Los gobiernos de coalición en las comunidades autónomas españolas (1980‑2025). Un análisis longitudinal de sus características y rendimientos electorales

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Los gobiernos de coalición en las comunidades autónomas españolas son una fórmula habitual de ejercer el poder ejecutivo, extendida en el tiempo y con experiencias en todas las regiones. Desde las primeras elecciones autonómicas celebradas en el País Vasco y Cataluña en 1980 hasta enero de 2025, se han formalizado 106 ejecutivos de coalición. Esta cifra supone el 41,1% del total de los gobiernos (258) que han tenido lugar en las comunidades autónomas en los 45 años del periodo autonómico español.

Si nos circunscribimos a los ejecutivos formalizados tras las elecciones autonómicas del año 2023, de las 12 regiones que acudieron a las urnas, en siete de ellas (Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura^[1], Islas Canarias, Murcia y Navarra) se constituyeron gobiernos de coalición. En cuatro de ellas (Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia), más el ejecutivo configurado en Castilla y León tras los comicios del 2022 se formaron gobiernos de coalición liderados por el Partido Popular y con Vox como socio secundario. En todos ellos Vox abandonó en 2024 las áreas de gobierno y el PP continuó en el ejecutivo en solitario y en minoría parlamentaria. Estos gobiernos de coalición también comparten la característica de haber sido inestables, ya que finalizaron antes de acabar la legislatura. El motivo fue el desacuerdo de la dirección nacional de Vox con el posicionamiento del PP de aceptar el reparto entre las comunidades autónomas de menores inmigrantes desde las Islas Canarias. Estos casos suponen ejemplos claros de cómo las dinámicas multinivel afectan a la configuración o ruptura de los gobiernos de coalición.

Los datos del número de ejecutivos de coalición suponen la normalización de este tipo de gobiernos en el marco autonómico español. De esta forma, se alinea con la alta frecuencia de gobiernos de coalición en el nivel regional y nacional dentro de la Unión Europea y en los países de OCDE, tal y como muestran multitud de estudios (‍Bogdanor, 1983; ‍Müller y Strøm, 2003; ‍Urquizu, 2008; ‍Armstrong y Duch, 2010; ‍Hobolt y Karp, 2010; ‍Strøm, et al,. 2010; ‍Matas, 2015; ‍Evans, 2020; ‍Ortiz, 2025).

Sin embargo, en el Gobierno de España no han sido frecuentes los ejecutivos de coalición en el actual periodo democrático. Desde las primeras elecciones generales han pasado más de 45 años y 15 comicios hasta que, en enero del 2020, se formalizara el primer gobierno de coalición nacional, liderado por el PSOE y con Unidas Podemos como socio del ejecutivo.

Entre los factores que han determinado su ausencia durante este periodo en las legislaturas sin mayoría absoluta se encuentran las estrategias de los partidos políticos, principalmente de los de ámbito no estatal (PANE). Éstos han priorizado en el marco estatal alcanzar acuerdos políticos de investidura y/o legislatura frente a la opción de integrarse en un gobierno de coalición (‍Reniu y Bergman, 2001; ‍Reniu, 2002 y ‍2019).

El elevado número de gobiernos de coalición en las comunidades autónomas conduce al presente trabajo a profundizar sobre este tipo de gobiernos en el marco regional. El estudio de sus características y rendimientos electorales, como sus variaciones o permanencias en el periodo autonómico, es de especial interés en un sistema político multinivel como el español.

En base a ello, la investigación se inicia con un acercamiento teórico a los gobiernos de coalición en dimensiones como el concepto, características, clasificaciones, los componentes que determinan su formación o los factores explicativos de los rendimientos electorales. Posteriormente, en la fase analítica, se realiza un estudio longitudinal de las principales tipologías de este tipo de gobierno, así como su evolución temporal en el periodo autonómico español (1980-‍2025).

En este estadio del análisis, igualmente se describen los rendimientos de los gobiernos de coalición desde la perspectiva electoral. Este enfoque es de especial interés ya que no son abundantes este tipo de análisis sobre los ejecutivos de coalición, a pesar de la mayor complejidad de las motivaciones del electorado en estos contextos de gobierno compartido frente a los ejecutivos de partido único (‍Hobolt y Karp, 2010).

El presente estudio se desarrolla desde la perspectiva del análisis de los ejecutivos de coalición como un solo actor político, siguiendo la tendencia generalizada de otros autores (‍Lewis-Beck, 1986; ‍Powell, 2000; ‍Nadeu et al., 2002; ‍Bengtsson, 2004; ‍Barreiro, 2008). A su vez, con la presente investigación, se pretende actualizar temporalmente y completar los diversos estudios que han abordado las tipologías agregadas y los rendimientos electorales de los gobiernos autonómicos, también de coalición, en España (‍Font, 1999; ‍Reniu 2004; ‍2016 y ‍2018; ‍Alonso, 2008; ‍Delgado y Montabes, 2019).

II. LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN: CONCEPTO, MARCO DE DESARROLLO Y RENDIMIENTOS ELECTORALES[Subir]

Los acuerdos o pactos entre las formaciones políticas, independientemente de su naturaleza (investidura, legislatura, gobierno de coalición, etc.) tienden a desarrollarse en los sistemas parlamentarios y en situaciones en la que ninguna formación ha alcanzado la mayoría absoluta por sí sola. En estas situaciones es necesario alcanzar la suma de apoyos parlamentarios, bien en forma de abstención o mediante voto afirmativo, superando los requisitos aritméticos fijados por cada sistema institucional. Éstos pueden variar en función de si se afronta un proceso de investidura del presidente del gobierno, la aprobación de la legislación en el trámite parlamentario o la designación de los cargos de extracción parlamentaria, entre otros (‍Reniu, 2001). En cambio, en los sistemas presidencialistas son menos frecuentes y necesarios los acuerdos entre partidos políticos. La elección directa de los presidentes del gobierno por voto de los electores, o mediante el Colegio Electoral, los dota de una legitimidad directa que impide que los representantes de las cámaras puedan censurarles, salvo supuestos excepcionales como el impeachment. Ello, junto al juego de suma cero característico de este tipo de sistema, también refuerza la ausencia generalizada de acuerdos entre formaciones (‍Lijphart, 1987; ‍Linz, 2010).

De entre los distintos tipos de acuerdos, los gobiernos de coalición son denominados como ejecutivos integrados por representantes de más de una formación política. Esta consideración se mantendrá independientemente de si estas formaciones han concurrido de forma conjunta o separada a las elecciones (‍Matas, 2000; ‍Hobolt y Karp, 2010; ‍Matas, 2021). De esta forma, no son calificados como gobiernos de coalición aquellos ejecutivos formados por un único partido que recurre a acuerdos puntuales o de legislatura con otras formaciones políticas, en este caso actuando exclusivamente como support party (‍Strøm, 1984 y ‍1990b).

Los gobiernos de coalición pueden tener el respaldo parlamentario de la mayoría absoluta de las formaciones políticas que lo integran. Sin embargo, también son frecuentes las coaliciones minoritarias, es decir, aquellos gobiernos formados por más de un partido cuya representación en el parlamento no alcanza la mayoría absoluta (‍Strøm, 1984, ‍1985a y ‍1990b; ‍Bergman, 1995, ‍Crombez, 1996). Éstas son viables y superan los procesos institucionales gracias a la abstención o apoyo parlamentario de formaciones que no están integradas en el ejecutivo.

En el campo del estudio de la ciencia política hay un amplio consenso sobre los criterios establecidos para determinar cuándo se inicia y se dan por concluidos los ejecutivos, independientemente de su tipología. Según Strøm (‍1990a), tiene lugar un nuevo gobierno de coalición si cumple alguna de las siguientes circunstancias: elecciones legislativas; cambio de jefe del ejecutivo; variación de los partidos políticos que integran el ejecutivo; cambio del estatus de apoyo parlamentario, es decir, de mayoría a minoría o viceversa.

Los gobiernos de coalición también son susceptibles de ser clasificados en variables fácilmente reconocibles. La suma de las aportaciones de numerosos autores (‍Riker,1962; ‍Leiserson, 1970; ‍Laver y Schofield, 1998; ‍Reniu, 2004, 2015 y ‍2018; ‍Matas 2000 y ‍2015), han establecido los siguientes criterios:

Por otra parte, la configuración de un gobierno de coalición no depende exclusivamente de la necesidad de su formación o de la voluntad de los partidos políticos. Incluso, hay factores externos y propios de los partidos políticos que incentivan o dificultan la formación de este tipo de ejecutivos.

En el primero de ellos hacemos referencia al marco jurídico e institucional, es decir, las normas propias de cada país, sistema regional o municipal que determinan el funcionamiento y los procesos de las instituciones políticas en las que actúan las formaciones.

En esta dimensión destaca, en especial en los sistemas parlamentarios, cuál es la mayoría requerida en la cámara de representantes para alcanzar la investidura, las distintas opciones de voto en la sesión, al igual que el proceso de quién y cómo puede ser propuesto un candidato. A ello, se suman las normas que determinan las relaciones entre ejecutivo y legislativo, plazos para la disolución automática de las cámaras, las mayorías requeridas para la aprobación legislativa, la viabilidad de los gobiernos minoritarios o los mecanismos de censura al gobierno, entre otros mecanismos institucionales (‍Matas 2015 y ‍2021).

En segundo lugar, la configuración del sistema electoral como una parte fundamental del sistema político ya que condiciona los resultados electorales, la distribución del poder, la posibilidad de alternancia y continuidad de los ejecutivos o las características de éstos (‍Sartori, 1994; ‍Lijphart, 1994; ‍Nohlen, 2004).

Está ampliamente constatado que los sistemas electorales mayoritarios tienen como efecto la configuración de un parlamento con una amplia mayoría de una formación política. En cambio, el sistema proporcional trata de reproducir en la cámara representativa, de la forma más proporcional posible, los cleavages en los que se configura la población (‍Nohlen, 2004) y cuyo principal efecto es el impulso de sistemas políticos multipartidistas. A este respecto, son numerosos los estudios y casos que relacionan directamente el sistema electoral proporcional y sistemas políticos multipartidistas con una mayor frecuencia de los gobiernos de coalición. En cambio, en los sistemas electorales mayoritarios se tiende a reproducir sistemas de partidos bipartidistas o de partido predominante, por lo que lo más habitual es la formación de un gobierno monocolor (‍Duverger, 1954; ‍Sartori, 1980; ‍Lijphart, 1987 y ‍2012; ‍Matas, 2015).

