En la literatura habitual sobre las revoluciones, el instante que ocupan las trece colonias americanas, y cuyo inicio resulta fijado de manera convencional con la Declaración de Independencia de 4 de julio de 1776, parece señalar un hito y marcar un antes y un después en la historiografía de las crisis políticas (Arendt, 2004: 36). Ligada de manera habitual a la Ilustración en auge, y contando con célebres nombres como los de B. Franklin, B. Rush o T. Jefferson, toda la política de entonces aparece como una extraordinaria construcción que iniciaría una nueva era (Palmer, 1959, 1964). Precisamente, me voy a ocupar en las siguientes páginas del último de los mencionados, redactor principal de la declaración citada y que luego, tras ocupar varios cargos diplomáticos y en sucesivos gabinetes, lograría ser el tercer presidente de la república norteamericana. De manera directa, pues, examinaré hasta qué punto podemos hablar de Jefferson como revolucionario, lo cual a su vez arrojará luz sobre la naturaleza de la propia escisión territorial y política acaecida entonces.

El mejor modo de comenzar a abordar la trayectoria de T. Jefferson es rescatar su escritura inicial en los albores de la rebelión americana. Ya antes del estallido de la conflagración en 1775, las opiniones contra la metrópoli pronto contarían con un extenso campo de difusión, merced a muchas publicaciones que propagarían el descontento de uno a otro lugar de América. Entre sus principales valedores, se contaría con talentos como los de James Otis (The rights of the British Colonies asserted and proved, 1764) y Richard Bland (An inquiry into the rights of the British Colonies, 1766), entre otros, pero también con uno que gozaría de una trayectoria similar, por la relevancia de sus responsabilidades, a la de la figura principal aquí examinada. Se trata de John Adams, nacido en 1735 en Braintree (Massachusetts) y descendiente de primigenios granjeros establecidos en Nueva Inglaterra. Al igual que Jefferson, tomó desde el inicio del conflicto político con la metrópoli una postura crítica contra sus exigencias, difundiéndola con amplitud. Así, ya en 1765, y a través de sucesivas entregas en prensa de su obra A dissertation on the Canon and the Feudal Law, acabó identificando la antigua tiranía de Carlos I Estuardo con el tipo de autoridad que había engendrado la Ley del Timbre impuesta en América (1765, en Thompson, 1998: 36). En aquel mismo año insistiría en esta posición, esta vez tomando a su cargo la redacción de las Braintree’s instructions to its representatives in the General Court, texto dirigido por el concejo de aquella localidad a su representante en la asamblea de Massachusetts, y en el que se repetiría que la Stamp Act era un ataque dirigido a privar a los colonos de sus derechos ya reconocidos en la Carta Magna (íd.). Pero el primer conjunto de escritos célebre firmado por J. Adams, el redactado bajo el seudónimo de Novanglus, sería publicado entre 1774 y 1775, y fue uno de los principales textos que atacaron la soberanía del Parlamento inglés sobre unas colonias que carecían de representación en él, y que, sin embargo, se habían quedado obligadas a sufragar numerosos nuevos tributos, a disolver sus asambleas provinciales y a someterse a jurisdicciones fuera del common law y los jurados conformados por colonos. En estos opúsculos señalaría que, puesto que la Gran Bretaña, como unión de Inglaterra y Escocia, no se había constituido sino tras la existencia de las colonias americanas, más concretamente durante el reinado de Ana Estuardo (1707), no estaba justificado imponer un sistema de gobierno al que los habitantes del Nuevo Mundo eran ajenos desde el principio. Los súbditos de la Corona en América, además, habían rubricado un pacto (compact) con el monarca en sus respectivas provincias, de modo que podían aprobar sus propias leyes y autogobernarse a través de sus asambleas y no del Parlamento de Londres. Asimismo, este órgano había sido corrompido por la Corona, y colaborado así en el plan que pretendía socavar sus libertades y esclavizarlos.

Thomas Jefferson, vástago de un pionero y plantador virginiano, por su parte, escribiría A summary view of the rights of British America (1774, Visión sucinta de los derechos de la América Británica), justo un año antes de que comenzara la guerra con el Reino Unido. Además de argumentos similares a los de Adams («no solo los individuos, sino también las corporaciones», «son asequibles al espíritu de la tiranía»), utilizó el que podríamos denominar de la usucapión: «América fue conquistada, y su colonización realizada y firmemente establecida a expensas de […] quienes derramaron su sangre para adquirir tierras donde asentarse». Asimismo, se quejaba de la disolución de las cámaras de representación existentes en América, dictada por el monarca inglés infringiendo «la Constitución británica», dimanante de la «gloriosa revolución, a tenor de sus libres y antiguos principios» (en Koch y Peden, 1987: 315). Su último pronunciamiento era especialmente firme: «Mientras existan los cuerpos en quienes el pueblo ha delegado los poderes de legislación, solo ellos poseen y pueden ejercitar dichos poderes. Mas cuando son disueltos por la poda de una o más de sus ramas, el poder revierte a pueblo, que puede usarlo sin limitación alguna, sea reuniéndose personalmente, sea enviando diputados o en cualquier otra forma que le parezca oportuna» (ibid., p. 316).

