Una vez configurados los sistemas autonómicos, los estatutos y sus concreciones políticas e institucionales pasaron a ser parte del juego político, siendo objeto de propuestas para su modificación. Las primeras reformas se produjeron en aquellas comunidades que habían accedido a la autonomía por la vía del art. 143, pues contaban con un techo competencial reducido. Tras múltiples reformas, hoy podemos hablar de cuatro olas de reformas estatutarias: 1) la del año 1991, en la que se buscó que coincidieran las elecciones en distintas comunidades; 2) la del año 1994, en la que se amplió el nivel de autogobierno de once comunidades autónomas tras los acuerdos autonómicos suscritos dos años antes por PP y PSOE; 3) la circunscrita entre 1996 y 2001, que supuso la modificación del techo competencial y la institucionalidad de varias comunidades, y 4), por último, la que incluye las reformas llevadas a cabo entre 2004 y 2011 en ocho estatutos de autonomía, momento en que, por primera vez, se iniciaron procesos de reforma en comunidades que habían accedido a la autonomía por la vía «rápida», dando lugar a lo que se conoce como «estatutos de autonomía de segunda generación» (Álvarez García, 2013).

La cuarta ola de reformas, además de confirmar que existe un «fuerte componente mimético que ha impregnado el desarrollo del Estado autonómico desde su génesis» (Sanjurjo, 2008: 172), tuvo una enorme relevancia política y mediática. La reforma del Estatuto catalán y la sentencia posterior del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucionales catorce artículos y otros veintisiete sometidos a interpretación, condicionaron, como ahora sabemos, la política nacional durante los siguientes quince años. Su coincidencia cronológica con la victoria de Rodríguez Zapatero abrió una nueva estructura de oportunidad política marcada por el espíritu modernizador y de renovación institucional.

En este contexto comenzó a fraguarse el intento de reforma del EAG. La iniciativa no surgió tras la victoria del PSdeG-PSOE y el BNG en junio de 2005; bien al contrario, ambos partidos habían intentado con anterioridad colocar la cuestión estatutaria en la agenda política y mediática a finales de la legislatura VI, aun bajo el gobierno de Fraga. La constante negativa de los populares (La Voz de Galicia, 2004c), dificultaba un proceso que, como establece el art. 56 del EAG, requiere la «aprobación del Parlamento gallego por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores». Pese al elevado umbral de consenso requerido, que implicaba la necesidad de acuerdos y pactos entre actores divergentes ideológicamente, la nueva ola reformista animó a los futuros socios de Gobierno a dar el paso adelante. En palabras de Touriño: «Era el momento» (E1).

El PSdeG-PSOE siempre apostó por un enfoque plenamente institucional; prueba de ello es que en enero de 2005 registraron una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento solicitando la creación de una comisión para el estudio de la reforma del Estatuto. En la misma, los socialistas trataban de identificarse como la principal fuerza reformista en Galicia y señalaban que habían sido el primer partido en proponer una reforma. Su proposición hacía hincapié en la necesidad de mayores competencias exclusivas para Galicia, prestando especial atención a la participación en las instituciones del Estado y en la Unión Europea. Recordemos que en el actual EAG no está desarrollada ninguna de las cuestiones relativas a la gran importancia de las políticas europeas en materia de pesca o agricultura, pues la entrada de España en la Comunidad Económica Europea no se produciría hasta 1986. Debido a su carácter parlamentario, la propuesta trazaba sin demasiadas especificidades las bases del futuro EAG, pero dejaba claro el camino que seguirían todas las propuestas de los socialistas: centralidad del carácter social a través de capítulos que recogían los nuevos derechos y libertades de los gallegos.

En el caso del BNG, la necesidad de un nuevo EAG ya era uno de los polos centrales de su discurso político antes de la conformación del Gobierno. Para escenificar esta postura y trabajar en posibles alternativas, en 2004 habían presentado el Foro Novo Estatuto, un espacio que contaba con catorce expertos encargados de su coordinación y tenía como objetivo «servir para reorganizar el país» (La Voz de Galicia, 2004b). Además de para analizar la realidad gallega y proponer un nuevo texto estatutario, el foro sirvió como mecanismo de construcción del nuevo liderazgo de Anxo Quintana, pues la plataforma le permitió establecer vínculos orgánicos con la intelectualidad y organizaciones de la sociedad civil (Quintana Garrido, 2010: 215).

