Hay libros que refutan, de manera inapelable, la vieja acusación de que la academia está desconectada de la sociedad y sus preocupaciones. En el momento de escribir estas líneas, populistas y radicales de derecha se pasean por la Casa Blanca, el Gobierno autoritario de Orbán amenaza con cerrar la prestigiosa Central European University en Hungría y Marine Le Pen hace campaña en Francia, casi segura de pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es en escenarios como estos en los que más necesarios devienen los trabajos académicos que combinan rigor en el análisis del problema de las amenazas al Estado de derecho con la aportación de soluciones prácticas. Tal es el caso del libro Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, editado por los profesores Carlos Closa y Dimitry Kochenov.
El libro se divide en tres partes. Tras una introducción de los editores, en la primera parte, formada por cuatro capítulos, Closa, Palombella, Hillion y Bagaric, en sus respectivas contribuciones, sientan los fundamentos normativos que permiten entender el fenómeno de los gobiernos iliberales y la respuesta en defensa del Estado de derecho por parte de la Unión Europea. De forma interesante, las contribuciones se mueven entre los enfoques más teóricos y los más doctrinales. En particular, estos capítulos desarrollan cuestiones fundamentales, como la justificación normativa de la intervención de la Unión Europea en estos casos, una visión general de los mecanismos que aparecen en los tratados para hacerlo, e incluso un análisis de las dinámicas de la erosión del Estado de derecho en algunos Estados miembros.
La segunda parte del libro, la más voluminosa, está compuesta por siete capítulos con contribuciones de Scheppele, Hirsch Ballin, Toggenburg y Grimheden, Scheinin, Jakab, Müller y Touri. Cada capítulo está dedicado a aportar medidas y herramientas, construidas generalmente por vía doctrinal, que permitan hacer frente de forma efectiva a las amenazas para el Estado de derecho que plantean los gobiernos iliberales. A título ilustrativo, estas medidas incluyen, entre otras, el uso de los artículos 258 y 260 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea para sancionar vulneraciones sistemáticas del Estado de derecho, el desarrollo de indicadores de Estado de derecho a partir de la Carta de Derechos Fundamentales o la creación de una Comisión de Copenhague que vele por el respeto de los principios democráticos que son requisitos de adhesión también una vez que los Estados son ya miembros de la Unión Europea.
Si me permiten la reflexión, creo que la principal cuestión que atraviesa estas diferentes propuestas es el trade-off que se presenta entre el apego a una lectura conservadora del texto de los tratados y la efectividad de las acciones que se puedan tomar contra gobiernos iliberales. Esto es así porque muchas de las propuestas que se plantean se derivan de interpretaciones «creativas» de los tratados y las posibilidades que ofrecen. En este sentido, estas herramientas pueden permitir sortear los obstáculos que merman la eficacia del mecanismo sancionador del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, leído de forma literal y estrecha, tales como la existencia de fuertes puntos de veto. Pero esto se consigue a veces a costa de apostar por lecturas más arriesgadas de las normas, que se pasean por su zona de penumbra interpretativa. En este sentido, la aplicación de algunas de las herramientas propuestas debe tomar partido en el dilema entre acciones jurídicamente más seguras pero políticamente menos efectivas, y acciones políticamente más ágiles pero jurídicamente más arriesgadas. La inclusión de forma explícita de algunas de estas medidas en los tratados permitiría solventar este dilema, pero en este sentido surge de forma evidente la problemática política asociada a los procesos de reforma de los tratados.
La tercera parte del libro, dedicada a identificar problemas de fondo, consta de tres capítulos escritos por Blokker, Vachudova y Kochenov, seguidos de un epílogo final del profesor Joseph Weiler. Las contribuciones abordan cuestiones como el nivel sociológico de las medidas para proteger el Estado de derecho, la relación entre vulneraciones del Estado de derecho y la corrupción, y el análisis de la propia Unión Europea desde los estándares del Estado de derecho y de la teoría democrática. Este conjunto de contribuciones es en realidad fundamental para entender la temática abordada, pues ofrece una perspectiva más amplia y comprehensiva del problema. El análisis sociológico de Blokker es en este sentido particularmente interesante, pues abre radicalmente el campo de acción frente al iliberalismo a cuestiones que van más allá de las propuestas doctrinales —frecuentemente preferidas por los juristas— o institucionales —frecuentemente preferidas por los politólogos—, mostrando que la defensa del Estado de derecho tiene que ver también con valores, ideas y con un determinado tipo de cultura política. Se trata, además, a mi juicio, de un enfoque fundamental para entender actores políticos ambiguos en sus posiciones sobre el Estado de derecho, en tanto que pueden no proponer, al menos en principio, reformas iliberales de las instituciones, pero que usan enmarcados y narrativas de matices iliberales como parte de su acción política.
El libro, por último, me sugiere una reflexión, que quisiera dejar aquí a título exclusivamente personal. La cuestión del avance de fuerzas iliberales afecta por supuesto a la sociedad como conjunto, pero entraña unos riesgos específicos para la academia. Sabemos bien que no hay avance posible del conocimiento si no hay libertad para investigar, para mostrar evidencia científica aunque incomode a quienes detentan el poder, o para desarrollar argumentaciones que cuestionan la legitimidad de sus decisiones. Cuando estas libertades básicas están en entredicho, lo que está en juego son las condiciones que hacen posibles incluso las formas más neutrales, asépticas y apolíticas de trabajo científico. Está en juego la posibilidad misma de una academia tal como la concebimos. Este es especialmente el caso en las ciencias sociales y las humanidades. La actitud del iliberal Orbán con Central European University, a la que me refería más arriba, es buen ejemplo de ello.
Bienvenidos sean, pues, los trabajos como este. Pues al aportar herramientas por las cuales el Estado de derecho puede defenderse de quienes lo amenazan, no solo contribuyen a nuestro conocimiento de los regímenes iliberales. Contribuyen, también, a que otros compañeros y compañeras, el día de mañana, tengan la libertad de poder hacer sus propias aportaciones, sin miedo y sin otras limitaciones que las propias del rigor deontológico y metodológico que hace posible nuestro trabajo.