El presente estudio analiza las causas de la represión estatal en periodos de posguerra civil. Para ello adopta una perspectiva multifactorial que integra las características del enfrentamiento armado y la configuración de la sociedad posconflicto como ejes explicativos de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado. Desde el punto de vista empírico, este trabajo se sustenta en una amplia base de datos que incluye todos los periodos posbélicos registrados entre los años 1976 y 2012: un total de 70 episodios acaecidos en 56 países distintos. Los análisis muestran la relevancia de variables como la virulencia del conflicto armado, su dimensión étnica, el régimen político imperante tras la contienda, la presencia de oposición política o el tamaño poblacional a la hora de dar cuenta del estado de los derechos humanos en situaciones posconflicto. La investigación propone, asimismo, una nueva mirada al impacto de la debilidad estatal sobre la represión de posguerra. Sugiere, así, líneas alternativas de análisis y plantea la necesidad de explorar la posible aplicación de las políticas de
This study analyzes the causes of state repression during post-civil war periods. For this purpose, it applies a multifactorial approach, considering armed conflict characteristics as well as the configuration of post-conflict societies as explanatory factors with regard to human rights violations committed by the State. From an empirical viewpoint, the work is based on a comprehensive database which includes all post-war periods registered between 1976 and 2012 and a total of 70 episodes that occurred in 56 different countries. The analysis shows the relevance of multiple variables, including the virulence of armed conflict, its ethnic dimension, the ruling post-war political regime, the presence of political opposition and population size, for explaining the status of human rights in post-conflict situations. The research also proposes a new viewpoint on the impact of state weakness on post-war repression. Thus, it suggests alternative lines of analysis and raises the need to explore the implementation of state-building policies as an additional tool to guarantee human rights in post-war scenarios.
La finalización de los conflictos armados no siempre conlleva el cese de la violencia que azota a los países escenario de la contienda bélica. En realidad, la paz viene a menudo acompañada de actividad violenta que permea y lastra los periodos de posguerra civil. Por ello, algunos autores han señalado ya la necesidad de indagar en el impacto y dimensiones que la violencia adquiere en los contextos recientemente atravesados por conflictos de carácter bélico (
Sin embargo, pese a que algunos de los trabajos referidos aluden a la presencia de prácticas represivas en periodos de posguerra, lo cierto es que la violencia estatal posconflicto como objeto particularizado de análisis ha quedado hasta la fecha inmersa en una considerable bruma. Una simple mirada a la trayectoria de los enfrentamientos armados, históricos y contemporáneos, nos muestra cómo el menosprecio gubernamental por los derechos humanos ha sido una realidad recurrente no solo durante las contiendas bélicas, sino también tras el desenlace de las hostilidades. Existe, no obstante, una importante variabilidad a este respecto. Así, como señala Herreros (
Los derechos humanos aluden a un abanico de atributos y libertades inherentes a toda persona por el mero hecho de serlo y sustentados sobre la idea de dignidad del ser humano (
Para el estudio de dicha cuestión, la presente investigación adoptará una perspectiva multifactorial, agrupando la pluralidad de causas que subyacen a la violencia estatal de posguerra en dos grandes ejes explicativos: las características y dinámicas del conflicto armado y las características y configuración de la sociedad emergente tras el fin de los combates (
Las dinámicas desatadas en el curso de la guerra civil y los rasgos definitorios de la contienda bélica juegan un papel relevante en la configuración de la represión estatal de posguerra. Este es el argumento defendido por diversos autores entre los que destaca Francisco Herreros (
H1: El grado de observancia de los derechos humanos registrado en periodos de posguerra estará asociado a las características y dinámicas del conflicto armado.
Una vez definida esta primera proposición marco, cabría preguntarse cuáles son, en particular, las características del conflicto armado que condicionan el grado de vulneración de los derechos humanos registrado en la posguerra. En primer lugar, la intensidad de la contienda bélica podría incidir en los niveles de violencia estatal desplegados tras su clausura. Aquellos enfrentamientos armados caracterizados por una mayor virulencia son indicativos de fuertes hostilidades entre los contendientes y generadores también de mayores agravios, venganzas y represalias que pueden prolongarse más allá del final de los combates (
H1a: Los conflictos armados de una mayor intensidad irán seguidos por mayores niveles de transgresión de los derechos humanos.