Por tanto, es fácil observar la convergencia entre J. Adams y T. Jefferson, sin titubeos, y amparada en la tradición inglesa whig: la influencia de la Ilustración francesa no parecía la predominante en su discurso, sino más bien las del common law y el pactismo del covenant, aquel pensamiento social y político conformado en Inglaterra durante la guerra civil y el período de la Commonwealth, y que luego culminaría en la Revolución Gloriosa de 1688. Además, de fondo estaban las alusiones que toda la literatura colonial hacía a la «esclavitud» y «corrupción» propiciadas por los Gobiernos despóticos, y que ahora fomentaría precisamente la metrópoli para suprimir las libertades de los Englishmen del otro lado del Atlántico (ibid.: 127-130). La redacción y aprobación de la Constitución federal, en Filadelfia de nuevo (1787), tampoco haría que surgieran diferencias entre Jefferson y Adams. El primero se encontraba en Francia, como ministro plenipotenciario, desde 1785 (Koch y Peden, 1987: Intro, xxvii), y el segundo hacía lo mismo desde idéntica fecha, pero en el Reino Unido, sin que ninguno de ellos llegara a oponerse frontalmente a su aprobación ni entrar en el partido de los «antifederalistas», es decir, de los contrarios a la Constitución (Storing: 1981). Es más, ya ambos políticos habían mantenido una buena relación con anterioridad a sus respectivos nombramientos (Cappon, 1987: xxvi-xxxvii).

Sin embargo, un episodio que culminaría en una crisis de Gabinete vendría a interrumpir su avenencia previa y serviría enseguida para identificar a Jefferson con una posición más claramente revolucionaria y menos apegada a la tradición británica (Hardt, 2009: 5-32). En primavera de 1789, y durante el mandato de George Washington, John Adams fue designado para un cargo político muy relevante: nada menos que el de vicepresidente de los Estados Unidos. Unos meses después, y en idéntico Gabinete, T. Jefferson sería nombrado secretario de Estado (Cappon, 1987: 239). El problema surgiría con la propia Revolución francesa: el que Jefferson hubiera abandonado su puesto diplomático en París en septiembre 1789 (Koch y Peden, 1987: xxx) pronto disiparía las sospechas de su complicidad con el nuevo régimen revolucionario (Cappon, 1987: 239-240), pero la crisis gala y, por ende, europea, derivaría en un enfrentamiento al otro lado del Atlántico. El detonante fue la publicación por Thomas Paine de la primera parte de sus Derechos del hombre (Rights of man), en marzo de 1791 (la segunda saldría en febrero del año siguiente), y que parecía mantener un llamativo parentesco con la Declaración de Independencia redactada por T. Jefferson unos años antes, al mantener idénticos universales. Aquel panfletista, nacido en el Reino Unido, pero de adopción norteamericana, conocido por su popularísimo common sense y con el que había sostenido la independencia de las colonias desde un primer momento (en enero de 1776, antes incluso de la Declaración del 4 de julio), ahora respondía de manera firme al conservador Edmund Burke y sus Reflexiones sobre la Revolución francesa (1790). El texto de Paine había sido distribuido en varios lugares de América con un prólogo de Jefferson en mayo de 1791 —parece que sin su autorización (Cappon, 1987: 240)—, en el que este destacaba su condición de antídoto «contra las herejías políticas que han surgido entre nosotros» (íd.), algo que parecía aludir a los Discourses on Davila que J. Adams había empezado a publicar por entregas unos cuantos meses antes (íd.), y que, en cierto modo, eran una continuación de su Defence of the Constitutions of the United States (1787) (Thompson, 1998: 122).

