La aseguración como proceso de gestión y producción de riesgos. Entre la normalidad y la excepcionalidad política en la seguridad

Sociedades de la gestión de «riesgos» [Subir]

La primera base para analizar el procedimiento de aseguración tiene que ver con el conocido concepto de «sociedad de riesgo». El enfoque del riesgo se explica porque –dejando a un lado los peligros producidos por la naturaleza, el azar y la contingencia temporal– se entiende que las propias actividades humanas ocasionan riesgos cada vez más complejos o incluso irreversibles. Este concepto plantea las nociones de riesgo externo y riesgo fabricado, correspondientes a factores (im)previsibles que se imponen a causa de las propias decisiones humanas ( ‍Giddens, Anthony. 1997. «Risk Society: the context of British Politics», en J. Franklin (ed.), The politics of Risk society. Cambridge: Polity-Press.Giddens, 1997). En la idea del riesgo, los daños derivados de acciones llevadas a cabo en situaciones de incertidumbre ya no se interpretan como «el resultado de un acto moralmente erróneo atribuible conforme al esquema de la responsabilidad individual», pues «el daño es visto como un inevitable efecto colateral de una actividad útil» ( ‍Pieterman, Roel. 2001. «Culture in Risk Society. An essay on the rise of a precautionary culture», Zeitschrift für Rechtssoziologie, 22 (2): 145-‍168. Disponible en: https://doi.org/10.1515/zfrs-2001-0204.Pieterman, 2001: 149)^‍‍[1]. Es decir, se pasa a hablar de un daño de origen difuso, donde el alcance de las actividades individuales por sí solas se diluye ante una «irresponsabilidad organizada para producir bienes productivos y simbólicos» ( ‍Beck, Ulrich. 1998. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.Beck, 1998: 39). Por lo tanto, los riesgos se asemejan a daños colaterales considerados como inevitables, pues aquellos estarían enmarcados en el cumplimiento de determinada acción política, aunque se produzcan efectos secundarios adversos.

Si la acción política produce riesgos inevitables, aparte de conocer la fuente también es necesario valorar la producción de estos. Es decir, por un lado, el riesgo se interpreta en las acciones realizadas por los individuos y grupos que atentan contra la seguridad. Por otro lado, el riesgo es desencadenado por los responsables de aplicar el tratamiento contra aquellos individuos y grupos. Por tal motivo, la inseguridad surge como elemento central, ya sea por la sensación de falta de seguridad, ya sea por «los efectos colaterales derivados de planes y medidas en busca de más seguridad» ( ‍Recasens, Amadeu. 2007. La seguridad y sus políticas. Barcelona: Atelier.Recasens, 2007: 141). Para tratar el riesgo, consecuentemente, se pondera la gravedad de su incidencia junto a los efectos secundarios de su tratamiento. En ese sentido, se opta por un enfoque utilitario y probabilístico donde se «valora y pondera la reducibilidad de riesgos al igual que se contabilizan los daños colaterales respecto a la persecución de los objetivos en acción» ( ‍Campione, Roger. 2003. «El que algo quiere algo le cuesta: notas sobre la Kollateralschädengesellschaft», en Cándido da Agra (ed.), La seguridad en la sociedad del riesgo: un debate abierto. Barcelona: Atelier.Campione, 2003: 22). La necesidad de analizar riesgos bajo ese enfoque utilitario aproxima la seguridad a lo que, por ejemplo, se denomina «actuarialismo». En esta denominación, los gestores de la seguridad se asemejan a las prácticas actuariales de aseguradoras financieras, dedicadas a medir la eventualidad de determinado riesgo y a decidir los costes y beneficios para asegurar un cliente. En la analogía del actuarialismo, es necesario calcular la incidencia del riesgo, determinar quiénes lo representan y decidir quiénes merecen ser asegurados ( ‍Feely, Malcolm y Jonathan Simon. 1994. «Actuarial Justice: the emerging new criminal law», en D. Nelken (ed.), The futures of criminology, London: Sage.Felly y Simon, 1994). Aunque dicha analogía tenga una connotación racional, los actores y decisores de seguridad también ponderan los riesgos de manera simbólica, instrumental y hasta casual para formular respuestas políticas.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la actuación política y científica para la provisión de la seguridad, el factor de riesgo se convierte en marco inherente a la acción política en la seguridad, sobre todo en un tiempo de exacerbación de riesgos (reales o imaginados)^‍‍[2]. En una realidad que comporta riesgos «fuera de control», incluso se replantea la tradicional base seguridad-territorio-población. Es decir, se abandona la interpretación de una situación estable de seguridad para determinada población dentro de los límites de un territorio. En tal abandono, surge un «arquetipo resignatario» ante la transformación que están sufriendo, por ejemplo, las prácticas contra la delincuencia organizada internacional ( ‍Díez Ripollés, José Luis. 2007. La política criminal en la encrucijada. Buenos Aires: BdeF.Díez Ripollés, 2007: 158). Determinados riesgos son problemas inherentes a nuestro tiempo y tienen «imposible» solución, especialmente si se considera toda su complejidad y cuando se dispone de capacidad y recursos limitados. En otros términos, los Estados habrían entrado en una realidad en la que tendrían que resignarse a gestionar riesgos en vez de solucionarlos.