Junto a la magnitud de la guerra civil, la naturaleza de los enfrentamientos puede ser también clave para comprender la incidencia de agresiones de posguerra. En particular, el análisis de la relación existente entre etnicidad y conflicto armado ha sido un importante ámbito de reflexión por parte de la literatura especializada (
Por otro lado, de acuerdo con Herreros (
H1b: La naturaleza de los enfrentamientos armados afecta al grado de observancia de los derechos humanos en el periodo posguerra. Los conflictos étnicos incrementan las probabilidades de abusos cometidos por parte de los poderes públicos.
Por último, prestaremos atención al modo en que finaliza la contienda. McMeekin (
Meernik
H1c: La forma en que finaliza el conflicto armado influirá en el grado de respeto a los derechos humanos durante la posguerra. En particular, el cese de las hostilidades a través de un acuerdo formal entre las partes reducirá las probabilidades de violencia estatal posconflicto.
De acuerdo con las hipótesis formuladas hasta el momento, los rasgos definitorios del conflicto armado podrían otorgarnos pistas relevantes sobre cuál será el grado de observancia de los derechos humanos en el periodo de posguerra. Sin embargo, como ya indicamos anteriormente, la configuración del nuevo escenario sociopolítico tras el impacto de la contienda bélica puede resultar también clave para comprender la prevalencia y ejercicio de la violencia estatal. En consecuencia, la segunda hipótesis general formulada para su posterior comprobación empírica es la siguiente:
H2: Las violaciones de los derechos humanos registradas en periodos de posguerra estarán asociadas a las características de la sociedad emergente tras el conflicto armado y a las posibles consecuencias de éste en la configuración de dicho escenario.
Uno de los principales hallazgos de la literatura consagrada al análisis de la represión estatal es su vinculación con el tipo de régimen político imperante. Los sistemas democráticos se muestran, de acuerdo con esta perspectiva, significativamente más respetuosos con los derechos humanos que los regímenes dictatoriales (
Desde la perspectiva que aquí se sostiene, resulta pertinente comprobar la vigencia de esta idea de «paz democrática», objeto de un consenso amplio y generalizado, en el contexto específico de aquellas sociedades recientemente atravesadas por un enfrentamiento bélico. Se trata de circunstancias en las que debido a sus atributos distintivos, en buena medida consecuencia del propio conflicto armado (quiebras en el sistema económico, corrupción, rencores y hostilidades), suele resultar difícil la implantación y funcionamiento de las democracias (
H2a: La vigencia de sistemas democráticos reduce el riesgo de violaciones de los derechos humanos en el periodo de posguerra.
Junto al binomio democracia-derechos humanos, el conflicto y la contestación política han sido otro de los elementos clave tradicionalmente destacados a la hora de analizar la incidencia de la represión estatal. La llamada
H2b: Las revueltas y la actividad de grupos opositores contra el Gobierno resultante del conflicto armado se hallan asociadas a un mayor riesgo de vulneración estatal de los derechos humanos.