En esta última, la Defence, el de Massachusetts ya se había pronunciado contra la pretensión de Turgot (a cuyos argumentos atendía el texto principalmente) de «mezclar en confusión la autoridad de uno, los pocos o los muchos, en una sola asamblea», solo apta para «extender las miserias y la esclavitud final de casi toda la humanidad» (Defence: I, xxi), pues «una democracia simple y perfecta nunca había existido entre los hombres» (ibid.: 7). También en Discourses on Davila, Adams insistiría en que la soberanía de las asambleas solo conduciría a la tiranía, y en idéntico grado que si correspondiera a la aristocracia o al rey (1805: 53), ya que «el gran arte de legislar consiste en equilibrar a los pobres contra los ricos en el legislativo y en constituirlo a su vez en equilibrio perfecto con el poder ejecutivo, de modo que ningún individuo o partido pueda convertirse en rival de este último» (ibid.: 91). Nada fuera del paradigma republicano, así: el problema se producía cuando J. Adams afirmaba que «los controles y contrapesos (checks and balances)» resulta que también habían sido «adoptados en cierto grado por las cortes principescas» (Defence, I: i), y que «una monarquía limitada, especialmente cuando lo sea por obra de dos ramas independientes, un poder aristocrático y otro democrático en la constitución», podía ser denominado «con perfecto tino» como república (ibid.: xviii-xix). Inglaterra había trasladado la idea de Tácito y Cicerón a la práctica, «y la había llevado casi a su perfección» (ibid.: xix). Adams, incluso, aludía a un pasado «constitucional» francés nada desdeñable, y en el cual se habían fijado reglas de gobierno sobre la sucesión al trono (1805: 11). Así, pese a su oscuridad y aun confusión en otros asuntos (ibid.: 13), en ese esquema político la nobleza podía ser una barrera frente al despotismo (ibid.: 51-53). La pretensión de la Asamblea Nacional francesa de haber abolido toda distinción social no es ya que fuera prematura, sino que resultaba insostenible porque «las imposibilidades no pueden hacerse realidad» (ibid.: 78). El conservadurismo de Adams le hacía renuente a cualquier tipo de innovación que pudiera extenderse de manera peligrosa, por hallarse sin duda más cercano a la vieja aproximación polibiana de los ciclos y al republicanismo clásico procedente de la Antigüedad.

Para Thomas Jefferson, quien señalaría que el pueblo era «el único baluarte seguro para la conservación de la libertad», teniendo «por principio que prevalezca la voluntad de la mayoría» (Koch y Peden, 1987: 465), y que mostraba al mismo tiempo de forma evidente, como muchos otros en los Estados Unidos, su simpatía por la eclosión revolucionaria francesa (ibid.: 554), no resultaba extraño que todo lo expuesto por el político de Nueva Inglaterra no fuera más que una «herejía» (heresy). Jefferson se opuso siempre y de manera indudable a cualquier concesión vitalicia y hereditaria de títulos u oficios públicos, algo usual en el Antiguo Régimen, y abogó por la supresión de la primogenitura y el mayorazgo (Autobiografía: 55). Había, pues, dos interpretaciones distintas sobre el modelo republicano que aplicar, sobre qué se entendía por pueblo y qué papel había que asignarle en la maquinaria constitucional, y ambas se hallaban bien representadas en el Gabinete de G. Washington. De hecho, no debe olvidarse que la referencia de Adams a las Constitutions lo es a una multiplicidad, en el contexto de unas colonias todavía en el proceso de emanciparse y que son varias (people no deja de ser un término en plural), y en cambio Jefferson alude a su dimensión social, «los muchos», plebs, la parte más numerosa, y contrapuesta por tanto a «los pocos» (aristoi).

El choque se agravaría algo más tarde cuando J. Adams, ya como presidente, y habiendo sido aupado por el Federalist Party de Alexander Hamilton, fue denunciado por los seguidores de Jefferson por haberse mantenido demasiado cerca de las intenciones de aquel hábil y joven político que en 1790 ya había decidido imitar la política económica británica, constituyendo un Banco de los Estados Unidos al año siguiente, y promoviendo el pago de la deuda americana. Este asunto había sido motivo para un temprano enfrentamiento muy destacado, pues las directrices hamiltonianas habían originado la aparición de especuladores que conseguían ventaja frente a tenedores de deuda más antiguos, como era el caso de los veteranos de guerra, y también suponía que estados como Virginia se hicieran cargo del débito nacional ante la insolvencia de otros como Massachusetts. Todas estas actuaciones provocaron la inmediata vieja sospecha republicana de la colusión de intereses dirigidos contra los Estados Unidos, con un fuerte descontento popular emergente (Brogan, 1990: 259-262).

La rivalidad entre Jefferson y Adams, en consecuencia, culminaría con una enemistad célebre en 1800 con la elección presidencial en la que el virginiano alcanzaría el poder con una mayoría suficiente de compromisarios, iniciando así una etapa que él mismo denominaría como «revolución», y que consideraría una continuación de la acaecida con la independencia. ¿Lo fue, realmente? ¿Iba el nuevo presidente más lejos que el republicanismo clásico en sus planteamientos? ¿Lo hacía en clave democrática? Las respuestas que obtengamos serán especialmente importantes si consideramos su grandísima influencia posterior en el imaginario y la política norteamericanas.

La elección de T. Jefferson como presidente de los Estados Unidos se produjo justo en el momento en el que, bajo el Directorio, lo que quedaba de la Asamblea Nacional francesa intentaba consolidar la república que había nacido tras la supresión del Antiguo Régimen y la caída de los Borbones. Se sucedieron diversos avatares diplomáticos y tensiones entre potencias europeas que tuvieron siempre como nudo de conflicto la eventual extensión de las premisas revolucionarias por todo el mundo.

