La igualdad de género ha sido definida por organismos internacionales como una situación en la que mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos, responsabilidades, oportunidades y acceso a los recursos. Sin embargo, en el terreno político y normativo, el término “igualdad de género” opera como un significante vacío (Verloo, 2007), es decir, como un concepto polisémico y políticamente disputado cuyo significado no está fijado de antemano, sino que es continuamente “llenado” y resignificado por actores rivales en función de sus posiciones ideológicas y normativas, atribuyéndole significados, problemas y soluciones diferentes —incluso contradictorias (Verloo & Lombardo, 2007). En este sentido, la igualdad de género y el feminismo pueden considerarse como espacios discursivos en disputa en los que compiten marcos cognitivos que buscan llenar ese significante con interpretaciones específicas sobre la justicia de género, los sujetos protegidos y los límites legítimos de la intervención estatal. En el contexto parlamentario estas tensiones se vuelven especialmente visibles, ya que los actores políticos movilizan sus marcos cognitivos y estrategias discursivas para fijar el significado legítimo de la igualdad de género, convirtiéndola en un eje central de conflicto político (Verloo & Maloutas, 2005; Walby, 2005). La literatura ha subrayado que los parlamentos constituyen arenas discursivas centrales en las que se definen los términos legítimos del debate público y se estabilizan —o disputan— significados normativos en torno al género. Desde los primeros estudios sobre las prácticas lingüísticas y las dinámicas de género (Shaw, 2002), hasta el desarrollo del análisis crítico de marcos en el ámbito de las políticas de igualdad (Verloo, 2005, 2007; Lombardo & Verloo, 2007), el análisis de los discursos parlamentarios resulta clave para comprender quién habla, desde qué posiciones y con qué efectos, así como para identificar los marcos cognitivos a través de los cuales se construyen y problematizan cuestiones como la igualdad de género y la violencia contra las mujeres (Schäfer, 2012; Sarfo-Kantankah, 2021).

En los últimos años, esta disputa por el significado de la igualdad de género se ha intensificado en el espacio público y político con el auge de la cuarta ola feminista, que ha situado temas como el consentimiento, la credibilidad de las víctimas o la violencia sexual como problemas específicos y normativamente cargados (Cobo, 2019; Cochrane, 2013). En el caso español, estas controversias no se han limitado a desacuerdos técnicos o jurídicos, sino que han dado lugar a enfrentamientos discursivos que han generado altos niveles de polarización, particularmente en como definir la violencia sexual contra las mujeres, a quién corresponde proteger y qué tipo de intervención estatal resulta legítima. Como resultado, la violencia sexual contra las mujeres ha emergido como uno de los ejes principales de antagonismo parlamentario, estructurando posiciones enfrentadas entre los partidos políticos (García-Mingo et al., 2022).

Si bien existe una línea de investigación consolidada sobre el análisis de las discusiones parlamentarias en torno a las políticas de igualdad de género (Verloo, 2005, 2007; Verloo & Lombardo, 2007; Schäfer, 2012; Giesen, 2023; Sarfo-Kantankah, 2022; Windsor et al., 2022), gran parte de estos estudios se han centrado en debates amplios sobre igualdad, derechos o mainstreaming de género, prestando menos atención a cómo se construyen discursivamente problemas específicos como la violencia sexual dentro del campo parlamentario. En esta línea, diversos estudios han analizado el papel de los medios de comunicación y de otros actores sociales en la articulación de los discursos sobre violencia sexual (Ehrlich, 2002; Anderson & Doherty, 2007; Iverson, 2006, 2015; Almanssori & Stanley, 2022; Skjelsbæk, 2006), pero persisten vacíos en relación con el ámbito parlamentario, en particular, en lo que respecta a qué marcos cognitivos logran imponerse en las discusiones legislativassobre violencia sexual y qué actores políticos desempeñan un papel central en la producción de esos significados durante el proceso de elaboración de políticas públicas.

A partir de este marco teórico, el artículo plantea contestar cómo se disputa el significado de la igualdad de género y de la violencia sexual en el debate parlamentario en torno a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como “Ley del Solo Sí es Sí”), y qué actores y marcos cognitivos estructuran dicha disputa. Partimos de la hipótesis de que los parlamentos son espacios privilegiados para la visibilización y confrontación de marcos cognitivos en conflicto, en el que distintos actores políticos compiten por fijar el significado legítimo de la igualdad de género. En este contexto, se espera que los marcos favorables a la ley se articulen en torno a redes discursivas más densas y compartidas, mientras que los marcos críticos —especialmente aquellos movilizados por actores anti-género— presenten una mayor fragmentación y aislamiento.

Para abordar esta pregunta, el artículo adopta una aproximación metodológica mixta que combina el análisis temático inductivo con técnicas de análisis de redes discursivas (Leifeld, 2016). Concretamente se analizan las intervenciones parlamentarias realizadas durante la tramitación inicial de la Ley de Libertad Sexual, con el objetivo de identificar los marcos cognitivos utilizados para apoyar o rechazar el proyecto, mapear los significados normativos asociados a la igualdad de género y la violencia sexual, y examinar la estructura relacional del debate, esto es, las alianzas discursivas, los puntos de centralidad y las dinámicas de antagonismo entre los actores parlamentarios.

A través del uso combinado de codificación temática inductiva y algoritmos de análisis de redes, el estudio permite ir más allá de la identificación de los temas centrales del debate —como la violencia contra las mujeres, la desigualdad o el consentimiento—, para analizar cómo estos marcos se distribuyen entre los partidos, qué actores los articulan de manera central y en qué medida generan consensos o polarización. Los principales hallazgos revelan una división en tres dimensiones analíticas —democrática, jurídica y cultural-ideológica— asociadas a distintos grados de centralidad, cohesión y aislamiento de los actores, con el bloque gubernamental concentrando los marcos democráticos, Vox articulando de forma exclusiva los marcos anti-género y el Partido Popular (PP) ocupando una posición intermedia, vinculada principalmente a marcos técnico-jurídicos. Los resultados indican que determinados marcos adquieren centralidad no por su uso compartido, sino por su capacidad para estructurar relaciones de confrontación entre actores, estructurando el debate parlamentario.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: en la primera sección contextualizamos el debate abordando la violencia de género como issue político, así como el proceso legislativo que dio lugar a la Ley de Libertad Sexual. En segundo lugar, revisamos la literatura sobre discursos parlamentarios con perspectiva de género, prestando atención a los estudios sobre actores anti-género. La tercera sección desarrolla nuestra estrategia metodológica, que combina codificación temática inductiva y análisis de redes. En la cuarta sección se presentan los resultados empíricos y el análisis relacional de la red discursiva. Finalmente, el artículo concluye con una reflexión sobre los aportes del estudio al campo del análisis del discurso político, la disputa en torno a la igualdad de género y la comprensión de las dinámicas partidistas y estratégicas que modelan la producción normativa en contextos polarizados.