La fragilidad estatal y el conflicto armado se hallan unidos por un peligroso camino de ida y vuelta. Ambos fenómenos se retroalimentan generando una complicada «trampa» de la que resulta difícil encontrar la salida. Los estudios sobre el estallido de guerras civiles han señalado cómo son los Estados más débiles quienes presentan una probabilidad significativamente mayor de ser víctimas de un conflicto armado (
Los escenarios posconflicto se hallan, por tanto, generalmente marcados por la fragilidad. Se han señalado, de hecho, las elevadas tasas de recurrencia de las guerras civiles durante los años inmediatamente posteriores a su clausura. Tanto es así que, de acuerdo con Collier
Pero la fragilidad estatal de posguerra no solo es caldo de cultivo para el estallido de nuevos enfrentamientos bélicos, sino también para la emergencia de otras formas y manifestaciones de violencia. La ausencia de un Estado fuerte tras la contienda, con un entramado burocrático, judicial y de seguridad efectivo, se encuentra en buena medida detrás de la influencia de las mafias, la actividad de los excombatientes, el incremento de la delincuencia o el fortalecimiento de los ya mencionados «señores de la guerra» (
Los lazos que unen represión y capacidad estatal han recibido una escasa atención por parte de la literatura. Existen, no obstante, algunas notables excepciones. De acuerdo con Young (
Esta idea de represión asociada a la debilidad del Estado ha sido analizada por Mauricio Rivera (
La adopción de este enfoque sobre la violencia estatal y su mirada más allá de las estrategias políticas de los gobernantes pone, por tanto, el acento en el cumplimiento y efectividad del imperio de la ley. Desde el punto de vista expuesto, la impunidad y la ausencia de fiscalización estatal pueden hacer de policía y ejército una fuente autónoma de torturas, asesinatos y demás vulneraciones del derecho a la integridad física de las personas. En este sentido, resultaría relevante prestar atención al impacto que tienen sobre la represión del Estado los aspectos asociados a la legalidad y el sistema judicial. Tal es la línea adoptada por autores como Mitchell
En definitiva, y de acuerdo con los argumentos planteados, un Estado fuerte y garante del imperio de la ley constituye un buen antídoto contra las violaciones de los derechos humanos. El control estatal de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de instrumentos para su rendición de cuentas supondrá un freno necesario a los posibles abusos de poder cometidos por tales agentes. Por tanto, la capacidad del Estado se erige, desde esta perspectiva, en un elemento fundamental para el análisis de la represión. Sin embargo, ninguno de los mecanismos expuestos ha sido abordado en los estudios previos sobre derechos humanos en periodos de posguerra civil. Pese a la enorme relevancia que adquiere, como ya señalamos anteriormente, el problema de la debilidad y el colapso del Estado tras los conflictos armados, sus efectos sobre las prácticas represivas no han sido objeto de un análisis particularizado. Durante las etapas posconflicto, las frecuentes quiebras producidas en el aparato estatal como consecuencia de la experiencia bélica pueden hacer que la impunidad, la corrupción y los límites al control gubernamental incrementen el riesgo de transgresión de los derechos humanos por parte de los poderes públicos. Esta circunstancia puede tornarse especialmente severa si tenemos en cuenta que policía y ejército emergen de un contexto bélico en el que las prácticas represivas no han sido ajenas a su actividad. La interiorización de las dinámicas violentas aprendidas durante la contienda bélica, sobre todo en el caso de conflictos largos o de gran intensidad, puede generar ciertas inercias que continúen marcando su forma de proceder tras el final de la guerra. En este sentido, la capacidad estatal para fiscalizar y sancionar este tipo de conductas resultaría de vital importancia para garantizar el respeto a los derechos y libertades fundamentales.
Asimismo, es preciso tener en cuenta que la presencia de antiguos combatientes armados, y acostumbrados al manejo de dichas armas, puede redundar no solo en la presencia de actividad opositora contra el régimen, sino también en un ascenso de la criminalidad. Se trata de agentes especializados en la violencia que, tras el conflicto, podrían reorientar su actividad armada hacia la delincuencia común. De acuerdo con Muggah (
Si, como se ha planteado en páginas previas, la debilidad estatal en periodos de posguerra puede ser un factor de riesgo para la observancia de los derechos humanos, parecería oportuno tomar en consideración el impacto de tal dimensión durante los procesos de paz. La reconstrucción del Estado emerge, desde esta óptica, como una tarea insoslayable tras el final de la contienda. En realidad, la importancia de las políticas de
H2c: La debilidad y, en su caso, el propio colapso del Estado tras el conflicto armado incrementan las probabilidades de abuso de los derechos humanos.
