El diputado conseguidor: representación política particularista en el Congreso de la República Dominicana (1998-‍2010)

Servidores del distrito: representación «desde abajo»[Subir]

Entre 1998 y 2010, menos de la mitad de las proposiciones de ley promovían el interés general (49,7 %), siendo muy escasa la actividad fiscalizadora del Legislativo dominicano sobre la acción del Gobierno, que ha oscilado entre el 0,41 % y 1,22 % de la actividad propositiva. Por el contrario, aquellas que gestionaban la concesión de una pensión a un elector de su circunscripción alcanzaron el 34,6 % del total.

La actividad propositiva corporativa ha representado en la década estudiada el 15,6 % del total agregado. Las propuestas de exenciones a diferentes sectores y grupos de interés, anuncian el escenario del «capitalismo coordinado» (​Kitschelt, Herbert y Steven Wilkinson. 2012. «Vínculos entre ciudadanos y políticos: una introducción». Instituto de Iberoamérica, Documentos de Trabajo, 11. Salamanca: Instituto de Iberoamérica.Kitschelt y Wilkinson, 2012), caracterizado por el predominio de empresas públicas subsidiadas y/o privadas con regímenes diferenciados que moviliza a los empresarios en busca de vínculos clientelares. Solo entre 2008 y 2010 se promulgaron siete leyes de exoneraciones fiscales y el Gobierno dominicano dejó de recibir el equivalente al 5 % del PIB por este concepto (​Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). 2013. Estadísticas. Disponible en: http://www.crees.org.do/es/.CREES, 2013). La penetración de los intereses particulares en la actividad legislativa de naturaleza corporativa podría estar influenciada por la financiación de los partidos y el perfil de la clase política nacional. Además de la asignación pública regular, la ley electoral permite donaciones privadas para las que no establece límite ni obligatoriedad de identificar al donante. Esta laxitud en la regulación hace permeables las instituciones a los intereses corporativos de aquellos que financian las campañas y a los que habría que devolver el favor a través de una legislación favorable^[6]. El coste de las campañas hace insuficiente la aportación del Estado, incrementándose así la dependencia del financiamiento privado así como la presencia de la figura del empresario-político con recursos: «Ahora presentamos en el municipio una boleta de banqueros, colmaderos y comerciantes […] porque los dirigentes políticos, los que están preparados para dirigir el Estado, no tienen capacidad económica. Tienen el liderazgo, pero viene un «Juan» con dinero y conquista, porque el elector está esperando que le den 100 pesos» (​Benito, Ana B. y Rotsay Rosales. 2011. «Marco normativo del sistema de partidos en República Dominicana: las reglas del juego interpartidario e intrapartidario», en PFGP (ed.), Diagnóstico sobre la situación del sistema de partidos en República Dominicana 2005-‍2010. Santo Domingo: USAID, IIDH-CAPEL.Benito y Rosales, 2011: 29).

La compatibilidad de las funciones de representación con actividades empresariales genera un escenario en el que pueden surgir conflictos de interés entre el fin primario institucional y el eventual corporativo, comprometiendo la integridad y la generalidad del mandato (​Krehbiel, Keith. 2004. «Legislative organization», Journal of Economic Perspectives, 18 (1): 113-‍128. Disponible en: https://doi.org/10.1257/089533004773563467.Krehbiel, 2004; ​Acemoglu, Daron y James Robinson. 2006. The economic origins of democracy and dictatorship. Cambridge: Cambridge University Press.Acemoglu y Robinson, 2006). La falta de exclusividad en las labores parlamentarias dibuja un perfil del legislador dominicano en el que predominan los patronos privados con funciones públicas^[7]. Sirva como ejemplo alguno de los curriculum vitae que los propios legisladores cuelgan en la web de la Cámara a modo de rendición de cuentas, donde se puede apreciar los rasgos corporativistas de la representación en el país. El diputado y presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, Pablo Adón, se presentaba ante sus ciudadanos con las siguientes palabras:

Este tipo de dinámicas ilustran el portafolio de estrategias de las élites económicas para capturar el compromiso de la clase política –tal como identificaran Bogliaccini y Luna (​Bogliaccini, Juan A. y Juan P. Luna. 2016. «Deflecting my burden, hindering redistribution. How elites influence tax legislation in Latin America», en The Political economy of Social Protection Systems. UNU-WIDER, Working Paper, 92.2016) en Chile y Uruguay–, que dificultan la aprobación de reformas redistributivas.

