De entre los motivos propuestos por la historiografía a la hora de explicar la decisión de Suárez, uno destaca especialmente: la ejemplar reacción de los comunistas tras la matanza de cinco de sus compañeros en la Calle Atocha de Madrid. Los asesinatos de Atocha ocupan, en efecto, un lugar excepcional a la hora de postularse como razón que movió a Suárez a tomar la decisión. Tanto es así que esta es la interpretación que da la mismísima Wikipedia: «Esta manifestación silenciosa y pacífica (muchas personas levantan los puños al paso de los coches fúnebres) fue decisiva para que el presidente del gobierno Adolfo Suárez decidiera legalizar al Partido Comunista de España dos meses y medio después».

Por descontado, lo único que hace Wikipedia es reflejar algo parecido a un consenso previo al respecto, no crearlo. Son numerosísimas las fuentes que podrían citarse aquí, y de hecho cabe aventurar —a priori, por así decir— que cualquier estudio dedicado a la legalización del PCE asumirá casi con seguridad que una de las razones principales que movieron la voluntad de Suárez fueron los asesinatos de Atocha. Ofreceremos solo una pequeña muestra al respecto. Ya en 1980, Osorio afirma que la matanza «afectó seriamente a los planteamientos políticos de Adolfo Suárez, quien, a partir de entonces, empezó a pensar si era posible llegar a las elecciones generales con el Partido Comunista fuera de la ley […]. Lo cierto es que no antes, sino siempre a partir de esa fecha» (Osorio, 1980: 277). Ese mismo año, Bardavío publica que, tras los asesinatos, «en el presidente Suárez tiene que crecer la impresión de que no se puede marginar a un partido con una capacidad de convocatoria tan amplia y con un sentido de la organización tan arraigado» (1980: 147). En 1983 Carrillo avala en sus memorias esta interpretación: «[La legalización] se impuso definitivamente a raíz del horrendo asesinato de los abogados laboralistas de Atocha y de la gran manifestación de duelo en la que la fuerza del PCE apareció a la luz del día con tanta firmeza como disciplina» (citado en Pérez, 2012: 178).

Esas tempranas afirmaciones sobre la significación de la matanza de cara a la legalización se suceden sin cortapisas, década tras década (Morán, 1986: 945; Tusell, 1996: 68; Carrillo, 2006: 800; Sánchez-Biosca, 2016: 53). En la serie de Televisión Española La Transición, con guion y voz en off de Victoria Prego, emitida en 1995, y que logró una amplísima influencia, esa es la lectura que se ofrece. En el minuto 1.01 del capítulo 12, Osorio afirma ante la cámara que el entierro de los asesinados determinó que «Suárez empezase a pensar seriamente» que había que legalizar al PCE «antes de las elecciones». En la siguiente escena, Carrillo declara que «el crimen de Atocha y la respuesta democrática a ese crimen fue decisiva para acelerar el proceso y para asegurar la legalización».

Desde entonces, la tesis se asienta en el imaginario popular y en la historiografía especializada, cuyas aportaciones, hasta hoy, la dan por descontada: «Esta demostración de fortaleza […], esta clara manifestación de madurez […], convencen definitivamente al presidente del gobierno. Adolfo Suárez asume, a partir de ese momento, que el PCE debe ser legalizado antes de la cita electoral prevista para junio» (Pinilla 2019: 71).

Esta preponderancia de los crímenes de Atocha acontece en ocasiones en un contexto en el que, algo paradójicamente, lo que se aportan no son tanto razones como episodios. La legalización del PCE se presenta, tal y como aquí hemos hecho en el segundo epígrafe, como una suerte de sucesión de acontecimientos concretos: la reunión de Suárez con los militares, la detención y posterior liberación de Carrillo, la matanza de Atocha, la reunión de Pozuelo y la decisión de Sábado Santo. Esta lista puede ampliarse con muchos otros elementos históricos, pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es que apenas se incluyen razones, motivos, intereses… ¿Por qué Suárez, en lo que se ha considerado «la decisión más arriesgada de toda la Transición» (Tusell, 1999: 46), legaliza a los comunistas?