En las últimas décadas, el feminismo ha incrementado de forma notable su visibilidad y centralidad en el debate público y político, en un contexto marcado por la expansión de las tecnologías digitales, que han facilitado la producción, circulación y apropiación de discursos feministas más allá de los espacios tradicionales del activismo organizado (Rothermel, 2020). Estas dinámicas han contribuido a la articulación de redes transnacionales en torno a demandas de igualdad de género y a la formulación de la violencia contra las mujeres como un problema público prioritario, reforzando la demanda de políticas públicas y marcos legislativos específicos para su abordaje (Horeck, 2014; Mendes et al., 2019; Sola-Morales & Zurbano-Berenguer, 2020). Esta ampliación del campo de resonancia del feminismo y su creciente presencia en la esfera pública no solo ha ampliado los márgenes de movilización social, sino que ha intensificado los conflictos discursivos en torno al significado de la igualdad de género y a las formas legítimas de intervención estatal, situando estas cuestiones en el centro de la competencia política.

Así, la creciente centralidad del feminismo en el debate público ha ido acompañada de una mayor visibilidad de discursos contrarios a la igualdad de género, que se articulan en distintos espacios de las esferas mediática, social y política (Banet-Weiser, 2018). Diversos estudios subrayan que los conflictos en torno al género forman parte de disputas ideológicas persistentes, en las que los actores conservadores y reaccionarios han cuestionado históricamente la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas (Kantola & Lombardo, 2017a, 2017b, 2019, 2021), adoptando un conjunto de marcos normativos, repertorios discursivos y estrategias institucionales orientadas a resistir, redefinir o limitar los avances legislativos en materia de derechos de género y LGBTI (Lombardo et al., 2025; Caravantes et al., 2025).

Desde el punto de vista institucional, los partidos de derecha radical han adquirido un papel central en la articulación de estos marcos dentro del campo parlamentario, operando como actores discursivos anti-género que estructuran su antagonismo en torno a las interpretaciones feministas de la igualdad y la justicia de género. La investigación feminista ha subrayado que las cuestiones de género no ocupan una posición marginal para el proyecto político de la derecha radical, sino que constituyen un frente prioritario de disputa ideológica, especialmente en el contexto de agendas populistas y reaccionarias (Köttig et al., 2017; Mayer & Sauer, 2017; Kantola & Lombardo, 2019; Dietze, 2022; Spierings & Zaslove, 2015, 2017; Caravantes, 2019). En el caso español, el ascenso de Vox se ha acompañado de la consolidación de un discurso parlamentario explícitamente anti-género, que no se limita a oponerse a políticas feministas concretas, sino que cuestiona de manera sistemática los fundamentos normativos de la igualdad de género, convirtiéndolos en un eje estructurante de su programa político (Cabeza et al., 2023; Rebollo-Bueno, 2024; Lombardo et al., 2025).

En este escenario de disputa persistente, la violencia sexual contra las mujeres se ha configurado como uno de los puntos calientes del conflicto político en torno a la igualdad de género (Cobo, 2019; García Mingo et al., 2022). Más allá de su creciente visibilidad social y mediática, la violencia sexual ha adquirido el estatus de issue estructurante en la agenda pública, obligando a los actores parlamentarios a definir y confrontar posiciones normativas explícitas sobre el consentimiento, la respuesta penal y el papel del Estado. La aplicación retroactiva de penas más favorables tras la entrada en vigor de la ley introdujo un nuevo eje de controversia, que fue discursivamente movilizado por actores de la derecha para cuestionar la legitimidad de la reforma y, más ampliamente, del feminismo institucional (Faraldo, 2023). Tal como subraya esta autora, estos efectos jurídicos no previstos no solo generaron un debate técnico sobre la política criminal, sino que fueron incorporados a estrategias de deslegitimación que presentaban las políticas feministas como irresponsables, punitivamente ineficaces o socialmente dañinas. En consecuencia, propuestas legislativas como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se sitúan en el cruce de procesos de institucionalización de demandas feministas y de dinámicas de competencia ideológica, revelandodivisiones entre bloques partidistas, fracturas internas y dinámicas de reposicionamiento discursivo dentro de los propios actores políticos. Desde esta perspectiva, el análisis de las discusiones parlamentarias permite comprender estas arenas legislativas como espacios simbólicos de confrontación, en los que se negocian los significados de lo que es considerado legítimo, justo o amenazante en relación con la violencia sexual.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la Ley del “Solo Sí es Sí”, se inscribe en un proceso político que se inicia tras el caso de “La Manada” en los Sanfermines de 2016, cuya sentencia —que calificó los hechos como abuso sexual y no como agresión— desencadenó una amplia movilización feminista y un intenso debate público en torno al consentimiento sexual y la respuesta penal del Estado. Este episodio marcó un punto de inflexión en la problematización del consentimiento como eje central de la tipificación de los delitos sexuales y en la demanda de una reforma legislativa que situara la autonomía sexual en el centro del marco normativo. En una primera fase, estas demandas se tradujeron en iniciativas legislativas parciales. En julio de 2018, el grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una proposición de ley para introducir una figura penal específica para las agresiones sexuales grupales, que no llegó a prosperar. El impulso decisivo se produjo tras la formación del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019, cuando el acuerdo de investidura incorporó expresamente el principio de “solo sí es sí” y el compromiso de reformar el Código Penal conforme a las directrices del Convenio de Estambul, apostando por una ley integral que abordara la violencia sexual desde una perspectiva amplia de prevención, atención, protección y reparación a las víctimas. El proceso legislativose desarrolló entre 2020 y 2022 y estuvo marcado por controversias técnicas y normativas que alimentaron el conflicto político. El primer anteproyecto aprobado por el Consejo de ministros en marzo de 2020 propuso unificar en una sola figura los delitos de abuso y agresión sexual, eliminar el requisito de violencia o intimidación, e introducir nuevas figuras penales como el acoso callejero. El segundo borrador, presentado por el Ministerio de Igualdad en diciembre de 2020, amplió el alcance de la ley hacia la protección de la infancia e incorporó medidas como la sanción de la tercería locativa —el alquiler de locales utilizados para la explotación sexual ajena. El informe crítico del Consejo General del Poder Judicial en marzo de 2021— aunque no vinculante, —actuó como catalizador de la disputa, dando lugar a ajustes técnicos en la definición del consentimiento y en los límites máximos de las penas. El proyecto definitivo fue remitido al Parlamento en julio de 2021, iniciándose formalmente el debate legislativo que culminó con la aprobación de la ley el 25 de agosto de 2022, y su entrada en vigor el 7 de octubre del mismo año.