Con respecto a las propuestas de elevación de categoría territorial, la mayoría fueron gestionadas en las dos primeras legislaturas en las que el PRD controlaba los escaños parlamentarios y el Ejecutivo (98 solicitudes en 1998-‍2002 y 99 en 2002-‍2006), aunque como muestra el gráfico 1 es en el año 2007 cuando este tipo de actividad propositiva alcanzó su pico máximo (44 %) en el cómputo anual. En este periodo tiene lugar el grueso de la microfragmentación del territorio dominicano^[8]. En 2011, y tras la alarma por el incremento de las demarcaciones territoriales, Congreso y Senado llegaron a un acuerdo para dejar morir estos proyectos en trámite parlamentario a la espera de que se apruebe la ley de ordenamiento territorial. En ausencia de carrera civil, la inyección presupuestaria para financiar el aparato personal y logístico del nivel administrativo otorgado ha alimentado el intercambio de votos por empleos en las nuevas demarcaciones locales con un patrón similar al patronazgo que impera en la Administración central (​Suárez, Nelson. 2013. Primer Informe de monitoreo aplicación de la Ley de Función Pública No. 41 de 2008 y su Reglamento. Santo Domingo: PC.Suárez, 2013: 24)^[9]. Las siguientes opiniones ilustran la instrumentalización de la fragmentación territorial y de la relación entre el diputado y las autoridades locales:

La legislatura 2002-‍2006 destaca por la vocación individualista del ejercicio de la representación, ya que las iniciativas que persiguen la concesión de una pensión al margen del sistema general de previsión alcanzaron el 54 % del total. El gráfico 1 muestra su evolución ascendente, representando al inicio de la etapa de la consolidación democrática apenas el 2 % del total en el año 1998 y llegando al 67 % en el año 2006. La legislatura 2006-‍2010 marca un cambio de tendencia hacia la mayor vocación universal de la actividad propositiva del Congreso dominicano.

La evidencia muestra, por tanto, el predominio de la interacción de los «servidores del distrito» y «empresarios políticos» (​Siavelis, Peter y Scott Morgenstern. 2009. «Reclutamiento y selección de candidatos en América Latina: un marco para el análisis», en F. Freidenberg y M. Alcántara (eds.), Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático. Ciudad de México: TEDF.Siavelis y Morgenstern, 2009: 105), en la que el diputado ejerce de conseguidor de derechos selectivos a través de una legislación particularista que atrae recursos públicos a sus distritos y atiende a los electores. Este condicionamiento de los intereses y presiones del distrito en su labor parlamentaria –»representación desde abajo» en la tipología de Andeweg y Thomassen (​Andeweg, Rudy y Jacques Thomassen. 2005. «Modes of political representation: toward a new typology», Legislative Studies Quarterly, 30 (4): 507-‍528. Disponible en: https://doi.org/10.3162/036298005X201653.2005)– se asemeja al observado por Barreda y Ruiz (​Barreda, Mikel y Leticia Rodríguez. 2015. «Los diputados en sus distritos y en el Congreso: ¿representación desde arriba o desde abajo?», Revista Latinoamericana de Política Comparada, 9: 11-‍33.2015) en los diputados chilenos, frente al estilo de «representación desde arriba» de legisladores peruanos o bolivianos, más condicionados por los intereses del partido y su élite (​Barreda, Mikel y Leticia Rodríguez. 2015. «Los diputados en sus distritos y en el Congreso: ¿representación desde arriba o desde abajo?», Revista Latinoamericana de Política Comparada, 9: 11-‍33.Barreda y Ruiz, 2015: 27).

