DE LA IMPOSIBLE REFORMA A LA ESTIBA DE LA DEMOCRACIA: ELITES POLÍTICAS EN LOS PROCESOS DEMOCRATIZADORES DE PORTUGAL Y ESPAÑA^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

«You can never have a revolution in order to establish a democracy. You must have a democracy in order to have a revolution» (‍Chesterton, 1955: 63). Probablemente, pocos integrantes del grupo humano al que hacemos referencia en estas páginas habrían leído la sentencia de Chesterton. No les hacía falta. En la cultura política liberal conservadora de las sociedades occidentales, el aserto chestertoniano formaba parte de un sustrato compartido por aquellos que se encargaron de gestionar marcos políticos de democracia representativa y por aquellos otros a quienes la vocación y las circunstancias históricas —colectivas y personales— llevaron a hacerse cargo de las más altas instancias del Estado en marcos autoritarios. Más aún, si de sociedades católicas se trata.

Expresado de otro modo, los procesos democratizadores peninsulares —pese a la naturaleza rupturista de la Revolución de los Claveles— no se construyeron sobre la nada, sino sobre un legado institucional, cultural e ideológico, sobre unas estructuras políticas y socioeconómicas específicas que los conectaba con el pasado. La combinatoria de cambio desde la continuidad, que no exactamente permanencia, acreditada para caracterizar la creación del sistema de partidos en Portugal y España (‍Opello, 1983; ‍Günther, et al.,1986; ‍González-Fernández, 2022a), es extensiva a sus fundadores, dirigentes y, en general, a los cuadros que habitaban dentro de los regímenes autoritarios dispuestos a participar en el diseño y ejecución de la mudanza política conforme a sus expectativas y objetivos.

El papel de las elites reformistas en el despliegue democratizador ha dado lugar, especialmente en España, a interpretaciones contrapuestas acerca de la sinceridad de lo que se percibía como una fulminante conversión ideológica —de la camisa vieja a la chaqueta nueva— que llevaba a transitar del franquismo a la democracia (‍Palomares, 2004; ‍Vega, 2008). Las sospechas, por otra parte, no son novedosas; durante los años transicionales la perduración de las elites políticas fue objeto de críticas, denuncias y chanzas en los más diversos foros, desde la prensa y la novela hasta la canción y el cine^[2], en una dinámica que fue especialmente intensa en el Portugal revolucionario. Los debates de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente en Lisboa, por ejemplo, se vieron perturbados por las acusaciones de «fascista» y «colaboracionista» lanzadas por diputados comunistas y afines contra Francisco Pinto Balsemão y João Bosco Mota Amaral, diputados del Partido Popular Democrático, denominado Partido Socialdemócrata a partir del otoño de 1976 (PPD/PSD), que por entonces se autoubicaba en el centro izquierda, y Carlos Galvão de Melo, independiente por el Centro Democrático Social (CDS), partido de derechas y filiación democratacristiana (‍Veiga et alt., 2021: 60-‍61).

No cabe duda de que la renovación del personal político y funcionarial resultó un fenómeno incompleto tanto en España como en Portugal (‍Loff, 2009: 176). Tampoco cabe duda de que su continuidad en los ámbitos de decisión política se debió a su ambición política y gusto por el poder; pero también, y esta es la hipótesis que se sostiene en estas páginas, a la conciencia de que había llegado su momento, la hora de que asumieran en la escena política el leading rol que les correspondía por edad, formación y vocación y pusieran en práctica las ideas y propósitos que habían acariciado para construir el futuro. Proyectos que, de manera sintética, se fundamentaban sobre un común europeísmo, fruto del acceso a principios y valores, modos y pautas de conducta discrepantes con los fundamentos legitimadores de las dictaduras y basamento de un reformismo que, en los años finales de ambos regímenes, había ambicionado la acomodación gradual del sistema político a los estándares que gobernaban las democracias occidentales.

Con la finalidad de esclarecer la dicotomía entre su condición de franquistas, salazaristas y demócratas, se examinará el itinerario vital, profesional y político de los que habiendo ocupado cargos institucionales o políticos en los regímenes autoritarios continuaron su actividad política e incluso alcanzaron el cenit de su carrera en los años transicionales y en democracia. El foco de atención se centrará, más en concreto, en aquellos encuadrados en formaciones de centroderecha y derecha: los ya mencionados PPD/PSD y CDS, así como las españolas Unión de Centro Democrático (UCD) y Alianza Popular (AP)^[3].

El análisis, que se inscribe en las coordenadas de la historia social del poder y en una perspectiva dinámica interesada en unas trayectorias que evolucionaron al compás de los tiempos y de la propia maduración personal de los seleccionados, se sustenta sobre dos conceptos, generación y semioposición, que resultan, para el caso, complementarios. El primero, entendido a la manera orteguiana, define al conjunto de individuos que perteneciendo a la misma cohorte de edad comparten señas de identidad claramente diferenciadas, fruto de su socialización en un entorno socioeconómico, cultural y político específicos que moldea tanto su visión del mundo y de la sociedad concreta en la que habitan como sus actitudes y expectativas en todos los órdenes de la vida. En el ámbito político, el concepto toma como punto de partida la incidencia de acontecimientos de especial relieve que, directamente o por vía interpuesta, es decir, a través de su interpretación y reconstrucción, operan como marcadores que informan la «sensibilidad vital» que define la «misión histórica» de una generación dada, aunque no existe un limes claramente delimitado entre las distintas cohortes que, en realidad, se superponen y, al menos parcialmente, coexisten (‍Ortega y Gasset, 1996: 145-‍156; ‍Schuman y Scott, 1989; ‍Bauman, 2007).

La bondad del concepto, ya utilizado en diversos estudios sobre las elites políticas del período, queda de manifiesto en el sentido de pertenencia de sus integrantes a esa generación, como subrayó João Salgueiro, en términos que pueden hacerse extensivos al resto del grupo seleccionado: «Mi generación quería más libertad, no moralismos sobre la vida personal y de familia» (‍Freire Antunes, 2003: 229). Una autopercepción que, en tiempos de dictadura, constituyó un revulsivo para la acción política (‍Ortí Bordás, 2005: 72-‍74; ‍Sánchez Terán, 2008: 12). Dicho en otras palabras, las de Joaquim Magalhães Mota, «essa consciência de geração» habría influido a la hora de «intervir na vida pública» (‍Fernandes, 2001: 38).

El segundo concepto (‍Linz, 1978: 23-‍25), por su parte, se utiliza para nominar a colectivos críticos con algunos aspectos de los regímenes autoritarios, sin que ello comporte su impugnación in toto; bien al contrario, admiten su legitimidad —incluso su necesidad histórica— y reconocen la benéfica labor realizada por el dictador. Sus integrantes participan en las instituciones con el propósito de alcanzar «objetivos que no son compartidos por sus socios de coalición» y mantienen una semilealtad que los sitúa, a un tiempo, dentro y fuera del régimen aprovechando la relativa liberalización y apertura al exterior, así como la autonomía conferida a determinadas organizaciones sociales para articularse en asociaciones formalmente apolíticas, por lo general bajo un marbete cultural o religioso.