Sin embargo, la aplicación de la ley generó efectos jurídicos no previstos, en particular la revisión a la baja de condenas por delitos sexuales ante la ausencia de una disposición transitoria específica. Esta situación desencadenó una crisis política que derivó en una reforma parcial de la ley en 2023, impulsada por el PSOE sin el apoyo de Unidas Podemos y aprobada en abril de 2023 con el apoyo del PP. La reintroducción de un subtipo agravado por violencia o intimidación, sin alterar la definición de consentimiento, reactivó el conflicto político y mantuvo la ley en el centro del debate público.

A lo largo de este proceso, la ley del Solo Sí es Sí ha operado como un marco normativo altamente polarizador, en torno al cual se han activado alineamientos y antagonismos partidistas sobre cuestiones centrales como la definición del consentimiento, el alcance del punitivismo penal, y el papel del Estado frente a la violencia sexual. Este recorrido convierte al debate parlamentario en un espacio privilegiado para analizar la disputa discursiva en torno a la igualdad de género, así como la articulación de marcos cognitivos y las estrategias discursivas de legitimación, impugnación y reposicionamiento político desplegadas por los distintos actores parlamentarios en torno a la violencia sexual.

La literatura centrada en la disputa discursiva en torno a los marcos de género en el ámbito parlamentario ha mostrado que no existe un consenso compartido sobre qué se entiende por igualdad, ni sobre los problemas que pretende resolver o las soluciones legítimas para alcanzarla. A partir de la primera década de los 2000, la investigación feminista interesada por el ámbito legislativo dio un giro hacia el estudio de las estructuras de significado mediante el análisis crítico de marcos (Critical Frame Analysis, CFA) para mapear visiones en competencia sobre la igualdad de género en las políticas públicas. Los trabajos pioneros de Verloo (2005, 2007) dentro del marco del proyecto MAGEEQ desarrollan una herramienta conceptual y metodológica para capturar estas disputas y examinar las inconsistencias discursivas en las políticas de género desde una perspectiva comparada en el ámbito europeo. A partir de la descomposición de los marcos de política en dimensiones como el diagnóstico del problema (diagnosis), las soluciones propuestas (prognosis), la atribución de responsabilidades, la identificación de las voces legitimadas para hablar y el súper-texto normativo que orienta la intervención pública; las investigaciones encuentran que las divergencias en la implementación de las políticas de igualdad derivan de conflictos en torno alsignificado mismo de la igualdad de género, y no únicamente de obstáculos institucionales. Verloo (2005) muestra que, con frecuencia, las políticas de igualdad tienden a ser enmarcadas en términos de eficiencia económica, modernización o competitividad —el denominado business case—, lo que permite ampliar apoyos políticos, pero sacrifica el potencial transformador de la igualdad como proyecto de justicia social. Según la autora, estas dinámicas no son meramente técnicas, sino profundamente políticas, ya que afectan a la atribución de responsabilidades, a la definición de los sujetos de la igualdad y a la jerarquización de los objetivos de política pública (Verloo 2005, 2007).

También la violencia de género constituye un campo privilegiado de disputa discursiva en el que se confrontan interpretaciones divergentes sobre el diagnóstico del problema, las soluciones legítimas, la atribución de responsabilidades y el papel del Estado. El trabajo de Giesen (2023), quien integra el análisis de marcos cognitivos con el análisis discursivo de redes (Discourse Network Analysis, DNA), analiza cómo normas internacionales contra la violencia de género, como la Convención de Estambul en el contexto europeo, son traducidas y resignificadas en las políticas domésticas a través de procesos de framing. Esta aproximación permite no solo identificar los marcos dominantes en torno a la violencia de género, sino también analizar cómo circulan, se refuerzan o se oponen entre distintas arenas institucionales, permitiendo identificar las coaliciones de actores que los articulan y las configuraciones relacionales que facilitan su difusión o bloqueo. El estudio identifica una competencia recurrente entre un marco de “igualdad de género”, que concibe la violencia de género como un fenómeno estructural vinculado a relaciones de poder y desigualdad, y un marco de “derecho penal”, que la aborda principalmente como un problema individual e interpersonal, centrado en la tipificación del delito y la sanción. En esta misma línea, Wilson-McDonald (2023) muestra cómo los debates parlamentarios eslovacos sobre la violencia contra las mujeres responden directamente a la presión de la movilización feminista, utilizando marcos explícitos de igualdad de género como puntos de fricción.

Este énfasis en la competencia entre marcos se ve reforzado por trabajos como el de Schäfer (2012), que analiza los marcos cognitivos en torno a la violencia de pareja e intrafamiliar en la elaboración de políticas públicas en la Unión Europea y muestra que la violencia funciona como un issue altamente polarizador en el que se enfrentan proyectos normativos alternativos. En su estudio, Schäfer integra el Advocacy Coalition Framework con el análisis de marcos, lo que le permite examinar cómo distintas coaliciones discursivas operan en el proceso de formulación normativa. El trabajo compara la influencia de dos grandes tipos de marcos normativos: por un lado, aquellos que entienden la violencia desde una lógica cultural o familiar, y por otro, los que la abordan desde una perspectiva de poder de género (gender-power framing). En la misma línea, el trabajo de Sarfo-Kantankah (2021) basado en un enfoque corpus-based para examinar el framing de la violencia de género en los debates parlamentarios en Ghana, refuerza la idea de que los debates parlamentarios reflejan marcos normativos más amplios sobre género, ciudadanía y poder. Mediante herramientas de análisis de concordancias y colocaciones léxicas, muestra que las mujeres tienden a ser representadas como sujetos vulnerablesque requieren empoderamiento, mientras que los hombres aparecen asociados a la autoridad, la fuerza y la provisión económica, demostrando que estas construcciones discursivas están mediadas por normas socioculturales específicas.