En tercer lugar, la ubicación ideológica de las formaciones políticas en las distintas dimensiones implica la posibilidad, o no, de integrarse en un gobierno de coalición en función de sus compatibilidades programáticas, competencia electoral o el posicionamiento de las estructuras del partido y de su base social ante el acuerdo (‍Matas, 2015). En este sentido, entre la amalgama de formaciones habrá partidos mucho más proclives a integrarse en los gobiernos de coalición, como los denominados partidos pivotes (‍Daalder y Mairs, 1983). Otros, como los partidos antisistema, son incompatibles con la inmensa mayoría de formaciones, e incluso se autoexcluyen del proceso negociador (‍Sartori, 1980).

Una de las consecuencias de la descentralización del sistema político español son las dinámicas multinivel. Ésta también afecta a la relación interpartidista y a la formación de los gobiernos de coalición, ya que pueden condicionar tanto la capacidad negociadora entre ambos niveles (‍Däubler y Debus, 2009) como la estabilidad del gobierno. De esta forma, no estaríamos ante arenas independientes en el proceso negociador, sino a procesos solapados (‍Colomer y Martínez, 1995; ‍Reniu, 2005).

De igual forma, conflictos políticos ocasionados en otro nivel del sistema político también pueden provocar la ruptura de los gobiernos de coalición.

A todos estos factores, se suman otros como la dimensión histórica, es decir, las experiencias de gobiernos de coalición y efectos sobre cada partido político. De igual forma, la cultura política sobre este tipo de gobernabilidad, o la opinión pública en un contexto determinado, también son condicionantes. Por supuesto, la dimensión motivacional de los partidos políticos, así como la ocupación de cargos, la influencia en las políticas, su cohesión interna y los rendimientos electorales esperados han sido ampliamente abordados por las teorías formales (‍Gamson, 1961b; ‍Riker, 1962; ‍De Swaan, 1973) y multidimensionales (‍Axelrod, 1970; ‍Taylor, 1972; ‍Strøm, 1984 y ‍1990b; ‍Bergman, 1995). Finalmente, sumamos los condicionantes externos (‍Calzolaio, 1982; ‍Pridham, 1986) o las necesidades de legitimación de un sistema (‍Robles, 2000; ‍Matas, 2021).

En último lugar en esta aproximación teórica afrontamos los estudios de incumbency effect, es decir, el sentido de los rendimientos electorales de ocupar el gobierno. De este modo, será positivo si formar parte del ejecutivo ha supuesto para la formación un avance en la cita electoral que da por finalizada la legislatura, y por lo tanto el gobierno. En cambio, será negativo, si su presencia ha supuesto un retroceso en el apoyo electoral (‍Narud, 1996; ‍Font, 1999; ‍Reniu, 2004, 2015 y ‍2018; ‍Alonso, 2008).

Teóricamente la ocupación del cargo supondría una posición de ventaja electoral frente al resto de formaciones, fruto del alto nivel de conocimiento ciudadano y cobertura mediática como consecuencia del desarrollo del cargo de gobierno (‍Cox y Katz, 2002; ‍Ansolabehere et al., 2006; ‍Thomas, 2013), la capacidad de fijar la agenda política y un partido unido en torno a la figura del cargo ejecutivo en contextos de reelección (‍Campbell, 2008), así como la percepción de los electores del valor de la experiencia como un activo para la reelección (‍Bernhardt y Ingerman, 1985; ‍Campbell, 2008).

Sin embargo, los estudios empíricos no siempre han respaldado esta posición. Strøm (‍1985b, ‍1990a y ‍1990b) tras analizar 15 democracias y recurrir a otras investigaciones, identifica el negative incumbency effect en los partidos con responsabilidad de gobierno. Esto implicaría que las formaciones experimentan un retroceso electoral debido a los incumplimientos de sus promesas electorales. Otros estudios, centrados principalmente en Europa, también apuntan al desgaste electoral de los partidos políticos con responsabilidad de gobierno (‍Rose y Mackie, 1983; ‍Sáez, 2002; ‍Alonso, 2008).

Los análisis centrados en la política norteamericana, en cambio, ofrecen un sentido positivo del rendimiento electoral de ocupar el cargo. En el caso de las elecciones presidenciales, Campbell (‍2008) comprobó que en el periodo comprendido entre 1868 a 2004 dos tercios de los 22 presidentes que optaron a la reelección fueron reelegidos con más de 53% del voto popular. De igual forma se ha evidenciado el avance en los comicios para la elección de congresistas, senadores y alcaldes para aquellos que optaron desde la reelección (‍Anderson y Glomm, 1992; ‍Lee, 2008; ‍Ferreira y Gyourko, 2009).

Como apunta Font (‍1999) esta disparidad entre Europa y Estados Unidos puede ser explicada por la mayor importancia y nivel de reconocimiento de los principales partidos políticos en Europa. Los ciudadanos podrán orientar sus expectativas electorales ante los incumplimientos del gobierno a los partidos que representan la alternativa de gobierno y que reconocen. En cambio, en Estados Unidos existe una prevalencia del candidato, donde el partido adquiere una posición secundaria. En este sistema es más importante el nivel de conocimiento y la imagen del líder, cuestiones que son reforzadas desde el cargo.