Tales conceptos ofrecen claves explicativas a la hora de examinar las inquietudes y aspiraciones —profesionales y políticas— de las cohortes nacidas en la península ibérica en el lapso 1925 a 1940^[4], su trayectoria desde la dictadura a la democracia en un ejercicio de historia comparada que pretende subrayar las semejanzas en los dos escenarios nacionales sin que ello suponga obviar la presencia de notorias discrepancias, derivadas de las peculiaridades de los respectivos marcos institucionales. El análisis comparado lo es, igualmente, transnacional; dicho en otras palabras, la inserción de la trayectoria vital del grupo seleccionado en el medio ambiente concreto en el que se desenvolvieron, y que contribuyeron a transformar, se complementa necesariamente con su encaje en un contexto internacional gobernado por el triunfo y consolidación de la democracia pluralista. En definitiva, por un zeigeist sustancialmente diferente al que vivieron sus mayores y en el que ambicionaban insertar plenamente a sus connacionales.

II. AÑOS DE APRENDIZAJE Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA[Subir]

Nacidos, por lo general, en el seno de familias de la burguesía urbana profesional o funcionarial, unos y otros vivieron sus primeros años en coyunturas claramente distintas, lo cual no es diferencia menor. El Portugal salazarista poco tenía que ver con la II República española y luego con una cruenta Guerra Civil en la que no combatieron, pero impregnó las vivencias de los más veteranos y condicionó los talantes, comportamientos y perspectivas de todos. La contienda, elemento disruptivo de primer orden, contribuye a explicar en ellos el arraigado temor a la inestabilidad y al desorden y, en contraposición, la apología de la convivencia y la paz como valores supremos, su monarquismo o, en todo caso, accidentalismo y su rechazo al comunismo, al que atribuían la responsabilidad del conflicto. Tales planteamientos eran ajenos al bagaje de los portugueses, si bien cabe subrayar que en el seno de algunas familias el recuerdo de la inestabilidad económica y política de la experiencia republicana indujo similares sentimientos de reconocimiento y gratitud hacia el dictador, António María de Oliveira Salazar, «com os argumentos do costume: o equilíbrio das finanças, o ter-nos salvado da guerra»^[5].

El grupo de selección realizó sus estudios primarios y secundarios en instituciones destinadas a las elites (laicas, los portugueses; religiosas, salvo contadas excepciones, los españoles) para luego acceder a la universidad, donde en su mayor parte se licenciaron con extraordinaria brillantez en Derecho y, a cierta distancia, Ciencias Políticas, Económicas e Ingeniería. A diferencia de la mayor parte de sus compatriotas, no pocos de ellos dominaban algún otro idioma y tuvieron conocimiento directo del mundo exterior, bien con motivo de viajes familiares, bien para ampliar su formación en instituciones universitarias o no, europeas y norteamericanas^[6]. Algunos obtuvieron el grado de doctor y, aunque no faltaron los que incursionaron en la Universidad como profesores asistentes y mantuvieron cierta vinculación con la docencia, pocos persistieron en la carrera académica^[7].

La actividad profesional de los españoles se orientó, con pocas salvedades, hacia la Administración del Estado. Una opción que no respondió a la estabilidad y seguridad en el empleo, aunque fueran estos acicates no menores, cuanto al prestigio que acompañaba el ingreso en los cuerpos de élite de la función pública y a las posibilidades que ofrecía a jóvenes inquietos y ambiciosos para desarrollar prometedoras carreras políticas en los años cincuenta y sesenta, tiempos tecnocráticos de racionalización y profesionalización de la Administración, crecimiento económico, ampliación y diversificación de las obligaciones del Estado (‍Giménez Martínez, 2014: 425-‍426)^[8]. Similares rasgos caracterizaron la llegada al mercado laboral de los portugueses, si bien es detectable una mayor inclinación hacia la empresa privada y el ejercicio liberal de la profesión, especialmente entre los licenciados en Derecho^[9]. En cualquier caso, el trasvase de la función pública a la empresa privada, y viceversa, era práctica frecuente a uno y otro lado de la frontera, de manera que buena parte del grupo seleccionado atesoraba experiencia de gestión en los dos ámbitos^[10].

Llevados por un interés genuino en su profesión, formaron parte de gabinetes y centros de estudios creados por la Administración o, en su caso, por la empresa privada, destinados a examinar prácticas y procedimientos con el propósito de mejorar su eficiencia, incorporando las más recientes innovaciones científico-técnicas. Fruto de sus análisis e investigaciones participaron en seminarios, cursos y conferencias y publicaron artículos en revistas especializadas o académicas, especialmente, aunque no solo, de economía y derecho, que amplificaron su prestigio y visibilidad como expertos^[11]. La atención que prestaron a racionalizar la práctica profesional no fue exclusiva ni excluyente; formaba parte, en realidad, de su preocupación por el atraso nacional con respecto a los países de la Europa Occidental y de su común empeño en la modernización económica y social, también política, de sus respectivas sociedades.

Ese desvelo nacía de una temprana inquietud por la cosa pública que si en ciertos casos había aflorado en el círculo familiar, en los más despertó durante sus años universitarios, resultado de su inconformismo con la falta de libertades y, más en concreto, con la ausencia de asociaciones universitarias auténticamente representativas (‍Ortega Díaz-Ambrona, 2015: 85, 87), o debido a su preocupación por la imposible adhesión lusa al proyecto colaborativo europeo (‍Pinto Balsemão, 2021: 90); tampoco faltó, entre los españoles, el malestar hacia un franquismo que había obviado los principios anticapitalistas y el componente social del tradicionalismo o, en su caso, de la Falange primigenia, como Ortí Bordás (‍Ortí Bordás, 2005: 18) y Martín Villa (‍Ortega Diaz-Ambrona 2015: 100), que postulaban, entre los asuntos pendientes, la reforma agraria y la nacionalización de la banca.

La vocación política, en otros, provino de su fe religiosa y de su adscripción a organizaciones católicas en su adolescencia y primera juventud, Acción Católica (AC) en particular. La asociación, orientada a la formación de «minorías selectas», no solo incentivaba en sus militantes la preocupación por la injusticia social y el compromiso con la difusión de los principios cristianos; también los animaba a trasladarlo a la esfera política (‍Montero, 2000). Como señala Fontes (‍1994: 90), la estructura orgánica, métodos de trabajo y la dinámica participativa de la asociación desempeñaron un rol clave en la aparición de un nuevo tipo de cristiano, el militante católico^[12].