Junto a los marcos orientados a la expansión de derechos, en los estudios más recientes sobre debates parlamentarios y género, ha comenzado a documentarse el auge de repertorios discursivos anti-género, especialmente en países de Europa Central y del Este. Estos trabajos comparten la idea de que el anti-género constituye un conjunto de marcos normativos coherentes que disputan activamente el significado de la igualdad de género en el ámbito parlamentario. Investigaciones en Eslovaquia (Wilson-McDonald, 2023; Zvada, 2022), Hungría (Annus, 2014) y Rumanía (Norocel & Pettersson, 2023) muestran cómo los discursos parlamentarios se articulan en torno a marcos normativos conservadores que resignifican la igualdad de género y la vinculan a agendas más amplias de movilización euroescéptica, nacionalismo soberanista y valores cristiano-patriarcales. En estos contextos, el conflicto no se expresa únicamente en términos de política de género, sino como parte de disputas más amplias sobre soberanía, identidad nacional y orden moral.

En esta línea, Graff y Korolczuk (2022) muestran cómo el término género ha sido capturado y demonizado por actores conservadores y de derecha radical, convirtiéndolo en un significante “enemigo” asociado a élites corruptas, imposiciones externas y amenazas al orden social. La retórica anti-género opera como una herramienta de polarización política, orientada a deslegitimar proyectos igualitarios presentándolos como antipopulares o antidemocráticos. Por su parte, Norocel y Pettersson (2025) analizan las narrativas antigénero en los parlamentos de Finlandia y Rumanía, centrándose en los debates sobre igualdad matrimonial y revelando cómo estas resistencias discursivas se insertan en una gramática política más amplia de reacción cultural y rechazo a los derechos sexuales y reproductivos. Su comparación muestra cómo los marcos anti-género se adaptan a legados históricos y religiosos locales —luteranismo en Finlandia y ortodoxia en Rumanía— para socavar valores liberales, presentando cuestiones como el matrimonio igualitario como presagios de colapso social en torno a la familia heteronormativa nuclear y la figura del niño en peligro.

Desde una perspectiva similar, aunque centrada explícitamente en dinámicas iliberales, Zvada (2022) identifica narrativas anti-género en el parlamento eslovaco donde el discurso se articula en torno a valores como la fe cristiana y la soberanía nacional, que operan como ejes de legitimación del rechazo a las políticas de género. En este caso, el Convenio de Estambul es utilizado como herramienta euroescéptica y la redefinición de la seguridad y los derechos humanos se produce a través del mainstreaming de la familia. Otros estudios han profundizado en los contenidos normativos específicos que estructuran estos marcos anti-género. Annus (2014), a partir del análisis de los debates parlamentarios húngaros sobre violencia doméstica, identifica la construcción de una “feminidad adecuada” basada en la maternidad sagrada, el nacionalismo étnico y la biopolítica, evidenciando cómo estos marcos se encuentran profundamente enraizados en ideologías cristiano-patriarcales tradicionales y culpabilizan la emancipación femenina de problemáticas sociales más amplias.

Más allá de los contenidos morales tradicionales, la literatura también ha mostrado la capacidad adaptativa del discurso anti-género. Juroš et al. (2020) demuestran cómo los activistas anti-género en Croacia lograron desplazar consensos progresistas apropiándose estratégicamente de marcos de derechos humanos, democracia y evidencia científica, abandonando explícitamente discursos morales tradicionales para ganar legitimidad pública. McEwen y Narayanaswamy (2023) documentan la profesionalización del discurso anti-género a través de think tanks que imitan el rigor académico y utilizan el lenguaje de la ONU y del desarrollo sostenible para legitimar agendas excluyentes. Desperak (2023) amplía este enfoque al analizar redes transnacionales, estrategias de propaganda y la denominada “estrategia del camaleón”, mostrando cómo actores anti-género operan como fachadas de sociedad civil y contribuyen a procesos de des-democratización. En esta misma línea, Karlberg et al. (2025) conceptualizan la política anti-género como una forma de des-democratización, incluso en contextos considerados líderes en igualdad como Suecia, donde estos marcos se vinculan a la normalización de la exclusión y la violencia política contra grupos ya marginados.

Frente a la consolidación de marcos anti-género y a las dinámicas de polarización impulsadas por la derecha radical, una parte creciente de la literatura ha comenzado a analizar las respuestas feministas en el ámbito parlamentario, poniendo el foco en la defensa de la igualdad de género como proyecto democrático transformador. El trabajo de Caravantes et al. (2025) analiza de forma sistemática las estrategias parlamentarias feministas desplegadas para responder a la oposición de la derecha radical contra la igualdad de género. A partir del estudio de debates legislativos, muestran que las respuestas feministas tienden a articularse a través de dos mecanismos principales: la construcción de coaliciones parlamentarias amplias, que buscan aislar discursivamente a los actores anti-género, y la institucionalización de las demandas feministas mediante su anclaje en normas, procedimientos y compromisos legales que refuerzan su estabilidad frente a intentos de reversión; mientras que los actores anti-género recurren de manera estratégica a la polarización discursiva para desplazar los debates sobre igualdad fuera del núcleo parlamentario y trasladarlos hacia espacios informales —medios de comunicación, redes sociales o campañas simbólicas— donde el conflicto puede intensificarse y desanclarse de los marcos deliberativos institucionales.

Estas investigaciones ilustran la dimensión performativa y estratégica del discurso parlamentario como una arena privilegiada para observar los procesos de resignificación normativa en torno al género, y subrayan la importancia de estudiar las configuraciones retóricas y coaliciones ideológicas que emergen en contextos institucionales de creciente polarización. En coherencia con este enfoque, este estudio parte de una concepción relacional del discurso parlamentario, entendiendo que los significados normativos se construyen, disputan y estabilizan a través de la interacción entre actores. Los marcos cognitivos se definen como esquemas de interpretación compartidos individual y colectivamente, que permiten a los actores políticos identificar problemas sociales, atribuir responsabilidades y vincular dichos problemas con soluciones institucionales (Snow and Benford, 1988; Rein and Schön, 1993). Estos emergen y se articulan en redes discursivas que permiten a los actores legitimar sus ideas normativas y dotarlas de coherencia política (Giesen, 2023). Explorar la naturaleza relacional del proceso de enmarque es central para entender cómo los discursos parlamentarios contribuyen a dar forma a las leyes y políticas públicas.

