Determinantes geográfico-políticos de la acción violenta guerrillera: un análisis de la concurrencia regional de guerrillas y paramilitares en el conflicto colombiano

Introducción[Subir]

El presente trabajo pudiera entenderse como una reivindicación de la geografía política como disciplina de análisis politológico para la comprensión de los conflictos armados y su particular evolución y desarrollo. Y es que, tradicionalmente, la investigación para la paz y la resolución de conflictos ha estado dominada por otro tipo de miradas y disciplinas dentro de las ciencias sociales, como por ejemplo la teoría de juegos, la estadística o los estudios militares, entre otros (​Woodhouse, Tom., Hugh Miall., Oliver Ramsbotham y Christopher Miall. 2015. The Contemporary Conflict Resolution Reader. Cambridge: Polity Press.Woodhouse et al., 2015). De este modo, la geografía ha sido una posibilidad de estudio de la violencia relegada hasta hace relativamente poco tiempo, si bien su imbricación con la investigación para la paz y la resolución de conflictos posibilita nuevos enfoques para la comprensión de cómo surgen los conflictos armados y los grupos guerrilleros, cuál es su arraigo y sus dinámicas de activismo, de qué modo se produce la interacción con la fuerza pública o grupos menores y qué posibilidades presenta su superación.

Al respecto, como se muestra en la revisión de la literatura científica, el recurso a la geografía como instrumento de análisis de la violencia ha sido utilizado en análisis de casos como la violencia política en Oriente Medio o en África Subsahariana, lo que ha permitido investigar qué factores concurren en el surgimiento de grupos guerrilleros o grupos terroristas e, igualmente, qué aspectos han ayudado a comprender su longevidad, su desaparición o la disputa por el poder entre grupos armados (​Saleyhan, Idean. 2009. Rebels Without Borders: State Boundaries, Transnational Opposition and Civil Conflict. Nueva York: Cornell University Press. Disponible en: https://doi.org/10.7591/9780801459214.Saleyhan, 2009; ​Linke, Andrew, Frank Witmer y John O’Loughlin. 2012. «Space-Time. Granger Analisys of the War in Iraq: A Study of Coalition and Insurgent Action-Reaction, International Interactions, 4 (38): 402-‍425. Disponible en: https://doi.org/10.1080/03050629.2012.696996.Linke et al., 2012; ​O´Loughlin, John. 2012. «Climate Variability and Conflict Risk in East Africa, 1990-‍2009», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 45 (109): 18344-‍18349. Disponible en: https://doi.org/10.1073/pnas.1205130109.O’Loughlin, 2012; ​Basedau, Matthias y Jan Pierskalla. 2013. «How Ethnicity Conditions the Effect of Oil and Gas on Civil Conflict: A Spatial Analysis of Africa from 1990 to 2010», Political Geography, 38 (1): 1-‍11.Basedau y Pierskalla, 2013; ​Linke, Andrew y John O’Loughlin. 2015. «Reconceptualizing, Measuring, and Evaluating Distance and Context in the Study of Conflicts: Using Survey Data from the North Caucasus of Russia», International Studies Review, 17: 107-‍125. Disponible en: https://doi.org/10.1111/misr.12207.Linke y O’Loughlin, 2015). A tal respecto, América Latina ofrece numerosas posibilidades de comprensión de la violencia en términos espaciales, pues los trabajos desde la geografía política son todavía escasos si se comparan con los realizados desde otros enfoques.

Dentro del universo de conflictos armados acontecidos en América Latina, solo el colombiano se mantiene vigente si se exceptúan las facciones postsenderistas en Perú que siguen presentes, de manera muy minoritaria y residual, en las regiones de Huallaga y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Así, el conflicto colombiano, además de resultar el más longevo del continente –formalmente, comienza en 1964– se ha caracterizado por ser uno de los más complejos, a tenor no solo de la concurrencia de factores tales como el narcotráfico o la minería ilegal, sino por la yuxtaposición de guerrillas de primera generación –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL)–, guerrillas de segunda generación, propias de los setenta y los ochenta –Movimiento 19 de Abril (M19) o Guerrilla Indigenista Quintín Lame (GIQL)–, o cárteles de la droga y grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Si bien, desde el 24 de noviembre de 2016 el conflicto con las FARC puede entenderse por finalizado, es igualmente cierto que persisten algunas disidencias que no se han desmovilizado, aparte de la guerrilla del ELN y los grupos postparamilitares que se disputan el poder territorial dejado por las FARC, de modo que pudiera entenderse el colombiano como el único conflicto armado, pese a todo, vigente en América Latina y reducto directo de la Guerra Fría.

Sobre el conflicto colombiano, de acuerdo con lo anterior, han primado los trabajos de cariz historiográfico, militar o, sobre todo, de análisis económico de los factores que produjeron el conflicto o que en su defecto lo hicieron evolucionar y perdurar por más de medio siglo. Sin embargo, como se verá después, los estudios espaciales quedan, en cierto modo, fuertemente focalizados en la relación de las diferentes estructuras guerrilleras con sus particulares fuentes de financiación, desatendiendo algunas otras situaciones como la confluencia de actores en tiempo y lugar y cómo evolucionó el conflicto cuando la violencia tuvo lugar bajo condiciones de disputa del poder y los recursos.

