibieron o no recursos del FONDEN, se observa un comportamiento electoral distinto al presente en los municipios en los que no hubo ningún tipo de declaratoria. Lo anterior es interpretado como evidencia a favor de la TVR, pues los votantes reaccionan a eventos acontecidos antes de la fecha de las elecciones. La TVP solo se verificaría si los tres grupos estudiados no presentaran diferencias estadísticas, lo cual no es el caso.

El segundo hallazgo de esta investigación es que las acciones tomadas antes, durante y después de una DE son importantes. Esto no implica que actúen de manera irracional, ya que el castigo no se debe a la ocurrencia del fenómeno natural per se. El apoyo electoral del partido en el poder disminuye cuando ocurre una emergencia, posiblemente por la falta de medidas de prevención o por acciones inapropiadas tras la ocurrencia del fenómeno. Una DE indica a los votantes que estuvieron en una situación de riesgo, atribuible a faltas de medidas de prevención del partido gobernante, lo cual es suficiente para que lo castiguen. Aun si las consecuencias del fenómeno natural no son de tal magnitud que requieran la intervención del FONDEN, los ciudadanos pueden sentir que lo realizado por el gobierno local no fue suficiente o adecuado, y será una mala señal de su desempeño.

Si la disminución del apoyo electoral se debiera al mero hecho de la ocurrencia de una emergencia, no debería haber un comportamiento electoral distinto entre aquellos que reciben bienes privados y aquellos que no. De hecho, de haber una diferencia, se esperaría que la penalización fuera menor entre los electores que recibieron bienes privados, pues la transferencia debería compensar, al menos en parte, el malestar ocasionado por el fenómeno natural. Sin embargo, este no es el caso. El voto de castigo es aún mayor cuando la magnitud del evento es tal que amerita la transferencia de recursos gubernamentales para salvaguardar la salud y el bienestar de la población. Esto sugiere que la forma en cómo los gobernantes reaccionan tras una DE funciona como un insumo en la rendición de cuentas, y que los ciudadanos utilizan su voto para sancionar al partido gobernante por las emergencias mal atendidas.

Esta interpretación se ve reforzada con el tercer hallazgo de este análisis. Cuanto mayor es la proporción de declaraciones que ameriten transferencias del FONDEN, mayor es el voto de castigo. Esto puede estar relacionado con la ocurrencia de daños continuos a la población. La disminución del bienestar de los ciudadanos debido a una exposición constante a fenómenos naturales puede traducirse en una disminución del apoyo electoral al partido que gobierna el municipio.

Además, como cuarto punto que resaltar en esta investigación, sobresale que la evidencia sugiere que los ciudadanos emiten un voto diferenciado por nivel de gobierno. No existe evidencia de que los electores de municipios afectados por DE voten por el gobernante estatal de forma distinta a los no afectados, tal como sí se sucede al referirse al gobernante municipal. Esto sugiere la existencia de votantes informados, que penalizan al gobierno municipal por la existencia de una emergencia.

De manera consistente con la interpretación de los resultados anteriores, se observa que el valor per cápita de los bienes transferidos no incide sobre la votación del partido gobernante en el municipio, que es el responsable de disminuir la vulnerabilidad a los fenómenos naturales; pero sí aumenta la votación del partido del gobernante en el estado, que es el responsable de conseguir los recursos del FONDEN. Esto sugiere que los votantes diferencian las acciones y responsabilidades de cada nivel de gobierno. Los votantes saben que cada nivel de gobierno tiene diferentes responsabilidades durante una emergencia.

Este estudio también encontró que las variables políticas pueden atenuar o aumentar el voto de castigo. El apoyo electoral que cada uno de los tres principales partidos recibió es diferente entre los municipios que recibieron y no recibieron transferencias del FONDEN después de una DE. El PRI es el único partido cuya votación no se ve afectada por la entrega de recursos del FONDEN. Los ciudadanos en los municipios gobernados por el PRI parecen no responder a las transferencias de bienes privados. El voto de castigo es independiente de si los municipios reciben o no recursos.

Por otra parte, en los municipios o entidades federativas gobernadas por el PAN que recibieron recursos del FONDEN, el castigo a tal partido está entre 0,05 y 0,17 puntos porcentuales menos, respectivamente. No obstante, esta diferencia por la entrega de bienes privados es tan pequeña que, a pesar de ser estadísticamente significativa, no es suficiente para compensar el voto de castigo. Tener una DE siempre perjudica al partido gobernante, independientemente de sí durante ella se transfieren recursos privados o no.

Los hallazgos de esta investigación sugieren que el votante promedio, si bien es retrospectivo, suele estar más informado de lo que usualmente se sugiere en la literatura. Incluso parece que es insensible a las transferencias gubernamentales cuando el desempeño del gobernante no cumple con las expectativas. Estas conclusiones fueron obtenidas gracias a la utilización de información novedosa, jamás antes explorada, que permite identificar, libre de sesgos políticos, cuál es la influencia de las transferencias gubernamentales sobre el comportamiento del votante promedio, no solo de aquellos en situación de pobreza. Esto sugiere la necesidad de cuestionar la evidencia prevaleciente hasta ahora, y de expandir las fuentes de información y métodos de análisis, a fin de reconfirmar o rechazar la caracterización de los votantes, que hasta ahora impera en la literatura.