Siguiendo a Giesen (2023), este artículo adopta un diseño metodológico mixto que combina el análisis de framing mediante análisis temático inductivo (Braun y Clarke; 2006) con técnicas de análisis de redes (Borgatti et al., 2022), dando lugar a un análisis de redes discursivas (Leifeld, 2016; 2020). Esta combinación permite ir más allá de aproximaciones puramente cualitativas o estructurales, al integrar el análisis del contenido normativo de los marcos con el estudio de su distribución relacional entre actores políticos. Explorar los procesos de encuadre en red nos ofrece dos ventajas fundamentales. En primer lugar, permite analizar empíricamente la interacción agencia-estructura, ya que los actores políticos emergen como agentes relevantes a través del uso político de determinados significados normativos. En segundo lugar, posibilita examinar la densidad, conexión y coexistencia de marcos múltiples, poniendo de relieve la idea de que diferentes actores pueden movilizar interpretaciones divergentes de una misma realidad social (Verloo, 2007; Lombardo et al, 2009).

Para la identificación de los marcos cognitivos se empleó el análisis temático inductivo, definido como un método sistemático para identificar y analizar patrones de significado en conjuntos de datos textuales (Braun y Clarke, 2006). El análisis temático se considera un proceso orgánico y reflexivo, orientado a “ver” y “dar sentido” a material discursivo aparentemente no relacionado. El procedimiento implicó un proceso iterativo de identificación de marcos, de codificación y la elaboración de un libro de códigos, que permite capturar tanto contenido manifiesto (directamente observable) como contenido latente (subyacente o inferido). Los códigos se desarrollan de forma inductiva a partir de la lectura sistemática del corpus, sin categorías predefinidas, y consisten en palabras o expresiones breves que asignan simbólicamente un “atributo evocador y/o cautivador de esencia” del significado capturado (Saldaña, 2021). El objetivo final de este proceso de codificación inductiva es identificar un conjunto saturado de temas, de modo que análisis posteriores no generan nuevos códigos relevantes.

A partir del proceso de codificación inductiva, los marcos cognitivos identificados fueron organizados analíticamente en tres dimensiones, democrática, jurídica y cultural-ideológica, derivadas directamente del marco teórico desarrollado en la sección anterior. La dimensión democrática agrupa aquellos marcos que conciben la igualdad de género y la lucha contra la violencia sexual como un proyecto de ampliación de derechos, transformación social y profundización democrática, enfatizando el papel del Estado y de las instituciones representativas en su garantía. La dimensión jurídica reúne los marcos centrados en la definición del consentimiento, la tipificación penal, las garantías procesales y la coherencia normativa, incluyendo tanto argumentos orientados a la expansión de derechos como críticas jurídicas a la formulación concreta de la norma. Finalmente, la dimensión cultural-ideológica recoge los marcos anti-género que cuestionan la legitimidad misma de las políticas feministas, movilizando repertorios normativos vinculados a la familia, la moral sexual, la soberanía nacional o la deslegitimación de las élites políticas. Esta organización dimensional no responde a una clasificación previa impuesta a los datos, sino a un proceso analítico de segundo orden, mediante el cual los marcos emergentes fueron sistematizados para facilitar el análisis comparado de su distribución, coocurrencia y articulación relacional en el debate parlamentario. La tabla A2 del anexometodológico recoge el libro de códigos desarrollado en el análisis temático, que sistematiza los marcos cognitivos emergentes y su clasificación dimensional y su definición.

La incorporación del análisis de redes al análisis temático permite transformar la identificación cualitativa de marcos cognitivos en una representación relacional y estructurada de las interacciones entre actores políticos y los significados normativos que movilizan en sus discursos. A partir del proceso de codificación inductiva, los marcos cognitivos identificados —ya organizados en las dimensiones democrática, jurídica y cultural-ideológica— se conceptualizan como nodos de una red discursiva, conectados con los actores políticos que los movilizan en sus intervenciones parlamentarias. Este enfoque relacional permite analizar no sólo qué marcos están presentes en el debate, sino cómo se distribuyen entre actores, qué combinaciones de significados coexisten y en qué medida las distintas dimensiones analíticas se solapan o se mantienen separadas en el campo discursivo. Esta red nos permite identificar empíricamente qué marcos presentan mayor densidad —al ser compartidos por múltiples actores— y, por tanto, funcionan como significados normativos más consensuales, así como identificar marcos aislados o periféricos, empleados por un único actor político, lo que evidencia procesos de construcción de significados no compartidos. En conjunto, esta dimensión estructural proporciona una herramienta analítica para explorar patrones de convergencia, disenso y antagonismo en el proceso de enmarque parlamentario, en línea con la literatura que concibe los marcos como productosde interacción y disputa relacional. Para identificar comunidades dentro de la red discursiva, se empleó el algoritmo walktrap (Pons & Latapy, 2005), utilizado en el análisis de redes para detectar estructuras comunitarias. Este algoritmo se basa en la premisa de que las caminatas aleatorias cortas tienden a permanecer dentro de la misma comunidad, ya que los nodos densamente conectados son más accesibles entre sí que desde nodos externos. A partir de esta lógica, el algoritmo agrupa los nodos en comunidades jerárquicas mediante un procedimiento de conglomeración aglomerativa (hierarchical agglomerative clustering). De este modo, el análisis de comunidades permite observar cómo las distintas dimensiones analíticas —democrática, jurídica y cultural-ideológica— tienden a agruparse o a confrontarse en el debate parlamentario.

