Los estudios sobre terrorismo son un buen ejemplo de cómo un campo de investigación puede florecer sin un acuerdo mínimo sobre la definición de sus términos básicos (Douglass y Zulaika, 1990: 239). Uno de los principales problemas con los que se han encontrado este tipo de investigaciones reside en la definición del término terrorismo (Wilkinson, 1987). La mayoría de los libros sobre terrorismo, y ciertamente casi todos los que tienen un enfoque académico, comienzan con una discusión sobre su definición. O, para ser más exactos, subrayan el fracaso que ha existido a la hora de llegar a una definición consensuada (Silke, 2004a: 2). Una de las causas podría ser el «marco general que se elige para la definición», más que su grado de detalle o amplitud (Schmid, 1983: 8). Aunque resulta generalmente aceptado en la literatura especializada que lo que distingue al terrorismo de otra forma de violencia es la utilización deliberada y sistemática de la intimidación coercitiva, hay una completa falta de consenso respecto a nociones como político, poder, agresión y fuerza, que a su vez se utilizan para definir el «terrorismo». Por lo tanto, el único consenso radica en que no existe una definición adecuada y, por supuesto, aún menos un acuerdo ampliamente aceptado.

Como señaló Walter Laqueur (1986: 88), no hay tal cosa como el terrorismo puro y no adulterado, específico e inmutable, comparable a un elemento químico; más bien, hay muchos terrorismos. Una de las principales dificultades es que la identificación de un terrorista no es simplemente una cuestión de marcar los ítems pertinentes en una lista de atributos violentos. La archirrepetida frase que afirma que quien para unos es un terrorista para otros es un combatiente por la libertad (One man’s terrorist is another man’s freedom fighter) refleja muy bien algunos de los problemas de la definición del terrorismo (Waldmann, 2006: 123). El término está inevitablemente cargado de valor. Su significado es moldeado por los gobiernos, los medios de comunicación y el uso popular, no por los departamentos universitarios (Silke, 2004a: 7).

Como consecuencia, la literatura sobre el terrorismo ha sido prolífica en la producción de definiciones. Krueger (2007) ha logrado recoger más de cien definiciones diplomáticas o académicas. Schmid y Jongman (1988) registraron ciento nueve. Los aspectos clave resaltados por cada autor son diferentes. Para algunos, es la búsqueda de objetivos políticos (Berry, 1987; Sandler, 2005); para otros, la planificación de los ataques, la falta de códigos o reglas de la guerra y la carga psicológica del terror sobre las víctimas inmediatas (Hoffman, 1998), y para otros, su carácter indiscriminado o sus intentos para no dar explicaciones directas sobre sus motivos (Wilkinson, 1987; Valiño et al., 2010: 4).

Shafritz, Gibbons y Scott concluyeron a comienzos de los años noventa que era poco probable que se alcanzase una definición consensuada (Silke, 2004a: 3), una conclusión a la que se había llegado antes (Schmid, 1983) y a la que se llegaría después (Malik, 2001; Fletcher, 2006). Pero este debate, como cualquier otro en este campo, ha conocido algunos cambios. Por ejemplo, en los años ochenta se estableció una especie de consenso en el uso académico del término en las sociedades democráticas liberales (Schmid, 1983); y a principios del 2000, aunque el debate seguía hasta cierto punto irresuelto, sencillamente el tema era evitado (Silke, 2004a: 3). Hoy, muchos autores lo consideran un problema menor que no debería condicionar los avances en este campo (Schuurman y Eijkman, 2013; English, 2016; Schuurman, 2018), pero no es una opinión compartida por todos (Richards, 2015). Así, por ejemplo, Sánchez-Cuenca (2014) sostiene que, aunque el debate sobre el problema de la definición prácticamente ha desaparecido, uno de los motivos de que no se haya logrado una acumulación de conocimiento mayor sobre el terrorismo sigue siendo la propia ambigüedad del concepto, un factor que dificulta la investigación empírica al convertir la selección de casos en un tema controvertido. El autor afirma que se ha intentado escapar de esta ambigüedad depositando la confianza en las bases de datos existentes, pasando por alto que estas bases de datos reproducen, y en ocasiones incluso exacerban, la ambigüedad del concepto.