Esta independencia en el estilo de la representación se ve refrendada por las opiniones de los diputados dominicanos del Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas (​PELA (2010). Proyecto Élites Parlamentarias, Manuel Alcántara (dir.). Universidad de Salamanca.PELA) de la Universidad de Salamanca cuando se les pregunta acerca de la fórmula para ganar elecciones y ser reelegido. «Tener presencia permanente» (34 %) y «hacerse con una reputación local» (31 %) parecen ser las claves para conquistar a los electores, lejos de fórmulas más generales de agregación de intereses como la de tener un programa o de organización partidista como contar con el apoyo de los líderes del partido. Ambas son indicadores de una vinculación personalista entre principal-agente donde prima el contacto regular y de un anclaje no programático basado en virtudes de lustre social. Para conseguir la reelección, además de la «presencia permanente» (33 %) el diputado debe, en opinión de los legisladores entrevistados, «atender a los electores del distrito» (36 %) (​PELA (2010). Proyecto Élites Parlamentarias, Manuel Alcántara (dir.). Universidad de Salamanca.PELA, 2010). A partir de 2002, cuando la actividad propositiva particularista individual alcanza sus cotas máximas, la tasa de reelección aumenta 33 puntos porcentuales con respecto a la legislatura anterior y se mantiene en 2010 con la consolidación del dominio oficialista^[10]. La nula relevancia del líder del partido en la conquista del escaño refleja la autonomía con la que opera la maquinaria electoral del candidato a diputado en la campaña, cuyo financiamiento se nutre fundamentalmente de recursos propios (​Benito, Ana B. 2015a. Clientelismo en democracia: factores explicativos de la política particularista en la República Dominicana [tesis doctoral]. Universidad de Salamanca, Salamanca.Benito, 2015a: 122).

El peso de los asuntos parroquiales y localistas del distrito en la actividad de los diputados apunta a una división del trabajo legislativo que se confirma al desagregar el contenido y finalidad de las propuestas que el Poder Ejecutivo sometió a trámite a la Cámara de Diputados. En las tres legislaturas observadas, el Ejecutivo presentó 35 iniciativas de naturaleza generalista, todas ellas major bills (​Amorim, Octavio y Fabiano Santos. 2003. «The Inefficient Secret Revisited: Legislative Input/Output of Brazilian Deputies», Legislative Studies Quarterly, 28: 449-‍479. Disponible en: https://doi.org/10.3162/036298003X200962.Amorim y Santos, 2003) o futuras «leyes de agenda» (​Zelaznik, Javier. 2012. «Agenda presidencial y apoyo legislativo», en A. Mustapic, A. Bovencchi y J. Zelanik (coords.), Los legisladores en el Congreso argentino: prácticas y estrategias. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella.Zelaznik, 2012), además de las leyes generales de presupuesto.

Escenarios de oportunidad normativa: partido en el gobierno y partido en la oposición[Subir]

¿Cuál es el partido que ha liderado la función de orientación de la política pública en el Congreso en la etapa de la consolidación democrática? Cabría esperar una mayor vocación normativa en los diputados oficialistas que convierten en ley las propuestas del Gobierno de turno («hacedores de leyes»), mientras que los diputados de la oposición ejercerían con mayor intensidad el papel de «conseguidores de beneficios» (vocación concesional) para sus votantes (​García Montero, Mercedes. 2008. Instituciones y actividad legislativa en América Latina. Documentos CIDOB, 23. Barcelona: CIDOB.García Montero, 2008; ​García Montero, Mercedes. 2009. Presidentes y Parlamentos. ¿Quién controla la actividad legislativa en América Latina? Madrid: CIS.2009). Por tanto, las proposiciones de ley generalistas contarían con un escenario propicio en aquellas legislaturas en las que los representantes oficialistas controlan tanto la mayoría de los escaños en la Cámara como el poder Ejecutivo, en una interacción propia del modelo de gobierno responsable (​Hagopian, Frances. 2005. «Derechos, representación y la creciente calidad de la democracia en Brasil y Chile», Política y Gobierno, 12 (1): 41-‍90.Hagopian, 2005). Las proposiciones de ley de vocación universal elevadas por diputados de la bancada mayoritaria tendrían menores oportunidades en un Ejecutivo controlado por el partido opositor (Gobierno dividido) (​Mainwaring, Scott y Shugart Mathew. 2002. Presidencialismo y democracia en América Latina. Barcelona: Paidós.Mainwaring y Scott, 2002; ​Lanzaro, Jorge. 2003. Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.Lanzaro, 2003; ​Chasquetti, Daniel. 2008. Democracia, presidencialismo y partidos políticos en América Latina: evaluando la difícil combinación. Montevideo: Ediciones Cauce.Chasquetti, 2008). Y el escenario más adverso sería aquel en el que un diputado opositor de un partido minoritario presenta iniciativas para implementar políticas públicas, ya que a la dificultad de sumar apoyos se une la resistencia oficialista a compartir la definición de políticas que desdibujen las fronteras entre gobierno-oposición y limiten el rédito electoral (​Ellis, Andrew, Jesús Orozco y Daniel Zovatto. 2009. Cómo hacer que funcione el sistema presidencial. Making Presidentialism Work. Ciudad de México: IDEA, UNAM.Ellis et al., 2009).