En esta disposición de cosas —la mera sucesión de episodios ofrecida como explicación unida a la configuración de Atocha como clímax volitivo— la manifestación deviene tanto el momento como el motivo por el que Suárez cambia de opinión. El impresionante cortejo fúnebre demuestra dos cosas de los comunistas: su organización y su entereza. Y ambas, a su vez, ejercen de explicaciones de la respuesta de Suárez. Con respecto a la organización exhibida, se sobreentiende que es de tal magnitud que Suárez se convence entonces de que intentar avanzar en el proceso electoral sin el PCE está condenado al fracaso. Los miles y miles de militantes y la fuerza y disciplina del partido serán suficientes para impedir que todo llegue a buen puerto (Pinilla, 2017: 164; Andrade, 2014: 63).

Más importante que eso, la entereza y la dignidad demostradas arrojan una lectura según la cual la razón de la decisión de Suárez, los motivos implícitos que la mueven, solo pueden ser de orden moral. Por eso, casi nadie en la bibliografía explica qué tiene que ver la serenidad demostrada con la decisión de legalizarles. No hace falta, puesto que todo el mundo entiende, con independencia de su ideario político, la ilación. Los únicos que quedan fuera de esa comunidad interpretativa son, de hecho, los asesinos y sus jaleadores. Tras Atocha, Suárez reconoce en los comunistas no a un enemigo del que prevenirse, sino a un igual capaz de sufrimiento y de dignidad en la respuesta. Es esa suerte de reconocimiento la que, sin explicitarse, configura por sí mismo la propia explicación del acto. No se trata de una razón política —que por tanto pertenecería al reino del pluralismo y podría no compartirse, razón por la que se habría de explicar—, sino de un motivo más bien moral, anclado en la pertenencia a una misma colectividad, España, con la que se comparten ciertos principios básicos: la vida, el rechazo de la violencia, el valor de la libertad. Es tan elemental, tan intuitivo, tan compartido, que se explica con solo nombrarlo.

Otro elemento distintivo aquí es la afirmación de que en la reunión secreta de Pozuelo, el 27 de febrero, Carrillo y Suárez alcanzan un pacto, un quid pro quo, tal y como yo mismo lo he descrito en el segundo epígrafe. Carrillo reconoce la monarquía, la bandera y la unidad nacional. A cambio, Suárez se compromete a legalizar el PCE antes de las elecciones, de tal modo que los comunistas puedan presentarse a las urnas (Nistal 2013: 185). Tras la reunión, cada uno cumple su parte del acuerdo.

Asimismo, desde la perspectiva habitual se insiste en la absoluta soledad de Suárez a la hora de tomar la decisión. Esa soledad se presenta desde dos perspectivas. Por un lado, es una soledad decisional. Ha sido él, unilateralmente, el que se ha arriesgado a la legalización. Él ha tomado la iniciativa y muy pocos o nadie están al tanto (Morán, 1986: 311; Palacio, 1989: 135; Tusell, 1999: 46). Por otro, una vez explicitada tal decisión, Suárez asume en solitario las posibles consecuencias de la misma. No existe aquí la responsabilidad colegiada del Gobierno, o algo similar que entre en escena. Al contrario: en un gesto que solo cabe interpretar bajo el paradigma de la valentía y el compromiso, Suárez acepta por completo las consecuencias de su decisión.

La combinación de los elementos anteriores explica la pertinencia de relatos cuasi novelados que, en otros contextos políticos, carecerían de encaje alguno. La sucesión de acontecimientos se enmarca en las categorías propias de lo narrativo casi de modo perfecto. Gracias a esa permeabilidad a lo novelesco, el entierro de los asesinados en Atocha se presenta habitualmente como el apogeo narrativo de una historia que a punto estuvo de acabar en tragedia, pero que, gracias a la organización demostrada por el PCE, terminó bien:

Los asesinatos de Atocha se configuran, así, como el momento culminante del proceso español de tránsito a la democracia. Frente a la posibilidad de una respuesta desestabilizadora por parte de los comunistas, de lo que ello hubiera significado, se opta por la contención y la madurez. Todo se concibe, tal y como acertadamente se ha escrito, al modo de un «giro sacrificial» (Sánchez-Biosca, 2016). La legalización otorgada por Suárez deviene una suerte de recompensa, de compensación por el sacrificio ofrecido por los comunistas. Una recompensa que, a su vez, gravita alrededor de la idea fuerza de reconciliación nacional. La reconciliación va a ser, en efecto, el último gran valor de todo el proceso, el resultado final que concede sentido narrativo a todo lo acontecido antes.