El presente estudio analiza un total de 70 periodos de posguerra [véase Anexo] de 56 países entre los años 1976 y 2012, con un total de 516 observaciones (estas se verán alteradas en los modelos en función de la disponibilidad de datos para las variables independientes). Para la definición de estas etapas posconflicto se ha realizado, en primer lugar, una selección de enfrentamientos armados susceptibles de ser catalogados como guerras civiles. De acuerdo con buena parte de la literatura, este tipo de enfrentamientos bélicos se caracterizan por la confluencia —aunque con ciertas variaciones— de al menos tres componentes básicos: su carácter intraestatal, su amplia magnitud y capacidad destructiva, y la presencia de resistencia efectiva por ambas partes contendientes (
Para la realización de los análisis estadísticos hemos aplicado modelos de regresión (OLS) con errores estándar robustos agrupados en cluster de país. El cálculo de este tipo de errores pretende abordar los posibles problemas de estimación derivados de la heterocedasticidad (
Finalmente, los modelos incluyen las siguientes variables de control: a)
Represión estatal y conflicto armado mantienen entre sí importantes vínculos que tornan relevante el estudio conjunto de ambas dimensiones. Como ya se indicó anteriormente, la literatura ha manifestado un elevado grado de consenso al considerar la guerra como una de las principales responsables del incremento en las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. El gráfico 1 confirma, en el primer histograma, la mencionada tendencia. La comparación de los niveles medios de represión registrados antes y durante los enfrentamientos bélicos de nuestra muestra evidencia el aumento de la violencia estatal en una abrumadora mayoría de los casos —apenas alguna excepción aislada ve disminuidas las prácticas coercitivas una vez iniciada la guerra civil—. Dicho comportamiento es, además, muy homogéneo. Aunque hay ciertas variaciones en la magnitud del incremento, en términos generales las barras del histograma se encuentran muy concentradas en un rango de valores relativamente pequeño.
La segunda sección del gráfico exhibe, por su parte, la alteración en los niveles de vulneración de los derechos humanos en el tránsito desde el conflicto armado hacia las fases de posguerra. En este caso, la tendencia observada es la contraria. Existe un claro predominio de las instancias en que, una vez cesados los combates, la represión estatal retrocede. De hecho, frente a un nivel medio de 3,78 durante la guerra, las agresiones del Estado caen durante la década posterior hasta una cota de 3,02. No obstante, este gráfico indica también la existencia de una notable variabilidad. A diferencia del histograma anterior, ahora se registran escenarios más heterogéneos, con situaciones posconflicto —aunque minoritarias— en que incrementan los abusos a los derechos humanos y, sobre todo, con diferentes grados de disminución en las prácticas represivas. Esta diversidad en la variación, magnitud y alcance de la represión estatal de posguerra sugiere la relevancia de analizar las causas que subyacen a su incidencia en dichas fases posconflicto.
Para la contrastación empírica de las hipótesis teóricas planteadas sobre la observancia de los derechos humanos en periodos de «
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Características de la guerra | Víctimas mortales | 0,0778 |
0,0755 |
0,0804 |
0,0841 |
0,0865 |
Étnica/mixta | 0,0701 |
0,0618 |
0,0840 |
0,0617 |
0,0762 |
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Victoria rebelde | -0,0135 |
0,0098 |
0,0070 |
0,0239 |
0,0002 |
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Compromiso | -0,0639 |
0,0343 |
0,0343 |
0,0754 |
-0,0001 |
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Características del escenario de posguerra | Democracia | -0,1303 |
-0,1085 |
-0,1405 |
-0,1104 |
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Conflicto pc | 0,0909 |
0,0932 |
0,1257 |
0,1332 |
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Población (ln) | 0,1707 |
0,1850 |
0,2170 |
0,1693 |
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PIB pc (ln) | -0,0397 |
-0,0369 |
0,0199 |
0,0296 |
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Fortaleza estatal | Indep. Judicial | -0,0963 |
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Impuestos (%PIB) | -0,1120 |
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Calidad Gobierno | -0,1381 |
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Años de posguerra (t) | 0,0217 |
0,0318 |
0,0229 |
0,0232 |
0,0001 |
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Represión (t-1) | 0,7068 |
0,6388 |
0,5961 |
0,6128 |
0,6075 |
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N | 513 | 491 | 470 | 401 | 375 | |
R2 | 0,551 | 0,586 | 0,588 | 0,611 | 0,641 | |
AIC | 826,3 | 761,5 | 729,5 | 585,1 | 552,3 | |
BIC | 856,0 | 807,6 | 779,3 | 633,0 | 599,4 |
Coeficientes beta estandarizados; errores típicos robustos (en
p < 0,10;
p < 0,05;
p < 0,01.