Las características de los gobiernos de coalición también han sido objetivo de explicación de su rendimiento electoral. Uno de los componentes es la composición ideológica. Según Narud (‍1995 y ‍1996), en los ejecutivos heterogéneos ideológicamente, las formaciones tendrán que realizar mayores concesiones programáticas para alcanzar acuerdos. Ello, además de provocar la crítica de la oposición, también generará el rechazo a las cesiones por la base social. Por ello, los gobiernos heterogéneos experimentan un mayor retroceso electoral que los homogéneos ideológicamente.

En último lugar, el ámbito organizativo de los partidos que forman el gobierno de coalición también puede condicionar su rendimiento electoral, en el sentido que los integrados por PANE tienen un rendimiento electoral mejor que los PAE (‍Aguilar y Sánchez-Cuenca, 2007; ‍Alonso, 2008). Esto se explica por la mayor facilidad de reconocer el nivel de cumplimiento de las promesas electorales en las formaciones PAE mediante indicadores cuantificables. Sin embargo, los electores que respaldan a los PANE no disponen de mecanismos objetivos para evaluar las actuaciones y los efectos sobre la identidad nacional o cultural ejercida en un determinado territorio.

III. METODOLOGÍA[Subir]

La presente investigación tiene como objetivo principal desarrollar un análisis descriptivo y longitudinal de los gobiernos de coalición configurados en el periodo autonómico español desde 1980 hasta 2025. Además, se persigue describir qué factores pueden provocar una variación sobre la tipología y rendimientos electorales de este tipo de gobiernos.

Para cumplir el objetivo de la investigación, en primer lugar y siguiendo los criterios de Strøm (‍1990a), se han identificado todos los casos de gobiernos de coalición (106) de las 17 comunidades autónomas desarrollados en el intervalo temporal mencionado. Tras ello, se han seleccionado, categorizado y asignado valores a las principales variables descriptivas y clasificatorias de los gobiernos de coalición (véase tabla 1 del Anexo). Éstas son: comunidad autónoma, régimen de ésta, número de partidos del gobierno de coalición, nombre de éstos, fuerza parlamentaria del gobierno de coalición, momento en el que se coaligan las formaciones políticas, ideología del gobierno, ámbito organizativo y estabilidad^[2]. A éstas, se les ha unido la identificación temporal en los que tienen lugar y el cálculo del rendimiento electoral agregado del gobierno de coalición, de los partidos de la oposición con representación parlamentaria y el sentido del rendimiento.

Para el análisis longitudinal, el periodo se ha dividido en 4 etapas (1980-‍1990;1991-2001;2002-2012; 2013-‍2025)^[3]. En los casos de que un gobierno esté comprendido en dos periodos, se le asignará en el periodo en el que finalice el ejecutivo.

Para el cálculo del Rendimiento Electoral Neto, se ha utilizado la fórmula planteada por Reniu (‍2004):

El cálculo del rendimiento electoral neto, definido también en términos similares por Alonso (‍2008), se ha efectuado para cada gobierno a partir de la suma de los respectivos REN de los partidos políticos que forman el gobierno de coalición. De igual forma, se realiza el cálculo del REN de las formaciones de la oposición con representación parlamentaria.

Con respecto a este cálculo, debemos indicar que no es posible en los siguientes casos: gobiernos de coalición vigentes; formalización de varios gobiernos de coalición durante una misma legislatura (se calcula solo el último); cambios en dos elecciones consecutivas de la fórmula para concurrir (en solitario o alianza preelectoral); el gobierno de coalición es sustituido por gobierno en solitario antes de que finalice la legislatura.

Finalmente, una vez diseñada y completada la base de datos propia, hemos procedido al cálculo de las medidas descriptivas básicas: la frecuencia, la media aritmética, la desviación típica y las tablas de contingencia. Tras su análisis, se ha procedido a su presentación y estudio con el objetivo de dar cumplimiento al propósito de la investigación.

IV. RESULTADOS[Subir]

En los 45 años de gobiernos autonómicos analizados se han constituido un total de 258 ejecutivos, en los que el 41,1% ha estado formados por dos o más partidos. Como podemos observar en la tabla 1, el panorama coalicional autonómico ha experimentado una gran diversidad. En siete de ellas (Aragón, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias, Navarra y País Vasco) el número de gobiernos de coalición ha supuesto la mitad o más de las experiencias de ejecutivos. De este grupo destaca el caso de Cataluña como la comunidad con un mayor número (16) y porcentaje (84,2%) de gobiernos de coalición.

En cambio, hay regiones donde la experiencia coalicional ha sido poco frecuente, como son los casos de Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid (solo un caso que supone menos del 10%) o Asturias, Castilla y León o Murcia (tres gobiernos de coalición y un porcentaje en torno al 20%).

De entre los factores que determinan la frecuencia de los gobiernos de coalición, parece poco probable que el proceso de investidura de cada comunidad haya condicionado esta frecuencia. Como explican Delgado y Montabes (‍2019) la mayoría de las regiones comparten características comunes en este proceso institucional.