Este espacio nacionalista, guiado por los mencionados expertos, se articuló en torno a conferencias y debates que dieron como resultado la propuesta del BNG para un nuevo Estatuto para Galiza (BNG, 2005b), presentada en diciembre de 2005, siendo ya parte del Gobierno de la Xunta. La propuesta, de marcado carácter nacionalista y mucho más articulada y completa que las demás, recogía en su preámbulo una noción de nación primordialista: «Afirmando nuestra existencia como nación, explicitada en un hecho histórico, lingüístico cultural, socioeconómico y político de amplia raigame y singularidad. Conscientes de que fue a lo largo de la Edad Media cuando esos trazos se fueron definiendo hasta brotar en la Nación gallega». Quizás, el ejemplo más evidente de esta perspectiva fue la disposición final tercera, que establecía la posibilidad de incorporar a Galicia «aquellos ayuntamientos limítrofes de características históricas, culturales, económicas y geográficas análogas». Como no podía ser de otra forma, estos aspectos del texto dominaron el debate público sobre la propuesta y eclipsaron muchos de los puntos de carácter social y reformista que eran similares o complementarios con las proposiciones del PSdeG-PSOE.

Por su parte, el PPdeG, que había gobernado durante más de quince años oponiéndose a cualquier reforma, sorprendió al incluir en su programa electoral de 2005 la propuesta de iniciar una revisión del EAG (Leiceaga, 2012: 63). Este hecho demuestra que durante aquellos años el concepto de «reforma estatutaria» estaba sobredeterminado por significados políticos como modernización, progreso, etc. hasta el punto de que incluso el partido que se había encargado de bloquearlo anteriormente se había visto obligado a recoger la demanda y competir políticamente con la gramática del nuevo contexto político.

En junio de 2005, la suma de los escaños de PSdeG-PSOE y BNG, las dos fuerzas políticas que habían mostrado mayor interés en reformar el EAG, logró la mayoría absoluta. La victoria electoral supuso la salida del PPdeG del gobierno de la Xunta de Galicia por primera vez desde su fundación en 1989. En el marco de un sistema de partido predominante como el gallego, esto solo fue posible en una coyuntura muy específica que trasciende la cuarta ola.

Por primera vez, el PPdeG había llegado a unas elecciones autonómicas en una situación de debilidad política. La ciudadanía ejerció una enorme presión contra el partido que acabó por desgastar su imagen y resentir sus resultados electorales. Durante el ciclo de movilizaciones vivido entre los años 2002 y 2004, coincidente con las protestas del movimiento Nunca Máis, las del No a la Guerra y las del 13 de marzo en respuesta a los atentados del 11-M, el PP se convirtió en el antagonista principal de la lógica nosotros/ellos sobre la que se construyó la identidad colectiva de la protesta. En otras palabras, los populares se transformaron en un significante capaz de unificar las movilizaciones. Lo que, en parte, explica la victoria electoral de Rodríguez Zapatero. Su apuesta durante la primera legislatura por políticas sociales no por inesperada tuvo menos consecuencias políticas, abriendo un escenario político en el que el PP tuvo dificultades para reubicarse. El PPdeG se sentía especialmente perjudicado por la nueva situación, no solo porque la gestión del Prestige estuviera aun presente en la memoria de los electores, también por la forma en que se había construido el liderazgo de Fraga en los últimos años.

Durante la legislatura VI, el presidente de la Xunta había apostado por una política de estabilidad y continuidad, rechazando cambios de calado como la proposición de reforma del EAG. Además, su avanzada edad comenzó a ser percibida por parte del cuerpo electoral como un problema potencial para ejercer la presidencia durante otros cuatro años (E3). Esta imagen de incapacidad para tomar la iniciativa y llevar a cabo transformaciones en un contexto de cambio, posibilitó que la oposición pudiera instalar la idea de que Galicia se estaba quedando descolgada con respecto a otras comunidades autónomas (E2). La figura de Fraga como gran líder de Galicia estaba seriamente dañada. Si hasta ese momento había sido clave a la hora de explicar el voto a su partido, las elecciones de 2005 supusieron una excepción (ver gráfico 1).