El terrorismo plantea distintos problemas a la hora de ser investigado. Aunque el más evidente es la naturaleza violenta y clandestina de los grupos terroristas y las implicaciones que esto conlleva (Merari, 1991; Schmid, 2011: 461-62), las dificultades van mucho más allá. Es un área que engloba muchas facetas que afectan prácticamente a todos los aspectos del comportamiento humano, lo que lo convierte en una materia de fácil aproximación, pero de difícil análisis desde una perspectiva científica (Silke, 2004b: 118). Se trata también de un tema internacional e interdisciplinario, en el que la contribución a la investigación proviene tanto de fuentes académicas como no académicas. Profesores universitarios, investigadores, profesionales de las instituciones gubernamentales, de los medios de comunicación, todos han aportado algo a la investigación de este fenómeno (Gordon, 2004: 79). Pero el problema no ha sido la diversidad de enfoques, ni siquiera que la mayor parte de estas aportaciones se hayan hecho de forma puntual, sino que muchas de ellas no han cumplido con los estándares que se supone deben ser exigibles en una investigación académica. Por tanto, si hay dos hechos que caracterizan los estudios sobre terrorismo, son la ausencia de métodos estadísticos fiables y un exceso de confianza en los datos secundarios.

Ya en 1991 Noemi Gal-Or señaló que gran parte de las publicaciones que se habían presentado como trabajos académicos eran, en el mejor de los casos, «periodismo mejorado estéticamente». Schmid y Jongman (1988: 177) afirmaron que «probablemente hay pocas áreas en la literatura de ciencias sociales en las que se escribe tanto sobre la base de tan poca investigación»: gran parte de lo que se ha escrito es impresionista, superficial y a menudo pretencioso, que aventura generalizaciones de largo alcance sobre la base de evidencia episódica. Algo más de una década después, Silke (2001, 2004a y 2004b) resaltaba que la situación se mantenía prácticamente igual. Así, el boom en el número de publicaciones posterior a los atentados del 11S no estuvo acompañado, al menos en un principio, por un incremento de su calidad. En estas mismas fechas Brian Jenkins afirmaba: «Estamos inundados de material, pero todavía sabemos muy poco» (Silke, 2004a: 2).

Este pesimismo parece que se ha ido moderando con el tiempo. El propio Silke, en sus trabajos de 2009, destacaba los desarrollos positivos en términos de mayor colaboración entre académicos, una frecuencia algo mayor de análisis estadísticos y perspectivas analíticas más críticas, aunque seguía señalando que la excesiva dependencia de las fuentes secundarias permanecía sin cambios. Cinco años después, Crenshaw (2014: 557) señalaba que el uso de métodos estadísticos de análisis, acompañado de la disponibilidad de datos agregados y unido a los avances en tecnología informática habían ido transformando el estudio del terrorismo. Aunque lo cierto es que el pesimismo sobre estas cuestiones metodológicas no ha desparecido del todo (Roberts, 2015: 63; Harris et al. 2016: 602-16; Desmarais et al., 2017: 180-209; Silke y Schmidt-Petersen, 2017: 692). A continuación, exponemos los déficits que se han señalado como los más importantes.

Los problemas analizados hasta ahora siguen siendo considerados, en mayor o menor medida, como los más importantes en los estudios sobre terrorismo. No ocurre así con la existencia de posibles lagunas. No obstante, ello no quiere decir que este se haya resuelto, sino más bien que el foco de atención se ha desplazado y que incluso aquellos autores que denunciaban la existencia de lagunas han pasado a centrarse en otros aspectos. Tampoco se quiere decir con ello que no se haya avanzado en la acumulación de conocimiento. A pesar de todos los problemas que acabamos de ver y de que determinados autores como Sageman (2014) sostienen que hay un estancamiento en este campo de investigación, parece existir un acuerdo bastante amplio sobre los avances conseguidos (Horgan y Stern 2013; Crenshaw, 2014; English, 2016). Se ha logrado una comprensión significativa de algunas de las causas y formas de terrorismo (Krueger y Malecková, 2003; Bueno de Mesquita, 2005; Krueger y Laitin, 2008; Berrebi, 2007; Crenshaw, 2014), de las estrategias utilizadas por las organizaciones terroristas (Benmelech y Berrebi, 2007; Berman y Laitin, 2005) y de las respuestas de los Estados democráticos, su eficiencia (Enders y Sandler, 1993; Barros, 2003) y el equilibrio entre estas y las libertades civiles (Wilkinson, 1986; Knezo, 2003; Enders y Sandler, 2006; Howel y Lind, 2010; Gearty, 2013, entre muchos otros).

También se ha avanzado en el conocimiento de los posibles efectos del terrorismo sobre las poblaciones objetivo. Por ejemplo, recientemente se ha vuelto a poner el acento en los efectos sobre las víctimas (Argomaniz y Lynch, 2015), aunque en gran medida lo que ha recibido mayor atención han sido las consecuencias económicas (Frey et al., 2007; Valiño et al., 2010: 3). Así, en los últimos años algunos estudios han puesto el foco en el terrorismo como factor que interviene en la economía de un país, como en los posibles efectos de determinadas situaciones económicas sobre el terrorismo (Piazza, 2011). Pero, sin querer quitar relevancia a estos enfoques, lo cierto es que las consecuencias del terrorismo van mucho más allá de las económicas o de las que ocasiona a las propias víctimas.