Al respecto, dentro de las diferentes posibilidades que un estudio espacial de la violencia permite en Colombia, parece necesario analizar una de las realidades menos profundizadas del conflicto armado interno: ¿qué sucedió cuando guerrillas y paramilitares coincidieron en tiempo y lugar? La falta de estudios geográficos al respecto ha tendido a atribuir, casi por automatismo, la victoria paramilitar en Colombia allí donde éste coincidió en espacio y tiempo con las guerrillas, de manera tal que la idea es tomar dos lugares de importante arraigo de FARC y ELN, como son el noreste colombiano, específicamente los departamentos de Arauca y Norte de Santander, y el suroeste, en torno a los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Tolima, y observar si allí donde hubo coincidencia es plausible la afirmación de expulsión de las guerrillas por parte del paramilitarismo. El propósito último sería el de desmitificar esta atribución predominante en favor del paramilitarismo y comprobar la hipótesis de que el arraigo de las guerrillas colombianas se mantuvo inalterado en aquellos escenarios de mayor presencia, a pesar de la amenaza paramilitar.

Sobre la base de lo anterior, este trabajo trata de responder a la pregunta sobre qué paso en Colombia cuando las AUC, en su proceso de expansión, a inicios de la década pasada, buscan relegar en su posición territorial a las guerrillas de las FARC y ELN. Así, su resultado más importante sería el de mostrar cómo en los dos escenarios objeto de estudio –el noreste y el suroeste– no se apreciaría expulsión o debilitamiento directo de las FARC, mientras que, en el caso del ELN, tal vicisitud sería solo apreciable en el noreste, en tanto que se trata de su tradicional escenario de acción, pues su posición en el sur colombiano es apenas marginal. Para ello, se analiza el período que transcurre entre el surgimiento de las AUC, entre finales de 1997 e inicios de 1998, y su completa desmovilización, entre 2004 y principios de 2005, y tomando en consideración que estas dos regiones, durante este tiempo, no fueron prioridad para la política de seguridad democrática puesta en marcha por el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez (​Ríos, Jerónimo. 2017. Breve historia del conflicto armado en Colombia. Madrid: La Catarata.Ríos, 2017).

Dicho hallazgo contradiría a la posición predominante en la literatura que atribuye al paramilitarismo –asociado a masacres y desplazamiento forzado– la capacidad de haber hecho desaparecer a las guerrillas allí donde coincidió en tiempo y lugar (​Trejos, Luis Fernando. 2016. «Hipótesis explicativas de la derrota estratégica de la insurgencia armada en el Caribe colombiano: los casos de las FARC-EP y el ELN», Revista de Derecho, 45: 346-‍377.Trejos, 2016). De la misma manera, un trabajo de estas características conlleva algunas dificultades metodológicas fruto de operacionalizar un concepto tan intrincado y multifactorial como es el de violencia y que, para este caso, se reduce al número de acciones armadas unilaterales^[1] protagonizadas por las FARC y el ELN, por año y municipio. De este modo, se obvian elementos indisociables de la violencia, como la dimensión estructural, relacionada con las condiciones socioeconómicas del lugar, y los aspectos simbólico-afectivos que se relacionan con la violencia cultural (​Galtung, Johan. 2003. Trascender y transformar. Una introducción al trabajo de conflictos. México, D.F.: Transcend-Quimera.Galtung, 2003). Sea como fuere, por otro lado, recurrir, stricto sensu, a la violencia manifiesta ejercida por los grupos guerrilleros permite observar si, en su coincidencia con el despliegue paramilitar, hubo afectación alguna sobre los niveles de activismo y presencia.

Asimismo, una segunda complejidad, relacionada con la anterior, suele corresponderse con la fuente que sistematiza la información, pues los datos suelen provenir de fundaciones u observatorios de la sociedad civil. Sin embargo, en esta ocasión, los datos que son objeto de análisis en las siguientes páginas proceden de la fuente más confiable que existe sobre violencia directa en el conflicto colombiano: el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, adscrito a la Presidencia de la República (​Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH). (s.f.) Síntesis de la violencia y la confrontación armada en Colombia, 1998-‍2012 y 2015. Bogotá: Vicepresidencia de la República.ODHDIH). Esta entidad permitió, expresamente, el acceso a su banco de datos y cartografías sobre acciones guerrilleras, las cuales se encuentran desglosadas municipalmente, desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2006^[2] y con una base de información que, en su momento, fue recopilada y sistematizada por el Departamento Administrativo de Seguridad.

Finalmente, del lado de la presencia paramilitar se recurriría a la ubicación espacial de los diferentes grupos paramilitares vinculados a la estructura de las AUC, de acuerdo a la información cartográfica facilitada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (​Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 2013. ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH.CNMH) que, a través de su herramienta Rutas del Conflicto, pone a disposición una valiosa información sobre el alcance y la intensidad de la expansión territorial de cada bloque paramilitar.

Dicho de otro modo, y con el propósito de comprobar la hipótesis expuesta, de lo que se trataría en las siguientes páginas es de observar si la concurrencia de bloques paramilitares de las AUC con estructuras guerrilleras de las FARC y el ELN se traduce en reducciones o no en el nivel de activismo guerrillero. Así, en principio, lo que se presumiría es que en las dos regiones objeto de estudio, en tanto que son escenarios con un importante arraigo guerrillero, con sólidas fuentes de poder económico, mayormente provenientes del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, y una condición geográfica periférica, fronteriza, y de marcada impronta selvática o montañosa, la derrota guerrillera frente al paramilitarismo es una hipótesis que, a tenor de los datos expuestos, difícilmente se puede aceptar.

