Imaginarios energéticos y tensiones progresistas en América Latina: el caso de Argentina (2019‑2023)

Imaginario nacional-popular [Subir]

Este imaginario se asienta en la idea nacional-popular que tradicionalmente han manejado los sectores más militantes del peronismo. Derivado de ello, el concepto de soberanía energética ocupa un lugar central. Por un lado, se asocia con la imagen de autoabastecimiento, por la que Argentina cuenta con abundantes recursos que le permiten ser autosuficiente y, por otro, con una noción de autonomía entendida como autogobierno e independencia frente al exterior y las lógicas del mercado internacional. En este esquema, el Estado ocupa un rol fundamental, como un agente activo, responsable del manejo y explotación de los recursos. Su acción ha de empujar hacia una producción nacional suficiente que reduzca la dependencia de las importaciones y garantice la soberanía popular, gracias a una mayor capacidad para controlar precios, mantener tarifas bajas y ofertar una energía barata.

Esta idea de soberanía se concreta en tres símbolos, que se representan como condición de posibilidad para lograr el autoabastecimiento: YPF, Vaca Muerta y el Gasoducto Néstor Kirchner. YPF adquiere un carácter icónico, como buque insignia. Fundada en 1922, su propia historia refleja el desarrollo industrial del último siglo, hasta el punto de que se establece una analogía entre su situación y la del país: cuando YPF está fuerte, Argentina goza de autonomía. Se diferencia así entre momentos de avance, asociados a impulsos nacionalizadores, con las figuras de Mosconi, Perón y CFK como referencia, y otros de retroceso, marcados por las privatizaciones y el neoliberalismo, propios de los periodos de dictadura militar y los Gobiernos de Menem y Macri.

Los actos de celebración por su aniversario promovidos por el Gobierno en 2022 refuerzan su simbolismo y la existencia de una memoria y cultura propias. Se ensalza la figura de sus trabajadores, denominados “ypefianos”, y su historia contiene no solo momentos de desarrollo tecnológico sino también momentos de lucha, como el origen de los piqueteros durante 2001, cuando trabajadores desempleados de la compañía comenzaron a cortar rutas. En este relato, se otorga especial importancia a la expropiación de acciones a Repsol durante el mandato de CFK en 2012, representado como un proceso de renacionalización de la compañía. Acorde a la analogía entre YPF y el país, este hito se presenta como un momento refundacional para Argentina, de recuperación de los intereses nacionales y restauración de la soberanía popular.

Dentro de este imaginario, Vaca Muerta se asocia a la acción de una YPF fuerte, como resultado de un ejercicio de soberanía, con capacidad para explotar el yacimiento y asegurar la autonomía. De igual manera, la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner constituye un nuevo hito del mismo proceso, con un fuerte grado de simbolismo. Primero porque se trata de una obra financiada con el Aporte Solidario de Grandes Fortunas y, segundo, por la elección de su nombre, que le confiere el carácter de obra identitaria, al evocar la Presidencia de Kirchner. Esta identidad se proyecta sobre el gasoducto, considerada la mayor obra realizada en democracia, y que es representada como resultado del compromiso político con un modelo de desarrollo federal, que conecta a todo el país, y garantiza la independencia.

La utilización de las fuentes de energía se aborda desde otra idea troncal del pensamiento peronista, la noción de justicia social. La discusión no se sitúa tanto en si han de explotarse o no recursos, sino en quién se beneficia de dicha explotación. La principal preocupación es que haya una dirigencia política que cuente con autonomía y que vele porque los resultados de la extracción reviertan en los propios argentinos y no vayan destinados a otros intereses ajenos al país, como el pago de la deuda al FMI, lo que reproduciría una lógica de dependencia. En este punto, se percibe como debilidad el hecho de que sean las provincias las titulares de los recursos, frente al control directo del Estado central, ya que se considera que son más vulnerables a las presiones de las empresas extranjeras, y abre la puerta a unos términos de intercambio desiguales.

La idea de justicia social atraviesa también la comprensión de la transición energética que, vista con cierta lejanía, se considera un proceso más propio de los países desarrollados. En un esquema norte-sur, se aplica la idea de justicia social, por la que Argentina es representada como un país periférico, que tiene todavía un camino por recorrer, y que cuenta con grandes reservas de petróleo y gas que ha de aprovechar si quiere lograr el autoabastecimiento.