Las características del escenario sociopolítico configurado tras los enfrentamientos armados otorgan también interesantes pistas sobre cuál será el grado de compromiso estatal con los derechos humanos durante la posguerra. Los resultados son coherentes con los hallazgos de la literatura previa y con nuestras hipótesis H2a y H2b. Los regímenes democráticos de calidad manifiestan una probabilidad inferior de incurrir en prácticas represivas que los sistemas autoritarios, híbridos o democracias débiles. Esta relación resulta, además, muy robusta en nuestros análisis ya que la variable es significativa en todos los modelos calculados, con una confianza del 99 % en tres de las cuatro estimaciones realizadas. La vigencia —y el impulso— a este tipo de Gobiernos tras los conflictos armados parece, por tanto, un escudo valioso contra los abusos a los derechos humanos. Asimismo, la presencia de actividad opositora a la autoridad vigente tras la contienda aumenta significativamente los riesgos de represión estatal. La variable de conflicto político impacta sobre las agresiones cometidas por el Estado en todas nuestras estimaciones con una confianza de entre el 95 y el 99 %. Así sucede también con la población, cuya significatividad (p<0,01) y valor de los coeficientes estandarizados indica que se trata de una cuestión digna de consideración en los estudios sobre represión estatal. El argumento apuntado por Henderson (
El último bloque de variables consideradas se asocia con el concepto de capacidad y fortaleza del Estado. De acuerdo con nuestra propuesta teórica, la fragilidad estatal propia de buena parte de los contextos posbélicos puede, a través de diversos mecanismos detallados en páginas previas, avivar las llamas de la represión. Los tres indicadores empleados para analizar dichos planteamientos han resultado significativos con un nivel de confianza del 99 %, arrojando resultados sólidos y coherentes entre sí. En primer término, la independencia judicial disminuye el riesgo de agresiones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado. El sometimiento efectivo de los poderes públicos al escrutinio de la justicia y la consiguiente ausencia de impunidad en sus actividades favorece el control de los abusos y agresiones perpetrados desde tales esferas. La estructuración de un sistema de justicia fuerte posibilita la rendición de cuentas de fuerzas gubernamentales, policía y ejército en caso de comisión de torturas, asesinatos o desapariciones e inhibe, por tanto, las prácticas violatorias del derecho a la integridad física de los ciudadanos. Asimismo, aquellos países que gozan de una mayor capacidad extractiva vía impuestos se caracterizan por un menor riesgo de represión estatal. Dicho resultado podría interpretarse como indicativo de que la tenencia de recursos y capacidades por parte del Estado para controlar población, territorio y fuerzas de seguridad, posibilita asimismo el control de la violencia desplegada dentro de sus fronteras. Como señala Englehart (
Por otro lado, si atendemos a la capacidad explicativa de los modelos mediante el cálculo del coeficiente de determinación R2, observamos que las sucesivas adiciones de los tres bloques de variables consideradas van mejorando progresivamente la bondad del ajuste. Así, partiendo de un primer R2 de 0,551 asociado a las características del conflicto armado, la variabilidad de la represión explicada por el modelo asciende a 0,586 si consideramos también la configuración del escenario de posguerra. El incremento continúa con las diversas estimaciones realizadas introduciendo los diferentes
El presente trabajo de investigación examina las causas de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado en periodos de posguerra civil. Para ello ha explorado un doble eje de influencia: el impacto de las características del conflicto armado y el efecto de los rasgos propios de la sociedad resultante de los combates. Por lo que respecta a la primera línea de análisis, el estudio ha concluido que las guerras de mayor virulencia, medida en número de muertos, así como aquellas articuladas en torno a conflictos de carácter étnico van seguidas por mayores niveles de represión estatal. El modo en que finaliza la contienda bélica no parece, sin embargo, afectar al grado de violencia desplegada por los poderes públicos. Junto a tales dimensiones, algunos atributos de la sociedad posconflicto como la democracia, la oposición política interna o el tamaño poblacional han resultado también clave para comprender el grado de observancia del derecho a la integridad física de las personas en tales periodos.