El trabajo se organiza en cuatro partes diferenciadas. En primer lugar, tras esta introducción y algunas consideraciones metodológicas, se presenta un marco teórico que reivindica la importancia de la geografía política en su relación con la investigación para la paz y la resolución de conflictos y que, a su vez, revisa la literatura más destacada sobre la geografía de la violencia en Colombia. En tercer lugar, se describe la interacción de las guerrillas allí donde coincidieron, en tiempo y lugar, con las estructuras paramilitares de las AUC, haciendo un análisis pormenorizado del activismo armado de las FARC y el ELN en las regiones del noreste y del suroeste colombiano. Por último, se ofrecen algunas conclusiones planteando nuevos horizontes y escenarios que no agotan el objeto de estudio: conflicto armado en Colombia.

La Geografía Política en la comprensión de la violencia[Subir]

La geografía política, junto con las investigación para la paz y la resolución de conflictos, ha sido la disciplina que dentro de la ciencia política ha dado más importancia a los contextos espaciales en su intención por comprender ciertos fenómenos políticos como la violencia. De hecho, la propensión hacia los conflictos armados ha ganado peso específico mediante el estudio y la variación de intervalos espacio-tiempo en las categorías de análisis realizadas sobre la violencia. Así, en los últimos años, la geografía política se ha reivindicado como un campo prolífico para el estudio de la violencia en su relación causal con diferentes tipos de población (​Raleigh, Clionadh y Havard Hegre. 2009. «Population Size, Concentration and Civil War: A Geographically Dissagregated Analysis», Polítical Geography, 28 (4): 224-‍238. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2009.05.007.Raleigh y Hegre, 2009), de acuerdo a ciertas condiciones de pobreza (​Hegre, Havard, Gudrun Ostby y Clionadh Raleigh. 2009. «Poverty and Civil War Events: A Disaggregated Study of Liberia», Journal of Conflict Resolution, 53 (4): 598-‍623. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002709336459.Hegre et al., 2011), atendiendo a dimensiones fronterizas (​Buhaug, Halvard y Jan Rød. 2006. «Local Determinants of Africa Civil Wars, 1970-‍2001, Political Geography, 25 (3): 315-‍335. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2006.02.005.Buhaug y Rød, 2006), con base en la proximidad de recursos como gas y petróleo (​Basedau, Matthias y Jan Pierskalla. 2013. «How Ethnicity Conditions the Effect of Oil and Gas on Civil Conflict: A Spatial Analysis of Africa from 1990 to 2010», Political Geography, 38 (1): 1-‍11.Basedau y Pierskalla, 2013) o en atención a la relación entre violencia y la pluralidad étnica de una comunidad (​McDoom, Omar. 2014. «Predicting Violence within Genocide: A Model of Elite Competition and Ethnic Segregation from Rwanda», Political Geography, 42 (1): 34-‍45. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2014.05.006.McDoom, 2014).

Todo lo anterior, por entender que las condiciones demográficas, sociales o los elementos culturales, según su heterogeneidad, afectan particularmente a los contextos espaciales sobre los cuales tiene lugar la violencia, entendiendo que esta solo resulta comprensible a partir de entender la interacción de la población con el lugar. La intrincada y particular relación del individuo con el ambiente que le rodea construye el contexto espacial sobre el que la geografía política focaliza su interés disciplinario, interpretando el contexto como un escenario de interacciones en medio de diferentes elementos que, a su vez, conforman una totalidad. Escenario que, para Agnew (​Agnew, John. 1987. Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society. Londres: Allen and Uwin.1987: 5), no es más que el producto de un día a día; de interacciones personales que desembocan en construcciones sociales (​Pattie, Charles y Ron Johnston. 2000. «People Who Talk Together Vote Together: An Exploration of Contextual Effects in Great Britain», Annals of the Association of American Geographers, 90 (1): 41-‍66. Disponible en: https://doi.org/10.1111/0004-5608.00183.Pattie y Johnston, 2000), y que, a su vez, integra diferentes escalas geográficas, de lo local a lo global (​Taylor, Peter y Colin Flint. 2002. Geografía Política: Sistema-mundo, Estado-nación y localidad. Madrid: Trama.Taylor y Flint, 2002).

A tal efecto, para la geografía política, como sostiene Agnew (​Agnew, John. 1987. Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society. Londres: Allen and Uwin.1987: 60), la base fundamental explicativa de la violencia la determinan las particularidades de la localidad. Particularidades que son las únicas que pueden explicar por qué, bajo mismas circunstancias objetivas, unos escenarios tienden a ser más violentos que otros. De hecho, en los últimos años se ha incrementado sustancialmente el número de trabajos académicos que desde la Geografía Política buscan comprender los factores relacionados con la violencia. Por ejemplo, Linke et al.(​Linke, Andrew, Frank Witmer y John O’Loughlin. 2012. «Space-Time. Granger Analisys of the War in Iraq: A Study of Coalition and Insurgent Action-Reaction, International Interactions, 4 (38): 402-‍425. Disponible en: https://doi.org/10.1080/03050629.2012.696996.2012) intentan aproximarse a explicar el caso de la violencia en Irak, mostrando de qué modo el ámbito territorial que define la dinámica acción/reacción social frente a la violencia cambia una vez que se controlan los términos espacio/temporales de la misma. Tanto que afecta directamente al modo en que, a través de la distancia y el tiempo, varía la relación del entorno social subnacional con las lógicas propias de la violencia. Algo similar plantean Linke y O’Loughlin (​Linke, Andrew y John O’Loughlin. 2015. «Reconceptualizing, Measuring, and Evaluating Distance and Context in the Study of Conflicts: Using Survey Data from the North Caucasus of Russia», International Studies Review, 17: 107-‍125. Disponible en: https://doi.org/10.1111/misr.12207.2015), cuando buscan entender las respuestas de violencia en el norte del Cáucaso, reconociendo que elementos particulares de la localidad, como el orgullo nacional, el capital social, el cariz separatista o la exposición directa a la violencia, son factores que determinan las respuestas y percepciones de la comunidad local. Sin embargo, esta afectación variaría en función de cómo se controlen las coordenadas espacio-temporales. Una conclusión que, en unos términos muy similares, se puede encontrar en el trabajo de Schutte y Donnay (​Schutte, Sebastian y Karsten Donnay. 2014. «Matched wake analysis: Finding causal relationships in spatiotemporal event data», Political Geography, 41 (1): 1-‍10. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2014.03.001.2014), también sobre Irak.