De hecho, son los propios comunistas y, en general, la izquierda y la oposición democrática, los que establecen ese marco interpretativo. El editorial de Mundo Obrero, la publicación oficial del PCE, afirmaba que los asistentes a la manifestación «dieron la más alta lección de civismo, de voluntad en la reconciliación nacional, de tenacidad en la búsqueda de la negociación para asegurarse el tránsito a la democracia» (27/1/1977: 1). Santiago Carrillo firmaba un texto, «Frente al crimen fascista, reconciliación para la democracia», cuyo título ya lo dice todo (ibid.: 4). El diario Ya afirmó al día siguiente que la contención exhibida en el funeral significó «la legalización de hecho del Partido Comunista» (28/1/1977).

Como se ha afirmado, la cobertura mediática otorgada a la manifestación de duelo fue a la vez «descriptiva y normativa […] al subrayar el duelo sereno y disciplinado que llevaron a cabo en los funerales de Atocha, estos tributos y homenajes estarían creando un modelo a seguir» (Cruz Chamizo, 2021: 321). De nuevo, ocurre que la mera enunciación de un episodio lleva implícito su mensaje. Fue sobre todo la oposición democrática la que construyó ese marco de la reconciliación y lo ligó a la legalización. Con la posterior decisión de legalizar el PCE, Suárez se incluiría con todo el derecho del mundo en ese marco moral. Todos los españoles se reconciliaban por fin, quedando fuera de ese proceso tan solo los asesinos y los violentos.

Frente a las tesis que sitúan en el entierro de Atocha (26 de enero de 1977) la fecha en la que Suárez se decidió, otros autores la adelantan. Pinilla dice que el 28 de noviembre Suárez ya baraja la legalización (Pinilla, 2017: 121). Palacio afirma que el Gobierno «se había planteado la legalización» en torno al 3 de diciembre. Martín Villa habla de «finales de 1976». Con todo, ocurre que luego esos autores, cuando se ocupan de los asesinatos de Atocha, vuelven a hablar de su influencia en la voluntad de Suárez. En consecuencia, el momento decisional, incluso en las obras que lo adelantan, se diluye en el tiempo.

Stabler proporciona aquí una evidencia textual creemos que desconocida, no basada en creencias o recuerdos, sino objetivada en distintos cables y por tanto fechada con exactitud. Aunque, como veremos, hay testimonios anteriores (del 6 de diciembre y del 6 de enero), destaca especialmente el cable del 18 de enero de 1977. Suárez y Marcelino Oreja, ministro de Exteriores, invitan al embajador a comer en Moncloa. Entre otros muchos asuntos, tocan el de los comunistas:

Que «el registro fuera aceptable» significaba legalizar, una decisión que tendría que tomar el Tribunal Supremo. Suárez, por tanto, ya entonces prefiere «claramente» legalizar. No solo eso. Stabler sigue relatando la conversación:

Esto es: el 18 de enero de 1977, una semana antes del entierro por los asesinatos de Atocha, Suárez no solo es partidario de legalizar, sino que sondea (y aprieta) al embajador de los USA al respecto, consiguiendo, por lo demás, y contra muchas afirmaciones posteriores, su aval. Todo indica, en consecuencia, que la decisión de legalizar estaba probablemente tomada antes de los asesinatos.

Pero, ¿por qué ambos consideran preferible legalizar? ¿Cuáles son esos «argumentos» específicamente españoles que el embajador cita, pero no desgrana? Cinco motivaciones sobresalen en los cables.