Finalmente, la investigación ha planteado una nueva vía de aproximación al estudio de la represión estatal en periodos de posguerra. Desde la perspectiva propuesta, la fragilidad —e incluso colapso— del Estado podría contribuir a explicar los abusos cometidos por sus agentes después del enfrentamiento armado. Los análisis estadísticos parecen confirmar esta interpretación. Podría hablarse, en este sentido, de una represión de posguerra asociada a las dinámicas del conflicto armado y al combate del opositor político promovida desde las autoridades; y de otra vinculada con la incapacidad estatal de controlar a sus fuerzas y cuerpos de seguridad y garantizar el respeto a los derechos humanos en escenarios frecuentemente definidos por la quiebra institucional producida por la experiencia bélica. Si bien algunos trabajos previos habían subrayado ya la relevancia de las características de la guerra, del proceso de paz o de la sociedad de posguerra para el análisis de los derechos humanos, lo cierto es que no se había prestado una atención particularizada al impacto de la fortaleza estatal en estos contextos. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de esta investigación, sería crucial atender a la construcción del Estado tras el conflicto armado. Dicho enfoque proporciona una perspectiva distinta sobre la implementación de las políticas de
Este artículo fue realizado gracias a una estancia de investigación posdoctoral del Programa de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en el cual fui becaria durante el período 2015-2016. Quisiera agradecer, en particular, el apoyo, orientación y cariño brindado por mis asesores, Mauricio Padrón Innamorato y Carlos Silva Forné. Gracias, asimismo, a Brian Phillips por su amable lectura del texto. Y gracias, por último, a Henar Criado y Francisco Herreros por sus ideas y generosidad durante esta investigación.
Licklider (
De acuerdo con Herreros (
Herreros (
Pese a que la asociación descrita entre democracia y represión estatal ha resultado, en términos generales, ampliamente probada y cierta, no han faltado quienes, como Davenport (
Diversos trabajos han tratado de desentrañar, desde distintos puntos de vista, las condiciones, obstáculos y posibilidades del fomento de la democracia en contextos de posguerra. Entre ellos pueden mencionarse las investigaciones de autores como Diamond (
El autor menciona, no obstante, la excepción a esta regla que constituyen los ejemplos de Estados totalitarios (
Como puede observarse en la tabla 2 del Anexo, algunos de los periodos de posguerra incluidos en el análisis presentan observaciones incompletas bien debido a la reincidencia de un nuevo estallido bélico durante los diez años posteriores a la contienda armada, bien debido a la finalización del marco temporal del estudio (1976-2012) antes de la conclusión de alguno de los episodios posconflicto objeto de análisis. Este sería, por ejemplo, el caso de países como Afganistán, Burundi, Chad, Congo, Costa de Marfil, Sri Lanka o Uganda. La tabla 3 del Anexo resume la duración de los periodos de posguerra contenidos en la base de datos.
En el conjunto de datos se incluyó también como variable explicativa la duración del conflicto armado. No obstante, debido a su falta de significatividad y notable grado de correlación (0,6299) con el número de víctimas mortales (guerras más largas se hallaban asociadas, como era esperable, a mayores niveles de victimización durante la contienda), se optó por su exclusión de los modelos para evitar así posibles problemas derivados de la colinealidad entre ambas variables.
Durante el proceso de recopilación y búsqueda de la información, se detectaron notables discrepancias en las cifras reportadas por las diversas fuentes consultadas. Por tal motivo, y con el propósito de dotar de robustez a los datos recogidos en nuestra base, se optó por la creación de una nueva variable que otorgara solidez, rigor y coherencia a la información encontrada. Para ello, se procedió a la comparación sistemática de los datos referidos a las víctimas mortales hallados en cada una de las fuentes señaladas para cada uno de los episodios bélicos analizados. De la comparación emergieron ciertos patrones o pautas de coincidencia sobre los que se construyó la nueva variable categórica, que agregaba y homogeneizaba toda esa información previa. Este fue también el criterio y procedimiento de codificación adoptado para el tratamiento de las dos variables expuestas a continuación, a saber, tipo de conflicto armado y tipo de finalización del conflicto armado.