En esta coyuntura, Jefferson es rápidamente identificado por sus rivales políticos, los componentes del Partido Federalista liderado por A. Hamilton, como «ateo» y aliado del caos exportado por la Francia revolucionaria. El antecedente más claro de esta presunta posición radical que se le imputaba parecía ser el desafío que habría ofrecido, junto con J. Madison, a las Alien and Sedition Acts aprobadas por el Congreso en 1798. Ambos habían redactado las resoluciones de Virginia (1798) y Kentucky (1799), con las que calificaban de inconstitucionales aquellas leyes sobre extranjeros por entender que eran opuestas a las Enmiendas de 1791 (Brogan, 1990: 262-263), el Bill of Rights del país. El supuesto peligro de agitar la subversión en los Estados Unidos, que podría ser provocada por emigrantes revolucionarios del continente europeo, sobre todo franceses, en el suelo americano, les parecía a los dos virginianos un mero espantajo y una mala excusa para el recorte de libertades.

Todo esto condujo finalmente a una crisis (ahora ya constitucional, y no solo de gabinete) insoslayable. Publius, no mucho tiempo atrás, había empleado el lema «la ambición debe ponerse en juego para contrarrestar la ambición», de clara raigambre montesquiana, para convencer a los habitantes de las antiguas colonias de que ratificaran la Constitución del 17 de septiembre de 1787, y para ello se basaba en la sutileza y acierto de un conjunto de mecanismos institucionales que permitieran la estabilidad de la república y que quedarían recogidos por escrito, en un documento aprobado de forma solemne y bajo refrendo popular. El Federalista había señalado que «el fin de toda constitución política es, o debería ser, conseguir como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público» (EF, 57: 242), y para ello pretendía una división del poder entre distintos departamentos (ejecutivo, legislativo y judicial), que serían elegidos por distintos conductos (EF, 51: 220), y, asimismo, «mantener el equilibrio constitucional entre el Gobierno general y los estados» (EF, 33: 126), que también provendrían de distintas fuentes.

Montesquieu, muy apreciado por los colonos (Lutz, 1984: 190, 192-196; Lundbergh y May, 1976: 265, 268-269), y en consonancia con las enseñanzas de I. Newton, ya estimaba que la creación entera estaba gobernada por un conjunto de «relaciones necesarias», siendo tales las existentes entre la «razón primigenia y los distintos seres, así como las relaciones de los diversos seres entre sí» (Montesquieu, 1987: Libro I, cap. I, 15). De la misma manera, la especie humana tenía también leyes en sus sociedades que guardaban relaciones entre sí, además de «con sus orígenes, con el objeto del legislador y con el orden de las cosas sobre las que se legisla» (ibid.: Libro I, cap. II, 19). En este último sentido, el conocimiento de la naturaleza de los gobiernos le conducía a Montesquieu a extraer como sus tipos básicos el republicano, el monárquico y el despótico, según pertenecieran al pueblo o a parte del pueblo, a uno solo, con arreglo a leyes, o a una sola persona, sin norma alguna (íd.), y a los que corresponderían, de acuerdo con su «ser» (ibid.: Libro III, cap. I, 27), unas primeras leyes fundamentales (ibid.: Libro II, cap. I, 19), pero sobre todo, varios principios, es decir, lo que les impelería a «actuar» (ibid.: Libro III, cap. I, 27).

Así, cuando Publius reflexiona sobre la dificultad de ceñirse a una simple «barrera de pergamino» (EF, 48: 212), es fácil notar la similitud de su razonamiento con el de Montesquieu:

En relación con ello, además, esa división del poder no implica separación estricta: Montesquieu acertaba en su idea de que «la acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos […] constituye la definición misma de la tiranía» (EF, 47: 204-205), pero «no quería decir que estos departamentos no deberían tener una intervención parcial en los actos del otro o cierto dominio sobre ellos», sino que «donde todo el poder de un departamento es ejercido por quienes poseen todo el poder de otro departamento, los principios fundamentales de una constitución libre se hallan subvertidos» (ibid.: 206). De hecho, no había en las constituciones de cada una de las antiguas colonias, previas todas ellas a la federal, «un solo caso en que los departamentos del poder se hayan conservado completamente aislados y distintos» (íd.). Asimismo, Publius rechazaba la premisa de Montesquieu de que las repúblicas solo podían subsistir en territorios pequeños, otro argumento de Montesquieu utilizado por los antifederalistas contra la aprobación de la Constitución federal de 1787: «Las dos grandes diferencias entre una democracia y una república son: primera, que en la segunda se delega la facultad de gobierno en un pequeño número de ciudadanos, elegidos por el resto; segunda, que la república puede comprender un número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorio» (EF, 10: 39).