Por consiguiente, se plantean sociedades que gestionan riesgos ex ante, que provocan la aseguración, y riesgos ex post, que son producto de la propia aseguración. Por ello, mientras la gestión del riesgo es la primera base teórica que fundamenta la construcción del proceso de aseguración, a continuación se analizará «quiénes» –o qué actores– determinan y generan este proceso.

Incrementalismo y redes de actores en la seguridad ciudadana[Subir]

El filtro del incrementalismo surge como la segunda base teórica de la aseguración, pues permite entender los procesos de negociación «entre los varios grupos organizados que defienden intereses particulares […] durante el proceso de implementación» ( ‍Roth, André-Noël. 2008. «Perspectivas teóricas para el análisis de las políticas públicas: ¿de la razón científica al arte retórico?»Estudios Políticos, 33: 67-‍91. Roth, 2008: 72). Este filtro se explica porque, al establecer conexiones entre el riesgo y la seguridad, es importante recordar que la expertise y la discrecionalidad de ciertos actores en la base de las políticas también afectan de forma crucial a las decisiones en el sistema político. Puesto que tiene como base el comportamiento cotidiano del cuerpo de la gestión pública, en el incrementalismo una determinada práctica no es sustituida simplemente por otra. En las políticas, «un paradigma societal no es remplazado totalmente por otro, sino que existen reinterpretaciones de elementos, mecanismos de resistencia y de adaptación complejos, muchas veces contradictorios» ( ‍Muller, Pierre e Yves Surel. 1998. L’analyse des politiques publiques. Paris: Montchrestien.Muller y Surel, 1998: 176).

A partir de ese filtro, se refuerza el criterio por el cual los grupos encargados del tratamiento de la seguridad se han vuelto especialistas en propagar medidas características del tipo problema-solución, es decir, en fomentar medidas que encajan en rutinas previas de la Administración. La propagación de políticas ancladas en decisiones anteriores es fundamental para entender, en parte, quién comparte los riesgos, quién se beneficia y quién se ve potencialmente afectado por ellos. Para entender a fondo quién procesa la aseguración, cabe señalar una variedad de actores dentro y fuera de las esferas estatales que obliga a repensar la visión «unidireccional» y racionalista de las políticas. Como sugiere Schneider ( ‍Schneider, Volker. 2005. «Redes de políticas públicas e a condução de sociedades complexas», Revista de Ciências Sociais Civitas PUC-RS, 5 (1): 29-‍58. Disponible en: https://doi.org/10.15448/1984-7289.2005.1.33.2005), esa variedad se refiere a redes en «sociedades complejas» con vínculos relativamente duraderos y que integran actores en un issue determinado. Las redes son aquellos lugares de «producción y significación de las políticas» ( ‍Muller, Pierre e Yves Surel. 2006. Las políticas públicas. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia.Muller y Surel, 2006: 76). Asimismo, las redes también son aquellos lugares de producción y significación de la aseguración entre distintos actores.