En 1991, Gal-Or señaló que se habían realizado muy pocas investigaciones sobre el impacto del terrorismo en las sociedades democráticas occidentales, que no había habido una verdadera discusión sobre sus efectos sociopolíticos reales (no especulativos) y que el terrorismo como variable independiente, con sus efectos secundarios sobre la sociedad (y no como una variable dependiente del sistema) aún no había sido estudiado. Como acabos de ver, se han producido importantes avances desde entonces, pero hace unos años el problema parecía seguir sin estar resuelto. En 2008, Berrebi y Klor seguían señalando que el conocimiento sobre los efectos del terrorismo era aún escaso.

El terrorismo produce consecuencias sociales de muchas maneras (Frey et al., 2007; Frey, 2009), no solo por los daños físicos inmediatos, sino por el resto de los efectos que ocasiona (Gassebner et al., 2011: 1253). Existe un amplio consenso en que el terrorismo se utiliza principalmente para obligar a los gobiernos a hacer concesiones políticas. Se argumenta también que el terrorismo pretende presionar a las sociedades para que obliguen a sus Gobiernos a aceptar dichas concesiones. Y aunque no parece existir un acuerdo general sobre su eficacia, la mayoría de las razones aportadas por los académicos, que afirman que el terrorismo es efectivo, asume implícitamente que el electorado muestra una reacción altamente sensible a este. Y es esta reacción la que en los regímenes democráticos influye en las respuestas de los Gobiernos al terrorismo (Kibris, 2011: 222). Por ejemplo, Berrebi y Klor (2008: 279) señalan que la sensibilidad de los votantes al terrorismo es el mecanismo subyacente que supuestamente induce a sus líderes a hacer concesiones a las facciones terroristas. Por lo tanto, parece lógico pensar que, como ya han apuntado varios autores, el éxito de una acción terrorista dependerá en gran medida de cómo se comporten las sociedades objetivo (Berry, 1987: 293; Kibris, 2011: 221-222), y para explicarlo lo que debería estudiarse es el comportamiento del objetivo y no el de los terroristas (Berry, 1987: 293).

Indridason (2008: 244) ha señalado que, más allá de las inmediatas, las consecuencias del terrorismo habían recibido una escasa atención dentro de la literatura. Existen varios trabajos que examinan las consecuencias políticas del terrorismo. Por ejemplo, Frey y Luechinger (2003), Anderton y Carter (2005), Lakdawalla y Zanjani (2005), Farrow (2007), Powell (2007), Zhuang y Bier (2007) o Indridason (2008) estudian la interacción estratégica entre terroristas y políticos, algunos a través del modelo de teoría de juegos. También hay un volumen creciente de publicaciones con resultados interesantes sobre el impacto del terrorismo en la evaluación de las actuaciones de los líderes políticos (Shambaugh y Josiger, 2004; Guilmartin, 2004; Ludvigsen, 2005; Merolla y Zechmeister, 2009). Sin embargo, los estudios empíricos que investigan los efectos del terrorismo sobre el comportamiento político de las sociedades objetivo han seguido denunciándose como necesarios (Kibris, 2011: 221).

Por ejemplo, en varias ocasiones se ha puesto en evidencia la escasez de estudios empíricos centrados expresamente en el terrorismo y en las elecciones (Bali, 2007: 670). Varios trabajos han sugerido que el terrorismo influye en los resultados electorales (Siqueira y Sandler, 2007; Gassebner et al., 2008). Algunos han señalado que hay una correlación entre el terrorismo (o su amenaza) y las preferencias políticas del electorado, para lo que utilizan datos sobre todo de dos países: Israel (Berrebi y Klor, 2006; Fielding y Penny, 2006; Ludvigsen, 2005; Sheafer, 2004) y Estados Unidos (Jacobson, 2003; Darren y Silver, 2004; Guilmartin, 2004, Shambaugh y Josiger, 2004; Langer y Cohen, 2005). Estos estudios están fundamentalmente basados en la idea de que un ataque terrorista cambia la percepción del electorado sobre la calidad del Gobierno en ejercicio y de sus políticas públicas (Gassebner et al., 2011: 1253) y ponen de manifiesto la importancia de ampliar las investigaciones en este campo.