En el periodo 1998-‍2002, en un hemiciclo de mayoría perredeísta (PRD) y Gobierno peledeísta (Leonel Fernández, PLD) los diputados oficialistas del PLD son los que presentan mayor número de iniciativas que promueven el interés general (80 %), a pesar de controlar solo el 30 % de la Cámara, frente al 50 % que elevan los representantes perredeístas, que controlan el 51 % de los escaños. En el lado opuesto, el minoritario Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) es quien destaca por someter el mayor número de proposiciones de naturaleza individual (46 % de las propuestas).

En 2002-‍2006 el PRD cuenta con mayoría en la Cámara y hasta 2004 está al frente del Ejecutivo nacional (Hipólito Mejía, PRD). A pesar del escenario propicio para el ejercicio de orientación de la política pública, solo el 18,7 % de las iniciativas de los legisladores perredeístas son de carácter general, siendo además los que favorecen en mayor medida intereses de individuos concretos (68 % de las propuestas). En esta legislatura aumenta la promoción de intereses parroquiales en los distritos en los tres principales partidos. Como muestra la tabla 7, en la bancada del PLD, del 10 % del periodo anterior ascienden al 45 % las iniciativas para gestionar pensiones para electores; en el PRD del 29 % pasan al 68 %, y en el PRSC del 46 % al 62 %. Los porcentajes más altos en la solicitud de pensiones se ubican en los años con mayoría parlamentaria del PRD (2003 y primer semestre 2006) y en los años en que este partido controlaba también el Gobierno nacional (2003). El aumento de la promoción de intereses individuales podría estar influido por el voto preferencial utilizado por primera vez en estas elecciones de 2002. El pico máximo corresponde al año 2006 (véase gráfico 1), en que se celebraron elecciones legislativas, comenzando después la tendencia decreciente en la asignación selectiva de pensiones, aunque con un ligero repunte en 2010, año también de elecciones legislativas.

Por último, en la legislatura 2006-‍2010 el PLD cuenta con mayoría en ambas Cámaras y controla también el Ejecutivo (Leonel Fernández, PLD), un escenario propicio en el que los diputados oficialistas someten a trámite parlamentario el mayor número de iniciativas de vocación universal (64 %). Las iniciativas que tienen como finalidad la promoción de intereses generales aumentan en los tres partidos mayoritarios, aunque los representantes del PRSC siguen concentrando el peso de su actividad propositiva en la gestión de pensiones para electores de su circunscripción (55 %). Estos datos apuntan a que el PLD ha sido el partido con mayor vocación normativa en el Congreso en los distintos escenarios de oportunidad, mientras que en los legisladores del PRD y del PRSC ha predominado el rol concesional, determinado no tanto por la oportunidad, sino por una decisión de acción colectiva y tipo de vínculo con el elector.