Sin embargo, esta extracción genera contradicciones, ya que si, por un lado, supone una oportunidad para el país, por el otro, también implica riesgos, debido a su impacto ambiental. Estas tensiones son representadas como un efecto de la lógica del capitalismo mundial y la subordinación económica que vive el país, caracterizado como flexibilidad ambiental. Para mitigar estos costes, se proponen dos medidas: la primera, contar con más controles, lo que implica reforzar la presencia del Estado sobre estos procesos, de forma que se garantice el cuidado del medio ambiente, y la segunda, la importancia de que exista una licencia social, de forma que la población y las comunidades afectadas participen y se beneficien de la explotación.

Imaginario neo-desarrollista [Subir]

Este imaginario se caracteriza por tener un enfoque marcadamente economicista. Los recursos naturales son vistos como un recurso económico, que constituyen un potencial factor de crecimiento y desarrollo, y que pueden posibilitar un cambio en la matriz productiva argentina, que permita superar la dependencia agroexportadora y transitar hacia un país energético. Se trata de una mirada neo-desarrollista, basada en fundamentos de neo-estructuralismo, con la que se plantea un modelo de desarrollo endógeno, pero al mismo tiempo orientado hacia el exterior. La lógica que subyace es que se produzca energía suficiente no sólo para frenar las importaciones, sino también para exportar, de manera que, internamente, se creen polos de desarrollo, con la creación de industria con valor agregado y empleos cualificados y, hacia fuera, se generen divisas que permitan afrontar los pagos de deuda externa.

Desde esta óptica, la noción de soberanía energética pierde peso. Se considera una idea anticuada, que responde al pasado, y que no sirve para explicar el contexto económico actual, marcado por una mayor interdependencia. Se trata de una mirada de economía mixta, en la que adquiere importancia la competencia en el mercado internacional y los movimientos geopolíticos, y se toma como referencia aquellos países con tradición en el manejo de hidrocarburos que han logrado un crecimiento sostenido, como Noruega.

La lectura que se hace es que, debido a la coyuntura internacional, marcada por el contexto de transición energética y el ataque de Rusia a Ucrania, el mundo demanda nuevos proveedores y fuentes de energía, en especial de gas. Se presenta así una oportunidad inmejorable para Argentina, que cuenta con los recursos necesarios que el mundo ahora necesita. En concreto, Vaca Muerta aparece en el centro, como corazón energético del país, sobre cuyo yacimiento se genera una gran expectativa, como esperanza de futuro, capaz de responder tanto a esa demanda interna como externa de energía.

Sin embargo, la interpretación es que la posesión por sí sola de estos recursos no garantiza ni el crecimiento ni el desarrollo del país, ya que se necesita de una acción institucional coherente que permita su explotación efectiva. Y la percepción es que Argentina es un actor que corre por detrás en el mercado internacional debido, sobre todo, a la falta de tecnología e infraestructuras y que de no ponerse los medios necesarios para remediarlo, se perderá una oportunidad histórica. Se requiere la acción activa del Estado, que es representado como motor del desarrollo, orientado a estimular el mercado y ejercer un papel articulador, con capacidad para convocar al capital privado.

Dentro de este marco, YPF cumple esa función específica en el sector de la energía. Se trata de la empresa emblemática argentina, cuyo peso histórico la avala y que puede desempeñar un liderazgo institucional, tomar decisiones clave e invertir en infraestructuras y tecnologías que atraigan la participación de empresas nacionales e internacionales. Si bien, a diferencia del imaginario nacional-popular, aparece inserta en un ecosistema, que ha de estimular, y que está compuesto por actores públicos y privados.

La concreción de esta política pública durante el Gobierno de Fernández fue el Plan Gas.Ar, representado como un instrumento exitoso gracias a su inusitado consenso y continuidad. Basado en una estrategia que actúa tanto sobre la oferta de energía (mediante precios estables) como sobre su demanda (con subsidios) -para favorecer la inversión a medio y largo plazo-, se presenta como resultado de la iniciativa del Estado pero, sobre todo, de la concertación entre actores públicos y privados.

Una idea de consenso que se amplía a la discusión general sobre la explotación del gas como estrategia prioritaria del país, cuyo acuerdo ha permitido llegar a resultados tangibles, como el Gasoducto Néstor Kirchner y la construcción de una planta de licuefacción en Bahía Blanca.

