Es constatable el esfuerzo de Oscar Alzaga por aclarar las bases intelectuales de la actividad política, sobre todo si se ha producido una implicación personal en la misma, aunque la seriedad del análisis se practica asimismo cuando el profesor contempla los problemas de funcionamiento del sistema político, ya preferentemente como espectador de las vicisitudes de la democracia constitucional. La idea de explicar la intervención política del profesor era la tarea que Oscar Alzaga se propuso cuando, de urgencia, elaboró un primer y admirable
En el libro hay un rastro primero de la vocación política del autor (pags. 45-67), que tiene que ver con el compromiso transformador de su cristianismo, en el horizonte intelectual del progresismo de
La preocupación por el fondo histórico de los problemas constitucionales es un rasgo descollante de este libro, como se ve, por ejemplo, en los estudios sobre el poder judicial o el régimen electoral. Le llama la atención a nuestro autor —cuando Alzaga se ocupa del poder judicial en la Constitución de Cádiz— el protagonismo en el momento revolucionario —donde se presenta la ocasión de terminar con el aparato judicial del antiguo régimen— de un personal político, el de los diputados en la Asamblea gaditana, conocedor de las exigencias revolucionarias del liberalismo, sobre todo en su versión inglesa, y al tiempo con una notable formación técnica. Así, al discutirse en la Cortes que el rey siguiese manteniendo prerrogativas en la detención y arresto de las personas, los diputados liberales, o sea, Muñoz Torrero, Villanueva, el conde de Toreno, Gordillo, Oliveros y Argüelles demostraron, por cierto, una vez más, «un alto nivel de formación técnico-jurídica y un óptimo conocimiento del derecho constitucional liberal de la época» (p. 87).
La preocupación por el sistema electoral permea también muchas páginas del libro, pues Oscar Alzaga vincula la falta de representatividad en nuestro constitucionalismo histórico y las deficiencias democráticas actuales. Sorprende al lector el dominio de Alzaga de las claves caciquiles del sistema de la Restauración: pérdida de la confianza del rey del Gobierno, decreto de disolución de las Cortes, encasillado electoral, juego del artículo 55 de la ley electoral, falseamiento del sufragio, pucherazos, falta de garantías en el control de las elecciones, etc. En las antípodas de la evolución parlamentaria del sistema constitucional inglés, el régimen parlamentario español dependió de la facultad del rey para disolver las Cámaras, complementando el sistema que permitía hacer a los Gobiernos las elecciones, mediando los gobernadores civiles. Al final, el factor caciquismo, al que se adjetivó de «reminiscencia feudal emplebeyecida», posibilitaba al rey controlar la dinámica política.
No va Oscar Alzaga a establecer una continuidad entre el sistema electoral de la Restauración y el decreto ley electoral de marzo de 1977, que determinará, como se sabe, nuestra LOREG, pero el caciquismo continúa solapado: cierto, hay un control jurisdiccional de las elecciones y se ha instaurado una Administración electoral independiente, mas continúan los riesgos en un sistema no suficientemente proporcional y permanecen las provincias como circunscripción
La condición académica de Oscar Alzaga explica su dedicación al estudio de la autonomía universitaria en dos trabajos de pronunciamientos bien interesantes. Así da por buena la calificación del Tribunal Constitucional de la misma como derecho fundamental, y no garantía institucional, como a muchos nos parece más correcto, aunque las bases de la posición jurisdiccional reposen, de un lado, en argumentos tan endebles como la localización de la autonomía de la que hablamos en la sede constitucional correspondiente a los derechos, como si en la sección 2.ª del título I de la Constitución no hubiese más que este tipo de figuras jurídicas; o de otro, en los términos de la incorporación constitucional, según la fórmula acostumbrada que se emplea para los derechos, que, en efecto, suele ser «se reconocen». Los trabajos de Oscar Alzaga, y que en esta ocasión suscribe asimismo la profesora Mariola Urrea, previenen frente a la inspiración en modelos extranjeros (especialmente el americano en el que se accede a la docencia por contrato) de la reforma universitaria en ciernes y la necesaria vertebración de la selección del profesorado de la Universidad pública (que de otro lado, ha de constituir el sector medular de la Universidad española) mediante pruebas en las que se acredite la exigencia constitucional del mérito y la capacidad. «En efecto, los catedráticos y profesores titulares de universidad, como funcionarios dedicados al servicio público docente superior, han de acceder a sus cuerpos mediante procedimiento respetuoso con lo dispuesto en el art. 103.3 de nuestra Constitución, es decir, “de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”»(p. 303).