Otros, como Forø y Buhaug (​Forø, Andreas y Halvard Buhaug. 2015. «Insurgency and Inaccessibility», International Studies Review, 17: 6-‍25. Disponible en: https://doi.org/10.1111/misr.12202.2015), sin restar valor a lo anterior, reivindican la importancia de la geografía física como contexto modulador de ciertos elementos políticos, igualmente presentes en el trabajo de Kaplan (​Kaplan, Robert. 2013. La venganza de la geografía. Madrid: RBA.2013). De este modo, escenarios geográficamente periféricos, de difícil accesibilidad y de mayor distancia con respecto de los centros económicos y políticos del país, operan como factor clave para comprender ciertas dinámicas de conflicto intraestatal, de acuerdo con Horowitz (​Horowitz, David. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: California University Press.1985) o Brancati (​Bracanti, Dawn. 2006. «Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism?», International Organization, 60 (3): 651-‍685.2006). Así, Forø y Bahaug (​Forø, Andreas y Halvard Buhaug. 2015. «Insurgency and Inaccessibility», International Studies Review, 17: 6-‍25. Disponible en: https://doi.org/10.1111/misr.12202.2015: 7) hacen valer, en la comprensión de la violencia, factores tales como la distancia con la ciudad, la disponibilidad de corredores y refugios selváticos o montañosos, además de la distancia sociocultural con los centros políticos y económicos del país (inaccessibility). Específicamente, se argumenta que el Estado permea en estos enclaves de una manera parcial, dada su marcada debilidad institucional, lo cual puede desvirtuar la noción clásica de autoridad y favorecer la emergencia de poderes paraestatales como guerrillas o fuerzas paramilitares, como sucede en el caso colombiano (​Ríos, Jerónimo. 2016. «La periferialización del conflicto armado colombiano, 2002-‍2014», en Geopolítica(s). Revista sobre Estudios de Espacio y Poder, 7 (2): 251-‍275.Ríos, 2016). Es decir, factores tales como la fractura regional, la ausencia de infraestructura que facilite la conexión interterritorial, la afectación de fronteras inestables, así como la presencia de imaginarios distanciados en clave de unidad nacional constituirían una ventana de oportunidad para la emergencia de conflictos armados internos, tal y como plantean Salehyan (​Saleyhan, Idean. 2009. Rebels Without Borders: State Boundaries, Transnational Opposition and Civil Conflict. Nueva York: Cornell University Press. Disponible en: https://doi.org/10.7591/9780801459214.2009), Cunningham et al. (​Cunningham, David., Kristian Gleditsch e Idean Saleyhan. 2009. «It Takes Two: A Dyadic Analysis of Civil War Duration and Outcome», Journal of Conflict Resolution, 53 (4): 570-‍593. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002709336458.2009) o Forø y Bahaug (​Forø, Andreas y Halvard Buhaug. 2015. «Insurgency and Inaccessibility», International Studies Review, 17: 6-‍25. Disponible en: https://doi.org/10.1111/misr.12202.2015).

Así, por ejemplo, en el planteamiento de este trabajo, centrado en dos enclaves periféricos de Colombia –tanto geográficos como socioeconómicos– se reivindicaría la misma hipótesis por la cual se presume que cuanta mayor es la distancia con los centros de poder político y económico en un país, mayor es la propensión a experimentar dinámicas de violencia por parte de grupos armados o guerrillas dentro de un conflicto interno^[3]. De hecho, toda esta prolífica literatura iría en la misma lógica que aportes como los de Buhaug y Rød (​Buhaug, Halvard y Jan Rød. 2006. «Local Determinants of Africa Civil Wars, 1970-‍2001, Political Geography, 25 (3): 315-‍335. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2006.02.005.2006), quienes consideran que las grandes distancias con el centro nacional son un factor clave en cuanto al riesgo interno de conflicto; O’Loughlin (​O´Loughlin, John. 2012. «Climate Variability and Conflict Risk in East Africa, 1990-‍2009», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 45 (109): 18344-‍18349. Disponible en: https://doi.org/10.1073/pnas.1205130109.2012), que apunta a que los conflictos internos tienden a una mayor fronterización, o Cederman et al. (​Cederman, Lars Erik., Kristian Gleditsch e Idean Saleyhan. 2013. «Transborder Ethnic Kin and Civil War», International Organization, 67 (2): 389-‍410. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0020818313000064.2013), quienes señalan como un factor importante la construcción de comunidades étnicas trasnacionales que, desde la frontera, tienden a producir un lugar que dista de las dinámicas mononacionales del Estado.

Finalmente, una aportación reciente y en línea con lo anterior sería la de Schutte (​Schutte, Sebastian. 2015. «Geography, Outcome and Casualties: A Unified Model of Insurgency», Journal of Conflict Resolution, 59 (6): 1101-‍1128. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002713520534.2015: 1112), quien reivindica la geografía como disciplina de estudio sobre la violencia según dos argumentos: de un lado, destacando el valor agregado que las zonas periféricas han supuesto generalmente para poner en marcha procesos insurgentes, como muestran los casos de China, Cuba o Tailandia; de otro, precisando que a medida que la violencia descrita sea más periférica, las posibilidades de éxito del Estado en cuanto a una victoria militar se reducen muy sustancialmente, algo más difícil aún si sobre estos escenarios se consolidan fuentes de financiación (lootable resources) que permitan a los grupos armados obtener ingentes recursos económicos con los que sostener en el tiempo la duración de un conflicto armado (​Snyder, Richard. 2006. «Does lootable wealth breed disorder?», Comparative Political Studies, 8 (39): 943-‍968. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0010414006288724.Snyder, 2006).