La vocación política de esta generación ramificó en sensibilidades distintas, aunque todas se circunscribieran a los estrechos cauces ideológicos —o tolerados— de la dictadura, basculando desde la democracia cristiana y el liberalismo hasta la admiración por la socialdemocracia nórdica, y en España —como ya se ha mencionado— un falangismo joseantoniano. No pocos de ellos volcaron sus inquietudes y sus planteamientos de futuro en la organización y participación en asociaciones y cooperativas culturales que, inspiradas en los nuevos aires que provenían del Concilio Vaticano II, como Pragma (Lisboa, 1964), Confronto (Oporto, 1966) y Prolesa (Madrid, 1968), pretendían constituirse como foros de encuentro y debate político abiertos a personas de distintas ideologías. Otros, ya desde sus años universitarios, fundaron, dirigieron o colaboraron con revistas y periódicos de distinto signo, conscientes de la funcionalidad de la prensa como forjadora de opinión y mediadora social^[13].

Su condición de expertos y la brillantez de su itinerario profesional llamó la atención de prominentes dirigentes de las dictaduras especialmente atentos a la capacitación y cooptación de cuadros políticos para la gestión del Estado e interesados, asimismo, en reforzar su posición personal en el núcleo duro del poder (‍González-Fernández, 2022b)^[14]. Su padrinazgo, inserto en la estructura clientelar que caracterizaba la cultura política en los dos escenarios nacionales, unido a esa vocación por la cosa pública, facilitaron el salto a la esfera política. Los españoles iniciaron su cursus honorum a partir de finales de los años cincuenta mediante el desempeño de cargos dentro del Sindicato Español Universitario (SEU) —en el caso de los azules—, y el resto en alguna secretaría general técnica, subdirección o dirección general de ministerios, normalmente dirigidos por sus mentores, aunque no solo.

La eficacia de su gestión en tales puestos avaló su designación como subsecretarios, alcaldes, gobernadores civiles y, en particular, procuradores porque, pese a que las Cortes carecían de competencias efectivas, operaban como lugar de encuentro en el que establecer o reforzar, contactos y complicidades^[15]. Dichas conexiones solían tener un marcado componente generacional; dicho de otro modo, las afinidades en torno a las propuestas de futuro facilitaron la colaboración entre los miembros de una misma cohorte al margen de su adscripción a una concreta sensibilidad política, como puso de manifiesto la relación colaborativa del demócrata cristiano Oreja con un grupo de jóvenes reformistas azules (Cisneros, Ortí Bordás y Martín Villa), miembros como él del Consejo Nacional del Movimiento (‍Oreja, 2011: 103), o el nombramiento del también demócrata cristiano Ortega Díaz-Ambrona como director del Instituto de Estudios Administrativos por el ministro de la Presidencia, Carro Martínez, muy próximo a Fraga Iribarne. A comienzos de los setenta, no pocos de ellos alcanzaron la categoría de ministrables, aunque solo Carro Martínez logró una cartera ministerial en los dos primeros gabinetes de Arias Navarro. Cabe subrayar que, siguiendo la estela de sus patronos, se rodeó de jóvenes y solventes expertos llamados a tener una brillante trayectoria política durante y después del proceso democratizador, como Cisneros y el ya citado Ortega Díaz-Ambrona.

El acceso al ágora política de los portugueses presenta sensibles discrepancias, fruto de los rasgos específicos de la dictadura y de las vicisitudes de la carrera política del que sería su principal mentor, Marcello Caetano (‍Tavares Castilho, 2012). Su cese como ministro de la Presidencia en 1958 y su renuncia a la vida política activa no mermó su prestigio como líder de una corriente crítica y reformista del salazarismo, como tampoco su capacidad de atracción sobre estos jóvenes universitarios y profesionales, persuadidos de que su liderazgo comportaba un proyecto modernizador. Así lo corroboraron las simpatías y esperanzas que en el otoño de 1968 suscitó en ellos —al igual que en amplios sectores sociales— su nombramiento como presidente del Consejo de Ministros y su primer discurso, en el que definió su programa de gobierno con el lema «renovação na continuidade» (‍Tavares Castilho, 2012: 434). Percibido como una ventana de oportunidades, que era tanto personal y generacional como de país (‍Fernandes, 2001: 37; ‍Salgueiro, 2012: 80)^[16], el consulado marcelista auguraba, a sus ojos, un tiempo nuevo, tiempo de participación de la ciudadanía en la vida política frente a décadas de postergación «por ignorância, indiferença o segregação forçada» en una tarea que involucraba especialmente a la juventud, entendida no ya como mera etapa vital, sino como clase con entidad y objetivos políticos propios que Pinto Balsemão cifraba en «pugnar pela dignificação da pessoa, desejar o ejercicio dos direitos, liberdades e garantías individuais» (‍Pinto Balsemão, 1969: 21-‍26).

La convicción de que había llegado el momento político de su generación y la hora de políticas liberalizadoras que homologaran Portugal con los estándares, también políticos, de la Europa Occidental, animó a jóvenes tecnócratas de matriz liberal, muchos de filiación católica, a secundar en marzo de 1969 la llamada de Caetano para formar parte del que sería, en puridad, su primer equipo de gobierno. No obstante, desempeñaron cargos de segundo rango, en calidad de secretarios y subsecretarios de Estado (Xavier Pintado, Salgueiro y Nogueira de Brito), o bien de subdirectores y directores generales de instituciones adscritas a diversos departamentos ministeriales (Amaro da Costa, Pintasilgo, Ribeiro)^[17].

Similares expectativas indujeron a jóvenes liberales y católicos a aceptar —los más reticentes no sin proclamar su condición de independientes— la propuesta para concurrir en las candidaturas de la União Nacional, el partido único salazarista, en las elecciones legislativas celebradas ese mismo año^[18]. La minoría resultante, conocida como Ala Liberal, distaba de formar un grupo cohesionado y con un programa definido; en realidad, señaló Magalhães Mota, se conocieron en las bancadas de la Asamblea Nacional (Frain,1998: 41). No obstante, la afinidad generacional, las vivencias compartidas y la sintonía en sus planteamientos de futuro facilitaron las relaciones interpersonales, aunque no se tradujeran necesariamente en la elaboración de propuestas conjuntas. Pintasilgo, en cambio, rechazó la invitación para sumarse a la Asamblea Nacional, aunque ante la insistencia de Caetano aceptó su designación como procuradora de la Cámara Corporativa, organismo consultivo al que también se incorporaron dos profesores universitarios discípulos de Caetano, Freitas do Amaral y Gonçalves Pereira.

III. PLANEAR EL MAÑANA[Subir]

No es de extrañar, si se tiene en consideración el sustrato liberal conservador ya mencionado, que el colectivo seleccionado cifrase sus expectativas en una evolución gradual y pacífica, desde dentro, de la dictadura —cuya legitimidad no cuestionaban—, ubicándose en una semioposición, aunque deban plantearse matizaciones de algún calado. En otras palabras, la desaparición de Salazar de la escena política, las esperanzas depositadas en su sucesor y la guerra colonial condicionaban las actitudes y estrategias de los portugueses tanto como la permanencia de Franco en el ejercicio personal del poder y la memoria de la Guerra Civil mediatizaban a los españoles.