Primera razón, política. Sin los comunistas, el nuevo sistema institucional nacería herido. En palabras de Victoria Prego, sin el PCE las elecciones de junio «ni serán pacíficas ni se considerarán libres ni tendrán el menor crédito internacional» (cap. 13: minuto 36.00). El consenso historiográfico al respecto es enorme, y de hecho todas las interpretaciones que hemos incluido sobre la influencia que ejerció en Suárez la matanza de Atocha no son otra cosa que variaciones de esta gran razón. Fueron la «democracia» y la «reconciliación» las que empujaron a Suárez a legalizar, algo que, al modo de una revelación, cristalizó en un momento muy concreto, el entierro de los abogados asesinados.

Segunda razón, económica. El 6 de diciembre (esto es: antes del referéndum) Suárez y el rey se reúnen con el líder socialdemócrata alemán Willy Brandt y con Hans Matthöfer, entonces ministro de Investigación y Tecnología. A través del embajador alemán, Stabler tiene acceso a la conversación:

Un mes después, el 6 de enero, es el propio canciller alemán Helmut Schmidt, de visita en España, quien se reúne con el rey y con Suárez, y de nuevo Stabler accede a la conversación. Ahí leemos que Schmidt está muy interesado

En muchos otros cables se evidencia la estrategia sindical que venía aplicando el Gobierno, consistente en apoyar financieramente a UGT y fortalecerlo frente a CC. OO., sindicato que ellos consideraban tomado por los comunistas, una estrategia en la que también se involucra directamente el rey. El 16 de febrero de 1977, Suárez afirma en un cable que

También el rey expresa en otro cable la importancia crucial del factor económico, y la urgencia de hacer algo ya, sin esperar a las elecciones (09280).

Este segundo motivo para legalizar al PCE es, como se observa, novedoso (Stabler lo escucha por primera vez el 6 de diciembre) y urgente. Aunque en el cable que acabamos de mencionar el rey dice que sería preferible no esperar a las urnas para tomar medidas económicas, parece evidente que Suárez preferiría esperar, como de hecho así fue. Primero, por motivos electoralistas, ya que nunca procede adoptar medidas impopulares antes de unas elecciones. Y, segundo, porque esas medidas solo podrían salir adelante si CC. OO. entraba en el juego, cosa que solo ocurriría si el PCE había sido legalizado antes de las urnas. Los futuros Pactos de la Moncloa, que llegarían en octubre de 1977, hubieran sido implanteables con el PCE en la clandestinidad. Suárez ya era plenamente consciente de ello en diciembre de 1976.

Tercera razón, demoscópica. Las encuestas favorecieron la legalización de dos modos. En primer lugar, Suárez sabía que la fuerza real de los comunistas no era demasiada. En enero de 1977 él les otorgaba un 7 %. Stabler manejaba un 6-10 %. Y el Instituto de Opinión Pública, el antecesor del CIS, le transmitía a Suárez datos muy parecidos: el apoyo electoral real del PCE no superaría el 10 % (Pérez, 2012: 188). En segundo lugar, Suárez sabía por los sondeos que el respaldo de los españoles a una posible legalización del PCE se incrementaba considerablemente. En julio de 1976, solo un 6 % de los españoles eran partidarios de legalizar. En diciembre, un 20-25 %. En abril un 51 %.

Cuarta razón, táctica (electoralista, diríamos hoy). Legalizar al PCE suponía dividir el voto de la izquierda. No hacerlo implicaba beneficiar al PSOE, el principal rival de Suárez. Suárez sería totalmente consciente de esta evidencia, pero en todo caso el mismo ministro alemán Matthöfer, en la visita con Brandt del 6 de diciembre, así se lo dice:

Esta razón táctica tenía además otra derivada. Con un PCE ilegal no solo ocurría que el PSOE iba a recibir más votos, sino que también iba a estar mucho más radicalizado. Stabler lo explica perfectamente en fecha tan temprana como el 2 de diciembre de 1976. A su juicio la ilegalización