El punto de inflexión que marca la legislatura 2006-‍2010 en la promoción generalista de intereses puede ser también reflejo de la interacción estratégica y juegos de veto del partido oficialista en su posición de dominio del Legislativo y del Ejecutivo. Esta legislatura fue la primera en la que el PLD conquistó la mayoría absoluta y primera en la historia democrática del país en la que el PRD no obtiene representación en el Senado. En este contexto favorable, el poder de veto del PLD en el trámite parlamentario aumenta y así lo reflejan los datos, ya que las proposiciones rechazadas en 2006-‍2010 aumentaron un 52,6 % con respecto a la legislatura anterior^[11]. En este poder de veto al inicio de la tramitación legislativa, el partido oficialista podría esconder la intención de limitar el papel de conseguidor que los diputados de la oposición poseen en sus distritos^[12]. Por otro lado, el auge de los programas de transferencias que comenzaron en 2004 con las administraciones del PLD, podría haber trasladado el peso del asistencialismo particularista del Legislativo al campo de acción del Ejecutivo. En 2010 los beneficiarios directos de estos programas de la Presidencia identificados con la «Tarjeta Solidaridad» representaban el 9 % de la población y el 14 % del censo electoral, y al igual que las pensiones gestionadas por los legisladores, conllevan asignaciones monetarias mensuales^[13].

«Brokering alone»: individualismo legislativo[Subir]

A pesar de la mayor vocación generalista de la actividad propositiva nacional que revelan los datos de 2006-‍2010, el número de proponentes de las futuras leyes constata, por el contrario, el creciente personalismo en el hemiciclo dominicano y la poca operatividad de las bancadas parlamentarias en la agregación de preferencias. En los doce años que comprende este estudio, más de la mitad de las propuestas que promovían intereses generales fueron elevadas a título individual por un solo diputado (52,7 %), por lo que no han sido muchas las ocasiones en que el partido ha hablado como una sola voz colectiva, ni habitual el debate entre bancadas para orientar las políticas públicas. En la legislatura 2006-‍2010, solo el 37 % de las propuestas que promovían intereses generales fueron elevadas a trámite por dos o más proponentes, mientras que este porcentaje alcanzaba el 54,6 % en la legislatura 1998-‍2002. La misma tendencia personalista en el trabajo parlamentario se observa en las proposiciones de ley que otorgan beneficios de club y las que perseguían la concesión de una pensión a un elector. Como muestra la tabla 9, ambas fueron tramitadas individualmente en el 61 % y 80 % de los casos en 2006-‍2010, frente al 44 % y 56 % de la legislatura anterior 1998-‍2002.

El trabajo en solitario de los diputados dominicanos en las tareas de representación podría estar influenciado por el sistema de voto preferencial establecido en 2002 y por la magnitud del distrito. Bajo la modalidad de lista abierta los diputados tratan de diferenciarse del compañero de escaño asignando recursos para su circunscripción o elaborando leyes por las que reclamar crédito. Este deseo tiende a exacerbar el individualismo legislativo y disminuye el valor informativo de las posturas de los partidos (​Carey, John M. 2009. «Ingeniería electoral. ¿Qué nos muestran las investigaciones sobre los efectos anticipados de las reformas electorales?, en A. Fontaine et al. (eds.), Reforma del sistema electoral chileno. Santiago de Chile: PNUD.Carey, 2009; ​Muñoz, Juan M. 2011. «Sistema electoral y personalismo de los diputados hondureños». Boletín Datos de Opinión Elites Parlamentarias Latinoamericanas, 30.Muñoz, 2011). La magnitud promedio de los distritos dominicanos se sitúa en el rango de las circunscripciones pequeñas de 2 a 5 escaños (​Nohlen, Dieter. 2004. Sistemas electorales y partidos políticos. Ciudad de México: FCE.Nohlen, 2004: 60). Cuanto menor es la magnitud del distrito, mayor es la importancia de los electores en la carrera política de los diputados y menor el control de las cúpulas partidistas en el proceso. Las circunscripciones pequeñas estrechan la relación principal-agente y amplifican el localismo en la representación. Como demostrara Guevara (​Guevara, Carlos. 2004. «Calidad de la representación política y tamaño de las circunscripciones electorales: una comparación de las asambleas panameñas de 1945 y 1999», Revista de Ciencia Política, 24 (2): 94-‍115.2004: 96) para el caso de Panamá, en escenarios de competición clientelar, carencia de servicios públicos y sectores marginales, un sistema electoral basado en distritos pequeños tiende a reproducir el particularismo.