En lo que respecta a Colombia, varios trabajos se han servido de la geografía para atender y entender las evoluciones del conflicto armado. El primer intento por representar en un mapa lo que resultaba la magnitud de la violencia^[4] lo plantean Fals Borda et al., (​Fals Borda, Orlando, Germán Guzmán y Eduardo Umaña. 1962. La violencia en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo.1962), si bien de una manera muy rudimentaria, no solo por cuestiones tecnológicas, sino por la misma comprensión de violencia, entendida como cualquier acción que gravase la vida humana en dicho contexto de violencia. Hay que esperar tres décadas para encontrar un trabajo que, nuevamente, recupere la necesidad de presentar en mapas las configuraciones espaciales de la violencia en Colombia. Reyes (​Reyes, Alejandro. 1993. Geografía de la violencia en Colombia. Informe de investigación. Bogotá: IEPRI.1993), en Geografía de la Guerra, representa la violencia guerrillera de las FARC, si bien con una intención poco alejada de la anterior, al mostrar en un mapa los municipios que, al menos, habían tenido una acción guerrillera en los últimos años, lo cual arroja como resultado un mapa casi en su totalidad monocolor negro. Igualmente, Vélez (​Vélez, María. 2001. «FARC-ELN: evolución y expansión territorial», Desarrollo y Sociedad, 47: 151-‍225.2001) novedosamente busca comparar marcos temporales distintos, presentando cuál era la presencia guerrillera en 1980 y dos décadas después, aunque al trabajar sobre categorías 1-‍0 tampoco termina dando cuenta de la magnitud y la intensidad real del activismo guerrillero.

Lo anterior es superado por Echandía (​Echandía, Camilo. 1999. Geografía del conflicto armado y las manifestaciones de la violencia en Colombia. Bogotá: Universidad de Los Andes.1999), quien, en sus primeras representaciones cartográficas, trasciende del foco de magnitud generalizada de la violencia en Colombia para visibilizar aquellas regiones que se encuentran más afectadas mediante una gama de colores en función de la intensidad de las operaciones de la guerrilla. Aunque representa un avance en los estudios espaciales de la violencia, hasta hoy mantiene una debilidad casi irresoluta al utilizar el conjunto del municipio como la unidad de representación, lo cual provoca que buena parte del país aparezca sobrerrepresentada, especialmente la mitad sur, al concurrir municipios muy poco poblados, con violencia estrictamente focalizada en veredas rurales, pero extensiones superiores a los 40 000 km².

En otra línea, Reyes y Bejarano (​Reyes, Alejandro y Jesús Antonio Bejarano. 1988. «Conflictos agrarios y luchas armadas en la Colombia contemporánea», Análisis Político, 5: 6-‍27.1988) intentan visibilizar la ruralización real del conflicto armado colombiano y su cercana relación con las luchas agrarias del pasado, lo cual dista del trabajo de sus predecesores inmediatos, centrados en mostrar la cercana relación entre pobreza, ausencia del Estado y muertes violentas. Causas objetivas que, en esencia, eran consideradas como la matriz explicativa del desigual desarrollo de la violencia en el país. Esta circunstancia es abordada por Mesclier (​Mesclier, Évelyne. 1999. Dinámicas socioeconómicas en el espacio colombiano, Bogotá: DANE.1999), cuya mayor contribución es poner de manifiesto de qué modo los grupos armados tenían un especial arraigo sobre zonas de potencial económico y donde se desarrolla un asedio hacia los centros económicos y administrativos del país, observándose dos cinturones de violencia que aíslan al centro y que conforman zonas de ocupación y dominio de guerrillas, paramilitares y cárteles de la droga.

Otra representación espacial de la violencia derivada del conflicto armado y su proximidad al narcotráfico se encontraría en el trabajo del Observatorio Geopolítico de las Drogas (​Observatorio Geopolítico de las Drogas. 1996. Informe Anual. Geopolítica Mundial de las Drogas. París: OGD.1996: 93), que muestra la relación entre las tierras adquiridas por el cártel de Medellín, los servicios de expansión hacia la costa Atlántica, el Pacífico, el centro del país y los Llanos Orientales, y la conexión entre enclaves productores, laboratorios de pasta y clorhidrato, y las pistas clandestinas, con salida al Mar Caribe. Una particular cartografía está presente en otros aportes como los de Vargas (​Vargas, Roberto. 1994. «La venganza de la marimba empezó aquí», en VV. AA, La verdad del 93: paz, derechos humanos y violencia. Bogotá: CINEP.1994), que regionaliza los diferentes cultivos de coca, marihuana o amapola; Echandía (​Echandía, Camilo. 1996. «La amapola en el marco de las economías de ciclo corto en Colombia», Análisis Político, 27: 3-‍19.1996; ​Echandía, Camilo. 2006. Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-‍2006. Bogotá: Universidad Externado.2006), sobre rutas nacionales del tráfico de amapola y cocaína, o Betancourt (​Betancourt, Darío. 1991. «Los cinco focos de la mafia colombiana (1968-‍1988). Elementos para una historia», Revista Folios, 2: 13-‍30.1991: 13), que recrea lo que denomina como los «cinco núcleos mafiosos de la droga» y que son el núcleo costeño, el antioqueño, el valluno, el central, el oriental y los «subcultivos sueltos».