Una asunción que se refuerza con el argumento de que se trata de una energía “limpia”, apropiada para el contexto de transición energética. El gas se presenta como una fuente menos contaminante que otras, como el carbón, que Argentina apenas produce, y se hace referencia a la decisión del Parlamento Europeo de julio de 2022 por la que se declara actividad económica sostenible.

Se instaura así un marco que reduce el dilema sobre los costes medioambientales de su extracción, en varios sentidos. Primero, el uso de técnicas como el fracking, empleada en Vaca Muerta, y que ha causado controversia en otros países por su impacto, se enmarca en un discurso técnico, por el que el desarrollo tecnológico aminora y mitiga costes. Segundo, los conflictos con las comunidades en el territorio se consideran un asunto más propio de otros países con población indígena (como Ecuador o Bolivia) y no de Argentina, con mucha menor presencia. De igual manera, a los activistas ambientales se les caracteriza como una minoría intensa, desconectada de la realidad del país, que adopta discursos ecológicos propios de otros contextos, como Europa. Y tercero, se considera que Argentina ya hizo su parte en la transición energética y que ahora debe crecer, de forma que corresponde a otros países avanzar más, ya que los esfuerzos han de ser proporcionales.

Imaginario ambientalista [Subir]

Este imaginario se despliega a partir de una mirada ecologista. Surge del discurso de las fuerzas más a la izquierda y de los activismos, y tiene como tema principal los efectos medioambientales que provoca la explotación de recursos naturales. En base a este argumento, se rechazan las políticas energéticas aplicadas por el Gobierno de Alberto Fernández, ya que consideran que contribuye a expandir la frontera del extractivismo fósil y que reproduce un patrón de crecimiento neoliberal.

Desde esta visión, la soberanía energética se caracteriza como un concepto vacío de contenido, que responde a una cuestión de marketing del gobierno, orientado a una estrategia electoral, con la que se intenta legitimar y normalizar la extracción de hidrocarburos. En contraposición, se plantea la idea de seguridad energética como un enfoque más apropiado, con el que se busca garantizar que el país cuente con un modelo sostenible que no ponga en riesgo la naturaleza, basado en energías renovables y que no esté sujeto a las normas del mercado.

Este imaginario rompe también con el relato sobre la renacionalización de YPF. Se considera que se ha construido en torno a los acontecimientos de 2012 una narrativa épica que no se corresponde con la realidad, ya que la expropiación emprendida por CFK se caracterizó por ser un proceso de compra de acciones que supuso la creación de una empresa mixta antes que una verdadera nacionalización. Este proceso se representa además como una sucesión de movimientos y acuerdos opacos que favorecieron a las grandes compañías privadas por encima de los intereses nacionales. De estos negocios ocultos se desprenden prácticas corruptas a través de un entramado de empresas matrices que tienen filiales en paraísos fiscales, lo que favoreció una fuga masiva de capitales.

En esta mirada hay una lectura de un Estado debilitado, que está sometido a la voluntad de las empresas transnacionales y a intereses privados, y cuya política energética no tiene tanto que ver con las necesidades del país como con un mandato de los mercados internacionales. El hecho de que las provincias sean las propietarias de los recursos favorece esta lógica, ya que se encuentran en una posición de debilidad que termina por provocar un intercambio desigual frente a estas empresas a las que, en muchas ocasiones, se entregan elevados porcentajes de regalías como garantía de inversión.

Dentro de este marco, se señala que la política sobre el gas, como principal apuesta energética del Gobierno, se ha implementado sin apenas discusión, ni en el Congreso ni socialmente. Se plantea que existe un consenso exportador, que nadie cuestiona, y que está orientado a incrementar la producción de hidrocarburos para su exportación con el propósito de conseguir dólares que permitan afrontar el pago de la deuda con el FMI.

Se rechaza sobre todo la estrategia en torno a Vaca Muerta por su fuerte impacto ambiental, en especial por el uso de la técnica del fracking, y los riesgos que implica, a nivel sísmico, en el consumo de agua o en la generación de residuos. Se considera que quienes niegan estos efectos o son negacionistas o, cuanto menos, manejan una idea engañosa de transición energética. También se rechaza por sus costes, ya que para poder implementarla, el Estado ha de cargar con los gastos de infraestructuras, subsidiando prácticamente a las empresas privadas. En ese sentido, se estima que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner no debería haberse construido, por su enorme inversión, y que el dinero debería invertirse en otras fuentes de energía alternativas, que garantizarían además el autoabastecimiento del país.