Comparten, sin embargo, una serie de rasgos comunes tales como un acusado faccionalismo, germen de discusiones y rupturas, de creación de agrupaciones diversas enfrentadas no tanto sobre la meta final cuanto sobre la estrategia a seguir, que impidió la creación de una plataforma unitaria; un carácter elitista derivado del marco dictatorial en que se desenvuelven y delimitador de sus iniciativas y actividades a círculos restringidos frecuentados por gentes de su misma procedencia social, formación y similares inquietudes; por último, y no por ello menos importante, una visión pragmática de la política que concibe la reforma como el mejor antídoto contra una hipotética revolución y en Portugal, además, como receta para resolver pacífica y gradualmente la situación en ultramar (‍Ortega Díaz-Ambrona, 2015: 369; ‍Fernandes, 2006: 83).

Esta convicción impulsó las iniciativas de los reformistas lusos en un ambiente de esperanzado optimismo que, sin embargo, tuvo una efímera vida. La percepción de «algún arrepio do camino ainda durante os primeros doze meses» que rememora Salgueiro (‍Salgueiro, 2012: 81) quedó ratificada tras la remodelación gubernamental de enero de 1970, para la que Caetano convocó a personas de su entera confianza, ajenas a cualquier objetivo democratizador, y el patente retroceso en su empeño reformador debido a la perturbación social y política que habían ocasionado sus primeras medidas de gobierno. Ese paso atrás motivó que el subsecretario de Planificación solicitara el cese en el verano de 1971, si bien su salida no supuso una ruptura de sus vínculos con Caetano. Otros miembros del equipo de gobierno, en cambio, se mantuvieron en el desempeño de sus cargos hasta el 25 de Abril^[19].

El desengaño de los diputados del Ala Liberal fluyó de modo paralelo. Sus iniciativas legislativas, orientadas a promover la modernización económica, el acercamiento a la Europa comunitaria y la participación política en un marco respetuoso de los derechos y libertades de la ciudadanía, contaron con el apoyo y asesoramiento de secretarios de Estado, como Xavier Pintado y Salgueiro, pero solo aquellas convergentes con los objetivos de Caetano —las menos y, por lo general, de carácter socioeconómico— fueron aprobadas. No ocurrió lo mismo con las que avanzaban decididamente hacia la democratización del sistema político (derechos de reunión y de asociación, libertad de prensa, etc.), que en el verano de 1971 vinieron a compendiarse en el proyecto de revisión constitucional que presentó a modo de respuesta al texto elaborado por el Ejecutivo (‍Fernandes, 2006: 70-‍118)^[20].

El malestar y frustración de Caetano, que había confiado en un apoyo dócil y sin fisuras de la minoría liberal que contrapesara la hostilidad de los salazaristas ortodoxos a su programa de gobierno, no fue menor a la decepción que se extendió entre los diputados de aquella, especialmente una vez que la Asamblea Nacional rechazó debatir su propuesta de revisión en una decisión que tuvo el voto en contra en la Cámara Corporativa de Freitas do Amaral, Gonçalves Pereira y Pintasilgo (‍Gonçalves Pereira et al., 2012: 182).

La sistemática negativa a discutir las iniciativas presentadas y la convicción de las insuficiencias y debilidades de un proyecto reformador que en ningún caso contemplaba un cambio real en el sistema político no indujo una reacción inmediata; a estas alturas albergaban alguna esperanza en las elecciones a la Presidencia de la República, previstas para 1972, y en una eventual candidatura de Caetano. Su triunfo —seguro, dado el sistema de elección en vigor— podría derivar en el nombramiento de un jefe de Gobierno que acelerara y profundizara la mudanza política, pero las sugerencias e, incluso, presiones que recibió en ese sentido no surtieron efecto ante la voluntad del anciano salazarista Américo Tomas de volver a candidatarse. Aniquiladas ya sus expectativas, dos de los diputados de la minoría —entre ellos Sá Carneiro— renunciaron a su escaño a finales de enero de 1973 y el resto —salvo dos, entre los que se encontraba Mota Amaral— descartaron concurrir a las elecciones legislativas de 1973 en las candidaturas del partido único, ahora nominado Ação Nacional Popular (ANP).

La actitud de los españoles, como se ha mencionado, estaba condicionada por la permanencia del dictador en la escena política, el recuerdo de la guerra civil y su adscripción a sensibilidades políticas diferentes. En consonancia, sostenían posturas diversas que oscilaban entre un desapego, más o menos patente, hacia el régimen y un agradecido reconocimiento hacia la labor de Franco como artífice del orden, la estabilidad y la prosperidad alcanzadas en contraposición al trastorno y anarquía que vinculaban a la República y a la que entendían su derivación final, la contienda civil. No obstante, incluso entre los que sostenían un devoto homenaje a la figura del dictador, no estaban ausentes las críticas a las carencias y debilidades del régimen y la convicción de que no era posible un franquismo sin Franco.

Conscientes de la consolidación de la democracia pluralista en Occidente y de la Comunidad Económica Europea, de la transformación económica, social y cultural experimentada en los años sesenta y de su desajuste con unas estructuras políticas anquilosadas, postulaban un cambio político moderado, resultado de una evolución natural de las instituciones en el marco de las Leyes Fundamentales, identificadas globalmente como Constitución. En suma, situados ante el trilema evolución, reforma constitucional o ruptura democrática, todos se inclinaban hacia la segunda, persuadidos de la inviabilidad de la primera y de los riesgos —léase desorden e inseguridad— que podría acarrear la tercera (Cisneros, 1974; ‍Ortega Diaz-Ambrona, 2015: 369)^[21].