De esta forma, la república supera a la democracia (entendida como autogobierno colectivo directo) en cuanto a acumulación de fuerza, pero no solo eso, sino que la representación

Es más, hay una ventaja añadida en una república extensa, la de la «ampliación de la órbita» (EF, 33) contra la aparición de facciones, a su vez preocupación típica del republicanismo:

Así, la visión constitucional de Publius va más allá de la de J. Adams, basada en un tipo de constitucionalismo más cercano al clásico, al de las antiguas Grecia y Roma, e incluso se permite exponer tres grandes diferencias en relación con los axiomas del Espíritu de las leyes, a saber: la división y no la separación de poderes, la ventaja de la república respecto a la democracia por permitir la selección de los mejores gobernantes, y, por último, la necesidad de que además fuera de carácter extenso, con el fin de conjurar la conspiración de facciones políticas y aumentar la probabilidad de una elección de gobernantes más concordante con el bien público. Los «líderes naturales de la sociedad», de este modo, quedarían cribados a través de la estructura federal, al objeto de que pudieran dirigir la república (Wood, 1969: 615).

¿Qué opinaba, de otro lado, Thomas Jefferson, de todo esto? Sin duda, Jefferson bebía de la misma fuente que sus contemporáneos, pero con un añadido que se convertiría en una auténtica obsesión para él: «Ninguna generación puede contraer deudas superiores a las que puedan pagarse durante su propia existencia» (Koch y Peden, 1987: 518). Esta divisa, derivada también del republicanismo clásico le mantenía claramente opuesto al partido de Hamilton:

La Constitución de 1787, así, era un instrumento defendible solo en tanto en cuanto pudiera contribuir a apuntalar un gobierno republicano único en la época. La república de Jefferson incluía también el gobierno representativo y la posibilidad de elegir los cargos de las distintas instituciones, que, asimismo, se vigilarían entre sí, pero quedaba por saber quién o qué podría asegurar que el mecanismo siguiera funcionando. De hecho, era tan poca la confianza que a Jefferson le había merecido la nueva Carta Magna, que había condicionado el proceso constituyente inicial a que se introdujera un Bill of Rights a través del enrevesado procedimiento de las enmiendas (ibid.: 336), acogiendo así parcialmente una de las principales objeciones de los contrarios a la Constitución federal. Pero también hay que considerar que, pese a su acentuada oposición a cualquier amago de división estamental, la selección de gobernantes le parecía algo inevitable (es más, también la división entre los muchos y los pocos) y llegaría a referirse a la existencia de una aristocracia «natural» de «virtud y talentos». Jefferson indicaba que las previsiones constitucionales para conseguir que aquella coincidiera con el bien público no resultaban seguras, incluso a la luz del novedoso edificio normativo de 1787, y que de hecho habían conducido al predominio federalista-hamiltoniano, en el cual percibía una continuidad con el mundo preilustrado, como recordaba años después:

Jefferson defiende la importancia del «pueblo» en el gobierno de los Estados Unidos y aclara que la Constitución puede fallar «si la masa no conserva suficiente control sobre las personas a quienes se han confiado los poderes de gobierno», pues «estas se pervertirán para oprimirla y para perpetuar la riqueza y el poder en los individuos seleccionados para disfrutar de esa confianza y sus familias». De este modo, «todavía» no había acabado «el experimento» que determinaría si la Constitución había acertado «con el grado de control necesario», es decir, con el nivel suficiente como para repeler a los enemigos de un «progreso» que Jefferson entendía, sin duda, en sentido baconiano, en el de la «solidaridad de las ciencias» que abarcara un conjunto de mejoras en diversos campos del saber, desde la política hasta la tecnología, pasando por la moral y la legislación (Bury, 1971: 33-34). ¿Cómo conseguir ese saber, considerando, asimismo, que Jefferson pensaba que existía una aristocracia «natural» de la virtud y el conocimiento? ¿Cómo podía salir de ese dilema que le situaba entre «la mayoría» y la «verdad»?