Para la visualización de las redes discursivas se construyeron gráficos que integran actores políticos (partidos), marcos cognitivos y las conexiones entre ambos, siguiendo enfoques previos que modelizan los debates políticos como redes de oradores y significados mediante métodos basados en grafos (Bansal et al., 2008; Burfoot, 2008; Burford et al., 2015; Chen et al., 2017; Glavaš et al., 2017; Thomas et al., 2012). De manera adicional, se realizó un análisis de redes sociales (SNA, en sus siglas en inglés), para analizar las dinámicas de interacción política e identificar actores centrales en la red discursiva (Borgatti et al., 2022). El análisis de las menciones que aluden explícitamente a otro actor político durante el debate parlamentario de la Ley de Libertad Sexual permite abordar la dimensión estratégica del debate: quien habla a quién, con qué valencia y con qué intensidad. Así, esta parte del análisis parte de la construcción de una red direccional de apelaciones entre partidos, elaborada a partir de la identificación automatizada de menciones cruzadas en las intervenciones parlamentarias, complementada con un análisis de contenido humano que clasifica el tipo deapelación discursiva emitida (valencia): menciones positivas (azul), negativas (rojo), y apelaciones estratégicas para persuadir o modificar la posición o el voto de otros partidos (naranja). El análisis de las métricas de centralidad de la red, agrupadas en torno a las dimensiones clave de prestigio e intermediación (Brin & Page, 1998; Kleinberg, 1999; Hanneman & Riddle, 2005), permite identificar como las interacciones refuerzan, tensionan o amplifican los marcos. Las medidas de prestigio incluyen el degree, la authority y el PageRank, y se centran en la cantidad y calidad de las menciones que recibe un actor por parte de otros nodos influyentes de la red. Las medidas de intermediación —betweenness, hub y closeness— capturan el papel de los partidos como nodos de conexión, evaluando con qué frecuencia un actor actúa como puente entre distintas partes de la red, así como su proximidad promedio al resto de actores. En conjunto, estas métricas permiten construir una imagen más precisa de la posición estructural de cada partido en el debate parlamentario. Al combinar las distintas medidas y calcular el peso promedio global (overall), se incorporan múltiples dimensiones deinfluencia —no sustitutivas entre sí— que reflejan tanto la visibilidad como la capacidad de articulación discursiva de los actores. Para la disposición visual de la red de interacciones, se emplea el algoritmo Fruchterman & Reingold (1991), utilizado en análisis de redes sociales por su capacidad de representar estructuras relacionales complejas de forma intuitiva. Para saber más sobre el algoritmo puede consultar el apartado A3 de anexo metodológico.

El corpus analizado está compuesto por 12 documentos, correspondientes a las intervenciones de los 11 grupos parlamentarios y de la ministra de Igualdad durante el debate de la Ley de Libertad Sexual, celebrado el 14 de octubre de 2021. Cada documento recoge la intervención completa de cada actor político en el debate, constituyendo la unidad básica de análisis discursivo. El corpus (apartado A1 y tabla A1 de los anexos) presenta variaciones sustantivas entre actores en el volumen de texto y extensión total de la intervención. Estas diferencias responden a restricciones institucionales del procedimiento parlamentario, en particular a los tiempos de palabra asignados en función del rol político (por ejemplo, la intervención inicial y de cierre de la ministra) y de la posición de los grupos parlamentarios. Lejos de constituir una limitación metodológica, estas asimetrías forman parte del diseño institucional del debate y resultan analíticamente relevantes, ya que obligan a los actores a priorizar estratégicamente los marcos cognitivos y argumentos que consideran más centrales para defender o impugnar la norma. Desde una perspectiva relacional, el interés del análisis no reside en la comparación directa de frecuencias absolutas de términos entre actores, sino en la identificación de los marcos cognitivos movilizados y en su articulación compartida o excluyente dentro del campo discursivo. En este sentido, la combinación de análisis temático y análisis de redes permitecaptar patrones de convergencia, aislamiento y centralidad discursiva que no dependen exclusivamente del volumen de texto producido, sino de la posición estructural de los actores y de los significados normativos que movilizan. El Anexo A1 y la Tabla A1 ofrecen una descripción detallada del corpus, incluyendo el número de tipos léxicos, tokens y frases por actor político.

En primer lugar, representamos visualmente las relaciones entre actores políticos y significados normativos a través de un sociograma de marcos cognitivos, construido a partir del análisis temático inductivo de las intervenciones parlamentarias (Figura 1). En esta red discursiva, los códigos temáticos se interpretan como nodos que condensan marcos cognitivos y que permiten observar cómo los distintos partidos articulan, comparten o disputan significados normativos en torno a la ley. Con el objetivo de explorar la estructura interna de esta red, agrupamos los marcos cognitivos en comunidades temático-discursivas mediante el algoritmo walktrap (Pons & Latapy, 2005), lo que permite capturar empíricamente la organización relacional del debate. El sociograma visualiza la red entre actores políticos y marcos cognitivos, en la que el tamaño de los nodos indica su frecuencia de uso, y, por tanto, la relevancia y capacidad de determinados marcos para estructurar posiciones partidistas dentro del debate parlamentario; mientras que las conexiones muestran la apropiación discursiva de los significados normativos, identifica constelaciones discursivas y patrones de convergencia y aislamiento entre partidos. La Figura 2 muestra las dinámicas de interacción política (red de menciones) para identificar cómo se construyen las relaciones de afinidad, confrontación y persuasión política en el espacio deliberativo,y cómo estos vínculos refuerzan, tensionan o amplifican los posicionamientos expresados a través de los marcos.

En la red discursiva resultante (Figura 1) identificamos cuatro comunidades temático-discursivas que agrupan a los actores políticos en función de los marcos cognitivos compartidos. La primera y más densa —representada en rojo— se articula en torno a los partidos que componen el gobierno (la ministra, Unidas Podemos y PSOE) junto con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y expresa un respaldo claro al proyecto legislativo mediante marcos normativos centrados en la ampliación de derechos, la justicia de género y el reconocimiento del carácter estructural de la violencia sexual (dimensión democrática). La segunda comunidad —verde— agrupa al Partido Popular (PP) y Ciudadanos, cuyos discursos se estructuran en torno a marcos de carácter jurídico procesal, vinculados al rigor normativo, la seguridad jurídica y las garantías del sistema penal (dimensión jurídica). La tercera comunidad —en naranja— incluye a EH Bildu, Junts y PNV, actores que dieron respaldo legislativo al gobierno de coalición, pero cuyas intervenciones son críticas con algunos elementos de la ley, funcionando como puentes discursivos entre los polos de apoyo y oposición. Por último, la cuarta comunidad —amarillo— contiene a Vox y los significados normativos que introduce en el debate, caracterizados por su aislamiento retórico y por su impugnación sustantiva de los fundamentos normativos del proyecto (dimensión ideológico-cultural). Aunque otros actores se refieren al PP y a Vox como un bloque unitariode oposición (Figura 2), el análisis de los marcos cognitivos movilizados revela diferencias significativas entre ambos: el PP formula una oposición de carácter técnico-jurídico, mientras que Vox despliega una crítica ideológica-cultural que cuestiona la legitimidad misma de las políticas feministas, ilustrando así su carácter de actor anti-género.