La quinta razón no es fácil de bautizar. Podemos denominarla mística. La ilegalización concedía a los comunistas una aureola de legitimidad. Stabler, en la comida con Suárez del 18 de enero, lo expresa de nuevo de modo inmejorable:

La clandestinidad, unida al hecho de que sin pasar por las urnas no se podría confirmar su fuerza, otorgaba al PCE una aureola de prestigio social que, como el Gobierno ya sabía por las encuestas, no se correspondía con su fuerza real. La propia ilegalidad los potenciaba. El 1 de marzo de 1977, Stabler escribe al Departamento de Estado:

Aunque cabe incluir más razones, a nuestro juicio las fundamentales son estas. No son, como se ve, episodios de una trama, sino razones de orden psicológico-político que explican una determinada decisión.

Varios de los cables matizan considerablemente la fuerza que en Suárez habría ejercido la primera razón, la política. La legitimidad de la reforma venía otorgada sobre todo por dos actores. Internamente, por los partidos políticos de la oposición; internacionalmente, por la postura de las otras democracias, Europa y Estados Unidos en particular. Sin el aval de cualquier de esos dos actores, era muy difícil avanzar en la reforma. Pero, en diciembre de 1976, Suárez supo que por debajo de las declaraciones públicas podía esperar comprensión a la no legalización. La postura inicial —recordemos: no dejar que el PCE se presentara como tal, pero permitir candidatos comunistas independientes y garantizar la legalización tras las urnas— va a ser asumida por ambos actores.

Aquí resulta especialmente relevante la visita citada del 6 de ese mes de Brandt y Matthöfer a España. Primero se reunieron con González, luego con Suárez y luego con el rey. El embajador alemán está presente en todas las reuniones, y le pasará confidencialmente toda la información a Stabler. Se trata de una visita que tuvo, sin duda, una influencia enorme.

El mensaje de Brandt al PSOE español es cristalino. Les pide que acepten el referéndum y lo legitimen, les habla de modo muy elogioso de Suárez y del rey y de sus intenciones sinceramente democratizantes, les aconseja negociar con Suárez el proceso de reforma y, sobre todo, les urge a «SU DEFINITIVA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES», sin que el hecho de que el PCE siga fuera de la ley parezca afectar a ese consejo.

De hecho, es en ese momento, tras el referéndum, cuando el PSOE decide no unir su suerte a la del PCE. Se presentará con independencia de que el PCE siga siendo ilegal. Todos los otros partidos hacen lo mismo. Por tanto, Suárez sabe entonces que puede llegar a las elecciones y que el mero hecho de que la oposición se haya presentado legitimará para todos —excepto para los comunistas— el resultado. Después, el PCE será integrado.

Pero la visita de los socialdemócratas alemanes tiene además una variable internacional. En la reunión con Suárez el embajador alemán afirma que «SOBRE LA CUESTIÓN DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS COMUNISTAS BRANDT ESTABA A FAVOR MIENTRAS QUE LA POSICIÓN DE MATTHÖFER ERA NEGATIVA». Pero todo indica que lo de Brandt era una mera opinión teórica, no una postura política activa. Así lo confirma el hecho de que inste al PSOE a participar en las elecciones, sin exigir que el PCE sea legal. Y no hay duda de que esa clarísima impresión se llevó también Suárez. En 1984, el ya expresidente declaró públicamente que «Brandt no mostró excesivo empeño en que se legalizase el PCE, pronunciándose a favor de la participación de los socialistas en las elecciones con o sin la presencia de los comunistas» (Powell, 1993: 56-57). Y en 1996 dejó escrito que «los socialdemócratas alemanes, que querían favorecer al PSOE, presionaron para que la legalización del partido comunista se pospusiera» (Suárez, 1996: 74). La socialdemocracia alemana no iba a poner ningún problema a la ilegalización del PCE. Brandt, líder de la Internacional Socialista por aquel entonces, solo expone una opinión. Y el hecho de que a su lado todo un ministro del Gobierno alemán, con un enorme poder en la socialdemocracia europea, además, exteriorizara con total naturalidad que a su juicio era mejor no legalizar deja claro el escasísimo nivel de compromiso que albergaban al respecto.