La coincidencia en el procedimiento que seguir y en la forma de Estado —acorde a las «previsiones sucesorias», la monarquía encarnada en el príncipe Juan Carlos—, no se hacía extensiva al propósito último de esa reforma constitucional. Dicho de otro modo, la defensa de la democracia como horizonte ineluctable no comportaba que estuvieran de acuerdo en qué tipo de democracia habría de implantarse. A comienzos de los setenta, algunos como Ortí Bordás, vicesecretario general del Movimiento, descartaba tanto la democracia corporativa, condenada en su momento por José Antonio, como «una democracia puramente liberal representada por el régimen parlamentario». En su opinión, el «Movimiento […] no entendible sin Falange» era la «específica respuesta de España a la grave crisis de la democracia liberal», pese a que entrase en abierta contradicción con uno de los objetivos de futuro que él mismo enunciaba: «Construir una España integrada en Europa en pie de igualdad». Cisneros (1972), consejero nacional y autodefinido como «hombre del sistema por los cuatro costados», compartía el rechazo al corporativismo y no dudaba en equiparar democracia orgánica con democracia liberal:

Tales consideraciones, así como la participación de ambos en la «Carta de los 39», en la que en 1973 personalidades del régimen solicitaron a Franco «nuevos y más amplios cauces de participación política» (‍Giménez Martínez, 2018: 203), se enmarcaban en los estándares de la dictadura, pero resultaban desfasadas apenas un año más tarde en la incierta coyuntura política abierta tras el asesinato del almirante Carrero Blanco. La proximidad de Cisneros a Fraga Iribarne, por entonces el principal teórico del centro y ministro de Gobernación, provocó que desdeñara la opción de una democracia orgánica estricta en tanto «dibuja la dudosa utopía de una sociedad desideologizada», para abrirse a la idea de su cohabitación con supuestos de la democracia pluralista. Esa convivencia, con ecos del organicismo krausoinstitucionista, se encauzaría a través de unas cortes bicamerales que albergarían el principio de la representación del mundo de los intereses y de las ideologías, para lo que recomendaba «no contribuir a perpetuar una situación que signifique la proscripción política de un solo español» (Cisneros, 1974)^[23].

Finalmente, Tácito, colectivo que a partir de 1973 agrupó —básicamente, aunque no solo— a jóvenes democratacristianos entre los que se encontraban Oreja, Ortega Díaz-Ambrona, Lavilla y Reguera Guajardo, postulaba una democracia pluralista homologable a las de la Europa comunitaria (‍Powell, 1990), si bien renuente a legalizar el partido comunista argumentando su carácter no democrático^[24].

Tales divergencias no eran obstáculo para que, al igual que ocurría entre los portugueses, depositaran sus esperanzas en la vertebración del asociacionismo político como estrategia de futuro. La eventual aprobación de asociaciones de este tipo e, incluso, de partidos, a excepción —en una primera fase— del comunista, fue planteada por Caetano a finales de 1969 en una serie de reuniones con distintas personalidades y colectivos a los que convocó para conocer su opinión. El balance de las diez sesiones realizadas resultó meridiano: únicamente los miembros de la generación más joven, entre los que se encontraban Freitas do Amaral y Salgueiro, se mostraron partidarios de promover la creación de partidos políticos, para los que Gonçalves Pereira se había ofrecido a elaborar la oportuna norma legal. En esa misma reunión Caetano, con el fin de dinamizar el exánime partido único y de facilitar cierto pluralismo, se mostró favorable a la organización de «asociaciones cívicas autónomas afiliadas al mismo», aunque la propuesta así formulada no encontró una positiva acogida. Para algunos se trataría, en realidad, de partidos políticos que, por tanto, no podrían ser autorizados, o bien de asociaciones dentro del régimen y, en consecuencia, faltas de utilidad alguna. Colocados en esa disyuntiva esgrimieron una contrapropuesta: la organización de asociaciones cívicas no afiliadas a la ANP (‍Freitas do Amaral, 1995: 102-‍103).

La aquiescencia de Caetano posibilitó la creación de la Sociedade de Estudos de Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), organización que presenta notables similitudes con Tácito^[25]. Promovida a comienzos de 1970 por miembros del equipo de gobierno (Salgueiro y Xavier Pintado) y diputados del Ala Liberal (Magalhães Mota, Pinto Balsemão y Sá Carneiro), entre otros (‍Blume, 1977), se configuró como un grupo de opinión que acogió a jóvenes profesionales de distintas sensibilidades —liberales, católicos sociales, socialdemócratas e independientes— a los que unía la creencia en una reforma gradual, respetuosa con los principios fundamentales de la Constitución y de las leyes, como la fórmula adecuada para resolver los problemas estructurales de Portugal y lograr su inserción en la Europa Occidental. Con ese propósito organizaron una serie de actividades —seminarios, coloquios y conferencias— en los que se examinaba la situación económica y social y en las que afloraron las divergencias entre los tecnócratas que, como Salgueiro, defendían la vía del desarrollo económico y social frente a los que encabezados por Sá Carneiro apostaban por la vía política. Alguno de sus miembros, incluso, lanzó la iniciativa de organizar un partido político, «una terceira força» entre «situacionistas» y «oposicionistas» que agrupase a las personas «colocadas em pontos estratégicos nas decisões a tomar sobre o futuro e o presente de Portugal» (Pinto Balsemão, 1973)^[26], si bien no surtió efecto alguno, dado que los estatutos fijaban el carácter cívico de SEDES (‍Blume, 1977: 359; ‍Frain, 1998: 32) y el temor de que tal iniciativa pudiera conllevar su ilegalización.

Para sortear ese impedimento, tres diputados de la minoría liberal, entre ellos Magalhães Mota, convocaron en julio de 1973 un «Encontro de reflexão política» que evidenció, en clave generacional, la ruptura con el régimen (‍Mendes, 2020) y la pretensión de miembros de la semi oposición reformista de organizarse como fuerza política capaz de competir con el partido único en las elecciones legislativas de ese mismo año en el marco de una «normalização de la vida política portuguesa no sentido da sua democratização» (‍Magalhães Mota et al., 1973: 113-‍114).

El encuentro contó con una elevada participación y algunas ausencias reveladoras de las discrepancias ideológicas y las rivalidades personales existentes entre los grupos que postulaban la liberalización pacífica y gradual del régimen. Freitas do Amaral y Amaro da Costa, abanderados de una moderada democracia cristiana y críticos de «la tecnocracia socializante»^[27] que, a su juicio, inspiraba a la antigua Ala Liberal y a SEDES, rehusaron su concurso. En cualquier caso, la reunión no tuvo consecuencias prácticas en lo que se refiere a la creación de un partido político, pero la iniciativa no cayó saco roto y a comienzos del año siguiente algunos integrantes de SEDES —Sá Carneiro en concreto—, propusieron su conversión en asociación política, si bien la idea nuevamente suscitó la oposición de aquellos que alegaron su carácter cívico y no político, aunque no cabe descartar en su negativa la heterogeneidad ideológica de sus miembros.