En la red discursiva, la dimensión democrática se articula en torno a una constelación de nodos interrelacionados —violencia, desigualdad, feminismo, demanda social, derechos fundamentales, garantizar derechos, reparación— movilizados de forma central por el gobierno —la ministra de Igualdad, Unidas Podemos y el PSOE, y compartidos por ERC y, en menor medida, con los partidos que apoyan al gobierno en la cámara legislativa (EH Bildu, Junts y PNV). El análisis de las interacciones indica que, los actores que articulan esta dimensión, especialmente el Gobierno y los partidos que lo componen —reciben mayoritariamente apelaciones positivas o de respaldo, lo que refuerza su legitimidad normativa y relacional, reforzando el marco democrático del gobierno.

El marco de la violencia constituye el nodo central de la red, siendo el más movilizado en la red discursiva y el que presenta una mayor coincidencia entre actores políticos. Este marco es empleado por la ministra de Igualdad y por los partidos del gobierno para subrayar la necesidad de un pacto social, cultural y judicial orientado a erradicar la normalización de la violencia sexual en la vida cotidiana. Este significado normativo trasciende las divisiones ideológicas, ya que también es activado por EH Bildu, ERC, PDeCAT y PNV para fundamentar su apoyo al proyecto legislativo, mediante el reconocimiento del problema estructural de la violencia sexual contra las mujeres. Incluso Ciudadanos, pese a su oposición al texto, recurre a este marco, lo que confirma su centralidad transversal en el debate.

Estrechamente vinculado al marco de la violencia, emerge el de la desigualdad, movilizado por los partidos del bloque de gobierno y por los actores que respaldan la ley (comunidad roja y naranja). Este marco articula la idea de que la violencia sexual debe entenderse como una manifestación estructural de las desigualdades sociales, económicas y políticas que afectan a las mujeres por razón de género. En sus intervenciones, tanto la ministra Irene Montero como Unidas Podemos profundizan en este significado normativo al vincularlo con la relación asimétrica entre las mujeres y las instituciones, subrayando dinámicas como la revictimización y el cuestionamiento sistemático de la credibilidad de las víctimas de violencia sexual. En esta misma constelación cognitiva se inscriben los marcos del feminismo y de la demanda social, que funcionan como fundamentos normativos de legitimación del proyecto legislativo. A lo largo del debate parlamentario, múltiples actores hacen referencia al movimiento feminista histórico y a sus manifestaciones contemporáneas como motores de cambio normativo e institucional. Se alude explícitamente a movilizaciones como #MeToo o el lema “Yo sí te creo”, que han contribuido a visibilizar la violencia sexual y a denunciar la deslegitimación de las víctimas en casos altamente mediatizados. Estas referencias refuerzan la dimensión democrática del proyecto, al recurrir al marco de la demanda social, entendido como la expresión de un consenso ciudadanoque reclama avances legislativos en materia de igualdad y protección frente a la violencia sexual y situando al feminismo como fuente legítima de conocimiento y acción política en el seno del debate democrático. La dimensión jurídica reúne los marcos cognitivos centrados en el diseño normativo del proyecto, la definición del consentimiento, las garantías procesales y la coherencia del sistema penal. Los partidos que movilizan marcos técnico-procesales —principalmente PP y Ciudadanos— muestran una posición más ambivalente: si bien comparten nodos jurídicos con actores de distintos bloques, concentran un volumen significativo de apelaciones críticas, especialmente el PP, lo que evidencia que la transversalidad de estos marcos no se traduce necesariamente en consenso político, sino que a menudo emergen del conflicto.

En este sentido, el consentimiento opera como un nodo bisagra y articula posiciones divergentes, revelando la heterogeneidad de enfoques jurídicos entre los actores políticos. Para la ministra de Igualdad, Unidas Podemos y el PSOE, el consentimiento afirmativo constituye el eje transformador del nuevo paradigma jurídico, al situar la libertad sexual en el centro de la regulación penal y desvincularla de dinámicas estructurales de miedo, desigualdad y sometimiento. Este marco se articula, además, con el cumplimiento de compromisos internacionales como el Convenio de Estambul, que establece el consentimiento como elemento central en la definición jurídica de la violencia sexual y en las medidas orientadas a garantizar una protección efectiva de las víctimas. Sin embargo, el consentimiento genera posiciones diferenciadas incluso entre los actores políticos que respaldan el proyecto de ley. EH Bildu expresa reservas conceptuales y técnicas, compartiendo parcialmente marcos argumentativos con el PP y Ciudadanos, aunque desde una lógica distinta. Mientras EH Bildu manifiesta desacuerdo con determinados aspectos del articulado, el PP, que rechaza el proyecto mediante una enmienda a la totalidad: reconoce el carácter innovador de la propuesta, pero advierte de sus “riesgos innegables” en términos de seguridad jurídica y garantías procesales en torno a la cuestión del consentimiento. Ciudadanos sostiene que el consentimiento ya está regulado en la legislación vigente ycuestiona la necesidad de su redefinición. Finalmente, Vox se distancia del resto de actores al recurrir a una estrategia discursiva de ridiculización del consentimiento, desplegando formulaciones irónicas y provocativas orientadas a deslegitimar el marco normativo en su conjunto. A diferencia de otros partidos de la oposición, Vox desplaza el debate desde el registro técnico-jurídico hacia una impugnación ideológica y cultural del proyecto, reforzando así su aislamiento discursivo en la red.

La dimensión cultural-ideológica recoge los marcos cognitivos que cuestionan la legitimidad misma de las políticas feministas y del proyecto de ley, movilizando repertorios normativos vinculados a la moral sexual, la identidad y la deslegitimación del feminismo como actor político. En la red discursiva, esta dimensión está dominada casi exclusivamente por Vox, que articula una constelación de significados escasamente conectada con los marcos democráticos y jurídicos compartidos por el resto de los actores. Vox confirma su carácter de actor anti-género en la red de dinámicas de interacción política, con una alta centralidad relacional negativa, derivada de su frecuente interpelación por el resto de partidos como antagonista político.