Como decíamos al principio, el libro de Alzaga contiene contribuciones muy importantes para el estudio de nuestro sistema constitucional, por ejemplo las referentes a las fuentes, se trate del reglamento parlamentario, de la ley orgánica o de la posición constitucional del estatuto de autonomía. Oscar Alzaga echa de menos una mayor claridad conceptual en la doctrina del Tribunal Constitucional respecto de la ley orgánica, que quizás haya que disculpar, pues el Tribunal no es precisamente un colegio académico que se mueva libremente en el mundo de los conceptos y valores, sino una instancia que resuelve justificadamente, aplicando la razón del derecho, conflictos concretos, y que está obligado a actuar con deferencia respecto del legislador democrático. La doctrina habría sido más clara si el Tribunal hubiese entendido las relaciones entre la ley ordinaria y la ley orgánica con un criterio de jerarquía; lo que ocurre es que este criterio es difícilmente aplicable cuando estamos hablando de dos normas que proceden del mismo poder democrático, aunque ciertamente hay diferencias procedimentales entre la ley ordinaria y la ley orgánica, y los conflictos entre ambos tipos de disposiciones no son de contradicción, sino de ocupación. Tampoco parece falta de ingenio la solución atribuida a los problemas de las materias conexas, cuya especificación el Tribunal Constitucional impone, bajo su control, a la ley orgánica en una cláusula
Abundan en el libro afirmaciones prudentes, aunque quizás no usuales en nuestros pagos, en relación con determinadas cuestiones de política constitucional. Se trata, por ejemplo, de una valoración positiva del Senado, cuya actuación de garante constitucional se acaba de poner de relieve con ocasión de la crisis catalana (por lo demás señalada en una impecable e implacable sentencia del Tribunal Constitucional, STC 89/2019). Alzaga se refiere en concreto al rendimiento como Cámara de segunda lectura del Senado, posibilitando acuerdos que la dinámica partidista no permitió lograr en el Congreso. «La tan vituperada segunda lectura de un proyecto en el Senado supone en la práctica una oportunidad para una segunda vuelta de conversaciones entre los grupos, a la vista de los argumentos contrastados en el Congreso que en ocasiones resulta verdaderamente fructífera y es que los partidos nunca reconocen en público que sus oponentes porten cuota alguna de razón, pero terminado un debate en la Cámara Baja, a veces se muestran abiertos a debatir sobre puntos en que su debilidad es más o menos notoria y a buscar fórmulas de encuentro recogibles en los textos que apruebe la Cámara Alta» (p. 319). Interesantes asimismo son, de un lado, la denuncia del reparto de puestos para su nombramiento como magistrados del TC, que no puede sustraerse a la práctica de la
Esta última observación del profesor Azaga expresa la preocupación que le embarga al observar en nuestra democracia constitucional un inusitado espíritu de facción, no compensado suficientemente con una disposición a aceptar la legitimidad plena del adversario, que tiende más bien a asumir perfiles de enemigo, y la escasa disposición para rebajar el partidismo en función de las exigencias del bien común, admitiendo la segura contribución de la oposición al funcionamiento correcto del sistema democrático. Así no hay base para el consenso de reforma constitucional y no se acepta que exista un espacio técnico distendido en el que quepan posibilidades de encuentro en la política ordinaria.
Desde luego, la democracia es mucho más que un sistema de designación y control de los gobernantes. Requiere de determinada cultura, que no es otra que la moderación, esto es, la aceptación de un pluralismo razonable y no radical, y el predominio entre los agentes políticos y los ciudadanos de mentalidades abiertas o tolerantes, y no cerradas o dogmáticas. El espíritu de facción es inevitable, como viera ya Hamilton, pues el número de los partidarios siempre dependerá de la estridencia y la acritud de las posiciones políticas propias, pero es necesario aceptar también las ventajas de la moderación. «Así, una cultura cívica democrática reconoce la obvia existencia de tesis y posiciones divergentes y aun contrapuestas en la arena política. Pero sus sostenedores son adversarios en forma más o menos coyuntural o permanente, pero no enemigos». La confrontación antes y tras la consecución del poder es inevitable, basada como está en la libertad ideológica y la necesidad de propiciar la victoria en la contienda electoral, asegurando los perfiles propios partidistas. La cuestión está en determinar por qué se sobrepasan los límites de la pugna moderada y razonable y se incurre en la descalificación como estrategia de lucha electoral, «negando toda capacidad para gobernar al adversario y toda valía de su liderazgo». Aunque pueda creerse en la rentabilidad electoral de esta estrategia de la descalificación que preferiría disuadir a los electores moderados en vez de atraerlos con propuestas razonables, lo que es evidente es que produce el desgaste institucional del sistema democrático, y dificulta el funcionamiento correcto del mismo. Lo que nuestra democracia necesita, concluye el profesor Alzaga en el luminoso capítulo «Radicalización política e ideologías» al final del libro que reseñamos, es concordia, esto es, una disposición compartida, «a cooperar con los demás en términos aceptables públicamente, para elaborar y aprobar las grandes disposiciones legislativas, nombrar los componentes de los órganos constitucionales, revisar la Constitución para mejorar las instituciones y los mecanismos de su parte orgánica y abordar otros puntos que requieran de cirugía precedida del debido consenso, como es el caso particularmente significativo del perfeccionamiento federalizante de nuestro Estado autonómico» (p. 493).