En España, el asociacionismo político dio lugar a un prolongado debate en el que afloraron los conflictos que enfrentaban a los distintos grupos que cohabitaban en el régimen, tecnócratas y falangistas en particular. Planteada a partir de 1967 para fomentar lo que entonces se denominó «un legítimo contraste de pareceres», la cuestión suscitó un fuerte interés en algunos miembros del grupo seleccionado, entre los que se reprodujeron las disensiones habidas entre sus mayores, pese a que todos coincidieran en la necesidad de regular el derecho de asociación política. El problema estribaba en su grado de apertura o, expresado de otra manera, en la institución que regularía su ejercicio. Para el democratacristiano Ortega Diaz-Ambrona y el azul Cisneros, tal responsabilidad no debía recaer sobre el Consejo Nacional del Movimiento, so pena de convertir «un derecho» en un «sistema de libre concesión ideológica» (Ortega Diaz-Ambrona, 1970), por lo que atribuían las competencias sobre las futuras asociaciones al Gobierno. No obstante, el segundo (Cisneros, 1974) matizaba que «las asociaciones no deben ser para el Movimiento, aunque sí deben ser y estar en él»^[28]. Tales razonamientos resultaron estériles porque el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política, aprobado en diciembre de 1974 en una coyuntura gobernada por el rearme ideológico de los sectores inmovilistas, al que no fue ajeno el impacto de la Revolución de los Claveles, asignó el control de las futuras asociaciones al Consejo Nacional del Movimiento y el consiguiente desánimo conllevó la dimisión de algunos de nuestros protagonistas, como Ortega Diaz-Ambrona (‍Ortega Diaz-Ambrona, 2015: 355-‍356) y, a comienzos del año siguiente, Lavilla.

La norma, sumamente restrictiva y por ello carente de operatividad para encauzar las inquietudes asociativas, tuvo —paradójicamente— efectos divisivos en los círculos reformistas. La discrepancia, en Tácito, entre los que postulaban acogerse al Estatuto para organizarse como grupo político, como Reguera Guajardo, alineado con Alfonso Osorio, y aquellos que rechazaban dar un paso que comportaba su legitimación (‍Ortega Díaz Ambrona, 2015: 366), derivó en la escisión de los primeros, organizados poco después en la llamada Unión Democrática Española (UDE), asociación de acusada vocación instrumental como embrión de un futuro partido político (‍Magaldi, 2018).

Por su parte, los reformistas azules procuradores en Cortes eludieron el Estatuto de Asociaciones y optaron por organizarse de manera informal a comienzos de 1975 en el llamado Grupo Parlamentario Independiente (GPI), del que formaron parte, entre otros, Martín Villa, Cisneros y Ortí Bordás. Muy activo en las Cortes durante aquel último año de la dictadura, sus iniciativas legislativas no pretendían cuestionar el marco institucional cuanto flexibilizar su rigidez, especialmente en lo relativo al ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación. En su programa, presentado a comienzos de 1976, se detectan resabios de su filiación azul en su propuesta de una segunda cámara «de actos territoriales, sindical, profesional y de entidades representativas» (‍Giménez Martínez, 2018: 209-‍210), que venía a preservar el estatus político de sus miembros. Por último, la indecisión de Fraga en torno al Estatuto acarrearía el germen de su progresivo aislamiento (‍Sánchez Prieto y Zafra, 2016: 309-‍310), aunque figurara como uno de los promotores de la Federación de Estudios Independientes (FEDISA), sociedad anónima fundada en el verano de 1975 al amparo del derecho mercantil y de la que fueron asociados Lavilla y Calvo Sotelo.

IV. EL FUTURO EMPIEZA HOY[Subir]

El bagaje político que atesoraban portugueses y españoles tuvo efectos ambivalentes en los días y semanas que siguieron al golpe de Estado militar el 25 de Abril de 1974 y a la muerte del general Franco en noviembre del año siguiente. Las expectativas acerca de una auténtica mudanza del sistema político y del papel que a ellos incumbía en el proceso quedaron desleídas, en particular a los ojos de amplios sectores de la opinión pública lusa (‍Frain, 1998:16), por su identificación con las dictaduras y la hegemonía cultural —también política en el país vecino— de la izquierda. Situados en esa encrucijada, la creación de un partido político se convirtió en objetivo prioritario para unos y otros, si bien conviene tener en cuenta la presencia de elementos discordantes en los dos escenarios nacionales.

La Revolución de los Claveles y la irrupción de insólitos actores y poderes públicos fue acompañada de una dinámica de depuraciones, legales y «salvajes» (‍Costa Pinto, 2013: 31; ‍Pimentel y Rezola, 2013: pp. 177-‍255), que alcanzó a funcionarios de todos los ámbitos, así como a colaboradores de la dictadura. En España, en cambio, la desaparición física del dictador no tuvo repercusión alguna sobre el Estado, sobre su maquinaria burocrática y coercitiva, lo que facilitó la permanencia de su personal funcionarial y político. No obstante, la discrepancia resulta menor si se tiene cuenta que la transición de un sistema político a otro precisaba de un aparato estatal dotado con los recursos humanos y materiales adecuados, así como de un marco jurídico solvente —fuera éste elaborado ex novo o no— que garantizase su despliegue.

En consonancia, la condición de expertos en ámbitos diversos, el jurídico y económico en particular, aunque no solo, acreditó la continuidad de los funcionarios y colaboradores que menos se habían significado durante la dictadura o bien su progresiva reincorporación a la Alta Administración del Estado y a la escena política una vez agotado el Proceso Revolucionario en Curso (PREC) a partir del otoño de 1975 (‍Loff: 2009, 182). A esta primera consideración viene a añadirse un segundo ingrediente exclusivo a Portugal: el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) requería, para avalar la credibilidad de sus propósitos democratizadores, la existencia en el espacio político de una derecha moderada (‍Medeiros Ferreira, 1994: 251).

La confluencia de estos factores determinó que la creación de partidos políticos en el espectro conservador fuera en Portugal misión prioritaria y, sobre todo, urgente. El apremio no provenía tanto del ambiente revolucionario que se instaló en el país, que también, como de la clamorosa ausencia de los reformistas en los acontecimientos que habían provocado el colapso del Estado Novo. Esto es, el protagonismo de los grupos de izquierda en el derrocamiento de la dictadura y su control sobre las instituciones comportaba una marginalización que solo la organización partidaria podría remediar. Esa sensación de urgencia, acuciante una vez conocida la presencia del partido socialista en el primer Gobierno provisional y el deseo del presidente de la Junta de Salvación Nacional (JSN), general Spínola, de contar en el Ejecutivo con representantes de formaciones moderadas (‍Medeiros Ferreira, 1994: 251), provocó que en los días posteriores a la Revolución de los Claveles algunos exdiputados del Ala Liberal y miembros de SEDES —Sá Carneiro, Pinto Balsemão y Magalhães Mota— propusieran transformar esta última en un partido político que pretendían ubicar en una posición central, entre el Partido Comunista y el Partido Socialista.

La operación, no obstante, nacía lastrada por la heterogeneidad ideológica y política de los asociados, que basculaban desde el socialismo —ya fuera estatalista o autogestionario— hasta el liberalismo y el consiguiente riesgo de ruptura (‍Fernández Stock, 1989: 438-‍439). El rechazo de la propuesta aceleró los preparativos para la creación del PPD, presentado oficialmente el 6 de mayo como formación de centroizquierda y vocación socialdemócrata, que en apenas diez días obtuvo el respaldo institucional previsto: Sá Carneiro se convirtió en ministro sin cartera y asesor del presidente del Consejo de Ministros, Adelino da Palma Carlos, y Magalhães Mota pasó a ocupar la cartera de Administración Interior. Otros integrantes del grupo seleccionado se incorporaron al Gobierno en un segundo escalón, como Pintasilgo, secretaria de Estado de Seguridad Social, o bien en puestos técnicos (Ribeiro conservó su puesto como directora general de Asistencia hasta su designación, en 1975, como asesora del ministro de Asuntos Sociales, cargo que desempeñó hasta 1981)^[29].