Mientras la aseguración se procesa en redes, el funcionamiento de estas puede estimular determinadas acciones y bloquear otras, produciendo el efecto «cerrojo» o lock-in ^‍‍[3] . Este efecto consiste en perpetuar la repartición desigual de insumos económicos y políticos a través de prácticas autoreferenciales que «atrapan» a los propios actores de la red. Tal efecto amplía la concentración de información, recursos y, sobre todo, de decisión, inhibiendo la formación de nuevos grupos y paradigmas alrededor de la gestión pública ( ‍Sabatier, Paul y Hanks Jenkins-Smith. 1993. Policy Change and Learning. An Advocacy Coalition Approach. Boulder: Westview Press.Sabatier y Jenkins-Smith, 1993). Debido al filtro incremental y a la prisión de conocimientos y prácticas derivadas del efecto lock-in, las redes de actores en la aseguración, por lo tanto, tienden a profundizar aquellas relaciones ya consolidadas o adyacentes a las redes de seguridad.

Por tal profundización, se deduce que las arenas de poder donde se coedifican decisiones y se reparten riesgos en la aseguración tienen forma o extensión limitada a pesar de la pluralidad de actores. En esa línea, en las últimas décadas, la apertura y flexibilización del monopolio de la violencia legítima estatal en la mayoría de los países (bien externalizando la coerción pública en manos privadas, bien delegando o compartiendo potestades a nivel supra e infraestatal) pondrían en cuestionamiento la idea de que las redes de seguridad tienden a consolidar la concentración de decisiones y recursos. No obstante, dicha apertura guardaría más relación con los cambios en las relaciones entre actores y con el tamaño de las redes. Es decir, las propias redes fomentan la delegación y la flexibilización en la implementación política, mientras intentan preservar la concentración de decisiones bajo el mandato de algunos actores vinculados al ejercicio de la autoridad pública. Tal apertura incluso se debe a que algunos riesgos, sobre todo internacionales, son de imposible tratamiento en escala estatal y local. Siendo así, como ejemplo de comunidad de actores de seguridad ciudadana, tanto en un nivel decisorio como de implementación política, se pueden citar órganos de la Administración y la Justicia, policías, servicios de inteligencia, fuerzas armadas, asociaciones militares, grupos de seguridad privada, medios de comunicación, partidos políticos, lobbies, asociaciones civiles y hasta colectivos encuadrados como riesgos. Dicho esto, es necesario responder a cómo se gestionan los riesgos en las redes de aseguración. Para ello, postulamos una respuesta a través de la interacción entre nivel de seguridad, riesgo y tolerancia.

Interacción entre seguridad, riesgo y tolerancia[Subir]

La tercera base teórica de la aseguración consiste en trazar las líneas que permiten interpretar el procesamiento de riesgos en la seguridad ciudadana. En ese sentido, considerando que el nivel de determinado riesgo fáctico/construido (cuyos polos de incidencia y representación son indisociables) aumenta en un escenario (a través de indicadores cualitativos y cuantitativos, evaluaciones institucionales, escalas de alerta, opinión pública), y que el nivel de seguridad promovido es cognoscible en relación con el riesgo (a través de los métodos citados más el diagnóstico de políticas y el despliegue de recursos humanos y materiales), es posible distinguir tres situaciones de seguridad: ideal, normal y de emergencia. Véase la Figura 1.

En la situación 1, determinado riesgo fáctico/construido se mantiene en niveles inferiores al umbral de provisión de seguridad. De esta situación se deduce un total control del peligro por parte de los gestores. Aquí se produce el clásico monopolio de la violencia y coerción legal, mientras la legitimidad del poder estatal ante la ciudadanía es «efectiva». Es lo que denominamos «situación ideal» de seguridad, la cual descansa en el legítimo fundamento del contrato social que confiere autoridad a cambio de protección. Sin embargo, se denomina «ideal» porque también es la expresión de que la seguridad, aunque recurra a discursos y métodos contundentes, no es capaz de cubrir las causas y la magnitud de riesgos cada vez más difusos. En otras palabras, «el gran drama del Estado, que cobra dolorosa actualidad, está ligado al hecho de que la negación de la enemistad interior nunca logró, en el plano de las realidades, suprimir [y controlar] al enemigo total y definitivamente» ( ‍Prieto Navarro, Evaristo. 2008. «Excepción y normalidad como categorías de lo político», en Cancio Meiláet al. (coords.), Política criminal en vanguardia: Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada. Navarra: Thomson Civitas.Prieto Navarro, 2008: 127).

