AMÉRICA LATINA Y EL LAWFARE: ¿MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES? UN ANÁLISIS DE LAS CAUSAS INICIADAS CONTRA PRESIDENTES

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

«Mi condena es del Estado paralelo y la mafia judicial». Con estas palabras, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respondía a la condena dictada por el Tribunal Federal de la República Argentina el 6 de diciembre de 2022, que la declaraba culpable del delito de «administración fraudulenta» y le impondría una pena de seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este tipo de expresiones han sido utilizadas por numerosos líderes políticos para denunciar la utilización de los procesos judiciales como herramienta política. Pero eso no es nuevo. Los tribunales en las últimas décadas han adquirido un papel fundamental como mecanismo político de checks and balances, limitando y regulando el ejercicio de la autoridad haciendo valer e imponiendo normas de comportamiento, tanto para grupos de interés y partidos políticos como para funcionarios electos o designados.

De este modo, los jueces se han convertido en actores políticos con un papel predominante. Tate y Vallinder se referían en 1995 a la «judicialización de la política», entendida como el empleo del derecho y los procesos judiciales en el ámbito político (‍Ferejohn, 2002). En los últimos años ha surgido otra etiqueta para denunciar el uso de los tribunales como herramientas al servicio de intereses específicos, con el objetivo de influir en la contienda electoral y favorecer a ciertos candidatos, a menudo respaldados por grandes corporaciones o medios de comunicación. (‍Romano, 2019: 20; ‍León, 2020). Estamos refiriéndonos al lawfare. Recientemente hemos escuchado presidentes, ministros, legisladores, jueces y hasta al papa Francisco hablando de este concepto anglosajón. Incluso cuando se realiza una búsqueda de este término en Google, los resultados arrojados a la fecha alcanzan más de 5 640 000 entradas^[1], cuando en el año 2008 apenas superaban los 51 000 (‍Tirado Sánchez, 2021: 34). Lo anterior refleja el crecimiento exponencial que ha sufrido la utilización de este concepto. No obstante, la definición del lawfare ha sufrido mutaciones a lo largo del tiempo, encontrándose actualmente marcada por el contexto e incluso la región en que se utiliza. Este hecho se traduce en la existencia de una multiplicidad de trabajos que analizan el tema desde perspectivas distintas y, en ocasiones, con un desarrollo teórico limitado sobre el concepto en sí (‍Tirado Sánchez, 2021: 34). A pesar del considerable avance de las investigaciones relacionadas con este concepto, aún hay muy pocos estudios empíricos comparados sobre el mismo porque los trabajos se centran en procesos específicos de casos de estudio.

A partir de estas consideraciones, este estudio examina el uso del término lawfare por parte de los distintos líderes políticos en América Latina desde una perspectiva comparada. Esta región se presenta así como un laboratorio ideal para analizar este concepto, que ha sido reiteradamente empleado como recurso discursivo. Así, el presente trabajo se organiza en dos partes principales: en la primera se analizará la utilización de esta etiqueta por parte de diferentes líderes políticos de América Latina desde el inicio de este siglo hasta la actualidad. Examinaremos cómo la han utilizado, desde cuándo y las expresiones más recurrentes entre los expresidentes que sostienen la existencia de esta guerra judicial en su contra. En la segunda parte realizaremos una radiografía de los procesos judiciales iniciados contra presidentes de países de América Latina desde el año 2000 a la fecha, con el objetivo de contextualizar la investigación. Esta parte se centrará entonces en si el discurso de guerra jurídica contra ellos encuentra su correlato en la realidad: cuántas causas se han iniciado contra los líderes progresistas de América Latina y qué diferencias existen con la prosecución de causas contra líderes no identificados como tales; cuántos expresidentes de países de la región se encuentran investigados por corrupción y en qué momento y contexto político fueron iniciadas las causas judiciales. Todo esto nos permitirá mapear muchas implicaciones que tiene este concepto en los procesos abiertos contra líderes políticos en la región.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA[Subir]

El concepto lawfare está compuesto por la combinación de dos palabras en inglés que denotan que este término tiene su origen en el ámbito de la terminología militar: law y warfare (ley y guerra) (‍Dunlap, 2001; ‍Vegh Weis, 2023).