Por descontado, si la socialdemocracia alemana transigía con la postura inicial, animales políticos de la talla de Suárez y el rey sabrían casi de modo inmediato que con más razón comprenderían su situación los partidos de la otra mitad del espectro europeo, los conservadores o cristiano-demócratas. Esto es, sintetizando: si Brandt avalaba, entonces prácticamente todo el espectro político relevante en la escena internacional avalaría. Lo que ocurría en España, donde desde al PSOE hacia la derecha todos avalaban las elecciones, ocurriría en Europa. Solo los comunistas quedarían fuera. Con respecto a Estados Unidos, ya hemos visto que los cables reflejan que a esas alturas el embajador consideraba que lo mejor era legalizar. Pero, evidentemente, si Suárez hubiera optado por la postura inicial y hubiera dejado al PCE en la clandestinidad, Estados Unidos no hubiera hecho de ello ningún casus belli. Su apoyo estaba garantizado tanto en un caso como en el otro.

Esta certeza de Suárez es perfectamente compatible con el hecho de que en público la mayoría de los posicionamientos de esos actores, muy en especial de los socialdemócratas nacionales e internacionales, fueran otros. En los periódicos y en los mítines, Brandt y González decían una cosa. En privado, Suárez sabía que asumían otra. Contra ciertas lecturas sobre la influencia de Europa en la legalización (Varela-Guinot, 1990: 33; Pérez, 2012: 170; Alzaga, 2021: 536-540), todo indica que Europa apretaba, pero lo cierto es que estaba muy lejos de ahogar, y Suárez lo sabía. Tanto interna como externamente, la reforma sin los comunistas solo tendría la oposición real de los comunistas, los demás avalarían.

Hay varios elementos que introducen dudas sobre la tesis según la cual en la reunión del chalet de Pozuelo se produjo una negociación propiamente dicha entre Suárez y Carrillo. Legalización, por un lado, y monarquía, bandera y unidad nacional, por otro. El primero y más palmario es esta afirmación del único testigo presente en tal reunión, José Mario Armero:

Pero, más allá de eso, y probablemente más importante, lo cierto es que desde un punto de vista menos atento a ciertos acontecimientos puntuales, imprescindibles para sostener una determinada trama narrativa, y más predispuesto a la textura de lo eminentemente político, la negociación entre el PCE y Suárez fue un acontecimiento muy extendido en el tiempo. Y no solo llevó mucho más tiempo que seis horas, sino que los factores en juego fueron muchos otros, además de la monarquía y la bandera.

El PCE había ido, en efecto, renunciando a muchos de sus posicionamientos históricos en un proceso de aclimatación a las condiciones que le exigía —o sin duda le exigiría— la reforma política. Ese proceso, que bien puede describirse como una suerte de prolongadísima rendición, incluye toda una sucesión de cesiones ideológicas, que enunciamos en los siguientes párrafos.

En julio de 1972, el VIII Congreso del PCE aprobó el Pacto para la Libertad, en el que se defendía un Gobierno provisional, la amnistía plena, derechos y libertades, elecciones, proceso constituyente y referéndum monarquía/república. Fue el germen de la Junta Democrática. Este es el punto de partida, la ruptura democrática, a secas.

El 20 de marzo de 1976, el PCE acepta «una ruptura democrática concertada, negociada». Se abre a pactar con el Ejército, la Iglesia y reformistas de la dictadura. Esa negociación tiene como condición inexcusable que la oposición permanezca unida «como un solo bloque». De aquí surgirá, el 26 de marzo, la Platajunta —para las diferencias entre la Junta y la Platajunta, Pinilla (2017: 46-47)—.