En todos los procesos de investidura el candidato debe de formar parte de la cámara y en la mayoría de las regiones solo hay un candidato propuesto por el presidente del parlamento que somete su programa de gobierno a la investidura. Sin embargo, en Asturias y País Vasco pueden ser más de uno^[4]. De este modo, entendemos que el número de candidatos posibles condiciona las posibilidades de voto. Mientras que en la mayoría de las regiones en la sesión de investiduras pueden emitir un sí, no o abstención, en Asturias y País Vasco solo pueden apoyar o abstenerse sobre los candidatos. Con respecto a las mayorías requeridas, en todas las regiones es necesaria una mayoría absoluta en primera votación y simple en segunda para superar el proceso de investidura. Finalmente, la gran mayoría de las regiones establecen un plazo que oscila entre dos y tres meses para la disolución automática del parlamento y la convocatoria de elecciones si no se produjera la mayoría requerida para la investidura^[5].

Las similitudes del sistema electoral de cada comunidad autónoma tampoco parecen condicionar en exceso el fenómeno coalicional autonómico. Entre los principales elementos definitorios, todas comparten que la fórmula electoral de atribución de representantes es la fórmula D´Hont y que las listas son cerradas y bloqueadas. De igual forma, la gran mayoría de las regiones fijan la provincia como la circunscripción, a excepción^[6] de Asturias (tres circunscripciones: Occidente, Centro y Oriente) y las Islas Canarias (insular y regional desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018). Con respecto a la barrera electoral, en la mayoría de las regiones se ha fijado en el 3%y el 5%, aunque no ha sido un elemento fijo en determinas regiones.

Lo que sí parece actuar como un condicionante de la frecuencia de los gobiernos de coalición es el sistema político configurado en cada una de las regiones. En las que se produce un alto número de este tipo de gobierno, comparten un sistema con una elevada fragmentación electoral y número efectivo de partidos. Esto ha sido consecuencia de la incorporación del cleavage identitario a la competición interpartidista, entre otros factores, actuando con una importancia significativa de las formaciones PANE en regiones como Navarra, Canarias, Aragón, Galicia o Cantabria, o que, incluso, han adoptado una posición hegemónica en Cataluña y País Vasco. Sin embargo, en las regiones donde la competición partidista se centra en el eje ideológico izquierda — derecha y la presencia significativa de los partidos PANE es menor es frecuente la consecución de mayorías absolutas por una formación, derivando de una frecuencia de los ejecutivos de coalición mucho menor. Ejemplos de estos últimos casos son Extremadura, Madrid, Murcia o Castilla-La Mancha.

V. CARACTERÍSTICAS DE LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN[Subir]

El número de los gobiernos de coalición durante los más de 40 años del periodo autonómico en España no ha sido similar en todas las etapas. De los cuatro periodos establecidos en la investigación, en los incipientes años del autonomismo (1980-‍1990) fue mucho menor esta forma de gobierno que en el resto. Solo se constituyeron 12 ejecutivos de coalición, lo que representó el 11,3% de todos los casos. Entre los motivos que pudieron explicar este bajo número, encontramos la hegemonía electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tanto en la mayoría de las regiones como en el ámbito nacional, facilitando la consecución de gobiernos autonómicos en solitario.

Gráfico 1.

Espacio temporal en el que se desarrollan los gobiernos de coalición autonómicos (1980-‍2025)

Fuente: elaboración propia.

A pesar del bajo número de gobiernos de coalición en compraración con otros periodos, estos ejecutivos se desarrollaron en siete regiones^[7], un número considerable para el número de casos. Tan solo uno de ellos estuvo formado por el PSOE^[8]. Convergencia i Unió (CiU) lideró tres gobiernos de coalición en Cataluña, uno de ellos con ERC, y el resto estuvieron integrados por Alianza Popular (AP) con Partido Demócrata Popular (PDP) y Partido Liberal (PL)^[9], partidos regionalistas o el CDS.

En los periodos intermedios de 1991-‍2001 y 2002-‍2012 el número de gobiernos fue similar, de 29 y 26 respectivamente. En este sentido, ambas etapas coincidieron con el desarrollo de las experiencias coalicionales^[10] en más comunidades. Otra de las características fue la incorporación de los partidos PANE como actores centrales en la formación de los gobiernos de coalición, ya que los presidieron en regiones como Cataluña, País Vasco, Aragón, Cantabria, Islas Canarias o Navarra, o se convirtieron en partidos pivote que decidieron qué formaciones PAE (PP o PSOE) lideraron los ejecutivos de los que formaban parte.

Finalmente, el último periodo (2013-‍2025) es el que representa un mayor número de gobiernos de coalición. Los 39 ejecutivos de este tipo suponen un 36,8% del total. La causa de este incremento se justifica en la reducción de los apoyos electorales tanto al PP como al PSOE fruto de la crisis del bipartidismo, que tiene como principal efecto en el sistema político el incremento de la fragmentación electoral y el número efectivo de partidos, por tanto, disminuyendo las posibilidades de gobiernos mayoritarios. De igual modo, ha provocado la irrupción de nuevos partidos^[11] con peso significativo en los parlamentos regionales y, por lo tanto, con posibilidades efectivas de alcanzar acuerdos de gobiernos de coalición.