La reforma constitucional de 2010 introdujo la figura del «diputado nacional por acumulación» en el Congreso de la República Dominicana, por lo que habría que esperar un menor particularismo en el ejercicio de las labores de representación de estos cinco nuevos legisladores que se unen a los 178 electos en las 32 circunscripciones provinciales. Este tipo de demarcación nacional superpuesta a la de nivel inferior, se establece como mecanismo corrector de la desproporcionalidad y para generar en los partidos una visión de política nacional que los desligue de los intereses parroquiales de sus circunscripciones (​García Díez, Fátima. 2001. «Reformas electorales y sistemas de partidos parlamentarios en América Central». América Latina Hoy, 27: 37-‍65.García Díez, 2001). Aunque la actividad propositiva de estos cinco diputados queda fuera del espectro temporal de esta investigación, un primer análisis exploratorio de los datos apunta a que la circunscripción nacional parece limitar el particularismo en la representación^[14]. Así, de las cincuenta iniciativas presentadas por estos diputados en su primer ejercicio, el 94 % de ellas promovían intereses generales.

Sin embargo, el mayor tamaño de la circunscripción no parece fomentar el trabajo de estos representantes en el seno de sus propias bancadas parlamentarias. La tabla 10 revela que –al igual que sus colegas diputados provinciales– los cinco diputados nacionales prefieren trabajar en solitario o con representantes de otras fuerzas políticas antes que con sus compañeros de partido. Por lo tanto, en el caso dominicano la mayor magnitud del distrito de la circunscripción nacional no parece afectar a los niveles de cohesión legislativa. La preferencia por la visibilidad personal del éxito de la gestión individual de la iniciativa (14 %) y la compartida con algunos compañeros (26 %) frente a la actuación conjunta de la bancada (0 %), podría obedecer a razones estratégicas de carrera política, pero también al tradicional faccionalismo que aqueja a los partidos dominicanos.

Aunque no son muchas las ocasiones en que diputados de partidos diferentes elevan iniciativas conjuntamente (PLD-PRD 6 % en 1998-‍2002, 2,9 % en 2002-‍2006 y 7 % en 2006-‍2010), esta actividad propositiva interpartidaria ofrece información acerca de la cooperación estratégica del presidencialismo pluralista dominicano. Sirva como ejemplo que en las elecciones legislativas de 2006 el PRD y el PRSC concurren en alianza electoral. Sin embargo, sus representantes solo elevaron a trámite cinco iniciativas de naturaleza general de forma conjunta, frente a las veinte ocasiones en que así lo hicieron el oficialista PLD y su opositor PRD (véase tabla 8). En 2002-‍2006 el PRD y el PRSC –enemigos históricos pero aliados en esta legislatura– colaboraron más para satisfacer los intereses particulares de los electores de sus distritos (44,4 %) que para proponer leyes generales (11 %) (véase tabla 7). Estos datos revelan que el presidencialismo pluralista dominicano es una modalidad no programática en la que se comparte la gestión clientelar del Estado.

Representación atomizada y movilización clientelar[Subir]

El destacado posicionamiento de la República Dominicana en los rankings regionales y mundiales que miden la intensidad de los intercambios de favores por votos, evidencia que los partidos dominicanos se han adaptado al escenario de la democratización conservando el estilo de la política de clientela y manejo patrimonial del Estado. Las tres ideologías caudillistas –el «peñagomismo» socialdemócrata, el «boschismo» estatista reformista y el «balaguerismo» populista– han evolucionado en la etapa de la consolidación hacia la convergencia ideológica y la competencia centrípeta (​PELA (2010). Proyecto Élites Parlamentarias, Manuel Alcántara (dir.). Universidad de Salamanca.PELA, 2010). Su función movilizadora no programática gira en torno a su efectividad para distribuir bienes y la alternancia está marcada desde los ochenta por el desempeño macroeconómico. Las propuestas de los diputados para conceder pensiones a electores de su circunscripción al margen del sistema general de beneficiarios son ejemplo del asistencialismo particularista que menoscaba la universalidad de las políticas de protección y previsión. Estas futuras leyes ad hoc «con nombre y apellido» de los beneficiarios lesionan el principio de abstracción y generalidad del ordenamiento jurídico.