Como ya se ha señalado en apartados anteriores, las líneas principales de investigación que se han seguido en los trabajos sobre ETA y sobre el terrorismo yihadista no han sido siempre las mismas; por lo tanto, las posibles lagunas también difieren entre ambos tipos de investigaciones. En los trabajos sobre el terrorismo de ETA, sobre todo si atendemos a lo publicado antes de la declaración del «cese definitivo de su actividad armada» en octubre de 2011, en general podríamos establecer tres grandes líneas de investigación: la propia organización terrorista ETA, las víctimas y las políticas antiterroristas (incluidas las negociaciones y los casos de guerra sucia). En cuanto al terrorismo yihadista la mayor parte de los trabajos publicados podrían englobarse en dos grandes corrientes, el estudio de los grupos islamistas, sus orígenes y motivaciones, y el de las medidas antiterroristas de los Gobiernos. Si nos detenemos aquí, poniendo el foco en las últimas publicaciones, es probable que no observemos grandes diferencias entre la orientación de estos dos tipos de investigaciones. Pero si retrocedemos en el tiempo, a lo que podríamos considerar los inicios de esta nueva ola de estudios sobre el terrorismo yihadista en España, recordaremos que gran parte de los trabajos que se publicaron entonces analizaban los efectos de este terrorismo en el voto (Porras Nadales, 2004; Torcal y Rico, 2004; Duran Muñoz, 2005; Michavila, 2005; Montero y Lago, 2006; Alonso y Reinares, 2006; Bali, 2007; Gassebner et al., 2008; Montalvo, 2011, etc.), concretamente el de los atentados terroristas del 11M en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Posteriormente esta línea de investigación parece haberse perdido, algo que por otra parte parece lógico si tenemos en cuenta que con la excepción de los cometidos en Cataluña el 17 agosto de 2017, España no ha vuelto a ser víctima de este tipo de atentados.

Si volvemos ahora a los trabajos sobre el terrorismo de ETA, podemos afirmar que existen algunas lagunas. La principal consiste en la falta de estudios sistemáticos sobre sus consecuencias políticas. Hasta ahora, la mayor parte de las publicaciones sobre esta materia se ha circunscrito al entorno de la autodenominada izquierda abertzale, analizando sus vínculos con ETA o estudiando los posibles efectos de los atentados en el apoyo recibido (Mees, 2001; De la Calle y Sánchez Cuenca, 2012). Sánchez Cuenca y Barreiro (2000) afirmaron que algunas políticas, como la antiterrorista, escapan al control gubernamental. Seis años más tarde, Montero y Lago (2006: 5-6) apuntaron que, a pesar de que ETA había intervenido en varias campañas electorales, tanto nacionales como autonómicas, los votantes no habían cambiado su comportamiento ante las urnas por ello. Pese a estas afirmaciones, no existen trabajos exhaustivos que analicen si el terrorismo de ETA o la política antiterrorista desarrollada por el Gobierno han tenido algún efecto en el comportamiento electoral de los españoles. Además, al igual que se señalaba a nivel internacional, los efectos del terrorismo etarra no tienen por qué limitarse a las consecuencias derivadas directamente de sus acciones. Algunos trabajos, centrados sobre todo en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), han puesto de relieve un posible uso instrumental del terrorismo de ETA por parte de algunos partidos, especialmente el Partido Popular (PP). Más específicamente, hablan de una utilización tanto de este como de la política antiterrorista del Gobierno como dos de los principales frentes de ataque para desgastar al Ejecutivo, rompiendo así la supuesta regla de mantenerlos al margen del debate político, como razones de Estado (Barreiro y Urquizu, 2007; Bonet et al., 2010; Bosco y Sánchez Cuenca, 2009; Chari, 2008; Gunther y Montero, 2012; Lago y Torcal, 2008; Maravall, 2008; Montero y Lago, 2010; Sánchez Cuenca, 2009b; Sánchez Cuenca, 2009c; Santamaría y Criado, 2008, entre otros).

Sin embargo, ni estos trabajos ni los publicados posteriormente analizan cuantitativamente los efectos, tanto directos como indirectos, que ETA pudo tener en el voto. Podría pensarse que esta ausencia es debida a una falta de interés por la materia tras el anuncio del cese definitivo de su actividad armada, pero lo cierto es que este cese no supuso, como es lógico, el final de las investigaciones. Han ido apareciendo nuevos trabajos, muchos de ellos centrados en las víctimas (López Romo, 2015; Fernández Soldevilla y Domínguez, 2018), en el papel que estas han desempeñado en la agenda política (Alonso, 2017) o en la política antiterrorista y en los procesos de negociación llevados a cabo (Domínguez, 2012; Whitfield, 2014; Izquierdo y Aizpeloa, 2017; Alonso y Díaz Bada, 2016; Alonso, 2018). No obstante, en general la mayor parte ha seguido alguna de las líneas de investigación clásicas (Llera, 2012; Fernández Soldevilla et al., 2012; Fernández Soldevilla, 2016; Leonisio et al., 2017). Tal vez la única excepción ha sido el trabajo de Criado (2017), centrado en el estudio de la relevancia que el terrorismo ha cobrado para lo opinión pública. En él observa que esta no sólo viene determinada por la intensidad y del tipo de atentados, sino que existen otras variables relativas a la competición partidista que también entran en juego.