Como alternativa, este imaginario propone una representación de la transición energética como transición eco-social justa. Con este planteamiento se proyecta la urgencia de establecer un pacto social amplio, que reconozca la presencia de pueblos originarios y que incluya consultas a las comunidades en los territorios de extracción. Se plantea, en consonancia, la imagen de un Estado abierto a la participación, que articule su política energética con el sistema científico e impulse energías renovables en función de las cualidades climáticas y de la deliberación descentralizada de cada comunidad y que, en paralelo, promueva nuevas formas de propiedad de las empresas energéticas que favorezca el control de los trabajadores, así como una reforma tributaria que corrija las desigualdades.

Imaginario socio-liberal [Subir]

Este imaginario refleja la visión del radicalismo y muestra una preocupación central por la recuperación de la institucionalidad del país, lo que considera el problema más grande que impide que Argentina se desarrolle acorde a los recursos naturales con los que cuenta. De ello se desprenden dos imágenes principales. La primera es la de un pasado dorado, en la que se presenta un país con abundantes recursos y un desarrollo institucional que le permitieron no solo ser autosuficiente, sino también situarse a la cabeza mundial de la energía, al nivel de otras potencias como Australia. La segunda es la de la decadencia, que se sitúa en la década de los años noventa y que continúa hasta hoy, asociada al desfalco del Estado y el fin de la política energética y la autosuficiencia.

Cada uno de estos imaginarios se asocia a un relato determinado sobre la historia política del país. El primero de ellos hace referencia a las presidencias radicales de Hipólito Yrigoyen, primero, y de Raúl Alfonsín, después, como hitos del desarrollo. YPF -fundada en 1922 por Yrigoyen- aparece representada como la compañía más importante de Argentina, por su capacidad aglutinante y su visión estratégica, constituyéndose en la verdadera columna vertebral del sistema energético. Su creación se asocia a la noción de soberanía energética, aunque con una concepción distinta a la del peronismo, más asociada a la idea de seguridad energética y la garantía de un suministro estable. Una situación que se considera plenamente conseguida en 1989, cuando Argentina logra el autoabastecimiento, como resultado de las políticas de Alfonsín.

El segundo relato gira en torno a la llegada de Carlos Menem al poder. La privatización de YPF emprendida por su Gobierno, caracterizada de saqueo, supuso una ruptura histórica del modelo de desarrollo que había distinguido a Argentina hasta ese momento, con un cambio de tendencia que implicó el fin de la autosuficiencia y el inicio de un periodo en el que el país comienza a importar energía y a hacer un uso creciente de divisas para afrontar su pago.

Es este segundo relato el que va a permear buena parte de los imaginarios radicales, impregnados de una combinación de crítica y escepticismo sobre el presente y futuro energético del país. El Estado se representa como un proyecto fallido, asociado a prácticas oscuras e intereses particulares, y la energía aparece capturada por la política electoral, como un instrumento de adhesión de votos a través del congelamiento de tarifas y la provisión de subsidios. De esta forma, se llega a la conclusión de que la energía no es vista más como una política pública, debido a una ausencia generalizada de estrategia de desarrollo.

Es en este marco en el que se interpreta la política energética de Alberto Fernández. Se cree que su estrategia del gas responde a impulsos, sin una estrategia coherente, que refleja un comportamiento irracional. Se considera irreal que, como proyecta el Gobierno, Argentina pueda desempeñar un papel relevante en el plano internacional, puesto que no puede competir ni va a convertirse en una referencia del tipo de Noruega, al no tener condiciones para ello. En una lógica similar, la apuesta por Vaca Muerta se califica de idea infantil, ya que para poder extraer los recursos del yacimiento se requiere del desarrollo de una infraestructura que no existe y que no se puede financiar.

Los intentos por generar esa infraestructura, como sucede con la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, se valoran como un exceso estéril, que supone un altísimo coste a un Estado que está además fundido económicamente. Sobre este aspecto se subraya de nuevo la idea de irracionalidad, puesto que consideran que si va a ser una compañía privada la que va a explotar y beneficiarse de los recursos, debería ser ella la que sufrague los costes que conlleva dicha extracción, y no el Estado subsidiando las condiciones para hacerla posible. Además, se estima que se trata de un esfuerzo poco productivo, al generar poco valor agregado y tener escaso impacto en la creación de empleo.