El término lawfare fue popularizado a partir de en un ensayo de Charles Dunlap Jr., general de la Fuerza Aérea estadounidense, como una vinculación del ámbito legal y bélico. Así se definió este concepto como «la estrategia de usar —o no usar— el derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico» (‍Dunlap 2010; ‍Dunlap y Charles, 2011). Para fundamentar la utilización de este término, la obra de Dunlap utiliza el antecedente publicado por David Rivkin y Lee Casey —colaboradores de los expresidentes estadounidenses Reagan (1981-‍1989) y Georde H. W. Bush (1989-‍1993)—. Rivkin y Casey indicaron que tanto aliados como adversarios de EE. UU. utilizan la ley para condicionar el poder estadounidense (‍Rivkin y Casey, 2000; ‍Romano et. al, 2022: 89). Por tanto, quienes empezaron a conceptualizar el lawfare lo hicieron con el propósito de denunciar cómo actores no estatales, vinculados en muchos casos a actividades ilegales, lograban a través de la utilización de los procesos judiciales limitar el poder de acción y combate de los EE. UU. (‍Tirado Sánchez, 2021: 35).

Este término que, en palabras de Dunlap, hacía alusión en sus inicios a la relación entre la guerra y el derecho, fue transmutando debido a los nuevos nexos entre el derecho y la política, hasta su evolución actual en que la ley se vuelve un instrumento del que pueden abusar los operadores políticos. Por tal razón, el propio autor redefinió el concepto inicial (‍Lanz, 2019), ampliándolo a: «[…] la estrategia de usar, o abusar de la ley como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo operacional. Como tal, veo la ley en este contexto como un arma. Es un medio que se puede utilizar para buenos o malos propósitos» (‍Dunlap, 2008: 146).

A raíz de esta evolución del término, se iniciaron analogías entre la guerra y la arena política, donde el sistema jurídico y sus agentes se convertían en aliados de quienes ostentaban el poder para protegerlos frente a amenazas de los intereses establecidos (‍John y Jean Comaroff, 2007: 22). Kittrie (‍2016) postulaba que el lawfare residía en el uso del derecho con el objetivo principal de destruir o debilitar al oponente, de forma análoga a como se realiza en una guerra convencional con aquellos que son los enemigos; así, este autor le otorga una connotación distinta a la que tuvo en su génesis el término, concibiendo que la finalidad del lawfare ahora es la de debilitar o destruir a su oponente. De esta manera se da la migración de la guerra hacia los tribunales (‍John y Jean, 2007), y la legitimidad de la misma es definida por abogados y juristas (‍Gutiérrez, 2018).

De este modo, las características fundamentales de la concepción anglosajona del lawfare se centran, por un lado, en el uso ilegítimo (pero no irregular) de los procedimientos legales y, por otro, en el hecho de que estos procesos judiciales son empleados mayoritariamente de modo secundario en la política partidista. El principal ámbito de discusión es la contienda entre las Fuerzas Armadas y los organismos de derechos humanos, en la que estos últimos buscan limitar las acciones de los primeros a través de acusaciones judiciales (‍Smulovitz, 2022: 235).