Para conocer cuál es el peso de este tipo de iniciativas asistencialistas en la actividad propositiva de los partidos con representación legislativa, se elabora un coeficiente que mide el exceso o defecto de actividad de los legisladores en relación al peso de la bancada de su partido en la Cámara^[15]. Como muestran las tablas 11, 12 y 13, los representantes reformistas (PRSC) son los que promueven más intereses clientelares durante todos los años de vigencia del mandato de representación, a pesar de ser la fuerza con menor número de escaños^[16]. La sobreactividad particularista de la bancada reformista confirmaría el impacto de la procedencia de las élites en los partidos «internamente movilizados» y su mayor vocación clientelar. En la transición a la política de masas, los actores que ocupaban posiciones en el régimen anterior tenderán a seguir utilizando el patronazgo para la movilización de sus bases con el cambio a la democracia (​Shefter, Martin. 1994. Political parties and the State. The American Historical Experience. Princeton: Princeton University Press.Shefter, 1994: 29). Estas decisiones de elección social y de organización adoptadas en momentos clave condicionan la orientación de la responsividad a largo plazo. El Partido Reformista (PR) fundado en 1963 por Joaquín Balaguer, hombre fuerte de la dictadura trujillista, se mantuvo en el poder por más de veinte años hasta que el fraude electoral de 1994 precipitara su salida negociada.

A partir de 2004 el PRD y el PRSC se alternan en la sobreactividad particularista. Los picos máximos en la tramitación parlamentaria de pensiones coinciden con años electorales (legislativas 1998 y 2002; presidencial 2008), lo que revelaría su posible uso como herramienta movilizadora y de recompensa por parte de los partidos de la oposición. La vocación particularista de la agregación de intereses en el sistema de partidos dominicano se observa también en las fuerzas políticas minoritarias. Tal es el caso del Partido Popular Cristiano (PPC) y de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), ambos con coeficientes de actividad particularista de 8,42 (2002), 6,23 (2003) y 2,41 (2007) respectivamente. La actual oferta partidista supera la veintena de partidos; sin embargo, este número más que cuantificar el pluralismo democrático, es indicador de las disensiones partidistas y las ambiciones personalistas. La mayoría de los pequeños partidos aliados se han convertido en vehículos para acceder a las redes de patronazgo en las instituciones cedidas en la negociación dejando a un lado su vocación de gobierno^[17] (​Benito, Ana B. y Wilfredo Lozano. 2016. «Viejos patrones y nuevos actores. Evolución del sistema de partidos en la República Dominicana», en F. Freidenberg (ed.), Los sistemas de partidos en América 1978-‍2015 (pp. 397-‍443). Ciudad de México: UNAM.Benito y Lozano, 2016).

Además de la actividad propiamente normativa en el Congreso, los legisladores dominicanos ejercen de gestores de bienes públicos en sus distritos a través del Fondo de Gestión Social Legislativa. Esta asignación presupuestaria es conocida como «barrilito» (senadores) y «cofrecito» (diputados), aunque el primero de los apelativos es el que ha acaparado la designación popular. Mientras que los senadores reciben entre 9000 y 20 500 dólares mensuales dependiendo de la población de sus provincias, los diputados reciben entre 1200 y 2500. Si bien el sobrenombre de «barrilito» deriva del anglicismo pork barrel, no es una manifestación de este tipo de política en la que los legisladores estadounidenses compiten por atraer recursos para sus distritos, ya que en la versión dominicana es una asignación fija determinada por el número de habitantes de la provincia y la autonomía presupuestaria del Congreso dominicano. Hasta 2008 no existía control alguno sobre esta actividad que los legisladores realizaban a través de sus propias fundaciones. Desde entonces, estas donaciones han pasado a ser financiadas mensualmente con recursos públicos sin otro filtro institucional que el mero registro contable en el Congreso. Las asignaciones del «barrilito» se sitúan en la dinámica de la relación patrón-cliente de las tradicionales relaciones de patronazgo, en las que el cliente utiliza el canal particularizado de atención entre ambos para someter a la subjetividad del diputado la concesión del favor. Medicinas, alimentos, becas, materiales de construcción, sufragar las fiestas patronales o los uniformes deportivos de los clubes infantiles locales entre otros, son los destinos de estas regalías otorgadas por los legisladores de las que emanará el compromiso moral del elector de estar en deuda con el representante que le ayudó^[18].