Finalmente, hay otros trabajos destacables de alta calidad, como los de Reyes (​Reyes, Alejandro. 2009. Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Norma.2009), que investiga la relación entre despojo de tierra y paramilitarismo; Echandía (​Echandía, Camilo. 2006. Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-‍2006. Bogotá: Universidad Externado.2006), que formula hipótesis sobre la relación entre la presencia de grupos y la concurrencia de fuentes de financiación, especialmente provenientes del cultivo ilícito, o Salas (​Salas, Luis. 2010. «Corredores y territorios del conflicto armado colombiano: una prioridad en la geopolítica de los actores armados», Perspectiva Geográfica, 15: 9-‍36.2010; ​Salas, Luis. 2015. «Lógicas territoriales y relaciones de poder en el espacio de los actores armados: un aporte desde la geografía política al estudio de la violencia y el conflicto armado en Colombia, 1990-‍2012», Cuadernos de Geografía, 24 (1): 157-‍172.2015), que arrojan luz sobre cómo se orienta la presencia, especialmente guerrillera, al control de rutas estratégicas de distribución, sobre todo de cocaína. Sin embargo, no predominan trabajos que traten de entender o abrir una línea explicativa sobre la interacción entre los diferentes grupos armados involucrados en el conflicto armado colombiano a efectos de alcance, sentido o resultado.

Quizá, hasta el momento esto solo ha sido desarrollado parcialmente por el CINEP, que de manera prolífica, no obstante, ha realizado diversos estudios destacables, como el impacto en la Amazonía de las marchas cocaleras y su relación con los actores del conflicto armado (​Ramírez, William. 2001. «Colonización armada, poder local y territorialización privada», Journal of Iberian and Latinoamerican Research, 7 (2): 63-‍81. Disponible en: https://doi.org/10.1080/13260219.2001.10430031.Ramírez, 2001); la relación entre cultivos y FARC en Caquetá (​Ferro, Juan Guillermo y Graciela Uribe. 2002. El orden de la guerra. Las FARC-EP entre la organización y la política. Bogotá: CEJA.Ferro y Uribe, 2002), o la perspectiva regional en la comprensión de la violencia, lato sensu, en el sur del país (​Vásquez, Teófilo. 2011. Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia. Bogotá: CINEP.Vásquez, 2011; ​Torres, María Clara. 2011. Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo. Bogotá: CINEP.Torres, 2011; ​Rodríguez Cuadros, José Darío. 2015. Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense. Bogotá: CINEP.Rodríguez Cuadros, 2015), en el Oriente colombiano y la región de Urabá (​García, Clara Inés y Clara Inés Aramburo. 2011. Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Bogotá: CINEP.García y Aramburo, 2011; ​González, Fernán. 2012. Conflicto y territorio en el oriente colombiano. Bogotá: CINEP.González, 2012) o en la costa Caribe (​González, Fernán. 2014. Territorio y conflicto en la Costa Caribe. Bogotá: CINEP.González, 2014). Trabajos de alto valor agregado que, no obstante, pasan por alto la intrincada relación espacio-temporal mantenida, en estos escenarios, entre los grupos armados guerrilleros y las diferentes estructuras paramilitares.

¿Qué sucedIÓ cuando las AUC y la guerrilla coincidieron en tiempo y lugar?[Subir]

La anterior revisión de la literatura nos permite reivindicar la importancia que tiene la geografía política en la comprensión de un conflicto como el colombiano si bien, en lo que respecta a la interacción espacio-temporal de los grupos armados involucrados en el mismo, aún es mucho lo que queda por aportar. Sobre todo, por la tendencia a atribuir al paramilitarismo un factor de expulsión sobre las guerrillas que no resulta tan evidente, a tenor de lo que propone este trabajo, en las regiones del noreste y del suroeste del país.

Quizá, la afirmación anterior encontraría excepciones en los escenarios de mayor arraigo paramilitar en Colombia, tal y como sucede en el norte del país, donde el Bloque Norte (BN), según informa el CNMH, fue responsable entre 1998 y 2005 de más de ochenta masacres y casi seiscientas víctimas mortales, y se tiene firme conocimiento de que debilitó parte de la presencia guerrillera del ELN y de las FARC en la mayoría de los departamentos que conforman la región atlántica: Córdoba, Atlántico, Magdalena, Sucre, Bolívar, Cesar y La Guajira. De hecho, miles de combatientes del paramilitarismo menoscabaron los frentes 18, 19, 35, 37, 41 y 59 de las FARC, además del frente de guerra norte del ELN (​Echandía, Camilo. 2006. Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-‍2006. Bogotá: Universidad Externado.Echandía, 2006; ​Medina, Carlos. 2011. Las FARC-EP: flujos y reflujos. La guerra en las regiones. Bogotá: Universidad Nacional.Medina, 2011).

Empero, igualmente conviene precisar que la costa atlántica, a su vez, respondía a unas particularidades específicas, en tanto que se trataba de un escenario con menor pie de fuerza y arraigo histórico por parte de las guerrillas, sin terreno selvático, montañoso y fronterizo que favoreciese sus lógicas de presencia y combate, y con una escasa presencia de cultivos ilícitos, fundamentales en las finanzas de los grupos guerrilleros. Estos son cuatro elementos que, sensu contrario, son característicos del noreste y el suroeste, objeto de estudio de las siguientes páginas.