Para T. Jefferson, la respuesta a este interrogante es el empleo de lo que denomina «ciencia del gobierno» (science of government) o, incluso, «ciencia política». Es posible hallar unos «principios» que sirvan para actuar de una forma adecuada (es decir, la «felicidad») y que aseguren la estabilidad de los gobiernos (la «seguridad») sin incurrir en los fatídicos ciclos de corrupción, pero no quedan estrictamente ligados al republicanismo clásico o son «cristianos», como los de Adams (Cappon, 1987: 340), ni tampoco resultan solo «mecánicos», a la manera de un reloj, como los de Publius. Estriban en que la política debe seguir a la «naturaleza» y que se han de erigir instituciones en consonancia con ellos, a modo de un «experimento» (ibid.: 259-260), pero de uno de carácter orgánico, que logre fundir territorio y poblaciones vivas y en movimiento. Hay una cierta concepción de la praxis en Jefferson que le aparta de todos los demás. Por eso, discurre en sus papeles (y desde luego, en su correspondencia con Adams) sobre cuáles deberían ser sus características y cita a menudo a Francis Bacon y a Newton. En concreto, el autor renacentista, y aunque lo hubiera aplicado originalmente solo al campo de conocimiento del mundo físico, defendía que «descubrir de una propiedad dada la forma o diferencia verdadera, o la naturaleza naturante o la fuente de conservación […], es el oficio y el objeto de la ciencia humana», a su vez «subordinado a un doble objeto secundario; al primero, la transformación de los cuerpos unos en otros en los límites de lo posible; al segundo, el descubrimiento para toda generación y todo movimiento, del progreso latente, efectuado por un agente manifiesto y una materia también manifiesta hasta la terminación de la forma nueva» (Bacon, 1985: Lib. II, epig. 1, 83). El programa de investigación newtoniano pretendía el conocimiento de todo el mundo de la experiencia a través de su integración bajo una sola estructura teórica unificada, buscando así una omnisciencia que le acercara a la visión del Creador (Holton, 2001: 83 y 84). Pero este era el plan que ya habría asumido Publius. Son los «primeros principios» de El Federalista, similares a las «máximas de la geometría» (EF, 30: 13). El programa baconiano, en cambio, iba más allá y pretendía la extensión de los límites del dominio humano, con el fin de acercarse lo más que pudiera a la «omnipotencia» (Holton, 2001: 132). Jefferson intenta otro tercer proyecto que trata de combinar los dos anteriores, al pretender penetrar, por un lado, en campos aún inexplorados de la propia ciencia, pero a su vez motivado en esta operación por la intuición de que, más pronto o más tarde, los hallazgos realizados solventarían algún pertinaz problema local o planetario (ibid.: 133), es decir, algún asunto práctico de relevancia.

Para hacer frente a este desafío, que era «científico» al tiempo que político, el autor de las Notas sobre Virginia puso en marcha varios proyectos. En su carta a J. Priestley, nada más conseguir la elección de 1800 (Koch y Peden, 1987: 599), dice que ha triunfado «la ciencia»; y, en efecto, Jefferson emprende muy pronto la tarea de aquel «modo combinado de investigación» (Holton, 2001:140). La sucesión de empresas para abrir desfiladeros, valles, ríos y mares a dicho conocimiento queda fuera de toda duda: lo demuestran sus planes iniciales con John Ledyard en París en 1786, su pretensión de envío de André Michaux en 1793 con idénticos afanes exploradores y, sobre todo, su encomienda a Meriwether Lewis y George Rogers Clark en 1803, justo el mismo año en el cual compra la Luisiana a Napoleón. Con ello se inauguraría un episodio trascendental para la historia estadounidense, al acelerar de manera drástica la dimensión expansiva de la nueva nación. Jefferson cree en la extensión paulatina de la ciencia y la vincula a la del espacio de la nueva república norteamericana. Todas aquellas expediciones científicas, negociaciones o presiones sobre las tribus nativas y adquisición de territorios, que configurarían toda una política nacional, vendrían impulsados, ya desde un principio, por la Ordenanza del Noroeste, presentada al Congreso (de la todavía Confederación) el 23 de abril de 1784. En este documento, Jefferson había propuesto la división del territorio más allá del río Ohio en varios estados, señalando que los colonos allí podrían pedir al Congreso que autorizara a los varones adultos de cada uno de aquellos establecer un Gobierno temporal al adoptar la constitución y leyes de cualquier otro de los preexistentes. Cuando el estado tuviera al menos 200 000 habitantes libres, el Congreso les autorizaría a reunirse en una convención para que aprobaran una constitución propia y un Gobierno, que, en todo caso, siempre sería republicano. Además, cuando uno de estos estados tuviera una población libre al menos tan grande como cualquier otro de la Unión, sería admitido al Congreso con el mismo peso que el resto. Por último, la esclavitud quedaba prohibida a partir del año 1800 (Koch y Peden, 1987: 323-325)

Jefferson dispuso, de este modo, un auténtico proyecto nacional de contornos innovadores y que generaba, en realidad, una cadena de «revoluciones» (Taylor, 2016). Y es que su «ciencia de la política» pretendía ser también un instrumento de transformación social, inicialmente trasladando la pretensión baconiana al epicentro de todo el sistema «constitucional», pero de carácter material, es decir, que no residiera solo en barreras de papel, como la de 1787: Jefferson entiende, siguiendo a Harrington, que el poder sigue a la propiedad (cit. en Fatovic, 2015: 9) y en su caso, como en el autor de Oceana, se trata de una de tipo alodial, la del freeholder. Creía en la capacidad del «arte» político para poner en marcha dispositivos de cambio que al mismo tiempo siguieran las instrucciones «naturales» ajustadas al ser humano, evitando la corrupción (y, por tanto, impidiendo que se conformara un grupo de acreedores ligados al destino de la república, por mucho que fueran «enlightened men», como defendía Hamilton (Sloan, 2001: 138-139) y también las guerras con el exterior (al contrario que Maquiavelo, que había defendido una república en armas y dispuesta a la conquista militar). Frente a la que observa como Europa decadente, entiende que los Estados Unidos van a configurar un nuevo «imperio de la libertad» (cit. en Boyd, 1948: 549-550), que no caería en la degeneración política típica del viejo continente. Jefferson vio recogido su proyecto, en gran parte, en la Ordenanza del Noroeste, aprobada por el Congreso el 13 de julio de 1787 (Duffey, 1995: 935; Pole, 1970: 382-388), y esto da una buena prueba de la excelente sintonía del virginiano con las ideas vertebradoras de la joven república.