En la situación 2, la incidencia de determinado riesgo fáctico/construido supera el nivel de provisión de seguridad hacia la ciudadanía, produciendo un déficit de control sobre el riesgo. En una sociedad donde los riesgos son inherentes y no están del todo controlados, existe un nivel de tolerancia, pues, pese a lo prometido, la autoridad pública no puede encargarse de toda la magnitud del peligro. En esta situación, se rescata lo manifestado por Niklas Luhmann ( ‍Luhmann, Niklas. 1987. Rechstsoziologie. Opladen: Westdeustcher Verlag.1987), según el cual las expectativas de la acción política sobrepasarían las condiciones mínimas, como la normatividad de las expectativas, una definición objetiva suficiente y la institucionalización de un consenso básico sobre las mismas. Luhmann entendió ese desencuentro como el ápice final de la contrafacticidad de las normas en su forma de «refractariedad», es decir, en aprender a vivir en la frustración generada por el incumplimiento de las normas y de sus expectativas. Por tal incumplimiento de expectativas, denominamos a esta situación como tolerable o «normal», ya que deriva de las impotencias y frustraciones de cobertura de la seguridad en las sociedades del riesgo. En esta situación, la diferencia entre la seguridad promovida y el nivel de riesgos para la colectividad produce un grado de tolerancia o área vacía a ser llenado por las expectativas de seguridad deseable. Ese grado de tolerancia es representado por el área gris del esquema, encerrado por un umbral límite o punto simbólico «A».

En la situación 3 la incidencia de riesgos fácticos/construidos supera el punto representativo «A», dando lugar a una «situación de emergencia». En esta, los riesgos se encuentran fuera del control tolerable y, en casos extremos, la legitimidad de las instituciones públicas puede entrar en cuestionamiento. Para solucionar esta situación es plausible una combinación entre las siguientes interacciones:

El punto «A», así como el nivel de provisión de seguridad y de riesgo fáctico/construido, debe ser entendido de forma simbólica. Pero ello no impide que, en la gestión de la seguridad, esos tres factores sean adaptados de acuerdo con la contingencia y la formulación de políticas. La visión incremental, asociada a una interacción del tipo lock-in entre los actores de una determinada red, posibilita que un riesgo típico de la «situación de emergencia» se constituya en materia prima para una aseguración que se adapte a los roles de los aseguradores, reforzando su centralidad decisoria en las redes. Esto posibilita construir o concentrar el enfoque en ciertos riesgos en lugar de otros. Un ejemplo clásico fue la guerra contra las drogas promovida por Estados Unidos desde los años setenta del pasado siglo, que amplificó los criterios selectivos de décadas anteriores para imprimir una aseguración sobre determinados estupefacientes, acentuando el protagonismo de las agencias policiales. Esa misma lucha fue reforzada por un discurso maleable, movilizó la maquinaria institucional norteamericana y prevaleció sobre otros problemas internos de la época, como la cuestión medioambiental ( ‍Simon, Jonathan. 2011. Gobernar a través del Delito. Victoria Boschiroli (trad.). Barcelona: Gedisa.Simon, 2011).