En relación con las dos regiones objeto de estudio de este trabajo, conviene señalar, antes de nada, que el noreste del país, en torno a los departamentos de Arauca y Norte de Santander, y la región suroeste, con los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Tolima y Putumayo, son dos enclaves de gran arraigo guerrillero, tanto del lado de las FARC como del ELN. De un lado, la región nororiental tuvo un alto valor agregado estratégico y simbólico^[5], especialmente para el ELN por la presencia de sus frentes de guerra oriental y nororiental, conformados, entre otros, por la Compañía Simacota y el Frente Domingo Laín en el departamento de Arauca, además de la presencia de los frentes Carlos Armando Cacua Guerrero, Juan Fernando Porras y el frente urbano Carlos Germán Velazco, en Norte de Santander. De hecho, especialmente y hasta que entra el paramilitarismo en la región con el Bloque Vencedores de Arauca (BVA) y se inicia la guerra contra las FARC a inicios de la década pasada, el ELN mantuvo una importante presencia en todos los municipios del departamento, con excepción de Fortul. Esto, gracias a la ingente fuente de ingresos que provenía tanto del contrabando de Venezuela como de la extorsión y las amenazas sobre el importante sector extractivo presente en el departamento.

Basta con observar cómo, únicamente entre 1998 y 2002, esta guerrilla llegó a acumular hasta 165 acciones guerrilleras por solo veintisiete operativos de la Fuerza Pública. Lo mismo sucedía con las FARC, muy activas por la presencia de los frentes 10 y 45, que compartieron (y disputaron) la presencia territorial al ELN, si bien con un nivel de violencia mucho mayor, que asciende entre 1998 y 2002 hasta las trescientas siete acciones, y que hacen de las FARC el actor hegemónico local en términos de activismo armado, superando con mucho los 85 operativos militares puestos en marcha contra las FARC por parte de la fuerza pública en estos años (​Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH). (s.f.) Síntesis de la violencia y la confrontación armada en Colombia, 1998-‍2012 y 2015. Bogotá: Vicepresidencia de la República.ODHDIH, s.f.).

Junto con Arauca, en el noreste destaca el departamento de Norte de Santander y, muy particularmente, la región del Catatumbo, en disputa con los grupos paramilitares, por tratarse del centro nuclear cocalero por antonomasia, y con el valor agregado de ser un enclave fronterizo con Venezuela, pero conectado con corredores estratégicos hacia la costa atlántica^[6]. En esta región del Catatumbo, conformada por los municipios de Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, el ELN siempre fue muy activo y acumuló entre 1998 y 2005 un total de 159 acciones guerrilleras frente a 141 de las FARC. No obstante, con una tendencia bien distinta, desde 2002 el ELN empezó a perder el protagonismo local frente a unas FARC que encontraron en los cultivos del Catatumbo un bastión de gran valor para sus finanzas, lo que se tradujo en el aumento de cinco acciones guerrilleras en 1998 a 61 en el año 2005 (​Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH). (s.f.) Síntesis de la violencia y la confrontación armada en Colombia, 1998-‍2012 y 2015. Bogotá: Vicepresidencia de la República.ODHDIH, s.f.).

La segunda región clave para las guerrillas colombianas se encuentra en el suroeste, favorecido por su distancia con los grandes centros económicos y políticos del país y por una geografía montañosa en el interior y selvática al sur; a esto se añade su condición fronteriza óptima con Ecuador y el océano Pacífico, en términos estratégicos, y una ingente presencia de cultivos cocaleros. La presencia del ELN en esta región siempre fue minoritaria, ausente en Huila y en Tolima, a excepción del norte, y poco relevante en el resto. Así, su activismo, en la costa del Pacífico se articuló en torno al Frente Comuneros del Sur en Nariño, el Frente Manuel Vásquez Castaño en Cauca y los frentes José María Becerra, Luis Carlos Cárdenas y el frente regional Omaira Montoya en Valle del Cauca –estos últimos, especialmente operativos en Cali, pero desmantelados desde el año 2000–. De hecho, en Nariño tendió a concentrarse en la zona occidental del departamento, en torno a la minería ilegal y el narcotráfico, si bien la región centro-oriental, que es donde prima la coca, siempre estuvo bajo la influencia de las FARC y sus frentes 2 y 29. Lo mismo ocurrió en Cauca, donde las FARC mantuvieron la hegemonía local en el que fue y siguió siendo hasta 2016 uno de sus tres departamentos más importantes, al controlar la producción agrícola y cocalera con los frentes 8 y 60. En Valle del Cauca, como le sucediera al ELN, su presencia se desdibujaría, en mayor medida por el mayor arraigo paramilitar y el factor disuasorio de los cárteles de droga, que convergieron en debilitar la presencia de los Frentes 6 y 30.

Sea como fuere, las cifras respecto del arraigo de las guerrillas en este escenario hablan por sí solas. Entre 1998 y 2005 se produjeron 43 acciones del ELN en Nariño, 46 en Cauca y 44 en Valle del Cauca. Nada que ver con las 366 de las FARC en Nariño, las 231 en Valle del Cauca y 563 acciones en Cauca. Acciones a las que habría que añadir las causadas por el activismo del Bloque Sur a lo largo de la vertiente austral del corredor andino, que en Huila y Tolima supusieron otras 449 acciones adicionales (​Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH). (s.f.) Síntesis de la violencia y la confrontación armada en Colombia, 1998-‍2012 y 2015. Bogotá: Vicepresidencia de la República.ODHDIH, s.f.). Por tanto, una notable presencia, especialmente de unas FARC atraídas por el valor estratégico de la región, pero también por la falta de capacidades de la fuerza pública^[7] y la notable presencia cocalera, donde se acumularon más de 100 000 ha cultivadas con coca entre 1998 y 2005 (​United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2016. Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2015. Viena: Naciones Unidas.UNODC, 2016).