Introduciéndonos en las principales características de los gobiernos de coalición, un rasgo central en los análisis de este tipo de ejecutivos es el número de partidos que lo integran (tabla 2). De los 106 casos, casi tres cuartas partes (74,5%) son bipartitos, mientras que los tripartitos representan el 21,7%. Solo cuatro gobiernos de coalición han estado formados por cuatro partidos o más (3,8%).

A pesar del alto número de gobiernos bipartitos en comparación al resto, esta característica de ejecutivo no es la mayoritaria en todos los periodos (gráfico 2). En el primero (1980-‍1990) se imponen los gobiernos tripartitos, fruto de los gobiernos formados por Coalición Popular indicados con anterioridad. En el resto de los periodos los ejecutivos bipartitos se imponen claramente al resto de categorías.

Gráfico 2.

Evolución temporal del número de partidos en los gobiernos de coalición (1980-‍2025)

Fuente: elaboración propia.

La clasificación de los gobiernos de coalición en base a la fuerza parlamentaria del ejecutivo nos muestra que seis de cada diez (59,4%) son coaliciones mínimas ganadoras (tabla 3). De esta forma, las estrategias partidistas han optado en la mayoría de las ocasiones por incorporar al mínimo número posible de partidos políticos para alcanzar la mayoría absoluta. Esta fórmula de gobierno supone la maximización partidista del beneficio esperado (payoffs) de la participación del gobierno. Lo hacen principalmente en áreas como las cuotas de representación en el ejecutivo (office seekers), ya que el número de cargos no es infinito. De igual forma en capacidad de influencia en las políticas del gobierno de coalición (policy seekers) (‍Rike,1962; ‍De Swaan, 1973), que será mayor cuantos menos partidos integren la coalición.

Del mismo modo, el 38,7% de los gobiernos de coalición autonómicos son minoritarios. Un elevado número que muestran su viabilidad en el sistema político autonómico, a pesar de que el gobierno de coalición no alcance la mayoría absoluta en el parlamento. Gracias a la consecución de acuerdos puntuales o estables con otras formaciones, sin que éstas se integren en el ejecutivo, el gobierno de coalición minoritario consigue sobrepasar los trámites parlamentarios de la investidura, la aprobación legislativa e, incluso, evitar ser censurados por una alternativa de gobierno. La viabilidad parlamentaria de este tipo de gobiernos reside en que el sistema parlamentario español no exige en todos los procesos legislativos la mayoría absoluta. De esta forma, se pueden adoptar acuerdos partidistas de legislatura, o en cada uno de los trámites pactos puntuales con las fuerzas políticas sin responsabilidad de gobierno. Con ello, pueden evitar que ejerzan la acción de bloqueo parlamentario con su abstención o voto afirmativo, dependiendo de las mayorías articuladas y necesarias (‍Delgado y Montabes, 2019).

Finalmente, la coalición sobredimensionada en los gobiernos autonómicos ha tenido una incidencia muy escasa (1,9%) y su explicación en los casos de estudio se circunscribe a la concentración de un número elevado de partidos políticos para superar una crisis política.

En relación con la estabilidad de los ejecutivos, observamos que, de los 102 casos analizables^[12], 59 (57,8%) han agotado la legislatura (estables), mientras que el resto de los casos han sido inestables (42,8%).

Si vinculamos la fuerza parlamentaria y la estabilidad del ejecutivo destaca que el nivel del respaldo parlamentario no condiciona su estabilidad (tabla 4). De esta forma, los tres tipos de gobierno en función de su fuerza parlamentaria presentan porcentajes similares en relación a si agotan o no la legislatura. Ello, contradice las teorías que vinculan gobiernos minoritarios con inestabilidad y crisis políticas entre los socios (‍Laver y Schofield, 1998).

Por otra parte, la importancia de los partidos en un gobierno de coalición es fundamental para determinar la proporición de las áreas de gestión que ocupa cada formación en el gobierno. Esta cuota está relacionada con el peso parlamentario de cada formación (‍Gamson 1961a y ‍1961b; ‍Laver y Schofield, 1998), que en el caso de las comunidades autónomas españolas también ha sido confirmado (‍Falcó, 2013; ‍Delgado y Montabes, 2019).

En el marco autonómico, en su gran mayoría (84,9%) los ejecutivos son desequilibrados y solo el 15,1% equilibrados (tabla 5). Esta elevada divergencia tiene su explicación en la alta concentración electoral que representa el bipartidismo en la mayoría de las comunidades autónomas. El nulo entendimiento entre las dos principales formaciones (PP y PSOE) y que éstas hayan recurrido habitualmente a alianzas con formaciones minoritarias del mismo espectro ideológico o PANE, podría estar en la explicación de esta circunstancia.

De igual forma, la configuración del sistema político también es la respuesta a que la mayoría de los gobiernos sean heterogéneos ideológicamente (57,5%). La preeminencia electoral y parlamentaria de las dos principales formaciones (PP y PSOE) ha provocado que en la mayoría de las ocasiones no haya formaciones políticas en el mismo bloque ideológico con la magnitud parlamentaria suficiente para alcanzar acuerdos de gobierno (tabla 6). Por ello, se suele recurir a partidos PANE cuyo posicionamiento ideológico suele ajustarse a dos tipologías: “regionalista y de centro”, o formaciones cuya dimensión es principalmente la identitaria, es decir, nacionalista o independentista. Ambos tipos de alianzas configuran gobiernos de coalición con partidos ideológicamente diversos. Entre los gobiernos homogénemos ideológicos, llama la atención la mayor capacidad de entendimiento en el bloque de la derecha (31,4%) que en el de la izquierda (11,5%).