El proceso de selección de problemas de aseguración ha sido abordado extensivamente por estudios de audiencias, por análisis de discursos y de contenidos, y por recursos etnográficos y heurísticos ( ‍Buzan, Barry, Ole Wæver y Jaap De Wilde. 1998. Security: a new framework for analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.Buzan et al., 1998;  ‍Balzacq, Thierry (ed.). 2011. Securitization theory: how security problems emerge and dissolve. London: Routledge.Balzacq, 2011;  ‍Bourbeau, Philippe. 2014. «Moving Forward Together: Logics of the securitization process», Millennium: Journal of International Studies, 43 (1): 187-‍206. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0305829814541504.Bourbeau, 2014;  ‍Stritzel, Holger. 2014. Security in Translation. Securitization Theory and the Localization of Threat. Houndmills and New York: Palgrave.Stritzel, 2014). De forma complementaria, tal proceso también se vale de mecanismos conocidos por la ciencia política, como la definición de agendas políticas ( ‍Kingdon, John W. 1984. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston: Little Brown.Kingdon, 1984) y la comunicación política. En este último punto, Zvi Reich ( ‍Reich, Zvi. 2006. «The Process Model of News Initiative: Sources Lead, Reporters Thereafter», Journalism Studies 7 (4): 497-‍514. Disponible en: https://doi.org/10.1080/14616700600757928.2006) señala que los representantes públicos promueven determinadas pautas y, en una fase posterior, los medios de comunicación se encargan de su divulgación y politización. Otros estudiosos señalan que los medios no son receptores de la agenda política, sino mediadores no neutrales, que respaldan y son respaldados por los representantes políticos ( ‍Sampedro Blanco, Víctor y Jorge Resina de la Fuente. 2010. «Opinión pública y democracia deliberativa en la Sociedad Red», Ayer, 80: 139-‍162.Sampedro y Resina, 2010). Este respaldo se haría más evidente en temas de seguridad, donde los medios dependen de fuentes oficiales para presentar las noticias. Precisamente, es pertinente considerar la idea de «adaptación estratégica», que capta la fuerza y readaptación de los medios de comunicación, así como los motivos estratégicos de otros actores políticos, «sin una idea preconcebida acerca del equilibrio de poder» ( ‍Walgrave, Steefan y Peter Van Aelst. 2006. «The contingency of the mass media’s political agenda setting power: Toward a preliminary theory». Journal of Communication, 56 (1): 88-‍109. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00005.x.Walgrave y Van Aelst, 2006: 18) entre las esferas políticas oficiales y los medios de comunicación.

Por otro lado, debido al estigma emotivo y psicológico que despierta una «situación de emergencia», la experimentación nueva suele ser bloqueada, ya sea porque hay menos espacio para ensayos, ya sea como consecuencia del efecto incremental en las redes de seguridad, a través del cual, por ejemplo, se responde al aumento súbito de riesgos con prácticas previas de contención y disuasión. Por ello, en situaciones de emergencia, consideramos que se antepone el intento de elevar el umbral de provisión de seguridad, aunque esto implique reproducir efectos colaterales no deseados. En otras palabras, al buscar una nueva situación normal, la clave no consiste en instaurar un escenario de convivencia pacífica como meta, sino en gestionar los riesgos a niveles tolerables pese a su irresolución y producción de riesgos secundarios. Los riesgos secundarios, asimismo, pueden configurar otra situación de emergencia que provoque una nueva aseguración en una espiral autopoiética, es decir, en un ciclo de realimentación de riesgos que se propaga continuamente.

Considerando el potencial para un ciclo continuo de riesgos, se plantea, así, una oscilación entre «situaciones normales» y «situaciones de emergencia» en un movimiento continuo e intermitente, donde las primeras necesitan desembocar en una normalidad redefinida por la aseguración como mecanismo catalizador o intermediario. La oscilación entre esas situaciones, sin embargo, no es indefinida, ya que su movimiento depende del perfil de las redes en seguridad (a nivel decisorio y de implementación de políticas), de la relación entre los actores (formales e informales) y por el hecho de que las redes poseen un elemento fundamental: sus destinatarios.

En lo concerniente a los destinatarios, el matiz de la seguridad ciudadana es justamente tener como referencia el conjunto de individuos que integran una colectividad sociopolítica interna. Sin embargo, la propia noción de ciudadanía se reduce a determinados grupos. Estas restricciones pueden tener un sesgo económico semejante al mencionado actuarialismo, donde la protección de contribuyentes en la ciudadanía media se da sobre los grupos de economía informal y marginal; o incluso un sesgo jurídico, donde la titularidad y ejercicio de ciertos derechos se presenta de acuerdo a las estratificaciones sociales, constituyendo «segmentaciones de naturaleza jurídica» ( ‍Jakobs, Günther. 1996. Sociedad, norma, persona en una teoría de un derecho penal funcional. Madrid: Civitas.Jakobs, 1996: 9, 29). Así, en la provisión de seguridad, determinados grupos serían más «asegurables», en el sentido positivo de garantizar su condición de ciudadanos, o en el sentido negativo, para excluirlos de esa condición.