¿Qué transformaciones experimenta el concepto cuando aterriza en el contexto latinoamericano? Su llegada estuvo marcada por una transformación y reinterpretación radical y se emplea para referirse a aquellas estrategias que utilizan el lenguaje de la ley y procedimientos legales cuestionables y/o irregulares para el logro de objetivos políticos tales como la neutralización de un adversario político. Zanin y Martins (‍2019), los abogados del expresidente Lula, quienes introdujeron el término de forma masiva en la región a partir de su utilización en la defensa del expresidente del Brasil en 2016, sostienen que el lawfare utiliza procedimientos legales irregulares en conflictos políticos no militares para perseguir a líderes políticos de izquierda. Las definiciones anglosajonas y las latinoamericanas coinciden en señalar que es una estrategia política que utiliza procedimientos jurídicos y que apunta a crear cambios en la opinión pública, pero difieren en la forma en que caracterizan los objetivos, los medios que utilizan y sus consecuencias. Mientras que la definición latinoamericana destaca la utilización de procedimientos irregulares, la anglosajona subraya el uso ilegítimo pero no irregular de los procedimientos (‍Smulovitz, 2022: 234). Por su parte, los trabajos realizados con foco en América Latina redefinen al lawfare como la persecución que sufren los «débiles» por parte del poder hegemónico, representado por las grandes corporaciones y medios de comunicación (‍Tirado Sánchez, 2021: 37).

En esta investigación nos centraremos en la connotación que este término tiene para América Latina. En el contexto latinoamericano de las últimas décadas, marcado por una creciente polarización, los autores que defienden la existencia de este fenómeno sostienen que los procesos de judicialización de la política, impulsados por las alternativas neoliberales que buscan desprestigiar a los líderes progresistas de la región, se han convertido en una herramienta de persecución política (‍Romano, 2019: 19). En esta misma línea, según considera la Asociación Brasileira de Juristas por la Democracia, y en las palabras de Proner y Neuenschwander, la expresión lawfare se utiliza para apuntar una situación de «guerra jurídica» o uso del derecho como arma política para derrocar gobiernos o sustituir regímenes políticos (‍2019: 1). De forma análoga, Vollenweider y Romano sostienen que el lawfare implica también la «destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político» (‍2016: 1). Por lo tanto, para aquellos defensores de su existencia, el lawfare, paulatinamente, se constituye como el uso estratégico del derecho por parte de bloques de poder y grandes corporaciones, tanto internacionales como locales, «de resortes como el poder judicial, servicios de inteligencia, medios de comunicación masivos y/o hegemónicos y de diversas tecnologías de la información y la comunicación, articulados con partidos políticos, para desestabilizar gobiernos» (‍Estepa y Maisonnave, 2020: 74).

Los defensores de esta narrativa defienden que esta guerra jurídica es asimétrica y se realiza, presuntamente, en afección a líderes políticos progresistas. En este sentido, consideran que se instrumentaliza el derecho en beneficio del establishment, donde el poder judicial se transformaría en un partido político (el partido judicial), construyéndose un discurso que permite excluir de la contienda electoral a aquellos líderes que se oponen a la política establecida, mediante el apoyo de los medios de comunicación, el poder político, los servicios de inteligencia y las grandes corporaciones (ibid.: 39). El lawfare consistiría entonces en el uso de «las normas legales para tratar de lograr o consolidar ganancias políticas» (‍Guilfoyle, 2019: 1000). Así, estos autores señalan como lawfare los procesos judiciales que han tenido lugar en Latinoamérica porque son dirigidos principalmente contra figuras políticas progresistas (‍Estepa y Maisonnave, 2020; ‍Zannini, 2020; ‍Instituto de Estudio y Administración Legal, 2018; ‍Gutiérrez, 2018; ‍Vollenweider y Romano, 2016; ‍Ghea, 2019). Una de las principales preocupaciones de quienes estudian estos procesos por corrupción iniciados contra líderes político es el riesgo de que el Estado de derecho se convierta en un arma política (political weapon) (‍Maravall, 2003).

Por su parte, aquellos que no creen que estos procesos judiciales estén dirigidos exclusivamente contra líderes progresistas ni sean impulsados únicamente por sectores de poder corporativos, pero reconocen que en ocasiones se utilizan como herramienta de persecución política, han recurrido a otros términos con el fin de sortear las barreras ideológicas en el debate. Por ejemplo, en Europa algunos autores han vuelto a utilizar el concepto de SLAPP (siglas en inglés de «strategic lawsuits against public participation»), un concepto que tiene más de tres décadas (‍Canan and Pring, 1988), y que refiere al uso de la acción civil para reprimir la expresión política^[2] (‍Llamas, 2023). Estas demandas alegan perjuicios resultantes de los esfuerzos de los ciudadanos por influir en el Gobierno o influir en los votantes sobre una cuestión de importancia pública (‍Canan y Pring, 1988). Sin embargo, en este estudio solo nos centraremos en el lawfare dado su uso extendido por parte de los líderes políticos.