Asimismo, el aznarismo, que en sus orígenes se había mostrado cercano al nacionalismo conservador catalán, comenzaba a virar hacia el nacionalismo español y planteó las iniciativas de reformas estatutarias «como un ataque a la unidad nacional, con lo que se extendió una percepción negativa de las reformas estatutarias en tanto que faltas de lealtad constitucional» (García Pérez, 2008: 55) entre determinados sectores. Este viraje del PP estatal, que tras la derrota en 2004 había dejado de poder aportar recursos organizativos desde Madrid, dificultaba la estrategia del galleguismo moderado, cimiento de la base del éxito ideológico del PPdeG de Fraga (Rúas Araújo, 1999). Por último, todas estas crisis, desembocaron en conflictos internos en el seno del PPdeG entre las diferentes afinidades de los sectores rural y urbano, cuyo cénit se alcanzó con la destitución de Xosé Cuíña como conselleiro (Lugilde y Carreira, 2005).

El PSdeG-PSOE, por el contrario, llegaba en su mejor momento histórico. El liderazgo de Pérez Touriño había conseguido frenar en 2001 la tendencia ascendente del BNG de Xosé Manuel Beiras, obteniendo un excelente resultado que había permitido empatar a diecisiete diputados con los nacionalistas. Por primera vez desde González Laxe, el PSdeG-PSOE contaba con un candidato capaz de influir de manera relevante en el voto a los socialistas. La fortaleza electoral implicó cambios organizativos en el partido, los grupos municipales que dominaban el aparato apostaron por la unidad y permitieron una estabilidad orgánica que había sido negada durante años (E1). La unificación del partido se produjo en torno a la galleguización del discurso que propuso Touriño, quien, alejándose de la imagen de sucursal del PSOE estatal, propuso la propia de reforma del EAG y apostó nítidamente por un galleguismo político que se esforzaron en trabajar desde la Fundación Iniciativas 21. Un think tank más vinculado al propio Touriño que al partido, y cuya labor fue especialmente importante en la producción intelectual del nuevo discurso galleguista y federal de corte socialdemócrata. Este compendio de circunstancias situaba al PSdeG-PSOE en una posición que históricamente le venía siendo ajena: la de ser una alternativa seria, creíble y con posibilidades reales de victoria para los votantes gallegos.

La otra pata del futuro Gobierno, el BNG, vivía en una crisis identitaria y organizativa desde las elecciones del 2001 y que solo la emergencia del movimiento Nunca Máis, cuyo instigador original habían sido los nacionalistas (Aguilar Fernández y Ballesteros Peña, 2004), había sido capaz de posponer. El cuestionamiento de Beiras por parte de la UPG se resolvió con un precario acuerdo entre el grupo de Quintana y la propia UPG, organización, hasta el día de hoy, clave para entender el control y equilibro de poder interno en el BNG.

El resultado de esta transacción fue una renovación casi total de las listas electorales de los nacionalistas para las elecciones de 2005. Solo repetirían el propio Quintana y Aymerich, por lo que la mayoría de candidatos resultarían completos desconocidos para el electorado, dificultando todavía más la obtención de buenos resultados. Aún con todo, el exalcalde de Allariz consiguió hacer una campaña basada en un nacionalismo moderado en el eje izquierda-derecha e inscrita en la onda de la modernización y progreso. Se trataba de un paso más en el camino que el BNG había iniciado con la aceptación del ordenamiento institucional y la adopción de un nuevo marco de referencia, Proxecto Común (Máiz, 1996). En este sentido, la influencia del PNV resultaba muy evidente en un quintanismo orientado a ganar apoyos por su capacidad de conseguir recursos y no en un incapacitante radicalismo ideológico.

En julio, PSdeG-PSOE y BNG pactaron un programa conjunto para la legislatura que recibiría el nombre de Acordo sobre bases programáticas para a acción da Xunta de Galicia (BNG, 2005a). En el mismo, la reforma del EAG tenía un rol central. En el primer apartado se especificaba que «hace falta revisar el Estatuto de Autonomía, con la finalidad de incorporar nuevas demandas, atender nuevas necesidades y perfeccionar los mecanismos de autogobierno y representación». La práctica del nuevo ejecutivo debería estar fundamentada en el refuerzo del autogobierno. Por ello, se pactaba el procedimiento y los pasos que seguir para aprobar un nuevo EAG que debía 1) contar con el máximo consenso político y social, y 2) tener el carácter de un proceso de regeneración democrática que incluyese no solo a partidos, también a la sociedad civil. Los trabajos para iniciar la reforma debían comenzar en los seis primeros meses de la legislatura.