Debido a los sesgos para limitar el grupo de destinatarios, siguiendo lo expuesto en la figura 1, los riesgos fácticos/construidos pueden aumentar, pues el ciudadano excluido, el «otro», se convertiría en un elemento de riesgo. La paradoja es que esto también facilitaría la gestión del aumento del nivel de seguridad, ya que la base de referencia de los incluidos disminuye en términos de pluralidad y representación. Un criterio restrictivo para seleccionar destinatarios también permite entender el porqué se abordan determinados riesgos en lugar de otros. Por ejemplo, la no decisión o baja cobertura para perseguir redes de delitos económicos complejas y ocultas en comparación con crimines leves contra el patrimonio, enfatiza la idea de que la provisión de seguridad se acompaña de sesgos de naturaleza económica y jurídica. Adicionalmente, ante grupos de destinatarios cada vez más reducidos, la rendición de cuentas de los aseguradores se ve afectada, ya que la evaluación de resultados ante el público se efectúa muchas veces a priori y de manera ineficaz. En ese sentido, la inconsecuente multiplicación de cárceles, los considerables gastos en materiales de seguridad y el opaco control externo sobre las agencias de este ramo, entre otros ejemplos, son poco cuestionados o profundamente desconocidos por el usuario/contribuyente medio. De hecho, algunos de esos ejemplos son interpretados como «señales del combate a los males que acechan a la convivencia» ( ‍Palidda, Salvatore. 2008. «La revolución policial», en L. Puente Aba (dir.), M. Zapico Barbeito y L. Rodrigues Moro (coords.), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos de la política criminal. Granada: Comares.Palidda, 2008: 61), es decir, son esfuerzos que demostrarían el aumento correcto de la cobertura de seguridad ante determinados riesgos.

En los estudios de aseguración, Thierry Balzacq ( ‍Balzacq, Thierry (ed.). 2011. Securitization theory: how security problems emerge and dissolve. London: Routledge.2011) infiere que este proceso se basa en un «qué», para ofrecer un mapa del mundo social; un «quién», relativo a posiciones de poder y agentes envueltos, y un «cómo», que se refiere a artefactos heurísticos y al encuadramiento de fenómenos para la aseguración. De forma parecida, aquí se postulan las bases que conforman nuestro modelo teórico de la aseguración en la seguridad de ámbito ciudadano. Estas bases se resumen en la figura 2 y son los puntos que fueron tratados hasta ahora: las sociedades de gestión del riesgo, las redes incrementales de seguridad y la interrelación entre seguridad, riesgo y tolerancia.

Expuestas las bases, también es importante inferir las posibilidades y los límites de aquellas para analizar la asimilación de nuevos riesgos en la seguridad ciudadana. En la primera base, el riesgo fáctico/construido debería presentar un coste/beneficio asimilable por las políticas. Por ejemplo, unos elevados costes de movilización de la máquina pública y devastadores efectos colaterales desestimularían su tratamiento. Por otro lado, esos efectos colaterales devastadores tendrían que ser compensados restringiendo el número de los destinatarios, algo muy contrario a los ideales democráticos, pero que se observa, de cierto modo, en la guerra contra las drogas en América. En la segunda base, el riesgo necesitaría movilizar vínculos de las redes de seguridad sin alterar demasiado las prácticas incrementales. Por más que se produzcan efectos colaterales abruptos, como la interrupción de libertades políticas, el tratamiento de riesgos sería procesado de forma consonante con las prácticas de los actores de la seguridad, ya que la expertise y discrecionalidad institucional importan en este campo. Por último, en la tercera base, el nivel del riesgo tendría que ser analizado junto a los niveles de seguridad y tolerancia, además de ser personificado y poseer destinatarios específicos en la aseguración. Los riesgos fácticos/construidos hacia grupos minoritarios, pero que despiertan una atención generalizada en la sociedad, o los riesgos con origen en la naturaleza y en la tecnología, pero que contienen acciones humanas, como los ciberataques y las insurrecciones por disputas ambientales, son algunos ejemplos con potencial de encaje en esta base.