En agosto de 1976, en una reunión del Comité Central en Roma, el PCE acepta la monarquía siempre que esta se comprometa con la democracia. Esa tesis la llevaba asumiendo públicamente Carrillo desde principios de los setenta en entrevistas en medios franceses (ibid.: 67). Además, en Roma el PCE se desvincula públicamente de la URSS, se asume el vocablo «liberalismo» (Morán, 2017: 914) y los cuadros del partido del interior dan la cara en la prensa, abandonando por tanto la clandestinidad (Andrade, 2014: 63; Morán, 2017: 911-912; Hernández, 2022: 248-249). Los medios de comunicación españoles cubrieron esta reunión e informaron profusamente de la misma, por lo que a todos los efectos estas cesiones pueden considerarse públicas.

El 21 de noviembre de 1976, el Comité Central del PCE, en reunión secreta, abandona la estrategia de ruptura negociada (la adoptada en marzo, que ya era a su vez una concesión) y asume la reforma de Suárez. «No hay otra pista, no tenemos fuerza para imponerla», argumenta Carrillo (Morán, 2017: 934; Molinero e Ysás, 2017: 185; Hernández, 2022: 263).

El 10 de diciembre de 1976, en la conferencia de prensa, Carrillo acepta (de nuevo) la monarquía. Además, admite la entrada en la OTAN si es adoptada por un Parlamento democrático y aprobada después en referéndum; levanta el veto del PCE al establecimiento de relaciones diplomáticas con los países del Este y con Méjico; insiste en que no depende de la URSS, y afirma que trabajará por la «unidad nacional».

El 3 de marzo de 1977, en la cumbre «eurocomunista» de Madrid, Carrillo aceptará públicamente mantener las bases de la OTAN mientras no haya un acuerdo internacional para suprimir todas las bases de Europa. A juicio de Morán, se trata de «una declaración que nadie hasta entonces, ni siquiera en las filas de la derecha antifranquista, se había atrevido a formular de modo tan rotundo» (2017: 949).

Cuando entra en el chalet de Pozuelo, Suárez sabe que el PCE ha desistido ya de todo eso. El único elemento concreto que puede decirse que Suárez negoció allí en algún sentido fue el de la cumbre «eurocomunista». Carrillo había invitado a los líderes comunistas europeos francés e italiano a Madrid, a un congreso, los días 2 y 3 de marzo (la semana siguiente a la conversación en el chalet). Era un elemento de presión para el Gobierno, que se había enterado de aquello por la prensa, el 9 de febrero (Osorio, 1980: 280). Si lo prohibía, sería un escándalo internacional. Si dejaba hacer, sería un tanto para Carrillo porque la prensa lo cubriría con creces. En el chalet Suárez garantizó que no habría problemas por parte del Gobierno. Aunque no está muy claro si Suárez podía haber hecho otra cosa, lo cierto es que Carrillo sí salió de Pozuelo con esa seguridad (Carrillo, 2006: 807; Pinilla, 2017: 192). Con respecto a la legalización, Carrillo salió con la impresión y la seguridad de que Suárez iba a «hacer todo lo posible por legalizarnos» (Carrillo, 2006: 807), pero, como hemos visto por el testimonio de Armero, sin ningún compromiso firme, ni fechas ni concreciones.

En no pocas obras se afirma que Carrillo reconoció allí la monarquía, la bandera y la unidad nacional a cambio de la legalización. En realidad no fue exactamente así. Del 14 al 18 de abril de 1977, ya legalizado, el PCE celebró su primer Comité Central en España desde la guerra civil. El mismo día 14 el Ejército había hecho pública su nota incendiaria sobre la legalización. Suárez está nervioso. La mujer de Armero apunta esto en su diario: «Llama Suárez a las 12 y pide que el PC resuelva de la mejor manera el tema de la bandera, que es un problema que excita al Ejército. Pide que se hagan unas declaraciones sobre unidad de España, monarquía y condena del terrorismo» (Pinilla, 2017: 248 y ss.). Armero y el comunista Ballesteros negociaron in extremis, bajo la presión brutal del ejército. Carrillo cedió en todo y, disciplinadamente, el Comité Central asintió por unanimidad. Colocaron la bandera y leyeron un comunicado con los cuatro puntos exigidos. Pero, en la medida en que quien realmente estaba al otro lado de la mesa negociadora no era un político realista como Suárez, sino una cúpula militar ideologizada hasta la médula y completamente alejada de la política real, la negociación fue en su tres cuartas partes una pura mascarada. La monarquía ya estaba negociadísima a esas alturas. La unidad nacional y el terrorismo no eran problemas que ni remotamente hubiera que tratar con el PCE. Carrillo y los comunistas tuvieron que transigir, eso sí, con la bandera. En el futuro, mientras en los mítines del PSOE se pudo ondear la enseña republicana, en los del PCE solo se permitió la rojigualda.