Con respecto a la fórmula de concurrencia (tabla 7), los gobiernos de coalición postelectorales (82,1%) son los mayoritarios. En el resto de los casos, los preelectoral (13,2%) se concentran mayoritariamente en Cataluña con las coaliciones de CiU y JxSí, y las de Coalición Popular en los primeros años del periodo autómico. Los mixtos solo representan el 4,7%.

Finalmente, en la distribución de este tipo de gobiernos de coalición en función del ámbito organizativo de las formaciones que lo componen, son los mixtos los que representan más de la mitad (54,7%), seguidos de los ejecutivos formados exclusivamente por PANE (25,5%) y PAE (19,8%). Además, en función del régimen de la comunidad autónoma se aprecia importantes variaciones del ámbito organizativo del gobierno (tabla 8). De esta forma, los gobiernos formados únicamente por partidos PAE se concentran mayoritariamente en las regiones del régimen común, y los gobiernos PANE se desarrollan casi en exclusividad en las comunidades históricas. De igual modo, los ejecutivos mixtos se desarrollen en un mayor porcentaje en las comunidades del régimen común que en las históricas.

La otra gran dimensión que aborda la presente investigación es la medición y análisis de los rendimientos electorales de los gobiernos de coalición. En los que se pueden cuantificar (77) ha habido una pérdida electoral de más del 2,2% de media. De esta forma, parece confirmarse que gobernar en coalición penaliza electoralmente en el nivel de gobierno autonómico (tabla 9), siguiendo lo que ya apuntan numerosos estudios que han analizado los rendimientos electorales en el contexto europeo. En cambio, las formaciones que han ocupado la oposición con representación parlamentaria han cosechado un avance medio del 3,4%. Lo que sí comparten en ambos casos es que la desviación típica ofrece resultados similares y altos, apuntado hacia una dispersión elevada de los valores en las dos posiciones.

En relación al número de veces en las que un gobierno de coalición ha conseguido avanzar o retroceder electoralmente, se confirma la penalización en las urnas (tabla 10 y tabla 11). El 58,4% de las ocasiones el rendimiento electoral agregado de los ejecutivos de coalición ha sido negativo. El restante 41,6% ha sido positivo. Como era de esperar, los rendimientos electorales agregados de los partidos de la oposición son totalmente opuestos, ya que en el 64,9% de los casos han experimentado un avance electoral.

Con respecto al análisis longitudinal de los rendimientos electorales, en todas las etapas se confirma que estar en la oposición supone un mayor rendimiento electoral que ocupar la responsabilidad de gobierno (gráfico 3). Además, los valores de la oposición siempre presentan magnitudes positivas, mientras que la labor de gobierno es negativa en todas las etapas de la investigación, excepto en el primer marco temporal (1980-‍1990). La explicación de esta anomalía reside, principalmente, en los gobiernos conformados por Coalición Popular o los de AP junto a otras formaciones PANE. En relación con este dato, AP experimenta en esta década un paulatino y fuerte crecimiento electoral al convertirse en el partido político predominante en el espacio político de la derecha^[13].

En el primer periodo es donde la diferencia entre los valores agregados de los gobiernos de coalición y la oposición es menor. En los periodos intermedios es donde los gobiernos experimentan una mayor pérdida electoral.

Gráfico 3.

Evolución del rendimiento electoral agregado de los gobiernos de coalición y de los partidos de la oposición (1980-‍2025)

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, que el gobierno de coalición consiga finalizar o no la legislatura sí ofrece resultados dispares en la rentabilidad electoral de los ejecutivos de coalición (tabla 12). Aunque en ambos casos experimentan un retroceso electoral, éste es de mayor intensidad en los gobiernos inestables, llegando casi a duplicar (-3,1%) la pérdida en comparación con los gobiernos estables (-1,9%).

De igual modo, la ideología de los gobiernos de coalición también ofrece rendimientos diferentes (tabla 13). Aunque ambas tipologías advierten un retroceso electoral, los heterogéneos lo experimentan con una mayor intensidad (-2,7%) que los homogéneos (-1,5%), llevando la diferencia a más de un punto porcentual. En este sentido, parece confirmarse que los electores penalizan en mayor medida los gobiernos heterogéneos, entendiendo que sus partidos políticos pierden su identidad al tener que confluir con formaciones situadas en otra dimensión ideológica (‍Narud, 1995 y ‍1996).

El ámbito organizativo del gobierno también ofrece resultados diversos en relación con el rendimiento electoral (tabla 14). Aunque en las tres tipologías se experimenta un retroceso, la más intensa reside en los gobiernos de coalición mixto (-2,4%). La posición intermedia es para los ejecutivos formados exclusivamente por partidos PANE (-2,1%) mientras que los ejecutivos PAE experimenta la menor pérdida electoral (-1,5%).