Durante esas frenéticas semanas, el colectivo liderado por Freitas do Amaral y Amaro da Costa no había pasado inadvertido para el presidente de la JSN, que pretendió utilizarlo como piedra sillar de una formación claramente escorada a la derecha que ejerciera la oposición al Gobierno provisional y como eventual «fuerza de reserva» frente al PPD. Sus maniobras, sin embargo, fueron rechazadas por un Freitas do Amaral autoubicado en el centro del espectro político, pero, a su vez, también fracasó la propuesta —inspirada por Amaro da Costa— de fundar un gran partido de centroderecha junto al todavía non nato PPD (‍Sousa, 2000: 41). Desubicados y huérfanos en términos partidarios, carecían de opciones para participar en las instituciones, como hubo de reconocer Freitas do Amaral a la Comisión Coordinadora del MFA en la reunión que habían convocado los militares con representantes políticos de los partidos ya formados o en vías de formación de cara a la formación del primer Gobierno provisional. Freitas do Amaral —que había acudido a la llamada junto a Xavier Pintado— afirmó que no pertenecía partido político alguno y, en consecuencia, no podría asumir ninguna responsabilidad en el Gabinete; paradójicamente, ello no fue obstáculo para que interviniera en la elaboración del programa de gobierno (‍Freitas do Amaral, 1995: 163, 169) y su designación, a instancias de Spínola, como miembro del Consejo de Estado entre 1974 y 1975.

La única alternativa posible para actuar en la escena política como colectivo radicaba, por tanto, en la creación de un partido propio. Anunciado a mediados de julio como formación democratacristiana y europeísta, el CDS no contó con representantes en los distintos Gobiernos provisionales debido a su tardía aparición, pero también a su caracterización como partido fascista por parte de la extrema izquierda, rasgos que lastraron su implantación como partido nacional. En todo caso, su fundación posibilitó la presentación de candidatos en las elecciones para la Asamblea Constituyente celebradas en abril de 1975 y el acceso al escaño de dos de sus afiliados, a los que vinieron a añadirse los del PPD^[30], de forma que —salvo Xavier Pintado, centrado en su actividad como catedrático en la Universidad Católica de Lisboa— prosiguieron su carrera política^[31].

Al otro lado de la frontera, la muerte de Franco inició un tiempo de oportunidades para los reformistas, en particular para aquellos que por indicación expresa del rey accedieron al núcleo duro del poder^[32]. Su incorporación a un Gabinete que albergaba generaciones distintas y objetivos diferentes les dio visibilidad, si bien su influencia y capacidad de maniobra resultó exigua ante al ascendiente de Fraga Iribarne sobre un indeciso Arias Navarro. Más interesantes resultan, por ello, los contactos y negociaciones para organizar ese gran partido de centro que ambicionaban ubicar entre el socialismo marxista y la «derecha civilizada», fórmula con la que aludían al viraje derechista de Fraga y a su posterior materialización en Alianza Popular, en la que se integraron Carro Martínez y De la Vallina.

Los tácitos, pese a su visibilidad y prestigio como grupo, conocieron una procelosa travesía para su organización partidaria debido a su misma parvedad. La necesidad de una más amplia plataforma motivó que intentaran aproximarse a los distintos sectores que orbitaban en la oposición alegal, aunque en este punto surgieron divergencias acerca de la filiación de los posibles compañeros de viaje. Las diferencias se resolvieron con relativa rapidez habida cuenta de que los antagonismos personales, más que divergencias ideológicas y políticas sustantivas, impidieron la confluencia de los democratacristianos (‍Ortega Diaz-Ambrona, 2015: 473-‍488). La alternativa radicaba, por tanto, en la agrupación de aquellos que se autoubicaban en un reformismo centrista —tácitos, exfedisarios descontentos con el viraje derechista de Fraga (‍Sánchez Prieto y Zafra, 2016: 311) y democratacristianos de la oposición alegal—, que tras arduas negociaciones fundaron el Partido Popular (PP) en diciembre de 1976. Subsumido pocas semanas después en el Centro Democrático tras la incorporación de liberales y socialdemócratas, el PP se convirtió en la espina dorsal de la Unión de Centro Democrático, coalición que cobijó a la mayor parte de los seleccionados.

La creación de un partido político, con todo, no fue requisito necesario para que desempeñaran una labor de primer orden, aunque en posición subalterna, en la reforma del régimen. En realidad, desde el verano de 1976 desempeñaban carteras ministeriales en el Gabinete presidido por Adolfo Suárez, que perteneciente a su misma generación y falto de amigos políticos con un pasado adecuado, recurrió a los tácitos y a los reformistas azules para componer su Ejecutivo^[33]. Su presencia, sin embargo, tuvo un coste imprevisto para sus carreras políticas una vez que Suárez cedió a la exigencia del PSOE para declarar inelegibles a los miembros del equipo de gobierno —excepción hecha de su presidente— en las elecciones legislativas convocadas para junio de 1977. En esa tesitura, algunos prefirieron dimitir de los cargos que desempeñaban (Cisneros y Ortí Bordás) o bien fueron cesados con ese propósito (Sánchez Terán). Reguera Guajardo, Lavilla y Martín Villa no participaron en las elecciones, aunque su ausencia no comportó —salvo en el caso del primero—alejamiento del núcleo duro de poder, puesto que prosiguieron en el desempeño de sus respectivos ministerios tras los comicios.

Así pues, salvo Reguera Guajardo, que abandonó la política activa tras su cese en julio de 1977, prolongaron su itinerario bien como ministros (Martín Villa y Lavilla), secretario general técnico (Díaz Ambrona) o diputados (Carro Martínez y De la Vallina, Calvo Sotelo, Cisneros, Ortí Bordás y Sánchez Terán).

V. EPÍLOGO[Subir]

La trayectoria política de los aquí examinados no concluyó tras la aprobación de la carta magna, en abril de 1976 y diciembre de 1978, respectivamente. Bien al contrario, en el transcurso de los años siguientes ejercieron un rol clave, ya fuera en calidad de jefe de Gobierno (Pintasilgo, Sá Carneiro, Pinto Balsemão y Calvo Sotelo), ministros y cargos de particular relieve —presidentes del Congreso (Lavilla)/Asamblea de la República (Mota Amaral)— o bien como diputados, salvo —como ya se ha mencionado— Xavier Pintado y Reguera Guajardo.