A partir de lo expuesto hasta aquí, podemos señalar que las características fundamentales del lawfare, según quienes defienden su existencia como herramienta de persecución política en el ámbito latinoamericano, son las siguientes: a) el uso del derecho por parte del ejecutor —ya sea una persona o un grupo político— para crear efectos iguales o similares a aquéllos tradicionalmente buscados por la acción política (‍Ramírez Santoro y Frías Tavaris, 2019); b) la motivación del ejecutor de la acción o de las personas o grupos políticos que utilizan la acción debe ser debilitar o destruir a un adversario político contra quien se dirige el Lawfare, y c) tal acción de debilitamiento o destrucción debe ser dirigida contra un líder progresista.

III. EL DISCURSO DEL LAWFARE: HÉROES Y VILLANOS[Subir]

Los procesos judiciales realizados contra expresidentes de distintos países de América Latina, como Lula Da Silva, Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner (‍Abogados Bonaerenses por la Democracia, 2018; ‍Gutiérrez, 2018; ‍Vollenweider y Romano, 2016; ‍Estepa y Maisonnave, 2020) han proyectado la etiqueta del lawfare más allá de las fronteras nacionales (‍Ramos, 2021). En todos estos casos, los líderes han recurrido a la retórica de que los medios de comunicación (‍Romano, 2019: 20), amplificados por la masividad de las redes sociales y los trolls (‍Zaffaroni, E. R., Caamaño, C. y Vegh Weis, V. 2020: 131), junto con las grandes corporaciones e incluso algunos jueces, están detrás de estos procesos judiciales con el objetivo último de socavar su popularidad o, en el peor de los casos, excluirlos de la contienda electoral (‍Gándara Pizarro y Gándara Pizarro, 2022). Esta estrategia, según argumentan, no solo busca deslegitimar sus propuestas, sino también impedir su acceso al poder, utilizando el aparato judicial como un instrumento de presión política.

Si bien el término lawfare pertenece aún a la esfera de las discusiones políticas antes que al de las definiciones teóricas, vale la pena analizar si el mismo es un fenómeno novedoso y empíricamente diferenciado o una etiqueta nueva para referirse a un conjunto de viejas prácticas (‍Gargarella, 2020; ‍Fraga, 2019). En este sentido, el concepto ha sido objeto de un proceso de reframing a partir de 2016 (‍Smulovitz, 2022: 232), cuando los abogados de Lula lo utilizaron como una estrategia de defensa para denunciar la persecución y proscripción política del expresidente de Brasil.

En la tabla 1 se muestra, con base en fuentes secundarias —los perfiles en redes sociales de los propios mandatarios, discursos públicos o declaraciones brindadas a medios de comunicación—, la fecha a partir de la cual se empezó a utilizar la etiqueta de «guerra jurídica» entre los presidentes con causas judiciales. Ningún presidente hizo referencia a la misma antes del 2016. Algunos simplemente sostenían su inocencia y aseguraban no tener ninguna relación con los delitos que se le atribuían (Da Silva, Humala, Morales o Martinelli) y otros ya hacían uso de un discurso más combativo, manifestando que eran víctimas de un golpe de estado (Rousseff y Lugo) o de proscripción (Cristina), pero sin utilizar específicamente el concepto de lawfare. Sin embargo, desde el 2016 la estrategia de todos los presidentes analizados en este apartado pareciera dejar de lado los argumentos técnico-jurídicos y haberse plegado sobre un discurso que apela a aspectos emocionales, en tanto se enarbola detrás de una épica de amigo-enemigo en la que los expresidentes son víctimas de una persecución judicial que tiene como autores materiales a los jueces e intelectuales a las grandes corporaciones y los medios de comunicación.