Por último, observamos que cuantos más partidos integran el gobierno de coalición mayor es el porcentaje medio de pérdida electoral y la dispersión de los valores (Tabla 15). Mientras que el retroceso supera ligeramente el punto porcentual en los gobiernos formados por dos partidos, en los tripartitos llegan al -4,4% y en los tres únicos casos de multipartitos alcanza hasta el -17,8% de media.

VI. CONCLUSIONES[Subir]

En el presente trabajo se han analizado las principales características y los rendimientos electorales de los gobiernos de coalición en España a lo largo del periodo 1980-‍2025. El considerable número de casos (106), que representan el 41,1% del total de gobiernos que se han desarrollado en el marco autonómico, demuestra que es una práctica normalizada en el sistema político autonómico español, a pesar de las escasas experiencias en el gobierno central.

De su estudio longitudinal, se observa que la frecuencia de los gobiernos regionales de coalición ha variado, siendo menos frecuentes en los primeros años de autonomismo. Posteriormente, a partir de la década de los 90, pasó a extenderse y ser común en la mayoría de las regiones, para alcanzar su máxima frecuencia en los últimos ciclos electorales autonómicos iniciados en 2015. La crisis del bipartidismo y el incremento del número efectivo de partidos experimentado desde ese año son los principales factores que explican dicho incremento.

Que sea una práctica habitual no implica que esté igual de extendida en todas las comunidades autónomas. A pesar de que las regiones comparten las principales características del sistema electoral y proceso parlamentario de investidura, hay notables divergencias en el número de gobiernos de coalición. La principal causa se explica en la diferencia de los sistemas políticos regionales. En aquellos donde hay ausencia de mayorías absolutas y se incorpora la competencia electoral identitaria, con una importante representación de los partidos PANE, es más frecuente la experiencia de los gobiernos de coalición. En cambio, en aquellos sistemas en los que el cleavage izquierda-derecha es el predominante, con una dominancia electoral y parlamentaria del bipartidismo, el número de gobiernos de coalición es significativamente menor.

Entre las principales particularidades de la morfología de los gobiernos de coalición debemos destacar que en su mayoría son bipartitos, tienden a incorporar al mínimo número posible de partidos políticos con el objetivo de maximizar los beneficios esperados, a pesar de que ello le impida alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento en un número significativo de los casos (38,7%).

Otras de las características que definen a los gobiernos de coalición es que son mayoritariamente desequilibrados, heterogéneos ideológicamente y configurados principalmente por coaliciones postelectorales. También son mayoritariamente estables y su duración en el tiempo no está condicionada por el nivel del apoyo parlamentario.

En relación con los rendimientos electorales, se confirma que gobernar en coalición penaliza electoralmente, como han demostrado multitud de estudios en contextos europeos. Como apunta Font (‍1999), una de las causas serían los incumplimientos de los ejecutivos apreciados por la ciudadanía y la capacidad de orientar sus preferencias electorales hacia otros partidos políticos que reconocen y representan una alternancia.

En valores medios, este tipo de ejecutivos han retrocedido un -2,2%, frente al avance del 3,4% de los partidos de la oposición con representación parlamentaria. Este sentido se ha mantenido desde la década de los 90 y en los tres periodos con retroceso electoral su nivel no experimenta oscilaciones significativas. Confirmando la tendencia de pérdida electoral media, se ha constatado que en la mayoría de los casos (58,4%) los gobiernos de coalición han experimentado un retroceso electoral.

Sin embargo, la intensidad del retroceso electoral de los gobiernos de coalición sí parece variar en función de su tipología. De esta forma, la investigación ha comprobado que aquellos gobiernos que están formados por partidos políticos con ideología diferente experimentan una pérdida electoral agregada mayor que los ejecutivos integrados por formación con ideología similar. En el mismo sentido, hay una mayor penalización en los gobiernos de coalición que no finalizan la legislatura frente a los que sí. Aunque las dos tipologías de gobiernos experimentan un retroceso agregado medio, en los inestables este valor es casi el doble que en los estables.

De igual forma, el ámbito organizativo del gobierno también ofrece diversas intensidades de la pérdida del rendimiento electoral. Es más intensa en los gobiernos de coalición mixto, seguido de los formados solo por partidos PANE, mientras que los ejecutivos PAE experimentan una menor pérdida electoral. Finalmente, el número de partidos que forman el gobierno se convierte en una variable que muestra fuertes diferencias en el retroceso electoral. Cuantos más partidos forman el gobierno, mayor es el retroceso electoral medio con diferencias muy significativas.

Con todo lo apuntado en la presente investigación, son muchos más los aspectos a estudiar sobre los gobiernos de coalición y sus rendimientos electorales. Entre otros de interés para futuras investigaciones, se puede explorar en qué modo las dinámicas multinivel condicionan la formación los gobiernos de coalición y cuáles son las consecuencias sobre la estabilidad de estos ejecutivos. De una forma muy incipiente se puede abrir una línea de investigación sobre la hipótesis de que en el sistema político español hay un fuerte condicionante de las alianzas interpartidistas en la arena nacional sobre el resto (autonómicas y locales). De tal forma, su duración también dependería de estos acuerdos nacionales, tal y como ha sucedido con los gobiernos de coalición autonómicos del PP y Vox mencionadas en la investigación.