Tras ratificarse el acuerdo y producirse la sesión de investidura, el 2 de agosto de 2005, Touriño tomó posesión como presidente de la Xunta de Galicia. En el acto público el nuevo presidente insistió en su compromiso con la Constitución y el EAG, y aseveró que pretendía dar continuidad al pasado guiado por el galleguismo cívico de la ilustración y del resurgimiento, de los republicanos y federalistas (La Vanguardia, 2005).

El proceso para llegar a un acuerdo constaba de dos fases bien diferenciadas. En la primera, PSdeG-PSOE y BNG debían acordar una propuesta. En la segunda, a partir de dicha propuesta, el Gobierno tendría que buscar un acuerdo con el PPdeG.

El 27 de febrero de 2006, los tres grupos parlamentarios del Parlamento, a través de sus respectivos portavoces, solicitaron la creación de una Comisión de Estudo da Reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia (CEREAG) y una ponencia conjunta paritaria encargada de elaborar la proposición de ley de la reforma estatutaria. Una vez constituida, las dificultades que se preveían eran de dos tipos: uno de carácter interno y otro externo.

La primera consistía en la incapacidad de los propios partidos que conformaban el Gobierno para llegar a un acuerdo entre ellos; una posibilidad minimizada por la moderación de Quintana y el galleguismo de Touriño, pero posible, dadas las evidentes diferencias en la cuestión nacional. La segunda, considerando la necesidad del voto favorable de dos tercios de la cámara, era que la resolución del proceso dependería de la decisión del nuevo líder del PPdeG, Núñez Feijóo. Entre los sectores prorreforma existía el miedo de que, en su afán por desgastar al Gobierno y consolidar su liderazgo emergente, Feijóo decidiera bloquear la reforma en los momentos finales. Anxo Guerreiro, uno de los expertos con mayor peso en el debate público sobre la reforma, llegó a recomendarle aprender de las lecciones del pasado y no cometer «un nuevo aldraxe» (Guerreiro, 2006). Estas declaraciones iniciaban una competición por construir las posiciones políticas con respecto a la reforma, empleando la gramática a la que nos referíamos en la segunda sección.

La comisión echó a andar en marzo. Francisco Cerviño (PSdeG-PSOE) fue designado presidente, Pablo González Mariñas (BNG) vicepresidente y Xesús Palmou (PPdeG) secretario. El 7 de abril, la comisión aprobó un plan de trabajo que incluía las comparecencias hasta el verano de múltiples Administraciones, instituciones, asociaciones, grupos y representantes de la sociedad civil gallega. Esta fue la principal función de la comisión, servir de plataforma para que se diese un debate lo más amplio posible mediante las comparecencias de los distintos actores durante los meses de mayo y junio.

A mediados de junio los dos partidos que formaban el Gobierno llegaron a un acuerdo de siete puntos base para la reforma del EAG. El texto del nuevo acuerdo recibió el nombre de Criterios sobre un novo Estatuto para todos, y fue firmado por Touriño y Quintana el 17 de junio en un acto público que tuvo lugar en Santiago de Compostela (La Voz de Galicia, 2006). Era la segunda vez en la legislatura que comparecían juntos, la primera había sido para anunciar el acuerdo de Gobierno. El acuerdo para la reforma estaba compuesto por siete capítulos: 1) reconocimiento del carácter nacional de Galicia; 2) la lengua gallega como un deber y de rango «oficial», quedando el castellano como «cooficial»; 3) reconocimiento de nuevos derechos; 4) blindar competencias; 5) establecimiento de una relación bilateral con el Estado; 6) suficiencia y autonomía financiera de la Hacienda gallega, y 7) alcanzar un convenio financiero con el Estado para garantizar un 8 % de inversión estatal por un período de diez años.

Con esto quedaba solucionado el primer problema potencial: BNG y PSdeG-PSOE, a pesar de los múltiples roces y discrepancias fruto de gobernar, fueron capaces de llegar a un acuerdo integral sobre la reforma que les permitía presentar una postura conjunta en el Parlamento. Las implicaciones estratégicas serían dos. En primer lugar, el Gobierno evitaba que el PPdeG los pudiera seguir acusando de ser un bigobierno, es decir, una bicefalia sin capacidad de coordinación ni de generar estabilidad política. Años más tarde, el propio Touriño reconocería que el acuerdo había sido toda una prueba para la coalición: «En pruebas fundamentales, como los presupuestos, o en pruebas mucho más difíciles como la reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia, donde Feijóo entendía que BNG y PSdeG-PSOE nos íbamos a pelear, fuimos quienes de no hacerlo» (Cortizo, 2020). En segundo lugar, conseguían cargar toda la presión sobre Feijóo y su partido. Tendrían toda la responsabilidad en el fracaso de la reforma si decidían votar en contra, facilitando que el bipartito los representara como los causantes de que Galicia pasase a ser una comunidad autónoma de segunda categoría, mientras otras reformas prosperaban.