En relación con la ideología de los presidentes y la utilización en el discurso del término lawfare, podemos señalar que se ha utilizado mucho más por los presidentes de izquierda que los pertenecientes a partidos de derecha. De los dieciocho presidentes de izquierda investigados, ocho usan la etiqueta del lawfare, es decir, el 44 %. Por el contrario, los presidentes de derecha solo la usan en el 7,5 % de los casos (3 de 40). En otras palabras, los presidentes pertenecientes a partidos de izquierda se sienten con mayor frecuencia víctimas de la persecución política que, según ellos, encarnan las grandes corporaciones, los medios masivos de comunicación o los propios jueces (ver anexo I).

De esta manera, observamos que en los últimos años los expresidentes de distintos países de Latinoamérica acusan que los procesos judiciales en los que se encuentran inmersos no son el resultado de un juicio justo. Ellos alegan que son víctimas de una persecución judicial llevada adelante por jueces cómplices, pero en la que los autores intelectuales son las grandes corporaciones y medios de comunicación. Corporaciones, insisten, que pretenden destituir a estos líderes para colocar en los sillones presidenciales personas que los beneficiarían o, al menos, con una ideología más «promercado». En otras palabras, estos grupos de «poder real» utilizarían a los jueces como herramientas para la prosecución de un objetivo mayor que es erosionar, debilitar o incluso excluir a los líderes progresistas, ya que estos líderes llevarían adelante políticas que no los beneficiarían. Por el contrario, los candidatos afines a sus proyectos económicos tendrían una visión más corporative friendly, que en caso de llegar al sillón presidencial les permitiría aumentar sus réditos económicos (Zaffaroni, en ‍Romano, 2019).

En tal sentido, de cada uno de los presidentes que acusaron la existencia de lawfare en su contra se analizó el discurso en el que expusieron esta guerra judicial de mayor impacto mediático^[17] para analizar la composición de los mismos y los factores de poder que, según su propio discurso, están detrás de las causas judiciales que se promueven en su contra. Además del término lawfare, los presidentes utilizan otras expresiones: «persecución política», «guerra jurídica», «cuestión mediática», «partido judicial», junto con términos a los que estás expresiones también van asociadas, como «grandes medios», «judicialización de la política» o «grupos empresariales» o «medios hegemónicos». La tabla 2 presenta un análisis de colocalización examinando los vínculos entre términos.^[18]

De este modo, se observa que, en primer lugar, los medios de comunicación y, en segundo lugar, los grupos empresariales, respaldan la retórica de la persecución judicial y la guerra jurídica. Según estos expresidentes, ambos actores se configuran como los principales responsables de orquestar la persecución política en su contra, utilizando a los jueces como simples instrumentos para deslegitimar o excluirlos de la contienda política.

IV. EL LAWFARE EN CIFRAS: ¿MITO O REALIDAD?[Subir]

En la primera parte se analizó el lawfare desde la utilización por parte de los presidentes de América Latina. Esta segunda parte pretende arrojar claridad a la correspondencia de tal utilización con los datos de la realidad a través del análisis de las cifras: cuántas causas se han iniciado contra los líderes progresistas de América Latina y qué diferencias existen con la prosecución de causas contra líderes no identificados como tales. Analizaremos cuántos expresidentes de países de América Latina se encuentran investigados por corrupción y en qué momento y contexto político fueron iniciadas las causas judiciales, intentando responder interrogantes, como si hay una arbitrariedad en la promoción de estas causas o si están efectivamente dirigidas a un grupo determinado de líderes progresistas para beneficiar los del grupo contrario, más beneficioso para los intereses del mercado.