Por otro lado, es necesario reconocer la posibilidad del cambio o de una aseguración alternativa frente a las bases del modelo presentado. Por ejemplo, para vencer la inercia incremental de las prácticas de los aseguradores, se necesitaría movilizar vectores o fuerzas tanto dentro como fuera de las redes de seguridad. Las prácticas intersectoriales y de policía comunitaria han intentado movilizar vectores con otros actores e issues, aunque sin escapar de la inercia incremental y con resultados a nivel localizado, ya que solo algunas redes de seguridad local suelen ser más permeables a la participación ciudadana ( ‍Dammert, Lucía. 2014. «Dos décadas de reformas policiales en América Latina. Lecciones y desafíos», en G. Maihold y R. Córdova Macías (coords.), Violencia, delincuencia y seguridad pública en América Latina. Ciudad de México: Editorial Cenzontle.Dammert, 2014). Otra opción sería cambiar la correspondencia entre los polos fáctico/construido de determinado riesgo, lo que rescata la citada cuestión discursiva y comunicativa en la política. Al mismo tiempo, la tolerancia hacia riesgos por parte de la ciudadanía puede inhibir la aseguración ante un riesgo. Esto nos permite retomar la idea ya mencionada de resiliencia que, en línea con estudiosos como Philippe Borbeau y Juha Viori ( ‍Bourbeau, Philippe y Juha Vuori. 2015. «Security, resilience, and desecuritization: Multidirectional moves and dynamic», Critical Studies on Security, 3 (3): 253-‍268. Disponible en: https://doi.org/10.1080/21624887.2015.1111095.2015), señala el papel de la resistencia/contestación contra medidas de aseguración, así como el mecanismo de fading away o desvanecimiento de ciertas amenazas, sea por contingencia o porque no se pueden concentrar los mismos esfuerzos políticos indefinidamente.

Finalmente, en escenarios prospectivos, los riesgos también pueden fomentar una aseguración muy distinta a las bases propuestas. En situaciones de emergencia extrema, como en la degradación medioambiental aguda, situada fuera del área de tolerancia a riesgos, se contemplan posibilidades que escapan al modelo teórico presentado. Estas posibilidades incluyen la fragmentación de las redes, la autoorganización colectiva, los regímenes de excepción y la «refundación del orden» social, entre otras. Como ha indicado Michael Williams ( ‍Williams, Michael C. 2015. «Securitization as political theory: The politics of the extraordinary», International Relations, 29 (1): 114-‍120. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0047117814526606c.2015), en cualquier caso subyace el corolario de una aseguración que entremezcla, reproduce, congrega y contrapone elementos positivos (en el sentido de establecer una inferencia de movilización horizontal, consenso más extensivo y replanteamiento democrático) y negativos (donde la aseguración amplía canales coercitivos excluyentes, con destinatarios positivos limitados y efectos colaterales a larga escala).

Una vez expuestas brevemente las bases y las posibilidades dentro y fuera del modelo de aseguración, cabe analizar las principales consecuencias sociopolíticas de dicho fenómeno para las sociedades aseguradas.

Redefinición de los poderes controladores[Subir]

La primera consecuencia de la aseguración se refiere, naturalmente, a la expansión de la lista de objetos y temas para la seguridad. A ese respecto, una característica importante es la intensificación de los «poderes controladores». Estos se refieren a la idea básica de control social, implícito y explícito, que huye de una simple relación entre asegurador y asegurado, y consiste en la capacidad de regulación y redefinición de sujetos en la vida política cotidiana. En ese sentido, teóricos como Pablo Esteban Rodríguez ( ‍Rodríguez, P. E. (2008). «¿Qué son las sociedades de control?», Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 27: 177-‍192.2008) recurren a una generación de pensadores como David Lyon, Frank Webster y Kevin Robbins para afirmar que, en las últimas décadas, el control social se efectúa más allá de la disciplina social y de la biopolítica, extendiendo la visibilidad y las posibilidades sobre las que se erige el control sobre los individuos. Por ejemplo, la expansión de las redes de seguridad, las prácticas de vigilancia masiva incluso fuera del contexto estatal, entre otros, han multiplicado los aspectos de la vida cotidiana que se convierten en objeto potencial del control. Esto incluso se fundamenta en el plano simbólico, comunicativo y material. En comparación a épocas anteriores, actualmente hay una visibilidad menos ligada a un espacio físico que a un espacio virtual más amplio. La burocracia se ha hecho más flexible y el control se ejerce de «manera discreta y hasta voluntaria por sus usuarios/víctimas» ( ‍Rodríguez, P. E. (2008). «¿Qué son las sociedades de control?», Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 27: 177-‍192.Rodríguez, 2008: 2).