Ahora bien, el problema de Thomas Jefferson estribaba en con quiénes conformar exactamente el partido de «los muchos». En este sentido, el político virginiano no pudo dar con un momento «democrático» cercano al acento igualitarista de los jacobinos franceses. De la defensa de ciertos «principios» no extrajo concepción de la igualdad como la que la Revolución francesa sí que llegó a proyectar a través de la mímesis encabezada por Toussaint L’Overture en el Caribe y la consiguiente abolición de la esclavitud por la Convención Nacional el 4 de febrero de 1794 (Ghachem, 2015: 152). Su hincapié en el yeoman Farmer y el freeholder le hizo persistir en su esquema de reparto de la tierra, que incluso tardíamente quedaría reforzado en clave malthusiana, y así olvidarse de la «peculiar institución», como la denominaría luego John C. Calhoun. En su lugar prefirió consolidar su base social, respetando el reparto geográfico que también conservaba la esclavitud al sur, y cercenando de esta manera su experimento transformador y privándole de sentido emancipatorio. Ciertamente, su propuesta de Ordenanza del Noroeste pretendía extirpar aquella en los nuevos territorios, pero la famosa crisis por la incorporación del estado de Missouri (Brogan, 1990: 294-295) le hizo virar con energía a favor de conservarla en buena parte de los Estados Unidos (Onuf, 2000: 110), y aun cuando ya había conseguido la compra de Luisiana mencionada antes (Mayer, 1994: 245). Así, cuando el peso de su respaldo local parecía correr peligro, Jefferson pasaba a inclinarse por políticas contrarias a sus propias líneas de partida y manifestaciones, incluida la Declaración de Independencia, rindiéndose al pánico de que se pudieran producir en su país acontecimientos como los de Haití (Taylor, 2016: 429).

En este sentido, uno de sus ejes de referencia le había conducido, en realidad, al lugar donde se anclaban sus prejuicios: «No es contrario a la experiencia suponer que diferentes especies del mismo género o variedades de la misma especie puedan poseer características diferentes», pues, proseguía Jefferson, «un amante de la historia natural, que contempla con gradaciones en todas las razas de animales con el ojo de la filosofía ¿no perdonará un esfuerzo por mantenerlas vigentes en el dominio del hombre tan nítidas como fueron configuradas por la naturaleza?» (ibid.: 267). Esta consecuencia le servía así, tras un examen de las diferencias fisonómicas de las gentes de color que, a su vez, derivaban en otras de carácter fisiológico (ibid.: 262), para adelantar «a título de mera sospecha», que eran «inferiores a los blancos tanto en cuerpo como en mente» (ibid.: 267). La «naturaleza» le salía de nuevo al encuentro a Jefferson, para auxiliarle en sus cavilaciones y ambigüedades, pero esta vez no en un sentido transformador e imaginativo, sino en dirección contraria. Es más, la suya era la descripción de una «experiencia» que aquí no se hallaba vinculada a praxis alguna. En la medida en que la independencia personal fuera requisito para la libertad, era imposible que un esclavo pudiera demostrarla (Diggins, 1976: 215) y, por tanto, resultar copartícipe de alguna actividad en la que fuera reconocido como un igual, puesto que con la dominación padecida se le negaban las capacidades y la cualidad de agente. De hecho, en caso de que tal individuo se revolviera contra su situación, Jefferson tan solo podía abrigar el correspondiente temor a las consecuencias de este comportamiento (1987: 261), pero no acariciar siquiera la esperanza de una convivencia plena, pues, como se ha visto, se oponía a la «mezcla» racial (ibid.: 268) y se mostraba acorde con la existencia de una «Gran Cadena del Ser», un orden jerárquico entre las criaturas que poblaban la tierra (Diggins, 1976: 212). Resulta muy llamativo, de este modo, que el virginiano incurriera en un error parecido a aquel que le había imputado a Adams, y con un tipo de falacia similar, pero ahora en un plano antropológico en lugar de sociológico. Su programa expresará la edificación de ese «imperio» de que hemos visto que hablaba, pero resultaría más parecido al de hombres como James Wilson o el propio Federalista, y menos a una tarea liberadora universal propia de otras lecturas más atrevidas de la Ilustración.