Más allá de eso, suele pasarse por alto otro elemento que sí que se negoció en el chalet, en el sentido de quid pro quo básico que toda negociación implica: el PCE se comprometía a «evitar todo tipo de conflicto social» (Morán, 2017: 948) si era legalizado. Aunque, por razones de diferente índole, tal recompensa, lograda por Suárez, no ha tenido la suerte mediática de la que han gozado la monarquía, la unidad de España y la bandera, esa baza era, junto con la de la deslegitimación de la reforma, la única a la que Carrillo no había renunciado públicamente para entonces. Suárez consiguió las dos.

La soledad de Suárez es otro de los elementos que, aunque encaja muy bien en la historia entendida como relato, no lo hace tanto en la realidad de lo que ocurrió. Suárez no decidió en solitario la legalización del PCE. El rey apoyaba la decisión desde el primer momento (Cerdán, 2023: 1869). Al principio la idea era legalizar después, pero en un determinado momento —todo indica que en diciembre de 1976— ambos apostaron por hacerlo antes de las urnas. Es evidente, por lo demás, que, sin el nihil obstat real, Suárez jamás habría podido tomar una decisión de ese calado. No solo porque en esos meses todo pasaba por el rey, sino sobre todo porque el rey era el único con autoridad sobre el Ejército.

Además, Suárez compartió la decisión con los suyos. Torcuato (Morán, 2009: 138) y lo que podemos denominar el sanedrín decisor del Gobierno (Lavilla, Martín Villa, Ignacio González, Gutiérrez Mellado y Osorio) la conocían y la respaldaban (Osorio, 1980: 286). A Torcuato y a Osorio no les gustó la forma en la que se llevó a cabo la legalización, pero estaban al tanto. Los otros miembros del Gobierno, los ajenos al sanedrín, tampoco estuvieron en el núcleo decisor de muchas de las decisiones tomadas esos meses, también absolutamente cruciales: normativa electoral, desmantelamiento del Movimiento, legalización de sindicatos, etc. (Urdánoz, 2019: 457). Era una manera estándar de funcionar en el seno el Gobierno, así que no parece que la decisión de legalizar al PCE hubiera sido mucho más solitaria que otras. Aquí parece que en ocasiones se ha confundido la reunión en Pozuelo —que, por razones obvias, fue muy reservada (parece que solo el rey y Martín Villa estuvieron al tanto)— con la decisión política de permitir que los comunistas estuvieran en las urnas.

Donde sí que Suárez estuvo solo fue en la comunicación de la decisión a la ciudadanía y en la asunción de responsabilidades por la misma. Lo hizo el 3 de mayo, en un discurso emitido en TVE, el único canal de entonces, en hora de máxima audiencia. Es muy difícil estimar hoy en día la repercusión de algo así: como si el presidente del Gobierno mandara un vídeo al móvil de todos los españoles con su particular perspectiva sobre un determinado asunto, y ello mientras el resto de partidos no pudiera hacer lo mismo. Y es muy significativo que aprovechara el discurso para dos cosas: una, anunciar que él se presentaba a las elecciones; y dos, anunciar que él había legalizado a los comunistas y asumía por completo la decisión.

De esa supuesta soledad de Suárez puede decirse que fue bifronte: no existió para decidir, pero sí para asumir. La asunción de responsabilidad delata de modo inmediato virtudes que siempre acompañaron a Suárez: la osadía, el aplomo, la resolución. Pero, sin negar tales extremos, es igualmente inmediato que, desde un punto de vista electoral, adjudicarse la legalización le beneficiaba extraordinariamente.