De manera alternativa, asociado a esa idea de recuperación de la institucionalidad y racionalidad que se vincula a la visión radical, se plantea un modelo energético que vaya en consonancia con el contexto global. Se asume así los postulados europeos de transición energética y se considera que el futuro sensato de Argentina habría de pasar por invertir en fuentes renovables y en la tecnología que haga posible su desarrollo, en detrimento de la energía fósil. Como argumento complementario, aunque sin ser un tema principal, se utiliza la preocupación ambiental.

Discusión [Subir]

Estos imaginarios revelan diferentes concepciones sobre cómo organizar la sociedad y el rol del Estado en la política energética. Se basan en distintas tradiciones políticas, con sus propios símbolos y referencias identitarias, y proyectan modelos alternativos de desarrollo, así como visiones divergentes de futuro, tal y como se detalla en el Anexo 2. Sin embargo, estos imaginarios no operan de manera aislada y, a pesar de tener intereses que no siempre coinciden, pueden articular algunas narrativas compartidas sobre las soluciones políticas, configurando así coaliciones discursivas (‍Hajer, 1995). Este es el caso de los dos primeros imaginarios, que conviven dentro del Gobierno de Fernández, en contraste con el ambientalista y el socio-liberal. De esta forma, el peronismo, aun con sus discrepancias internas -que, en ocasiones, se traducen incluso en enfrentamientos-, funciona como factor diferenciador.

Si bien, dentro del ámbito peronista, se establece una tensión entre dos maneras de comprender y proyectar la energía, que conviven no solo entre las distintas organizaciones y sectores del peronismo, sino también en el propio discurso de Fernández: una relacionada con la autosuficiencia y la autonomía política, la otra con la exportación y el desarrollo económico. El primer imaginario refleja una mirada más política, de raíz nacional-popular, por la que el gas es representado y reproduce al mismo tiempo preceptos clásicos del peronismo, como son la independencia, la soberanía y la justicia social. A través de la energía se proyecta la imagen de un país soberano, con autonomía y capacidad de decidir sobre su propio destino, en la que el desarrollo se asocia a la idea de redistribución, y sus principales referencias son el primer mandato de Perón y los Gobiernos de Néstor y, sobre todo, Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, el segundo imaginario maneja otros referentes, en los que la narrativa política épica pierde peso y gana importancia la economía y una mirada más técnica -de hecho es la que se proyecta desde los funcionarios del Gobierno-, orientada a lograr un desarrollo que permita consolidar la posición de Argentina en el mundo. El gas aparece representado así como la gran oportunidad para sacar al país de una posición marginal y convertirlo en una potencia al nivel de los países europeos, pero para ello es fundamental establecer una política pública que permita maximizar los recursos y garantizar su exportación.

En cuanto a los imaginarios no peronistas, aunque de tradiciones muy distintas -izquierda socialista y radicalismo-, ambos comparten una visión crítica sobre lo que consideran un falso consenso en torno a la energía, que caracterizan como resultado de la falta de debate, así como del papel del Estado, que representan como débil y sujeto a intereses particularistas. El tercero de estos imaginarios se distingue por su mirada ecologista, por la que la estrategia energética del Gobierno se percibe como una ampliación de la frontera extractivista. El valor fundamental que comparten es la idea de una transición eco-social justa, plantean la necesidad de romper con los imaginarios de desarrollo clásicos y proyectan un futuro alternativo, basado en la sostenibilidad ambiental y en el que la participación tanto de las comunidades como de los trabajadores es clave.

El cuarto imaginario refleja una mirada socio-liberal, asociada al radicalismo clásico de la UCR, la otra gran tradición política argentina. Comparte con el peronismo la idea de que Argentina es un país con abundantes recursos naturales, pero difiere sobre la política energética que ha de implementarse. A diferencia del neo-desarrollismo, propone un rol preponderante de los inversores privados, debido a una baja valoración del desempeño del Estado argentino en la gestión de la energía. Esta visión se sustenta en una lectura nostálgica de la historia del país, que contrasta dos tradiciones. Por un lado, identifica los momentos exitosos del siglo XX con los gobiernos radicales de Yrigoyen y Alfonsín, que asocia a una racionalidad económica que permitió el desarrollo y el autoabastecimiento energético. Y, por el otro, caracteriza la etapa de Gobierno de Menem como el origen de la irracionalidad que condujo al declive del desarrollo energético y al inicio de un Estado fallido, imposibilitando la consolidación de un país políticamente normal, situación que, desde esta perspectiva, han perpetuado los posteriores gobiernos peronistas hasta la actualidad.