Desde el año 2000 a la fecha de este artículo^[19], en América Latina han ocupado el sillón presidencial 103 personas distintas, de los cuales 58 han sido sometidos a procesos judiciales por corrupción (ver tabla 3 y anexo I). Es decir, solo 45 no han sido objetos de acusaciones formales relacionadas con tal delito^[20]. De los dieciocho países de la región, no hay ninguno donde no se haya producido desde el 2000 a la fecha al menos una acusación formal de corrupción contra alguno de los presidentes. El país con menores índices de judicialización es Uruguay, donde solo José Mujica ha sido investigado, habiendo pasado ya cuatro presidentes distintos del 2000 a la fecha.^[21] Del lado contrario, México con cuatro de cinco —solo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sufrido acusaciones formales de corrupción— presidentes investigados y Paraguay con cinco de seis —al igual que en México, únicamente Abdo Benítez no ha sido objeto de procesos judiciales ligados a corrupción—, son los que reflejan mayor cantidad de exmandatarios investigados. En este sentido, hay que destacar que uno de los rasgos que pareciera distinguir estas investigaciones es la multiplicidad de causas simultáneas contra un mismo acusado. Cristina Kirchner, por ejemplo, estuvo acusada en al menos doce causas, Luiz Inacio Lula Da Silva en diez, Rafael Correa también en diez, Jeanine Áñez en nueve, Ricardo Martinelli en ocho, Pedro Castillo en ocho, Ollanta Humala en cuatro, Álvaro Uribe en cinco y Evo Morales en cinco (‍Smulovitz, 2022: 244).

De los cincuenta y ocho presidentes investigados en América Latina desde el inicio de siglo hasta la actualidad, cuarenta pertenecen a partidos de derecha o centroderecha y solo dieciocho son presidentes de izquierda o centroizquierda. En otras palabras, los presidentes de derecha fueron más investigados que los de izquierda (ver anexo I).^[23] No obstante, en proporción, los presidentes de izquierda han sufrido más condenas que los de derecha, ya que cinco de los dieciocho presidentes de ese espectro ideológico (27,7 %) fueron condenados, mientras que solo siete de los cuarenta de derecha (17,5 %) tuvieron una sentencia en su contra. Por su parte, solo quince de los cincuenta y ocho presidentes investigados han pasado algún tiempo en prisión, siendo doce de ellos presidentes de derecha y tres de izquierda.

Si bien la idea fundamental de aquellos que sostienen la existencia del lawfare contra los líderes progresistas de la región parece no comprobarse en la práctica, ya que los presidentes de derecha han sido igualmente —o aún más— investigados, sí se observa una tendencia creciente en la cantidad de causas judiciales iniciadas contra aquellos expresidentes de la región en los últimos años (gráfico 1). Así, de los 131 procesos judiciales iniciados contra expresidentes de América Latina, el 81 % (107) fueron iniciados entre 2015 —año de inicio de muchas de las investigaciones relacionadas con la megacausa de corrupción conocido como «Lava Jato», que se ha considerado una verdadera cruzada contra la corrupción con repercusiones judiciales en buena parte de los países de la región (‍Gonzalex-Ocantos et. al, 2023)— y 2022, siendo 2018 el año con mayor producción judicial, con veinte causas iniciadas, seguido por 2019 y 2016, con diecinueve. Este timing político se complementa con otro factor a tener en cuenta: casi tres de cada cuatro de las causas judiciales fueron iniciadas una vez que el líder ya no ocupaba el sillón presidencial. Y de este porcentaje, en el 80 % de los casos quien ocupaba la primera magistratura era alguien de un partido político distinto. En otras palabras, existe una evidente judicialización de la política, expresada a través de la promoción de procesos judiciales una vez que el líder ha perdido su poder, y mejor aún si quien ostenta el poder responde ahora a otro partido político.

Gráfico 1.

Causas por corrupción contra presidentes en América Latina (2000-‍2022)

Fuente: elaboración propia.