Llegados a este punto, es momento de presentar lo que sucedió cuando coincidieron en el tiempo las AUC con las guerrillas de las FARC y el ELN en aquellos departamentos descritos, y conforme a los indicadores explicitados al inicio del artículo. Unas AUC cuyos grupos objeto de estudio son el Bloque Sur, el Bloque Calima, el Bloque Pacífico, el Bloque Libertadores del Sur, el Bloque Catatumbo y el Bloque Vencedores de Arauca. Estos, por ser aquellos que fuera del norte del país resultaron ser los más activos en la confrontación que transcurre entre 1998 y 2005 contras las guerrillas de las FARC y el ELN en Colombia.

CONCLUSIONES[Subir]

A la vista de los resultados expuestos, una primera conclusión es la importancia del arraigo local de las guerrillas en las dos regiones objeto de análisis, especialmente en el caso de las FARC, las cuales mantuvieron estables, cuando no crecientes, la mayoría de sus dinámicas de activismo armado allí donde coincidieron en tiempo y lugar con el paramilitarismo. Es decir, no se observa ninguna influencia significativa de parte de las AUC en las regiones objeto de estudio: el noreste y el suroeste colombiano. Ninguno de estos escenarios fue oriundo del proyecto paramilitar; al contrario, fueron objeto de disputa a partir de 1998, en el que las AUC buscaron arrebatar el control de los espacios cocaleros allí donde las FARC se habían consolidado desde décadas atrás.

Incluso cuando los grupos paramilitares se desmovilizan al amparo de la Ley 975 de 2005, conocida como ley de justicia y paz, se dio una presumible situación de consolidación local de la guerrilla de las FARC en uno y otro lugar. Ello porque la desaparición del paramilitarismo supuso la desactivación del único actor armado que, hasta ese momento, había conseguido confrontar directamente contra las guerrillas –con éxito en el norte del país– y habida cuenta de que la fuerza pública se hallaba focalizada en otras prioridades regionales como Cundinamarca, Antioquia, Santander, Meta o el eje cafetero, donde no había el grado de condición selvática, fronteriza y cocalera, donde tuvo mayor presencia el paramilitarismo y, por extensión, la guerrilla

A lo anterior contribuyó igualmente el hecho de que la desmovilización de más de 31 000 efectivos de las AUC en 2005 no se acompañase de una reforma estructural, social, económica y política, lo cual permitió la transformación del paramilitarismo colombiano. Un paramilitarismo que se redefinió en forma de nuevas bandas emergentes de cariz criminal a partir de 2008, y que empezó a operar, ya desideologizado, en los mismos enclaves cocaleros del noreste y del suroeste colombiano, aunque bajo una impronta de mayor colaboración y menor confrontación con las guerrillas; una situación inédita por su naturaleza, pero que responde al profundo arraigo territorial y armado de las FARC y al rearme del ELN, especialmente en el noreste, y que debe ser investigada con mayor profundidad.

Otra conclusión de lo anterior guarda relación con el hecho de que el enquistamiento territorial del conflicto armado colombiano en el noreste y suroeste del país invitase a explorar lógicas de negociación con vistas a superar un conflicto cuya solución militar, sobre la base de lo planteado, cuando menos era bastante difícil. Con las FARC se inició un proceso que desde finales de 2012 ha transcurrido en La Habana y al que se ha llegado, en buena medida, gracias a lo que se conoce como «doble estancamiento doloroso» (mutually hurting stalemate). Es decir, es posible entender que, a tenor de lo propuesto por este trabajo, y que evidencia una posición de hegemonía local profundamente arraigada para el caso de las FARC en los departamentos expuestos, el conflicto armado interno terminara por enquistarse y, por extensión, alcanzar un punto de no retorno, insatisfactorio y sin solución por la vía armada para ninguna de las partes involucradas. Esto, por coincidir con una posición periférica, enquistada, insuficiente para aspirar el poder político por las armas en favor de las FARC, pero también lo suficientemente compleja como para que el Gobierno obtuviese los éxitos militares que protagonizó en el centro y norte del país sobre todo entre 2002 y 2006. Así, fruto de dicho enquistamiento podría entenderse el actual finalizado proceso de paz con las FARC e integrarlo con la voluntad negociadora que lo motivó, hace ahora seis años.

Por todo lo expuesto, los estudios espaciales de la violencia en Colombia aún tienen mucho que aportar, no solo en la interpretación y comprensión en las dinámicas que acompañan a la presencia y activismo de guerrillas y bandas criminales, que es lo que mayormente ha predominado en la literatura (geo)politológica sobre el conflicto armado en Colombia, sino a efectos de entender dónde pueden encontrarse los mayores retos en términos de construcción de paz, cooperación reforzada y transfronteriza o construcción institucional del Estado.

Asimismo, y como se señalaba al inicio, la geografía política termina siendo una disciplina que, como viene sucediendo en los últimos años, debe seguir integrándose con la investigación para la paz y la resolución de conflictos para comprender conflictos como el colombiano, y especialmente por su alto valor agregado a la hora de permitir indagar en cuestiones como las que presenta este artículo, relacionadas con la interacción real de los grupos armados en espacios de disputa y sobre lo cual, pese a todo, sigue siendo necesaria nuevas y mayores investigaciones. Esto es, aportes que, sobre la base de lo planteado, ayuden a encontrar factores descriptivos y explicativos desde los que construir nuevos avances en el marco de un objeto de investigación, pese a todo claramente inconcluso y aún por descubrir como es el conflicto armado colombiano.