Con el propósito de testar la robustez de los hallazgos obtenidos en relación a la eficacia y fortaleza del Estado, los modelos fueron también replicados con tres indicadores adicionales más, a saber, «efectividad del Gobierno», «imperio de la ley» y «control de la corrupción», extraídos del Worldwide Governance Indicators Project del Banco Mundial (
El PIB y la población han sido empleados en algunos trabajos como
Los gráficos recogen los cambios en los niveles medios de represión estatal registrados en los periodos de preguerra (5 años), guerra y posguerra (10 años). Los valores positivos indican un incremento de la represión en el paso de uno a otro periodo, mientras que los negativos aluden a un descenso de tales niveles. Los resultados del segundo histograma son coherentes con los obtenidos por Ryckman (
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Afganistan | 2002 |
Angola | 2003 - 2012 |
Argentina | 1978 - 1987 |
Azerbaijan | 1995 - 2004 |
Bangladesh | 1998 - 2007 |
Bosnia Herzegovina | 1996 - 2005 |
Burundi | 1989 - 1990 |
Burundi | 2007 - 2012 |
Cambodia | 1999 - 2008 |
Central African Republic | 1998 - 2007 |
Chad | 1995 - 1996 |
Chad | 2003 - 2004 |
Chad | 2011 - 2012 |
Congo | 1995 - 1996 |
Congo | 2000 - 2009 |
Cote d’Ivoire | 2005 - 2012 |
Croatia | 1996 - 2005 |
Democratic Rep Congo | 1979 - 1988 |
Democratic Rep Congo | 2002 - 2005 |
Democratic Rep Congo | 2009 - 2011 |
Djibouti | 1995 - 2004 |
Egypt | 1998 - 2007 |
El Salvador | 1993 - 2002 |
Ethiopia | 1992 - 2001 |
Georgia | 1994 - 2003 |
Guatemala | 1996 - 2005 |
Guinea | 2002 - 2011 |
Guinea - Bissau | 2000 - 2009 |
Haiti | 1996 - 2005 |
Indonesia | 2006 - 2012 |
Iran | 1994 - 2003 |
Iraq | 1997 - 2003 |
Israel | 1997 - 1999 |
Lebanon | 1991 - 2000 |
Liberia | 1997 - 1999 |
Liberia | 2004 - 2012 |
Mali | 1996 - 2005 |
Moldova | 1993 - 2002 |
Morocco | 1990 - 1999 |
Mozambique | 1993 - 2002 |
Nepal | 2007 - 2012 |
Nicaragua | 1980 - 1981 |
Nicaragua | 1991 - 2000 |
Nigeria | 1986 - 1995 |
Pakistan | 1978 - 1987 |
Pakistan | 2000 - 2003 |
Papua New Guinea | 1999 - 2008 |
Peru | 2000 - 2009 |
Romania | 1990 - 1999 |
Russia | 1997 - 1998 |
Rwanda | 1995 - 1996 |
Rwanda | 2003 - 2008 |
Senegal | 2005 - 2012 |
Sierra Leone | 2001 - 2010 |
South Africa | 1995 - 2004 |
South Yemen | 1987 - 1990 |
Sri Lanka | 2002 - 2004 |
Sri Lanka | 2010 - 2012 |
Syria | 1983 - 1992 |
Tajikistan | 1998 - 2007 |
Thailand | 1983 - 1992 |
Turkey | 2000 - 2003 |
Uganda | 1988 - 1989 |
Uganda | 1993 |
United Kingdom | 1999 - 2008 |
Yemen | 1995 - 2003 |
Yugoslavia (Serbia) | 1992 - 1997 |
Yugoslavia (Serbia) | 2000 - 2009 |
Zimbabwe | 1980 - 1982 |
Zimbabwe | 1988 - 1997 |
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1 | 2 | 2,9 |
2 | 9 | 12,9 |
3 | 6 | 8,6 |
4 | 4 | 5,7 |
6 | 4 | 5,7 |
7 | 2 | 2,9 |
8 | 2 | 2,9 |
9 | 2 | 2,9 |
10 | 39 | 55,7 |