El 3 de abril de 2006, la CEREAG acordó designar una ponencia conjunta. En ella había tres representantes de cada grupo político. Comenzó su actividad el 26 de junio y la suspendió el 18 de enero de 2007. En la ponencia, de carácter más técnico y enfocada a la obtención de un texto articulado, quedaron patentes las diferencias entre los grupos. En un ambiente «francamente favorable a la reforma» (Leiceaga, 2012: 72), donde no existían grandes diferencias en el articulado del texto, aparecieron como escollos insalvables las cuestiones identitarias: el estatus de Galicia en el preámbulo y el uso del gallego en el título preliminar.

En concreto, las dificultades surgían del empleo de las palabras «nación» y «deber». El PPdeG rechazaba el calificativo de nación para Galicia y el deber de conocer la lengua gallega. Finalmente, en la ponencia se llegaría a redactar un documento general de consenso (García Pérez, 2008: 60) con el que el PPdeG no estaría de acuerdo, como expresó a través de su portavoz en el pleno celebrado para intentar debatir las diferencias.

El 29 de junio se celebró en el Parlamento un pleno extraordinario para debatir sobre la reforma del EAG. La comparecencia del presidente de la Xunta en el pleno, convocado a petición propia, buscaba acercar posturas con el PPdeG, toda vez que la situación estaba bloqueada por el rechazo de los populares al acuerdo alcanzado entre socialistas y nacionalistas. Intervinieron los líderes de las tres formaciones. Quintana y Touriño articularon sus discursos partiendo del mismo marco: «Un Estatuto para todos, un Estatuto de consenso». Es decir, la estrategia discursiva de los líderes del bipartito consistía en realizar un proceso de amplificación del marco (Snow et al., 1986: 472) para convertir la aprobación del EAG en una obligación moral para el PPdeG.

Touriño, consecuente con la historia de su partido, alineó la idea del acuerdo con los procesos que dieron lugar a la Constitución y el actual EAG, como ya habían hecho los expresidentes en la comisión. Apeló al galleguismo abierto y transversal presente en las tres formaciones que componen la cámara. El núcleo de la articulación discursiva sobre la reforma consistió en enlazar el nuevo texto con lo mejor para el interés general de Galicia, identificando el voto en contra de la reforma con el voto en contra de los intereses de Galicia. Por su parte, el vicepresidente evitó las referencias históricas, pero completó la idea de «interés general» buscando resonancia en las percepciones cotidianas de la población, al vincular una mayor financiación autonómica con mejor nivel de vida para los ciudadanos. Para Quintana uno de los principales problemas del país era el sistema de financiación y el EAG la forma más efectiva y real de transformarlo. Además, en lo que fueron dos intervenciones poco beligerantes, realizó la única referencia directa a Feijóo: «Se le acaba el crédito y el tiempo».

Los discursos de los miembros del Gobierno trataron de colocar a Feijóo en una posición complicada: votar en contra del nuevo EAG sería tanto como votar en contra del interés general de Galicia. Por ello, el portavoz del PPdeG centró su estrategia en realizar una transformación del marco específico (Snow et al., 1986: 474) mediante el empleo de dos mecanismos (ver gráfico 2). El primero, consistió en apelar a la legitimidad histórica. Se postuló como el representante del único y verdadero partido autonómico del Parlamento. Reivindicó el papel jugado por AP en el Estatuto dos Dezaseis, en el Pacto do Hostal y el voto en contra del Estatuto da Aldraxe; mientras que la UPG no aceptaba la autonomía y el PSOE llegaba a acuerdos con la UCD para rebajar el techo competencial de la propuesta que se debatía en las Cortes Generales. Con ello, Feijóo trataba de posicionar a su partido como un actor que siempre había sido coherente con el compromiso autonómico. El segundo, consistió en alejarse de la posición que los situaba a él mismo y al PPdeG como actores guiados por el interés particular y que utilizaban la negociación de la reforma para desgastar al bipartito. Feijóo, obviando el cuasi acuerdo informal, dedicó buena parte de su intervención a dibujar las diferencias políticas que habían impedido el acuerdo mediante la presentación de cinco principios rectores para la reforma y sesenta y cinco propuestas concretas. Los principios consistían en 1) realizar una reforma, no un texto nuevo; 2) respetar la Constitución; 3) reformar desde el consenso; 4) autogobierno para los ciudadanos, y 5) conseguir una financiación mínima. Su objetivo fue situarse como una fuerza responsable, favorable a la reforma y al acuerdo, pero, al tiempo, enmarcando el debate en la falta acuerdos políticos, señalando las fallas de la propuesta de la Xunta y no en el interés general.