En conclusión, la diversidad de causas es evidente, pero no se limita a un grupo específico de líderes, ya sean progresistas o no. Más bien, se trata de un fenómeno propio de la época, ya que la mayoría de los procesos se iniciaron en los últimos años, impulsados por el contexto político en el que el líder dejó el poder, y aún más cuando este fue asumido por otro signo político. No obstante, y pese a que los presidentes de izquierda han sido más condenados que sus pares de derecha, en la mayoría de los casos las causas no llegan a establecer condenas firmes contra los expresidentes, y menos aún a privarlos de la libertad. Mucho ruido y pocas nueces.

V. CONCLUSIONES[Subir]

El lawfare no es un concepto nuevo. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un aumento exponencial en la utilización discursiva por parte de líderes políticos de América Latina, en su mayoría pertenecientes a partidos autoproclamados «progresistas» (‍De Sa e Silva, 2020). Su impulso se debe al uso del concepto por parte de varios expresidentes, quienes consideran que los procesos judiciales en su contra son producto de la presión ejercida por empresarios y medios de comunicación sobre los jueces. Según argumentan, dicha presión tendría como propósito también excluirlos de la arena política con el fin de reemplazarlos por presidentes afines al mercado que generen mayores beneficios para ciertos intereses.

Este artículo examinó el alcance de este término a partir de evidencias de diversos países de América Latina. En este sentido, se buscó ofrecer un análisis comparativo de la región que sea relevante y útil para identificar posibles líneas de acción e investigación en el futuro. Así, se concluye cómo se emplea el lawfare como una herramienta discursiva por parte de los principales actores del poder ejecutivo para deslegitimar los procesos judiciales iniciados en su contra, argumentando que dichos procesos están influenciados por los intereses de los medios de comunicación y las grandes corporaciones. Ya sea por la presión que estos argumentos ejercen sobre los jueces o por otras razones, lo cierto es que menos del 10 % de los procesos judiciales han dado lugar a una condena firme contra un expresidente, y solo quince de los cincuenta y ocho presidentes involucrados han sido privados de libertad.

Lo anterior no significa que las acusaciones formuladas por muchos de los líderes y partidos más relevantes de la región, que han gobernado gran parte de estos países desde el inicio del siglo xxi hasta la fecha, carezcan de fundamento. Es evidente que ha habido un crecimiento de los procesos judiciales en los últimos años. Aunque se ha demostrado que estos números desmesurados no responden a la intención de proscribir a presidentes de una ideología específica, sí evidencian la instrumentalización de los procesos judiciales como una estrategia para el desprestigio público de los líderes políticos.

En este sentido, sería más preciso referirse en la región al concepto de SLAPP, ya que este no se limita a procesos dirigidos contra un tipo específico de líder (como políticos en funciones o con cargos de relevancia) ni a una ideología particular (como los progresistas). En cambio, el término hace alusión a la utilización de procesos judiciales sin fundamento o desproporcionados, generalmente iniciados por actores poderosos, grupos de presión, empresas o entidades estatales contra partes más débiles (como periodistas, políticos, instituciones o, en general, cualquier figura pública) que emiten críticas o comunican mensajes sobre asuntos de interés público que resultan incómodos para los demandantes. De este modo, este concepto podría ayudarnos a desideologizar un debate actualmente marcado por la intensa polarización que caracteriza a los países de la región, abriendo espacio a una discusión que permita llegar a conclusiones objetivas sobre el estado del poder judicial y el uso de los procesos judiciales con fines ajenos a la administración de justicia.

Resulta evidente que, pese a que es un tema con un enorme componente técnico y legal, las discusiones se ven marcadas por lo político. Así, quienes simpatizan con los líderes que denuncian la existencia de lawfare en su contra podrían considerar que todos estos procesos judiciales son el resultado de maniobras orquestadas por el verdadero poder, representado por la influencia económica de las grandes corporaciones y los medios de comunicación. Por otro lado, quienes consideran que el lawfare es una invención de aquellos que buscan eludir una posible condena argumentarán que esos líderes fueron responsables de actos de corrupción que causaron daño a sus países y, por lo tanto, deben ser castigados por dichos delitos. En definitiva, haciendo propias las palabras de Thomas Mann, «todo es política».