Entre los nodos centrales de esta dimensión destacan los marcos de adoctrinamiento, criminalización y desprotección de los hombres, arquetipos de mujer, denuncias falsas, conservadurismo y femonacionalismo. A través de ellos, Vox construye el proyecto legislativo como una iniciativa ideológica que pretende imponer una visión feminista excluyente, “demonizar” a los hombres y subvertir principios básicos del orden jurídico liberal. Este discurso se radicaliza mediante el uso de expresiones despectivas y estrategias de provocación simbólica, que refuerzan su carácter anti-género y su desconexión respecto al resto de la red discursiva. Aunque el PP comparte con Vox algunos marcos críticos —como el de las deficiencias jurídicas o la desprotección de los hombres—, su oposición se mantiene fundamentalmente dentro de un registro técnico-normativo. Vox, en cambio, sitúa el conflicto en el terreno cultural e identitario, consolidando así una posición discursiva altamente autorreferencial. El hecho de que Vox comparta únicamente una fracción muy limitada de los marcos que moviliza con otros actores políticos confirma empíricamente su aislamiento retórico y su función como actor anti-género en el debate parlamentario.

Sin embargo, el análisis de interacciones nos permite observar cómo el actor anti-géneroVox, a pesar de su aislamiento retórico y uso de marcos no compartidos, adquiere una centralidad discursiva en la medida en que es interpelado reiteradamente por el resto de los partidos, configurándose como el antagonista político central (Figura 3). Así lo confirma el indicador agregado de centralidad global (overall): Vox emerge como el actor con mayor influencia relacional total, seguido de la ministra de Igualdad y del PP. También en términos de prestigio, Vox se sitúa de forma consistente en las primeras posiciones de las métricas de degree, authority y PageRank, lo que indica que es el actor más frecuentemente mencionado y que dichas menciones provienen de nodos con alta centralidad en la red, aunque, fundamentalmente, en forma de apelaciones críticas (Figura 2 y 3).

Por su lado, el PP combina una alta visibilidad con una recepción ambivalente, al ser interpelado tanto como principal fuerza de oposición como por su proximidad discursiva a Vox. El patrón de interacciones discursivas explicita la configuración de un antagonismo político estructurado entre el bloque democrático y los partidos de derecha, y revela una estrategia discursiva relacional orientada a asociar al PP con las posiciones más extremas de Vox, incluso cuando sus marcos normativos no son plenamente coincidentes. Esta estrategia se manifiesta no tanto en el contenido de los argumentos como en la arquitectura relacional del debate, donde ambos partidos son interpelados de forma recurrente como un mismo polo de oposición.

Las métricas de intermediación confirman empíricamente esta dinámica. La elevada betweenness de Vox indica que, más allá de su aislamiento discursivo, funciona como un punto de paso obligado en la circulación de apelaciones, concentrando menciones críticas procedentes de actores situados en distintas posiciones de la red. Este rol convierte a Vox en el referente antagonista central, alrededor del cual se organiza buena parte de la confrontación parlamentaria. Al mismo tiempo, el PP aparece relacionalmente arrastrado hacia esta órbita, al compartir espacios de interpelación negativa y verse sistemáticamente vinculado a Vox en las dinámicas de confrontación, lo que contribuye a erosionar su legitimidad como actor de oposición moderada.

Este estudio contribuye a la comprensión de cómo se construye y disputa la autoridad normativa en contextos parlamentarios polarizados, mostrando que los debates sobre igualdad de género y violencia sexual no se limitan a la confrontación de posiciones ideológicas, sino que se articulan como conflictos estructurados por marcos cognitivos y dinámicas relacionales. A través de la combinación del análisis de marcos y del análisis de redes discursivas, el artículo demuestra que los significados normativos operan como mecanismos de inclusión y exclusión simbólica, delimitando quién puede hablar con legitimidad, desde qué posiciones y con qué efectos en el proceso legislativo.

La articulación del debate en torno a las tres dimensiones analíticas —democrática, jurídica y cultural-ideológica— permite comprender con mayor precisión cómo se organiza el conflicto normativo y por qué determinados marcos adquieren centralidad en el espacio parlamentario. La dimensión democrática, estructurada en torno a los marcos de violencia, desigualdad, feminismo y ampliación de derechos, configura un polo normativo coherente y densamente interconectado, respaldado tanto temática como relacionalmente por el bloque gubernamental y sus apoyos, lo que refuerza su legitimidad discursiva y el marco democrático de la igualdad de género que articula el gobierno. La dimensión jurídica, en cambio, opera como un espacio de disputa transversal: los marcos técnico-procesales, en particular el consentimiento, funcionan como nodos bisagra que conectan actores de distintos bloques sin generar necesariamente convergencia normativa, evidenciando que la coincidencia temática no implica consenso político. Finalmente, la dimensión cultural-ideológica concentra los marcos anti-género movilizados exclusivamente por Vox, que, pese a su escasa integración, adquieren una elevada visibilidad relacional al convertirse en el eje alrededor del cual se organiza la confrontación.

Así, esta lectura permite mostrar que la centralidad discursiva puede emerger del conflicto y la disputa por los significados dominantes —y no del consenso— y que esto actúa como principio organizador del debate parlamentario en su conjunto, condicionando la visibilidad, la legitimidad y las posibilidades de diferenciación política de los actores implicados. El caso de Vox es ilustrativo de esta lógica: aunque sus marcos cognitivos aparecen escasamente compartidos y se sitúan en una posición de aislamiento dentro de la red discursiva, el partido adquiere una elevada centralidad relacional al convertirse en un referente antagonista recurrente en las apelaciones del resto de actores. El PP ocupa una posición ambigua en esta dinámica: aunque articula su oposición en clave técnica y jurídica, comparte espacios relacionales con Vox que son explotados estratégicamente por el bloque gubernamental para vincularlo a posiciones más radicales.

Finalmente, el análisis del debate parlamentario en torno a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad revela que la igualdad de género constituye un campo de disputa simbólica profundamente estructurante. La emergencia de actores abiertamente anti-género ha reconfigurado este campo, en el que se enfrentan visiones contrapuestas sobre ciudadanía, sexualidad, justicia y el papel del Estado. Analizar estos antagonismos desde una perspectiva relacional permite comprender cómo se organiza la resistencia a los avances en igualdad de género, cuáles son sus mecanismos discursivos y cuáles los límites y fisuras que atraviesan la acción legislativa en las democracias contemporáneas.