Su continuidad estuvo condicionada por contextos y dinámicas políticas y partidarias peculiares a cada uno de los dos escenarios nacionales. Dicho de otro modo, los triunfos electorales de UCD en las legislativas de 1977 y de 1979 consagraron la carrera política de los ucedistas en un periodo en que los portugueses, excepción hecha de Mota Amaral, presidente del Gobierno regional de Azores, permanecían en la oposición^[34]. No obstante, la situación comenzó a invertirse a partir de ese último año, cuando el afloramiento de la crisis interna en UCD vino a coincidir con la forja de Aliança Democrática (AD) entre el PPD/PSD, el CDS y el pequeño Partido Popular Monárquico (PPM). Su victoria en las elecciones de 1979 franqueó el acceso al Gobierno de los portugueses en el momento en que, paradójicamente, se iniciaba la secuencia que motivaría el eclipse político de los ucedistas. El triunfo electoral de AD, por otro lado, abrió una ventana de oportunidades para el retorno de aquellos que se habían refugiado en la actividad privada a raíz de la Revolución de los Claveles (Nogueira de Brito, afiliado al CDS en 1980, concurrió a las elecciones legislativas de 1983 por este partido, siendo nombrado presidente de su grupo parlamentario; Vaz Pinto ostentó la cartera de Comercio y Turismo en el VII Gobierno constitucional encabezado por Pinto Balsemão, líder de AD tras la muerte en 1980 de Sá Carneiro en accidente de avión en el que también falleció Amaro da Costa).

Un último rasgo reseñable de su derrotero en democracia estriba en el cambio de filiación partidaria debido, en ciertos casos, a motivaciones ideológicas. Ortí Bordás, disconforme con las directrices de UCD en los debates sobre el texto constituyente, especialmente, aunque no solo, sobre el artículo VIII (organización territorial del Estado) y en la convicción de que suponían el abandono de la reforma política para avanzar por la vía de la ruptura, aunque fuera «consentida», rompió la disciplina de voto, sellando así su ausencia de futuro en el partido e, incluso, en la arena política. No obstante, volvió a ella en 1986 de la mano de Fraga Iribarne y de su partido, Alianza Popular, participando ese mismo año en las elecciones como candidato al Senado bajo las siglas de Coalición Democrática, y permaneció en la Cámara hasta 1996, año de su retirada definitiva (Ortí Bordás, 2009: 362-‍364; 375 y ss.).

Magalhães Mota, crítico con la estrategia antisocialista de Sá Carneiro, líder del PPD/PSD, abandonó sus filas en 1979 para fundar Acción Socialista Democrática (ASDI), con la que fue diputado en la II y III legislaturas, para luego concurrir a los comicios de 1985 en las filas del Partido Renovador Democrático (PRD), organizado a instancias del presidente de la República, general Ramalho Eanes. El malestar con la dirección del partido también alcanzó a Freitas do Amaral, que abandonó la militancia, su escaño y la actividad política en 1992, para retornar, sorpresivamente, como ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno del socialista José Sócrates en 2005.

En los españoles, el cambio de adscripción se debió en esencia a la debacle de UCD en las legislativas de 1982 y a su disolución al año siguiente. La forzosa retirada de la vida política, para algunos definitiva, fue en otros un lapso breve, regresando a la misma en un periplo que —en ocasiones, tras una estadía intermedia en pequeñas formaciones como el Partido Demócrata Popular (Martín Villa) o el Partido Liberal (Cisneros)— desembocó en Alianza Popular (Partido Popular a partir de 1989), y prolongaron su actividad hasta comienzos de la presente centuria.

VI. CONCLUSIONES[Subir]

Las modalidades, antagónicas, con que se efectuó el paso de las dictaduras a sistemas democráticos pluralistas en Portugal y España no es extensiva a determinados aspectos que rodearon ambos procesos, en los que pueden detectarse evidentes similitudes. Uno de ellos reside en la continuidad en la arena pública de las elites que en los años finales de ambos regímenes defendieron postulados reformistas sustentados sobre un liberalismo conservador, no exento de preocupación social, y europeísta. Miembros de una generación socializada en los principios y valores de las dictaduras, gentes con una brillante ejecutoria profesional, acusado interés por la cosa pública y conocedores de los cambios en la escena internacional, así como de la transformación socioeconómica a nivel doméstico, abogaban por una reforma desde dentro que de manera gradual y conforme a los cauces legales posibilitara avanzar hacia sistemas políticos homologables a los de la Europa Occidental.

Los paralelismos no deben ocultar, sin embargo, discrepancias notorias, fruto de la herencia del pasado y de contextos peculiares a cada uno de los dos países. La desaparición de Salazar de la escena política y la designación de Caetano como presidente del Consejo de Ministros fue percibida como una ventana de oportunidad para el inicio de una liberalización, también política, del país. Bajo esta premisa, y convocados para ello, algunos se incorporaron al equipo de gobierno y otros, encuadrados en las candidaturas del partido único, a la Asamblea Nacional, en un afán colaborativo que pronto se reveló tarea decepcionante ante la insuficiencia de un proyecto modernizador sustentado en la continuidad y no en la reforma del sistema político que provocó la renuncia a la vida política de la mayor parte de ellos.

La memoria de la Guerra Civil y la permanencia del general Franco en el ejercicio del poder personal atemperaron las críticas de los españoles, en particular en lo referido a la persona del dictador, hacia el que mostraban actitudes de gratitud y reconocimiento que compatibilizaban sin excesivos problemas con un moderado desapego hacia el régimen, persuadidos de la inviabilidad de un franquismo sin Franco. A diferencia de los portugueses, sus propuestas de futuro no partían de un concepto unívoco sobre la democracia; unos, los azules, defendían la operatividad de la democracia orgánica, mientras que los tácitos postulaban una democracia pluralista de la que, sin embargo, excluían al partido comunista. Tales planteamientos, con todo, estaban sujetos a una coyuntura política, la de los primeros años setenta, cambiante y cada vez más incierta, de manera que los primeros admitieron la cohabitación de supuestos de ambos tipos de democracia en unas Cortes bicamerales.

Llegada su hora, sin embargo, nuestros protagonistas no estaban preparados. Pese a los esfuerzos desplegados, carecían de los instrumentos adaptados a los requisitos de una democracia liberal, competitiva. Su imposible vertebración en un gran partido de centro, corolario de la diversidad de las adscripciones políticas e ideológicas presentes dentro del reformismo, dio lugar a la creación, voluntariosa e improvisada, de pequeños partidos faltos de verdadera base social e implantación nacional, aunque tuvieron la virtud de facilitar la continuidad en el núcleo duro del poder, o al menos en sus aledaños, de la mayor parte de ellos. Para otros, fruto de las peculiaridades que gobernaron los procesos democratizadores, el requisito de militar en un partido político no resultó condición imprescindible, no al menos en una fase inicial, para continuar o, en su caso, recuperar su vocación por la cosa pública.