La ciencia de la política así construida por Jefferson deriva de aquella concepción científica que Bacon alumbraba en su Novum Organum, título frecuentado precisamente por los Fundadores y sus compatriotas (Pangle, 1988: 74; Rahe, III, 1994:17, 172; Lutz, 1984: 194): «Nadie hasta aquí se ha encontrado con una inteligencia bastante firme y rigurosa para imponerse determinadamente la ley de destruir por completo todas las teorías y las nociones comunes, y aplicar de nuevo esta inteligencia purificada al estudio de los hechos» (Bacon, 1985: Lib. I, epig. 97, 64). De forma que si la de Jefferson era una «revolución», lo era en primer lugar al modo ilustrado, en el «conocimiento», tal y como precisamente había augurado Voltaire en una carta da D’Alembert de 1767 al hablar de «la feliz revolución» (cit. en Israel, 2011: 11), refiriéndose a los nuevos saberes que suponía. El ingrediente que sumaba el virginiano, sin embargo, era una vez más suministrado por el legendario canciller, quien había afirmado también que «de igual suerte que en un Estado el alcance de cada inteligencia, y el genio particular de un carácter y de sus secretas inclinaciones se revela mejor en una época de agitación que en cualquier otra, los secretos de la naturaleza se manifiestan mejor bajo el hierro y fuego de las artes, que en curso tranquilo de sus ordinarias operaciones» (Bacon, 1985: Lib. I, epig. 98, 65). Es decir, el elemento del instante histórico y su oportunidad para la acción política inmediata de un líder atinado. Esa «época» fue percibida por Jefferson cuando se inició la ruptura con el Reino Unido, y le haría concordar, en esto sí, con el sistema newtoniano cuyo orden se componía de tres elementos básicos: la materia, el movimiento y el espacio (Iglesias, 1984: 131), de manera que un mínimo de la primera (los colonos) pudiera moverse, extendiéndose, hasta los confines de un espacio continuamente ampliado, un espacio al que se habrían llevado las últimas consecuencias del modelo euclídeo. Algo que encajaba, a su vez, perfectamente, con la famosa «ampliación de la órbita» madisoniana de EF. El problema es que, y resulta claro, ni con el sistema baconiano ni con el newtoniano resulta posible deducir la igualdad de principio alguno, y en este punto se detuvo la transformación política y social, bajo el cetro de la ciencia, que el virginiano ambicionaba.

Si ya Locke afirmaba que, aunque todos los seres humanos tenían las capacidades para conocer la ley natural, no todos las empleaban adecuadamente (White, 1981: 25, 55), faltando así «la virtud y los talentos», era claro que con ello podían coexistir asimismo círculos restringidos en la aplicación del conocimiento de la que hablaba Bacon. Los «principios» son «evidentes por sí mismos» únicamente para algunos individuos, articulados de manera específica dependiendo del «momento» (en esto sí que acierta Pocock, 2002), y resultan indiferentes al sufrimiento acumulado por grupos inmensos de excluidos (y que aumentarían con el paso de los años, al extenderse e intensificarse la esclavitud). Publius se refiere al «bien público» (EF, 30: 121, y 59: 254) o «bien general» (EF, 58: 250), pero no precisa su contenido, como si quienes pensaran de forma apropiada ya supiesen qué significa.

Thomas Jefferson, por tanto, «no fue revolucionario» en el sentido actual, y tampoco consecuente con el credo democrático que potencialmente abanderaba, y desde luego, menos aún el resto de Fundadores, Publius incluido. Por eso, ni Rahe ni Pangle los califican como tales en sus respectivas obras, aunque sí se refieran a la «Revolución» americana (Rahe, 1994: III, 51; Pangle, 1990: 151, 173) como aquella desarrollada en forma de movilización de masas para el conflicto bélico contra la metrópoli. Lo son en cuanto a secesionistas que quieren separarse del Reino Unido, pero para fundar su propio «imperio» —al respecto, Jefferson, sin duda (Onuf, 2000: 55)—, haciendo así que esa separación fuera irrevocable. La segunda promesa que la Revolución parecía conllevar de forma latente, dado su alimento ilustrado, la de la igualdad, la ofrecida de manera retórica a ese «pueblo» por el que decían luchar hombres como Jefferson y que habría obtenido así un papel decisivo en el nacimiento de la república, no consiguió alzar el vuelo, salvo de forma equívoca. Tan solo cuando acaeció el gran conflicto civil de 1861-1865 los Estados Unidos lograron consolidar cambios democráticos en términos parecidos a los que Francia y otras naciones lo habían hecho en 1848, y aun entonces ya arrastrando de manera indefinida el conflicto racial por los derechos civiles. Justo tras el detonante que había supuesto la guerra con México por nuevos territorios y que configuró el auténtico ensayo de un Estado con posibilidad de expansión y conquista militar. Pero para entonces y, por último, la tercera mejor promesa del republicanismo inicial, el empeño en edificar un gobierno pacífico que quedara exonerado de los males bélicos típicos de los viejos imperios europeos (un nuevo «sistema» para asegurar la «libertad»), había quedado definitivamente sepultada, aunque Thomas Jefferson hubiera esquivado la guerra con las potencias del Viejo Continente y pretendido evitar las causas que creía originaban de forma universal las contiendas.