La expansión de los poderes controladores más allá de la biopolítica se debe a que las instituciones disciplinarias –como la familia, la fábrica, la escuela, entre otras– han cambiado sus roles tradicionales. En la actualidad, el «desarraigo de millones de individuos, la erosión del modelo de Estado del bienestar y el quiebre del anhelo del gobierno hacia la felicidad» ( ‍Palidda, Salvatore. 2008. «La revolución policial», en L. Puente Aba (dir.), M. Zapico Barbeito y L. Rodrigues Moro (coords.), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos de la política criminal. Granada: Comares.Palidda, 2008: 46-‍49), sumados al intento de gestión de riesgos, convierten en un objetivo primordial la flexibilización de los poderes controladores. Nuestra propuesta es que, si la seguridad busca una previsibilidad para actuar en una realidad social cambiante, ella necesita readaptarse continuamente. La búsqueda de seguridad, por consiguiente, lleva a readaptar de antemano el alcance del control social. Para ello, una clave consiste en la modulación del miedo ante riesgos nuevos o antiguos, como la violencia, la pobreza y el desempleo. El miedo es un contenido comunicativo fundamental a disposición de burocracias y medios de información en relación con el tema del control, siendo «la fuerza primaria e inmediata que crea y mantiene nuevas segmentaciones» ( ‍Hardt, Michael y Antonio Negri. 2002. Imperio. Barcelona: Paidós Ibérica.Hardt y Negri, 2002: 310). Para ello, el miedo participa en la representación de riesgos y en la exclusión de grupos a través de muros físicos y simbólicos, algo que se verifica desde la separación y castigo en la cuestión carcelaria ( ‍Wacquant, Loïc. 2000. Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.Wacquant, 2000) hasta la individualización y atomización que pautan las relaciones sociales contemporáneas ( ‍Furedi, Frank. 2006. Culture of fear revisited: Risk-taking and the morality of low expectation. New York: Continuum.Furedi, 2006;  ‍Simon, Jonathan. 2011. Gobernar a través del Delito. Victoria Boschiroli (trad.). Barcelona: Gedisa.Simon, 2011). El miedo, en sus distintas facetas, resurge, así, como un elemento inseparable de la regulación de sujetos en las sociedades del control ( ‍Deleuze, Gilles. 1995. «Postscript on control societies». Negotiations, 1972-1990: 177-‍182.Deleuze, 1995).

En síntesis, la primera consecuencia de la aseguración, a parte de la propia expansión de prácticas relacionadas con la seguridad, es el crecimiento y readaptación de los poderes controladores que regulan la vida cotidiana. En tales cambios, la centralidad de discursos del miedo contribuye a la propagación de segmentaciones y exclusiones en el tejido social. Además, dicha expansión y redefinición expresa un movimiento internacional cada vez más común en el ámbito de la seguridad ciudadana. Este movimiento se extendería a todo el mundo, pese a las diferencias económicas, culturales y sociales para confeccionar y tratar riesgos ( ‍Stuntz, William J. 2006. The political constitution of criminal Justice. Cambridge: Harvard Law Press.Stuntz, 2006;  ‍Biswas, Shampa y Sheila Nair (eds.). 2010. International relations and states of exception: margins, peripheries, and excluded bodies. London: Routledge.Biswaz y Nair, 2010). Prueba de ello, dentro de los poderes controladores, surge en ámbitos que definen y retroalimentan las prácticas de seguridad: la criminología y el derecho penal.