Pese a los esfuerzos por acercar posturas en una reunión de seis horas entre Touriño, Quintana y Feijóo el 17 de enero de 2007, fracasaba definitivamente el intento de reforma del EAG (Varela, 2007). La representación final del conflicto, en consonancia con lo ocurrido en la ponencia, se produjo en términos de disputa identitaria, pues el principal impedimento seguía siendo el rechazo del PPdeG a usar la expresión «nación», llegando a aceptar el uso de «sentimiento nacional».

El problema era de tipo nacional, había que responder a las preguntas: qué es Galicia y qué estatus deben tener sus particularidades culturales. Pero lo cierto es que la negociación se produjo en una coyuntura que dificultaba el acuerdo. La Constitución del 78 y el EAG del 81 configuran un terreno de disputa política y un reparto de posiciones simbólicas donde el PPdeG se encuentra cómodo. Aceptar un nuevo texto en el que se reconociera abiertamente el carácter nacional de Galicia o el deber del conocimiento de la lengua gallega solo beneficiaría políticamente al Gobierno y, especialmente, al presidente (Leiceaga, 2012: 105-110). La propuesta del bipartito, por muy favorable que fuera para los intereses de Galicia o por mucho que se presentara desde lo marco de unidad y consenso, nunca podría ser aprobada por un PPdeG en plena recomposición tras la primera derrota autonómica en dieciséis años y la retirada de Fraga. Su negativa a aprobar la reforma, asumiendo las consecuencias derivadas de ser el actor responsable, deja claro que entendían perfectamente que la cuestión no era un mero asunto nominativo, sino que lo que realmente estaba en juego era a capacidad de generar nuevas identidades y posiciones políticas.

Además, como se vio a lo largo de la legislatura, uno de los discursos que logró mayor resonancia fue presentar al Gobierno de la Xunta como secuestrado por el radicalismo antiespañol del BNG y su voluntad autoritaria (Bello, Máiz, Pérez-Boquete, 2025: 11). La idea de libertad del PPdeG consistía en la libertad de elección de los ciudadanos, gallegos y españoles, frente a un bipartito al que se acusaba de imponer sus dogmas mediante la politización de la educación y otros espacios. Ese es el motivo por el cual el PPdeG atacó con tanto afán el decreto para incrementar el uso del gallego en la enseñanza secundaria o las galescolas. La politización de los elementos vinculados a la identidad gallega por parte de la Xunta, especialmente el BNG, se convirtió en un flanco débil que Feijóo explotó durante toda la legislatura mediante los significantes de «libertad» y «pluralidad». La efectividad de este discurso sería muy reducida si el PPdeG hubiese aprobado un EAG que reconocía a Galicia como nación y el idioma castellano como cooficial. Como el propio Leiceaga reconocería años más tarde, el PPdeG carecía de verdaderos incentivos para aprobar la reforma (2012: 105-110).

En esta última reunión, que podemos reconstruir gracias a las entrevistas realizadas y la cobertura de la prensa, la propuesta unitaria, a iniciativa de Touriño, del PSdeG-PSOE y BNG para el preámbulo del EAG pasó a hacer referencia a la Ley de Símbolos, en su día aprobada con el voto a favor del PPdeG, optando por la expresión «hogar y nación común de los gallegos». Con todo, Feijóo no aceptó la nueva propuesta y defendió como alternativa, nuevamente, el «sentimiento nacional».

La intención de retomar las negociaciones en otro momento nunca llegó a materializarse y toda posibilidad de reforma se cerró en marzo de 2009 con la victoria por mayoría absoluta de Feijóo. En los años siguiente, BNG y PSdeG-PSOE continuaron reclamando la reforma estatutaria (Economía Digital Galicia, 2021), pero el PPdeG sigue considerando, más de cuarenta años después de la promulgación del EAG, que no es tiempo de modificaciones.